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Proyecto Conga: ¿el oro o el agua? Conga es un proyecto de Yanacocha cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en octubre del 2010. Actualmente se encuentra realizando trabajos preliminares que permitan asegurar su construcción, para después convertirse en un mina de cobre y oro. El proyecto está ubicado en las provincias de Celendín (distritos de Huasmín y Sorochuco) y Cajamarca (distrito de La Encañada). El Proyecto Conga está siendo desarrollado por Minera Yanacocha que tiene como socios a Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) e International Finance Corporation – IFC (5%). Los tres socios y Yanacocha están comprometidos con los estándares más altos de manejo ambiental, salud, seguridad y bienestar de sus empleados y de las comunidades vecinas. El hacer realidad el Proyecto Conga representaría entre 800 a 1000 millones de dólares en regalías y canon minero para la región y los gobiernos locales de Cajamarca a lo largo de la vida útil del proyecto. Asimismo, Conga representaría más agua para su zona de influencia, ya que antes de iniciar sus operaciones construirá cuatro reservorios que duplicarán la capacidad de almacenamiento de las lagunas ubicadas en la zona de explotación. Cajamarca es una de las zonas más ricas en recursos minerales y, al mismo tiempo, una de las zonas con mayor población en estado de pobreza. La comunidad cajamarquina está harta de las mineras, pues los beneficios que ha recibido la sociedad han sido escasos; Cajamarca es una de las 10 regiones más pobres del Perú, su nivel de pobreza es del 56%, a pesar de que ha recibido US$ 534.6 millones de las mineras. El pobre manejo ambiental ha causado muchas crisis sociales. La misma empresa Yanacocha es causante de contaminación de muchos ríos con metales pesados, pero el caso más grave es el derramamiento de mercurio en Choropampa, un pueblito de Cajamarca. Entonces ¿Cuáles son los legítimos derechos e intereses del pueblo cajamarquino? ¿Qué explica estas protestas y las dificultades del Gobierno de alcanzar una solución al conflicto? ¿Qué explica que se rechace un proyecto de inversión de miles de millones de dólares que generaría trabajo y grandes ingresos tributarios para la propia región? Pues, el derecho a la vida, al desarrollo económico, a la paz y a la felicidad. El Derecho al Buen Vivir es probablemente la principal razón para esta explicación. En las comunidades andinas como en las amazónicas existe un principio muy conocido desde tiempos ancestrales relacionado con la vida diaria de las personas: el Derecho al Buen Vivir. Este es un principio que consiste en realizar actos humanos en armonía con la naturaleza, sin producir conflictos ante ella o “por ella”. Se entiende que la naturaleza es un ser vivo con el que se interactúa armónicamente. En los Andes, la agricultura y ganadería han sido desarrolladas históricamente siguiendo este principio. En la Amazonía, el usufructo y protección de los bosques y ríos se han desarrollado siguiendo el mismo lineamiento. Los proyectos de inversión minera, como el proyecto Conga en la región Cajamarca, ¿siguen el mismo principio? Conforme a los hechos difundidos por las autoridades regionales y locales, por los dirigentes, por un grupo de especialistas y por medios de

comunicación, el indicado principio no se ha respetado o no se respetaría, y por ello se produce el rechazo al proyecto minero. En cualquier otra parte del mundo, la existencia y explotación moderna de un recurso mineral o energético en una determinada región contribuye de manera tangible a su progreso económico mediante la generación de empleos, inversión conexa y la transferencia de tecnología y modernos métodos de gestión desde el sector en cuestión al resto de la actividad económica. En el Perú esto no sucede. Por el contrario, la relación pareciera ser inversa: las regiones depositarias de los recursos mineros o energéticos compiten casi todas ellas al fondo de la tabla del Índice de Desarrollo Económico elaborado por el PNUD. Cajamarca no es la excepción. El proyecto minero Conga supone la inversión de 4,800 millones de dólares que beneficiaría, además de las empresas interesadas, al país y de preferencia a la región Cajamarca. Técnicamente es viable, según refieren los empresarios, en tanto si bien se afectarían lagunas ubicadas en cuencas hidrográficas, ellas serían reemplazadas por reservorios que regularían la circulación de ríos y la purificación de sus aguas. Pero, comunidades andinas, rondas campesinas, caseríos, anexos y gran parte, o una parte importante, de la población urbana no lo desean. ¿Por qué? Los antecedentes o efectos de otros proyectos mineros ejecutados en la misma región orientan ese rechazo. Ciertamente, la paralización del proyecto Conga en Cajamarca y su posible "efecto de demostración" sobre similares proyectos de inversión en otras partes del país conlleva un importante deterioro a la economía del país como un todo, y desde esta perspectiva pareciera que los cajamarquinos estuvieran actuando con un grado supremo de irracionalidad económica. Pero uno de los aspectos claves de la racionalidad económica es la correcta evaluación de los pros y los contras, de los costos y beneficios. Y en este punto los cajamarquinos merecen por lo menos el beneficio de la duda. Sus atingencias a la necesidad de contar con estudios de viabilidad ambiental que generen credibilidad y aceptación en la población son válidas. El complejo minero Yanacocha es un ejemplo de ese contraste. Este megaproyecto, si bien ha aportado y sigue aportando tributos y obras millonarias de responsabilidad social a favor de la población, también es conocido por comuneros y ronderos por la compra “con engaños” de parcelas de tierra a miembros de la comunidad campesina Negritos, lo cual ha motivado la migración de muchas familias y limitado a otras que se resistieron a vender; ha desviado el río y extinguido fuentes de agua que normalmente utilizaban los comuneros; ha cambiado el acceso a las vías de comunicación que integraba a la comunidad en sus distintos sectores; ha dividido la comunidad en personas que están a favor de la empresa y otros que se encuentran en contra y, por ende, ha propiciado múltiples conflictos entre las familias; ha reproducido la ambición de muchos comuneros que dejaron su participación en la comunidad por sumarse a las empresas contratistas o de servicios de la gran empresa minera, “progresando” individualmente, negando o afectando los derechos colectivos de sus colegas. Si a ello sumamos el sentir de comunidades cercanas o caseríos aledaños que consideran que sus aguas están contaminadas a pesar de que la empresa minera ejecuta grandes sistemas de purificación, o el caso de los pobladores de Choropampa y pueblos vecinos que sufrieron y siguen sufriendo los efectos del derrame del mercurio en la carretera cercana a ellos, a pesar de que la empresa ha prometido cumplir con la limpieza de la zona y ha conseguido su liberación judicial al haber cumplido con pagos indemnizatorios, notaremos cuánta explicación hay por ese rechazo.

El balance es que en los alrededores y pueblos vecinos de Yanacocha se ha alterado el Derecho al Buen Vivir de los comuneros o la población, y lo mismo se teme de los alrededores y pueblos vecinos de Conga. A pesar de que el proyecto minero de Conga cuente con un informe técnico de 16 tomos aprobado por el gobierno anterior, la población de Cajamarca, o gran parte de esta, rechaza el proyecto porque no quiere que se siga afectando el Derecho al Buen Vivir en otra parte de su territorio. Los profesionales o técnicos del proyecto Conga tratan de demostrar las ventajas de construir reservorios que reemplacen las lagunas, teniendo como posible resultado más agua para la agricultura y ganadería, incluso durante periodos de sequía, pero la población no lo cree. No existe confianza. ¿Qué hacer? El diálogo intercultural, regulado en la actual Ley de Consulta Previa (Ley Nro. 29785) sigue siendo la mejor alternativa, pero este diálogo supone entender justamente el Derecho al Buen Vivir. ¿Es posible, a través de este diálogo intercultural, replantear la posibilidad de una nueva consulta a la población afectada o solicitar un peritaje internacional para legitimar el proyecto minero? Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto minero y sus posibles efectos, tal consulta debió y aún puede hacerse en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – vigente en el Perú desde fines del año 1994. Un arbitraje internacional no garantiza el cambio de opinión de comuneros, ronderos o población en general afectada; a no ser que se aborden los antecedentes o causas estructurales de su rechazo. La consulta serviría para salvar la legitimidad de los titulares del proyecto minero Conga, pero, sobre todo, para salvar o encaminar otros proyectos millonarios de inversión, que no atenten contra el Derecho al Buen Vivir. Claramente estamos viendo que estos conflictos se desarrollan en torno a los efectos negativos de la actividad minera y de la indeterminación de límites; en estos casos, se observa la vulneración de derechos relativos a la propiedad, consulta, contaminación del medio ambiente, entre otros. Debido a que la legislación peruana así lo permite, pues no obstante de que los recursos naturales se encuentran dentro de sus territorios, éstos son de propiedad del Estado; aunque esta problemática no es exclusiva de las comunidades, para efectos de determinar las causas jurídicas de su pobreza, la validez de sus reclamos, el temor a perder sus territorios y la posibilidad de su desarrollo, es necesario que la óptica gire entorno a dichas comunidades indígenas y a la propiedad de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras, pero no a esos recursos naturales a los que tienen libre acceso para su subsistencia, aún cuando algunas veces hasta estos recursos se les son negados, sino refirámonos a los recursos naturales del subsuelo, a aquellos que producen riqueza y que supuestamente debería cambiarles la vida. Entonces, si las comunidades indígenas sí buscan el desarrollo, contrariamente a lo que piensa el Gobierno actual y algunos medios de prensa, probablemente el problema no se encuentra en si se explota o no los recursos naturales, sino más bien en el sistema de propiedad de los recursos naturales, de quienes los explotan, de quienes se benefician y quienes se perjudican y sobretodo, cuál es el costo social de la aplicación de un equivocado “interés nacional” y “necesidad pública”. Es de suma importancia conocer de que manera influye la propiedad sobre los recursos naturales en el desarrollo de las comunidades campesinas, puesto que las actuales iniciativas del Estado han generado implicancias sociales, económicas y

ambientales tales como la desigualdad en la distribución concentrando el poder económico y propiedad sobre los recursos a quienes tienen la capacidad y posibilidad de realizar grandes inversiones, en detrimento de quienes las poseen actualmente pero que carecen de los recursos necesarios para aprovecharlos mejor y por otro lado atentan también contra el medio ambiente como es el caso de los pobladores cercanos a las industrias extractivas. Debemos tomar en cuenta frente a la viabilidad de este proyecto que ante todo el agua es fundamental para la vida y la existencia de todo ser viviente, por lo que las fuentes naturales de agua deben ser extremadamente protegidas y gestionadas responsablemente ya que el uso del agua es prioritario para el consumo humano doméstico y la agricultura sobre cualquier otra actividad económica, por lo cual, incluso las Naciones Unidas, ha llamado a los gobiernos, a incorporar en sus legislaciones y políticas nacionales, el acceso al agua como un derecho humano fundamental.