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REFORMA AGRARIA Y REFORMA INDUSTRIAL Los hechos entre el agro y la industria1 El 24 de junio del 1969, antes de cumplir un año en el poder, el gobierno militar aprobó la ley 17716, la cual estableció los parámetros y los mecanismos para un nuevo proceso de reforma agraria. La priorización de esta transformación no fue causa de sorpresa, puesto que había estado en el centro del debate político durante la última década. Sin embargo, para asegurarse la máxima flexibilidad posible, el gobierno decidió que esta debía aplicarse por previa declaratoria de “zonas de reforma agraria”, lo cual implicaba que el régimen estaba considerando la naturaleza heterogénea de la cuestión agraria en un país que era geográfica y socialmente complejo. Empero, antes del primer aniversario de la Ley de Reforma Agraria todo el país ya estaba declarado como “zona de reforma agraria”. Y esto tenía relación con las tomas de tierras y la aceleración de la lucha campesina. De hecho, para algunos, fue solo fruto del discurso del gobierno –“campesino: el patrón no comerá más tu pobreza”; “[los militares] no seremos más los perros guardianes de la oligarquía”-, No debe olvidarse que desde la década de 1950 la lucha campesina y la toma de tierras caracterizaron la quiebra del orden rural tradicional. Por otro lado aunque el desarrollo industrial peruano había sido limitado, el movimiento obrero había logrado realizar exitosas manifestaciones desde su aparición, a comienzos del siglo XX. La reforma industrial buscó, entonces, armonizar las relaciones entre el patrón y el obrero, así como mejorar la situación económica y social de este último. Aunque este tema no era una novedad, sí lo fue la fórmula propuesta. La doctrina social de la Iglesia católica, en nombre de la dignidad de la persona que trabaja, lo planteaba en formulaciones de participación de los trabajadores en las utilidades y en la gestión de las empresas. En ese sentido, hubo proyectos de ley presentados por la DC en la administración de Belaunde. Posteriormente, el Gobierno Revolucionario creó el concepto de la comunidad industrial, en la cual los obreros tendrían acciones en las empresas donde laboraban, así como representación en el directorio de la compañía. El objetivo era que los trabajadores fueran dueños de la mitad de las acciones y, por ende, adquieran una clara influencia en cuanto a las decisiones tomadas por la empresa. Por tanto, se avanzaría más rápido si el dueño no reinvertía. Desde 1969 hasta 1973, el gobierno tuvo a su favor el logro de un incremento constante del ingreso real de los trabajadores. Este aumentó en 34% hasta 1973. Ya en 1974, el efecto de los precios hizo decrecer el ingreso real. En 1976 un obrero de Lima ganaba 9% menos que en 1968 y 40% menos que en 1973. Así pues, estas cifras explicaron la movilización de los trabajadores para defender su consumo elemental. Las huelgas, por tanto, constituyeron una medida defensiva para impedir que continúe bajando el salario real de los empleados. Las cifras de la tabla 41 son indicativas de esta situación, a pesar de que todo promedio es limitado en relación con la realidad de los ingresos más bajos.

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Adaptado de Pease, H. y Romero, G. (2013). La política en el Perú del siglo XX. Lima: Fondo editorial PUCP. Pp 252 - 257

Analicemos: ¿Qué características presentó la aplicación de la Reforma agraria e industrial? ¿Qué se puede concluir sobre este proceso?

Lecciones de la Reforma Agraria2 La reforma agraria es aún un tema controvertido, pues muchas de las personas que se beneficiaron, así como de las que resultaron perjudicadas, todavía están activas. Sus críticos subrayan el hecho de que: (1) el agro se descapitalizó (con lo que se perdió parte de la infraestructura, de la maquinaria y del conocimiento empresarial acumulado); (2) la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico; (3) no resolvió el problema de la extendida pobreza rural (aun hoy día 72,5 por ciento de la población rural es pobre, y 40,3 por ciento extremadamente pobre; (4) hubo falta de coherencia del modelo económico que, por un lado, distribuía las tierras y, por el otro, subsidiaba las importaciones alimentarias que deprimían los precios de los productos que ofrecían esos mismos beneficiarios de la reforma agraria. Estos argumentos no son necesariamente rechazados por los defensores de la reforma agraria, quienes dan prioridad a otros logros que compensarían los impactos adversos mencionados, entre el(1) la reforma agraria fue un acto de justicia redistributiva, que permitió el acceso directo a la tierra a un gran número de pobres rurales; (2) desplazó de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales, eje del poder “gamonal”, sustento de un orden semifeudal reaccionario y antimoderno; (3) vinculado a lo anterior, dio un golpe definitivo a las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares de miles de campesinos; (4) contribuyó a democratizar la sociedad rural, e hizo así posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadana. Aun hoy, después de más de tres décadas, la posición respecto de la reforma agraria implementada por el Gobierno Militar del general Velasco es utilizada para caracterizar a las personas a partir de la opción ideológica neoliberal dominante. Quienes defienden la reforma agraria son ubicados en el campo de los “estatistas”, “populistas”, “antimodernizadores” y de los que tienen escasa fe en el mercado. En resumidas cuentas, se los sitúa en el campo de lo obsoleto. En el Perú, todavía la Constitución de 1979 consideraba que la reforma agraria era un proceso permanente. La Constitución de 1993, promulgada por el Gobierno de Fujimori, simplemente borró el término del texto.

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Extraído desde http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1248203802936_01__eguren_peru.pdf

Un punto de vista sobre la Reforma Agraria3 No era la primera reforma agraria. Una comisión presidida por Pedro Beltrán la había reclamado finalizando los 1950; luego, el gobierno militar de 1962-1963 decretó la primera reforma agraria para el valle de La Convención; a continuación, el gobierno de Fernando Belaunde, con el voto del Poder Legislativo, incluyendo al APRA y la DC, había aprobado una segunda reforma agraria, en esta ocasión de validez nacional. Así, Velasco no inventó la reforma agraria, sino que esta disponía de previo consenso. Aunque, Velasco lo hizo radicalmente. No dejó ningún sector inafecto, como había propuesto la ley de FBT, ni se limitó a un solo valle, como había sido con los militares de 1962. Por el contrario, Velasco terminó con la clase terrateniente expropiando sus haciendas y entregándoselas a los campesinos. Este acto tuvo un enorme contenido liberador y generó ciudadanía en el país. Se acabaron los pongos y los siervos, aparecieron los trabajadores con iguales derechos que sus patrones. Ahora bien, la propuesta de Velasco era una utopía. Intentó mantener la gran hacienda, creando cooperativas de enorme extensión, incluso reuniendo varias unidades en una sola. Creía en las granjas colectivas, que la experiencia internacional ha mostrado equivocada. No resultaron ni en Rusia ni en China, tampoco en Cuba, menos en el Perú. De ese modo, Velasco creó derechos ciudadanos al emancipar al campesinado de la servidumbre. Pero, no supo forjar un sistema económico alternativo a la antigua hacienda semi-servil. Lo suyo fue ilusorio. Además, careció de tiempo. Para prender y funcionar, la granja colectiva ha requerido apoyo sostenido del Estado. Mientras que, Velasco gobernó siete años, pero desde entonces todos sus sucesores estuvieron en contra de su proyecto político. Tanto Morales Bermúdez como Belaunde permitieron las parcelaciones privadas, que acabaron con el sueño velasquista. Velasco había creado la deuda agraria al expropiar la tierra. La ley ordenaba que se pague en veinte años y admitía procedimientos para acelerar el pago. A este procedimiento se acogió Dionisio Romero y su grupo familiar. Acudieron al Banco Industrial y redimieron sus bonos, comprometiéndose a invertir en industria, poniendo de su parte la mitad de la inversión. Eran los términos establecidos por la Ley de Reforma Agraria. De tal modo que Velasco creó la deuda agraria, pero no fue quien dejó de pagarla, el caso de Romero así lo muestra. Esta deuda fue fuente de numerosos conflictos en los años posteriores a Velasco. Los campesinos no querían pagar, las empresas estaban mal conducidas y no dejaban ganancia. El campo subvencionaba los proyectos industrialistas en la ciudad y se estaba arruinando. El campesino de Velasco fue libre, pero pobre. ¿Qué aspectos positivos, negativos, emocionales se pueden desprender Analicemos: de la aplicación de la reforma agraria e industrial? ¿Qué estrategias además de las empleadas se pudieron aplicar? 3

Extraído desde http://www.larepublica.pe/columnistas/sucedio/la-reforma-agraria-de-juan-velasco-23-07-2013