Fase 5 Evaluacion Final

FASE 5 EVALUACION FINAL TUTORA MARIA ISLENY FRANCO ESTUDIANTE ANDREA APONTE RUEDA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DI

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FASE 5 EVALUACION FINAL

TUTORA MARIA ISLENY FRANCO

ESTUDIANTE ANDREA APONTE RUEDA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD ATENCION PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS BOGOTA MAYO 2020

CONFLICTO ARMADO EN MEXICO

El nivel de intensidad de violencia que se vive en Mexico, que ha llevado a más de 200 mil asesinatos en los últimos10 años, atribuidos o relacionados en su mayoría con tráfico de drogas; la presencia y operación de al menos 9 cárteles u Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) con poder para enfrentar al gobierno, la creciente militarización para combatirlas, y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, han llevado a una conclusión: México vive un Conflicto Armado No Internacional (CANI). El análisis del nivel de organización, armamento, estrategias incluso militares y poderío de los 9 cárteles más importantes del país; su nivel de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, así como la intensidad y violencia que se registra en territorio nacional, con lo cual se concluyó que “en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término” de Conflicto Armado No Internacional (CANI). De acuerdo con este estudio denominado La situación de la Violencia Relacionada con las Drogas en México del 2006 al 2017, siete de los nueve cárteles o grupos criminales en México cumplen el requisito de nivel de organización que requiere una definición de (CANI) : el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva. Los otros dos cárteles, el del Golfo y el de los Arellano Félix/Tijuana, no se consideraron lo suficientemente organizados para calificar como un grupo armado organizado. Además se consideró que el umbral de intensidad y violencia para llegar a esta conclusión también se cumplió en dos periodos. En este caso, los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que el grado de enfrentamiento entre cárteles y fuerzas armadas permitió determinar —según el estudio— que en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde el 2007 y a lo largo de 12 años, entre el gobierno mexicano y las siguientes OTD, en los siguientes periodos:

La Familia Michoacana, de 2007 a 2010; el Cártel de Juárez, de 2008 a 2011; el Cártel de Sinaloa, de 2008 a 2017 (en curso); Los Zetas, de 2010 a 2017 (en curso); los Caballeros Templarios, de 2012 a 2015, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de 2014 a 2017 (en curso). “Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, se concluye que desde 2007 en México se presenta un conflicto armado no internacional. Aunque este informe sólo ha analizado datos hasta diciembre de 2017, cabe suponer con certeza que el conflicto continúa”, advierte. CAPACIDAD DE RESPUESTA. La confrontación entre cárteles y el gobierno federal ha registrado episodios más intensos en algunos periodos de Calderón y Peña Nieto en los que destacan dos grupos criminales por su crueldad y capacidad de respuesta militar: el Cártel de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aunque también en su momento fue importante el Cártel de Juárez, que lideraba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. El estudio detalla que con base en la información recopilada, durante 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y el Cártel de Juárez, que fue considerado un grupo armado organizado. Le siguió el Cártel de Sinaloa de 2008 a 2017, guerra que continúa en curso a pesar de la aprehensión y extradición del Chapo a Estados Unidos. Sin embargo es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien mantiene en jaque al gobierno federal desde el 2010 hasta la fecha, por su capacidad de respuesta gracias a la organización y armamento militar con el que cuenta. “Estos grupos armados organizados y las fuerzas armadas del Estado han contribuido al carácter colectivo de la violencia”, establece el estudio. Por ejemplo, de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200 mil asesinatos en México en total, la mayoría de los cuales se atribuyen a violencia relacionada con las drogas, agrega.

De hecho, las cifras de homicidios fueron aumentando a medida que el gobierno desplegó nuevos contingentes militares en todo el país. La militarización en México, por lo tanto, también influyó en el nivel de violencia. En total, más de 50 mil efectivos militares equipados, entre otros artículos, con armas automáticas y lanzacohetes, involucrados en el combate contra las Organizaciones de Tráfico de Droga (OTD), aunque a menudo eran apoyados por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.  Las OTD también intentaron aumentar la potencia de su armamento, asegurándose acceso a armamento pesado; haciendo uso frecuente de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras, e incluso cohetes aunque en menor medida. Así, con base en la naturaleza y gravedad de las operaciones armadas; las víctimas mortales; el tipo de armamento utilizado; la magnitud de los daños materiales, y las consecuencias para la población civil en México, se puede concluir que nuestro país vive un Conflicto Armado No internacional (CANI), según este estudio.1

1

https://www.cronica.com.mx/notasmexico_vive_un_conflicto_armado_no_internacional_desde_2007_estudio-1126611-2019

Trafico de drogas

Consumo drogas ilícitas

CONFLICTO ARMADO EN MEXICO

Pobreza

Ineficiencia del sistema educativo

ANTES Y DESPUES Durante siglos se ha observado en Mexico un notable menosprecio por el estado de derecho, particularmente por lo que se refiere a la práctica del contrabando que, desde principios del siglo pasado, devino, de manera significativa, en contrabando de drogas ilícitas, tanto por lo que se refiere a la introducción de éstas al mercado norteamericano, como por la recepción, principalmente de cocaína provenientes de Sudamérica, para ser reenviadas al norte y, en alguna medida significativamente menor, para el consumo interno. Durante décadas en el siglo pasado de hecho se convivió con el narcotráfico en Mexico y, si bien es importante reconocer que también se le combatía, ello se hacía de una manera limitada, lo que propició el crecimiento y fortalecimiento de las mafias, principalmente de las dos más importantes, la de los Arellano Félix y los Zetas, conocido también como Cártel del Golfo y los del Cártel de Sinaloa encabezado por el Chapo Guzmán y por un personaje al que se le denomina como el Mayo Zambada. Estas son las mafias más extendidas en el territorio nacional, si bien no es despreciable la existencia de grupos menores de carácter regional, el más conocido de los cuales es el llamado: “La Familia” en el Estado de Michoacán. En el sexenio actual bajo la presidencia de Felipe Calderón, el gobierno decidió combatir a las mafias utilizando todas las fuerzas del Estado, lo que redujo el margen de maniobrabilidad de las bandas y esto a su vez se ha traducido en una lucha entre ellas por el control de rutas de acceso, principalmente a los Estados Unidos, y territorios para la producción y venta de drogas ilícitas, de manera más relevante la marihuana y en un segundo término la amapola de la que se extraen la morfina y la heroína. Las confrontaciones entre las diferentes bandas han llegado a situaciones críticas de violencia, razón por la cual entre el 80 % y el 90 % de los fallecidos en esta lucha han sido precisamente narcotraficantes, ello además de más de cien mil capturados. Sin embargo, algunos influyentes medios de comunicación han querido equiparar la situación de la violencia en México con la que se vive en otros países, particularmente en Colombia, sin haber fundamentado su opinión en datos serios que les dieran la credibilidad necesaria a sus afirmaciones. Finalmente se discute sobre las condiciones internacionales que sería necesario tener para poder legalizar el consumo de drogas actualmente ilícitas en Mexico y los inconvenientes al respecto.2 2

http://frph.org.mx/bdigital/uploads/585_documento_355.pdf

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA En México existe un umbral de violencia relacionada con el narcotráfico a partir del cual se contrae la actividad económica en general. Por debajo de este umbral de violencia, los individuos y las empresas internalizan el aumento en costos de seguridad y protección, y dichas decisiones se reflejan en el mercado laboral. Una vez que el conflicto violento ha escalado sustancialmente, las decisiones económicas de mediano y largo plazo de los agentes económicos se ven afectadas de forma negativa, observándose una contracción importante de la actividad económica. En este estudio se propone el consumo de electricidad como un indicador de la actividad económica municipal y se utilizan dos estrategias empíricas diferentes. Para estimar los efectos marginales de la violencia se utiliza una regresión de variables instrumentales usando como variación exógena el instrumento de Mejía y Castillo (2012) con base en los decomisos históricos de cocaína proveniente de Colombia. Para estimar los efectos “umbral” sobre la economía se emplea la metodología de controles sintéticos, la cual consiste en construir escenarios contrafactuales como un promedio ponderado óptimo de las unidades de control. Se encuentra que un aumento en los niveles de violencia tiene efectos negativos sustantivos sobre la participación laboral y el empleo. Asimismo, se observa que aquellos municipios que experimentaron incrementos drásticos de la violencia entre 2006 y 2010 redujeron de forma importante su consumo de energía durante los años posteriores al tratamiento.3

3

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/115424/1/IDB-WP-426.pdf

COLOMBIA Numero de victimas

Actuación gubernamental frente a la guerra

Tipos de hechos victimizantes

Atencion psicosocial

Atencion integral a victimas

El total de víctimas fatales fueron 261.619 y están divididos así: 214.584 civiles, 46.675 combatientes y 360 personas sin información. La propuesta gubernamental tenía como objetivo claro la desmovilización de los grupos alzados en armas a cambio de su inserción en la dinámica política legal

Tortura. Pérdida de bienes muebles o inmuebles. Víctimas de Minas antipersonal. Población Desplazada. Víctimas de Actos Terroristas. Abandono o despojo de tierras. Desaparición Forzada. Secuestro. El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), hace parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dando respuesta a las medidas de rehabilitación en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia (Ley 1448 de 2011) El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.

MEXICO A finales de 2013, el número estimado de muertos en la guerra contra el narcotráfico en México fue de más de 111 000 personas. Hasta el año 2012, el número de muertos en noviembre estaba en 18 161. A través de 2013, el número de muertos en noviembre estaba en 10 929. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las fuerzas armadas. Desde el inicio del conflicto se ha movilizado a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios. A ellos se habían sumado el ejército y la marina. Ataques contra civiles Desaparición forzada Masacres y explotación de migrantes Trafico de humano

El Modelo Integral de Atención a Víctimas incluye la atención integral a la víctima con enfoques psicosocial, de derechos humanos, de género, diferencial y especializado.

El Modelo Integral de Atención a Víctimas es un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.