DEMANDA DE HABEAS CORPUS

Expediente N° Especialista Legal: Escrito N° 01 Cuaderno Principal Demanda de Habeas Corpus Conexo: por Violación del De

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Expediente N° Especialista Legal: Escrito N° 01 Cuaderno Principal Demanda de Habeas Corpus Conexo: por Violación del Debido Proceso en el extremo de la debida motivación en Sede Judicial.

Al Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno de la Corte Superior de Sullana: MELINA NUÑEZ ZETA, identificada con D.N.I. N° 03382107, en mi calidad de hermana del Sr. Martin francisco Nuñez Zeta, identificado con DNI N° 03303578, quien purga injusta condena en el Penal de Río Seco de la Ciudad de Piura; señalando domicilio real en el A.H José María Arguedas Mz F Lote 14 de la Provincia y Departamento de Piura , y con domicilio procesal en la Casilla N° 1705 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura o en la CASILLA ELECTRONICA N 19303; ante usted, atentamente me presento, y en la mejor forma que en Derecho proceda: Digo: I.- APERSONAMIENTO Al amparo del artículo 26° del Código Procesal Constitucional, acudo a su Despacho con el propósito de interponer Demanda de Habeas Corpus conexo por Violación del Debido Proceso en el extremo de la debida motivación en Sede Judicial.

II.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD 1. Legitimidad activa De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, tiene legitimidad para obrar la persona perjudicada o a cualquier otra en su nombre, sin necesidad de poder u otras formalidades. En

el presente caso, la demandante interpongo demanda de hábeas corpus a favor de mi hermano Martin francisco Núñez Zeta, identificado con DNI N° 03303578.

2. Legitimidad pasiva La presente demanda se presenta contra los siguientes funcionarios públicos: •

Juzgado Colegiado “B” de la Corte Superior de Justicia de Piura, representado por los Magistrados: a.1) Petronila Valdez Córdova ( Fallecida).

a.2) Manuel Echevarría Arellano, con Domicilio Laboral en

a.3) Carmen Doraliza Ávila Aguirre, con Domicilio Laboral en



La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, representada por los Magistrados:

b.1.) Daniel Meza Hurtado; domiciliado en.

b.2.) Tulio Villacorta Calderón; con Domicilio Laboral en Calle Lima N° 997 de la Ciudad de Piura.

b.3.)



Wilfredo Álamo Rentería, domiciliado en …

Al Señor Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, con domicilio en Av. Petit Thouars N° 3943, Distrito de San Isidro, Lima 27;

III. PRETENSIONES De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34° del Código Procesal Constitucional (en adelante “CPC”), son pretensiones de esta demanda las siguientes:

III.1. •

Pretensión Principal: Solicito a su Judicatura que Declare:

a.1.) Que Todos los Magistrados demandados, por comisión, vulneraron el derecho al Debido Proceso: “Debida motivación de las resoluciones judiciales” y al Derecho a la Tutela Judicial

Efectiva

1

(inciso 3° del artículo 139° de la

Constitución Política del Perú);



Como consecuencia de la declaración de vulneración de los derechos de mi patrocinado al Debido Proceso y al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, solicito a su Judicatura que Declare la Nulidad:

b.1.) De la sentencia - Resolución N° 17 de fecha 12 de enero del 2012, emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal

(Juzgado

Colegiado B) (emitida en el Exp N° 2319-2011-0-2004-JR-PE01).

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 1

b.2) De la Sentencia condenatoria de fecha 31 de julio del 2012, signada con el número 30, dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura (emitida en el Exp N° 2319-2011-22-2004-JR-PE-01).

En la petición aludida se debe ORDENAR

A

DICHA

JUDICATURA: (i) Se motive debidamente las SENTENCIAS de fechas 12 de enero del 2012 y 31 de julio del 2012, justificando y argumentando razonadamente lo desarrrollado sobre la aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Penal, que

establecen

los

presupuestos

para

fundamentar

y

determinar la pena e individualizar la misma, punto que fue objeto de fundamentación de mi escrito de apelación.



Y, finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, solicito que su Judicatura Ordene se emita nuevas sentencias las mismas que deben ser debidamente MOTIVADAS Y ARGUMENTADAS, a fin de no se deje en indefensión la petición realizada por el beneficiario en su escrito de apelación y con ello se imponga una pena

privativa

de

libertad

dentro

de

los

cánones

de

proporcionalidad y legalidad.

IV. SITUACIÓN ACTUAL En estos momentos, Mi hermano se encuentra purgando una condena de 30 años de pena privativa de la Libertad en el Penal de Varones de “Rio Seo” de Piura.

V.- ANTECEDENTES:

Sobre los hechos que ocasionaron la denuncia en contra de mi hermano



Antes de proceder a exponerle a su Judicatura los fundamentos de hecho y de derecho de esta demanda, considero de vital importancia hacer de su conocimiento que el Habeas Corpus interpuesto en favor de mi hermano se da por cuanto me he percatado que en la emisión de las sentencias cuestionadas no ha existido una debida motivación y sobre todo respecto irrestricto al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.



En efecto, informo a su Juzgado Constitucional que la Fiscalía Penal de la Ciudad de Chulucanas, imputó a mi hermano Martín Núñez Zeta, el año 2011, violación sexual de menor de edad, de iniciales J.A.S..V de doce años de edad, por cuanto este menor había tratado de quitarse la vida con veneno para ratas a consecuencia de la violación que mi hermano había cometido contra su persona.



Que, desde el inicio de la detención y a nivel Policial (declaración preliminar en presencia del Fiscal Penal), mi hermano reconoció el hecho delictivo y en ningún momento trato de eludir la acción de la justicia, si no que asumió absolutamente su responsabilidad, a pesar que él hubiera negado el hecho punible a fin de entorpecer la acción de la justicia, jamás pasó ello por su mente, además desde un comienzo se ha demostrado que nunca hubo violencia sobre el menor, ratificándose siempre que fueron con consentimiento de dicho menor.

Sobre los fundamentos de la sentencia - Resolución N° 17 de fecha 12 de enero del 2012, emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal (Juzgado Colegiado B),



En el tenor de la sentencia emitida por el Colegiado B, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Piura, una vez más se puede colegir (rubro 4.1 - h), según lo narrado por dicho colegiado que en juicio oral mi hermano reconoció haber tenido relaciones sexuales con el menor, es decir se demuestra que ni en etapa preliminar n en el juicio oral mi hermano siempre ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos de manera voluntaria, además en virtud a la verdad reconoce haber tenido relaciones de manera voluntaria con el menor una o dos veces

(este punto se

dilucidará más adelante conforme a las propias declaraciones del menor). •

Además en dicha sentencia se argumenta que una persona de la edad de mi hermano en aquel entonces (45 años) y con mediana cultura como un hombre de ciudad conoce que las relaciones sexuales con un menor de edad es un delito, por tales razones se encuentra ante una conducta culpable y que tampoco existe error de tipo por cuanto la defensa técnica no lo ha probado y por otro por cuanto mi hermano señaló conocer al agraviado desde que tenía 6 o 7 años.



Sobre la determinación de la pena (4.6) dicho colegiado señaló: a) Sobre las carencias sociales que ha sufrido el agente: que no han sido acreditadas con medio probatorio alguno. b) Su cultura y sus costumbres, que, si bien tiene estudios de primaria, también es verdad que se trata de una persona adulta, y que es de

Chulucanas ciudad donde no se tiene por costumbre que los niños mantengan relaciones sexuales. c) La importancia de los deberes infringidos, mimo que es constitutivo del tipo y que ya fue materia de valoración. d) La extensión del daño o peligro causados, que hay que tener en cuenta lo señalado por el Psiquiatra Julio Cesar Castro Castro, quien señala la afectación del menor y de su madre. e) La confesión sincera antes de haber sido descubierto; elemento que la defensa técnica invoca al solicitar que se le reduzca la pena por debajo del mínimo legal, sin embargo señala el Colegiado que no se está ante una confesión sincera debido a que sólo acepta que ha sido en dos oportunidades que abuso del menor, sin embargo valoradas todas las pruebas han sido varias veces que el menor no narra con lujo de detalles

esas

otras

oportunidades,

además

que

no

muestra

arrepentimiento , pues alega que ha sido el mismo menor quien se le ofreció. f) La Habitualidad y reincidencia: si bien no se está ante estos aspectos debido a que el certificado judicial de antecedentes penales no tiene antecedentes, por tanto, se debe tener en cuenta al determinar la pena, también es verdad que el acusado es una persona proclive a cometer delitos contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, como el mismo lo indicó al ser examinado por el Fiscal. Por lo expuesto, es que condenaron a mi hermano por el delito de Violación de la Libertad Sexual en la figura de Violación de la Libertad de menor de edad a 30 años de pena privativa de la Libertad efectiva.

Sobre los fundamentos de mi escrito de apelación, sustentada en audiencia de apelación que se encuentran detallados en la sentencia de la Segunda Sala Penal de Apelaciones.



Que, la determinación de la pena de 30 años debe ser disminuida, ya que los jueces no evaluaron la confesión sincera, error de apreciación fáctica que induce a error de aplicación legal y se ve en el punto IV. 4.5 e), demás que no se ha valorado que voluntariamente admitido haber sostenido relaciones sexuales con el menor, pese que pudo haberse quedado callado lo cual no ha sido considerado por los jueces y que tiene directa relación con la ejecutoria suprema R.N 375-2001, que determina que se debe tener en cuenta no sólo la naturaleza del delito, pluralidad de agentes, sino las circunstancias atenuantes de orden sustantivo, y que no se ha tomado en cuenta el acuerdo plenario N° 01-2000, sobre la proporcionalidad de la pena, como es la valoración de la confesión sincera, no siendo correcto lo que alega el colegiado que es habitual y reincidente.

Sobre los fundamentos de la Sentencia de Vista - Resolución N° 30 de fecha 31 de julio del 2012, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura,



En el punto 4 del rubro 2.3 de la sentencia, el Superior señala muy someramente que en el presente caso se han considerado no sólo las circunstancias agravantes sino también atenuantes al momento de imponer la pena la imputado, y atendiendo a que cuando ocurrieron los hechos el agraviado contaba con once años de edad, además del daño

causado a la víctima, esté colegiado considera que la pena impuesta resulta ser proporcional con el bien jurídico protegido de la víctima, más aun si la pena fijada para esta clase de delitos ha sido la mínima.

VI.- De la Procedencia del Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.



Antes de ingresar en el análisis de los fundamentos de hecho y de derecho tanto de la pretensión principal como de la subordinada, quiero argumentar sobre por qué es procedente este habeas corpus.



A la luz de los antecedentes yantes esbozados (supra) y de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión principal que seguidamente desarrollaré, tome en cuenta su Judicatura que el caso constitucional que planteo trata sobre en mérito a la vulneraron el derecho al Debido Proceso: “Debida motivación de las resoluciones judiciales” y al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva a la cual se expide una sentencia condenatoria.



Pues bien, las resoluciones judiciales cuestionadas por falta de debida motivación que impuso la pena privativa de la Libertad por 30 años al favorecido Martin Núñez Zeta, no hay duda, ostenta la calidad de firme. Fue impugnada en su oportunidad y mereció respuesta de segunda instancia confirmándola, por ende, descartándose cualquier supuesto de improcedencia

previsto

en

el

Código

Procesal

Constitucional

y

jurisprudencia del Tribunal Constitucional.



Toda decisión judicial, y más aún, aquellas que impongan sentencias que implican la privación del derecho a la libertad personal, deben estar

debidamente motivadas, es decir, justificadas de forma razonable y suficiente en datos objetivos, contrariamente se vulnerará el derecho al debido proceso y motivación de resoluciones judiciales2.



En principio el supremo intérprete de la Constitución Política, en consolidada jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, es decir, susceptible de ser limitado en su ejercicio. Sin embargo, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretenda limitar su ejercicio. De esta manera, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada (Cfr. STC Expediente N.° 02512-2016-PHC/TC, f.j. cinco).



Además, la exigencia de motivación de toda resolución judicial, a excepción de los decretos, se encuentra reconocida explícitamente en el artículo 139.3 y 5 de la Constitución Política3, para el caso de medidas de privación de la libertad en el artículo 2.24.f de la norma fundamental, que estatuye: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”, su negación per se resultaría inconstitucional. • De

STC Expediente N.° 04096-2016-PHC/TC, f.j. cuatro, señaló “(…), tanto el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el derecho a la libertad personal, o interdicción de la reformatio in peius 3 STC Expediente N.° 1405-2002-HC/TC, f.j. cuatro: “En consecuencia, es pertinente considerar que el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución contiene, como elemento de la tutela judicial efectiva, la obligación de motivar las resoluciones. Esto implica que la motivación sobre la que se sustentan las decisiones judiciales debe contener -además de las razones que expresan los criterios jurídicos adoptados- el fundamento de derecho que exprese que la aplicación de las normas al caso en cuestión no es arbitraria. Esta exigencia resulta de especial rigor si el derecho a la tutela judicial efectiva tiene conexión con el principio constitucional de la libertad, como en el presente caso”. 2

lo afirmado se desprende que el orden constitucional, garantiza plenamente el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales (autos y sentencias), con mención expresa: i) de la “ley aplicable” y ii) los “fundamentos de hecho” que las sustentan; las cuales deben

observarse

en

todo

proceso

judicial



también

en

los

procedimientos de distinta naturaleza–, como el penal4.



Por último, es menester precisar que uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso –principio continente–, es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución Política del Perú);

“[E]n cuanto, al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional, en los Expedientes N.°s 03943-2006-PA/TC FJ. 4 y 00728-2008-PHC/TC FJ. 76, entre otros, ha precisado que tal derecho exige a los operadores jurisdiccionales que sus decisiones deban contener un conjunto mínimo de argumentos o razones que las justifiquen, entendiendo como mínimo, a aquellos: i) argumentos jurídicos (normas jurídicas o jurisprudencia vinculante, entre otros) que sean suficientes y pertinentes para resolver el caso; ii) argumentos fácticos (sobre los hechos “probados”), que sean suficientes y pertinentes para resolver el caso; iii) argumentación interna o argumentación lógica (que exista un nexo lógico entre premisas – normativas y fácticas– y conclusión); y iv) argumentación externa (que los argumentos que formen parte de la premisa normativa o fáctica sean correctos). (…) El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no exige una motivación perfecta, sino una que de modo suficiente exprese las razones jurídicas y fácticas correctas para adoptar una decisión, de modo tal que se despeje cualquier indicio de arbitrariedad judicial. Las razones o argumentos correctos que justifican una decisión judicial son sólo aquellas que provienen del Derecho establecido y no aquellas que se originan en la pura voluntad del juzgador” (Voto singular de magistrados los Ledesma y Espinoza, STC Expediente N.° 8439-2013-PHC/TC, f.j. 5 y 6). 4

y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa (Cfr. STC N° 00286-2010-PHC/TC, f.j. ocho).

VII.- FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.

A).- A continuación, exponemos los hechos relacionados con la expedición de la resolución condenatoria de fecha 31 de julio del 2012, signada con el número 30, dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura (emitida en el Exp N° 2319-2011-22-2004-JR-PE-01).

7.1.- Que, después que existirá la imputación a mi hermano Martín Núñez Zeta por parte de la Fiscalía Penal de la Ciudad de Chulucanas, el delito de violación sexual de menor de edad, de iniciales J.A.S..V de doce años de edad, por cuanto este menor había tratado de quitarse la vida con veneno para ratas a consecuencia de la violación que mi hermano había cometido contra su persona, situación que llevó a una investigación por parte del Ministerio Público, que determinó que había existido violación sexual contra dicho menor, como así lo ratifica los Informes Psicológicos y médicos practicados a dicho infante.

7.2.- Que, es verdad que la actuación de mi hermano en todo el ínterin del proceso, fue de coadyuvar a que no se dilate la investigación, por cuanto para mi hermano era fácil negar los hechos imputados y con ello entrampar las investigaciones haciéndolas más engorrosas y difíciles para el representante del Ministerio Público; pero no fue así señor Juez Constitucional, pues mi hermano siempre colaboró con el accionar de la justicia desde el primer momento de su declaración en etapa policial, así como en el mismísimo juicio

oral, señalando que si había tenido relaciones sexuales con dicho menor y las formas de estas, además señaló que habían sido en dos oportunidades, punto de su declaración que concuerda con lo plasmado en la sentencia donde se señala: “4.1 h) que al ser examinado en juicio oral, reconoció haber tenido relaciones sexuales con el menor (…) que mantuvo relaciones sexuales con el agraviado en uno, dos veces, una de ellas fue sexo oral”

7.3.- Sin embargo, en los fundamentos de la sentencia - Resolución N° 17 de fecha 12 de enero del 2012, emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal (Juzgado Colegiado B), en el rubro 4.1 – h de la misma se advierte que lo consignado por dichos colegiado es que “en juicio oral mi hermano reconoció haber tenido relaciones sexuales con el menor”, es decir se demuestra que en la etapa preliminar y en el juicio oral mi hermano siempre ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos de manera voluntaria.

7.4.- En dicha sentencia se argumenta de igual forma que: Que la edad de mi hermano es de 45 años (en aquel entonces) y con mediana cultura, y como un hombre de ciudad conoce que las relaciones sexuales con un menor de edad es un delito, por tales razones se encuentra ante una conducta culpable y que tampoco existe error de tipo por cuanto la defensa técnica no lo ha probado, además que mi hermano señaló conocer al agraviado desde que tenía 6 o 7 años, lo que demuestra que sabía la edad de la víctima.

7.5.- Sobre la determinación de la pena (rubro 4.6) dicho colegiado señaló: a) Sobre las carencias sociales que ha sufrido el agente: que no han sido acreditadas con medio probatorio alguno. b) Su cultura y sus costumbres, que, si bien tiene estudios de primaria, también es verdad que se trata de una persona adulta, y que es de

Chulucanas ciudad donde no se tiene por costumbre que los niños mantengan relaciones sexuales. c) La importancia de los deberes infringidos, mimo que es constitutivo del tipo y que ya fue materia de valoración. d) La extensión del daño o peligro causados, que hay que tener en cuenta lo señalado por el Psiquiatra Julio Cesar Castro Castro, quien señala la afectación del menor y de su madre. e) La confesión sincera antes de haber sido descubierto; elemento que la defensa técnica invoca al solicitar que se le reduzca la pena por debajo del mínimo legal, sin embargo señala el Colegiado que no se está ante una confesión sincera debido a que sólo acepta que ha sido en dos oportunidades que abuso del menor, sin embargo valoradas todas las pruebas han sido varias veces que el menor no narra con lujo de detalles

esas

otras

oportunidades,

además

que

no

muestra

arrepentimiento , pues alega que ha sido el mismo menor quien se le ofreció. f) La Habitualidad y reincidencia: si bien no se está ante estos aspectos debido a que el certificado judicial de antecedentes penales no tiene antecedentes, por tanto, se debe tener en cuenta al determinar la pena, también es verdad que el acusado es una persona proclive a cometer delitos contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, como el mismo lo indicó al ser examinado por el Fiscal. Por lo expuesto, es que condenaron a mi hermano por el delito de Violación de la Libertad Sexual en la figura de Violación de la Libertad de menor de edad a 30 años de pena privativa de la Libertad efectiva.

7.6.- Concerniente a la determinación de la pena, las mismas carecen de motivación, vulnerando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva,

específicamente de las carencias sociales que ha sufrido el agente, donde solo se explica que las mismas no han sido acreditadas con medio probatorio alguno por el acusado, al respecto se debe tener presente que la explicación per se, no resulta suficiente, es necesaria justificar la racional y razonablemente (resolución exitosa), ya que existen, como expresa Manuel ATIENZA en su obra cumbre: El derecho como argumentación, que se toman decisiones de manera irracional, apoyándose en razones manifiestamente erróneas o decisiones en los que no se aduce ninguna razón convincente, al que le llama puro “decisionismo” judicial. El Tribunal Constitucional expreso “(…), toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será obviamente una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional” (Cfr. STC Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, f.j. 8).

7.7.- Concerniente a lo expuesto supra, se advierte que sólo ha existido una sola explicación por cuanto es deber que las carencias sociales que sufrido el agente

se

consagra

el

llamado

principio

de

la

co-culpabilidad

o

corresponsabilidad de la sociedad en la comisión del delito, que significa según la justicia argentina "especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos" en la que, justamente, la doctrina de aquél país —citada por la peruana— ve tal figura5, es así que se aprecia a todas luces una falta de motivación de dichos magistrados, por

Así ZAFFARONI: "La referencia puede identificarse con lo que actualmente se denomina "coculpabilidad", es decir, aquella parte de la culpabilidad por el hecho con que debe cargar la sociedad, en razón de no haberle brindado las posibilidades que hubiesen ampliado su ámbito de autodeterminación. Por otra parte, a este respecto, cabe tener presente que la miseria no sólo puede reducir la culpabilidad, sino que puede motivar una conducta dirigida a salvar otro bien jurídico, aunque sin que se den —por supuesto— los requisitos del estado de necesidad" (Cfr. Tratado, tomo V, pág. 314). 5

cuanto no es suficiente que hayan plasmado que las carencias sociales no han sido acreditadas, si en autos y refrendados por la sentencia, se puede dilucidar que mi hermano tenía estudios de primaria, era mototaxista y guardián y como es lógico en el Perú estos oficios no se gana mucho, y por ende generaba una gran dificultad en él para trabajar doblemente y así llevar un pan a sus hijos.

7.8.- De igual forma en la exposición sobre su cultura y sus costumbres, los propios magistrados señalan que, si bien tiene estudios de primaria, también es verdad que se trata de una persona adulta, y que es de Chulucanas ciudad donde no se tiene por costumbre que los niños mantengan relaciones sexuales, sin embargo; dicho raciocinio no es suficiente, ya que al contar mi hermano con estudios técnicos o profesionales, no tiene una persecución cultural como si los tiene un profesional. De igual no existe una debida motivación concerniente al rubro la importancia de los deberes infringidos, donde sólo se indica que ya fue materia de valoración.

7.9.- De igual forma concerniente a la confesión sincera señala el Colegiado que no se está ante una confesión sincera debido a que sólo acepta que ha sido en dos oportunidades que abuso del menor, sin embargo; valoradas todas las pruebas han sido varias veces que el menor no narra con lujo de detalles esas otras oportunidades, además que no muestra arrepentimiento, pues alega que ha sido el mismo menor quien se le ofreció. Al respecto hay que tener en cuenta existe jurisprudencia suprema vinculante, que establece determinadas exigencias a la confesión, con el propósito que tenga trascendencia beneficiante; así tenemos que se exige que la confesión sincera, se hay producido desde un primer momento, como en el presente caso, que desde la etapa policial mi hermano señaló que, si había

tenido relaciones sexuales con el menor, las formas y cuantas veces. Además, con dicha declaración se pudo apreciar claramente el arrepentimiento posterior al delito que tuvo mi hermano. Con dicha conducta, mi hermano expresó su voluntad de hacerse responsable por el ilícito cometido y de asumir plenamente las consecuencias jurídicas que de ello derivan y con ello no tratar de obtener la impunidad o de lo contrario entorpecer la labor de la justicia.

Al respecto, la doctrina nacional, ha destacado que: “Hay diferencia notable en el delincuente que huye después de consumado el delito, del que se presenta voluntariamente las autoridades para confesar. Este último muestra arrepentimiento, o por lo menos, asume su responsabilidad, lógicamente la atenuante es procedente6.

7.10.- Concerniente a la Habitualidad y reincidencia, señala el colegiado que, si bien no se está ante estos aspectos debido a que el certificado judicial de antecedentes penales no tiene antecedentes, por tanto se debe tener en cuenta al determinar la pena, también es verdad que el acusado es una persona proclive a cometer delitos contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, como el mismo lo indicó al ser examinado por el Fiscal.

Señor Magistrado Constitucional, lo alegado por el Colegiado rompe todos los parámetros constitucionales, por cuanto el colegiado no puede señalar que mi hermano es proclive a cometer delitos por cuanto ha si lo ha manifestado él, en ese sentido es preciso acotar que nuestro TC ha señalado:

PEÑA CABRERA, Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Tercera edición. Lima: Sagitario. 1987. p. 264 6

“Debe tenerse en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por aquella. La reprobación acarrea inevitablemente el establecimiento de una pena; evidente, por eso, es que existe entre ellas una estrecha ligazón. Pero esto no puede llevar a identificar o confundir una con otra, pues de lo contrario se estaría entrando al terreno del principio ne bis in ídem, que se refiere al tema de la sanción. La reprobación es una valoración de la conducta que se hace de modo aislado, mientras que la pena es un acto estatal sancionatorio”7.

Termina esbozando:

“Ha sido señalado que la reincidencia consiste en una circunstancia en la cual se constata la existencia de antecedentes delictivos en la persona que está siendo juzgada, para efectos de agravar la pena que se le pretende imponer como consecuencia de haber cometido un delito. Se trata, pues, de una comprobación desde la criminología de la forma de vida delictiva del procesado, que posibilita la imposición de una mayor punición a una persona, allende a la que le corresponde por la comisión del delito, considerada de modo aislado8.

“Pero el principio de culpabilidad constitucional considera la figura de la reincidencia del siguiente modo: para determinar el grado de reprobabilidad de una persona respecto a un delito “A”, la figura de la reincidencia faculta al juez para evaluar otros delitos anteriormente cometidos, a los que llamaremos “B”, para considerar el nivel de reprobabilidad de la conducta delictiva del procesado. Si el juez comprueba que existe “B”, esto constituirá un elemento que agravará la reprobabilidad del delito “A”, y la persona que lo ha cometido recibirá, por lo tanto, un nivel una reprobación

7 8

Fundamento 27 de la Sentencia 00014-2006-PI/TC. Fundamento 37 de la Sentencia 00014-2006-PI/TC.

mucho mayor que la que le correspondería si se considerase el delito “A” de modo aislado9.

En ese sentido, como es que el Colegiado puede hablar a la ligera y señalar en su sentencia, con una carente motivación que mi hermano es proclive al delito, sin tener otros antecedentes penales.

7.11.- Conforme lo expuesto, se puede llegar a la conclusión lo ya plasmado por el supremo interprete de la Constitución quien viene elaborando y consolidando una doctrina jurisprudencial, de cómo se debe motivar una resolución jurisdiccional, acogiendo más o menos los cánones de la teoría estándar de la argumentación jurisdiccional, que, en buen castellano, no es otra cosa que decir cómo deben justificarse las decisiones jurisdiccionales 10. Reiteramos justificar, no explicar como lo ha realizado el colegiado, ATIENZA nos enseña: “Explicar una decisión significa mostrar las causas, las razones que permiten ver una decisión como efecto de las causas. Justificar una decisión, por el contrario, significa mostrar las razones que permiten considerar la decisión como algo aceptable. En los dos casos se trata de dar razones, pero la naturaleza de las mismas es bien distinta: por ejemplo, cabe perfectamente que podamos explicar una decisión que, sin embargo; nos parece injustificable; y los jueces –jueces del Estado de Derecho– tienen, en general, la obligación de justificar –pero no de explicar– sus decisiones. Motivar las sentencias significa, pues justificarlas, y para lograrlo no cabe limitarse a mostrar cómo se ha producido una decisión, es decir, no

9

Fundamento 38 de la Sentencia 00014-2006-PI/TC. RAMOS RÍOS, Migue Ángel. El derecho a la motivación, en la doctrina jurisdiccional del Tribunal Constitucional peruano. Trabajo de Fin de Máster. Jaén/España: Universidad de Jaén, 2018, p. 25. 10

basta con indicar el proceso –psicológico, sociológico, etc.– que lleva a la decisión, al producto”11.

B).- A continuación, exponemos los hechos relacionados con la expedición de la Sentencia de Vista - Resolución N° 30 de fecha 31 de julio del 2012, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura.

7.12.- En el punto 4 del rubro 2.3 de la sentencia, el Superior señala muy someramente que en el presente caso se han considerado no sólo las circunstancias agravantes sino también atenuantes al momento de imponer la pena al imputado, y atendiendo a que cuando ocurrieron los hechos el agraviado contaba con once años de edad, además del daño causado a la víctima, esté colegiado considera que la pena impuesta resulta ser proporcional con el bien jurídico protegido de la víctima, más aun si la pena fijada para esta clase de delitos ha sido la mínima.

7.13.- Señor Juez Constitucional, del tenor del escrito de apelación, sustentada en audiencia de apelación, la misma que se encuentra consignada en la sentencia de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, se advierte que lo que cuestioné en dicha oportunidad fue que la determinación de la pena de 30 años debe ser disminuida, ya que los jueces no evaluaron la confesión sincera, error de apreciación fáctica que induce a error de aplicación legal y se ve en el punto IV. 4.5 e), demás que no se ha valorado que voluntariamente admitido haber sostenido relaciones sexuales con el menor, pese que pudo mi hermano haberme quedado callado lo cual no ha sido considerado por los jueces y que

Citado por: ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger. La motivación de las resoluciones judiciales. Lima: Grijley, 2014, p. 48. 11

tiene directa relación con la ejecutoria suprema R.N 375-2001, que determina que se debe tener en cuenta no sólo la naturaleza del delito, pluralidad de agentes, sino las circunstancias atenuantes de orden sustantivo, y que no se ha tomado en cuenta el acuerdo plenario N° 01-2000, sobre la proporcionalidad de la pena, como es la valoración de la confesión sincera, no siendo correcto lo que alega el colegiado que es habitual y reincidente.

7.14.- De lo acotado se advierte, que los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones, jamás se han pronunciado acerca de los puntos impugnados, ciñéndose a señalar: “que en el presente caso se han considerado no sólo las circunstancias agravantes sino también atenuantes al momento de imponer la pena al imputado, y atendiendo a que cuando ocurrieron los hechos el agraviado contaba con once años de edad, además del daño causado a la víctima, esté colegiado considera que la pena impuesta resulta ser proporcional con el bien jurídico protegido de la víctima, más aun si la pena fijada para esta clase de delitos ha sido la mínima”.

Al respecto, se evidencia a todas luces que los integrantes de la Sala no han introducido una justificación o razón suficiente (mínima) que en forma expresa, clara y completa, proporciones a mi hermano y al órgano judicial de menor jerarquía, una explicación del cómo es y por qué hay llegado a dicha conclusión y además porque no han dado respuesta a lo pedido en la apelación presentada, lo cual impide conocer o comprender claramente el tenor de lo que se pidió en el recurso impugnatorio, limitándose a señalar otros puntos que no fueron materia de impugnación, con lo que se advierte que nunca explicaron del porqué y el cómo se arriba a la aludida conjetura, cuyo fenómeno se constituye en una afectación en una afectación de la garantía de motivación debida de las resoluciones judiciales, en el extremo de una motivación aparente.

7.15.- Con lo expuesto, se advierte que no existe una explicación clara y precisa para mi hermano en la resolución de vista, aspirando que comprenda el motivo o razonabilidad utilizada por el órgano jurisdiccional, para ordenar afectar su derecho a tener una resolución debidamente motivada, la misma que de alguna u otra manera afecta la tutela judicial efectiva de éste, igualmente concerniente a la fundamentación jurídica dicha sala se ha limitado a citar la norma aplicable, omitiendo insertar una explicación y justificación de porqué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé, lo cual permite identificar una falencia en la motivación por identificarse por aparente justificación de la decisión adoptada.

7.16.- En ese sentido, se advierte que existe en la estructura de la resolución judicial de fecha 31.07.2012, una afectación a la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales, considerando que no se ha insertado una explicación mínima, clara, precisa, expresa y concreta que permita otorgar una justificación en torno a la decisión de no imponer una pena privativa de libertad dentro de los cánones de proporcionalidad y legalidad, habiéndose limitado a establecer que: “(…) esté colegiado considera que la pena impuesta resulta ser proporcional con el bien jurídico protegido de la víctima, más aun si la pena fijada para esta clase de delitos ha sido la mínima”, lo cual una vez más permite identificar la existencia de una motivación aparente.

7.17.-

Señor

Magistrado

Constitucional,

reiterar

que,

en

sede

constitucional, al juzgado no le corresponde verificar la configuración o no de cada uno de los presupuestos de que, si mi hermano es inocente o no, ello es tarea de la justicia ordinaria en sede penal, que ya terminó su estadio.

Empero, incumbe a la justicia constitucional, verificar si las resoluciones cuestionadas por inconstitucionales, cumple o no con los estándares mínimos exigidos de motivación en forma integral. Importante, en cuanto a la motivación no se exige que sea ampulosa, puede ser mínima o escueta, pero razonable y suficiente; hay grados de motivación, la motivación ausente resulta inconstitucional, la fundamentación que presente una suficiente justificación que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso en particular (Cfr. STC Expediente N.° 02004-2010PHC/TC, f.j. cinco).

7.18.- Por todas estas consideraciones, corresponde declarar FUNDADA esta demanda en lo que concierne a estas pretensiones Como consecuencia de la declaración de vulneración de los derechos de mi patrocinado al Debido Proceso y al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, solicito a su Judicatura que Declare la Nulidad:

b.1.) De la sentencia - Resolución N° 17 de fecha 12 de

enero del

2012, emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal (Juzgado Colegiado B) (emitida en el Exp N° 2319-2011-0-2004-JR-PE01).

b.1) De la Sentencia condenatoria de fecha 31 de julio del 2012, signada con el número 30, dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura (emitida en el Exp N° 2319-2011-22-2004-JR-PE-01).

En la petición aludida se debe ORDENAR

A

DICHA

JUDICATURA: (i) Se motive debidamente las SENTENCIAS de fechas 12 de enero del 2012 y 31 de julio del 2012, justificando y argumentando razonadamente lo desarrrollado sobre la aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Penal, que

establecen

los

presupuestos

para

fundamentar

y

determinar la pena e individualizar la misma, punto que fue objeto de fundamentación de mi escrito de apelación.



Y, finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, solicito que su Judicatura Ordene se emita nuevas sentencias las mismas que deben ser debidamente MOTIVADAS Y ARGUMENTADAS, a fin de no se deje en indefensión la petición realizada por el beneficiario en su escrito de apelación y con ello se imponga una pena

privativa

de

libertad

dentro

de

los

cánones

de

proporcionalidad y legalidad.

VIII.- Notas Adicionales

Primera: Diligencias probatorias

Solicito que como diligencias probatorias se recabe:



Se requiera al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Décimo Juzgado Penal de Ejecución – Sede Central de la Corte Superior de Piura, que remita copias certificadas de todo el Expediente N° 2319-2011-02004-JR-PE-01, que actualmente se encuentra en la sede del referido

juzgado, en el cual se tramitó el proceso penal por delito de Violación Sexual contra mi hermano Martín Francisco Núñez Zeta.

Segunda: Copias suficientes para las partes contrarias

Remito, además del ejemplar que corresponde a la formación del cuaderno principal, siete (07) juegos de copias de esta demanda y sus anexos completos para todos los Magistrados y el Procurador Público.

Tercero: Defensa letrada.

Persono como abogados patrocinantes del favorecido al Abogado. Percy Reynaldo Erazo Hidalgo, con Registro ICAP. N° 1620; para lo cual declaro estar instruida de los alcances de la representación que por este acto confiero de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74° y 80° del Código Procesal Civil.

Cuarto:

Medios Probatorios y Anexos

Acompaño como medios probatorios documentales y anexos, los documentos siguientes:

1-A. Copia simple de mi DNI.

1-B. Copia certificada del Requerimiento de Acusación de fecha 23.09.2011.

1-C. Copia certificada de la Resolución N° 03 de fecha 27.09.2011 – que admite a trámite la Acusación contra mi hermano.

1-D. Copia certificada de la Resolución N° 17 de fecha 12 de enero del 2012, que condena a mi hermano a 30 años de pena privativa de la Libertad.

1-E. Copia certificada de la Resolución N° 30 de fecha 31 de julio del 2012, que confirma la sentencia de fecha 12.01.2012.

1-F. Copia certificada de la Resolución de fecha 07.12.2012, que declara inadmisible el recurso de Casación.

Sullana, julio de 2019.

---------------------------MELINA NUÑEZ ZETA D.N.I. N°03382107