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• Jorge Luis Mata Martinez

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La Guerra Cristera Fue una lucha armada entre el Gobierno y la Iglesia de 1926 a 1929. Se peleó entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que estaban en contra de las políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. Se estima que murieron 250 mil personas entre civiles y militares. En 1917 se promulgó una nueva Constitución, en la que se estableció una política de intolerancia religiosa, incluyendo la prohibición de la Iglesia para poseer bienes raíces, prohibición del culto público fuera de las iglesias, el Estado decidiría el número de iglesias y sacerdotes que habría en el país, al clero se le negó el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió referirse a asuntos públicos, la educación primaria debía ser laica y a las corporaciones religiosas y ministros de cultos se les prohibió establecer o dirigir escuelas primarias. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promovió instrumentos sobre el artículo 130 de la Constitución para ejercer severos controles, buscando limitar o suprimir la participación de las iglesias en la vida pública. Algunas de estas reglas estaban claramente enfocadas contra el culto católico, como el obligar a los ministros a casarse y prohibir las comunidades religiosas. En señal de duelo, muchas iglesias del país suspendieron el culto y el clero convenció a los feligreses de boicotear al gobierno, como el no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto afectó de forma severa a la economía nacional e inspiró la radicalización de algunos grupos entre los católicos mexicanos. Los ciudadanos católicos formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925. Su objetivo era lograr la libertad de culto por medios legales, pero fue declarada ilegal y operó de manera clandestina. Esta radicalización creció como movimiento social con el objetivo de reivindicar los derechos de libertad de culto en México. Este movimiento creyó en resolverlo a través de un conflicto militar y era independiente de los obispos. En enero de 1927, las primeras guerrillas, compuestas por campesinos, comenzaron el acopio de armas. Los grupos armados se conocían como cristeros y fueron creciendo ante las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! Para agregar adeptos a la causa, fue muy eficaz el uso de símbolos religiosos profundamente arraigados en la cultura Mexicana como la Virgen de Guadalupe, anteriormente utilizada con el mismo fin por líderes de la Independencia y la Revolución. Primero se comenzaron a alzar en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán pero pronto se sumó todo el centro del país. Se estima que en 1929 había 20,000 miembros de las fuerzas cristeras. Los obispos mexicanos intentaron rápidamente distanciarse del movimiento armado e intentar negociar la paz solicitando al gobierno de Estados Unidos fungir como mediador. El carácter clandestino de los cristeros les impidió mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento y atención médica; sólo podían depender de armamento anticuado, los excedentes de la Revolución de 1910. Este levantamiento generó una grave ruptura entre los miembros de la Liga Nacional para la Defensa de Libertades Religiosas y los obispos mexicanos, cuya reacción fue una mayor centralización y control de los laicos católicos a través de la Acción Católica Mexicana. Comenzó una larga negociación, fungiendo como mediador el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow. Se llegó a un acuerdo de amnistía general para todos los cristeros que eligieran rendirse. Cifras aproximadas señalan que sólo 14 mil personas depusieron las armas, de entre las 50 mil personas que estaban involucradas. El Papa Pío XI, reaccionó publicando encíclicas criticando las políticas de los gobiernos de México, Alemania Nazi e Italia por sus políticas anti-católicas. El presidente de México anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley pero en realidad se aplicaron “relaciones nicodémicas” (en referencia a Nicodemo, el fariseo que se acercaba a Jesús de noche). En la práctica, el Estado renunció a aplicar la ley y la Iglesia renunció a disputar públicamente las condiciones impuestas. El arzobispo de México se convirtió en el único interlocutor con las autoridades federales, los obispos del país no harían ningún comentario acerca de la política nacional. Así continuó la situación Estado-Iglesia de México hasta 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari reanudó relaciones diplomáticas con el Vaticano y promulgó una nueva ley de cultos. El Congreso reformó el artículo 130 de la Constitución, otorgándole personalidad jurídica a la Iglesia.

La guerra cristera Las malas relaciones entre el gobierno y la iglesia dieron como resultado la mal llamada “Revolución Cristera”, efectuada en los años de 1926 a 1932 principalmente en el territorio de Jalisco, encabezado por algunos valientes jefes llamados cristeros como fueron; Enrique Gorostieta, Anacleto González Flores y Victoriano Ramírez “El Catorce”, que según cuentan mató a catorce personas con un solo tiro. La iglesia; siempre mezquina y miserable, emitió documentos a la ciudadanía, y principalmente a los fieles; donde engañándoles les incitaba a presionar al gobierno para que derogara las buenas leyes emitidas en contra del clero en 1857. En 1926, se celebra en la ciudad de Guadalajara la primera convención llamada Unión Popular Jalisciense, presidida por Anacleto González, la que tuvo mucho éxito por el fervor católico de los tapatíos, en la convención también participaron José Garibi Rivera quien después fuera el primer cardenal de México, el Lic. Agustín Yánez, quien tomaría la gubernatura del estado más tarde, y también gran escritor. En la convención se aprobó mayor difusión al catecismo, que en las escuelas se debería dar la materia de religión y que la corriente cristera debería tener su propia prensa por la cual expresara sus contrarrevolucionarias y antiprogresistas ideas. Estos tres aspectos fueron jurados en Zapopan por todos los fieles, encabezados por el párroco de San Miguel al que también se le unían el de Guadalajara, Vicente Camacho. Esto indignó al alcalde de Zapopan, quien mando aprehender a varios de los manifestantes y los enjuició, al poco tiempo de esa manifestación las autoridades mandaron cerrar escuelas, templos y asilos que aguardaban a miembros de la ACJM (Asociación Católica de la Juventud Mexicana), dando cumplimiento a lo ordenado por el presidente Calles; reglamentar el Art. 130 en los estados, uno de los artículos más correctos y revolucionarios. El presidente de la “Unión Popular” Anacleto González Flores y su secretario Heriberto Navarrete escribía comunicados dados a conocer en el “GLADIUM”, su diario oficial, que circuló en Guadalajara en el mes junio de 1925, ese mismo año, en septiembre, envió un extenso informe al departamento de la liga pidiendo que el boicot se intensificara aún más, para tal efecto se organizó una Cruzada Femenina compuesta por 400 ingenuas muchachas de diferentes clases sociales, pidiendo que se devolvieran a la oficina de tránsito el mayor número de placas de autos particulares, ir en contra de las diversiones ilícitas y restringir la compra a comercio del gobierno, así como intensificar las huelgas en las escuelas. 200 placas fueron devueltas ala oficina de tránsito, menos presencia alas salas de diversiones y espectáculos, y las compras a las tiendas y comercios fueron reduciéndose casi en su totalidad, éstos resultados se dieron a conocer en el GLADIUM, que solo era comprado por los socios de la región. La guerra cristera La Constitución de 1917 retomó las ideas anticlericales de los liberales del siglo XIX. En 1926 se reglamentó el artículo 130 y se restringió la actuación de los católicos en la vida pública. Los obispos, con el respaldo del papa, expresaron su desacuerdo con la Ley Calles, que suspendía el culto público. En Aguascalientes, el obispo Valdespino explicaba a los feligreses que la falta de cultos solemnes en los templos obedecía al " justo duelo, el luto y la tristeza que debe causarnos, tanto el estado general de la persecución, como el aspecto mismo de nuestros santuarios vacíos". Los católicos resistieron organizada y pacíficamente. La participación de la mujer fue sobresaliente. Se organizó un boicot económico y social que fue muy apoyado. En Aguascalientes el gobernador Francisco Reyes Barrientos mandó aprehender a los principales líderes del movimiento. El resultado fue la tensión permanente, que terminó en una lucha violenta entre el ejército y numerosos grupos de católicos armados. En Aguascalientes, el antecedente más importante de la guerra cristera está en los sucesos de San Marcos en 1925, cuando el gobernador José María Elizalde mandó reprimir a los católicos que defendieron el templo de San Marcos, el cual pretendía ser tomado por miembros de la cismática Iglesia Católica Apostólica Mexicana ligada a la CROM. Al ser rechazados, volvieron con numerosos soldados y el saldo fue de varios muertos y decenas de heridos. La rebelión armada en la entidad estuvo encabezada, entre otros líderes, por José Velasco, que el 1 de noviembre de 1926 se levantó en Calvillo. En este movimiento participaron por lo menos dos sacerdotes, algunas religiosas que escondían a los rebeldes, algunos hacendados y, sobre todo, grupos de clase media y pueblo que manifestaban su

oposición al gobierno. En general, en la parte oeste del estado había cristeros, aunque incursionaban en casi toda la entidad y en otros lugares de Zacatecas y Jalisco. Su principal baluarte era la región de Calvillo y la Sierra Fría. En sus esfuerzos por detener la rebelión, el gobierno recurrió a los agraristas, muchos de los cuales habían recibido tierras durante el gobierno de Elizalde, involucrándolos —en ocasiones en contra de su voluntad— en los combates más arriesgados. Muchos hacendados pactaron con el gobierno. En mayo de 1929 Maximino Ávila Camacho fue recibido en Aguascalientes con un gran banquete y baile en la hacienda de Peñuelas, propiedad de Miguel Dosamantes Rul. No era cierto que los cristeros representaran los intereses de los hacendados, tal como se decía, aunque tampoco estaban de acuerdo con la reforma agraria impulsada por el gobierno federal. Al terminar la lucha los templos fueron devueltos y el culto reanudado. El nuevo obispo, José de Jesús López y González, designó a un grupo de sacerdotes para que recibieran los edificios, pero pronto volvieron a encontrarse dificultades con el gobierno. El clero y varios grupos de católicos protestaron pacíficamente por el nuevo cierre de los templos y por la "educación sexual y atea", mientras que los cristeros encabezados por José Velasco y José María Ramírez volvían a levantarse en armas en 1932, a pesar de que la jerarquía eclesiástica prohibía el uso de las armas. Al llegar Cárdenas a la presidencia el discurso y las medidas anticlericales no cambiaron. En Aguascalientes se clausuró el seminario y a finales de 1935 sólo estaban autorizados para ejercer en todo el estado seis sacerdotes. A principios de 1935 la mayoría de los templos se cerró y se hicieron algunas expropiaciones. Nuevamente la Iglesia protestó y reforzó sus actividades clandestinas. Las ceremonias religiosas siguieron haciéndose burlando la vigilancia de policías e inspectores, los seminaristas continuaron recibiendo clases a escondidas y en algunos lugares la gente se armó para protestar por el cierre de su templo. Los católicos organizados tuvieron una importante participación en estos años, sobre todo a través de la Acción Católica Mexicana, que protegía a sacerdotes perseguidos, conseguía casas para celebrar ceremonias religiosas, fundaba escuelas católicas en la clandestinidad, catequizaba a jóvenes y niños, e impulsaba a grupos de obreros y obreras católicos, con el propósito de competir con el sindicalismo oficial. En el campo la situación era más difícil y compleja, pues el reparto de tierras había dividido a los católicos. Algunos campesinos que se beneficiaron con la reforma agraria se opusieron a sacerdotes que amenazaban con excomulgar a todo aquel que aceptara las tierras que daba el gobierno. En cambio, otros campesinos, fieles a sus tradiciones y a los mandatos clericales, reprobaron el tipo de reparto que estaba impulsando el Estado, tal y como sucedió en Calvillo. Los cristeros de Aguascalientes no se oponían al reparto agrario, sino a la forma y el uso político que se estaba haciendo del reparto y de los campesinos. Sin embargo, la lucha tendió a decrecer paulatinamente hasta extinguirse. En agosto de 1935 José Velasco y Plácido Nieto fueron asesinados en pleno centro de la ciudad y para 1936 prácticamente el movimiento cristero había sido eliminado en la entidad. Para resistir al gobierno, en 1937 muchos habitantes del estado se incorporaron al sinarquismo. La resistencia de los católicos y la tolerancia de los gobiernos de Aguascalientes permitieron que las medidas anticlericales no se llevaran a la práctica. En 1938, la misma política del gobierno federal favoreció esta tendencia hacia la moderación.