Derechos Humanos y Comunitarios

Producto Académico n.º 2 (Tarea) Evaluación Parcial Consideraciones: Criterio Temas Tiempo aproximado: Tipo de producto

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Producto Académico n.º 2 (Tarea) Evaluación Parcial Consideraciones: Criterio Temas Tiempo aproximado: Tipo de producto académico Enunciado /Consigna

Instrucciones para empezar a elaborar el proyecto

Violaciones de vulnerables. 1 hora y media. Análisis de caso.

Detalle derechos humanos

de

grupos

Selecciona y analiza el caso de estudio (ver Lista de casos, más adelante), discriminando –de acuerdo a la doctrina- el instrumento de instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables y de los derechos vulnerados por crímenes cometidos por agentes estatales. • Consulta el material de referencia de las semanas 3 y 4. • Elige un único caso de la lista brindada abajo y redacta un informe según las siguientes especificaciones: a) Datos de la víctima. b) Descripción de las circunstancias. c) Tipos de derechos conculcados. d) Instrumentos internacionales de derechos humanos de referencia. e) Justificación de prioridad en la acción. f) Acciones urgentes a realizar. • Identifica posibles obstáculos en la ejecución de estas acciones. • Elabora el informe, teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos analizados en la Unidad II. • En caso se cite doctrina o el Manual Autoformativo es obligatorio utilizar notas en el texto o a pie de páginas. • Criterios de redacción del informe: máximo dos (02) páginas; para el texto: Calibri 11, márgenes: Superior 3 – Inferior 3 – izquierdo 2.5 – Derecho 2.5. • Revisa la rúbrica de evaluación en la que podrás conocer los aspectos que se evaluarán en el producto que estás entregando. • Envía tu trabajo al aula virtual a través del enlace Producto Académico N.º 2 (Tarea).

Carácter de la actividad Referencias

Trabajo individual. Maietti, F. (2020). Manual de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Lima: Universidad Continental. (Unidad 2) Mariño Menéndez, F. M. (2008). La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado. En M. Balado Ruiz-Gallegos (Ed.), Inmigración, Estado y Derecho (pp. 711-730). Barcelona: Editorial Bosh. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/ article/viewFile/10/5 O’Donnell, D. (1997). La Convención sobre los Derechos del niño: estructura y contenido. Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Recuperado de http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/la_c onvencion_sobre_los_derechos_del_nino.pdf

1.

Lista de casos:

Caso 1 – Nasrin Sotoudeh (Irán) Nasrin Sotoudeh, destacada defensora iraní de los derechos humanos, ha sido condenada a 38 años de prisión y a recibir 148 latigazos tras dos juicios manifiestamente injustos. Los cargos contra ella se deben únicamente a su trabajo pacífico en favor de los derechos humanos, que incluye su defensa de los derechos de las mujeres y su oposición declarada a la pena de muerte. Tras dos juicios manifiestamente injustos, los 33 años a que ha sido condenada ahora elevan su condena total de prisión a 38 años. Nasrin ha dedicado su vida a trabajar de manera pacífica por los derechos humanos, incluida la defensa de las mujeres que protestan pacíficamente contra la degradante legislación de Irán sobre el uso forzoso del hiyab o velo. A las mujeres y las niñas de Irán no se les permite salir de casa si no llevan el cabello cubierto con un pañuelo y los brazos y las piernas tapados con ropa holgada. Nasrin quiso cambiar esta situación y fue encarcelada por ello. Esta condena es la más severa de las registradas contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Irán en los últimos años, lo que indica que las autoridades están intensificando la represión. Las condenas impuestas a Nasrin la mantienen separada de su esposo y sus dos hijos y le impiden realizar su importante trabajo de abogada de derechos humanos. Pide al líder supremo de Irán que deje en libertad a Nasrin Sotoudeh de inmediato y sin condiciones y que se anulen sin demora sus condenas.

Caso 2 – Vanessa Gomez Cueva (Perú) El 4 de febrero, Vanessa Gómez Cueva, ciudadana peruana con residencia en Argentina por más de 15 años, fue deportada junto con su hijo argentino de dos años. La obligaron a dejar atrás a sus otros dos hijos, de 5 y 14 años, que también son argentinos. No se le permitió despedirse. La orden de expulsión se basó en una condena penal, por la cual Vanessa había cumplido una sentencia en 2014. La Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos. Habiendo sido Argentina un país reconocido por organismos internacionales especializados como modelo a seguir en materia de políticas migratorias, resulta sumamente preocupante el retroceso que representan las reformas normativas y las estrategias discursivas que está impulsando el Estado. El caso de Vanessa ejemplifica de manera dramática este grave escenario en donde se puede vulnerar el derecho a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño.

Caso 3 – Evelyn Hernández (El Salvador) En 2017 Evelyn Hernández fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado tras sufrir un parto extrahospitalario en el que perdió su embarazo. En agosto de 2019 otro juez declaró a Evelyn inocente, manifestando que no había pruebas suficientes que demostraran que había cometido un delito. Sin embargo, la Fiscalía General salvadoreña ha decidido apelar la sentencia, por lo que Evelyn puede volver a prisión por haber sufrido una emergencia obstétrica. Las mujeres que sufren emergencias obstétricas en El Salvador a menudo son acusadas indebidamente en virtud leyes que prohíben el aborto en absolutamente todas las circunstancias. Según las organizaciones con las que trabaja Amnistía Internacional en el país, al menos 16 mujeres permanecen encarceladas o continúan enfrentándose a cargos en estas circunstancias.

Caso 4 – Defensa de activistas de DDHH (Colombia) El 17 de enero de 2017 se encontraron los cadáveres de Emilsen Manyoma y de su compañero, Joe Javier Rodallega, en Buenaventura. Emilsen era lideresa de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) que defiende los derechos de los grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos que propugnan la justicia social y medioambiental. Emilsen era valiente; dio la cara por otras personas. Alzó la voz frente a quienes quieren expulsar a la población afrodescendiente de Buenaventura en los de intereses económicos y para ello no dudan en torturarla o directamente matarla. Diez defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en enero de 2017. Ochenta en 2016, el año del acuerdo de paz. Una preocupante tendencia al alza que no cesa. Cada día llegan noticias de incursiones paramilitares en diferentes regiones de Colombia; diversos grupos armados tratan de tomar el control de algunos de los territorios antes controlados por las FARC.

Gran parte del horror que ha vivido Colombia durante décadas no está directamente vinculado al combate directo entre las partes, sino en los ataques selectivos contra civiles. Quienes trabajan defendiendo los derechos o protegiendo la tierra y los recursos naturales frente a poderosos intereses económicos y políticos, siguen en el punto de mira. Poner fin a los combates entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC no significará una paz real si las autoridades no toman medidas efectivas para parar los ataques contra civiles.

Caso 5 – Defensores ambientales amenazados (Perú) Presuntos traficantes de terrenos hostigan y amenazan a integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí de la Reserva Ecológica de Chaparrí en Perú. Los y las integrantes del Frente temen por su integridad. En enero y febrero de 2018, integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí reportaron a Amnistía Internacional ser hostigados a través de amenazas de ser agredidos o ser despojados de sus tierras y vigilados por presuntos traficantes de terrenos, en la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, dentro de la Reserva Ecológica de Chaparrí, al norte de Perú. El Frente de Defensa está conformado por comuneros de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri (ACOTURCH) y se dedican a la defensa y conservación de la reserva. Los comuneros, integrantes del Frente de Defensa, han hecho público que en los últimos tres años han sido víctimas de acoso, violencia verbal y física, seguimiento, separación arbitraria de la comunidad y amenazas de muerte por parte de terceros ajenos a su comunidad. La situación se agravó el 30 de diciembre de 2017 cuando cuatro personas no identificadas asesinaron en su casa a golpes y estrangulamiento al Teniente Gobernador José Napoleón Tarrillo Astonitas, en presencia de su esposa Flor Vallejos. Tarrillo se oponía al ingreso de terceros ajenos a la comunidad y por ello ya había recibido amenazas de muerte. Las investigaciones penales por el asesinato no han producido resultados a la fecha y Flor Vallejos tuvo que huir de su comunidad en enero porque persistían las amenazas en su contra al ser la única testigo presencial del crimen. Tras el asesinato de Tarrillo se han incrementado los hostigamientos y amenazas contra los integrantes del Frente de Defensa. Según información pública, el Ministerio del Interior solicitó al prefecto de la región otorgar garantías para la protección a un número de personas, entre ellas integrantes del Frente de Defensa. Sin embargo, a la fecha estas personas no tienen conocimiento de qué tipo de medidas se requirieron, pues señalan que no han sido implementadas. Integrantes del Frente de Defensa dijeron a Amnistía Internacional que desde 2015 personas ajenas a la comunidad Santa Catalina de Chongoyape han comprado y vendido terrenos con el fin de negociarlos con empresas que destinarían las tierras a propósitos diferentes a la conservación del área.

2. Rúbrica de evaluación: A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará el informe. Criterios

En inicio (1 puntos) En el trabajo no se analiza el contexto y antecedentes.

Suficiente (2 puntos) En el trabajo se analiza el contexto y antecedentes de manera parcial.

Bueno (3 puntos) En el trabajo se analiza el contexto y antecedentes de manera correcta.

Individua los derechos conculcados

En el trabajo no se individual de manera correcta los derechos violados.

En el trabajo se individual de manera parcial los derechos violados.

En el trabajo se individual de manera correcta los derechos violados.

Capacidad de argumentación

Las ideas y argumentos incluidos en el trabajo no están suficientemente fundamentados.

Las ideas y argumentos incluidos en el trabajo están fundamentados de manera parcial y se incurre en errores y contradicciones.

Las ideas y argumentos incluidos en el trabajo están fundamentados de manera correcta sin incurrir en errores y contradicciones.

Capacidad de análisis

El trabajo no demuestra una capacidad de análisis del marco normativo de referencia.

El trabajo demuestra una capacidad de análisis del marco normativo de referencia parcial.

El trabajo demuestra una capacidad de análisis del marco normativo de referencia notable.

Lenguaje

El lenguaje utilizado en el trabajo no es pertinente a la disciplina.

Se utiliza un lenguaje técnico pertinente y corrección sintáctica y gramatical correctas.

Se utiliza un lenguaje técnico y corrección sintáctica y gramatical óptimas.

Contexto

Semi total Nota

Sobresaliente (5 punto) En el trabajo se analiza el contexto y antecedentes magistralmente, profundizando algunos aspectos y haciendo observaciones interesantes. En el trabajo se individual de manera correcta los derechos violados y se hace referencias especificas a los instrumentos normativos pertinentes. Las ideas y argumentos incluidos en el trabajo están fundamentado s magistralmente sin incurrir en errores y contradiccione s. El trabajo demuestra una óptima capacidad de análisis del marco normativo de referencia. Se utiliza un lenguaje técnico y corrección sintáctica y gramatical excelentes.