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Economía y Coronavirus: marzo 2020 en Perú

Serie Economía Pública

Mag. Alfredo Espinal Perú

Economía y Coronavirus: marzo 2020 en Perú. Alfredo Espinal De La Cruz1 Resumen Como en el mundo, en Perú ha irrumpido el Covid 19 y desde el gobierno -gestión pública-, el modo de enfrentarla implica una escogencia al caracterizar el “problema” y actuar para su eliminación o su reducción a nivel aceptable. Pero la “solución” implica una preferencia, asociada a incertidumbres y sus posibilidades: Contención viral en función a la oferta de los recursos sanitarios (por ejemplo, Corea del sur); Aumento oportuno de los mecanismos de sanidad de prevención según fases virales (por ejemplo, Reino Unido); o, Asumir riesgos socialmente compartidos basados en el principio de equidad. En Perú se decidió por la última opción (desde el 16/03), pero, aunque afecta de modo derivado a la generación de ingresos-empleos, no puede ser abordada de la misma forma que las crisis económico financieras siendo una oportunidad para repensar el modelo de mercado y adoptar acciones para fortalecer el mercado interno ante la debilidad del sector externo como motor inmediato de la recuperación económica generada por la pandemia.

1.

Dimensionando el escenario: Perú.

Según las cifras oficiales (mas) recientes, la población total (2017) es de 31.237.385 habitantes (INEI 2018a, pág. 13) siendo 79,3% urbana y 20,7% rural, concentrando la franja de costa casi 58% de la población censada (Lima-Callao, metrópoli capital, alberga al 32,5%), señalándose que: “De las 196 provincias, incluida la Provincia Constitucional del Callao, solo dos provincias superan el millón de habitantes: La provincia de Lima que, de acuerdo a los resultados del censo del 2017 tiene una población de 8 millones 574 mil 974 habitantes y representa el 29,2% de la población censada del país. La provincia de Arequipa con una población de 1 millón 80 mil 635 habitantes que representa el 3,7% de la población censada. En 2007 fue 864.250 habitantes y representó 3,2%. En el año 2017, al igual que en 2007, solo cinco provincias (Provincia Constitucional del Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo) tienen una población entre 500,000 y 999,999 habitantes, que representa el 14,0% del total”. (INEI, 2018a, pág. 29). Por grupo etáreo, la población con edad entre 0-14 años es 26,4%, entre 15-64 es 65,2% y de 65 a más, 8,4%. Asimismo “Los resultados del Censo 2017, revelan que el 75,5% de la población del país cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir, 22 millones 173

1

Maestría en Economía por la Universidad Nacional mayor de San Marcos, Perú, y en Gestión pública por el Instituto de gobierno de la Universidad San Martin de Porres; Lima -Perú. Gobernabilidad y Gerencia en The George Washington University-Pontificia Universidad Católica. Especialista en dirección ejecutiva, gestión y políticas públicas y gerencia de asuntos económicos.

mil 663 personas, mientras que el 24,5% que equivale a 7 millones 208 mil 221 no tiene seguro de salud”. (INEI, 2018a, pág. 146). Se precisa que de la población censada de 65 y más años, 81,1% cuenta con algún tipo de seguro de salud. Al efecto “El Censo de 2017, revela que existe déficit de cobertura de abastecimiento de agua de 9,7% que representa 744.343 viviendas particulares, las que consumen agua proveniente de: camión cisterna u otro similar (324.832 viviendas) de rio, acequia, manantial o similar (347.283) y otras formas de abastecimiento como solicitar al vecino u otra forma (72.228 viviendas)”. (INEI 2018b, pág. 317). Asimismo, en el año 2017, el PBI nominal ascendió a 687.037 millones de soles, aportando 18,6% el sector informal, y el empleo de la economía, estimado según las cuentas nacionales, fue 16 millones 904 mil empleos siendo el sector informal 52,4% (8 millones 859 mil empleos) y el empleo informal en las unidades económicas fuera del sector informal asciende a 16,2% (totalizando un 68,6%). En resumen, respecto al universo de personas en edad de trabajar (que trabajan), las cifras entre lo formal e informal señalan (2017b, pág. 49): Sector formal

Sector informal

Independientes y patrones

0.998 miles

Asalariados

6.410 miles (46% son informales)

hogares uso final propio

0.017 miles

Independientes y patrones

5.052 miles

Asalariados

1.870 miles

hogares uso final propio

1.937 miles

Hogares

2.

0.620 miles

Elementos para el análisis.

Desde el reconocimiento del virus en Wuhan (China), en diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote de Coronavirus (11/03/2020, denominado Covid-19) como pandemia por su expansión en más de cien países del mundo de manera simultánea. A la fecha de este análisis (27/03/2020) tal pandemia muestra en Perú la siguiente traza, sobre 10,065 casos descartados: Cuadro 1 – Casos en Perú por departamento al 27/03/2020. Positivos

Procedencia

Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 Lunes 9 Martes 10 Miércoles Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14

Marzo 2020

1 5 1 2 2 6 5 16 5

Domingo 15

28

Lunes 16

15

Europa Lima (4), Arequipa (1) Lima (1) Lima (2) Huánuco (2) Lima (4), Chincha (1), Arequipa (1) Lima (5) Lima (15), Cuzco (1) Lima (5) Lima (21), Callao (2), Áncash (1), La Libertad (1), Lambayeque (1), Piura (2) Callao (1), Lambayeque (2)

Departamento

Casos

Recup.

Muerte

494 13 17 4 20 10 1 9 6

1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 1 1 0 2 0

Ica

3

0

0

Loreto

23

0

0

Lima Lambayeque Callao Huánuco Piura Cusco Cajamarca La Libertad Ancash

Marzo 2020

Positivos

Procedencia

Martes 17

31

Lima (29), Callao (2)

Miércoles 18

28

Jueves 19

89

Viernes 20

29

Sábado 21

55

Domingo 22

45

Lunes 23

32

Martes 24

21

Miércoles 25

64

Jueves 26

100

Viernes 27

55

Lima (25), Lambayeque (3) Lima (83), Loreto (1), Arequipa (1), Cuzco (3), Ancash (1) Lima (18), Loreto (1), Junín (9), Ancash (1) Lima (29), Loreto (2), Piura (16), Callao (1) Arequipa (1), Junín (1), Lambayeque (2), La libertad (3) Lima (37), Loreto (2), Piura (1), Arequipa (3) Lima (27), Callao (2), Cuzco (2), Ica (1) Lima (15), Arequipa (2), Tumbes (3), La Libertad (3) Lima (47), Loreto (2), Callao (2); Arequipa (1), Lambayeque (4), Junín (1), Cuzco (4), La libertad (1), Ancash (1), Cajamarca (1) Lima (84), Piura (1), Callao (5), Arequipa (5), La Libertad (3), Ancash (1), Ica (1) Lima (41), Loreto ( 5), Callao (2), Lambayeque (1), Junín (1), Tumbes (2), Huánuco (2), Pasco (1)

Total

635

Departamento

Casos

Recup.

Muerte

1

0

0

15

0

0

Junín

12

0

0

San Martin

1

0

0

Tumbes

5

0

0

Pasco

1

0

0

635

1

11

Madre de Dios Arequipa

TOTAL

Fuente: https://www.gob.pe/coronavirus, al 27/03/2018. Elaboración propia.

Enfrentar tal amenaza demando activar y requiere reforzar los mecanismos sanitarios que conforman los sistemas de salud, como define Sánchez-Moreno: “El sistema nacional de salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos, incluidos aquellos vinculados con otros sectores, que realizan principalmente acciones de salud. Lo conforman, asimismo, todas las personas que actúan en él y todas las actividades que realizan. La interrelación de los elementos es una interacción dinámica y da lugar a propiedades que no poseen las partes, como por ejemplo la concertación, coordinación y articulación de acciones. Cada país tiene un sistema nacional de salud, aunque parezca funcionar de manera no sistémica” (2014, pág. 747). Y se complementa el sentido de transversalidad con lo afirmado por ese autor “Lograr un mejor nivel de salud y la satisfacción de las necesidades de la población está vinculado con otros factores condicionantes de la situación de salud, que suelen escapar del control del sector, como alimentación, educación, vestido, vivienda, trabajo, transporte, ambiente e intereses económicos y políticos. Por ende, la responsabilidad de la salud es también competencia de las instituciones de otros sectores sociales, económicos y políticos, sector privado, universidades y, en general, de todos” (2014, pág. 748). Para hacer pragmático al concepto, Sánchez-Moreno muestra, con datos al 2000, la evaluación mundial del desempeño de los sistemas nacionales de salud:

A pesar de haber transcurrido 20 años, no hay variaciones sustanciales (Informe OMS, 2013) en el ranking citado, pero si resultan claramente notables de cara a la situación de la pandemia, el status de Italia en Europa y de Chile en América del sur, 2 y 33 en el orden de desempeño de salud. El reporte mundial según Worldometer2 (Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance) revela que el nivel de la virulencia en Italia es, después de China, el mayor y reporta 41.035 casos (China reporta 80.928) con 3.405 decesos (China: 3.245), 4.440 recuperados (China: 70.420) y 33.190 activos (China: 7.263). Chile reporta 342 casos sin decesos y con el mismo número de activos. Tales cifras cuando el lector las vea estarán deplorablemente aumentadas. Pero, ¿Cómo han reaccionado tales países a la pandemia? Los primeros casos en Italia se reportan al 31 de enero (2), 7 de febrero (1) y 21 de febrero (17), hasta alcanzar una cifra critica en el número de muertes durante el fin de semana del 7 de marzo: de sábado a domingo con incrementos del 57%, con 133 fallecimientos en un solo día, sin parangón previo. La gran mayoría de muertes se han reportado en la región de Lombardía, en el norte del país. El domingo 8 de marzo se dispuso el aislamiento de la zona norte del país alarmada por la rápida expansión del coronavirus, al aislar la región de Lombardía, con 10 millones de habitantes. Desde el martes 10 de marzo están vigentes medidas de aislamiento a 16 millones de personas para contener la propagación del Covid 19, lo que incluye restricciones de viaje con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud, y la prohibición de reuniones públicas, luego que se decidiera ampliar a todo el territorio las medidas dispuestas para una cuarta parte de su población en el norte del país, conocido el reporte de 463 muertes solamente el lunes 9 de marzo. En Chile, el 16 de marzo se declaró al Covid-19 en fase 4,

2

https://www.worldometers.info/coronavirus/

disponiéndose cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de extranjeros, por 15 días, desde el miércoles 18, que no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado, garantizando el normal abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la población, lo que incluye suspensión por dos semanas las clases en jardines infantiles y colegios, multas y penas de cárcel que establecen el Código Sanitario y el Código Penal para quienes no cumplan la cuarentena, disposición que incluye que todos los funcionarios públicos mayores de 70 años o que sean parte de un grupo de riesgo, cuando las circunstancias así lo exijan, podrán desarrollar sus labores de trabajo desde su hogar y para los privados establecer medidas especiales para adoptar horarios laborales más flexibles y para fomentar el teletrabajo. Se restringe viajes al extranjero de los funcionarios públicos a aquellos que sean absolutamente imprescindibles. Y, ¿En Perú? Por D. S. N° 044-2020-PCM se declara Estado de emergencia nacional por quince días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros; se limita bajo horarios determinados y condiciones adecuadas la limitación del derecho a la libertad de tránsito de las personas; el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, indica que los empleadores del sector público y privado pueden modificar y establecer turnos y horarios de trabajo, incluido teletrabajo, sin perjudicar su derecho al descanso semanal obligatorio durante el plazo de vigencia de la emergencia. en caso el trabajador no pueda aplicar a tal forma, deberá permanecer obligatoriamente en su casa, pero con la remuneración respectiva de 15 días de aislamiento social obligatorio, prorrogados al 12/04/2020. Las disposiciones legales aprobadas se muestran a continuación: Cuadro 2 – Normas legales vinculadas directamente al Covid 19. Medidas adoptadas por el Gobierno de Perú durante el inicio de la Pandemia: Marzo D. S. N° 008-2020-SA Medidas emergencia sanitaria nacional por 90 días

11

D. U. N° 025-2020 Medidas de urgencia COVID 19

11

D. S. N° 051-2020-EF Tasa de derechos arancelarios para Emergencia Covid 19

13

D. S. N° 009-2020-MTC Medidas restricción cruceros puertos nacionales

14

D. S. N° 010-2020-SA Plan de acción para enfrentar emergencia Ccvid 19

14

D. S. N° 054-2020-EF Amplían cobertura Fondo CRECER por Covid 19

14

R. M. N° 149-2020-MINEDU Norma técnica adquisición kits limpieza Covid 19

14

D. S. N° 003-2020-DE Reglamento D. Leg. N° 1095 Uso de la fuerza

15

D. S. N° 044-2020-PCM Estado de emergencia

15

D. U. N° 026-2020 Medidas excepcionales y temporales

15

D. U. N° 027-2020 Medidas complementarias frente COVID 19

16

Resolución N° 055-2020-SUNAT Medidas facilitación cumplimiento tributario Covid 19

16

Medidas adoptadas por el Gobierno de Perú durante el inicio de la Pandemia: Marzo D. S. N° 045-2020-PCM Medidas complementarias Estado de emergencia D. S. N° 044-2020-PCM D. U. N° 028-2020 Medidas extraordinarias adquisición de pruebas diagnóstico para la prevención y control del Covid 19 D. U. N° 029-2020 Medidas complementarias Micro y Pequeña Empresa por Covid 19 Resolución SBS N° 1260-2020 Prorroga de protesto de títulos por 30 días calendario adicionales, desde la fecha de vencimiento del plazo que legalmente existía para realizar dicho protesto D. U. N° 030-2020 Autorización a ESSALUD uso de inmuebles por Covid 19

17

D. U. N° 031-2020 Reforzamiento respuesta sanitaria por Covid 19

23

D. U. N° 032-2020 Medidas económico financiera para emergencia sanitaria por Covid 19

25

19 20 20 20

Fuente: Diario oficial El Peruano, al 20/03/2018. Elaboración propia.

3.

Coronavirus y Decisiones de Gobierno: Implicancias derivadas.

A propósito del virus de Wuhan, un dicho chino señala “La crisis es una oportunidad” y para las medidas de contención y mitigación en territorio peruano, pareciera adecuada. Una pandemia como la aludida es no solamente un problema de salud pública y seguridad social, sino sustancialmente es un asunto de confianza en la gobernabilidad, sometiendo a prueba la resistencia económica, personal y del país en general, y sus valores sociales. Una primera decisión, de país, debería ser que esta crisis sea gestionada solo por el Poder ejecutivo, en función a sus atributos instrumentales y directas responsabilidades funcionales, asumiendo el Congreso intervenir como instancia de fiscalización estableciendo, eso sí, la visión política de futuro frente a sus consecuencias. La evolución mundial del Covid 19 y su reconocimiento como emergencia en el Perú, desde el 11/03 vía D. S. N° 008-2020-SA (Medidas de emergencia sanitaria nacional por 90 días) desencadenan la declaratoria

formal respectiva a nivel nacional (15/03: D. S. N° 044-2020-PCM). Pero esa decisión implica la escogencia del Poder ejecutivo al caracterizar el “problema” y poner en vigencia las acciones para su eliminación o su reducción a un nivel aceptable (a diferencia, por ejemplo, de la tasa de desempleo, no hay una base referible). Pero la “solución” implica una preferencia, asociada a incertidumbres y sus posibilidades: Contención viral en función a la oferta de los recursos sanitarios (por ejemplo, Corea del sur); Aumento oportuno de los mecanismos de sanidad de prevención según fases virales (por ejemplo, Reino Unido); o, Asumir riesgos socialmente compartidos basados en el principio de equidad. En Perú se decidió por la última opción (desde el 16/03), construida bajo un marco temporal inicial de 15 días con un umbral de los primeros dos días (13 efectivos) para internalizar socialmente las medidas, influyendo en la actividad social, expectativas del “día después” de la emergencia nacional y básicamente el impacto económico (más que efectos) en producción, comercio y distribución, considerando las unidades productivas informales (sustancialmente distribución, servicios y comercio). Sustancialmente, la contención sanitaria descansa además en medidas de mitigación social y económicas derivada por la interrupción de la actividad laboral contratada (bajo la formalidad, pública y privada) por el plazo de la emergencia, transferencia monetaria sin condiciones para el consumo

de familias por S/. 380 para 3 millones de familias, o subsidio a la demanda; combinación de diferimiento de tributos, pagos y financiamiento (de carácter sustancialmente orientado a PyMES) que es un subsidio a la oferta, y uso del “espacio fiscal” para reordenar prioridades y recursos hacia las urgencias relativas a la emergencia. Pasada la mitad del nuevo periodo total de contención, las evidencias de acciones sanitarias de contención aconsejan un viraje frente a lo hecho (y eventualmente, lo que no) según periodo de incubación del Covid 19 (promedio 5 días y como máximo 14 días; OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases /novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronavirus) para focalizar acciones acordes a la mayor densidad poblacional y fase viral, y estructura etárea según vulnerabilidad, para no extender el aislamiento social obligatorio en las mismas condiciones, o hacerlo de forma selectiva, para no detener innecesariamente el proceso económico y social derivado, afectando la tasa de crecimiento. Al 27/03/2020, el Poder ejecutivo ha dispuesto extender el periodo de aislamiento social obligatorio al 12/04/2020, en similares condiciones, y que el bono de 380 soles aprobado para gente de bajos recursos es solo para los primeros quince días del estado de emergencia y concluida la entrega total se procederá a hacer una segunda entrega por igual suma para los siguientes 13 días, hasta completar 3.5 millones de familias. Esta emergencia tiene una origen viral siendo ampliamente diferente a las crisis previas en el Perú, y ello demanda instrumentos alternativos a los aplicados para conjurar una crisis económica-financiera, pero, por ello, es también una oportunidad que debería orientar una nueva dirección para el impulso económico al país, fortaleciendo el mercado interno en los circuitos más sensibles (pesca, distribución, productos agro pecuarios y comercio interno, construcción e inversión), ante incertidumbre del sector externo como motor inmediato de la recuperación económica. Ello, además, implica una oportunidad para repensar el mercado como doctrina y la intervención -activa y visiblemente reguladora (más que regulatoria)- del Estado, adoptando disposiciones como en Chile -las reglas de mercado han dejado de ser vigentes en diversos efectos, como establecer un precio flat a las pruebas para Covid 19 en US$ 30 en tanto la autoridad sanitaria peruana sugiere US$ 58 o S/. 200- y otras economías, afirmando una real economía social de mercado. Veamos los aspectos económicos, con la limitación propia de no tener más datos específicos de las medidas, solo el esquema general: Redistribución del presupuesto institucional modificado (desde y hacia otros pliegos del nivel nacional), incorporación de recursos de contingencia (crédito presupuestario global no menor a 1% de los ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en el Pliego Economía y Finanzas) y Transferencias a gobiernos del nivel subnacional (adquisición y distribución Canasta básica familiar3). Solo los recursos de contingencia representan realmente sumas “nuevas” al pasar de reservas a la masa fiscal sujeta a demanda y gasto consecuente.

3

Si bien la estructura de la canasta está tipificada bajo ciertos productos, no se ha establecido -aún- regulaciones para su aplicación en el ámbito urbano acorde a las disposiciones de productos que territorialmente resulten de mejor disposición o precio en sus ámbitos.

Los efectos de la pandemia se sienten sustancialmente en la estructura del PBI según ingresos, donde las Remuneraciones son 31%, Impuesto neto 3,4% y Excedente neto de explotación 37,8%, es claro que los subsidios a la demanda tienen el gran problema de la focalización (la evidencia indica que no está calzando el perfil de población objetivo y datos disponibles sin haberse decidido explícitamente el caso de refugiados por la inmigración), que no consideran las respuestas de los canales de comercio interno a los demandantes (las firmas en sus establecimientos -cadenas- mantienen un nivel de precios menos variable que los de los mercados de abastos y negocios independientes, con precios de oportunidad) dado que los productores industriales apelan a sus existencias (en plantas y cadenas) en tanto los demás (referidos a alimentos y otros de clara necesidad social) no tienen restricciones paralizantes. Inventarios y procesos productivos aliados (que alcanzan al consumo exterior) de los sectores no citados antes, se sujetan a predicciones sobre el mercado (inciertas), capacidad de asumir costos hundidos y endurecimiento de las condiciones laborales (costo y gasto del empleo), por lo que su recuperación demanda al menos un periodo anual, considerando el impacto de shocks bajo el modelo de Horváth J. y Grabowski R. (1996, pág. 30). Ello remite al clásico dilema entre transferencias monetarias y subsidios (directos e indirectos) que involucran al sub consumo y sobre consumo (mercados con participantes bajo restricciones de concurrencia – movilización, donde este último elemento adopta costos de gestión y administración más que elevados) resultando más eficientes subrogar ingresos personales por transferencias monetarias para satisfacer preferencias de consumo más individualizadas y disponibles: mejor solución al estilo Lancaster-Lipsey, o “second best”. Por el lado del gasto en consumo, bajo estas circunstancias de limitación de mercados, el proceso se alinea Demandante-comercializador-intermediario, los que se cuelguen del abastecimiento ordinario, aún funcional, estimulando el aumento artificial de precios, compras más allá de la tasa usual de consumo, “descreme” de compradores acorde a la disposición de ingresos y crédito (tarjetas) o efectivo en detrimento de quienes tienen una estructura rígida de gasto (canasta de consumo); como la distribución está limitada a una canasta sustancialmente alimentaria, y de bienes públicos, afectada por la restricción de acopio y la distribución (participación restringida del trabajo), el mercado se asocia fuertemente a sectores primarios de producción y terciarios de servicios. Lo descrito incita a instaurar mercados incompletos que se evidencian cuando el mercado no suministra en suficiente medida bienes privados aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior al que los consumidores estarían dispuestos a pagar por él, en el caso de la canasta básica y bienes esenciales en presencia de cierta asimetría de información cundo el intermediario conoce más de las condiciones del mercado y factores que los vendedores fase-to-face los consumidores finales. Instauradas posiciones fortalecidas post-crisis, estas resultan más difíciles de volver a condiciones de mercado al aparecer elevados costos de transacción. La “oportunidad” implica, respecto a los instrumentos usuales aplicados para conjurar crisis típicas, tomar una postura sobre los resultados de la competencia (tasas de interés de mercado, precios de servicios clave,

tarifas regulatorias estatales) y sincerar las bases bajo las cuales se establece “costos”, pues basta comparar precios relativos del dinero y otras referencias afines establecidas por gobiernos de países vecinos, para verificar márgenes o beneficios demasiado amplios para la estructura económica local. Ello implica además aprovechar este escenario para incorporar regulaciones que, basadas en procesos de formalidad, ayude en la consolidación de operadores, mercados y canales de distribución verificables y no manipulados, amen de reducir los convenientes interregnos de “Moral hazard”, y de actuacion entre ilegalidad e informalidad.

4.

Conclusiones: Sobre una crisis inconclusa.

Un efecto derivado del aislamiento social obligatorio es la contracción del número de trabajadores en las actividades priorizadas, ya citadas, que impactan en la cadena logística (transporte de carga, mantenimiento mecánico, provisión de partes y piezas, alimentación y alojamiento, entre otros), lo que influye en el nivel de carga y oportunidad de suministros de las zonas de producción a los mercados, y de estos Lima-Callao, lo que aconsejaría, desde el sub sector Comercio interno (Produce) el desarrollar condiciones y articular incentivos, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Agricultura y Riego, a efectos de que se organice y opere una línea logística desde los productores a los centros de abastos, para evitar incrementos de precios innecesarios respecto del precio final de venta (y utilidades sin registro fiscal ni tributario), activando el transporte de carga y unidades en función de nodos, con esquemas de organización empresarial y formalidad correspondientes. Complementariamente, sería adecuado establecer reglas para re estructurar los mecanismos de distribución para acercar al consumidor con el productor, con la activa participación de los niveles subnacionales que en esta emergencia parecen poco activos, de forma que los primeros aseguren tanto la cantidad de productos (y variedad de sustitutos) y sobre todo precios más reducidos; y los segundos aseguren un mejor ingreso, más equitativo, y establezcan societariamente una organización de comercio y de distribución estructurada con su participación activa, bajo enfoque territorial, accediendo a herramientas propias al giro de la actividad tanto económicas, como de expertise y orientación gubernamental, dejando al demandante final la responsabilidad de la estructura de consumo final según preferencias y reflejando tales al mercado. Aliado a la solución de distribución productor-consumidor es prudente iniciar la inmediata reestructuración del programa de inversiones para consolidar a las inversiones que apoyan la cadena logística nivel nacionalsubnacional, especialmente caminos vecinales y de carácter conurbano (ello posibilita conjugar actividades por ejemplo de carácter agropecuario, turístico y de comercio); ello apareja adoptar, asimismo, un plan de mantenimiento de las inversiones en curso que verán sus asignaciones reorientadas. Dado que la fuerza laboral (trabajadores y simultáneamente consumidores) para insertarse dentro de las opciones indicadas requiere de condiciones institucionales y sanitarias adecuadas, y apelando al anuncio oficial de la revisión de prioridades, o “espacio fiscal”, en el gasto (programas presupuestales y unidades

ejecutoras) e inversión pública (programas y proyectos) es imprescindible el consolidar los servicios de salud, educación y básicos (agua y saneamiento, comunicaciones, electricidad, y ambientales) como un conjunto integral que crea las condiciones para resolver la crisis sanitaria, y aprovechar su perfil epidemiológico para fortalecer prevalencias similares (sobre todo IRA) en zonas ya reconocidas en el país. Para dotar de viabilidad y sobre todo de presteza, a las anotaciones anteriores, resulta de necesidad el dotar de condiciones e incentivos a la creación, reactivación y consolidación de operadores (nuevos o existentes) así como dotar de mejores regulaciones para la competencia y generación de una adecuada oferta de proveedores locales para el nuevo programa de inversión. Ello implica un eficaz rediseño del modelo de la contratación pública, de los registros aliados y mecanismos de formalidad, para así ampliar el mercado de proveedores finales e intermedios, bajo un claro entorno de transparencia y de gobierno electronico.

Referencias Instituto nacional de estadística e informática – INEI, (2018a), Perfil Sociodemográfico del Perú, Lima, Perú, Instituto nacional de estadística e informática. Recuperado el 19/03/2020, de http: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.html Instituto nacional de estadística e informática – INEI, (2018b), “Producción y Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2017”, Lima, Perú, Instituto nacional de estadística

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