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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Curso: Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos LOS PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, MOTIVOS. CASO BAGUA; CONGA; TÍA MARÍA Y LAS BAMBAS. OBSERVATORIO DE CONFLICTOS

Docente: Rivas Ungaro, Maruja

Integrantes: Marin Linares, Miguel Ángel – 20182614D Mendoza Asencios, Cristian Linder – 20181428B Meneses Flores, Victor Hugo – 20181414A Quicaña Conde, Betsy Margot – 20181365K Ramos Lucho, Pedro Javier – 20182626B

Índice Los conflictos socioambientales en el contexto latinoamericano

3

Los Conflictos socioambientales en el Perú

4

CONFLICTO DE BAGUA

5

Informe Defensoría del Pueblo

9

Proyecto Conga

12

3.CASO TÍA MARIA

13

CASO LAS BAMBAS

19

Observatorio de conflictos en el Perú

25

Los conflictos socioambientales en el contexto latinoamericano A lo largo de la historia, el acceso y el control de los recursos naturales han sido fuentes de creación de riquezas, pero también de conflictos. En Latinoamérica, donde los recursos naturales constituyen un alto porcentaje de los recursos estratégicos y fuente de subsistencia, los conflictos socio ambientales emergen con cada vez más fuerza. El potencial para el desarrollo de los conflictos es especialmente alto cuando se están gestionando los recursos estratégicos de una Nación; como el petróleo, el gas, el agua y los minerales. Los conflictos socioambientales son procesos interactivos entre actores sociales movilizados por el interés compartido en torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde y se los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren las actitudes e intereses de las partes en disputa. Uno de los mayores desafíos enfrentados por el mundo actual es la integración de la actividad económica con la preservación ambiental, las preocupaciones sociales y la generación de sistemas eficientes de gobernabilidad. La disputa por el acceso, uso y conservación de los recursos naturales suele ser una de las causas más importantes de este tipo de conflictos que están acompañados por contextos de alta inestabilidad y turbulencia que presentan en la mayoría de los casos bajos índices de desarrollo humano sostenible. El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y oportunidades de las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la naturaleza, a favor del empleo y a favor de la mujer. El desarrollo humano sostenible como proyecto político da prioridad a la efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población con equidad social. Es necesario entonces retomar la cuestión del poder y la complejidad en el abordaje de los conflictos socioambientales, caracterizados como vemos por Ej. en los casos de Colombia y El Salvador, por multiplicidad de actores con intereses divergentes y yuxtapuestos, pero sobretodo con gran desbalance de poder entre las partes en juego. Es así que algunos de estos conflictos se vuelven intratables o ingobernables involucrando actores desiguales en términos de poder e influencia a causa de estructuras de relaciones históricamente injustas. Los conflictos socioambientales son parte clave de los procesos de desarrollo y de rearticulación en la región, de la administración deberá marcar la diferencia entre conflicto y violencia, comprendiendo que la manera en que conceptualizamos los conflictos influye en la manera en que trabajamos por su transformación. Los conflictos se asemejan a los laberintos: son complejos, confusos e incluso irritantes, se desvían por distintos caminos, pero son el motor de cambio social. El cambio es permanente, y es necesario entonces generar mecanismos flexibles y con capacidad de adaptación a los nuevos contextos ambientales emergentes.

Cuando recorremos la realidad socio ambiental de dos países (Colombia y El Salvador) que han atravesado y aún atraviesan conflictos violentos encontramos también las causas estructurales enraizadas en el contexto internacional. Y que son vivos ejemplos de la relación entre seguridad, ambiente y derechos humanos como una de las tendencias emergentes con fuerza en la formulación de políticas públicas en la región. Pero lo más importante es que el análisis revela la falta de capacidades para la transformación de conflictos en la región. Latinoamérica presenta entonces ecosistemas y bio regiones de gran riqueza en biodiversidad sin embargo la capacidad de carga de los sistemas naturales es agotable en el tiempo y espacio, es por eso que la manera en que decidamos gestionar nuestros conflictos en los próximos años serán definitorios para el futuro de la humanidad. Por último, habrá que hacer hincapié en la necesidad de fortalecer la institucionalidad para el abordaje de la conflictividad ambiental en contextos emergentes donde el poder de veto de la sociedad civil esta al orden del día. Movimientos ciudadanos cada vez mas sensibilizados generan nuevas voces que se alzan en defensa de los recursos naturales y bajo la consigna de No en mi patio trasero7 presentan un escenario de turbulencia y cambio social. Para ello, los latinoamericanos tenemos que estar preparados para encauzar la energía del cambio hacia la generación de instituciones sólidas y democráticas que puedan ser catalizadoras de esfuerzos conjuntos para trabajar las causas estructurales que subyacen la conflictividad. Es así que el rol de la sociedad civil en la construcción de paz aparece como una estrategia consistente y sostenible para la transformación de conflictos. Los conflictos socioambientales tienen diversas aristas que requiere de intervenciones y propuestas integrales, que puedan dar cuenta de la necesidad de articular a aquellos que son parte del problema para que también sean parte de la solución. El aporte que los latinoamericanos podemos hacer a este análisis es muy valioso ya que los conflictos tardan mucho tiempo en gestarse por lo tanto su transformación requiere de plataformas y análisis creativos sostenibles en el tiempo que tomen en cuenta las particularidades culturales y ambientales de todas las voces.

Los Conflictos socioambientales en el Perú La minería y las actividades extractivas son la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en el Perú. Actualmente, la Defensoría del Pueblo identifica alrededor de 170 conflictos sociales cada mes, situación que -con variaciones- se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 20 años, en términos generales. De ellos, en torno a un 70% son conflictos socioambientales, de los cuales en torno a un 65% están vinculados directamente a la actividad minera.

El sector minero tiene importancia económica para el país, y representa alrededor del 65% de las exportaciones totales del Perú y actualmente cerca de un 10% de los ingresos tributarios del Estado, aunque con una gran volatilidad relacionada con los cambiantes precios internacionales de las materias primas. La importancia económica del sector ha llevado a los sucesivos gobiernos a darle diversas facilidades tributarias,

normativas y ambientales, que buscan propiciar un crecimiento de la inversión minera. La expansión de esta actividad en los más diversos territorios del país viene asociada a la constante conflictividad social.

Estos conflictos no los causan “azuzadores” ni “radicales” ni son parte de una “conspiración contra la minería”, como muchas veces argumentan autoridades y medios de comunicación para descalificarlos. En la mayoría de casos, los conflictos se originan en una agenda legítima y en desencuentros reales entre las empresas que operan en los territorios y las comunidades que allí viven. No todos los conflictos son iguales, no todos tienen las mismas causas ni las mismas soluciones. Hay conflictos de convivencia, que tienen que ver con la búsqueda de una relación más armónica entre las actividades mineras y las comunidades, con una relación de mayor respeto mutuo, en la que se respeten los derechos de la población local, donde las empresas aporten más y mejor para impactar positivamente en la economía regional, para que se solucionen los impactos ambientales y se garantice el derecho de las personas a un ambiente sano. Están también los conflictos de resistencia, donde las comunidades se oponen a la implementación de megaproyectos por los impactos que estos pueden tener en la dinámica local, por las externalidades que pueden generarse para actividades como la agricultura, ganadería o turismo, por el riesgo de que de afecte negativamente el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, entre otras razones. En estos casos, las comunidades tienen pleno derecho a ser consultadas y que se respete su propia visión de futuro. Estos conflictos -en su diversidad- deben ser reconocidos como oportunidades para identificar los problemas que se originan en la relación entre Estado, empresas y comunidades a fin de realizar cambios en las normas y prácticas que regulan a este sector, caminando hacia un marco de mayor armonía y respeto de derechos.

CONFLICTO DE BAGUA El Conflicto de Bagua se desarrolló en la ciudad peruana de Bagua, la cual es la capital de la provincia que lleva su mismo nombre y la cual pertenece al departamento de Amazonas. Dentro de la ciudad de Bagua, el 5 de junio del 2009 se dio un conflicto denominado como “El Baguazo” entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las comunidades indígenas. Este enfrentamiento tuvo como principal reporte la muerte de 33 personas entre las cuales se encontraban 23 policías y 10 personas civiles. El principal acontecimiento que hizo que se inicie este conflicto fue el bloqueo por las comunidades nativas de una parte de la carretera Fernando Belaunde Terry llamada la “curva del diablo” debido a la promulgación de los Decretos Legislativos (DL) 1064 y

1090. Además del bloqueo de la carretera, ese mismo día los pobladores impidieron el funcionamiento de la estación 6 de Petro Perú y tomaron como rehenes a policías y a personas que laboraban en el lugar. ●

Cabe señalar que lo acontecido en Bagua ha sido denominado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como un conflicto económico – político, el cual tiene sus orígenes desde años anteriores. Este organismo indica que el Estado aprobó los DL 1064 y 1090 con la finalidad de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno peruano no respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual se señala que el Estado debe consultar y comunicar a las comunidades indígenas cualquier decreto que pueda afectar directamente a sus tierras

Orígenes del conflicto Existen razones diferentes para entender por qué se originó este conflicto. Una de estas es mencionada por Dafne Lastra, quien señala que durante años anteriores antes que ocurra el acontecimiento en Bagua se firmaron diversos decretos legislativos con la finalidad de llevar a cabo el TLC entre Perú y Estados Unidos. Los más importantes fueron el DL N°1064 y DL N°1090, los cuales las comunidades amazónicas las consideraban como una violación a sus derechos de territorialidad. Lo que se señala en este decreto es que se le brindaba facultades al Poder Ejecutivo para que realice modificaciones en el marco regulatorio así como en la mejora de la competitividad de la producción con el fin de facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos. Además, los diversos artículos que se trataban en ese documento eran acerca del aprovechamiento de las tierras agrícolas, los predios rurales y los predios rurales comunales.

Decreto Legislativo N° 1090 En el presente decreto se señalaba lo siguiente: “El Congreso de la República por Ley N° 29157 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo 180 (ciento ochenta) días calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú

– Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda; entre las que se encuentra mejorar el marco regulatorio y el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental”. Los distintos artículos que se incluían en este decreto se refieren a definiciones acerca de los recursos forestales y de la fauna silvestre, también de su manejo y aprovechamiento, así como la protección que se debería dar a ambos recursos.

Por otro lado, el DL N°1090 fue derogado por el Congreso de la República a través de la ley N° 29382 publicada en el diario El Peruano el día 17 de Junio del 2009 dado el conflicto ocurrido en la ciudad de Bagua). La principal crítica que recibió este decreto fue que no se hizo una consulta previa a las comunidades acerca de lo que contenía el documento. Luego, en una perspectiva similar a la de Dafne Lestra, las investigadoras Dolorier y Paneque indican que fueron los decretos legislativos el punto determinante para que se dé el conflicto en Bagua porque hubo un rechazo general por parte de las comunidades nativas debido al trasfondo económico que contenían. Estas investigadoras además señalaron que el conflicto ocurrido en Bagua mostraba las visiones distintas que tienen el Estado y las comunidades indígenas, el primero buscaba el desarrollo económico y no consideró lo que pensaban las comunidades nativas acerca de los decretos que afectaban a las tierras que ellos habitaban. A diferencia de lo señalado por Lestra, Dolorier y Paneque, el doctor en Antropología e Historia Óscar Espinosa señala que solo tratar de explicar lo sucedido en Bagua por los decretos legislativos es insuficiente. Por ello, él señala que lo acontecido en Bagua ha sido el final de una historia de diversos enfrentamientos que venían realizando los pobladores indígenas por hacer respetar sus territorios y derechos. Él señala que esta historia se inicia a partir de la colonización que fue promovida por el expresidente Belaúnde Terry a mediados del siglo XX por considerar a la selva como un territorio que no estaba habitado, pero como señala Espinosa estos lugares siempre estuvieron habitados y sus pobladores sabían aprovechar de la mejor manera la tierra en la que vivían. Por otro lado, Óscar Espinosa señala como un factor importante la diferencia que existe entre las comunidades y el Estado en lo que se refiere al concepto de tierras y territorios.

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Tierra – territorio

Según Espinosa, si bien se indica que no debe existir diferencia entre estos dos términos, en el caso de Perú para las comunidades y el Estado existen diferencias. Por ejemplo, para el Estado se entiende que la tierra es un recurso económico que se debe utilizar para fines productivos como la agricultura o la ganadería. En cambio, para las comunidades nativas amazónicas el territorio es importante porque además de proveerles de bienes económicos también encuentran un pasado histórico y es sagrado; por estas razones lo buscan defender. Con respecto a esto último, Hinojosa, Rico y Toasa indican una posición similar a la de Espinosa en la cual las comunidades indígenas buscan la defensa de los recursos de flora y fauna, sus tierras y los conocimientos ancestrales. Lo enfoques antropológicos sostienen no obstante que "territorio es el espacio ocupado", el espacio "humanizado", en la idea de "terruño". No hay que olvidar que el concepto para fines de análisis ha sido tomado de la biología y de la ecología, que establecen una relación directa entre ambos conceptos. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO La cronología del conflicto en Bagua ha sido detallada en el estudio realizado por Alimonda, Hoetmer y Saavedra en el cual empiezan a describir los principales sucesos a partir de marzo del 2008 hasta el 5 de junio del 2009. A continuación se presentan ciertas fechas que estos autores presentaron en su investigación. ●

17-18 de marzo del 2008: Regiones de la selva peruana realizaron paros por la “Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería”.

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19 de mayo del 2008: Organizaciones campesinas y nativas de la Amazonía peruana cuestionan la promulgación del DL 1015 porque se les reducía la participación y la consulta que tenían y consideraban que afectaban a su propiedad.

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27 de junio del 2008: Aprueban el decreto legislativo 1090.

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9 de agosto del 2008: Comunidades nativas realizan un paro indefinido convocado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con la finalidad que se deroguen 30 decretos legislativos. El Congreso de la República llegó a derogarlos por el aumento de las protestas de las comunidades amazónicas.

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9 de abril del 2009: Comunidades indígenas amazónicas de seis regiones del país realizan otro paro indefinido pidiendo la derogación del decreto legislativo 1090.

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9 de mayo del 2009: El gobierno peruano declara en estado de emergencia a varios distritos de la Selva peruana. Por ejemplo: Sepahua en Ucayali; Napo, Morona de Loreto e Imaza de Amazonas.

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15 de mayo del 2009: Alberto Pizango señala que las conversaciones con representantes del Estado como Yehude Simon y Javier Velásquez Quesquén no han servido para solucionar el problema y convoca a que las comunidades nativas vivan según sus propias leyes y costumbres.

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5 de junio del 2009: (La masacre de Bagua) El día principal del conflicto donde la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) - actualmente se le denomina Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) – llevó a cabo el desbloqueo de la carretera Belaúnde Terry en la zona de la “curva del diablo”. Se produjo un enfrentamiento entre los efectivos policiales y las comunidades indígenas, el cual tuvo un saldo de 33 personas muertas. Ese mismo día, los pobladores de Bagua protestaron contra el gobierno peruano y el ministro de Defensa de ese año, Antero Flores, Aráoz, declaró en estado de emergencia esta ciudad. Cabe señalar, que en la estación N°6 del Oleoducto Nor Peruano de Petroperú, los nativos awajun y wampis mataron a 10 policías de los 38 que tenían secuestrados al enterarse lo que había sucedido en la “curva del diablo”, los policías restantes sobrevivieron por una operación realizada por la DIROES.

DESPUÉS DEL CONFLICTO Una vez que terminó el conflicto en Bagua, Omar Cavero señala que se decidió hacer informes de investigación con la finalidad de conocer la realidad del problema de Bagua. Él indica que en total se realizaron tres informes de investigación uno a cargo de la Defensoría del Pueblo, la segunda la llevó a cabo el Congreso de la República y la última fue realizada por una mesa de dialogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas. Informe Defensoría del Pueblo Omar Cavero señala que los resultados que presenta este informe son principalmente acerca de las víctimas así como la situación y la condición de las personas involucradas en el conflicto (heridas y detenidas). Luego, no busca describir los hechos ocurridos ni las causas del mismo pero sí trata de afirmar o negar los relatos obtenidos de los sucesos ocurridos en Bagua. Por otro lado, la defensora del pueblo de esos años Beatriz Merino, presentó este informe ante el Congreso de la República y presentó cuatro reflexiones importantes del conflicto ocurrido en Bagua. Estas cuatro consideraciones señaladas por Beatriz Merino son las siguientes: Primero es el brindar

el derecho de consulta a los pueblos indígenas; segundo una institucionalidad indígena presente porque durante el conflicto el ente encargado – Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos (INDEPA) - estuvo debilitado; tercero desarrollar un diálogo intercultural que no está plenamente desarrollada por las autoridades del Estado y por último formar un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas porque estas comunidades para la mayoría de personas están alejadas y no tienen mucha importancia Informe Congreso de la República. Este informe se llevó a cabo por una comisión de congresistas de diversos partidos políticos entre los cuales se encontraban Guido Lombardi de Unidad Nacional. Luego, por parte del partido nacionalista Victor Isla, además de los apristas Humberto Falla y Wilder Calderon y también conformaban la comisión los parlamentarios Moyano, Espinosa y Juan Perry. Guido Lombardi presentó su informe aprobado por minoría en el cual señala lo siguiente: “Los sucesos del 5 de junio del 2009 en Bagua y aledaños constituyen una trágica demostración del olvido y la marginación que ha sido condenada la población amazónica a lo largo de nuestra historia” Puntos importantes mencionados por Lombardi en este documento son acerca de que se cree que la selva está despoblada y lo que tiene de importante es la cantidad de recursos naturales que posee y por ello se puede prescindir de tomar en cuenta a las comunidades que habitan en el lugar y además que se ha incrementado la desconfianza de los pobladores indígenas con el Estado. Informe mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas Este informe fue realizado por una mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades afectadas en el conflicto. Esta mesa de diálogo creó una comisión especial para realizar los informes de investigación. Omar Cavero indica que esa comisión estuvo conformada por Jesús Manaces, Carmen Gonzáles, Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez, Walter Gutiérrez y Manuel Bernales. Los tres primeros representaban la posición indígena, los siguientes dos la posición del gobierno central y la última persona era un representante de los gobiernos regionales. Se llegaron a presentar dos informes uno el 21 de diciembre del 2009 y el otro en abril del 2010. El primer informe señala características importantes en las que se encontraban las comunidades amazónicas; por ejemplo, vivían en una gran pobreza; luego, el crecimiento económico que ha tenido el país durante los años anteriores al 2009 y las

políticas públicas no han llegado a las comunidades donde ocurrió el conflicto. También estas poblaciones indígenas han sido excluidas de manera social dado que no tenían el acceso a los servicios básicos como agua, desagüe, luz y una educación de calidad. Además de todo esto se indica que ha existido y existe una exclusión étnica cultural, así como los maltratos que han sufrido estas comunidades durante la historia. Por último, los avances que se han dado desde que ocurrió el conflicto de Bagua ha sido la aprobación de la ley de consulta previa y con ello el jefe de programas indígenas de la Defensoría del Pueblo – Daniel Sánchez Velásquez - indicó que ya se han llevado diez procesos de estos. Sin embargo, siguen cuestionamientos a leyes decretadas por el gobierno peruano como las leyes 30230 y 30237.

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO. Un análisis general acerca de las consecuencias de un conflicto social fue desarrollado por la Defensoría del Pueblo que consideró en su investigación los hechos ocurridos en Bagua. Se señalan tres tipos de consecuencias: la primera es respecto a los derechos humanos donde se toma en consideración a las personas fallecidas (civiles, nativos y autoridades) así como a los heridos. La segunda se refiere a lo social y a lo político donde las consecuencias se refieren a que defiende algo que se considera justo y se pierde el respeto por las autoridades del orden como la policía nacional. La última hace referencia a las consecuencias económicas tanto a un nivel micro como a un nivel macro donde se ven perjudicados pequeñas tiendas por el cierre o destrucción de sus locales debido a los conflictos que se desarrollan. También se sufren pérdidas, pero a mayor escala por el cierre temporal o permanente de las diversas actividades que se desarrollaban en esa zona; por ejemplo, el cierre de una hidrocarburífera (Petroperú) Un análisis acerca de las principales consecuencias halladas por los diversos informes presentados después de ocurrido en Bagua fue realizado por Omar Cavero. Con respecto a las consecuencias sociales, él afirma que las investigaciones no se contradicen en el número de muertos ni heridos; por lo cual no se puede señalar que hayan existido fosas ocultas ni desapariciones. Sin embargo, existe un sesgo por resaltar las muertes de los policías y dejar de lado a los nativos y civiles fallecidos así como los diversos heridos a causa del conflicto. Luego, a lo que se refiere el tema económico, Cavero señala que el informe realizado por Mazzetti menciona las pérdidas

de Petroperú de alrededor de 7 millones de dólares y no se toma en cuenta las pérdidas que tuvo la región de Amazonas ni de las diversas actividades que realizaban los pobladores de esa zona.

Proyecto Conga El proyecto minero Conga es una inversión de la empresa Yanacocha que busca generar una oportunidad de desarrollo económico y social en una de las zonas más pobres del país, la región Cajamarca, en especial, las provincias de Celendín y Cajamarca. Sin embargo, es difícil vender oportunidades cuando siempre te han visto como una amenaza. La empresa Yanacocha se instaló hace veinte años en Cajamarca y por muchos años ha tenido nefastos precedentes ambientales. Estos antecedentes hacen que la población no crea en su nueva propuesta, por más que sus estudios de impacto ambiental hayan sido aprobados. Además, la población juzga que el poder económico de las grandes empresas compra al Estado, y por ende no hay beneficio alguno para los más pobres. La Autoridad Administrativa del Agua de Cajamarca habría aprobado el estudio presentado por la Autoridad Local del Agua (ALA), que permitiría iniciar el proceso de desagüe de la laguna El Perol. De esta manera se estaría autorizando el trasvase de aguas de la mencionada laguna al reservorio. El desarrollo del proyecto minero Conga implicaría la desaparición de cuatro lagunas (Perol, Mala, Azul y Chica) y en el estudio de impacto ambiental se propone que éstas sean reemplazadas por reservorios. Cabe señalar que el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente, en noviembre de 2011, señaló que la desaparición de las lagunas, implica un impacto irreversible para el ecosistema y que un reservorio artificial no cumple las mismas funciones que una laguna natural. Diversos actores sociales de la provincia de Celendín han manifestado su preocupación frente a la amenaza del trasvase de la mencionada laguna y se espera que los guardianes de las lagunas refuercen sus acciones de protección de este valioso ecosistema. Realización del proyecto: ● ● ● ● ●

2 tajos abiertos El tajo El Perol (sobre la laguna El Perol) tendrá 2 km de largo y 1 km de profundidad. Removerán 92,000 toneladas de roca al día por 17 años. Los desmontes serán depositados sobre la laguna Azul. Esta laguna más las bofedales circundantes dan vida al río Jadibamba. Generarán un promedio de 85,000 toneladas de relaves tóxicos al día por 17 años. Estos relaves estarán ubicados en un área de 700 hectáreas que constituyen las nacientes del río Jadibamba, principal río del distrito de Huasmín del que las

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comunidades usan para la agricultura, ganadería y consumo humano. Estos relaves los depositarán de por vida en las entrañas de nuestras jalcas. Utilizarán gran cantidad de agua porque la tecnología a utilizar es por flotación. Interés económico:

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Enormes ganancias: El proyecto sacará de las entrañas de las lagunas 11 millones 800 mil onzas de oro. El costo de producción por onza de oro de Yanacocha es 250 dólares el precio actual del oro en el mercado internacional es de 2,200 dólares, con tendencia a subir. Obtendrán 3.1 billones de libras de cobre, además de plata. Lagunas que serán destruidas

Área (Hectáreas)

Laguna El Perol

17

Laguna Chica

1

Laguna Azul

7

Laguna Mala

1

Laguna Chailhuagón

9

Laguna Mamacocha

20

Laguna Cortada

4

Laguna Seca

2

Laguna Negra

4

Total

65

3.CASO TÍA MARIA El conflicto social debido al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation del Grupo México, en Islay, es uno de los tres que se mantienen activos en la región Arequipa, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a marzo 2018. Este problema surgió en el 2009 cuando la empresa minera Southern Perú pretendió exponer ante los pobladores del Valle de Tambo el Estudio de Impacto Ambiental para su ejecución, y encontraron rechazo mayoritario. Agricultores, pobladores y autoridades del Valle de Tambo se opusieron a este proyecto porque consideran que su ejecución generará impactos negativos al ambiente1, a la actividad agrícola2 y a la población en general. Las protestas han sido violentas, intensas y prolongadas. Su punto más álgido fue el 23 de marzo de 2015, cuando los lugareños empezaron un paro indefinido en Islay contra el inicio del proyecto, la situación fue tensa por el enfrentamiento entre pobladores y fuerzas policiales.

El Proyecto Minero Tía María ha quedado paralizado al igual que otros proyectos mineros como son Tambogrande, Cerro Quilish, Río Blanco, Santa Ana, Chinchinga y Conga, entre otros.

3.1 ACONTECIMIENTOS SUCITADOS En el 2003 se inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa. Ya en el periodo 2006 y 2008 se realizan actividades de exploración, en el cual es en el 2007 que Southern anuncia un plan de inversiones. El 7 de julio del 2009, la empresa presentó al Estado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este fue elaborado por la consultora Water Management Consultants – A Schlumberger Company. Recibió una serie de observaciones. Por ejemplo, El Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 3 mil observaciones y luego el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del río Tambo (Bedoya/Torres, 2015). El uso del agua era el tema más sensible. La población estaba segura que el agua que destinaban a la agricultura se usaría en las operaciones de la minera. Esta situación se agravó con los cambios de posición de Southern. En un primer momento la empresa señaló que usaría agua de pozos subterráneos, pero la gente rechazó esta alternativa. Luego, la empresa propuso hacer represas, lo que también fue rechazado. Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, reconoce el desacierto: «Cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios» (Daly, 2015). En abril del 2010 se realizó un paro en contra del proyecto Tía María. Para noviembre de ese año, las manifestaciones fueron crescendo. El entonces ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez decidió contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con el propósito de evaluar el EIA. El 16 de marzo del 2011, Unops presentó un informe con 138 observaciones, que indicaba, entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo). Pocas horas después de la entrega del informe, este fue filtrado vía correo electrónico a uno de los dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo. Dada la controversial información, ese mismo día se desataron violentas protestas. Hubo tres muertos y medio centenar de heridos. Ante este conflicto y los resultados del EIA, el 8 abril, el Gobierno declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental. El proyecto estuvo paralizado desde el 2011 hasta el 2013. Ya para el 5 de noviembre del 2013 Southern Perú presenta un segundo Estudio De Impacto Ambiental,

elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., al Ministerio de Energia y Minas. En agosto del 2014 el Ministerio de Energia y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental, por lo en marzo del 2015, en medio de un clima de tensión se retoma las protestas contra el proyecto Tía María. 3.2 PRINCIPALES ACTORES DEL CONFLICTO Y CUALES SON SUS POSICIONES Jesús Cornejo. Presidente de la junta de Usuarios del Valle Tambo. Yamila Osorio. Gobernadora regional de Arequipa. Jaime de la Cruz. Alcalde del distrito de Deán Valdivia. Richard Ale Cruz. Alcalde provincial de Islay. Helar Valencia Juárez. Alcalde de Cocachacra. José Miguel Ramos Carrera. Alcalde del distrito de Punta de Bombón. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos. Dirigente del Frente de Defensa del Valle del Tambo. Julio Morriberón. Director de Relaciones Institucionales de Southern Perú. Oscar Gonzales. Presidente Ejecutivo de Southern Perú Cooper Corporation. Carlos Gálvez Pinillos. Presidente de la sociedad nacional de la Minería, Petróleo y Energía Manuel Pulgar Vidal. Ministro del ambiente 3.3 RAZONES DE LA PROTESTA Hay muchas razones por las que se desencadeno la protesta, solo mencionaremos las más relevantes: Los estudios de impacto ambiental, el agua, los talleres y audiencias públicas, la dirección de los vientos, las instalaciones mineras, la agricultura y los antecedentes de la Southern Perú. 3.3.1 Los Estudios de Impacto Ambiental a) PRIMER ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL El documento de UNOPS (en castellano: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) fue presentado el 16 de marzo del 2011 con el título “Revisión “ad hoc” del Estudio de Impacto Ambiental, proyecto Tía María. Informe de observaciones y requerimiento de información complementaria”. Luego del conocimiento de las observaciones de la UNOPS al primer EIA del Proyecto Minero Tía María se desataron inmediatamente violentas protestas que terminaron con un saldo trágico de tres muertos y más de medio centenar de heridos. La contundencia de la protesta, las deficiencias del EIA y la coyuntura electoral obligaron a declarar inadmisible el primer EIA del Proyecto Minero Tía María el 8 de abril del 2011. Días antes, el Ministerio de Energía y Minas

paralizó por 180 días la evaluación del EIA del PMTM. Los manifestantes se negaban a levantar la medida de fuerza. Como se señaló antes el 16 de marzo del 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones centrales. Ellas mostraban que el EIA había omitido información sobre componentes básicos del PMTM. El informe de la UNOPS destrozó el EIA de la Southern y confirmó las preocupaciones de la población. Ante la gravedad del informe de UNOPS el MEM declaró inadmisible y rechazó el EIA mediante la Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM del 8 de abril de 2011. Según Cooperación (AMP Nº 191) algunas consecuencias de todo lo que ocurrió entre 2009-2011 en el Valle de Tambo, fueron: 1) desconfianza entre los principales actores (población, empresa y Estado); 2) el EIA perdió credibilidad y 3) una empresa que buscaba maximizar la rentabilidad del proyecto a costa de alternativas más responsables. b) SEGUNDO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL La empresa volvió a insistir en el 2013. Para la presentación de su nuevo EIA (2013), organizó nuevos talleres informativos. Uno se realizó el 25 de octubre en El Arenal 3. Manifestantes protestaron contra este evento. Según ellos una de las causantes fue que muchos de los asistentes no eran pobladores de la zona, sino que eran personas pagadas, con 150 nuevos soles, días antes de ir a presenciar la reunión. José Vargas, jefe del PMTM, negó lo antes expresado. El 30 de octubre hubo otro paro de 24 horas y el 31 del mismo mes, a pesar de la oposición, la empresa saca adelante un segundo taller. Argumentaba que un nuevo EIA superaba los problemas del primero. Se resaltaba, entre otros, cambios importantes, como desalinizar el agua de mar. Sin tomar en cuenta los antecedentes, el MEM decidió realizar la audiencia pública en el distrito de Cocachacra el 19 de diciembre del 2013. La audiencia requirió la movilización de cerca de dos mil policías; la presentación del EIA duró apenas 35 minutos y los dirigentes del Frente de Defensa y de la Junta de Regantes fueron impedidos de ingresar (AMP, 191:3). Terminada la «audiencia» y en medio de enfrentamientos, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el PMTM ya tenía licencia social. De este modo, el 1 de agosto de 2014, la DGAAM emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM aprobando el nuevo EIA de Tía María. Luego de estas imposiciones es fácil comprender la reacción de los pobladores del Valle de Tambo, una de ellas fue el resultado de las elecciones dos meses después: la gente que se oponía al PMTM resultó triunfante y las nuevas autoridades eran líderes que se oponían al PMTM: Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; José Miguel Ramos, alcalde de Punta de Bombón; Helar Valencia, alcalde de Cocachacra; y Jaime de la Cruz, alcalde de Dean Valdivia.

3.3.2 El agua Una de las razones fundamentales de la protesta en el Valle de Tambo está relacionada con el agua, esta es escasa especialmente de octubre a diciembre. Caudal del río Tambo: – De enero a abril 74 m3/seg. – De mayo a setiembre 11m3/seg. – De octubre a diciembre 7m3/seg. – Demanda estimada por los agricultores 10m3/seg. Fuente: La República 28-03-15

Estas cifras son promedios que varían en estos tiempos de cambio climático. En el Valle del rio Tambo el problema del agua ha buscado solución en la construcción de represas, pero éstas solo han quedado en promesas, es, según Navarro (2015), una historia de ofrecimientos y derrotas. 3.3.3 Agricultura Durante muchos años, la actividad productiva principal del Valle de Tambo ha sido la agricultura. Allí se produce ajo, cebolla, papa, camote, caña de azúcar, arroz, olivos, frutales, etc. Si a estos productos se les da valor agregado, si se introduce tecnología moderna, si se construye alguna de las represas prometidas para mejorar el riego, sea por aspersión o goteo; si se mejoran los canales; todo puede contribuir al desarrollo del valle4. Por el 2013, la agricultura daba empleo a más de 12,000 trabajadores. Es evidente que la productividad de la actividad minera es superior a la agrícola, pero aun así es un tema de discusión. La sensibilidad de proyectos mineros en zonas de tradición agrícola obliga a que las extractivas inviertan en tecnologías de punta, investigación y equipos de última generación que garanticen la eficiencia ambiental. Exige, además, tres condiciones siempre subestimadas: informar, consultar y compensar. En el Perú existen empresas que así lo entienden y logran lo que otros creen es una utopía: desarrollo sostenible con licencia social (Montes 2015). 3.3.4 Dirección de los vientos Este es uno de los puntos centrales del conflicto. El PMTM, de realizarse, contaminará el agua, aire, agricultura, el paisaje, etc. Las partículas PM-10 y PM-2.55 pueden ocasionar enfermedades pulmonares, particularmente a los ancianos y niños. No existe tecnología que pueda captar los materiales particulados PM-10 y PM-2.5 producto de las voladuras, chancadoras, relaves, etc., que en forma acumulativa contaminarán al medio ambiente y al ser humano. En este sentido, los agricultores del Valle del rio Tambo temen que sus cultivos sean cubiertos con mantos de polvo levantados por la operación minera. Southern, por el contrario, sostiene que los vientos arrastraran las partículas al desierto y no al valle. 3.3.5 Talleres y audiencias publicas Los talleres y audiencias públicas realizados en el Valle de Tambo desde el 2009, han sido objeto de múltiples críticas. Se confirma así lo que ha ocurrido en otras regiones del país. Mar Soler señala que el Consejo de Minería es un organismo del MEM. Es el tribunal administrativo que resuelve en última instancia todos los asuntos mineros. Tiene la última palabra en todos los procesos administrativos que ocurren al interior del MEM. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) da licencia ambiental a los proyectos de mediana y gran minería a través de la aprobación de los EIA. El recorrido administrativo para aprobar la explotación de una mina incluye la realización de audiencias públicas como mecanismo de participación ciudadana; al respecto hay muchas críticas: «En todos los casos de conflictos mineros que he podido conocer y estudiar en el Perú (en Tacna, Moquegua, Huancavelica y Piura), he encontrado testimonios que cuentan episodios de audiencias públicas cooptadas por personas externas a la comunidad y pagadas, incentivadas por la mina o las municipalidades, o en las que la información recibida era totalmente sesgada e incompleta, o a las cuales se citaba a la población sin expresar claramente el motivo, entre otras irregularidades» (Soler 2013:133).

3.3.6 Antecedentes de la Southern Perú La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo. En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica. Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares. 3.4 EL ROL DEL ESTADO De acuerdo a la revisión que uno hace de los conflictos, estos temas resultan recurrentes en los últimos años. No solamente en el gobierno de Ollanta Humala, lo mismo pasó en el de García y de Toledo. Eso indica que no es un tema coyuntural o de política de gobierno. No existe una política de Estado (frente a este problema), y por ello es necesario en construir una política que integre por un lado el crecimiento económico que requiere el país y por otro lado mantener los estándares ambientales y la mejora de las condiciones sociales de la población. Una prueba de la inexistencia de una política de Estado está relacionada a los conflictos socioambientales. A pesar de que el gobierno cuenta con oficinas que se encargan de ver el tema como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros, lamentablemente parece que no coordinan entre ellas desde una etapa temprana del conflicto. Al Estado le cuesta mucho coordinar. El Estado aún hoy día es un Estado ausente, sobre todo en las regiones donde se desarrolla actividad minera o petrolera. Muchas veces llega cuando aparecen los conflictos socioambientales por la intención de desarrollar un proyecto extractivo y se acuerda de que tiene que dar derechos a la salud, educación, etc., pero mientras tanto, como no hay una planificación territorial que da la perspectiva de futuro, no define las políticas públicas. El Estado peruano no está en capacidad de adelantarse y decir: ahí va a haber una actividad minera dentro de 5 años y tengo que tratar de definir cuál va a ser mi política de salud, educación, entre otros. En verdad, la política extractiva va por un lado y la política de educación, salud o poblacional no se cruza con ella. Mientras tanto, pagamos las consecuencias de tener un Estado ausente en varias zonas del país” (Isabel Calle,2015 3.5 COYUNTURA ACTUAL Los temas que se siguen debatiendo en el caso Tía María son: (1) los riesgos de contaminación de la actividad agrícola y del canal Ensenada Mejía Mollendo; (2) el peligro de contaminación atmosférica con material particulado y gases resultantes de las operaciones mineras en Pampa Yamayo y Quebrada Cachuyo; (3) los riesgos de contaminación de los acuíferos y del río Tambo; y (4) la recomendación no cumplida del numeral 199 del informe de UNOPS que precisaba la necesidad de reubicar la planta de chancado primario y el depósito de desmontes del tajo La Tapada. Es importante anotar que la agenda actual trasciende el caso del conflicto Tía María. Por ejemplo, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, y el alcalde provincial

de Caylloma, Rómulo Tinta, conformaron la primera mesa de cooperación y desarrollo de esta provincia con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos. En este tipo de acuerdos participan varias empresas mineras que desarrollan actividades extractivas en la provincia arequipeña. (17° OCM) El Gobierno otorgaría a Southern Copper una licencia de construcción para su proyecto Tía María, valorizado en US$1.400 millones, antes de que termine su permiso ambiental en agosto, señaló el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, a Reuters.(Correo, 01-03-2019) En el marco del seminario 'Minería y Energía', el ministro expresó que "está dentro de los planes llevar Tía María, pero dentro de un espacio de mayor consenso social para que no se detengan como años anteriores ha ocurrido". CASO LAS BAMBAS UBICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto minero Las Bambas (PMLB), se ubica en los distritos de Challhuahuacho y Progreso, de las provincias de Cotabambas y Grau respectivamente, en el departamento de Apurímac. Se encuentra entre los 3,800 y 4,650 msnm. El proyecto Las Bambas, comprendía inicialmente tres áreas: el área Las Bambas, el área del Mineroducto y el área de Tintaya. Estas áreas se ubican en las regiones de Apurímac y Cusco. (Pinto & Luyo, 2017) El área Las Bambas (Región Apurímac), constituida por: la mina, los botaderos, la planta concentradora con una capacidad de 140,000 toneladas diarias y los componentes auxiliares (laboratorios, áreas de almacenamiento, talleres, caminos internos, campamentos, oficinas, reservorios, bocatomas, entre otros). El área del Mineroducto, comprendía 206 Km de ducto, que partía de la planta concentradora, atravesaba la provincia de Cotabambas (Región Apurímac) y las provincias de Chumbivilcas y Espinar (región Cusco). El destino final, estaba en las plantas de molibdeno y filtros, ubicadas en la mina Tintaya (Espinar, Cusco). El mineroducto debía transportar concentrados de cobre y molibdeno. Otros componentes de esta área eran las cuatro estaciones de bombeo ubicadas a lo largo del recorrido, piscinas de emergencia, además de una línea de energía eléctrica para las estaciones de bombeo. El área de Tintaya, (provincia de Espinar, Cusco). A esta área llegaba el mineroducto, para la realización del procesamiento de los concentrados de cobre y molibdeno. Sus componentes eran: la planta de Molibdeno, la planta de filtros y los almacenes. Según el EIA, esta área resultaba estratégica, debido a las sinergias que debían producirse entre la operación Tintaya y el Proyecto Las Bambas.

Desde la aprobación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2011, el proyecto ha tenido cinco modificaciones de sus componentes con respecto a su configuración inicial. El PMLB fue adjudicado a la empresa suiza Xstrata en 2004. Después pasó a manos de Glencore-Xstrata en 2013 y finalmente al Consorcio MMG, liderado por la empresa china Minmetals Corporation, a partir de 2014. CAUSAS DEL CONFLICTO EN LAS BAMBAS: Este crecimiento de la gran minería está acompañado de muchos e intensos conflictos, los mismos que son multidimensionales, no tienen que ver únicamente con el factor económico, sino que también hay que tener en cuenta factores sociales, ambientales y culturales (Flores, 2016). COMUNIDAD

EMPRESA

 Somos las víctimas de  Tenemos una concesión los abusos de la empresa  Ellos nunca cumplen con

otorgada por el Estado, actuamos en el marco de la Ley.

lo que prometen.  Nos quitan nuestra agua PERCEPCIONES

y la contaminan.  No les importa la salud

 No quieren el progreso 

Hacemos

responsable tecnología de punta.

de nuestro pueblo.  Queremos trabajo y no nos dan.

EMOCIONES

Desconfianza.

 Desconfianza

 Exclusión.

 Preocupación

 Resentimiento.

 Sorpresa

 Frustración.

 Inseguridad

 Desesperanza.

 Frustración

 Temor.

minería con

 Confusión.  Inseguridad.  Marchas de protesta.

 Aparición en medios.

 Denuncia ante medios  Acciones legales contra

ACCIONES

de comunicación.

dirigentes.

 Bloqueo de carreteras.

 Compensaciones para



algunos comuneros. Inicio

de

acciones

legales

 Presión para solución política

Fuente: Pro Diálogo, 2018 A partir de la experiencia de CooperAcción, se ha definido una tipología que busca explicar la naturaleza de los conflictos sociales asociados a la minería, según el nivel de coexistencia entre los actores locales y la empresa minera. De esta forma, en el Perú, se producirían mayormente dos tipos de conflictos (De Echave 2015): ⮚ Conflictos de resistencia o rechazo a la minería. ⮚ Conflictos de convivencia con la minería. En el proyecto de las Bambas, ocurren los conflictos de convivencia con la minería por el desacuerdo en las modificaciones implementadas en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) sin antes ser informadas a la población de dicha comunidad.

Las causas más relevantes del conflicto en el proyecto “Las Bambas”: ⮚ La negativa del gobierno a informar a las comunidades sobre las modificaciones en el EIA de Las Bambas. Solo tenían conocimiento parcial la mayoría de autoridades. ⮚ El no cumplimiento de las 17 condiciones sociales contenidas en el anexo K. ⮚ Las cinco modificatorias al EIA amparadas en el D.S. Nº 054-2013-PCM. Este decreto supremo permite a las empresas modificar el EIA sin realizar nuevas audiencias o talleres, tan sólo presentando un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) y un Plan de Participación Ciudadana (PPC).

⮚ Debido a las modificaciones del EIA disminuyen las áreas de influencia directa e indirecta. En consecuencia quedan excluidas muchas comunidades y centros poblados de los posibles beneficios del proyecto minero. ⮚ La presentación de actas de talleres supuestamente manipuladas y el desconocimiento de parte de MMG de los compromisos asumidos por Glencore, Xstrata. El cambio de dueño de las Bambas ha agudizado el conflicto. ⮚ La violencia institucional del Estado expresada en la presencia de la PNP y de militares en la región. Hecho que se da en la etapa de construcción de la mina y que se ha agudizado ahora en la etapa de explotación.

El conflicto está sintetizado en los acontecimientos del 28 de setiembre de 2015. Los hechos anteriores y posteriores a esta fecha explican el desinterés y la indiferencia del gobierno y de la empresa minera por encontrar una solución auténtica a las demandas de las comunidades. El comportamiento del gobierno después de la reunión del 6 de octubre del 2015, lo explica todo. Culpar a los agitadores políticos y a los radicales del estallido del conflicto es el argumento más simple del gobierno, de la empresa minera y de muchos medios de comunicación. El recuento de los acontecimientos ocurridos, antes, durante y después del conflicto prueba que en Las Bambas hay causas coyunturales y estructurales que explican no solamente el conflicto presente, sino también los que ya han ocurrido en el pasado y los que, inevitablemente, se darán en el futuro. (Pinto & Luyo, 2017).

SITUACIÓN ACTUAL: Un equipo especial del Gobierno, formado por funcionarios de Economía y Energía y Minas buscó intermediar entre la empresa minera y los comuneros de la zona para paliar una problemática que tiene larga data. (América Tv, 26 de marzo 2019). El origen del problema La comunidad de Fuerabamba (Apurímac) es propietaria fundo Yavi Yavi (Cusco), camino de donde se ubica el campamento de la minera MMG Las Bambas, empresa que extrae el mineral de esta zona y la segunda más importante del rubro en el país. Para llegar a este campamento hay una vía, que permanece bloqueada hace 50 días, por lo que no se puede ni entrar ni salir con el mineral extraído, lo que representa pérdidas millonarias.

Los comuneros han considerado que la reclasificación de esta ruta que atraviesa su propiedad, como vía nacional impuesta por el Gobierno en 2018, los perjudica. Son 12 kilómetros de ruta asfaltada por donde se saca el mineral de Las Bambas a Espinar para luego ser exportado. Lo que exigen los comuneros En una conversación entre los comuneros con la empresa Las Bambas, los primeros solicitaron un pago de 80 dólares por metro cuadrado. Son 39 hectáreas de terreno implicadas en el tránsito del mineral y que pertenece a Fuerabamba, lo que haría un total de 31 millones 200 mil dólares. Pero la empresa ofreció pagar el monto 50 mil soles por hectárea y 1 millón 900 mil soles como monto social. El tema monetario es importante porque es una de las demandas de los comuneros y principales motivos por los que han bloqueado los accesos. La empresa MMG Las Bambas considera que pagar por compensación de uso de una vía nacional no es factible, y que solo procede el pago de un monto para resolver el problema. "Nosotros como empresa privada no podemos pagar a la comunidad ni a ningún otro privado una compensación por el uso de una carretera pública", dijo a El Comercio, Claudio Cáceres, representante de la empresa. Por su parte, los comuneros consideran que no van a poder recuperar ese terreno que ya está asfaltado y por el que circulan los camiones que sacan todo el mineral. "Son 39 hectáreas que vamos a perder y nunca más seremos dueños", ha dicho el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas.

Las posibles soluciones y el diálogo El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo en Canal N que el Estado ha ofrecido pagar a la comunidad de Fuerabamba 340 millones de soles por la expropiación de terrenos aledaños a la vía en discusión.

Los pobladores exigen otros 100 millones de soles por indemnización por "afectación del uso de la vía por la empresa privada", sin embargo, el funcionario mencionó que no es viable el cobro de un derecho de paso en una vía pública. En los diálogos el Gobierno ha planteado que acuerden los comuneros y la minera un pago de retribución, pero no como una obligación al ser esta ruta una vía nacional. El Estado en este caso es solo mediador y su papel es de instar a la comunidad a que acuerde con MMG Las Bambas para el desbloqueo de la vía. Pero los comuneros se niegan a hacerlo hasta que no liberen a sus líderes. El caso aún no ve luces de solución. Fueron 4 los acuerdos a los que llegaron el Gobierno, la comunidad de Fuerabamba y la minera MMG a cargo de Las Bambas, luego de más de 8 horas de diálogo y bajo la intermediación de la Conferencia Episcopal Peruana. Las partes elaboraron un acta de reunión en que “el Estado reconoce que debe estar más presente en las zonas donde se ha desarrollado el presente conflicto, para garantizar que los derechos de los comuneros y de la sociedad en general sean respetados y protegidos”. Mientras que “la minera Las Bambas reconoce que la atención al problema suscitado con la comunidad de Fuerabamba es prioritario y refirma su disposición a resolverlo de manera oportuna”. En tanto, “el presidente de Fuerabamba expresó que tiene toda la voluntad de solucionar el problema con la minera reconoce el esfuerzo y la voluntad del Estado para llegar a una solución por la vía del diálogo”. Los cuatro acuerdos comprenden la liberación de la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi y que conecta a la minera Las Bambas a cargo de la empresa MMG. El “resarcimiento” económico por parte de la empresa MMG, para con la comunidad de Fuerabamba, compromisos de empleo como los pobladores y la revisión de acuerdos. LOS 4 ACUERDOS: 1. La comunidad campesina de Fuerabamba restablecerá y liberará el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, (conforme al clasificador de rutas). Los accesos a la unidad minera ya no serán bloqueados por los comuneros d Fuerabamba, permitiendo el libre tránsito de los vehículos de la minera Las Bambas y sus contratistas para que realicen sus actividades de manera normal, a partir de la firma de la presente acta.

2. En el marco del reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al fundo Yavi Yavi.

3. Las partes acordaron que la empresa minera Las Bambas asumirá el cumplimiento del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas, en todo aquello no haya cumplido entre los años 2014 hasta el 2019, conforme al acuerdo denominado “Compendio de acuerdos entre el comité central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto minero Las Bambas operado por Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009.

4. Las partes acordaron revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la minera consignados en el documento denominado “Compendio de acuerdos entre el comité central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto minero Las Bambas operado por Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009.

Observatorio de conflictos en el Perú El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país. Su quehacer se inició en el año 2007, con la publicación del Primer Informe, y desde entonces, ha buscado construir una experiencia sostenida de observación de conflictos mineros, en medio de un escenario caracterizado por: i) la expansión minera que vive el país, ii) escaladas violentas y de presión a los grupos que defienden los derechos de las poblaciones, iii) falta de información objetiva y veraz sobre los conflictos y iv) caricaturización el conflicto que impide encontrar soluciones consensuadas. La base para poder desarrollar esta experiencia, es el trabajo desarrollado en diferentes regiones en el país en los últimos años, lo que ha permitido levantar diagnósticos específicos y sistematizaciones de información, construir relaciones con actores locales e ir identificando una agenda de trabajo que parte de un claro enfoque de defensa de derechos de las poblaciones afectadas. En todos estos años de trabajo, se han desarrollado importantes experiencias de acompañamiento a casos de conflictos emblemáticos, como fueron los casos de

Tambogrande, La Oroya, Tintaya, Cajamarca, Cerro de Pasco y de manera más reciente Las Bambas y el caso Majaz. Entre sus objetivos, destacan: – Alertar sobre la generación de conflictos entre empresas mineras y poblaciones locales e impulsar prácticas de respeto a sus derechos. – Incidir en los diferentes actores para propiciar un clima favorable para la transformación de los conflictos y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. – Proveer de información adecuada y oportuna a los diferentes actores (locales, regionales y nacionales), que permita identificar la verdadera dimensión social, ambiental, económica y cultural de los conflictos vinculados a la actividad minera.