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REFORMAS EDUCATIVAS: LAS TENDENCIAS Y LA REALIDAD LOCAL Bel én Pintor Munar

La Educación se ha sido históricamente sociedades, ya que no sólo

un factor constitutivo de las

representa el esquema de formación

humana y social, sino porque posibilita la estabilización de valores comunes a nivel político, social y cultural, e inserta

la sociedad al

circuito global del conocimiento y desarrollo humano. Emprender reformas educativas en un país, atiende en gran parte, al compromiso

que

el Estado,

como garante de

derechos

de

los

ciudadanos, tiene frente a la prestación de servicios sociales como servicios públicos, la educación al ser una de los derechos económicos, sociales y culturales, debe regirse por los principios democráticos de igualdad, equidad y justicia. Los Estados y los gobiernos se trazan rutas para avanzar en el tema de la educación a nivel nacional, dando diferentes prioridades dependiendo de la perspectiva de lo social que cada gobierno plantee y dependiendo del universo de necesidades que una sociedad padezca. Es a través de las políticas

públicas como se le asignan a algunas de

estas

necesidades, un lugar prioritario en la agenda pública y en los planes de inversión nacional. Las reformas educativas son una de las políticas públicas más sensibles, en términos del desarrollo y la gobernabilidad de un país. En reiteradas ocasiones, los gobiernos se trazan objetivos de política en este sector dirigidos a una ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad.

Pero, las reformas curriculares representan un replanteamiento del trasfondo del servicio, del horizonte de sentido que orienta la educación como servicio público e impacta los contenidos que previamente se han considerado pertinentes y adecuados. Es por esto, que nos compete centrarnos en los aspectos políticos y económicos de las reformas educativas y curriculares como fines de política pública, especialmente frente a la adopción de modelos de desarrollo que tienen prioridades distintas al beneficio social y el disfrute de los derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

En este

sentido, nos preguntamos también, por los impactos de los procesos de globalización

sobre

las

reformas

curriculares,

y

finalmente

nos

preguntaremos sobre la organización y la participación de actores en la movilización orientada a los procesos de reforma educativa y curricular. 1. En la implementación de una reforma curricular ¿Qué

efectos tienen los objetivos de política del modelo de desarrollo neoliberal adoptado en países de América Latina sobre los fines del modelo educativo y las reformas que se adelanten? Generalmente, el tema de las reformas educativas y curriculares se aborda analizando los currículos, observando la estructura de las temáticas y los contenidos de las asignaturas establecidas.

Sin

embargo, una reforma curricular implica llegar al trasfondo pedagógico que permea una propuesta educativa de orden nacional durante cierto lapso de tiempo. Pero ¿Sobre qué se planifica una reforma curricular? ¿Qué antecede a la propuesta de reforma? ¿Qué explica su sentido? De acuerdo con Laura Fumagalli, “las reformas curriculares en curso en los países de la región explicitan entre sus propósitos de cambio el logro

de una educación escolar que contribuya a la cohesión social y a la inclusión de la diversidad cultural y social”i Es decir, se explican en función de un planteamiento para superar procesos sociales y políticos en conflicto que ha vivido país.

Se explican también, ante la

preocupación por la profundización de la debilidad y ausencia del Estado, especialmente en los sectores sociales; y ante la falta evidente de modernización de la institucionalidad educativa. Sin embargo, es necesario enmarcar el análisis de los procesos de reforma educativa en el contexto socio-económico que se viven no sólo a nivel continental sino mundial.

Es claro que en época de crisis

económica, las prioridades de los gobiernos se orientan a encontrar salidas rápidas ante la disminución de los indicadores de crecimiento de la economía nacional, y garantizar que la producción interna se mantenga en niveles aceptables, y mantenerse como un destino atractivo para la inversión extranjera. Las reformas educativas, como las demás políticas públicas del orden social, tienen un alto grado de dependencia de las medidas que los gobiernos adopten en función de implementar el modelo de desarrollo que en determinado momento se adopte como propio. América Latina es una más de las regiones del mundo que ha adoptado un modelo de desarrollo acorde con la mundialización del capital, dando preferencia al libre mercado, adoptando un proceso de ajuste y reducción del Estado, de acuerdo con los postulados del Consenso de Washington. Con el argumento de la falta de modernización del sector educativo, se emprenden reformas educativas y curriculares, para el caso colombiano, tal como lo afirma Jairo Estrada, “durante los últimos años se ha asistido a la consolidación del proyecto neoliberal – neo institucional para la educación

pública”ii.

Este

proyecto

precisa

fines,

objetivos

y

orientaciones precisas en relación al ordenamiento de la economía nacional, el crecimiento, el PIB, el endeudamiento, los impuestos, etc. Y ante las políticas sociales, también brinda orientaciones específicas, con criterios

de

necesitados

reducción y

la

presupuestal,

orientación

hacía

focalización la

demanda,

hacía las

los

más

principales

condiciones que establece a la hora de diseñar e implementar una política pública. Teniendo en consideración lo anterior, vemos como el sector educativo, no es la excepción. Este es un proceso que se inicia en la década de los noventa, momento en el que la región vivió un proceso común de reformas y ajustes institucionales a raíz de las crisis de las deudas externas en toda América latina. El factor determinante para las reformas educativas en Colombia, fue “la relectura hecha por organismos de regulación supranacional como el Banco Mundial sobre el papel de la educación en el proceso de globalización capitalista” y de allí se derivó la formulación de las bases de los nuevos lineamientos de la política educativa que se dieron a través de las conferencias mundiales de Educación que ha organizado la Unesco y que ocurre con el apoyo y asistencia de todos los estados a través de los agentes designados. En Colombia toman cuerpo estas reformas con la puesta en escena de la Ley 60 de 1993, la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, asi como la regulación de la profesión docente, Decreto 2277 de 1979, se inicia el proceso de ajuste institucional en el sector educativo, con miras a consolidar el sector y redimensionar los fines de la educación como fines nacionales. Pero desde el punto de vista político – económico ya atendía en gran parte a las orientaciones de los organismos financieros multilaterales, cuyo ciclo se consolida con el marco jurídico reciente, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001 y sus decretos

reglamentarios, y el “Estatuto de Profesionalización Docente”, el Decreto 1278 de 2002. La interpretación de un proceso de reforma curricular debe tener un alcance amplio, consciente de los procesos que a nivel macro tienen lugar, observando y analizando las razones políticas y económicas que no se hacen evidentes, cuyos intereses definen con privilegio los rumbos que adoptan sectores de política tan importantes como el educativo. La privatización del Estado y de los servicios sociales es un elemento más, frente a las grandes dimensiones de las influencias que actores internacionales y multilaterales tienen ante el diseño de la política pública de un país. 2. En relación a la movilización en función de avanzar en una

reforma curricular ¿Es más indicado dirigir el proceso desde

el

Estado

y

el

gobierno,

(top-down)

o

debe

privilegiar la participación de las comunidades educativas y de la sociedad civil como protagonistas del proceso (bottom –up)? Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los actores que deben participar en un proceso de reforma educativa? ¿Cómo debe organizarse y dirigirse este proceso de ajuste institucional? ¿A qué se orienta la participación de múltiples actores en este proceso, especialmente de las comunidades educativas y docentes? Para Laura Fumagalli, “es necesario construir una nueva dinámica del cambio curricular que combine adecuadamente la orientación para el cambio brindada desde las normas curriculares emanadas de los organismos del gobierno educativo, con los estímulos y apoyos necesarios para desarrollar el potencial innovador de los equipos docentes en las escuelas”iii

La autora hace este planteamiento,

expresando el sentido que para ella debe contemplar un proceso de cambio curricular, con el fin de dirigirse a consolidar un propósito de cohesión e inclusión social. Pero teniendo en cuenta que las condiciones políticas y económicas conllevan a que las reformas políticas y los ajustes institucionales respondan a la confluencia de intereses y posicionamientos que complejizan, dependiendo el número de actores que participan directa e indirectamente, el proceso de reforma. Según lo expresa Fumagalli, no sólo es necesario, sino deseable que el Estado tome parte en el proceso de reforma educativa y curricular, dado que: -Es necesario construir un sentido compartido de la educación que permita expresar lo que se espera que aprendan todos los niños de un país

de

acuerdo

a

las

particularidades

y

necesidades

de

las

comunidades. -Es necesario que el Estado, con criterios democráticos,

vele por la

construcción de ejes de cambio orientados al bien común que permitan producir un cambio curricular justo socialmente que eliminen la inequidad. -Es necesario que el Estado garantice la expresión de los múltiples sentidos de la educación asociados con la diversidad cultural a través de la participación verdaderamente democrática de todos los actores educativos. Sin duda, los gobiernos nacionales, regionales y locales son partícipes importantes junto a las instituciones de orden técnico, que orientan y administran el sector educación tanto a nivel nacional como local. Y acompañado de este, la participación social, especialmente de las comunidades educativas, las cuales poseen el conocimiento práctico de

la orientación que debe tener la educación, así como de los procesos y necesidades de aprendizaje de sus comunidades, este elemento es básico en el diseño de los currículos. Sin embargo, la función del Estado se cuestiona, dado que por una parte, como institución representa los intereses de una nación y su funciones de cohesión social y cultural, y por otra, se encuentra inmerso en presiones de tipo económico que involucran, necesariamente, intereses privados a razón de mercados nacionales e internacionales, es decir los procesos de acreditación y evaluación en términos de calidad y eficiencia, y la competencia mundial y regional que se está originando a raíz de los demandas globales, es así que preocupa que los intereses diferentes a los comunes estén siendo representados en las reformas que están teniendo lugar en países como Colombia. Tal como lo reflexiona Fumagalli, la presencia y participación de los docentes en los procesos de construcción de las reformas curriculares es importante y necesaria, y por lo tanto requiere pensar en estrategias para que se parta de un proceso sistemático, democrático y cualificado, con el fin de garantizar la pertinencia de las reformas. Es importante resaltar que estos procesos de reforma deben contemplar una fase de evaluación donde las prácticas y orientaciones pedagógicas atiendan las necesidades y realidades que se viven en las aulas y que realmente los resultados atiendan la realidad de la educación en un país.

3. ¿Cómo los efectos del mundo globalizado en las sociedades

en desarrollo, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, conllevan a una orientación específica de las reformas educativas?

La

globalización

y

sus

procesos

se

estiman

como

complejos,

multidimensionales y de alcance internacional. Los cambios recientes se han dado de manera tan acelerada como en ninguna otra época, la tecnología y la ciencia han impactado no sólo las formas de vida cotidiana, sino también las expectativas de la vida a futuro, vivimos en lo que Bauman denomina la modernidad liquida, en donde todo fluye con gran velocidad, lo que exige “flexibilidad”, no solo laboral, sino que demanda una flexibilización de todo lo que presente rigidez local para que

lo global fluya sin obstáculos, esto en términos de tecnología

significa una gran demanda por la innovación y la transformación de los currículos y los docentes para que las sociedades se puedan insertar en el escenario internacional. Dado que “las sociedades humanas no han nunca experimentado un tan grande crecimiento del conocimiento científico y tecnológico al mismo tiempo que una tan gran dificultad en la implementación del mismo” iv es evidencia que los efectos de estas transformaciones, dan contexto y determinan las condiciones sobre la cuales las sociedades avanzan, determinan

en

cierta

medida

las

oportunidades

de

acceso

y

comunicación que una persona disfruta en su vida, e incluso facilita o limita las condiciones para el aprendizaje en el proceso educativo. En consecuencia, la educación se ha visto revaluada en sus fines, métodos y medios. Sin duda las estructuras institucionales del sector de la educación se ven desafiadas a actualizar la organización de la educación, por innumerables innovaciones del orden tecno-científico que diariamente presionan formas más sofisticadas de vida. Para organismos como la UNESCO, la adopción de políticas educativas dirigidas

a

fortalecer

el

uso

de

las

llamadas

TIC´s,

permiten

democratizar el acceso a la educación, facilitando el acceso y permitiendo avanzar en programas de alfabetización y formación en nuevas tecnologías. Sin duda es un fin loable desde el punto de vista de la equidad en la garantía del derecho a la Educación.

Pero, ¿existe

realmente tal capacidad de Estado, en el continente Latinoamericano para

superar

las

barreras

internacionalmente

arraigadas

en

la

transferencia de tecnologías, en la investigación y en la difusión científica?¿ Se puede considerar que la adopción de las TIC´s, en vez de democratizar

el

acceso

a

las

oportunidades

educativas,

estén

provocando una ampliación en la brecha y desigualdad entre aquellos sectores de la sociedad que tienen acceso a estas tecnologías, de aquellos que no las tienen? Sin duda hay mucho que debatir y muchos acuerdos que consolidar, ya que vemos que la brecha entre las propuestas y las realidades existen, y lo preocupante es que todavía existe una enorme diferencia entre quienes tienen acceso y hacen uso de estas nuevas tecnologías, para superar las desigualdades y la pobreza, y los que aun no tienen acceso a servicios

educativos

para

satisfacer

las

necesidades

básicas

de

educación planteadas en Jomtien y Dakar, la cuestión es, en ultimas, ¿cómo el currículo da solución a estos y demás problemas de las sociedades latinoamericanas y de la sociedad Colombiana en general?. Sin duda tenemos un gran reto por afrontar, y a pesar de las políticas expuestas en los planes decenales y en los planes sectoriales, se necesita mayor voluntad y acción de toda la comunidad educativa para poder superar los retos y desafíos que la globalización nos plantea.

i

Braslavisky, Cecilia “Desafíos de las reformas curriculares frente al imperativo de la cohesión social”

ii

Estrada Alvarez, Jairo “Organización mercantil y privatización de la educación. La mano dura de la ley. Educación y Cultura No. 61. Revista del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, Bogotá, D. C. 2002. iii

iv

Fumagalli, Laura Pág. 68

Braslavisky, Cecilia “Desafíos de las reformas curriculares frente al imperativo de la cohesión social”