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Medio ambiente y planificación A 2015, volumen 47, páginas para más información. Entra en www.DeepL.com/pro 850 - 866

doi:10.1068/a140194p

Mercados, naturaleza, neoliberalismo y conservación a través de áreas protegidas privadas en el sur de Chile George Holmes Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, Inglaterra; correo electrónico: [email protected] Recibido el 13 de abril de 2014; en forma revisada el 19 de noviembre de 2014 Resumen. En los últimos años ha surgido una vibrante literatura que explora los movimientos hacia formas neoliberales de conservación, con un papel reducido para el Estado y un mayor papel para los mercados y los actores privados y de la sociedad civil. Sin embargo, se necesitan estudios que exploren cómo y por qué ha surgido esta tendencia, y qué impacto tiene tanto en las personas como en la naturaleza. El autor ofrece un examen detallado de las áreas protegidas privadas, que a menudo están asociadas con los enfoques neoliberales de la conservación, en Chile, un país que ha tenido un largo y profundo compromiso con el neoliberalismo. Se ha comprobado que las áreas protegidas privadas muestran una amplia gama de actitudes hacia el uso de los mercados en la conservación, desde el entusiasmo hasta la hostilidad. Sin embargo, todos han sido posibles, e incluso incentivados, por los mercados inmobiliarios liberalizados de Chile y los productos de la cultura política individualista de anteriores reformas neoliberales dentro de la sociedad y la economía de Chile. Como tales, sólo representan un desafío limitado a las consecuencias sociales y ambientales de la integración de los recursos naturales del sur de Chile en las cadenas económicas neoliberales globales. El autor enfatiza la importancia de considerar cómo las reformas económicas, políticas y sociales neoliberales más amplias han permitido que ciertas formas de conservación surjan y prosperen. Palabras claves: neoliberalismo, naturaleza, conservación, área protegida, biodiversidad

En los últimos años, un cuerpo emergente de investigación dentro de la geografía ha explorado la neoliberalización de la naturaleza, la integración del mundo material en los mercados de maneras cada vez más variadas, las lógicas detrás de esta tendencia y los procesos mediante los cuales se produce (Castree, 2008). La naturaleza en muchas formas, desde los recursos tradicionales (productos agrícolas, bosques) a las socionaturas (el cuerpo humano, los organismos genéticamente modificados) o las formas más abstractas (servicios de los ecosistemas), se está convirtiendo cada vez más en mercancía comercializable, sujeta a una regulación decreciente por parte de los Estados y otros actores, y cada vez más gobernada por las fuerzas del mercado y las lógicas como parte de una mayor aceptación de los mercados dentro de la sociedad. Parte de esta literatura explora la conservación neoliberal: el despliegue de las lógicas y herramientas del capitalismo de libre mercado para salvar la naturaleza. La conservación neoliberal promete escenarios seductores en los que todos ganan: preservar la biodiversidad en peligro, salvar los hábitats y prevenir el cambio climático a través de procesos basados en el mercado, como el pago por los servicios de los ecosistemas, la compensación de la biodiversidad y el ecoturismo, al tiempo que contribuye al crecimiento económico y la prosperidad (Igoe y Brockington, 2007). La conservación neoliberal pretende resolver cualquier problema ambiental que surja del capitalismo global de libre mercado. La literatura en expansión ha esbozado las generalidades de la tendencia, la variación y heterogeneidad dentro de ella, y las tensiones entre las teorías sobre cómo debería funcionar la conservación neoliberal y las observaciones empíricas de la misma en

Medio ambiente y planificación A 2015, volumen 47, páginas 850práctica - 866 (Büscher et al, 2012; Roth y Dressler, 2012). La conservación neoliberal ha sido la

criticada por su arrogancia, sus ineficiencias en la conservación de la biodiversidad o en la mejora de los medios de subsistencia, por facilitar el acaparamiento de tierras y recursos por parte de actores poderosos a expensas de los más vulnerables, y por apoyar sistemas económicos insostenibles (Büscher et al, 2012; Igoe y Brockington, 2007). Por lo tanto, es importante entender el potencial de la conservación neoliberal para lograr formas de conservación natural ambientalmente sostenibles y socialmente justas.

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la gobernanza de los recursos en un contexto en el que la naturaleza está cada vez más sujeta a las lógicas del mercado. Este documento explora tres cuestiones vinculadas: ¿cómo se ha comprometido la conservación con el neoliberalismo; por qué podría estar haciéndolo; y qué efectos tiene esto tanto para las personas como para el medio ambiente? Para responder a estas preguntas, se centra en las áreas protegidas privadas (PPA), una estrategia de conservación considerada como una forma neoliberal de conservación (Büscher y Wande, 2007; Fletcher, 2010; Igoe y Brockington, 2007). Los PPA son reservas naturales, parques nacionales, santuarios y otros lugares designados para la conservación de la biodiversidad que son propiedad y están controlados por un actor privado, incluyendo individuos, corporaciones, ONGs o cooperativas (Dudley 2008). Si bien existen pruebas anecdóticas sustanciales de que los CCE están creciendo en número y extensión, en gran medida están ausentes de las literaturas de las ciencias sociales y naturales sobre conservación, y no existen estudios empíricos detallados previos sobre su compromiso con el neoliberalismo, a pesar de que están implicados en debates más amplios sobre el acaparamiento de tierras y recursos en el marco del neoliberalismo global (Carter et al, 2008; Holmes, 2014; Langholz y Lassoie, 2001). Este trabajo explora los PPAs en Chile: este es un estudio de caso ideal para entender cómo el neoliberalismo y la conservación podrían interactuar a través de los PPAs debido a que Chile tiene un gran número de PPAs más de 300, cubriendo el 2,12% de la superficie del país (Holmes, 2014)- y porque Chile ha visto quizás el compromiso más largo y profundo con el neoliberalismo de cualquier país, donde sus recursos naturales están cada vez más integrados en las cadenas capitalistas globales (Valdés, 1995). Este documento considera cómo los PPAs se están comprometiendo con la neoliberalización más amplia de los recursos naturales en el sur de Chile y si los PPAs están haciendo esto más beneficioso desde el punto de vista social y ambiental. Comienza explorando lo que define la conservación neoliberal y cómo encajan los PPAs en esto, antes de examinar la heterogeneidad de los PPAs chilenos en detalle. Definir la conservación neoliberal La literatura sobre la conservación neoliberal es demasiado amplia y diversa para resumirla de manera concisa, dado que muchos fenómenos han sido etiquetados como conservación neoliberal en contextos variados, agravados por definiciones imprecisas del neoliberalismo en gran parte de la literatura (Barnett, 2005; Büscher et al, 2012; Igoe y Brockington, 2007). Sin embargo, algunos puntos en común sobre lo que define la conservación neoliberal son identificables en la literatura, aunque no todos los estudios de caso identificados como conservación neoliberal comparten todas estas características. En primer lugar, la conservación neoliberal se entiende generalmente como una mezcla de ideología y prácticas, tanto de maneras de pensar sobre cómo salvar la naturaleza en términos capitalistas, como de proyectos, estructuras y técnicas específicas que utilizan enfoques capitalistas para conservar la biodiversidad (Büscher et al, 2012; Castree, 2008; Igoe y Brockington, 2007). En segundo lugar, el papel del Estado está cambiando. Los Estados están dejando de intervenir directamente en la conservación de la biodiversidad, pero, en cambio, están facilitando un mayor papel para el sector privado y la sociedad civil en la conservación mediante la creación de estructuras de mercado, incentivos y otras medidas de apoyo. Por ejemplo, Robertson (2004) muestra cómo el estado de Estados Unidos se ha retirado de las intervenciones directas para proteger los humedales, pero en su lugar ha creado un mercado de créditos de humedales en el que los promotores que destruyen humedales pueden pagar para que se conserve o se cree uno en otro lugar. La intervención del Estado es esencial en el delicado proceso de convertir recursos naturales, como los humedales, en productos comercializables, como los créditos de humedales (Hodge y Adams, 2012). En tercer lugar, los mercados se han convertido en un elemento central para salvar la

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biodiversidad. Se han ampliado las prácticas y técnicas existentes para salvar la naturaleza vendiéndola, como el ecoturismo, y se han creado otras nuevas, como los pagos por servicios de los ecosistemas o los bancos de humedales (Brockington et al., 2008). Han surgido nuevos discursos que tienen una actitud triunfalista hacia el potencial de los mercados para resolver todos los problemas de conservación (Dressler y Roth, 2011). Las distinciones entre conservación como filantropía y conservación como empresa se difuminan deliberadamente bajo las ideas del filantropismo, que considera que la filantropía basada en el mercado es más eficiente e innovadora que los enfoques tradicionales (Holmes, 2012).

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Los discursos neoliberales ven al capitalismo no como una amenaza a la biodiversidad, sino como parte de la solución, con el supuesto de que el crecimiento económico es necesario para conservar la biodiversidad (Büscher et al, 2012). Las contradicciones se pasan por alto o se presume que se resuelven cuando los discursos neoliberales prometen soluciones que funcionan para la naturaleza, la gente y la economía, sin necesidad de compromisos o conflictos (Igoe y Brockington, 2007). En cuarto lugar, la sociedad civil ha crecido al lado de los mercados, y las ONG han crecido en número, tamaño y prominencia. Las ONG conservacionistas se han vuelto más parecidas a las empresas en su estructura y operaciones, desarrollando vínculos más estrechos con las corporaciones e incluyendo prácticas de mercado en sus estrategias de conservación (Corson, 2010; Holmes, 2011). El mayor papel de los actores privados y de la sociedad civil en áreas que tradicionalmente eran dominios del Estado ha desdibujado la distinción entre el Estado, el mercado y la sociedad civil (Brockington y Scholfield, 2010; Hodge y Adams, 2012; Holmes, 2012; Igoe y Brockington, 2007). Los geógrafos que estudian la conservación neoliberal han realizado trabajo de campo no sólo en los bosques, pastizales y otros lugares donde se están implementando proyectos de conservación neoliberal, sino también en los salones de conferencias, ministerios y salas de reuniones donde se circulan las ideas y se llegan a acuerdos, y donde las líneas entre el estado, el mercado y la sociedad civil son borrosas. En quinto lugar, se han identificado dos razones complementarias para la neoliberalización de la conservación. Algunos estudiosos lo han analizado a través de la lógica del capitalismo, ya que el capital ve el negocio de salvar la naturaleza como una nueva frontera para la expansión económica, con dinero que se obtiene de la conservación de la biodiversidad (Büscher et al, 2012; Castree, 2008; Igoe y Brockington, 2007), lo que Büscher y Fletcher (2014) llaman acumulación por conservación. Otros han analizado cómo los conservacionistas han visto al neoliberalismo como la fuerza dominante en el mundo actual y, por lo tanto, cómo comprometerse con él puede ser la mejor manera de conservar la naturaleza (Corson, 2010; Holmes, 2012). Esta última razón es particularmente relevante para entender el potencial de la conservación neoliberal para producir una forma más sostenible de capitalismo global. La conservación neoliberal ha sido criticada por perjudicar tanto a las personas como a la naturaleza. Los proyectos individuales no han logrado los beneficios sociales y ambientales prometidos, o han exacerbado los problemas existentes, mientras que la conservación neoliberal en general ha sido acusada de facilitar el acaparamiento de tierras y recursos por parte de actores poderosos, y de apoyar un sistema económico injusto e insostenible (Büscher y Wande, 2007; Igoe y Brockington, 2007). La conservación neoliberal también puede ser beneficiosa para las comunidades, como cuando el retroceso del Estado permite a las comunidades rurales poseer y beneficiarse de los recursos naturales locales (Benjaminsen y Bryceson, 2012). Si bien es importante definir claramente la conservación neoliberal e identificar sus generalidades, un enfoque tan amplio debería ser atenuado examinando empíricamente cómo operan los proyectos de conservación supuestamente neoliberales. Deben reconocerse las particularidades y variaciones locales: cómo se están neoliberalizando los diferentes recursos en diferentes lugares de manera única (Castree, 2008). Las medidas de conservación neoliberales en cualquier lugar están fundamentalmente moldeadas por los legados de los esquemas de conservación anteriores y contemporáneos, las estructuras de gobierno, las relaciones sociales y muchos otros factores específicos de cada lugar (Dressler y Roth, 2011; Hodge y Adams, 2012; Roth y Dressler, 2012). Existe una brecha entre la retórica sobre la conservación neoliberal, tanto de quienes la proponen como de quienes la critican, y la realidad de cómo se implementan estos enfoques en el terreno, con cuidadosos exámenes empíricos de proyectos de conservación supuestamente neoliberales que

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encuentran que se ajustan a la teoría neoliberal sólo en un sentido limitado (Igoe y Brockington, 2007, Roth y Dressler, 2012). Los estudios sobre la conservación neoliberal se han centrado en lo que es nuevo y diferente de los esfuerzos de conservación anteriores, pero han descuidado considerar lo que sigue siendo lo mismo y por qué (Roth y Dressler, 2012). Características clave de la conservación neoliberal, como el uso de los mercados,

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fueron parte de la conservación mucho antes del surgimiento del neoliberalismo en la década de 1980, aunque en menor medida y sin el mismo discurso triunfalista (Roth y Dressler 2012). Pocos geógrafos han considerado contrafactuales en las discusiones sobre el neoliberalismo -qué tipo de gobernanza ambiental podría estar presente si las políticas neoliberales estuvieran ausentes-, lo cual es importante para alejarse de las generalizaciones demasiado crudas y acercarse a una comprensión más matizada de la conservación neoliberal (Castree, 2008; Hodge y Adams, 2012). Este documento toma estas ideas y las aplica al caso de los CCE en el sur de Chile. Los CCE han sido considerados neoliberales de dos maneras. En primer lugar, Igoe y Brockington (2007) y Fletcher (2010; 2012) consideran los PPAs como parte de las tendencias dentro de la conservación neoliberal para que los actores privados y de la sociedad civil reemplacen al estado en la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, la Red Africana de Parques se encarga de todos los aspectos de la financiación y gestión de las áreas protegidas estatales que se consideran deficientes, operándolas como áreas cuasiprivadas, financiadas a través del ecoturismo de lujo (Holmes, 2012). En Sudáfrica, las reservas privadas de caza surgieron tras las reformas legales de principios de la década de 1990 -que permitieron a los terratenientes poseer y comercializar la vida silvestre- y ahora ocupan una superficie mayor que las áreas protegidas estatales (Gallo et al, 2009; Snijders, 2012). En segundo lugar, Büscher y Wande (2007) ven los CCE como otra forma de incorporar las actividades comerciales a la conservación de la biodiversidad, en particular a través de CCE con fines de lucro. Los PPAs pueden generar ingresos de la conservación ya sea directamente, principalmente a través del ecoturismo, pero también a través de los pagos por los servicios de los ecosistemas, o indirectamente, como por ejemplo, aumentando los precios de las propiedades para los propietarios y desarrolladores y permitiendo a los grandes terratenientes evitar las reformas agrarias (Holmes, 2012; 2013). Así como el uso de los mercados, la propiedad privada o los actores no estatales no hace necesariamente neoliberal ninguna intervención de conservación (Roth y Dressler, 2012), así también se deduce que aunque los CCE representan la acción privada en un área tradicionalmente del dominio del Estado, dependen de los derechos de propiedad privada y a menudo involucran mecanismos de mercado, no son necesariamente una forma neoliberal de conservación. Algunos PPAs surgieron hace más de 100 años, mucho antes del neoliberalismo (Hodge y Adams, 2012). En muchos casos no está claro si los CCE están reemplazando los esfuerzos de conservación del estado, es decir, si el estado tendría políticas de conservación diferentes si los CCE estuvieran ausentes. En Sudáfrica, mientras que las políticas estatales actuales consideran las reservas de caza como parte de los esfuerzos nacionales de conservación de la biodiversidad junto con las reservas estatales, creando incentivos y normas de gestión para una mejor gestión, las reformas iniciales que convierten la vida silvestre en un producto comercializable y de propiedad se crearon para permitir a los propietarios rurales desarrollar nuevos negocios, no por razones de conservación (Carruthers, 2008; Snijders, 2012). Del mismo modo, algunos CCE son empresas con ánimo de lucro; otros incluyen algunas actividades empresariales para compensar costes pero no buscan beneficios; y otros dependen de actividades ajenas al mercado, como las donaciones, para sus ingresos. Al igual que con otras intervenciones de conservación, lo que distingue a los CCE neoliberales de sus contrapartes no neoliberales es el grado en que los mecanismos de mercado -en particular, las nuevas formas de mercantilización de la naturaleza (por ejemplo, los pagos por servicios de los ecosistemas)son parte integrante de sus operaciones, el grado en que facilitan una reducción de la intervención directa del Estado en la conservación, y el grado en que van acompañados de discursos triunfalistas que exponen a los mercados como la única manera de conservar la biodiversidad de manera efectiva y al mismo tiempo producir beneficios sociales. Aunque sujetos a pocos estudios, los PPAs están sujetos a las mismas críticas que otras

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formas de conservación neoliberal. Realizan una contribución relativamente pequeña a la cobertura mundial de áreas protegidas, aunque en algunas regiones pueden cubrir más tierras que las áreas protegidas estatales, incluyendo mayores cantidades de tierras con alto valor de biodiversidad (Gallo et al, 2009, Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2012; Snijders, 2012). Existen dudas sobre su efectividad en la conservación de la biodiversidad, y sobre si los propietarios tienen suficiente experiencia y recursos para la conservación a largo plazo (Langholz y Lassoie 2001, Pasquini et al, 2011).

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Por ejemplo, los PPA con fines de lucro creados en Australia como una crítica explícita de las ineficiencias e insuficiencias en la conservación del estado no generaron suficientes ingresos y se declararon en quiebra (Figgis, 2006). La búsqueda de ingresos puede empujar a los PPAs a sobrecargar sus tierras con especies que atraen a los turistas, en lugar de fomentar composiciones más ecológicamente equilibradas (Snijders, 2012). Los críticos han implicado a los PPA en el acaparamiento de tierras y en permitir que los grandes terratenientes evadan los procesos de reforma agraria (Holmes, 2014; Langholz et al, 2000; Snijders, 2012). Los PPAs pueden reforzar ciertas ideas de élite sobre el paisaje y la identidad (Jones, 2011), y pueden permitir el lavado verde de las empresas individuales que crean PPAs y del capitalismo en general. El neoliberalismo en Chile Chile fue el primer país en comprometerse con el neoliberalismo, bajo el gobierno del General Augusto Pinochet (1973-90). Durante muchas décadas Chile sufrió de una desigualdad significativa, particularmente entre la clase terrateniente rica y poderosa y la gran clase campesina sin tierra, lo que llevó a esta última a exigir reformas radicales. El gobierno reformista moderado de Eduardo Frei Montalba (1964-70) había introducido algunas reformas, pero la coalición socialista de Salvador Allende (1970-73) era más radical, nacionalizando industrias clave e introduciendo reformas agrarias a gran escala. Estas reformas precipitaron una crisis política y económica que desembocó en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El régimen de Pinochet comenzó su compromiso con el neoliberalismo invirtiendo muchas de las reformas de la era Allende, vendiendo propiedades estatales y devolviendo tierras redistribuidas. Guiado por los"Chicago Boys", economistas entrenados por Milton Friedman, que vieron la oportunidad de poner en práctica la teoría económica de Hayekian, el régimen comenzó a arraigar las reformas neoliberales en la estructura de la economía y la sociedad de Chile. Como señala Valdés (1995), el régimen de Pinochet intentó una transformación rápida, completa y permanente de la sociedad chilena, tal como lo había hecho Allende, aunque en la dirección opuesta. En lugar de una sociedad guiada por la solidaridad, la igualdad y la generosidad propuestas por el régimen socialista, trataron de crear una sociedad basada en los principios de la eficiencia del libre mercado y la moralidad libertaria, las libertades económicas, la racionalidad y la libertad individual. El régimen redujo drásticamente el Estado, fortaleció los derechos individuales de propiedad privada, liberalizó el sector financiero, abrió la economía al comercio y la inversión internacionales y eliminó los aranceles a la importación y otras restricciones comerciales. Cimentaron las primeras reformas neoliberales en la constitución de 1980 y las modificaron después de la crisis financiera de 1982, con nuevas modificaciones provenientes de la serie de gobiernos de centro-izquierda en el poder desde la restauración de la democracia en 1990. Sin embargo, estos cambios han sido modestos en relación con la transformación radical de todos los aspectos de la sociedad y la economía de Chile provocada por el movimiento hacia el neoliberalismo. La neoliberalización de Chile se ha comprometido con los temas ambientales de varias maneras. El régimen de Pinochet dejó en gran medida la regulación ambiental en manos del mercado, como en todos los aspectos de la planificación, con controles gubernamentales débiles y mínimos. Los gobiernos de la era democrática continuaron con este enfoque de regulación ligera. Tecklin et al (2011) caracterizan la Ley Marco Nacional del Medio Ambiente de 1994, que es la base de las regulaciones ambientales, como'habilitadora del mercado', facilitando en lugar de previniendo proyectos. Los sucesivos gobiernos han impulsado desarrollos a gran escala, en particular proyectos de infraestructura o industriales, a pesar de las importantes preocupaciones ambientales. Las recientes fallas de alto perfil de la regulación ambiental han aumentado las presiones para las reformas, sin embargo, los gobiernos continúan enfatizando que la protección ambiental no debe impedir

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el crecimiento económico (Latta y Aguayo, 2012; Sepúlveda y Villaroel, 2012). En segundo lugar, el régimen de Pinochet consideraba que las industrias primarias, en particular la minería, la agricultura, la pesca y la silvicultura, eran la fuente de la prosperidad de Chile, y las apoyaba en consecuencia. Se promovieron los exportadores a gran escala a expensas de los mercados nacionales y de los pequeños productores (Murray, 2002). Por ejemplo, el Estado vendió tierras a empresas forestales a precios muy reducidos y subvencionó en gran medida la creación de plantaciones de árboles. Entre 1970 y

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En 1996 el sector forestal se expandió a un ritmo tres veces superior al de la economía chilena, convirtiéndose en el segundo mayor exportador, detrás del cobre, y convirtiendo a las empresas forestales en los mayores terratenientes del sur de Chile (Carruthers y Rodríguez, 2009; Meza, 2009; Niklitschek, 2007). La agricultura, la pesca y la silvicultura han tenido impactos ambientales significativos (Latta y Aguayo, 2012). Grandes áreas de bosque nativo han sido reemplazadas por plantaciones exóticas, reduciendo la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, aunque en 2008 se introdujeron regulaciones e incentivos para los bosques nativos protegidos. En tercer lugar, se fortalecieron y reforzaron los derechos de propiedad individuales para fomentar la inversión, en particular la inversión extranjera, con un mínimo de control o supervisión central. La planificación y el desarrollo rural se dejaron en manos del mercado. El régimen de Pinochet introdujo reformas legales que facilitaron la parcelación de la propiedad comunal, afectando particularmente las tierras indígenas (Azócar et al, 2005). Chile tiene una fuerte tradición legalista desde hace mucho tiempo anterior al régimen de Pinochet, con respeto por el proceso legal, lo que le dio especial fuerza a estas reformas neoliberales de la propiedad (Tecklin et al, 2011). El despliegue del Estado creó nuevos productos básicos basados en los recursos ambientales, en particular el código de aguas de 1981, que separaba los derechos de uso de los recursos hídricos de la propiedad de la tierra, y permitía que se reclamaran y posteriormente se comercializaran sobre la base de que los mercados aumentarían la eficiencia por encima de la reglamentación estatal (Budds, 2004). Las grandes compañías hidroeléctricas han asegurado los derechos de agua de casi todos los ríos del sur de Chile en previsión de futuros proyectos de generación de energía. Estas reformas neoliberales de la era Pinochet se combinaron para polarizar la propiedad de la tierra, con las compañías forestales, agrícolas, mineras y de agua acumulando grandes cantidades de tierra, y los gobiernos de la era democrática no han querido o no han sido capaces de desafiar esta desigualdad o sus causas (Murray, 2002; Latta y Aguayo, 2012; Nikitschek, 2007). Finalmente, mientras que el medio ambiente era una cuestión en torno a la cual se unieron los opositores al régimen de Pinochet, la dictadura dejó un legado de debilitamiento de la sociedad civil en muchas áreas, incluidas las cuestiones ambientales. Mientras que algunas exploraciones de la conservación neoliberal destacan cómo las ONG y la sociedad civil tienen un mayor papel bajo el neoliberalismo, el contexto represivo en el que se introdujo el neoliberalismo significa que éste no es el caso en Chile (Carruthers, 2001). Áreas protegidas privadas en Chile Esta sección explora los orígenes y la heterogeneidad de los PPA -especialmente sus enfoques de la conservación basada en el mercado- para investigar las diversas maneras en que se relacionan con el neoliberalismo. Esta investigación se basa principalmente en entrevistas semiestructuradas con cuarenta y siete personas, realizadas entre septiembre y diciembre de 2011. Cuarenta entrevistados eran propietarios o gestores de CCE, lo que representa un total de cuarenta y siete CCE de entre 50 y más de 300 000 hectáreas, con una superficie total combinada de más de 1 250 000 hectáreas. Esto abarca más del 90% del área total cubierta por los PPAs en la región del estudio, e incluye todos los tipos de propiedad, incluyendo corporaciones, ONGs, cooperativas e individuos. Los otros siete entrevistados trabajaban para organizaciones del sector público o privado que interactuaban con los CCE pero no tenían ninguno. Se realizaron 41 entrevistas en español (traducidas por el autor) y 6 en inglés. Dos eran entrevistas telefónicas y el resto cara a cara. La mayoría de los entrevistados optaron por el anonimato. Para seleccionar a los entrevistados, construí una base de datos de todos los PPAs en Chile, basada en el trabajo de Maldonado y Faundez (2005), complementada con búsquedas adicionales en Internet. Estas búsquedas también produjeron detalles de contacto para los propietarios y gerentes de muchos PPAs para

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entrevistas iniciales, y la bola de nieve produjo más entrevistados. Durante las entrevistas, los temas discutidos incluyeron motivaciones detrás de la creación del PPA, y estrategias de financiamiento y gestión. Otros entrevistados procedían de búsquedas en los ministerios pertinentes y de grandes ONG conservacionistas. Los debates con estos temas se centraron en cómo y por qué estas organizaciones interactuaron con los CCE. Además, he analizado

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documentos y literatura gris sobre los CCE, y observó varias reuniones relacionadas con los CCE, tales como lanzamientos de campañas y talleres de políticas. Los PPAs salieron a la luz pública en Chile a principios de la década de 1990 con la creación del Parque Pumalín por Douglas Tompkins, un empresario estadounidense que había ganado su dinero al cofundar dos empresas internacionales: The North Face (ropa de montaña) y Esprit (moda). Al retirarse del negocio en 1990, comenzó a comprar propiedades en el norte de la Patagonia, un lugar con el que tenía un largo conocimiento como montañero y esquiador, para conservar el bosque húmedo templado de la zona. Para 1994 había gastado aproximadamente US$25 millones comprando 270 000 ha en dos segmentos no contiguos, y anunció la creación del Parque Pumalín (Humes, 2009). El parque dividió a Chile, extendiéndose desde la costa del Pacífico hasta la frontera con Argentina, lo que llevó a las fuerzas armadas a plantear preocupaciones de seguridad nacional sobre el proyecto. Además, Tompkins se inspiró en una larga tradición estadounidense de filantropía de la conservación, pero tales actividades no tenían precedentes en Chile y sus motivos fueron cuestionados por políticos, medios de comunicación y el público chileno. A estas preocupaciones se sumó la estrategia de Tompkins de comprar tierras en silencio, a través de una serie de intermediarios, para mantener sus actividades en secreto y evitar que los vendedores subieran sus precios. Surgieron teorías de conspiración de que el parque era: un frente para un golpe de la CIA, un complot sionista para convertir a la Patagonia en una nueva patria judía, un sitio secreto para una mina de oro o un vertedero de desechos nucleares, o un complot para controlar los recursos hídricos (Holmes, 2014; Humes, 2009). Preocupaciones más serias lo vieron como una amenaza para el desarrollo nacional, ya que bloqueaba recursos naturales que de otra manera podrían ser utilizados para el crecimiento económico, y porque podría aislar el sur de Chile del resto del país al impedir que la electricidad y la infraestructura vial planificada cruzaran la propiedad. Tompkins también fue acusado de coaccionar a pequeños agricultores para que le vendieran sus tierras. El proyecto fue ampliamente criticado por los políticos, incluyendo al entonces presidente Eduardo Frei, y en 1997 Tompkins firmó un acuerdo con el gobierno de Frei en el que se comprometía a abstenerse de comprar más tierras en la región y a permitir que infraestructuras de importancia nacional cruzaran sus tierras. Esto fue notable y no cedido, dados los fuertes derechos de propiedad privada individual de Chile y su actitud de bienvenida hacia otros terratenientes extranjeros en la región, como las empresas hidroeléctricas y forestales (Nelson y Geisse, 2001). Desde entonces, el acuerdo ha sido anulado y Tompkins ha comprado posteriormente 330.000 ha adicionales en el sur de Chile con fines de conservación; no se ha desarrollado ninguna infraestructura en Pumalín debido a su vertiginoso terreno. Tompkins se ha comprometido públicamente desde hace mucho tiempo a donar todas sus propiedades al sistema estatal de áreas protegidas, pero las donaciones hasta la fecha han sido mínimas, en parte debido a las barreras legales para donar tierras privadas al estado, pero también debido a la persistente desconfianza mutua entre los políticos chilenos y Tompkins. Los CAE han seguido ampliándose. Existen aproximadamente 312 PPAs en Chile, que cubren 1607 195 ha, lo que equivale al 2,12% de la superficie total de Chile, en comparación con el 18% cubierto por el sistema estatal (Holmes, 2014). Este estudio se enfoca en el sur de Chile, definido aquí como las regiones 10ª, 11ª, 12ª y 14ª, ya que el 87% del área contenida en los PPAs (1393 331 ha) se encuentra aquí. Como se describe más adelante, los CCE chilenos pueden caracterizarse por su heterogeneidad de tamaño, tipos de propietarios y actitudes hacia los mercados. Son varios los factores que han impulsado su aparición en el sur de Chile. En primer lugar, los conservacionistas tenían menos posibilidades de salvar la naturaleza en comparación con la situación en otros países. A pesar del retorno de la democracia, la sociedad civil sigue siendo débil después de la represión bajo la dictadura, la industria ha capturado las regulaciones ambientales, mientras

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que la neoliberalización de Chile ha creado una cultura que enfatiza el papel del individuo sobre las acciones colectivas (Carruthers, 2001; Tecklin et al, 2011). La creación de los CCE encaja en esta idea de acción individual y no de la sociedad civil. Aunque los CCE comenzaron a expandirse en la década de 1990, no hubo coordinación a escala nacional entre los CCE chilenos hasta el establecimiento en 2009 de Asi Conserva Chile,

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una asociación nacional para áreas protegidas comunitarias y privadas. En segundo lugar, como se demuestra más adelante, el potencial de beneficios de los CCE a través de la especulación sobre el precio de la tierra, el ecoturismo, el comercio de carbono, el desarrollo inmobiliario u otras oportunidades ha atraído a muchos actores. La búsqueda de ganancias a través de la conservación en el sur de Chile es parte de la apertura de los recursos naturales de la región a los mercados globales, con la especulación paralela de empresas forestales, hidroeléctricas y acuícolas. Han surgido corredores inmobiliarios especializados para facilitar y aprovechar el creciente interés en las tierras de conservación (Holmes, 2014). En la región se ha registrado un aumento de la inversión en tierras en la última década, gran parte de la cual es especulativa y está impulsada por el aumento de los precios de la tierra. Aunque las cifras confiables son escasas, algunos entrevistados indicaron que los precios promedio estaban aumentando a un ritmo del 20% anual, y José Tapia y Muñoz (2012) indican que los precios aumentaron un 115% entre 2006 y 2011. Uno de estos corredores especializados explicó los orígenes de su negocio: “ Cuando se produjo la crisis global[en 2008], la gente se asustó y trajo su dinero que estaba en el extranjero de vuelta a Chile, para invertir en áreas seguras. Y pensamos, ¿qué hay más seguro que comprar tierra? No pierde valor, puedes vivir allí, puedes desarrollar un proyecto allí durante diez años, etc.". Incluso cuando los propietarios no buscan los máximos beneficios de sus CCE, la compra de tierras se considera un refugio seguro para el ahorro y, al mismo tiempo, para la protección del medio ambiente. Un entrevistado lo notó: "Invertir en una propiedad es algo que se valora en Chile, que aunque casi no tengas nada, compra algo, una casa, cualquier cosa. Un título para un pedacito de tierra es parte de nuestra cultura. Tiene que ver con la seguridad económica de la gente, de las familias, por lo que este concepto, que se traduce en términos de conservación, atrae a mucha gente..... Ven esto como una inversión, con la posibilidad de vender para recuperar su dinero". En tercer lugar, si bien los precios de la tierra han experimentado un rápido aumento reciente, antes de que estas grandes e intactas extensiones de tierra pudieran adquirirse a bajo costo, lo que la hace más atractiva que otras áreas de Chile o de otros países. Un extranjero comentó eso: "La razón por la que hay tantas áreas en la Patagonia... es que existe la posibilidad, me encantaría tener un área en las montañas[del país europeo] que pueda proteger. Es simplemente imposible. Precio, todo está construido sobre la base de. Enfrentémoslo, en Europa no hay mucho que proteger". Los entrevistados chilenos comentaron que, mientras que otras áreas de Chile son altamente biodiversas y están severamente amenazadas, éstas tienen menos áreas protegidas privadas o estatales en parte porque la tierra es mucho más caro. En cuarto lugar, la cultura legalista de Chile y los fuertes derechos de propiedad individual, producto de las reformas neoliberales, hacen que sea fácil para los individuos comprar tierras para cualquier propósito, incluyendo la conservación. Reflejando esta facilidad para comprar tierras, algunos entrevistados comentaron que su compra fue parcialmente impulsiva: “ [Lo compré] porque apareció. Una oportunidad. Era un precio decente en ese momento, estaba allí, una situación única. La oportunidad surgió, fue un capricho" (propietario de PPA de aproximadamente 2000 ha). “ Acabamos de recorrer la Patagonia y un día.... visitamos la zona, nos gustó, y resultó que no sólo la pequeña parcela que visitamos estaba a la venta, sino que la familia de alrededor también estaba interesada en venderla, y la compramos" (propietario de PPA de aproximadamente 2000 ha).

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"no era un grupo de personas que buscaban un lugar para conservar, sino todo lo contrario. Los propietarios lo pusieron a la venta, y había gente que lo había visto antes y, lo que es más, adivinaron que quien lo compró lo compraría con fines no muy parecidos a la conservación. Así que decidieron actuar" (representante de PPA de aproximadamente 1000 ha). A diferencia de otros países, casi no existen restricciones a la inversión extranjera en tierra, lo que hizo que el acuerdo entre Tompkins y el gobierno de Frei fuera tan inusual (Nelson y Geisse, 2001). Mientras que esta situación tenía por objeto atraer la inversión extranjera en la industria,

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también ha atraído inversiones en conservación-un representante de un PPA con fines de lucro explicó que trabajan en Chile porque: "tienes un estado de derecho muy fuerte, tienes muy buenos derechos de propiedad privada, no tienes problemas de título masivos..... Por lo tanto, no es casualidad que si vas a intentar probar algo como esto[nuestra estrategia], probarlo en un lugar como éste, en lugar de probarlo en Brasil, es obvio". En quinto lugar, los hermosos paisajes del sur de Chile han atraído tanto a conservacionistas extranjeros como chilenos. Mientras que la mayoría de los chilenos, incluyendo a los propietarios de PPAs en el sur de Chile, viven en el centro árido del país, ellos prefieren establecer PPAs en el sur, en parte por razones estéticas. Un propietario de un PPA con sede en Santiago comentó: "para la persona promedio[Chile central] no es tan bonita como el sur. Tienes más cactus, es más seco, no tienes volcanes, glaciares, cascadas como en el sur, lagos. Así que la persona promedio que busca algo fantástico, y esta es una de las motivaciones por las que se crean las áreas protegidas privadas, la gente busca la belleza". Finalmente, Chile tiene una gran clase media que tiene suficientes ingresos disponibles para comprar tierras para la conservación, así como individuos más ricos que están dispuestos y son capaces de comprar propiedades más grandes. Varios entrevistados comentaron sobre la"moda" de que los chilenos ricos compren tierras para la conservación en los últimos años. Además de los casos incluidos en este estudio, hay una serie de chilenos muy ricos que han comprado grandes extensiones de tierra en el sur de Chile (de la Fuente, 2010), pero no se incluyen aquí porque sus motivos y objetivos de manejo de la tierra son opacos, por lo que son difíciles de clasificar como PPAs. Es importante destacar que los CCE no están incentivados ni reconocidos legalmente por el Estado chileno. Mientras que la Ley Marco de Medio Ambiente establece que: “ El Estado fomentará e incentivará la creación de áreas protegidas en propiedad privada, las cuales estarán sujetas a los mismos impuestos, derechos legales, responsabilidades y cargos que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Estas áreas serán supervisadas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas" (República de Chile, 1994, artículo 35, traducción del autor), La conservación privada ha sido una prioridad política baja y el Estado no ha legislado para alentar o incentivar a los CCE. Dar estatus legal a los PPAs ha sido visto como un impedimento para el crecimiento económico basado en recursos naturales y para un importante desarrollo de infraestructura, y la controversia de Tompkins lo ha hecho políticamente tóxico. Los activistas que promueven los PPAs declararon que trabajan duro para enfatizar su heterogeneidad, en parte para disociarlos de la controversia de Pumalín. En 2012 se presentó al parlamento una ley que permite la creación de servidumbres ecológicas al estilo estadounidense, aunque sin ningún tipo de incentivo fiscal o de otro tipo, lo que daría un reconocimiento legal limitado a la conservación privada. La campaña para crear servidumbres fue liderada por The Nature Conservancy (TNC), quien promovió con éxito la ley como relativamente poco controvertida, no partidista y no amenazante para intereses poderosos como la industria minera, y ha recibido un amplio respaldo político. En un acto de presentación de la ley, los políticos de los dos partidos más grandes la elogiaron por mostrar cómo se podía conciliar el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Cabe señalar que estos sentimientos de ganar-ganar, un argumento clave dentro de la conservación neoliberal, son expresados por los defensores de los PPAs porque son necesarios para obtener apoyo político en Chile, donde dominan los paradigmas neoliberales, y no porque los crean. Uno se dio cuenta de eso: "Cuando se habla con los políticos, que generalmente evalúan las cosas como economistas, hay que competir directamente con estos valores. Así que una empresa

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forestal dirá, `escucha, puedo apoyar el PIB con tantos millones de dólares, o la economía local con tantos millones de dólares', y los conservacionistas dirán `apoyo a tres pequeñas ranas conservándolas'. Así que, tristemente, tienes que entrar en esta lógica de decir:'Conservo agua por valor de tantos millones de dólares'.

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… . Entonces, seguro que una cosa es entrar en la dinámica de lo que se puede valorar en pesos, y otra cosa es entrar en la dinámica de lo que es valioso". La siguiente subsección explora los PPAs con más detalle: las razones detrás de su establecimiento, y sus estrategias de gestión y financiación. (1) Los categorizo por su actitud hacia el beneficio, y esto permite una exploración más completa de su compromiso con la neoliberalización más amplia de la naturaleza. CCE con fines de lucro

Varios empresarios han establecido PPAs en el sur de Chile como negocios con fines de lucro. La Reserva de los Acantilados es un ecorresort de lujo de 5000 hectáreas en la costa norte de la Patagonia que atiende a clientes muy ricos que gastan un mínimo de US$1000 por persona y noche. Fue establecido por Jim Anthony, un empresario estadounidense de bienes raíces y resorts de golf, y está dirigido por un equipo con experiencia en turismo de aventura de alto nivel. La propiedad de 60 000 ha de Huilo Huilo en la parte norte del área de estudio era originalmente una empresa forestal, pero tras la disminución de los ingresos, los propietarios han incluido otras fuentes de ingresos, con un desarrollo inmobiliario limitado junto con empresas turísticas. Los propietarios ven más ganancias en los negocios basados en la conservación del bosque que en los basados en su tala. Chile tiene varias de estas"comunidades de conservación", en las que se desarrollan lotes limitados de viviendas para segundas o jubiladas, ubicadas dentro de un paisaje protegido más amplio, lo que ofrece a los desarrolladores la oportunidad de combinar beneficio y conservación (Sepúlveda y Villaroel, 2006). Patagonia Sur, establecida por el empresario estadounidense de redes sociales Warren Adams junto a socios chilenos, opera una red de seis PPAs en todo el sur de Chile, con un total de 36.000 hectáreas. Estas propiedades generan ingresos de arroyos complementarios, incluyendo turismo de lujo, desarrollo limitado de bienes raíces, créditos de carbono por la reforestación de las propiedades con especies nativas, junto con un corretaje de bienes raíces para otras personas que buscan comprar tierras en el área. Patagonia Sur se ve a sí misma como una empresa normal, aunque con principios éticos y conservacionistas, y considera que la participación de las empresas contribuye a una mejor conservación. Su eslogan corporativo es "conservacionistas con fines de lucro", y su sitio web declara que la compañía "presenta un modelo de negocio innovador que fusiona conservación y capitalismo de manera transparente y simbiótica" (http: www.patagoniasur.com). Adams considera que el motivo de la ganancia trae más inversión para la conservación que la que se puede obtener por otros medios: "en lugar de donar un millón de dólares a una buena causa, y el donante que recibe una deducción de impuestos, le damos un buen uso al dinero de los inversionistas, y en 10 años, les devolvemos dos millones de dólares" (Warren Adams, citado en San Cristóbal, 2012, traducción del autor). con efectos demostrables -"Nuestra conservación del capitalismo es la protección absoluta de lugares que de otro modo no estarían protegidos" por falta de recursos o voluntad de las ONG y los gobiernos (Pitts, 2012). Adams argumenta que las técnicas empresariales aportan innovación y eficiencia a la conservación, y que el modelo Patagonia Sur puede conservar lugares similares que tienen tierras baratas, políticas estables y buenas oportunidades de negocio (Pitts, 2012). En el momento del trabajo de campo, ningún PPA estaba generando beneficios. El aumento de los precios de la propiedad puede permitir que los PPAs generen ganancias a través de la especulación inmobiliaria, aunque las entrevistas con los agentes inmobiliarios y los propietarios de los PPA indican que hay pocas pruebas de que los especuladores de tierras estén actualmente interesados en la conservación, o viceversa. Todos los representantes de los CAE entrevistados indicaron que, aunque el aumento de los precios podría hacer más segura su inversión inmobiliaria, no tenían previsto vender sus tierras. Se estableció una firma de corretaje, Patagon Land, para aprovechar el creciente

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interés de los chilenos ricos por las inversiones en el sur. Aunque promueve el ecologismo, anima a los clientes a (1)

A menos que se indique lo contrario, todos los datos proceden de entrevistas con los propietarios y gestores de los CCE en cuestión. Debido a preocupaciones de confidencialidad y anonimato, por lo general me he abstenido de hacer citas directas con respecto a los CCE específicos denominados CCE.

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para incorporar la planificación de la conservación en sus propiedades, los compradores están más interesados en ser dueños de una casa de vacaciones o en beneficiarse de los aumentos de precios que en la conservación. Patagon Land también opera un fondo de inversión que promete un rendimiento anual del 12% de su cartera de proyectos de ecoturismo, conservación e inmobiliarios, y de la venta de créditos de carbono generados por la reforestación de las propiedades en las que opera en el recién establecido Intercambio de Carbono de Santiago. Áreas protegidas privadas basadas en el mercado, pero sin fines de lucro

Otros CCE utilizan los mercados para financiar parte de sus operaciones, pero sin ninguna intención de obtener un beneficio global. La mayor de ellas son dos propiedades propiedad de ONG. La primera, Karukinka (272 000 ha), ubicada en Tierra del Fuego, fue adquirida originalmente en 1994 por Trillium, una empresa forestal estadounidense cuyo objetivo era desarrollar un proyecto de explotación forestal sostenible (Klepeis y Laris, 2006). Las dificultades logísticas y la mala gestión hicieron que el proyecto sufriera y finalmente dejara de pagar sus préstamos. La propiedad pasó a sus acreedores, Goldman Sachs (GS), quien la donó a la Wildlife Conservation Society (WCS), con sede en Nueva York, estipulando que sigue siendo un PPA. GS estableció un fondo fiduciario para Karukinka con US$1,5 millones, complementado con US$6,5 millones de Hank Paulson, presidente de GS. WCS tiene la intención de que Karukinka se autofinancie a través del fondo fiduciario y las actividades comerciales, principalmente mediante el comercio de créditos de carbono basados en las extensas reservas de turba de la propiedad. Esta decisión debe considerarse junto con la decisión de GS de establecer un Centro de Mercados Ambientales en 2005. Mientras que la estrategia de WCS para Karukinka es consistente con muchos aspectos de la conservación neoliberal, Kent Redford (Vicepresidente de Estrategia de Conservación de WCS) fue claro en que no se basaba en una evaluación de la mejor manera de hacer conservación: “ No hubo un proceso de evaluación crítica de las opciones disponibles y de decisión de que este modelo se lanzara mejor con ese programa. Esa era la naturaleza del regalo y la oportunidad que teníamos a nuestra disposición, tanto a través del regalo, como del financiamiento, y a través de la naturaleza del gobierno chileno y de lo que tengan ustedes". Redford fue el autor principal de un ensayo que critica la arrogancia de los conservacionistas hacia los pagos por los servicios de los ecosistemas (Redford y Adams, 2009). La Reserva Costera Valdiviana, de 65.000 ha, en la parte norte del área de estudio, era también una propiedad forestal que entró en quiebra. Se formó una coalición de ONG para comprarlo, liderada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), junto con TNC y Conservación Internacional (las tres ONG de conservación más grandes del mundo). La reserva fue establecida en 2005 y es administrada por TNC, en parte porque la carta de WWF le impide ser propietario de tierras para la conservación. Alrededor del 10% de la propiedad está cubierta por plantaciones de eucalipto, que al madurar serán cosechadas y los ingresos se utilizarán para crear un fondo fiduciario para la propiedad. La reserva tiene como objetivo autofinanciar, como parte del objetivo de TNC de autofinanciar sus operaciones en Chile. Muchos PPAs propiedad de familias de clase media tienen algunas actividades basadas en el mercado diseñadas para compensar los costos de funcionamiento. Por ejemplo, una propietaria de un PPA de 75 ha en el norte de la Patagonia describió cómo su familia compró originalmente la propiedad como una casa de vacaciones y para conservar el bosque, pero el costo de la educación de sus hijos significó que ahora su objetivo es cubrir los gastos de funcionamiento alquilando la propiedad durante parte del año. Aunque los propietarios tenían una importante experiencia empresarial, no tienen intención de aplicar el

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CAE para maximizar los beneficios: "en realidad hay que buscar formas para que sea autosuficiente, para que el ingreso que entra en este parque pueda ser utilizado para su conservación y mantenimiento. si también se autofinancia y da algunos beneficios, pero no es la meta". Algunos CCE propiedad de empresas también incluyen actividades de mercado, pero no buscan obtener beneficios. Parque Oncol (754 ha), fundado en 1989 por la empresa forestal chilena Arauco, contiene algunas actividades comerciales como campings y una pequeña entrada, pero éstas cubren

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sólo el 30% de los gastos de funcionamiento, excluidas las inversiones. Aunque hay planes para futuras actividades comerciales, como pagos por servicios de los ecosistemas, Arauco no busca obtener ganancias de Oncol. En cambio, el valor para la empresa proviene de su valor de mercadeo y responsabilidad social, y porque le permite a Arauco obtener la certificación forestal sostenible. Paralelamente a los PPA se encuentran las áreas protegidas indígenas, donde las comunidades indígenas manejan parte de sus tierras para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, Mapu Lahual (aproximadamente 5500 ha) es una red de pequeñas áreas protegidas conectadas de bosque húmedo costero templado dentro de un territorio indígena Huilliche. La creación de Mapu Lahual fue una iniciativa conjunta del WWF y las comunidades: la primera buscaba socios para la conservación de los bosques, y la segunda se comprometió con los conservacionistas para fortalecer su petición de títulos de propiedad de tierras en el marco de proyectos de restitución de tierras indígenas. Existen algunas empresas de ecoturismo y silvicultura sostenible que generan ingresos para las comunidades, aunque se espera que éstas proporcionen empleo sólo a una pequeña parte de la población de los territorios. Los líderes indígenas entrevistados subrayaron que estas áreas son áreas protegidas de comunidades indígenas, distintas de las PPA porque no se trata sólo de conservación, sino que forman parte de una estrategia indígena para reclamar tierras ancestrales y crear un espacio autónomo para objetivos interrelacionados de mantener la soberanía, la cultura y los medios de vida de los indígenas (Holmes, 2014).Contrastaron los PPAs, con su énfasis en los usos no consuntivos como el turismo, con las áreas protegidas indígenas, que pueden tener poblaciones residentes de hasta cientos de familias, ya sea con títulos de propiedad privada o comunal, con actividades extractivas limitadas junto con los usos no consuntivos. Uno se dio cuenta de eso: “ Este uso sostenible, es un derecho también, que hay que mantenerlo, o de lo contrario desaparecerá, la cultura Huilliche. Si decimos que no se puede explotar nada, ni siquiera las plantas medicinales, se pierde la cultura. Esta es nuestra lucha, por nuestra cultura y dignidad". Dentro de la conservación internacional, las áreas protegidas por la comunidad son reconocidas como distintas de las áreas protegidas privadas y estatales, aunque sólo las áreas protegidas estatales son reconocidas legalmente en Chile (Dudley, 2008). El título completo de Asi Conserva Chile (Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile) se traduce como"la Asociación Chilena de Iniciativas de Conservación en Tierras Privadas y de Pueblos Indígenas", reflejando la insistencia de los líderes indígenas en que sus tierras sean reconocidas como distintas. Áreas protegidas privadas con una participación mínima en el mercado

Los CCE que tienen un mínimo de actividad basada en el mercado son los más extensos de los tres tipos. Esto se debe a Douglas Tompkins, cuyas fundaciones controlan seis CCE que cubren 634 000 hectáreas, es decir, el 45,5% de la superficie total de los CCE en la zona de estudio. Las propiedades de Tompkins casi no tienen actividades en el mercado, con sólo un cargo simbólico por acampar. En Pumalin hay deliberadamente un mínimo de alojamiento como parte de sus políticas de divulgación y participación comunitaria, y se alienta a los visitantes a que se queden en las aldeas vecinas. Doug Tompkins es un crítico franco de los impactos ambientales de las políticas de crecimiento económico de Chile y un defensor de una economía de estado estable. Sus PPAs se enfocan en la conservación por su propio bien, y las actividades de mercado se consideran en el mejor de los casos como una distracción de este enfoque de la vida silvestre. El director de operaciones de Pumalin describió la idea de hacer el parque financieramente autosostenible como "absurdo, porque para autofinanciar un parque nacional tendría que ser Disney World". En cambio, se financian a través de donaciones, principalmente de la familia Tompkins. Otros grandes CAE también se financian casi exclusivamente a través de la generosidad de sus

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propietarios. Sebastián Piñera, un multimillonario que luego se convirtió en Presidente de Chile, creó el Parque Tantauco (118.000 ha) en la Isla de Chiloé, en 2005. Cobra una cuota de entrada mínima, pero depende de las donaciones de las fundaciones de Piñera. El Parque Futangue (13.000 ha) fue creado en 1997 por Gabriel Ruiz-Tagle, un empresario que se convirtió en Ministro de Deportes del Gobierno de Piñera. No genera ingresos. Además, muchas de las pequeñas propiedades propiedad de las familias de clase media no tienen

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actividades generadoras de ingresos. Una variante interesante es el Ahuenco (850 ha), en la isla de Chiloé, adquirido en 1994 por un grupo de ambientalistas de clase media para evitar que la propiedad fuera comprada por una empresa forestal, que ahora es propiedad y está administrada por una cooperativa de 45 personas cuyas suscripciones financian el proyecto. Impactos sociales y medioambientales de los CAE

Los PPAs han tenido un impacto mixto al hacer que la neoliberalización más amplia de los recursos del sur de Chile sea más justa socialmente y ambientalmente sostenible. Ha habido conflictos entre los CCE y los pequeños productores locales: Tompkins fue acusado de intimidar a los pequeños propietarios para que le vendieran sus tierras alrededor de Pumalín; Tantauco está acusado tanto de restringir los medios de vida tradicionales como de ocupar territorios ancestrales reclamados por los grupos indígenas; y los Acantilados y Ahuenco han firmado acuerdos formales con las comunidades pesqueras vecinas por temor a que restrinjan el acceso de la población local a la costa (Holmes, 2014; Meza, 2009). Tales conflictos entre grandes terratenientes, pequeños propietarios y comunidades indígenas son comunes en el sur de Chile, particularmente en el sector forestal, y no hay indicios de que sean peores en torno a los PPA (Holmes, 2014; Meza, 2009). La transición de la silvicultura a una conservación menos intensiva en mano de obra alrededor de la Reserva Costera Valdiviana y Huilo Huilo ha reducido el número de personas locales empleadas en cada sitio. También se acusa a las APP de acaparamiento de tierras, una acusación problemática dado que las empresas forestales, acuícolas e hidroeléctricas están acaparando cantidades mucho mayores de tierras y recursos, y porque las adquisiciones de tierras no se realizan a través de procesos ilegales, sino a través de un mercado inmobiliario abierto y transparente, aunque no planificado (Holmes, 2014). De hecho, la conservación podría traer resultados socialmente positivos cuando hay apoyo para las personas marginadas, como a través de las áreas protegidas indígenas, o cuando la tierra se gestiona para el beneficio público o se dona a la propiedad pública, como es la intención de Tompkins. Los PPAs protegen una gran cantidad de tierra, el 4,54% del área del estudio de caso, aunque las áreas protegidas estatales cubren el 43% de la misma área. Las áreas protegidas estatales son en gran medida áreas remotas, altas montañas y casquetes polares, con bajo valor de biodiversidad, mientras que las PPA tienen más probabilidades de estar ubicadas en lugares con mayor valor de conservación -una mayor proporción de los tres biomas más amenazados de Chile está contenida en las PPA que en las áreas protegidas estatales (Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2011). Esto es similar a los resultados de otros estudios que han encontrado que debido a que las áreas protegidas estatales están ubicadas en tierras marginales de bajo valor, los PPAs tienden a estar en lugares de mayor valor de conservación (Gallo et al, 2009). Sin embargo, los CCE carecen de estatus legal, por lo que su contribución a la conservación depende de la voluntad y las capacidades de sus propietarios, lo que puede socavar su permanencia, y, al igual que con las áreas protegidas estatales, son vulnerables a los prospectores que reclaman derechos mineros del subsuelo. De manera crucial, no hay evidencia de que los PPA desafíen los paradigmas más amplios del uso de los recursos naturales fuera de sus límites. De hecho, los defensores de las APP no están dispuestos a criticar abiertamente los paradigmas más amplios de uso de los recursos para evitar que esto reduzca el apoyo político a su causa. Las PPAs funcionan como islas de conservación, desconectadas de la biodiversidad más allá de sus límites. Conclusión Este documento se propone explorar tres cuestiones: cómo la conservación está comprometida con el neoliberalismo; por qué podría estar haciéndolo; y qué efecto tiene esto tanto en las personas como en el medio ambiente. Respondiendo a la primera pregunta: la heterogeneidad dentro de los PPAs chilenos desmiente cualquier simple intento de entenderlos como un fenómeno simplemente

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neoliberal. Los PPA han sido descritos como neoliberales porque pueden facilitar la integración de los mecanismos, lógicas y discursos de mercado en la conservación, junto con la sociedad civil y los actores del mercado, reemplazando un papel cada vez menor del Estado en la conservación de la biodiversidad (Büscher y Wande, 2007; Fletcher, 2010). Los PPAs chilenos demuestran actitudes muy diversas para integrar los mecanismos de mercado en la conservación: desde Patagonia Sur, donde los mercados son vistos en términos triunfalistas, hasta Pumalín,

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donde los mercados son vistos como amenazas que desplazan a otros valores. Aunque los pagos emergentes por los sistemas de servicios ecosistémicos en carbono o agua pueden crear nuevas oportunidades de mercado y atraer a más buscadores de beneficios, en la actualidad hay mucha más tierra contenida en los CCE que en los CCE con un papel mínimo para los mercados que en los CCE con fines lucrativos. Esto es similar a otros casos, como el de Little Karoo en Sudáfrica (Gallo et al, 2009). Asimismo, si bien los mercados y la sociedad civil han sustituido a la regulación estatal de otros recursos naturales, en particular el agua (Budds, 2004), esto no ha ocurrido en las áreas protegidas, a pesar de las declaraciones de la Ley Marco de Medio Ambiente de 1994. La ley de servidumbre propuesta es limitada en su intención y no ha sido aprobada como ley. Las medidas para alentar a la empresa privada dentro de las áreas protegidas estatales son limitadas y siguen estando fuertemente bajo la gobernanza del Estado (Pauchard y Villaroel, 2002). Esto contrasta con otros países donde los estados crean estructuras legales e incentivos para aumentar la conservación de la tierra por parte de actores privados y de la sociedad civil (Hodge y Adams, 2012; Snijders, 2012). A pesar de ello, el surgimiento y la forma de los PPA chilenos se derivan de la neoliberalización más amplia de los recursos naturales iniciada bajo la dictadura de Pinochet y que ha continuado desde entonces. Con los contrafácticos en mente, es claro que habría menos PPAs si Chile no hubiera dado un giro neoliberal. Las reformas que liberalizaron en gran medida los mercados de tierras y fortalecieron los derechos de propiedad individual permitieron a los conservacionistas comprar tierras con la misma facilidad y libertad con que lo harían las corporaciones forestales, mineras y agrícolas, los beneficiarios previstos de las reformas. Chile no restringe la propiedad extranjera de la tierra, a diferencia de otros países latinoamericanos, y la adquisición de grandes propiedades por conservacionistas extranjeros como Tompkins ha generado acusaciones de acaparamiento de tierras, aunque las adquisiciones aún más extensas por parte de la industria primaria no han atraído las mismas críticas (Holmes, 2014). De hecho, las dificultades de Tompkins muestran que las leyes de propiedad que dan prioridad a los derechos estrictos de propiedad privada sobre los derechos comunitarios o estatales hacen que sea mucho más fácil operar un área protegida de forma privada que donar tierras al estado. La neoliberalización de Chile también creó una cultura individualista y una sociedad civil débil que favorece a los PPAs sobre otras formas de acción. Los CCE también se han beneficiado de los fracasos de la neoliberalización de los recursos naturales de Chile, particularmente cuando los proyectos forestales han entrado en bancarrota (por ejemplo, Reserva Costera Valdiviana, Karukinka). El rápido aumento de los precios de la tierra como resultado de la especulación de capital puede haber impulsado nuevas inversiones en CCE. En términos más generales, se podría considerar que el surgimiento del neoliberalismo ha permitido que surja una superrica global, incluyendo a personas como Tompkins, Adams y Piñera, que pueden comprar grandes PPAs. Así, mientras que sólo unos pocos PPAs chilenos se están comprometiendo con el neoliberalismo buscando ganancias a través de la conservación, y ninguno está facilitando el retroceso del Estado, todos se están comprometiendo con él aprovechando los resultados de la neoliberalización de Chile para promover la conservación. Este caso demuestra que el compromiso de la conservación con el neoliberalismo no sólo se refiere a la medida en que los proyectos de conservación individuales reflejan las características arquetípicas de la conservación neoliberal identificadas al comienzo de este documento, sino también al contexto que permite que surjan y prosperen estrategias particulares. Los PPAs refuerzan el giro neoliberal de Chile al legitimar el sistema de propiedad privada, en particular la existencia de grandes propiedades en manos de unos pocos individuos ricos, el estado delgado y el papel de los actores privados en la provisión de bienes públicos como la conservación de la biodiversidad, a menudo utilizando mecanismos

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de mercado, así como la compatibilidad entre el crecimiento económico impulsado por los recursos de Chile y la salud ambiental. Algunos CCE constituyen un desafío parcial al modelo neoliberal de crecimiento impulsado por los recursos naturales, en particular las propiedades de Tompkins, ya que, si bien son productos de mercados inmobiliarios liberalizados y de estrictos derechos de propiedad privada, su objetivo es retirar tierras y recursos del mercado y de su posible uso extractivo, y donarlos al Estado como propiedad pública. Tompkins promueve la conservación de los espacios naturales como un bien público inherente y un enfoque de ecología profunda, mientras que con frecuencia y

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criticar públicamente los impactos ecológicos de la economía de extracción de recursos y la búsqueda del crecimiento económico. Respondiendo a la segunda pregunta, pensar en cómo la conservación se está relacionando con el neoliberalismo nos da una idea de por qué lo está haciendo. Se han utilizado dos razones generales para explicar la integración de la conservación y el capitalismo neoliberal, ya sea porque los capitalistas ven la conservación como una nueva frontera para la generación de capital (Büscher y Fletcher, 2014), o porque los conservacionistas eligieron comprometerse con el neoliberalismo como la mejor manera de salvar la biodiversidad porque es el paradigma global dominante (Corson, 2010; Holmes, 2011; 2012). Algunos PPAs chilenos, como Patagonia Sur y la Reserva de los Acantilados, reflejan la primera lógica. El capital ha inundado el sur de Chile en los últimos años, buscando obtener ganancias de los recursos naturales a través de la silvicultura, la hidroelectricidad y la acuicultura, y la conservación es otro método para extraer valor de la naturaleza a través del ecoturismo, los pagos por los servicios de los ecosistemas o la especulación inmobiliaria. El capital nacional e internacional está acelerando y expandiendo su apropiación de la tierra y los recursos de la región, y la conservación es una pequeña parte de esto (Holmes, 2014). Los CCE chilenos reflejan en gran medida la segunda justificación: Las reformas neoliberales de Chile hicieron del establecimiento de PPAs una solución fácil para aquellos que buscan conservar la tierra. Los activistas de los PPAs destacan la compatibilidad del crecimiento económico y la conservación no necesariamente porque suscriben tales argumentos, sino porque es esencial para el éxito político comprometerse con tales paradigmas dominantes. La importancia relativa de estas justificaciones indica que la considerable literatura que explora la conservación neoliberal a través de las lógicas del capitalismo debería complementarse con estudios adicionales que exploren las estrategias de las organizaciones de conservación y la razón de ser de éstas. Respondiendo a la tercera pregunta, mientras que los PPAs pueden ser más sostenibles ambientalmente y socialmente justos que otros usos de la tierra que dominan el sur de Chile, existe una contradicción en su compromiso con el neoliberalismo. Los PPA se han expandido y han podido intentar conservar la biodiversidad dentro de sus propias fronteras, porque han adoptado el neoliberalismo, aprovechando los mercados inmobiliarios en gran medida sin presentar un desafío explícito a los paradigmas políticos dominantes de crecimiento económico y uso de recursos. Sin embargo, este abrazo podría restringir sus capacidades para transformar este paradigma más amplio. Esto refleja una crítica más amplia de la aceptación del capitalismo neoliberal por parte de la conservación: los desafíos que plantea a los sistemas dominantes de uso de recursos son relativamente menores, y puede apoyar estos sistemas más que desafiarlos (Holmes, 2012; Robinson, 2012). Es un descuido curioso que los PPAs hayan sido descuidados no sólo dentro de los debates sobre la conservación neoliberal, sino también dentro de los estudios de ciencias sociales sobre la conservación en general, dado que pueden ser localmente extensos y que se involucran en diversos debates dentro de estos campos. Se necesita más trabajo para explorar cómo su surgimiento y formas encajan con las historias del uso de la tierra y la conservación en diferentes partes del mundo. Este trabajo, al igual que otras investigaciones sobre la conservación neoliberal, debería explorar cómo son una respuesta a las trayectorias más amplias de uso de la tierra, conservación y desarrollo económico en las que se encuentran. Agradecimientos. Esta investigación fue financiada por el Leverhulme Trust, como parte de la beca Early Career Fellowship. Gracias a los numerosos participantes en la investigación en Chile. Referencias Azócar G, Sanhueza R, Aguayo M, Romero H, Muñoz M D, 2005, "Conflictos por el control de tierras y recursos naturales Mapuche-Pehuenches en el altiplano del Biobío, Chile" Journal of Latin American Geography 4 57-76

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