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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PROYECTO COLECTIVO DE CIUDAD

Documento elaborado por la mesa de Seguridad Alimentaria, Cuarto Congreso de Ciudad, Medellín Octubre 1 y 2 de 2007

Redacción CAROLINA MALDONADO LIZARAZO

Antropóloga, Investigadora Grupo Medio Ambiente y Sociedad Universidad de Antioquia

Abstract: El texto recoge las disertaciones de la Mesa de Seguridad Alimentaria en torno a la garantía efectiva del derecho a la alimentación como el primer paso para construir una sociedad más equitativa y justa, y para acceder a un desarrollo humano integral. Comienza con una conceptualización de la seguridad alimentaria, para pasar a presentar datos sobre la situación de hambre en nuestra ciudad; expone de manera crítica los programas y políticas en la materia, y propone algunas salidas a las situaciones estructurales que impiden que todos los ciudadanos y ciudadanas de Medellín accedamos de manera igualitaria a los alimentos necesarios para desarrollar plenamente nuestras potencialidades.

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I. CONCEPTOS CLAVE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 1. ¿Qué es el hambre? El hambre ha sido definida como la sensación que acompaña y traduce la imperiosa necesidad orgánica de alimentarse que experimenta todo ser humano, y al estado biológico de desequilibrio resultante de la no satisfacción, parcial o integral, de esta necesidad (De Castro, 1969). El hambre, cuando es cotidiana y persistente, como sucede en muchos de nuestros hogares, no recibe en los medios ni en la agenda internacional la atención que suelen obtener situaciones agudas como las hambrunas, pero su impacto general es mucho mayor: Si las hambrunas han ocasionado entre 70 y 80 millones de muertes en el mundo durante el siglo XX, el hambre, con sus enfermedades asociadas, mata anualmente a entre 10 y 20 millones de personas (Pérez de Armiño, 2007). 2. ¿Desde cuándo se habla de seguridad alimentaria? Aunque la preocupación por el hambre se hizo evidente a partir de los años 40, como consecuencia de la crisis alimentaria que afectó a la mayoría de países después de la segunda guerra, en el mundo se empieza a hablar de seguridad alimentaria a partir de la década de los años 70. Se crea entonces la FAO1, básicamente para buscar soluciones al hambre que sufren los países llamados desarrollados. En ese momento, se define la seguridad alimentaria como el conjunto de condiciones que permiten mantener una producción suficiente de alimentos para sostener las necesidades de la población, lo que resulta en la implementación de políticas agropecuarias para beneficiar a esos países. En épocas más recientes, a partir de los años 80, la constatación de que en el planeta se producen muchos más alimentos de los que en efecto se consumen, pero con la permanencia del hambre y la desnutrición - 854 millones de personas sufren hoy de hambre y 820 millones de ellas están en los países en desarrollo, (FAO: 2006) – hace que el debate de la seguridad alimentaria pase del problema de la disponibilidad general de alimentos en el mercado, al problema del acceso y el derecho de individuos y grupos a una óptima alimentación. Esta preocupación por la seguridad alimentaria se ha manifestado en diferentes espacios de encuentro entre naciones, organismos internacionales y sociedad civil, y por ello se han realizado eventos como las Cumbres Mundiales de la Alimentación de Roma (1974, 2005), la Cumbre del Milenio (2000) y el Foro Social Mundial (2001-2006), estableciendo compromisos para la gestión gubernamental y diseños de intervención y seguimiento, finalmente plasmados en los Objetivos del Milenio (2002) y en campañas y acciones de movilización social por el derecho a la alimentación. 1

Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

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3. ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria y nutricional2? Actualmente este concepto se refiere al pleno ejercicio del derecho de las personas y grupos a una alimentación completa, inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para proveerse de ésta de manera suficiente y permanente, y así llevar una vida sana y activa. Significa poder elegir estrategias dignas de acceso a los alimentos, elegir el tipo de alimentos que se desea consumir, su calidad y origen, mantener la cultura alimentaria y agraria, y el tejido organizacional que gestiona la alimentación, todo ello en condiciones de equidad. Implica la obligación del Estado de garantizar a todos y todas el pleno derecho a la alimentación. 4. La alimentación como derecho El derecho a la alimentación está consignado en El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hace parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. En esa medida, las personas, consideradas individual y colectivamente, pueden exigir a sus respectivos Estados que respeten, protejan y garanticen sus necesidades de acceso adecuado a alimentos buenos y suficientes. Está definido como: “El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna". Esta definición, consignada en el “Comentario General Número 12 (CG12)” de la ONU, también destaca la obligación de los Estados de asegurar el acceso sostenible a una base de ingreso alimentario para cada persona, ya sea por medio del acceso a recursos productivos (tierra, agua, semillas, razas de animales, poblaciones de peces, etc.) o a través del trabajo o en última instancia, a través de una red de seguridad social. Es claro entonces que la alimentación a través de subsidios es la última opción y que, en lo posible, se deben generar mecanismos de otro tipo3. El derecho a la alimentación implica aspectos como4:

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El concepto actual de seguridad alimentaria contempla, entre otras cosas, la necesidad de que los alimentos sean suficientemente nutritivos, por lo que muchas personas se refieren a ésta como “seguridad alimentaria y nutricional”; sin embargo, cuando hablamos de la alimentación como un hecho multidimensional e integral, damos por sentado que se incluye el aspecto nutricional y prescindimos de la necesidad de nombrarlo. Es un debate vigente entre ciencias biomédicas y sociales; para efectos de este texto, ambas acepciones son igualmente válidas. 3 Retomado del estudio contratado por la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Bienestar Social para el programa Medellín Incluyente con la UT Corporación Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2006. 4 Tomado y adaptado del texto de Prosalus, Cáritas española y Veterinarios sin Fronteras, 2007.

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Alimentación suficiente: Aquella que aporta una combinación suficiente y balanceada de productos nutritivos para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas (crecimiento físico y mental, desarrollo, mantenimiento, actividad física) en todas las etapas del ciclo vital, y de acuerdo con las particularidades individuales. Alimentación adecuada: Los alimentos o regímenes de alimentación disponibles para satisfacer el derecho a la alimentación deben ser adecuados para las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo, imperantes en un espacio y tiempo determinados. Sostenibilidad: Es la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. Inocuidad: Los alimentos deben carecer de sustancias nocivas, para lo cual debe establecerse una gama de medidas de protección, tanto por medios públicos, como privados, evitando la contaminación de los productos alimenticios por adulteración, mala higiene ambiental o manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria. Respeto a las culturas: Los alimentos deben ser aceptables para una cultura o unos consumidores/as determinados/as, teniendo en cuenta los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y a su consumo, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores/as acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles. Disponibilidad: Posibilidades que tienen las personas de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y permitan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario. Accesibilidad económica: Implica que los costos financieros, personales o familiares, asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se amenace o se ponga en peligro la provisión y satisfacción de otras necesidades básicas. Accesibilidad física: Implica que los alimentos adecuados deben ser accesibles a todos y todas, en todo momento y circunstancia. Estos aspectos, a su vez, tienen lugar en diferentes ámbitos o niveles5:

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Adaptado del texto de Álvarez (2004).

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En el ámbito individual existe seguridad alimentaria y nutricional, cuando la disponibilidad de alimento es mayor que las necesidades del individuo. Las necesidades alimentarias y nutricionales de cada persona son diferentes de acuerdo a su edad, género y actividad física. La seguridad alimentaria del hogar no garantiza la seguridad alimentaria individual, pues existen factores asociados a la convivencia que vulneran la seguridad alimentaria de algunos individuos al interior del hogar. En el ámbito del hogar y la familia, la seguridad alimentaria implica el acceso seguro y permanente de los hogares a los alimentos suficientes en calidad, para que todas/os sus miembros lleven una vida sana y activa, entendiendo el hogar como la unidad social, cultural y económica que se alimenta de la misma olla. En el ámbito comunitario, local o barrial, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad que tiene la comunidad, en forma colectiva, de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de todos sus miembros; tiene qué ver con los recursos de que dispone y con la capacidad de gestión de bienes y servicios alimentarios ante entidades gubernamentales y no gubernamentales. El ámbito nacional se refiere, en parte, a la disponibilidad de alimentos de un país, resultado del balance entre su propia producción, la importación y la exportación de alimentos, lo que determina la disponibilidad per cápita de alimentos; ésta disponibilidad es necesaria pero no suficiente para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los ciudadanos y ciudadanas, debido a las grandes inequidades en la distribución del ingreso y en las posibilidades de acceso a los alimentos. Los diferentes ámbitos en los que se plasma la seguridad alimentaria forman un gran sistema y lo que pase en cada uno de ellos repercute en los demás. De ahí que podamos hablar de sistemas alimentarios y sistemas de gestión alimentaria. 5. El Sistema de gestión alimentaria6 Un sistema de gestión alimentaria comprende el conjunto de procesos y dinámicas implicados desde la producción y transformación, hasta el abastecimiento y el consumo de alimentos: es todo aquello que tiene que suceder para que los alimentos lleguen a las personas y sean consumidos y aprovechados por ellas. Para comprenderlo, es necesario entender que los hogares y la región son dimensiones del mismo sistema, que el funcionamiento de la ciudad depende en gran parte de otras regiones y que, por lo tanto, el sistema urbano – rural es un solo sistema, que hace parte de otros sistemas que exceden los límites territoriales y administrativos.

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Retomado del estudio contratado por la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Bienestar Social para el programa Medellín Incluyente con la UT Corporación Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2006.

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A nivel del hogar, la seguridad y soberanía alimentaria implica(n) estrategias como el logro de una base de ingresos propia y suficiente, y de recursos para la producción de alimentos; el mantenimiento de la cultura alimentaria; el mejoramiento de las condiciones nutricionales; la distribución equitativa de los alimentos; el acceso a agua potable y saneamiento básico; la reutilización de los residuos sólidos orgánicos; la desactivación de la agresión física y emocional al interior del hogar; la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la gestión del sistema alimentario; y el apoyo en redes y grupos sociales que gestionan el alimento. 6. ¿Cuál es la relación entre la soberanía y la seguridad alimentaria? En muchas discusiones sobre seguridad alimentaria es común encontrar la palabra soberanía. Su presencia o ausencia en el discurso evidencia tipos de enfoques y apuestas políticas frente al tema del hambre. La soberanía alimentaria se entiende como: “El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, basado en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”7. En términos concretos, es el derecho que cada pueblo tiene de determinar su proceso alimentario, lo que implica el logro de ciertos niveles de autonomía y hace de la soberanía alimentaria la mejor vía para erradicar el hambre y la malnutrición, y garantizar una seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos8. En la mesa de seguridad alimentaria reconocemos que se trata de un concepto complejo, pues asegurar la alimentación de un pueblo en el modelo económico imperante no depende exclusivamente de su propia producción agropecuaria ni de sus condiciones internas para garantizar el acceso: las economías locales están insertas en mercados globales con dinámicas que las configuran. Es un debate vigente si la soberanía alimentaria puede lograrse en el caso de una ciudad o si sólo es aplicable en entidades territoriales más amplias, como la región o la nación. De lo que tenemos certeza es que nuestros esfuerzos por el logro de la seguridad alimentaria deben apuntar hacia ese ideal de soberanía, como aquello que nos acerque a generar menos dependencia de factores externos y 7 8

Prosalus, Cáritas española y Veterinarios sin Fronteras (2007). Declaración final del Foro Mundial sobre soberanía alimentaria, La Habana, 2001.

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contingentes que amenazan el derecho de todos y todas a alimentarnos adecuadamente para tener vidas plenas y saludables, según nuestras preferencias individuales y culturales, y en el contexto de medios dignos para obtener la alimentación. En ese sentido, son cruciales temas como la generación de empleo para una base propia de ingresos, la producción para el autoconsumo, entre otros. En la misma perspectiva, aunque centrándose más en la situación de la población campesina, base esencial y fundamento de todo sistema alimentario, la “Declaración Política del Foro de las ONG / OSC para la Soberanía Alimentaria” (2002) establece la necesidad de trabajar en aspectos como incentivar la producción de alimentos para mercados domésticos y locales, basados en explotaciones campesinas y familiares diversificadas, y en sistemas de producción agroecológicos; asegurar precios justos para los campesinos / as, protegiendo los mercados interiores de las importaciones a bajo precio y el “dumping”; garantizar el acceso a la tierra, al agua, a los bosques y a los recursos productivos a través de una redistribución genuina; reconocer el papel de la mujer en la producción de alimentos y garantizar el acceso a los recursos productivos en equidad de género; velar por que el control de los recursos productivos esté en manos de las comunidades y no de las corporaciones; proteger las semillas base de la alimentación, para el libre intercambio y uso de los campesinos y campesinas; y finalmente, procurar una inversión pública que fomente la actividad productiva de familias y comunidades, aumentando el poder y el control local sobre la producción alimentaria, para que ésta llegue prioritariamente a los pueblos y mercados locales. Aunque estas estrategias vayan en contravía de los intereses económicos y políticos reinantes en nuestro mundo actual, es necesario que desde lo local se configure un escenario que las posibilite, y esto sólo puede darse a través de la potenciación y organización de un movimiento social por el derecho a la alimentación, como el que se viene experimentando en muchos lugares del planeta.

II. UNA MIRADA A NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL 1. La Seguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares colombianos La situación de hambre en Colombia no es la más alentadora. Algunas conclusiones de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN, 2005, revelan que el 40.8% de los hogares colombianos se perciben a sí mismos en inseguridad alimentaria, 11.2% en moderada y 3.6% en severa. Los hogares rurales presentan mayor prevalencia que los urbanos, estando algunas subregiones en condiciones de gran inferioridad.

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El 55% de los hogares con niños trabajadores están en inseguridad alimentaria, mientras que los hogares con mujeres cabeza de familia tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria (de un 45.4%) respecto a los hogares encabezados por el hombre. Como mecanismo de ajuste a la falta de dinero, la tercera parte de los hogares encuestados declaró haber disminuido la cantidad de algún alimento en la compra. Según la Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD)9, en el país hay más de 20 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes. Es decir, casi la mitad de la población es pobre, un porcentaje que aunque ha venido cayendo, sigue siendo muy alto. La tendencia indica que si actuamos integralmente es posible alcanzar el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio10: para el año 2015, reducir a la mitad el índice de pobreza en Colombia (a 28%), y el de indigencia a 8,8%, en lo que la seguridad alimentaria juega un papel primordial.

2. La Seguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares de Medellín Medellín cuenta con suficiente información diagnóstica de su situación de hambre e inseguridad alimentaria. La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública y la Universidad Pontificia Bolivariana, en contratos con la alcaldía y la gobernación, generan gran parte de la información disponible, aunque no son las únicas entidades que evalúan la situación de hambre en la ciudad. Recientemente se identificaron las primeras 20.000 familias de los niveles I y II del Sisbén para ser atendidas por el Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Alcaldía, “Medellín Incluyente” 11. Entre los datos más preocupantes se encontró que más del 67% de estos hogares rurales y 57% de los urbanos están en inseguridad alimentaria y nutricional. La soberanía y seguridad alimentaria de todos ellos está vulnerada porque sus ingresos son muy bajos y solo pueden destinar en promedio $192.570 a la compra de alimentos, mientras que la canasta básica recomendada, estimada en el 2.006, cuesta alrededor de $456,144. El 7.9% de éstos hogares produce alimentos pero tiene muy bajo acceso a recursos para producirlos; el 70.2% de ellos no puede consumir alimentos según 9

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=636. Uno de los compromisos internacionales más importantes del Estado colombiano es con los Objetivos del Milenio, que fueron ratificados en Colombia en el 2005 a través del documento CONPES Social 91 y por tanto el Gobierno Nacional darles efectivo cumplimiento. 11 Datos de la Encuesta de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares de Medellín (2006), del estudio contratado por la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Bienestar Social para el programa Medellín Incluyente con la UT Corporación Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2006. 10

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su cultura y preferencias alimentarias. El 18.5% no tiene acceso intradomiciliario al agua potable y el 21,9% no tiene servicio directo de eliminación de excretas. En el 76.2% de éstos hogares la gestión del alimento es asignada a las mujeres y en el 17.2% están solas haciendo esta gestión y respondiendo por el hogar. En el 4.6% de los hogares la agresión física o emocional ha afectado el consumo de alimentos y el 96.0% de éstos últimos se percibe en inseguridad alimentaria. Como estrategias para atenuar la situación, el 77.5% de los hogares trata de compensarse priorizando en las situaciones de escasez a los niños y niñas; en el 29.1% se reutilizan los residuos sólidos orgánicos en el hogar o fuera de él y se hace tejido social para posibilitar esta reutilización, para ir grupalmente a recoger alimentos descartados en las plazas y legumbrerías, para recorrer los barrios pidiendo alimentos en casas o para apoyarse en familiares que les brinden alguna de las comidas principales, varias veces en la semana. Cabe mencionar que el 82% de éstos hogares acude a la tienda de su barrio 4.8 veces a la semana para abastecerse, lo que visibiliza la importancia de los pequeños tenderos en la gestión alimentaria. Por otra parte, el Perfil Alimentario y Nutricional de los Hogares Urbanos del Municipio de Medellín12 que evaluó la situación de los hogares entre los estratos 2 y 5, reveló que el 62% de estos se percibe inseguridad alimentaria: 73.9% en el estrato dos, 60.5% en el estrato tres y 32.6% en estratos cuatro y cinco. La peor situación estuvo en el estrato dos, donde el 9.8% de los hogares se encontró en inseguridad alimentaria severa con hambre. Otra conclusión importante es que en el 62.5% de los hogares de Medellín siempre hace falta dinero para comprar alimentos. Este mismo estudio da cuenta de lo que se denominó como “estrategias negativas adoptadas por los hogares cuando no hay dinero suficiente para la alimentación”: Por falta de dinero, el 43.9%, el 13.9% y el 13.6% de los hogares dos, tres, y cuatro y cinco, respectivamente, recurrieron a pedir limosna, y el 4.9%, 2.3% y 2.3% reportaron que algún niño tuvo que trabajar por esa situación. En términos generales, los datos sólo confirman la vergonzosa situación de hambre y de inseguridad alimentaria en nuestro medio, pues bastaría con visitar los barrios más pobres para constatar la triste realidad que esas cifras suponen. III. POLÍTICAS Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS 1. En el ámbito Nacional13 12

Gobernación de Antioquia et. al, 2005. La recopilación presentada en este capítulo fue elaborada por Mario Cadavid y parte del texto “Breve resumen de las políticas y planes de alimentación y nutrición en el país” de Ana Mercedes Cepeda, preparado para su cátedra en el diplomado en “Soberanía y Seguridad Alimentaria” de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

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Las acciones de ayuda alimentaria a poblaciones vulnerables surgen desde la caridad, mucho antes de formalizarse como propuesta del Estado y política pública. Desde el siglo XIX existieron diversas formas de ayuda, principalmente desde la iglesia católica, dirigidas a la atención de niños pequeños, preescolares, escolares y mujeres gestantes y lactantes, dando origen a lo que se consolidó como programas de asistencia alimentaria. Como responsabilidad estatal, la atención nutricional a escolares se inicia en Colombia en 1941 a través del Ministerio de Educación, con aportes de la nación para restaurantes escolares. En 1944 se crea el Instituto Nacional de Alimentos (INA), que en 1968 se convierte en Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), como instrumento de política para la regulación directa del mercado. Se establecen estrategias para llevar alimentos a bajo costo a áreas pobres, como tiendas de alimentos y lanchas tienda, y se implementa la comercialización mayorista con la construcción de centrales de abasto y el almacenamiento en silos y centros de acopio. En cuanto a la distribución y acceso a la tierra, la Ley 135 de 1961 crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), buscando modernizar la economía rural y resolver problemas estructurales derivados de la inequitativa distribución de los medios de producción. En el marco de las intervenciones de la Alianza para el Progreso en América Latina, la ayuda alimentaria externa se inicia con la Ley Pública 480 de Estados Unidos. A partir del año 54 y durante los 60, varias agencias y organismos extranjeros como la Agencia Interamericana de Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos, (PMA), de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, (OMS), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), y agencias voluntarias como CARE y CARITAS, fueron los principales financiadores y promotores de un programa de ayuda alimentaria externa. Para coordinarlo, a finales de los 60 se creó el Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo (PLANALDE), canalizando toda la ayuda hacia el ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se crea en 1968 mediante la Ley 75, incorporando el Instituto Nacional de Nutrición, para integrar el tema de la nutrición con la atención a la familia. Inicialmente busca ampliar la cobertura de los programas dirigidos a población vulnerable y en 1969 lanza el Programa Nacional de Educación Nutricional y Complementación Alimentaria PRONENCA, para atender a los grupos vulnerables a la desnutrición, con servicios de salud y escuelas primarias. Otra acción de ese período fue el Programa Integrado de Nutrición Aplicada (PINA), con un carácter más integral, incluyendo acciones en salud, agricultura, educación y participación comunitaria. En la década de los 70, las agencias CARE, PMA y CARITAS proponen reducir la ayuda alimentaria y en 1974 el gobierno acuerda un desmonte gradual, poniendo en marcha una Política de Nutrición y Desarrollo Rural, bajo la orientación del

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Departamento Nacional de Planeación. En 1975 se crea el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición para fijar las políticas en ese campo; se define el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) y el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), buscando garantizar la disponibilidad y producción de alimentos en el territorio nacional, inicialmente con recursos de la Banca Multilateral. El ICBF cumple el desmonte de la ayuda externa, sustituyéndola con la producción de Bienestarina. En 1982 se decide fusionar el DRI y el PAN, ampliando la cobertura del DRI en departamentos con una economía campesina representativa. En 1995 el IDEMA se constituyó en una instancia consultiva del Ministerio de Agricultura, hasta su liquidación en 1997. En 1991 se formuló el Plan Nacional de Lactancia Materna 1991 – 1994 y la licencia de maternidad pasó de 56 a 84 días. Además se ampliaron los programas de complementación alimentaria para disminuir la desnutrición severa y los riesgos de desnutrición leve, y focalizar la atención a los grupos más vulnerables. Se reforzaron los Hogares de Bienestar y se crearon otros programas de salud y atención nutricional materno-infantil. En 1992 la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en Roma, aprobó el Plan de Acción para la Nutrición, comprometiendo a 159 países a elaborar Planes Nacionales de Alimentación y Nutrición. Colombia firmó este compromiso y en 1996, mediante documento CONPES Nº 2847, aprobó el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PNAN 1996-2005, para trabajar en 8 líneas de acción: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Seguridad alimentaria, Protección al consumidor mediante la calidad y la inocuidad de los alimentos; Prevención y control de las deficiencias de micronutrientes; Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias; Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna; Promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludable; Investigación y evaluación en aspectos nutricionales y alimentarios; y Formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación.

Una evaluación realizada al plan en 200314 señala logros importantes, pero también falencias como la débil institucionalidad y la desarticulación entre los diferentes programas. Se recomienda, entonces, llevar a cabo un proceso de participación colectiva para concretar una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), como política de Estado, que sea permanente y

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Evaluación realizada entre 2002 y 2003, con participación de los Ministerios de Protección Social, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Salud, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Red de Solidaridad Social y Departamento Nacional de Planeación. Datos de la página web: http://www.comminit.com/la/descripciones/lapdscolom/descripciones-2282.html

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compatible con las políticas de los diferentes campos de acción estatal15; también se sugiere fortalecer el proceso de descentralización y un mayor posicionamiento de las distintas entidades que conforman el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria, CONSA. En síntesis, la seguridad alimentaria y nutricional ha sido abordada por los diferentes programas nacionales generalmente desde sólo una de sus dimensiones, centrándose en la atención de las necesidades alimentarias de la población más vulnerable, lo cual puede decirse que tiene un “carácter netamente asistencial, aunque trate de complementarse con elementos de formación en hábitos nutricionales y de construcción de capital social” (Ribero, 2006: 76). La lección que ahora estamos aprendiendo es que los programas de asistencia alimentaria por sí solos no generan un impacto evidente en la disminución del hambre y la desnutrición, pues no dan origen a ningún cambio estructural en las condiciones de vida de quienes las padecen. Aunque son necesarios como acciones de emergencia, si no hacen parte de estrategias más integrales y sistémicas, no dejan de ser más que paliativos y perpetúan el círculo vicioso de la dependencia y la pobreza. Al estar desarticulados entre sí y de otros campos de intervención, no actúan de manera sinérgica y tampoco es fácil identificar si la mejoría en ciertos indicadores responde efectivamente al éxito de tal o cual programa, o a otras situaciones (Del Castillo, 2007). Otras críticas van en el sentido de que estos programas actúan “…sin estar integrados a los ejes determinantes de disponibilidad y acceso” (Rivera, 2004: 9), que es lo que se pretende al resaltar la importancia del sistema de gestión alimentaria. En un tono político más agresivo, algunos sugieren que la ayuda alimentaria externa de los años 60 pudo ser una estrategia de los países donantes para lograr mayor dependencia por parte de los receptores, incentivando la pérdida de la autonomía en los países del llamado tercer mundo. Es evidente entonces que las políticas alimentarias locales no pueden desligarse del contexto internacional16. En el ámbito nacional más reciente, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), viene implementando el Programa RESA17, cuyo principal objetivo es impulsar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo, estimulando la permanencia en el campo de la población en 15

Política no se ha definido todavía, a pesar de que se viene trabajando en su formulación. (Información personal de la Dra. Dora Nicolasa Gómez, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia, septiembre de 2007) 16 En el año 2000, la FAO evaluó el impacto de la liberalización del comercio agrario y del acuerdo agrícola de la OMC sobre la seguridad alimentaria en 14 países. Las consecuencias son negativas para los países en desarrollo: aumento del volumen de los alimentos importados, deterioro del nivel de vida del campesinado y concentración de la tenencia de la tierra, mientras que los países desarrollados siguen protegiendo enormemente sus agriculturas (Prosalus et. al. 2007). 17

Red de Seguridad Alimentaria

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riesgo de desplazamiento y permitiendo el retorno a sus tierras de la población desplazada. Al propender por “un cambio de actitud en torno al tema de producción y consumo de alimentos”, está más en la línea de los programas que promueven la creación de capacidades y generación de ingresos; no abandona la asistencia pero “la orienta a la dotación de insumos necesarios para incentivar la producción de alimentos para el consumo de las familias campesinas” (Ribero, 2006: 76). También apoya proyectos de Agricultura Urbana en diferentes municipios, incluyendo a 4000 familias de Medellín, por medio de Medellín Incluyente18. Lo cuestionable sigue siendo la falta de coherencia entre las políticas públicas, pues grandes proyectos nacionales, como la producción de biocombustibles, pueden propiciar el desplazamiento de la población campesina y la pérdida de su autonomía y su capacidad de autogestión. 2. En Medellín y la región En Medellín y nuestra región antioqueña hemos contado con programas de asistencia alimentaria desde hace más de 70 años, lo que nos aporta una experiencia significativa en el tema, pero sólo recientemente se ha empezado a trascender ese enfoque asistencial para pensar en soluciones más estructurales que den salida al círculo generacional de la pobreza y el hambre. Por eso, en nuestro medio muchos siguen identificando el concepto de seguridad alimentaria con la complementación o los subsidios, lo que nos señala un largo camino por recorrer para llegar a posicionar el derecho a la alimentación como una cuestión mucho más fundamental e integral, y que nos compete a todos y todas. Según el Perfil Alimentario de los Hogares Urbanos de Medellín19, en el 31.3% de los hogares de los estratos dos y tres, por lo menos un integrante recibía algún tipo de asistencia social alimentaria y el 40.8% de los hogares que no la recibían consideraron necesitarla; los habitantes de Medellín reconocieron a las instituciones educativas, al ICBF y a la Gobernación como las principales entidades proveedoras de dicha asistencia. Hoy en día, Medellín y la región cuentan básicamente con dos grandes programas en seguridad alimentaria, aparte de los programas del ICBF y otras iniciativas privadas. Uno es el Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, MANA, de la Gobernación, y el otro es Medellín Incluyente, el Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Alcaldía. Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, MANA

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Intervención de la Dra. Ana Catalina Suárez, Gerente de Medellín Incluyente, en Sesión Ordinaria del Concejo de Medellín del 18 de Abril de 2007(acta 876). 19 Gobernación de Antioquia, et. al. 2005.

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El programa MANA se inicia en el año 2000 en el marco del Plan de Desarrollo “Una Antioquia Nueva”, con el fin de contribuir a mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población antioqueña. Su diseño contempla 6 ejes de acción estratégica, dirigidos a la población más vulnerable (niveles I y II de Sisbén) de los 125 municipios del departamento: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Desarrollo de alternativas comunitarias de complementación alimentaria Inducción a los servicios de salud Promulgación de pactos por la infancia Sistema de Vigilancia Alimentaria (SISVAN) Desarrollo de Proyectos productivos generadores de seguridad alimentaria Promoción de proyectos pedagógicos 20

A nivel nacional, este programa se perfila como una de las estrategias más completas e integrales para acabar con el hambre y la desnutrición de los niños y niñas del Departamento, y así lo demuestran las recientes evaluaciones del estado nutricional de los beneficiarios. Aunque la complementación alimentaria es el eje que mayor fuerza tiene, es evidente que los demás ejes van posicionándose cada vez más y generan cambios profundos en la población en torno a la preocupación por el propio bienestar en relación con la seguridad alimentaria y nutricional (Gobernación de Antioquia et. al, 2007). También es gracias a MANA y a la voluntad que desde allí se moviliza, que el Departamento define una política pública en seguridad alimentaria y se instaura el tema en la agenda política local y nacional, con hechos concretos como la Ordenanza Nº 017 de Noviembre de 2003, la cual señala en su artículo sexto que los municipios propenderán por la implementación del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Gobernación de Antioquia, 2003) Una política para Medellín: El Acuerdo 038 Desde hace algunos años Medellín empezó a trabajar en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional en busca de un enfoque que superara la visión asistencial tradicional. Fruto de ese trabajo se llegó a formular el acuerdo 038 de 2005, que establece e institucionaliza la Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, para garantizar el acceso de la población a una alimentación suficiente, equilibrada y sana, mediante estrategias como: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 20

Complementación alimentaria Desarrollo rural sostenible Agricultura urbana Comercialización y transformación de alimentos Mejoramiento de ingresos para las familias Educación e investigación

Fuente: http://mana.antioquia.gov.co/

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7. Salud. También crea el Sistema Municipal para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria y Nutricional, como instrumento que articula los procesos e instancias comprometidas en acciones pertinentes, para el diseño, planificación, ejecución y evaluación de esta política pública dirigida a dar continuidad, consolidar y crear programas y proyectos que posibiliten la alimentación integral, la producción y transformación de alimentos, la comercialización y la distribución justa de los mismos. Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Medellín Incluyente Este programa se crea a partir del acuerdo 038, con el objetivo de impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares mas vulnerables de Medellín, mediante el acceso integral y sostenible a los diferentes programas municipales, permitiendo la inclusión en los procesos de desarrollo social y económico y fortaleciendo la convivencia y autonomía grupal, bajo el principio de la corresponsabilidad. Su unidad de intervención es el hogar: en cuanto éste acceda efectivamente al mayor número de programas sociales, tendrá un apoyo más integral para superar la inseguridad alimentaria. Busca vincular la seguridad alimentaria y nutricional con el Desarrollo Humano Integral, gracias al cumplimiento de logros contemplados en seis dimensiones, para una intervención más integral y sinérgica: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Educación Fortalecimiento de la cultura y la convivencia ciudadana Generación de ingresos Complementación alimentaria para grupos de extrema vulnerabilidad Salud con énfasis en la infancia y la juventud Promoción del desarrollo urbano y rural sostenible

Para la identificación y focalización de los hogares más vulnerables - inicialmente 20.000 - se hizo un estudio basado en indicadores como el Índice de Desarrollo Humano IDH21, pero, al definir al hogar como unidad de análisis, se encontró la necesidad de ajustar ese índice, llegando a la formulación del Índice de Acceso al Desarrollo, que medirá el impacto de la intervención a los hogares desde el cambio en las condiciones de desarrollo, orientando su vinculación a programas que mejoren indicadores como la expectativa de vida, el logro educativo y el poder adquisitivo, todo ello, dentro de un proceso de acompañamiento familiar y grupal22. El programa diseñó un Sistema Único de Beneficiarios SUB en el que se cruza la 21

Instrumento que permite orientar la toma de decisiones y hacer seguimiento a las políticas públicas. Estudio contratado por la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Bienestar Social con las Corporaciones Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2006.

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información de los diferentes programas sociales de los que es partícipe cada hogar, para lograr esa articulación integral de la intervención y facilitar la medición del impacto. Otro gran avance del programa frente a la seguridad alimentaria, y a la vez, uno de sus grandes retos, es la atención puesta en el sistema de gestión alimentaria, cuyo estudio permitirá diseñar y construir, un plan que para mejorar el acceso a los alimentos de todos los ciudadanos, de forma justa, equitativa y sana. Éste plan, con enfoque regional y de manera concertada, reflejará los intereses colectivos de los actores que conforman los procesos de producción, transformación, distribución, consumo, transporte y equipamientos de alimentos. Ya hay varias propuestas en curso o cuya viabilidad se contempla, como los distritos agrarios y los centros de gestión agroempresarial, y se cuenta con las directrices conceptuales y metodológicas para desarrollar el “Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá”, en equipo con la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la Comisión Tripartita23.

IV. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA ALIMENTACIÓN Tradicionalmente nuestra cultura patriarcal señala que los hombres son los principales proveedores económicos del hogar, pero casi siempre está en manos de las mujeres el uso que se da a los alimentos y su optimización, en la labor de conservarlos, hacerlos rendir, prepararlos de la mejor manera, hacerlos agradables al gusto y repartirlos en raciones adecuadas para cada uno. Este rol de la mujer como dadora de alimentos se hace aún más pesado de llevar en una sociedad con una creciente proporción de mujeres cabeza de familia, que deben velar solas por la alimentación de sus hijos y por todo el sostenimiento económico y afectivo del hogar. Además, casi siempre recae en las mujeres la fuerte carga emocional que genera la falta de alimentos en casa, y son ellas quienes se las ingenian para conseguirlos y proveerlos a sus familiares, recurriendo a soluciones que algunas veces pueden ir en contra de su propia alimentación y hasta de sus dignidad, como cuando recurren al préstamo, la limosna y soluciones similares24. Para el caso de Medellín, en el 76.2% de los hogares más vulnerables25, la gestión del sistema alimentario es asignada a las mujeres y el 17.2% de ellas están solas, 23

Doctora Ana Catalina Suárez, Gerente del Programa Medellín Incluyente, acta 876 del Concejo de Medellín, 18 de Abril de 2007. 24 En nuestra ciudad se vienen tejiendo estrategias colectivas para conseguir alimento por parte de mujeres muy pobres que realizan “recorridos” por los barrios de estratos más altos, para pedir alimentos, y “mercadas” en las centrales de abasto y los mataderos, donde recogen los desechos que están destinados a la basura. Aunque son estrategias poco dignas, en ellas y en los lazos de solidaridad que allí se construyen, reside un potencial que no podemos desconocer. 25 Niveles 1 y 2 del Sisbén

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haciendo esta gestión y respondiendo por el hogar26. Por si esto fuera poco, las mujeres deben lidiar con la presión de una sociedad que las excluye, les brinda pocas oportunidades laborales y generalmente les da salarios más bajos que los que reciben los hombres. De allí que el papel de la mujer en la seguridad alimentaria sea primordial, y que para construir la ciudad que queremos, sea necesario tener en cuenta las experiencias de las mujeres, no sólo a nivel de cada hogar sino a nivel de la gestión que ellas, como colectivo, implementan día a día para mantener su alimentación y la de los suyos. La Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce que hoy en día las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Para las mujeres, la política pública debe incluir acciones positivas que contribuyan a transformar la imposición cultural de asumir todo el trabajo reproductivo; superar la doble condición de discriminación que le impide contar con las garantías del derecho a la alimentación y también la obliga a asumir gran parte de la gestión del escaso alimento en el hogar. Es deseable apoyar la construcción de colectivos de mujeres autónomos para transformar las relaciones de poder que les han sido impuestas históricamente y promover el equipamiento (lavanderías públicas, restaurantes, guarderías, etc.) y desarrollo físico de la ciudad en relación con los intereses estratégicos de las mujeres; todo ello en el marco de la garantía del goce efectivo de sus derechos y sus propios procesos de construcción de identidad y proyectos de vida. V. DIMENSIÓN CULTURAL DE LA ALIMENTACIÓN: El hecho alimentario es complejo y contempla múltiples dimensiones. Al comer no sólo alimentamos nuestro cuerpo biofísico, dotándolo de nutrientes y energía para su funcionamiento, sino que alimentamos también nuestra mente, nuestro mundo simbólico, nuestras creencias y afectos, nuestra idea del mundo y de nosotros mismos; comer con otros es un elemento socializador, pero también es una manera de diferenciarnos y establecer identidades, lo que implica que las preferencias culturales deben contemplarse en toda política y programa alimentario. En ese sentido, cobra fuerza la idea de que “la complementación no es comida”: los alimentos fortificados bien pueden proporcionar nutrientes pero no suplen la necesidad de comer periódicamente y con tranquilidad comidas gustosas, completas y variadas, preparadas al calor del hogar, compartidas por un colectivo llamado familia y enmarcadas dentro de tradiciones familiares y culturales que las dotan de sentido. De ahí la importancia que toman estrategias como el buen trato y la superación de la agresión al interior del hogar, como elementos que contribuyen al bienestar en relación con la alimentación. También por factores culturales hay lugares de nuestro territorio donde los productos de 26

Según estudio contratado por la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Bienestar Social para el programa Medellín Incluyente con la UT Corporación Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2.006.

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complementación alimentaria que proporcionan los programas de asistencia, se desechan, se venden o se utilizan para la alimentación de animales, convirtiéndose en medios para adquirir otros bienes, servicios o alimentos; es un problema serio que debe conducir a la búsqueda de formas más adecuadas de mejorar la nutrición de nuestros niños y niñas. VI. INTERRELACIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 1. Medellín, ciudad - región y región de ciudades Quienes vivimos en Medellín muchas veces desconocemos su doble condición de ciudad rural y urbana: contando con 5 corregimientos, San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, Altavista, Santa Elena y San Cristóbal, aproximadamente el 70 % del territorio es rural y se puede caracterizar como área de economía campesina, con vocación agrícola en un 85% y pecuaria en el 8,7%. El Valle de Aburrá tiene 1.152 Km2: 340 son área urbana y 812 son área rural27. Sin embargo, la población se concentra en la ciudad: Según la Encuesta de Calidad de Vida 2006, en el Valle de Aburrá viven 3’361.907 personas, mientras que Medellín, con 2’350.227, acapara un 42,14% de la población total de Antioquia. El modelo industrial entró en crisis desde hace más de veinte años y aún afrontamos problemáticas derivadas de épocas de narcotráfico y violencia, lo que aumenta el empobrecimiento de la población rural y urbana. El 57% de habitantes de la región metropolitana del Valle de Aburrá afrontan condiciones de pobreza, el desempleo supera el 20% y el 60% de los que trabajan tienen empleos informales o están subempleados. Tanto en Medellín como en la región podríamos tener suficiente producción endógena para autoabastecernos, gracias a la existencia de diferentes pisos térmicos para la producción, a la variedad genética de alimentos heredada de la relación de nuestros ancestros con la naturaleza y a la introducción de muchos alimentos exógenos. No obstante, el acceso a la alimentación es restringido, debido a la ausencia de políticas agrarias eficaces, a la concentración en la tenencia de la tierra, a que gran parte de la población carece del dinero necesario para acceder a ella y, en muchos casos, a la falta de infraestructura que permita su distribución. Nuestra ciudad depende casi por completo de los alimentos producidos en el campo, y ni siquiera se puede decir que sea de la producción rural antioqueña. El flujo de abastecimiento alimentario en la región es caótico y Medellín tiene una dependencia ecológica de alimentos del 99,24%28. La producción es 27 28

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006. Agudelo, L. C, 2002, citado por Álvarez, D., 2006.

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esencialmente externa y la región no tiene control sobre ella, lo que la hace vulnerable ante fallas de producción y manejo por fuera de su territorio. En el sistema actual de abastecimiento se producen altos sobrecostos por intermediación, segundas y terceras calidades, pérdidas de cosecha, el transporte regional y urbano, y en general, por la falta de planificación. Esto repercute en los pequeños y medianos productores rurales, ya que los alimentos sin transformación sólo les representa un bajo porcentaje del valor final; la intermediación no genera valor agregado, pero incrementa el precio final. Lo peor es que muchos de los alimentos producidos en los corregimientos pasan a las centrales de abasto de la ciudad, para devolverse más caros a sus lugares de origen, una muestra absurda de la falta de planificación en el sistema y de la desventajosa situación de nuestros productores. Todo esto redunda en carestía y pérdida de calidad, lo que obliga a intervenir en los procesos operacionales a lo largo de la cadena, mejorando la eficiencia de los pequeños y medianos operadores, para su propio beneficio y para el de los consumidores y consumidoras finales29. En la mesa de seguridad alimentaria estamos convencidos de la necesidad de políticas que propicien un desarrollo humano integral, no sólo para nuestra ciudad, sino también para esa vasta periferia de la cual tomamos nuestros alimentos; éste debe partir de garantizar el derecho a una buena alimentación para todos aquellos hombres y mujeres del campo que producen lo que nosotros comemos. Más que una mutua dependencia, existen múltiples interdependencias entre ambas esferas y entre los espacios híbridos que las conforman: la vida en la ciudad simplemente no seria posible sin esa periferia rural que la soporta, por lo que la misma ciudad debe generar condiciones para que esa ruralidad sea sostenible. Un antecedente importante para pensar a Medellín desde la articulación ciudad / campo, fue la formulación en 2004 del Plan Estratégico para los Corregimientos de Medellín, Plan Eco, visibilizando la ruralidad como un territorio estratégico para la sostenibilidad ambiental de la ciudad y sentando la base para iniciativas como la configuración de un Distrito Agrario, que ha sido objeto de debate en el concejo de la ciudad30. Hoy debemos darle continuidad a ese trabajo que lleva más de 10 años y uno de los grandes retos es, entonces, la consolidación del plan de gestión alimentaria de la ciudad y la región. Estamos de acuerdo con nuestros compañeros y compañeras de la Mesa de Intervención Integral del Territorio en que, si la estrategia define el territorio, un escenario de participación e inclusión para

29 Esto, según estudio contratado por la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Bienestar Social para el programa Medellín Incluyente con la UT Corporación Penca de Sábila y Vamos Mujer, 2.006. 30 Rendón, Blanca Nubia. 2007.

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superar la inequidad sólo será posible desde el diseño de estrategias para la gestión regional integrada.

2. La seguridad alimentaria y los grupos vulnerables: El Derecho Internacional reconoce que ciertos grupos de personas tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de las inequidades estructurales de la sociedad. También reconoce las necesidades específicas que tienen los niños y niñas, los adultos mayores, las mujeres y las minorías étnicas. Nuestra ciudad es receptora permanente de un fuerte flujo migratorio que proviene de su periferia inmediata y lejana. No sólo llegan a ella personas que buscan mejores oportunidades de empleo y educación y asenso social, sino también aquellos que son víctimas de los diferentes tipos de violencia que se viven en nuestro territorio y que generalmente llegan a la ciudad a engrosar las estadísticas de la población más pobre. Según cifras de la Personería, en Medellín el número de desplazamientos pasó de 21.596 en el año 2000 a 7.536 en el 2005 (Álvarez, 2006). Estas personas se han visto obligadas a abandonar su tierra, sus bienes, su proyecto de vida, su entorno social, sus referentes sociales, culturales y comunitarios por salvar la vida y la integridad personal, huyendo de una guerra que no eligieron, no aprueban, ni comparten; han sufrido la desconfiguración de sus identidades culturales, étnicas, de edad y de género. La atención integral a esta población es una obligación moral que la ciudad no puede evadir, desde el principio de la corresponsabilidad, y dentro de esa atención, que debe ser integral y atender además las fuertes necesidades psicoafectivas y emocionales de éstas personas, es recomendable que la ayuda alimentaria sea lo más acorde posible con sus culturas de origen, respetando sus costumbres y hábitos alimentarios, y procurando que los alimentos que se les brindan no les genere rechazos de tipo metabólico, como sucede por ejemplo con la leche y la Bienestarina en la población indígena31. La promoción y potenciación de sus costumbres alimentarias de origen puede ser la base de proyectos que generen ingresos para estas familias, aprovechando que los antioqueños cada vez somos más receptivos a tradiciones gastronómicas exóticas y a la diversidad cultural en general. 3. La seguridad alimentaria y su relación con la salud: Es más que evidente la relación entre la falta de alimentos y los problemas de salud; nadie puede negar los graves estragos sobre la salud que sufre un ser 31

Aunque se conoce sobre la carencia de la enzima lactasa, responsable del desdoblamiento de la lactosa, en la población amerindia, casi toda la ayuda alimentaria de los programas nacionales y departamentales contiene leche, por lo que generalmente es rechazada en muchos grupos indígenas y se destina a la alimentación de animales o a la venta.

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humano desnutrido o subalimentado, aunque no todos los problemas alimentarios y nutricionales de nuestra sociedad actual tienen que ver con la falta de alimentos: también con su exceso o desbalance, lo que se demuestra con la prevalencia de problemas nutricionales que no se focalizan en los estratos más bajos, pero que también deberían contemplarse dentro de las políticas alimentarias y nutricionales. En los hogares urbanos de Medellín, el 11.6% de los niños menores de 10 años tiene retraso en el crecimiento, especialmente en el estrato 2, y el 11.2% presenta falta de peso para la edad. En cuanto al peso para la estatura, el 3.6% de los niños presentan algún grado de desnutrición, mientras que el porcentaje de niños con sobrepeso es de 8.5 y con obesidad de 4.9; el sobrepeso se observó principalmente en los estratos cuatro y cinco (Gobernación de Antioquia et. al, 2005). El 22.4% de los adolescentes, entre 11 y 20 años, presenta un retraso del crecimiento; el 31.3% tiene déficit de peso, mientras que el 16.8% está en riesgo de sobrepeso, también en los estratos más altos. En la población adulta, entre 21 y 64 años, la aplicación del Índice de Masa Corporal encontró una alarmante prevalencia de preobesidad (33.9%) y obesidad (13.7%), principalmente en los estratos cuatro y cinco (Ibídem). Existen así, además de la inequidad y la situación de pobreza en que viven miles de personas, muchos otros factores de riesgo asociados al desconocimiento de la relación alimentación / salud, y cuyas causas tienen origen en arraigados factores culturales y en los estilos de vida que promocionan los medios de comunicación y las dinámicas del mercado; se requieren esfuerzos conjuntos con el sector educativo y el industrial, para incentivar la adopción de hábitos alimentarios saludables, activando estratégicamente el potencial comercial de nuevos tipos de alimentos, más saludables para el ser humano y para el medio ambiente. Nuevas tendencias globales resaltan el valor de la alimentación como fuente primera de salud, promoviendo alimentos orgánicos, libres de tóxicos de pesticidas y agroquímicos usados en la producción, y de aditivos químicos usados en su transformación y conservación. Desde lo local, esta tendencia puede contemplar la posibilidad de conocer y aprovechar una amplia gama de alimentos nativos de la región y la nación, que hacen parte del conocimiento tradicional de nuestros grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos, pero que hoy no son conocidos ni apreciados; alimentos con potencial para una alimentación sana y balanceada, y cuya producción, por estar adaptados al medio, puede ser más fácil y económica32. En ese orden de ideas, también es crucial una legislación coherente y clara que proteja al consumidor frente a la publicidad de productos y hábitos que pueden 32

Esto puede ser una estrategia para combatir las deficiencias de disponibilidad de micronutrientes, que en los hogares de Medellín son principalmente el calcio, el magnesio, el ácido fólico y la tiamina (Gobernación de Antioquia et. al, 2005).

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afectar la salud, como sucede por ejemplo con las gaseosas, cuando dirigen sus estrategias publicitarias más agresivas a un público vulnerable como el infantil, pues el consumo desproporcionado de éstas bebidas, así como el de la comida denominada “chatarra”, se relaciona con el aumento de problemas como la obesidad y la diabetes, y resta posibilidades a la ingesta de nutrientes provenientes de los tradicionales jugos de fruta y la comida sana y balanceada. 4. La seguridad alimentaria y el medio ambiente: El progresivo deterioro de los ecosistemas y del ambiente global no sólo afecta la disponibilidad de alimentos para nuestro consumo, sino también las posibilidades de seguir viviendo según nuestro actual estilo de vida. De nuestro afán irracional por el crecimiento económico hoy nos queda la desaparición irreversible de una cifra incalculable de recursos y bienes naturales, cuyo valor para el sostenimiento de nuestras vidas es imposible de reemplazar por el uso de tecnologías; la población mundial sigue creciendo con desequilibrados ritmos de consumo y la globalización económica desestabiliza las producciones nacionales impactando el abastecimiento interno. Los principales retos globales del siglo XXI tienen que ver con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación y pérdida de suelo fértil, y el riesgo de desertificación33. Esta última es causada en parte por el calentamiento global, y también por factores como la deforestación de 13 millones de hectáreas por año en el mundo, de las que se extrae madera y se siembran cultivos agroindustriales y transgénicos de crecimiento rápido, que empobrecen el suelo. Se configura un escenario mundial donde es común la implementación arbitraria de políticas neoliberales regidas por el mercado, la migración campesina hacia la ciudad y la ausencia de políticas públicas para esta población, la concentración creciente de la tierra en pocas manos, y la pérdida de los saberes ancestrales de los campesinos y los grupos étnicos tradicionales, vitales en la conservación de la biodiversidad y del relativo equilibrio de los ecosistemas. Todo esto genera inseguridad alimentaria a nivel global. En nuestro medio hemos implementado una desordenada producción agropecuaria sin criterios de sostenibilidad, basada en la tala de bosques para la ganadería extensiva y el uso indiscriminado de agroquímicos, lo que acaba las reservas de agua, expone los suelos a la insolación y erosión, y los vuelve improductivos, aumentado los costos de producción y la vulnerabilidad ante mercados internacionales. Tras las pésimas consecuencias ecológicas de los cultivos ilícitos, ahora la producción de biodiesel abarca miles de hectáreas que podrían destinarse a la producción de alimentos, generando carestía y desabastecimiento de los alimentos que se producen a partir de esas mismas especies de plantas; de ahí a un incremento local del hambre y la pobreza hay 33

Según la Premio Nobel keniana, Wangari Maathai, citada en EP Social, 2007.

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muy pocos pasos. El creciente auge de los alimentos transgénicos amenaza la disponibilidad de alimentos al favorecer la selección de semillas y razas genéticamente modificadas que pueden llevar a una contaminación y reducción de la diversidad; también conlleva el monopolio de las empresas transnacionales dueñas de sus patentes, por lo que las ONG/OSC (2002) recomiendan proteger las semillas, base de la alimentación y de la vida misma, garantizando su disponibilidad para el libre intercambio y uso de los campesinos/as. Es decir: no patentar la vida. Otra problemática seria que sobrepasa nuestras actuales capacidades de gestión es el cambio climático global, que hace prever la pérdida de importantes fuentes hídricas en nuestro territorio, mientras que las fluctuaciones climáticas afectarán directamente las cosechas al ser más frecuentes y rigurosas las sequías, las heladas y las lluvias torrenciales; también se prevé la proliferación anormal de plagas que pueden acabar con cultivos enteros, más en un medio donde se privilegia la práctica de monocultivos de gran extensión sobre otros métodos más ecológicos. Colombia es el primer país continental en el mundo donde se implementan programas piloto de adaptación al cambio climático, con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)34, así que se trata de un tema crucial, cuya relación con la alimentación es más que obvia. La expansión de las grandes cadenas de supermercados también amenaza la seguridad alimentaria al acaparar y controlar las ventas de alimentos en planeta, favoreciendo la homogenización de hábitos alimentarios, la dependencia de ciertos productos y la exclusión de las familias campesinas productoras, que no pueden abastecer dichos mercados por los rigurosos cánones que exigen. Como resistencia es necesario el fomento a asociaciones agroecológicas locales y otros procesos dirigidos a mercados diferenciados, dentro de la línea del “comercio justo” o Fair Trade, o que estén relacionados con la producción orgánica y biológica, y en general, el estímulo a cadenas y circuitos de producción y comercio alternos a las grandes redes de la industria alimentaria y las cadenas de supermercados35. En el tema ambiental, la ciudad, como el foco desde donde se genera la mayor parte de la contaminación que incide en el ambiente local, regional y global, y como receptora de los múltiples beneficios que se generan por fuera de ella (agua, aire, energía, alimento, todo tipo de bienes y servicios, recreación y esparcimiento, etc.), debe implementar políticas públicas serias en materia de conservación, además de procurarse a sí misma un ambiente que sea lo menos nocivo posible, lo que pasa necesariamente por la urgencia de retribuir a la periferia rural, de

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Conservación Internacional Colombia (2007). Rojas, 2005.

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manera justa, todos los bienes que aporta a la vida urbana, haciendo que ambas esferas se integren de manera sostenible.

VII. NUESTRA APUESTA COLECTIVA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA:

Políticas públicas con enfoque de derechos: El cambio que queremos en nuestra ciudad está encaminado a garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Más que una oferta de servicios, necesitamos “otras formas de entender y enfocar el diseño e implementación de las políticas públicas, ya no como una respuesta temporal a los compromisos gubernamentales, sino como garantía para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer los derechos fundamentales definidos en la Constitución” (Sarmiento et. al, 2007). Ante la existencia de un alto porcentaje de la población nacional en inseguridad alimentaria, es deber del Estado regular y controlar las dinámicas del mercado agroalimentario, pues el sistema de abastecimiento actualmente está en manos del sector privado. Seguridad alimentaria para el desarrollo humano integral: Como hemos visto, la defensa de la alimentación como derecho humano fundamental es una concepción reciente, que destituye el viejo concepto instrumental de la seguridad alimentaria como un problema técnico, solucionable mediante la inversión en tecnologías agropecuarias y programas de asistencia. Más allá del desarrollo económico, cuyo lenguaje invade todas las esferas de nuestra vida contemporánea como si fuera el camino más obvio, queremos trabajar por un desarrollo humano integral que nos permita el pleno ejercicio de nuestras potencialidades como humanos, en todas las dimensiones de nuestro ser y en armonía con el planeta que habitamos. De una buena alimentación dependen la salud y la vida: Un niño o una niña subalimentada crece sin desarrollar todo su potencial físico e intelectual, lo que le impide acceder por sus propios medios a unas mejores condiciones de vida. Por eso, la seguridad alimentaria y el derecho integral a una alimentación adecuada deben convertirse en un mínimo no negociable, a partir del cual las personas y grupos puedan avanzar y aspirar a otros niveles de su desarrollo como seres humanos. La seguridad alimentaria, desde una perspectiva integral y de derechos, puede convertirse en la base y el eje articulador de una política social que nos permita a todos y todas fortalecer nuestras capacidades y autonomía, para acceder a un desarrollo humano integral36.

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Conclusión de varias discusiones de la mesa temática, que coincide con planteamientos de Medellín Incluyente.

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Enfoque sistémico integrador: Para las futuras políticas alimentarias es esencial profundizar en la relación ciudad – región y en las múltiples dinámicas que están implícitas en el sistema de gestión alimentaria, y que comprenden la planificación, producción y transformación de alimentos, su consumo y su aprovechamiento. Esto también implica comprender y replantear nuestra relación individual y colectiva, no sólo con la región sino con el planeta mismo y con el medio que habitamos. Se requiere trabajar hacia un modelo sistémico, basado ya no en lo que nos separa, como cuando pensamos en términos de oposiciones duales (campo y ciudad, público y privado, centro y periferia, mujeres y hombres, pobres y ricos, etc.) sino en las múltiples relaciones e interdependencias que permiten nuestra existencia conjunta y sostenida en un territorio determinado: nuestra cuidad-región. No es posible seguir pensando la ciudad sino como parte integral de la región y de sistemas regionales cada vez más abarcadores de los cuales depende; con eso en mente, la gestión pública y privada deben trabajar conjuntamente teniendo en cuenta las consecuencias de nuestro actuar sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Sólo el entendimiento de ese entramado complejo puede darnos las bases para una planificación más coherente e integral, que dé cabida a una sociedad mucho más justa y también sostenible. En últimas, requerimos un cambio de paradigma, en el que la prioridad no sea lo económico sino la vida misma, en toda su plenitud. Generación de ingresos: Necesitamos compromisos serios del sector empresarial en la generación de nuevos y mejores empleos que garanticen condiciones laborales óptimas e ingresos suficientes para acceder a una buena alimentación y a otras condiciones asociadas al bienestar. Se debe promover, y tal vez exigir, que las grandes empresas que están posicionadas en la industria alimentaria cedan un lugar justo en el mercado a los pequeños y medianos productores agroalimentarios, de manera que no sólo se garantice una sana competencia en igualdad de condiciones, sino también que la oferta de alimentos para los y las consumidoras sea lo suficientemente variada para permitir una libre elección y no una imposición según a la lógica del mercado37. Alimentación y agua potable: El derecho a la alimentación va de la mano del derecho al agua potable, pues ambas son absolutamente vitales; sin agua es imposible tener las condiciones sanitarias mínimas que permitan la salud y la vida. Aunque se tenga acceso a alimentos o a complementos nutricionales, como sucede en muchos de nuestros hogares, las enfermedades parasitarias y demás infecciones derivadas de la ausencia o escasez de agua potable, impiden la asimilación de los nutrientes y por lo tanto son un obstáculo para la restitución de la seguridad alimentaria y nutricional. El movimiento por el agua reclama el acceso 37

Desde espacios como las asociaciones de consumidores podemos exigir el derecho a elegir el tipo de alimentos que queremos consumir, y también a que se nos informe sobre la procedencia, preparación y calidad de los mismos, de manera que conozcamos claramente los efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente que pueden tener ciertos procesos de producción y transformación (alimentos transgénicos, componentes químicos agregados, etc.).

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gratuito a un mínimo vital para los hogares más vulnerados, pero también nos obliga a asumir deberes para la conservación de este recurso buscando un uso sostenible, lo que implica pensar acciones concretas como el manejo integrado de cuencas, la optimización de su uso doméstico, industrial y agrícola, incentivos al riego sostenible, protección concertada de bosques y páramos, entre otros. Durante la deliberación en el Congreso se planteó que una política de generación de ingresos y acceso a servicios públicos es un campo de exigibilidad de de los derechos sociales fundamentales, que son condiciones relacionadas con la garantía del derecho a la alimentación. En ese sentido, los y las asistentes estuvieron de acuerdo en que se debe promover la formación política de todos y todas en el conocimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; se deben establecer pactos entre las organizaciones sociales para la exigibilidad de los DESCA y especialmente de los que tienen relación con el derecho al trabajo y al acceso a servicios públicos domiciliarios. Promover y apoyar emprendimientos familiares y comunitarios, apoyar las empresas de economía solidaria y generar condiciones sostenibles para el empleo y el auto empleo. Plan de gestión alimentaria con enfoque regional: La compresión de todo el sistema de gestión alimentaria, de la región al hogar y del hogar a la región, es esencial para cualquier programa de seguridad alimentaria. De ahí que la atención que la ciudad le está dando y la preocupación por implementar un plan coherente que lo estructure y lo optimice, más que un aspecto netamente técnico, contiene en su formulación una apuesta política plausible hacia la superación de modelos asistenciales, contemplando elementos estructurales implicados en el acceso a la alimentación. Debemos, ahora, darle continuidad a la integración regional, trabajando en conjunto con la Gobernación y el Área Metropolitana. Quienes participaron en el congreso están de acuerdo con este reto y lo enriquecieron con temas como la necesidad de que el Estado regule y controle la intermediación que domina el mercado agroalimentario, asegurando precios justos para productores y consumidores; algunas mujeres hablaron, incluso, de incentivar la oposición al TLC desde la idea de fortalecer la capacidad autónoma de producir alimentos. Otras ideas emergentes fueron: -

Pactos entre regiones y entre las diferentes entidades territoriales para garantizar una gestión común y equitativa de los recursos. Pactos entre comunidades y ONG para incentivar mercados directos para producción primaria y alimentos transformados. Concertación de políticas para proteger a los diversos actores del proceso de producción, comercialización, transformación de alimentos, especialmente a las familias de pequeños productores agropecuarios y transformadores de alimentos, a los pequeños tenderos y a las familias consumidoras.

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Pactar subsidios a la economía campesina y a las iniciativas comunitarias. El Estado y las ONG deben propiciar e incentivar proyectos de agricultura urbana en lotes baldíos, patios, parques y donde sea posible, para el autoconsumo y para la venta. El plan debe contemplar la situación de los barrios subnormales donde no hay capacidad adquisitiva y también la desprotección que tienen predios privados en zonas de riesgo (natural, geológico, etc.). Como los pequeños productores urbanos y rurales no tienen cómo publicitar sus productos, se requiere que el estado y sus instituciones faciliten los medios para poder competir con las grandes cadenas de mercado.

Medellín con distrito rural consolidado y reconciliado con sus corregimientos: El desarrollo humano integral, a nivel regional, debe garantizar que gente del campo viva bien en el campo, que tenga un acceso óptimo y permanente a la alimentación, a servicios públicos e infraestructura, a educación, al empleo y al esparcimiento, de manera que la cuidad no siga siendo ese agujero negro al cual se dirigen inevitablemente todos aquellos que buscan una vida mejor. El Distrito Agrario apunta a un desarrollo rural sostenible, donde los campesinos puedan y quieran seguir viviendo en el campo, y donde la producción de alimentos sea más sana para el ambiente y más rentable en términos económicos. Debemos trabajar por el diseño de un modelo de educación contextualizada para la ruralidad, que fomente un desarrollo agropecuario sostenible. Es necesario consolidar y fortalecer los Comités Municipales de Desarrollo Rural, y trabajar porque exista articulación y coherencia de la intervención institucional para los corregimientos. Un gran reto es consolidar y desarrollar el acuerdo 016 (Distrito rural para Medellín), exigiendo su cumplimiento a las diferentes administraciones municipales. Esta propuesta se comparte por todas las personas asistentes al Congreso y se recomienda ligarla al desarrollo participativo de los corregimientos, definiendo una política de participación de los diferentes actores para el desarrollo y la consolidación de ese distrito rural. Se resalta la importancia ambiental, social y cultural de la ruralidad de Medellín y la urgencia de su conservación y proyección, de manera pactada con las comunidades. El Desarrollo rural Sostenible debe ser parte integral de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la ciudad como forma de proteger la economía campesina. También se comparte la necesidad de defender no sólo la economía, sino también la cultura campesina de Medellín y la región. Es necesario definir el modelo el Modelo integral para el desarrollo del Distrito Rural que integre la conservación de la biodiversidad, la agroecología y el agro-ecoturismo. Participación: Los programas y políticas públicas de seguridad alimentaria deben crear los mecanismos para la participación efectiva de hombres y mujeres,

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generando espacios de debate público, velando porque los programas del Municipio y la región se articulen en clave de seguridad y soberanía alimentaria, y diseñando estrategias y proyectos que garanticen un enfoque de política desde los derechos, integral, universal y diferenciada. Deben propiciar y apoyar las propuestas que surgen desde las mismas comunidades, más que imponer su visión unilateral de los problemas y soluciones; institucionalizar programas en torno a propuestas cuya naturaleza tiene que ver más con la espontaneidad y recursividad, propias de las comunidades, debe hacerse con la precaución necesaria para no frenar procesos endógenos, generando márgenes de libertad y participación voluntaria38. Durante el congreso hubo propuestas que reafirman algunas de las estrategias de las actuales políticas municipales como: promover la autogestión alimentaria con producción orgánica (sin químicos y con reutilización de material orgánico) a nivel urbano y rural; destinar y reglamentar el uso de espacios verdes para la Agricultura Urbana; Incorporar prácticas agrícolas en los centros educativos y de atención a la población adulta mayor; y construir, consolidar y apoyar redes sociales en cada componente del plan de gestión alimentaria. De todas maneras, se debe seguir impulsando el debate en torno a la seguridad alimentaria en diferentes escenarios para que no sea sólo competencia de expertos, sino un tema de dominio público, propiciando la participación de otros sectores, ausentes hasta ahora en los ámbitos de debate que abordan la seguridad alimentaria en Medellín. En ese sentido, se habló de la necesidad de desarrollar estrategias de formación, capacitación e información sobre los componentes de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Consolidar y hacer efectiva la política pública contenida en el acuerdo 038 y Medellín incluyente. De la manera como está planteada, esta política es un instrumento eficaz para alcanzar mayores niveles de equidad por medio de la inclusión y de su enfoque integral para combatir las causas del hambre. La seguridad alimentaria puede ser el eje articulador de políticas sociales que permitan superar las desigualdades, el hambre y la pobreza. La ciudadanía y las veedurías deben velar porque las diferentes administraciones municipales den cumplimiento al acuerdo y continuidad a Medellín Incluyente. Es necesario generar más espacios de divulgación y debate público e intersectorial sobre el acuerdo 038 y la política contenida en Medellín Incluyente, para que cada ciudadano y ciudadana se sensibilice frente a su derecho a la alimentación y conozca los medios de que el 38

Existe el peligro de frenar procesos endógenos al convertirlos en programas institucionales, como comentó recientemente una ciudadana respecto al programa de agricultura urbana implementado en el marco de Bogotá sin Hambre, durante la socialización del trabajo de Penca de Sábila y Vamos Mujer para Medellín Incluyente.

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estado dispone para darle cumplimiento. Desde el único aporte hecho por un representante del sector industrial en el Congreso, se recomendó la generación de reglamentación técnica en cuanto a inocuidad y bioseguridad en la transformación de alimentos, especialmente en cadenas de restaurantes y pequeñas empresas. Investigación participativa: La investigación científica en recursos biológicos, sistemas y tecnologías para la producción agroalimentaria no puede dejarse en manos de las grandes empresas nacionales o extranjeras; debemos exigir una mayor inversión pública para la consolidación de programas, grupos y centros de investigación, mediante alianzas estratégicas entre universidades, organizaciones sociales, asociaciones de productores campesinos y empresas locales, en busca de un aprovechamiento óptimo del sistema agroalimentario que permita producir valores agregados a la producción local y competir de manera sostenible en el ámbito de mercados globales, generando no sólo los ingresos necesarios para acceder a la alimentación, sino también una producción endógena para el autoconsumo. REFLEXIONES FINALES: Nos comprometemos con la contribución a la erradicación del hambre, la pobreza y la iniquidad desde la garantía del derecho integral la alimentación. La Medellín que soñamos es una ciudad que establezca una relación equitativa y recíproca entre sus áreas rurales y urbanas, y con las regiones que la abastecen; que articule y potencie las capacidades de los diversos sectores de la población en torno a la gestión alimentaria, partiendo del aprovechamiento sostenible de los recursos de las localidades y la región; que garantice formas democráticas de la propiedad, así como la disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico, inocuidad, calidad y aceptabilidad cultural de los alimentos, para todos y todas. Como balance general, podríamos decir que, a pesar de las preocupantes cifras de desnutrición y hambre que se reportan para la ciudad, el área metropolitana y el resto del departamento, Medellín hoy cuenta con la información y sobre todo con la voluntad política necesaria para trabajar hacia el logro de una seguridad alimentaria y nutricional que nos permita acceder a mejores condiciones de vida y mayores niveles de desarrollo humano. Aunque es incipiente, de cara a su trascendencia para nuestras vidas, el progresivo posicionamiento de esta temática en la agenda política local y regional, y en los ámbitos de discusión pública, hace pensar en escenarios futuros en los que todos y todas estemos mucho más capacitados para hablar de nuestro derecho fundamental a la alimentación, para ejercerlo y potenciarlo, y para exigir de los diferentes sectores involucrados que no se sigan vulnerando los derechos de los que aún no tienen voz. Las políticas alimentarias más recientes a nivel local y departamental, así como la legislación que las sustenta, muestran en sus planteamientos la comprensión de la

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alimentación como un hecho complejo y multidimensional, abordando aspectos interrelacionados como lo biológico-nutricional y lo social-cultural; lo rural y lo urbano; lo micro y lo macro; lo local, lo regional y lo global; todos ellos atravesados por elementos cruciales en nuestra época, como la perspectiva de género y la dimensión ambiental. Hoy también contamos con enfoques más participativos, que valoran el potencial de las personas para decidir su futuro y su capacidad para participar activamente en la toma de decisiones. Esto implica que ya no somos más beneficiarios pasivos de programas, sino sujetos colectivos e individuales de derecho. Podemos decir que contamos con la riqueza humana de un grupo cada vez más grande de ciudadanos y ciudadanas con un sentido firme de la corresponsabilidad, que se la juegan para lograr cambios positivos hacia una sociedad más justa. La articulación estratégica entre diferentes sectores y temáticas para la búsqueda de soluciones integrales y con instancias cada vez más amplias de gestión, representa uno de los grandes logros de las actuales políticas alimentarias, y a la vez su gran reto. Además de los retos enunciados arriba, y aunque se contemplan dentro de los programas existentes, la ciudad todavía no cuenta con información específica y detallada clara sobre la procedencia de sus alimentos y tampoco hay sistemas de información georreferenciados en seguridad alimentaria, para enfocar la atención y generar acciones que optimicen el sistema de gestión de alimentos de la ciudad y la región. Se debe revisar el Plan de Ordenamiento Territorial y adecuarlo a la información que arrojen dichos sistemas, desde el enfoque de integración regional.

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