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• Ana Lucia Farro Nicho

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EL PROBLEMA MINERO, CONGA ¿ORO O AGUA? El anuncio del desarrollo del proyecto Conga, de propiedad de Minera Yanacocha no es reciente. La minera lleva casi diez años evaluando la factibilidad de este proyecto ubicado en la parte noreste del actual complejo minero. Se trata de un depósito de oro (76,6%) y cobre (84,6%), donde se obtendría cerca de 8,9 millones de onzas de oro y se recuperarían 2,6 billones de libras de cobre. La inversión que se desembolsaría es de US$4.800 millones y se generarán recursos por US$4.076 millones en los 19 años de vida útil de la mina. Asimismo, la construcción del proyecto demanda una fuerza laboral cercana a las 6 mil personas. Sin embargo, la polémica alrededor del proyecto se ha generado por la posible desaparición de cuatro lagunas (El Perol, Azul, Chica y Mala), cuyos recursos acuíferos serían reemplazados por cuatro reservorios que permitirán duplicar el volumen de agua del que actualmente se dispone con las lagunas naturales. Yanacocha ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por cerca de cuatro años, para lo cual ha desarrollado 110 eventos informativos en los 32 caseríos de la parte rural y 41 en cuatro centros urbanos. Sin embargo, estos no habrían sido suficientes para mitigar la preocupación de la población cajamarquina. Los principales problemas se presentaron cuando, luego de entregarse la concesión y realizarse la exploración sin efectuar consulta previa alguna, se inicia la discusión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la población empieza a percibir el inminente perjuicio sobre los ríos, lagunas, puquiales y cuencas involucradas y los potenciales daños para la agricultura por falta de agua. La tensión negativa entre la población y el Proyecto Conga tiene origen en la falta de capacidad de la minera Yanacocha de manejar su imagen institucional y el contacto con la población, después de los antecedentes negativos que ha tenido esta misma empresa en proyectos anteriores. La población no cree en una empresa que anteriormente los ha perjudicado y que por ende no les genera confianza.. Y si a esto le sumamos la tensión negativa entre los dirigentes formales de Cajamarca y los representantes del Estado obtenemos hechos como los ocurridos, en los cuales los primeros han cerrado filas en no permitir la construcción del Proyecto Conga adoptando una posición intolerante que impide una negociación productiva. Hay una clara posición del Estado ante la ejecución de la obra, la cual ha causado fastidio a los dirigentes de Cajamarca que había confiado en las propuestas de campaña. Enfocando el problema desde otro ángulo podemos ver

como la discrepancia entre las partes se ve reflejada también en la población ya que se observa a mucha población rural de Cajamarca saliendo a protestar en contra del proyecto Conga. Sin embargo, también se ha visto a pobladores cajamarquinos, que laboran en el proyecto, saliendo a las calles a reclamar su derecho a trabajar en el proyecto y que por tanto están a favor de la obra. Además, las 32 comunidades comprendidas en la zona del proyecto se han unido y han dado su aprobación al desarrollo de Conga. Muchos periodistas enfocan el tema como un problema de ignorancia por parte de la población cajamarquina al no entender cómo estos pobladores –que no son todos- no pueden comprender los beneficios que traerá la obra. « Dicen que somos antimineros y que no queremos el desarrollo, pero no es así. Lo que no queremos es que afecten nuestras aguas que usamos para nuestro consumo y el de nuestro ganado. Queremos que se conserven nuestras lagunas naturales», dice Daniel Gil Terrones, poblador del caserío El Lirio. No hay un entendimiento de la cosmovisión de la población que siente un respeto total por su naturaleza. Existe, por lo tanto, una fuerza de repulsión ocasionada por la falta de un liderazgo efectivo por parte del Estado, por la minera Yanacocha que no ha hecho un trabajo efectivo de acercamiento no sólo a las comunidades, sino también a los actores formales e informales que influyen en la percepción de la población y por los dirigentes de Cajamarca que han tomado una actitud intolerante y que muchas veces sus posiciones no tienen mayor sustento técnico. Así dentro de este panorama están de un lado -y por el flanco derecho- Yanacocha, las grandes empresas mineras y los que en Cajamarca se han beneficiado del crecimiento sobre la base de las actividades extractivas. Ya se ha invertido una cantidad sustantiva de dinero en tratar de encaminar el proyecto y parece que la empresa intentará pelear hasta el final, e intuyen que pueden tener el apoyo del gobierno hasta el límite de los futuros acontecimientos. Del otro lado -y por el flanco izquierdo-, el gobierno ha enfrentado la irreductible oposición de los dirigentes sociales de Celendín y Hualgayoc, de los movimientos ambientalistas locales e internacionales, y de un sector que en Cajamarca que se encuentra resentido por la desigualdad que ha generado el desarrollo económico que gira en torno a la minería. Encabezados por el presidente regional, Gregorio Santos, este flanco considera que el proyecto es inviable porque alterará no solo el paisaje superficial, sino el sistema hídrico subterráneo de la zona. Indicando, además, que tras 18 años de explotación minera en Cajamarca no se ha logrado mejorar la calidad de vida de los cajamarquinos; sobre todo de los que se encuentran en las

zonas rurales. Hay unas frases que resumen la posición del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos: “Yanacocha se instaló hace 20 años y desde sus inicios hasta la actualidad sólo hemos visto cómo fue destruyendo la cordillera andina. Si siguen destruyendo las fuentes de agua ¿de dónde vamos a obtener agua para Cajamarca?…Por eso Conga no va”. Además dice “no permitamos que las grandes oligarquías y multinacionales secuestren a Ollanta”. Estas frases reflejan la actitud del Sr. Santos y dan a conocer una posición cerrada y muy dura ante una posible negociación. La movilización social de rechazo a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Áncash no es fruto solo de la acción de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos; menos aun de deficiencias comunicacionales de las empresas extractivas o del propio Estado: es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones y comunidades locales. La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver, además, con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental. Esto a pesar de la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa, sobre cuya reglamentación hay muchas presiones y expectativas. Los empresarios mineros han acelerado sus programas de inversión, y se ha deslizado la versión de que “cedieron” con el gravamen minero a cambio de que se concretara la inversión de los aproximadamente 40 mil millones de dólares que involucran a todos los proyectos mineros. Esta posición

ha concitado también la férrea oposición del pueblo de

Andahuaylas de no aceptar la minería ante los funcionarios de los ministerios de Energía y Minas y de Agricultura. Es un clásico esquema de lucha entre minorías, pero que con argumentos de uno y otro lado se busca convencer a la mayoría silenciosa. Y para esto se utiliza tanto la fuerza (de un lado, paros y toma de carreteras; y del otro, el uso de la fuerza pública), así como la competencia en torno a sus razones y puntos de vista. El problema ha sido peliagudo desde el principio, a veces promoviendo negociaciones exclusivas o en las cuales alguno de los actores se niega a participar. Y, así, la contradicción ha pasado por ser resuelta en el terreno del uso de la fuerza, durante algún tiempo; pero como ya se ha dicho, Conga no puede ir resguardada por el empleo

de los fusiles. Nadie quiere otro Baguazo, y Yanacocha sabe que en este escenario Conga no va. De ahí que Yanacocha tenga que ceder, sí o sí. La minera Yanacocha ha mencionado “estamos convencidos que un intercambio transparente y abierto será muy beneficioso para los intereses de Cajamarca y evitará paralizaciones que sólo retrasan el desarrollo de la región”. Esta frase refleja la disposición abierta de la compañía por negociar. Así mismo el presidente de la república, en su campaña presidencial dijo “el agua si el oro no”. Ahora dice “nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”. Estas frases demuestran el cambio de rumbo que ha tomado el máximo representante del Ejecutivo, lo que muchos saludan pero para otros es una traición a sus principios, lo que ha generado mucha disconformidad, desconfianza y confusión. El gobierno no la ha tenido nada fácil, tampoco. Pero varias cosas han pasado relacionadas con este controvertido proyecto desde los infructuosos intentos de diálogo entre los opositores al proyecto y el gobierno, hasta la un poco ignorada “Marcha por el agua”. Luego de la marcha, Wilfredo Saavedra, Presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, señaló que si el gobierno no declaraba inviable el proyecto Conga hasta la tercera semana de marzo, se plantearía la realización de un paro a nivel nacional. Después se dio a conocer que aparte del peritaje contratado por el gobierno central, el gobierno regional de Cajamarca había gestionado un peritaje internacional paralelo, que hasta ese momento ya contenía algunas observaciones al impacto ambiental del proyecto minero. A mediados de marzo Wilfredo Saavedra fue detenido en Tacna y trasladado a Cajamarca, donde fue liberado tras 10 horas de detención y no sin antes rendir su manifestación ante el Ministerio Público. A fines de marzo, entre rumores de un nuevo paro, se inició en Cajamarca la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú. La que tomó el acuerdo de realizar el paro el día 11 de abril. Trascendió que en esta asamblea se habría acentuado una división entre los distintos movimientos que forman el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, presuntamente por diversos intereses políticos. Desde el 7 de abril, el gobierno central envió un fuerte contingente militar a Cajamarca en prevención de desmanes con motivo del paro, pero finalmente éste se desarrolló con tranquilidad, aunque se supo que la Universidad de Cajamarca fue tomada y se informó de bloqueos de carreteras en Jaén. Igualmente se realizó un “lavado de bandera” en la Plaza de Armas de Cajamarca en rechazo al proyecto Conga. Luego, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía de la Nación contra la ordenanza del

gobierno regional de Cajamarca, que declaraba inviable el proyecto Conga. Igualmente estableció que es la Autoridad Nacional del Agua la encargada de determinar qué cabeceras de cuencas deben ser declaradas intangibles y no los gobiernos regionales. Cabe señalar que a fines de abril el presidente ejecutivo de Newmont, Richard O'Brien, dijo que la inversión del proyecto se iría a otros países si las nuevas condiciones del gobierno no lo hacían rentable. Expertos en temas ambientales y mineros coinciden en que la viabilidad económica del Conga dependerá principalmente del costo que demandaría salvar las dos lagunas. El pasado 20 de abril, el presidente Ollanta Humala comunicó las nuevas exigencias ambientales y sociales para el proyecto, entre ellas evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de desmonte del tajo Perol. En los medios se opinó sobre Conga hasta el hartazgo, desde los anuncios de un gran enfrentamiento entre el gobierno y los manifestantes anti mineros, análisis del desgaste de este movimiento, análisis de los errores de comunicación del gobierno, hasta la simple descalificación de los que se oponen a Conga. El 17 de abril se entregó el Informe Técnico contratado por el gobierno para hacer el peritaje al Estudio del Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga.

El

documento plantea recomendaciones para asegurar el recurso hídrico y el equilibrio ambiental en Cajamarca, ante el desarrollo de ese proyecto, como la ampliación de reservorios, el establecimiento de una veeduría para el cuidado del agua y la colocación de puntos de control sobre caudales. Dentro de los resultados del análisis del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, se determinó que el “impacto cero” del mismo no existe, afirmó Rafael Fernández Rubio, uno de los peritos contratados por el Estado para realizar este informe. “En este caso se tiene que extraer un recurso como el oro y el cobre y se tiene otro bien como es el agua. Lo que buscamos es tener garantías de salvaguardias de ese recurso, es decir que se enmarca una serie de pautas y controles para poder hacer el seguimiento y que si se realiza estas actuaciones se pueda salvaguardar. No existe el impacto cero”, aseguró. Resaltó que se tiene que buscar que el proyecto cumpla con cuatro soportes que son el social, económico, ambiental y técnico, y de esa manera lograr una situación de equilibrio. «Se debe tratar de aprovechar el oro y el cobre con todas sus ventajas y al mismo tiempo se puedan mejorar las garantías de abastecimientos de agua de los habitantes de aquel entorno”, precisó Fernández. Asimismo, explicó que dentro del informe presentado se propone una serie de modificaciones al EIA de Conga y el responsable de que se cumplan será el

Estado. “Hay que ver si la empresa minera está dispuesta a aceptarlas, pero sí creemos que se deben hacer mejoras sustanciales”, añadió. Por otro lado, el español Luis López García, señaló que el proyecto afectaría a cinco microcuencas que contienen ríos y quebradas, cuyos caudales actuales dependen de las precipitaciones. Asimismo, el proyecto considera la aportación de un 5% de aguas superficiales, lo cual consideró una "afectación poco relevante". El 82% de manantiales alrededor del proyecto tienen una capacidad de reserva menor a 0,1 litros por segundo, agregó el perito. De otro lado, el perito portugués Jose Martins Carvalho indicó en el informe que el agua estudiada es inadecuada para el uso animal y que había un excedente de "coliformes fecales" (excremento animal o humano) en los bofedales y agua subterránea, explicó el ministro. Entre las recomendaciones del informe citadas por el ministro del Ambiente, figuran el trabajar una mejor área de depósito de acarreo de materiales en la zona de la laguna del Perol. Igualmente, incrementar la capacidad del reservorio menor con la subida del dique respectivo. Fernández aseguró que el análisis presentado es totalmente independiente y la garantía de ello es la trayectoria profesional de los tres expertos que elaboraron el informe, que trabajaron para distintos países en todo el mundo. A su turno el experto español, Luis López García, afirmó que el estudio es netamente técnico y que ellos no son los responsables de decir si el proyecto es viable o no, porque esa es decisión del Estado peruano. Además, el perito portugués, José Martins Carvalho, esperó que el estudio presentado contribuya para la solución de la situación crítica que se vive Cajamarca en estos momentos. La empresa minera Yanacocha indicó que se continuarán evaluando las nuevas condiciones dadas por el Gobierno peruano para la realización del proyecto minero Conga. Esta decisión ha sido tomada luego de que se dieran a conocer los resultados dados por los peritos internacionales quienes analizaron el Estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto minero. El proyecto Conga continuará apenas Yanacocha tenga una decisión sobre las nuevas exigencias a la minería, anunciadas por el presidente Ollanta Humala, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart. Agregó que las dudas ya han quedado aclaradas con el peritaje realizado al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga. Así mismo presento un comunicado a la opinión pública: Después de escuchar el Mensaje a la Nación del Presidente de la República respecto al Proyecto Conga, y mientras seguimos evaluando el peritaje, manifestamos lo siguiente:

• Nuestra empresa considera que la realización del peritaje internacional ha contribuido a esclarecer definitivamente las dudas y objeciones que pudieran haber existido en algún sector de la población en relación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. • Hemos escuchado con atención y compartimos el Mensaje del señor Presidente de la República, mediante el cual hace una invocación al diálogo para generar un clima de confianza en beneficio de Cajamarca y del país. • La empresa quiere precisar a la opinión pública lo siguiente: peritaje internacional ha convalidado indudablemente el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Gobierno peruano en octubre de 2010. Y, aun cuando los peritos han comprobado que el EIA cumple con estándares nacionales e internacionales, reconocemos que todo estudio puede ser mejorado.

letra: “Evaluar técnica y económicamente alternativas de reubicación o desplazamiento de los desmontes del tajo Perol, para tratar de evitar que recubran a las lagunas Azul y Chica, dada su importancia, sin excluir otras alternativas de compensación hidrológica y ambiental que pudieran presentarse y evaluarse durante la ejecución del proyecto, que sean técnica, económica, social y ambientalmente aceptables, diferentes a las aquí expuestas”. En consecuencia, la empresa se compromete a evaluar nuevamente alternativas técnicas y económicas, así como mecanismos de compensación hidrológicos y ambientales. 21 de abril del 2012 [http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/comunicado-a-la-

opinion-publica-2/]

La presentación del peritaje internacional y la respuesta de la empresa Yanacocha ocasionaron diferentes reacciones, ocasionando opiniones tales como la del congresista Javier Diez Canseco, quién señaló que le hubiera gustado que haya transparencia en torno al peritaje internacional del proyecto Conga que, en su opinión, lo que tenía que ser un instrumento técnico se ha convertido en una “herramienta de manejo político”. El parlamentario nacionalista, en entrevista con el programa „Abre los ojos‟, reiteró que el

hecho de que los peritos fueron contratados por una parte del conflicto y sin la aprobación de los sectores comprometidos con el tema, hizo que pierda transparencia. Así mismo el presidente regional de Cajamarca señaló, tras la presentación del informe, que "ha quedado claro que se trata de un documento que da soporte técnico, no es la solución definitiva, es un filtro (...) que marcaría un escenario de una etapa del desarrollo de la extracción minera en el Perú, un antes y un después". Santos calificó como una "gran victoria" el hecho que "el Estado reconozca que existe la necesidad de generar esa confianza, que el pueblo cajamarquino no tiene. Es un indicio, falta mucho para construirla". En el blog de Tierra y Libertad, el movimiento político de Marco Arana, uno de los líderes del movimiento antiminero, se recogen sus declaraciones a una radio local sobre la actitud del gobierno: «La decisión política ha sido: „mire, el peritaje es nuestro, lo vamos a dar a conocer en los términos q nosotros queremos, y los demás tienen que acatar, y a la prensa le vamos a transmitir la imagen de que el debate técnico ya está resuelto, aquí está claro, lo que falta es solamente la decisión política».

En el blog Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, reproducen parte de las opiniones de Robert Morán, uno de los expertos a cargo del peritaje alternativo gestionado por el gobierno regional de Cajamarca: «Es totalmente irreal discutir los impactos de Conga sobre el agua sino se habla también de los impactos acumulativos que tendrán otros proyectos mineros en las mismas cabeceras de cuenca que Conga. Como mínimo, estos incluyen a la mina Yanacocha y sus futuras ampliaciones de Amaro y La Carpa; Galeno de Lumina Copper(China), y Michiquillay de Anglo American (Sudáfrica y Reino Unido)».

Dado que aparentemente las posiciones de ambas partes siguen irreconciliables, se ha sugeridorealizar un debate técnico sobre el tema. Lo que se hace evidente es que con informe o sin informe, el problema está lejos de resolverse. Tal como menciona Hans Rothgiesser en un artículo en Semana Económica: «Nada de esto sería necesario si hubiésemos tenido un ministerio de minería creíble que cuando aprueba un EIA es porque se está aprobando el EIA». Esta situación de incremento de las movilizaciones sociales contra la expansión indiscriminada de la inversión minera, en un contexto internacional de crisis financiera mundial que puede afectar a la economía peruana, demanda de manera urgente una

nueva institucionalidad que garantice la estabilidad política con respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales. La aprobación de la zonificación económica ecológica debe respetar lo aprobado por los gobiernos regionales. Deberían existir una Ley de Ordenamiento Territorial y una moratoria de concesiones mineras. Mientras no se tengan estos dos instrumentos de planificación, no se puede seguir concesionando el territorio de manera indiscriminada. El Perú no es solo un país minero; es un país mega-biodiverso, y ese es nuestro principal potencial. Debe establecerse también un límite al área concesionada en un distrito o provincia. No podemos llegar a extremos como el de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde el 97% de su territorio está concesionado a empresas mineras. El Reglamento de la Consulta Previa debe recoger las propuestas de las organizaciones de los pueblos indígenas y respetar el espíritu de la Ley, del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Por ejemplo, debe establecerse claramente que la consulta previa se realizará antes de la entrega de concesiones mineras. Los EIA deben ser observados por las poblaciones y autoridades locales y, si corresponde, deben adecuarse al Convenio 169 de la OIT. La aprobación de los EIA, así como la propia Autoridad Nacional del Agua, deben pasar a integrar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al MINAM, debe concentrar la evaluación y fiscalización ambiental además de su labor de supervisión de las instancias de gestión ambiental del Estado. La evaluación de los EIA debe incluir la opinión de los gobiernos regionales. El Estado debe contratar a las empresas evaluadoras, previa transferencia de recursos de las empresas interesadas. Es necesaria, además, la elaboración y aprobación de una guía de evaluación ambiental. Éstas son algunas de las reformas pendientes y que inciden directamente sobre la gobernabilidad democrática, que debe ser entendida no como gestión de conflictos sino como construcción colectiva de una agenda que recoja las necesidades y expectativas de las poblaciones; en este caso, de aquéllas afectadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Solo así podremos desarrollar un Estado más racionalizado y eficiente, y construir una verdadera inclusión social. El reto actual consiste en encarar la agenda que plantea la movilización social. El Gobierno no puede continuar con la lógica heredada de la inversión “como sea y donde sea”; no se trata solo de decir si determinado proyecto “va o no va”, sino de definir por fin una

institucionalidad política técnicamente sustentada y democráticamente consensuada, sin caer en el chantaje reduccionista de que sin minería no hay inclusión social. Considero que el problema general del Proyecto Conga es un problema decredibilidad. La empresa minera que va a ejecutar el proyecto es Yanacocha. Esta empresa se instaló hace veinte años en Cajamarca y por muchos años ha tenido nefastos precedentes ambientales. Estos antecedentes hacen que la población no crea en su nueva propuesta, por más que sus estudios de impacto ambiental hayan sido aprobados. Además sienten que hay un problema de exclusión. Juzgan que el poder económico de las grandes empresas compran al Estado, quien nunca interviene a favor de los más pobres. Hay actos que también transmiten códigos que pueden ser interpretados como positivos o negativos. Por ejemplo, que uno de los ministros de Estado, después de haber visitado la zona del proyecto Conga, en medio de un ambiente tenso y crítico, retorne a Lima utilizando un avión privado de la empresa Yanacocha. Uno tiene que ser consciente que estos episodios lanzan mensajes fulminantes. Pero como problema específico, la población siente temor de perder sus grandes manantiales y que sus aguas se contaminen debido a la intervención de las minas. Lo que traería como consecuencia que Cajamarca se quede sin agua. En un mensaje a la nación, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso estableció nuevas exigencias al proyecto Conga para beneficiar al país, y en el caso específico de Cajamarca a toda la población de esa región, que le aseguran el acceso al agua y el desarrollo económico y social. Independientemente de los resultados del peritaje internacional y de los errores del gobierno en su licitación y comunicación, el conflicto de Conga no está resuelto. La virtud del peritaje ha sido limpiar la cancha, ha levantado observaciones y planteado propuestas, y ahora sobre la mesa quedan una serie de aspectos claves a considerar, como las garantías a la población los controles ambientales, la participación del estado en la gestión del agua, etc., que no son poca cosa. A estas alturas, pocos dudan de la posición del gobierno sobre su apoyo al proyecto en cuestión y los resultados del peritaje son su principal herramienta, sin embargo, el camino que conduce hacia el inicio de las operaciones del proyecto no es un lecho de rosas, básicamente porque el conflicto sigue más que latente y poco se ha hecho por desmontarlo, entre los principales problemas podemos identificar tres que son cruciales.

El primero tiene que ver con las relaciones entre la empresa y la población, los conflictos no se extinguen con las declaraciones de paz. En todo conflicto como el de Conga existe un proceso construido entre las comunidades y las empresas, y en este caso Yanacocha tiene un historial negativo que ha generado mucha desconfianza, animadversión y encono, lo cual ha sido, incluso, caldo de cultivo para algunos grupos radicales. Todo este conjunto de actitudes, percepciones y prácticas negativas no van a desaparecer con el informe y ciertamente necesita de una “gestión social” realizada de manera profesional. Uno de los problemas es, precisamente, que muchas empresas tratan de sustituir la “reconstrucción de relaciones”, por bienes y dinero que es entregado indistintamente a líderes y comuneros que colaboran y que es suprimido a quienes discrepan con ellos. A la fecha la empresa no ha hecho ninguna declaración al respecto y en los días que vienen sería una ocasión única para que esta empresa muestre un cambio de timón en la forma en que se relaciona con la población, sin un cambio significativo en la política de la empresa es poco lo que puede hacer el gobierno, los operadores políticos o los activistas del diálogo para desentramparlo, seguramente volverá a estallar el conflicto por uno u otro aspecto colateral como se ha visto en tantos conflictos. El segundo, problema está en la forma en que el Gobierno aborda la transformación del conflicto, a lo largo del conflicto muchos comentaristas, han insistido que el gobierno tiene que echar mano de los operadores políticos (que por cierto escasean en el gobierno) y “haga política”. En realidad, “hacer política” significa, en cristiano y en la práctica, un conjunto de negociaciones de regateo, entre los operadores políticos y los líderes de las protestas para obtener réditos que no se han podido obtener mediante el conflicto. Este modus de hacer política ha venido alimentando el populismo y reforzando los cacicazgos políticos rurales, además, se ha demostrado que la negociación política por regateo no transforma los conflictos sino que refuerza la dependencia de sus líderes hacia los beneficios que las instancias gubernamentales otorgan, otra prueba del fracaso de esta opción es que el Partido Aprista, con más operadores políticos que ningún otro, no ha podido revertir los conflictos. Ciertamente este paradigma de la negociación política ha sido superado en el mundo por el de la transformación de conflictos que apuesta a la reconstrucción de las relaciones y la canalización de energías en procesos de desarrollo de mutuo beneficio. No vemos entonces, en el gobierno un cambio de paradigma en su gestión de los conflictos, un fortalecimiento de las unidades que administran los conflictos, tampoco una descentralización de la gestión de los conflictos. El peritaje podría ser una ventana

de oportunidad para marcar un antes y un después en la gestión gubernamental de los conflictos. En tercer lugar, el peritaje de Conga, así como las observaciones de UNOPS al proyecto Tía María, están marcando un paradigma ambiental distinto, que requiere: Una mayor inversión de parte de las empresas y la implementación de soluciones más complejas y costosas y en adelante ningún EIA debiera permitir destruir una laguna para acumularla con la tierra removida. De hecho el peritaje, al parecer consciente de los pecados pasados de la empresa, propone una veeduría y una serie de controles técnicos, en los cuales deberían estar involucrados la sociedad civil y también el Estado. El actual gobierno no puede pedirle a la empresa menos que esto, más si puede y eso contribuiría a que la población confíe más en el compromiso del gobierno a favor del agua. Sin embargo el peritaje también ha evidenciado que desde el Estado no se está garantizando el debido control y el respeto de los estándares ambientales y para que un proyecto de esta envergadura sea viable se requiere que el Estado garantice la imparcialidad, la fiscalización y la sanción a los impactos ambientales negativos, caso contrario, la empresa termina sustituyendo al Estado haciendo de juez y parte a su antojo, cuando es el Estado quien debe velar por los derechos de las poblaciones. Si no se abordan mínimamente estos tres asuntos resulta irrisorio pedir a la población que confíe en que la ejecución del proyecto sea llevada a cabo con los estándares ambientales que sugiere el peritaje o los estándares sociales que opinión pública y una parte del gobierno esperan, ciertamente sería un camino plagado de muchos más conflictos.

Me parece fundamental romper dos paradigmas instalados en nuestro consciente colectivo. El primero es aquel que dice que “la minería moderna no contamina”. Aún la minería moderna puede generar grandes impactos negativos y es rol de Estado establecer el control y marco jurídico necesario para garantizar el cumplimiento de las normas y el respeto a la población. El segundo es aquel que dice que “la intervención de las comunidades tradicionales no es destructiva”. Hay algunos estudios que hablan sobre la desertificación de la Costa y Selva, provocada por la economía minifundista de la Sierra. Esta versión no es hecha para atacar a los campesinos de la sierra, sino para abrir posibilidades de lo que estaría ocasionando su intervención y de qué manera podemos salvar esta situación.

Que no quepa duda que el desenlace que tendrá el proyecto minero Conga será muy importante para el futuro de la minería peruana por muchas razones. Se trata del primer

proyecto que podría ser frustrado bajo el régimen del presidente Ollanta Humala. Además, tiene todos los elementos de otros casos como el de Santa Ana, en Puno; Tía María, en Arequipa; o el conocido Tambogrande, en Piura; donde la radicalización de la protesta culminó en la suspensión total del proyecto. Si lo mismo sucede con Conga, la protesta antiminera se fortalecerá. Pero sobre todo la resolución de Conga será importante porque se trata de un proyecto emblemático, considerando la inversión que está en juego y los recursos que su desarrollo generará no solo para Cajamarca sino para todo el país. Si Conga no se desarrolla es probable que los demás proyectos mineros que vengan en los próximos años también tengan problemas de la misma índole. En ese sentido, Conga es un laboratorio que podría determinar cuál será el estilo por el que se resolverán los conflictos sociales alrededor de la explotación minera en el presente régimen, donde se vislumbran proyectos mineros por un valor de hasta US$30,000 millones. Es por eso que todos los actores involucrados en el tema están sacando sus mejores cartas para imponer a la opinión pública sus motivos para que el proyecto continúe o se detenga indefinidamente.