Derecho Tributario (1)

CHAPTER ONE: FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO La existencia del Estado crea imperativos tales como el ordenamiento

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CHAPTER ONE: FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO La existencia del Estado crea imperativos tales como el ordenamiento jurídico y la defensa de su soberanía. Estas son las necesidades absolutas, que un Estado debe atender para su propia conservación pero el desarrollo del Estado agrega otras denominadas necesidades relativas que obedeciendo a una ley aumenta progresivamente. El Estado y demás entes públicos no pueden satisfacer sus necesidades y fines si no disponen de una masa de medios económicos. Así como el hombre desarrolla una propia, esta es la función financiera, es decir, aquella que emplea el Estado para procurar bienes con que satisfacer necesidades públicas, pero la actividad financiera no sólo se refiere a la obtención de recursos sino también a su administración y empleo como consecuencia de ello la actividad económica puede ser definida como la actividad del Estado relacionado con la obtención, administración y empleo de los recursos monetarios necesarios para satisfacer las necesidades públicas, también se destaca como característica fundamental la actividad financiera su característica instrumental por cuanto no se dirige a la satisfacción de necesidades públicas o prestación de servicios sino que se limita a hacer posible dicho fin. La actividad financiera así entendida responde a una necesaria planificación en que hay que distinguir: 1. Una previsión de ingresos y gastos a que serán aplicados. 2. Una actividad desplegada con el objeto de obtener recursos indispensables que permitan satisfacer estos gastos y desembolsos previamente establecidos. 3. La aplicación de los recursos ingresados u obtenidos en la caja fiscal a la satisfacción de los gastos públicos. En este entendido se puede conceptuar al derecho financiero como el conjunto de normas jurídicas que regula la recaudación, administración y erogación1 de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos. ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Por el solo hecho de constatarse la existencia del Estado se sigue como consecuencia su actividad dependiendo de las actividades políticas vigentes podrá discutirse una mayor o menor actividad del Estado pero jamás podrá ser negada la actividad estatal. De lo anterior surge una premisa básica e ineludible. El Estado requerirá de recursos o ingresos destinados a solventar el gasto público que en gran medida estarán destinados a satisfacer necesidades colectivas que se presentan distintivas, necesidades de carácter indivisible. Con lleva a afirmar que el Estado necesita fuentes de financiamiento que permitan llevar recursos a la caja fiscal.

CUÁLES SON ESTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO Para nosotros la fuente más importante está constituido por los tributos. Que se obtienen de distintas formas. 1. El Estado tiene un patrimonio, en la administración de este puede ejecutar todos los actos y contratos que le están legalmente permitidos con el objeto de obtener ingresos. (por ejemplo los tratados de libre comercio). 2. El Estado tiene una personalidad jurídica de derecho público, en el ejercicio de la personalidad jurídica, puede contratar créditos que pueden ser internos o externos. 3. El Estado como titular soberano, tiene la facultad de imponer multas o sanciones pecuniarias, una vez cumplidas permite reunir recursos para el Fisco.

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Erogación. Distribución.

4. El Estado está facultado para fijar tributos, esto es, fijar prestaciones en dinero de cargo de los administrados del Estado, que está en condiciones de exigir de forma forzada o compulsiva.

LA POTESTAD TRIBUTARIA Concepto La potestad tributaria es la facultad de instituir impuestos y tasas como también deberes y prohibiciones de naturaleza tributaria. En otras palabras es el poder general del Estado aplicado a un sector determinado de la actividad estatal: la imposición. Facultad del ordenamiento jurídico que le reconoce al Estado para imponer, modificar o suprimir en virtud de una ley obligaciones tributarias. Al igual que el impuesto, la potestad tributaria no puede tener origen contractual, sino que sólo legal. De esto deriva que si los componentes de una persona jurídica reconoce el derecho de establecer una contribución a cargo de sus miembros. Dicha persona no adquiere potestad tributaria en el sentido que las normas que dicte al respecto no crearán impuesto, porque aquel derecho tiene su origen en la voluntad de los sujetos positivos y no en la ley, y en consecuencia la fuente de la potestad tributaria es por definición la ley. Características 

Originaria

Siempre es originaria y sumamos que la ley es la expresión de la voluntad general y que por ella se manifiesta la soberanía del pueblo sobre dos aspectos: -

Consentimiento del impuesto y el poder de ejecución. Debemos concluir que este poder tributario siempre se expresará en un principio de legalidad.



Irrenunciable

Es imposible su abandono por parte del Estado para quien es obligatorio y permanente. La irrenunciabilidad no obsta a que se dicten leyes condonatorias de impuestos, ya que lo irrenunciable es el poder tributario, más no la recaudación que se logre con su aplicación. En otras palabras puede ocurrir que la aplicación tributaria no se cumpla por voluntad del Estado acreedor. a. Voluntad activa, al dictar el Estado leyes condonatorias de impuestos. b. Voluntad pasiva, es decir, que cuando producto de la inactividad judicial por parte del Estado la deuda no se cobra dentro de los plazos de prescripción. 

Abstracta

Quiere decir que existe siempre independiente si se ejerce o no. 

Imprescriptible

Si el Estado no ejerce este poder no significa que este deje de existir, dicho de otro modo, la potestad tributaria no se extingue por el paso del tiempo. Lo anterior no significa que sea prescriptible el derecho que tiene el Estado de hacer cumplir una obligación tributaria que nace en virtud de este poder. 

Indelegable

Solo se ejerce por el órgano que el Estado de derecho dispuso para ella, no pudiendo delegarse a un tercero. 

Territorial

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El poder se ejerce dentro de los límites del territorio del mismo Estado, por esto todos los tributos que existen se ve la concurrencia de territorialidad.

LÍMITES A LA POTESTAD TRIBUTARIA 1. Límites Externos El poder tributario del Estado está limitado por la imposibilidad de gravar con tributos economías que se manifiestan o desarrollan fuera de las fronteras, como se ha dicho, todas las leyes tributarias tienen como requisito el hecho gravado la concurrencia de un factor territorial. Manifestación de este límite son los esfuerzos que hacen los Estados para evitar la doble tributación internacional a través de Tratados Internacionales y Convenios. Chile actualmente tiene un Tratado que evita la doble tributación con: Perú, Argentina, Brasil, Canadá, Corea, Dinamarca, Noruega, Polonia, Ecuador, entre otros.

2. Límites Internos En el orden interno el poder tributario está limitado por los principios constitucionales tributarios que son normas de rango constitucional que constituyen auto restricciones por la soberanía en el ejercicio de todas las facultades incluso legislativa. Constituyendo así mismo el reconocimiento de Derecho Humanos, que permite el libre ejercicio de sus actividades. El art. 5° de la CPR se comprende sobre las garantías constitucionales aquellos derechos garantizados por Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

GARANTÍA Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO CHILENO

1. Principio de legalidad Conforme a este principio no puede establecerse ningún tributo o carga impositiva por medio de una ley dictada previamente (NULLUM TRIBUTUM SINE LEGEM) y que lo cual significa que no puede existir un tributo sin una ley dictada previamente y que lo establezca en forma expresa. Protege el derecho de propiedad de los contribuyentes y consagrar el mínimo de seguridad jurídica. Este principio admite dos posiciones: A. Doctrina de la reserva legal restrictiva: basta para cumplir que la ley precise los fundamentos, tales como los sujetos y los hechos inoponibles, pudiendo los demás elementos ser integrados por la administración. B. Doctrina de la reserva legal ampliada: sostiene que la ley no sólo establece los sujetos y hechos, sino que deber ir más allá, fijando la tasa, la base imponible, las extensiones, infracciones y procedimientos. La doctrina de la reserva legal amplia es la opinión mayoritaria en nuestro país. Fundamentos de la garantía de la legalidad Se sustenta en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, ya que los impuestos tal cual lo firma el Prof. Juan Eduardo Figueroa importan restricciones a ese derecho ya que en su virtud se contrae en favor del Estado parte del patrimonio del contribuyente, esta situación no es legítima. Si no se obtiene por decisión de los órganos que representen la soberanía regular, este principio busca proteger la libertad patrimonial del individuo, sustrayéndose de la eventual arbitrariedad del poder ejecutivo. En resumen esta garantía constitucional cumple dos funciones: 2

 

Permite que los contribuyentes puedan conocer sus obligaciones tributarias. Constituye un mecanismo de defensa frente a arbitrariedades de la administración.

Este principio se encuentra consagrado en las siguientes disposiciones de la constitución: Art. 63 N° 14, que señala cuales son las materias de ley. Art. 65 inc. 4° N° 1. Corresponderá así mismo, al Presidente de la República la iniciativa, exclusiva para: 1°. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 2. Principio de la proporcionalidad Como ya se dijo el art. 19 N° 20 inc 2 ° de la CPR establece que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, esta proporcionalidad implica que la carga tributaria afecta a cada contribuyente de manera adecuada o razonable se trata de asegurar que los tributos no sean expropiatorios. 3. Principio de la igualdad En materia tributaria la igualdad no solo debe ser numérica, sino que debe ser entendida como el deber de asegurar el mismo tratamiento a todos los que se encuentran en situaciones análogas, lo cual permite la formación de categorías o distingos conforme a criterios razonables, por ende se deben excluir toda discriminación arbitraria, injusta o inútil contra determinada personas o categorías de personas. De esta manera la fuente de las diferencias en materia tributaria puede ser una de las siguientes:  

Capacidad contributiva, esta idea reconoce que cada persona debe pagar tributos en proporción a su capacidad de pago. Origen de la renta, las rentas pueden ser originadas en el capital o en el trabajo, las primeras, derivan de bienes materiales cuya existencia es independiente del titular y por consiguiente de los riesgos que a este le afectan, por lo tanto, según la doctrina debería tener un tratamiento más favorable, pero en la práctica este tratamiento más favorable no existe, de hecho la renta derivaba del trabajo podría estar gravada con una tasa de hasta 40% a través del impuesto único de segunda categoría o del impuesto global complementario según corresponda. Por otro lado, las rentas de capital, se gravan con una tasa del 25% o del 25,5% dependiendo del régimen tributario que haya escogido el contribuyente (año 2017).

Beneficio del contribuyente Constituye un factor que debiera ponderarse para la determinación de la carga tributaria. Este principio como consecuencia involucra un concepto de equidad vertical, por el cual cada contribuyente debe ser sujeto de una carga impositiva acorde a su capacidad económica y un elemento además de equidad horizontal, por el cual los individuos de cada uno de los grupos que representan distintos niveles de capacidad contributiva deben ser tratados en igualdad de condiciones en relación con los demás individuos del mismo grupo. Esto está consagrado en la Constitución en el art. 19 N° 2 y 20.

4. Principio de generalidad Indica este principio que verificados los supuestos exigidos por la ley para constituirnos en deudores de una obligación tributaria no podemos liberarnos o excepcionarnos de ella, salvo que la autoridad considerando determinados factores hubiesen establecidos un beneficio tributario, el cual importa una liberación o extensión tributaria, el ordenamiento constitucional le reconoce al legislador el derecho libertar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación tributaria a una persona o categoría de personas por razones calificadas. El fundamento de esto deriva de las disposiciones indicadas en el principio de igualdad que reconoce específicamente el derecho del legislador a liberar 3

de obligaciones tributarias a determinados contribuyentes con la condición de que está liberación no tenga el carácter de arbitraria. Como consecuencia el art 19 N° 22 de la CPR autoriza al legislador a establecer determinados beneficios directos o indirectos de sectores, actividades o zonas geográficas y a establecer gravámenes especiales siempre y cuando como ya se dijo estos beneficios no importen una discriminación y que obviamente estén expresamente en la ley. 5. Principio de propiedad Este principio de la potestad tributaria es de vital importancia por cuando es el que en definitiva se ve afectado con mayor fuerza con ocasión del impuesto, la razón de esta 3limitación obedece a la necesidad que tiene el Estado de procurarse recursos que le permitan satisfacer el mandato constitucional de concretar el bien común, sin embargo, al afectar la propiedad prohibe la afectación del derecho de propiedad en su esencia, los impuestos no pueden sino bajo una circunstancia extraordinaria tener el carácter de confiscatoria. Manifestaciones del respeto del derecho de propiedad 



Irretroactividad de la ley tributaria, conforme al art. 3° del DL 830 (Código Tributario), la ley tributaria sólo puede excepcionalmente operar o regir hacia atrás. En efecto las leyes que crean, modifican o suprimen impuestos, como asi mismo las leyes que modifican la tasa impositiva o alteran elementos indispensables para determinar la base de ellos, sólo afectan los hechos verificados de manera posterior a su entrada en vigencia. No confiscatoriedad de los tributos, los impuestos que representan una privación autorizada del dominio no pueden afectar el derecho de propiedad en su esencia o cualquiera de sus atributos (usar, gozar y disponer). Esto es cuando equivale a una parte sustancial del valor del capital, de la renta o de la utilidad. El carácter excesivo y por ende ilegal del tributo es posible determinarlo solo a la autoridad judicial, de acuerdo a circunstancias objetivas. Por ejemplo, situación de guerra, catástrofe o conmoción nacional.

6. Principio de protección jurisdiccional Es fundamental que en un Estado de Derecho, gobernantes y gobernados se subordinen al mismo orden jurídico tributario. Es importante que existan garantías constitucionales que estén reforzadas con acciones judiciales que permitan su materialización, lo cual corresponde según el ordenamiento constitucional y la doctrina a un derecho que emana de la naturaleza humana y que dice relación con la facultad de convocar al órgano jurisdiccional para que resuelva los conflictos de relevancia jurídica. No basta para materializar este principio que se movilice al órgano jurisdiccional sino que es necesario que está acción se enmarque dentro de un debido proceso, es decir, que haya un justo y racional procedimiento. Esto ocurre cuando la parte que reclama ha sido válidamente emplazada, conoce lo que reclama, tiene un plazo para probar los hechos, existe una valoración legal de la prueba, una sentencia fundada y de hecho que esa sentencia sea revisada por un tribunal superior e independiente. Solo si se cumple uno y cada uno de estos requisitos podemos asegurar que la acción de impugnación satisface la garantía que consagra el art. 19 N° 3 de la CPR. En materia tributaria el principio de debido proceso se cumplió imperfectamente, porque no obstante en los hechos se cumplen los requisitos existía una situación insubsanada, que era la propia autoridad tributaria que resolvía el conflicto planteado por el contribuyente. CHAPTER TWO: DERECHO TRIBUTARIO Forma parte del derecho público ha sido conceptualizado por varios autores, a saber: a. Giannini, señala que el derecho tributario es aquella rama del derecho administrativo que expone los principios y las normas relativos a la imposición de la recaudación y analiza las siguientes relaciones entre los entes públicos y ciudadanos.

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b. Ramón Valdez, conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado y su calidad de acreedor de los tributos y las personas que responsabiliza de su pago. c. Founrouge, dice que es la rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones como actividad del Estado en las relaciones de este con los particulares y en las que se suscitan entre estos últimos. d. José Zavala, es un conjunto de normas jurídicas que viene a regular el establecimiento de los tributos, los poderes, los deberes y las prohibiciones que los contemplen. e. Pedro Massone, rama del derecho que regula los tributos así como los poderes del Estado, deberes y prohibiciones que este contenga. ELEMENTOS QUE PODEMOS EXTRAER DE ESTOS CONCEPTOS El proceso de aplicación de los tributos: luego de creada la norma se debe estudiar como el caso concreto se sujeta a la norma, acá es muy importante la interpretación de la NT (Norma Tributaria), porque si bien es cierto el servicio de impuesto interno, realiza esta interpretación (art. 6° letra a) N° 1 del CT) ella no es obligatoria ni para los contribuyentes ni para los tribunales. Pero no es obligatoria la interpretación. El proceso de fiscalización de los tributos: este está destinado a evitar la evasión del impuesto, por ende, el servicio tiene diversas facultades otorgadas por la ley para fiscalizar. Por ejemplo (art. 59 CT) la obligación de estar inscrito en un RUT, facultad de examinar y revisar declaraciones presentadas, facultad de confrontar las existencias con los inventarios anotados en los libros y otras facultades art. 60, 68, 93, 32, 33.

AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO Dentro de la doctrina se han desarrollado algunos debates acerca si el derecho tributario es autónomo, especializado o particular o si en cambio, es una rama del derecho administrativo o del derecho financiero. Es importante señalar que cada rama especializada del derecho tiende a organizarse de una manera original en cuanto a reglas y elementos. Sin embargo, todas las ramas del derecho comparten principios fundamentales del derecho. Cuando una disciplina está regida por reglas propias, decimos que es autónoma, esto se aprecia por el hecho de que una situación jurídica puede ser regulada dentro de una disciplina autónoma de una forma diferentes de aquella que lo sería dentro de cualquier otra disciplina, aún dentro de lo que se denomina derecho común. La ley tributaria al perseguir objetivos diferentes de otras leyes, se aparta en más de un aspecto de los principios del código civil, y forja en mucho conceptos definiciones autónomas, ella se aplica a situaciones y hechos sin necesidad de averiguar cómo son definidos por otras leyes, del mismo modo, las definiciones dadas por el derecho tributario son indiferentes para otras leyes. Este hecho demuestra la autonomía del derecho tributario. Es importante destacar que está autonomía no significa aislamiento ni desconocimiento de las demás ramas del derecho. Sostener la autonomía no implica negar unidad del derecho y por lo mismo, sus vinculaciones con las demás ramas y con ese fondo común constituido por los principios e institutos aplicables a todas las ramas. En efecto, podemos reconocer que a menudo para interpretar o integrar normas de derecho tributario se debe recurrir a principios generales, propios de una rama diversa, por ejemplo, para la resolución de materias relativas a lo contencioso tributario debe recurrirse al derecho procesal civil. También en materia de infracciones y sanciones tributarias debe recurrirse a los principios generales del derecho penal común. Para las materias relativas a la validez de los actos mediante los cuales se expresa la voluntad de la administración tributaria se debe recurrir al derecho administrativo.

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Esto está reconocido en el art. 2° del Código Tributario, el cual señala: “en lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias se aplicaran las normas del derecho común contenidas en leyes generales o especiales”. Como dijimos anteriormente el hecho que el derecho tributario sea autónomo no significa que viva separado de las demás disciplinas jurídicas, sino que simplemente tiene principio e institutos propios. Algunos de ellos inclusos opuestos al de otras ramas jurídicas, como veremos a continuación. a. Residente: el CT en el art. 8° N° 8, define a residente como toda persona natural que pertenezca en Chile más de 6 meses en un año calendario, o más de 6 meses en total dentro de 2 años tributarios consecutivos. En cambio en el código civil define residente difiere del anterior por cuando no exige una permanencia o tiempo para tener tal calidad, el art. del CC define al domicilio como la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de pertenecer en ella. b. La persona en el derecho tributario se denomina contribuyente como personas naturales y jurídicas o en los administradores o retenedores de bienes ajenos afectados por impuestos, en cambio, en el código civil define a las personas en el art. 55 como toda especie humana sexo, estirpe o condición. c. En el art. 2059 del CC las sociedades se dividen en civiles y comerciales y para el código tributario las sociedades se dividen en sociedades de personas o de capital. El art. 4° del CT señala que las normas de este cuerpo legal sirven exclusivamente para la aplicación o interpretación de las normas impositivas tributarias internas de competencia de SII. Y de ellas no se podrá inferir salvo disposición expresa en contrario, analogía o aplicaciones para otras ramas de derecho. No obstante la autonomía del Código Tributario, el art. 2 se remite al derecho común a los casos no previsto en las leyes tributarias por lo cual no es autónomo al extremo de ser autosuficiente.

CHAPTER THREE: FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO Son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. También se tiene por tales a los órganos de los cuales emanan las normas que componen el ordenamiento jurídico (conocido como órganos normativos) y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden las nociones de fuentes del derecho en sentido material (fuentes materiales) y en sentido formal (fuentes formales). 1. Fuentes materiales Son los factores de diversa índole (políticos, sociales, económicos, culturales) que presentes en una sociedad, en un momento determinado influyen en la producción modificación o derogación de normas jurídicas y en su contenido. 2. Fuentes formales Son los distintos procedimientos de creación de normas jurídicas, así, como los modos de exteriorización de estas y los continentes normativos donde es posible hallarlas tras los cuales es posible identificar los órganos, una autoridad, una fuerza social o sujeto de derecho que se encuentran calificados para producir normas jurídicas, por el mismo ordenamiento jurídico al que pasan a incorporarse nuevas normas por ellos creadas. El derecho tributario reconoce diversas fuentes de las que emana, las cuales según su importancia son: 

La Constitución Política de la República, en razón a su importancia como base de la institucionalidad de un país es indudable su trascendencia como medio creador de normas 6

tributarias y financieras. Esta norma principal aparte de fijar límites al poder tributario permite fundamentar el principio de legalidad al establecer en el art. 63 N° 14 y 65 N° 1, que la iniciativa exclusiva en materia impositiva corresponde al Presidente de la República. Cuando decimos que limita el poder tributario, significa que, quien ejerce ese poder no puede actuar vulnerando sus normas de lo contrario actuaria de manera inconstitucional. Los principios que contiene la CPR, son igualdad ante la ley, igual repartición de tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y las demás repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad en su más diversas manifestaciones. 

Tratados Internacionales, constituyen una fuente del derecho tributario, en lo relativo a las materias que rigen, aunque en nuestro sistema, los tratados se ubican dentro del mismo rango que la ley, debemos reconocer que en la doctrina contemporánea prevalece la teoría monista de primacía del derecho internacional sobre las leyes internas. En ese sentido los Estados son reacios a restarse competencias, porque implica intromisión a su soberanía. De este modo los tratados o acuerdos de carácter tributario adoptados por los órganos comunitarios están sujetas a numerosas exigencias, es más, el propio código tributario, modelo para américa latina, en su art. 2° señala que, las normas contenidas “en las convenciones internacionales, tienen vigencia en todo el territorio, aunque existan potestades locales”. Estas convenciones son de igual importancia para evitar efectos perjudiciales de la doble tributación internacional, citándose como ejemplo, el tratado celebrado entre Chile y Argentina, por el cual cada país se desgrava las rentas que se remecen a otro. Lo mismo pasa con el convenio entre Chile y Perú. Conforme al art. 54 N°1 de la CPR, los TTII deben ser aprobados o desechado por el Congreso Nacional. Importante es señalar que los parlamentarios, no tienen la facultad de modificar alguna parte del convenio ya que la única forma de modificar o derogar un tratado es aquella prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional.



Normas de rango legal, o ley tributaria, la ley es una de las fuentes más importante del derecho tributario por ser el legislado que debe establecer los tributos en sus aspectos generales y fundamentales, dentro de este grupo se encuentran los D.F.L., D.L., y la ley propiamente tal.



Decretos reglamentarios, el Presidente de la República, en virtud del 32 N° 6, está facultado para reglamentar aspectos que no sean de materia exclusiva de ley (principio de reserva legal) o reglamentan la ejecución de las leyes, en general a través de los reglamentos, decretos e instrucciones se hace aplicable a casos particulares que deban resolverse, la Constitución debe ser breve y precisa y las leyes la acomodan a los casos particulares que puedan presentarse. La ley debe ser también general, redactada en términos tales que permitan su aplicación a un gran número de casos y es el reglamento o decreto el que dará flexibilidad para que pueda conformarse a los casos particulares. En nuestro sistema la generalidad de los elementos que integran la ley tributaria debe encontrarse en la obligación tributaria. Lo que puede realizar la administración, es reglamentar la norma legal o interpretarla pero solo con carácter administrativo (interpretación administrativa). Puede también normar, pero aquellas materias que no sean de dominio legal y siempre respetando el orden jurídico mediante un reglamento se pueden imponer obligaciones accesorias, es decir, aquella que implican obligaciones de hacer o no hacer, no obstante, lo anterior, un reglamento jamás podrá imponer un tributo, lo cual es material de reserva legal.



Circulares

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A. Circulares, son las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuesto Interno relativas a las formas de aplicar un tributo que el directo dicta según la facultad del art. 6° letra A, N°1 del CT. Las circulares se clasifican en: -

Propiamente tales, que son interpretaciones administrativas dirigidas a los contribuyentes y funcionarios del SII en general destinadas a la explicación del sentido y alcance de las normas. Los oficios circulares, son interpretaciones de carácter interno dirigidos a los funcionarios del SII, relativos a la forma de ordenar como estos deben ejercer sus funciones en determinadas materias.

B. Resoluciones, son disposiciones que la autoridad tributaria dicta en virtud de una ley delegatoria que otorga una facultad. Por ejemplo, el art. 97 N° 10 contempla como sanciones a la infracción tributaria de no emisión de documentos tributarios multas hasta el 300% del valor de la operación y clausura hasta de 20 días, esto último se cumple por medio de una resolución que se notifica al contribuyente por lo menos 15 días previos a la realización de la clausura, de acuerdo a lo señalado la resolución tiene carácter de obligatoria, pues el servicio está ejerciendo una facultad expresamente delegada por ley. Las resoluciones imponen obligaciones accesorias y no pudiendo llegar a crear una tasa, ni una base imponible por ser estas materias reservadas de una ley. C. Oficios, son respuestas que van dirigidas a los particulares a consultas realizadas al SII, las cuales no son obligatorias para el contribuyente ni mucho menos para terceros ajenos a la consulta. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS A. Interpretación de la ley tributaria Distinción previa: A.1. Criterios doctrinarios de interpretación Cabe preguntarse si en el derecho tributario existe un método que difiera de los sistemas consagrados en otras ramas del derecho para la interpretación de las normas. Antiguamente se sostuvo que en caso de dudas las normas tributarias deben ser entendidas en un sentido favorable al sujeto pasivo (contribuyente). Otros, en cambio que en consideración a las exigencias financieras del Estado pensaban que debía prevalecer la interpretación que más favorecía al Estado. Y un tercer grupo, señalaba que las normas tributarias no debían ser favorables ni para el sujeto activo ni tampoco para el sujeto pasivo, sino de una interpretación rigurosamente literal. Interpretar una norma jurídica tributaria al igual que cualquier otro tipo de norma significa determinar su verdadero sentido y alcance con relación a los hechos a los cuales se aplican. El Código Tributario no contiene normas específicas sobre interpretación de la ley por consiguiente en virtud del art. 2° del CT, se aplican las normas de art. 19 al 24 del CC, pero en consideración a la especialidad del Derecho Tributario existen ciertos criterios interpretativos que ayudan a la labor del interprete los cuales no constituyen verdaderos métodos o elementos de interpretación. Los métodos tradicionales del Código Civil son:    

Elemento Gramatical. Elemento Lógico. Elemento Histórico. Elemento Sistemático.

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Criterios especiales de interpretación Además de los métodos o criterios tradicionales del Código Civil la doctrina ha elaborado criterios especiales de interpretación de normas tributarias entre los cuales podemos señalar: 1. Interpretación estricta, atendido el principios de reserva legal existen normas que deberían siempre interpretarse estrictamente, como las de beneficios. 2. La interpretación funcional, según este criterio para determinar el exacto sentido de las normas tributarias deben investigarse los elementos de carácter político, económico, jurídico, y técnico de cada uno de los tributos con el fin de determinar la función que estos desempeñan. 3. La interpretación económica, según esta teoría el fondo económico de la relación prevalece sobre la forma jurídica adoptada por las partes. A.2. Presunción de los conocimientos de la ley tributaria Como sabemos la ley empezara a regir desde su publicación, fecha en que se entenderá conocida por todos, en el art. 8 del CC, se establece una presunción del conocimiento de la ley (presunción de derecho), esto es, presunción es algo más débil que la del derecho común y ello en razón de las disposiciones que tratan sobre las simples infracciones tributarias y los delitos tributarios. Art. 107 CT. Las sanciones que el servicio o el tribunal impongan se aplicarán dentro de los márgenes que correspondan, tomando en consideración: 4°. El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida. Art. 110 CT. En los procesos criminales generados por infracción a las disipaciones tributarias podrán constituir la sanción de responsabilidad contemplada en el art. 10 N° 12 del Código Penal o en su defecto la causal del art. 11 N°1 del CP, la circunstancia que el infractor de escasos recursos pecuniarios por su insuficiente ilustración o por alguna otra causa justificada, haga presumir que ha tenido un conocimiento imperfecto del alcance de las normas infringidas, el tribunal apreciará en conciencia los hechos de las causales de eximente o atenuante. A.3. Integración de la ley La integración de la ley consiste en la búsqueda de la norma que deben aplicarse a un caso que el legislador no ha contemplado y presupone la falta de una norma jurídica específica, un vacío, laguna legal que debe ser llenada en armonía con lo anterior el CT dispone que en lo no previsto por este cuerpo legal o en leyes especiales, nos remitiremos al art. 2° del CC. A.4. Interpretación administrativa Interpretar administrativa significa que el sentido y alcance que el director determine respecto de una norma tributaria, tiene el efecto de obligar a sus subalternos, es decir, determina la línea de acción de los funcionarios del SII, según con lo ya visto, está interpretación no vincula ni a los contribuyentes y tampoco los tribunales de justicia, esto quiere decir que la interpretación administrativa es el punto de vista que la administración tributaria postula respecto de las normas impositivas. Esta interpretación se realiza mediante circulares o mediante oficios circulares. En aquellos casos en que producto de esta interpretación se suscite alguna contienda de competencia con otras autoridades, esta será resuelta por la Corte Suprema (art. 7° CT). Dentro del art. 6° letra A, encontramos las facultades del Director Nacional del SII: 1. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. 2. Absolver consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias que formulen los funcionarios del servicio por conducto regular o autoridades. 9

En art. 6 ° letra B del Código Tributarios, encontramos las facultades del Director Regional del SII: 1. Absolver las consultas sobre las consultas sobre aplicación de las normas tributarias, esto es solo formal porque debe ajustarse a las normas e instrucciones del director nacional. 2. Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación, en los casos a que se refiere el Título I del Libro Segundo. 3. Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o variables. A.5. Interpretación judicial Es aquella que realiza el juez dando el sentido y alcance de una norma jurídica con el fin de dirimir un conflicto previo a la dictación de la Ley 20.322, el Tribunal Tributario se encontraba al interior del SII, siendo el Directos Regional un juez de primera instancia que fallaba conforme a las instrucciones dadas por el Director Nacional del SII. En nuestra región el TTA comenzó a funcionar el 1 de enero del 2010, y los litigios que debían ventilarse antes de la entrada en vigencia por los procesos que se estaban tramitando en esa época se sustanciaron al procedimiento antiguo con la salvedad que los directores regionales para efectos de ejercer justicia quedaban liberados de seguir las instrucciones que impartía el director nacional (art. 3 TRANSITORIO). CHAPTER FOUR: APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA LEY TRIBUTARIA EN EL TIEMPO A. Vigencia de la ley El problema de aplicación de la vigencia y eficacia de la ley tributaria en el tiempo debe considerarse en 3 aspectos. Regla general, según el art. 3° del CT, la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el primer día del mes siguiente desde su publicación. B. Normas excepcionales Como excepción a la norma anterior la ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirvan para determinar la base de ellos entrara en vigencia el día primero de enero del año siguiente al de su publicación. C. Normas especiales de vigencia No obstante la reglamentación indica la nueva ley puede contener disposiciones especiales sobre su entrada en vigencia las que prevalecen sobre las generales. Aplicación del derecho común Respecto de otros asuntos tributarios o de materias a las cuales no se aplica el CT, rige el art. 6° y 7° del CC, en virtud de los cuales, la ley no obliga sino una vez promulgada y publicada. Cesación de la vigencia de la ley La ley rige únicamente cuando está en vigencia y deja de estarlo cuando ha sido derogada (expresa o tácita. Art. 52 del CC). Efectos de las leyes en el tiempo 1. Irretroactividad de la ley. Por regla general solo la ley puede imponer hacia el futuro y no tiene efecto retroactivo. Art. 9, se aplican únicamente a los hechos ocurridos durante su vigencia. 2. Efectos retroactivos de las leyes

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Excepcionalmente tratándose de normas sobre sanciones e infracciones se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia cuando dicha ley exima al hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa (art. 3° del CT concordancia: art. 19 N° 3 y 18 del CP).

LEY TRIBUTARIA EN EL ESPACIO A. Eficacia de la ley Es la determinación del espacio en la que la ley se aplica como tal, lo que no debe confundirse. Vale decir, que la determinación de los hechos de un Estado puede regular cuando tales hechos, cuando se cumplen en todo o parte fuera de su territorio o por obras de personas de otro Estado. El primero es un problema netamente jurídico. El segundo en cambio, es un problema jurídico y político ya que no se trata de saber si es legitima una ley que somete a impuesto a un hecho ocurrido afuera del territorio nacional, sino saber si es oportuno y dentro de que límites que una ley someta a tributo un hecho acaecido fuera del territorio del Estado, hecha esta distinción la solución a esta interrogante no ofrece mayor dificultad, las normas jurídicas tienen valor obligatorio en todo el territorio del Estado, del cual emana, incluso cuando se trata de normas con eficacia meramente local. B. Extensión de la ley Es la determinación de los hechos que la ley del Estado puede regular cuando estos se cumplen en todo o parte fuera de su territorio o por oba de personas de otro Estado. En principio y como regla general, la ley tributaria solo se extiende a las personas y a los hechos ocurridos en él. Este principio se encuentra consagrado en el art. 14 del CC, donde dispone que la ley es obligatoria para todas las personas de la República incluso los extranjeros. En el art. 16 del CC al disponer que los bienes situados en Chile están regidos por las leyes chilenas, aunque sean extranjeros no residentes en Chile. 3. Principio de territorialidad Este principio es extensión de la soberanía chilena en nuestro país las normas son las emanadas por nuestras autoridades y no de otras, del mismo modo nuestra legislación por regla general no se aplica fuera del territorio nacional, lo mismo ocurre en materia tributaria, pues el Código Tributario se aplica a las actividades realizadas en el país. 4. Doble tributación internacional Ocurre esta cuando 2 entes con personalidad jurídica en la orden interestatal estable simultánea y coactivamente un mismo impuesto sobre un mismo hecho que se soporta por una misma y única persona natural o jurídica. De la descripción anterior podemos darnos cuenta de los efectos nocivos de este fenómeno para el comercio internacional porque constituye un obstáculo que encarece la inversión extranjera, de allí que los Estados tiendan a la neutralidad fiscal e intenten eliminar la doble tramitación internacional mediante convenios internacionales (se elimina por tratados internacionales) 5. Principio de la buena fe en materia tributaria De acuerdo en lo previsto en el art. 26 del CT, no procederá el cobro retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentadas por la dirección o por las direcciones regionales en circulares, dictamines, informes u otros documentos oficiales destinado a impartir instrucciones a los funcionarios del servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general, o de uno o más de estos en particular.

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En caso en que los circulares, dictámenes y demás documentos mencionados sean modificados se presume de derecho que el contribuyente a conocido tales modificaciones desde que se hayan publicado por el art. 15 del CT. Se reclama: 1. 2. 3. 4.

Liquidación Giro Pago Resoluciones

RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA La obligación de pagar impuestos no es la única obligación entre el contribuyente y el fisco, sino una más de una serie de obligaciones y por eso se le llama a esta unidad relación jurídica tributaria y no sólo “pago de impuestos”. El ejercicio de la potestad tributaria crea obligaciones sustanciales (de pagar el tributo) y establece deberes (libre de contabilidad, inscripción en roles y registros, termino de giro, presentar declaraciones mensuales y anuales, etc.). Algunos entienden que la relación jurídica tributaria corresponde únicamente a la obligación principal o sustancial. Otros sostienen que comprenden tanto la obligación tributaria como los deberes formales (obligaciones accesorias). A nuestro juicio existe una relación jurídico tribunal principal que da nacimiento a la obligación tributaria de pagar el tributo, cuando una vez realizado el hecho imponible. Pero también existen muchas otras relaciones jurídicas tributarias accesorias o complementarias que dan lugar a las obligaciones formales o accesorias. La obligación de pagar impuestos (obligación principal) es un vínculo jurídico en virtud del cual el contribuyente debe dar una determinada cantidad de dinero a favor del fisco, en razón de haber incurrido en lo que el legislador ha descrito como hecho gravado o hecho imponible. La obligación contiene 2 requisitos: 1. Elementos externos (la ley y el hecho gravado): Son aquellos que si no están presentes la obligación tributaria no nace a la vida jurídica, los requisitos de existencia son:  La ley, nos referimos al art. 1° del CC, con la salvedad que en materia tributaria la iniciativa la tiene exclusivamente el Presidente de la República.  El hecho gravado o el hecho imponible, también se le denomina “hecho generador de impuestos”, es un hecho o conjuntos de hechos cuya ocurrencia en la realidad tiene aparejado el nacimiento de la obligación tributaria, por ejemplo, la renta ya que una persona obtenga renta para tener la obligación de pagar impuestos. Un conjunto de hechos es, por ejemplo, que se requiera varias ventas para que nazca la obligación tributaria, se requiere habitualidad, es decir, que la persona que va a tributar sea un vendedor que habitualmente vende aunque en el mes solo venda una vez. Características del hecho gravado 1. Debe estar descrito en la ley. Es un elemento imprescindible de la obligación tributaria (requisito de existencia). 2. Debe tener contenido económico (siempre es susceptible de apreciación pecuniaria). 2.  -

Elementos internos (sujetos, objeto y causa) Los sujetos Sujeto activo: el fisco (acreedor). Sujeto pasivo: el contribuyente (deudor). 12

El sujeto pasivo es la persona obligada a cumplir la obligación tributaria, el concepto de la ley es amplio, comprende sociedades de hecho, comunidades, sucesiones hereditarias, etc. incluso el propio Estado puede serlo cuando despliega actividades en el ámbito del derecho privado, por ejemplo, cuando el Estado tiene empresas, aquí operan exenciones. Cambios dentro del sujeto pasivo: Contribuyente de derecho, es el obligado por la ley al pago, no obstante hay obligaciones que se exigen al contribuyente de hecho, como por ejemplo, el IVA. Contribuyente de hecho, es aquel que soporta patrimonialmente el impuesto. Sustituto, persona que por disposición de la ley asume el lugar del sujeto pasivo a tal punto que el contribuyente pueda quedar exonerado de ésta o, al menos, queda con una responsabilidad subsidiaria en el pago del impuesto (tiene por objeto facilitar la recaudación). Tercero responsable, la ley establece un responsable más como una manera de asegurar el cumplimiento tributario, la responsabilidad puede ser solidaria (art. 78 del CT, notarios) y subsidiaria (art. 71 del CT, término de giro). El sujeto pasivo puede actuar ante el SII: a) Personalmente b) Representado ( basta que conste por escrito ) Representación administrativa: Formalidad, constar por escrito. Art. 9 inciso 1° CT: “Toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación. El mandato no tendrá otra formalidad que la de contar por escrito” Representación Judicial: Constar por escrito. Art. 129 CT: “En las reclamaciones los contribuyentes podrán actuar por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios”( se necesita en juicios superiores a 32 UTM) Relación entre art. 14 y art. 9 inciso 3° del CT: Facilita el emplazamiento al contribuyente. Art. 9 inciso 3° CT: La persona que actúe ante el SII como administrador, representante o mandatario del contribuyente se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de éste, mientras no conste la extinción de la representación. Art. 14 CT: El gerente o administrador de soc. o cooperativas o el presidente o gerente de personas jurídicas, se entenderán autorizados para ser notificados a nombre de ellas. 

Objeto de la obligación (dar cierta cantidad de dinero entregada tal fisco). La obligación tributaria siempre es la obligación de dar dinero. Hay un solo caso excepcional en que no sea de dinero y se da en la legislación mexicana, las compañías mineras pueden pagar sus impuestos con minerales, pero la regla general es en dinero.

El objeto de la obligación tributaria se traduce a ¿Cuánto debo pagar al Fisco?, lo que se soluciona con una operación aritmética: BASE IMPONIBLE (ingreso – costo – gasto) + TASA = IMPUESTO A PAGAR Base imponible: Es la expresión numérica del hecho gravado, por ejemplo: Hecho gravado: Renta. Base Imponible: 300.000 Tasa: 10% Impuesto a pagar: 30.000 

La causa de la obligación. Algunos autores creen que la causa de la obligación tributaria es aquella que integra la propia definición del tributo, por ejemplo, en una tasa que grave el retiro de basura, será fundamental que la basura se retire, si no se retira no habrá causa y por ende tampoco obligación.

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Para otros la causa de la obligación tributaria radica en el beneficio que obtiene el contribuyente de parte del Estado, no obstante, dicho beneficio no constituye causa del tributo, porque el concepto de tributos comprende el de impuestos y en éstos el beneficio no está presente. Otro sector de la doctrina cree que la causa de la obligación tributaria está en la capacidad contributiva, es decir, la capacidad económica de quien posee bienes o riqueza para el tributo, o dicho de otro modo, la aptitud o potencialidad económica del individuo sometido a la soberanía de un Estado, para contribuir al pago de los gastos públicos. (Proporcional) No obstante, lo anterior, la causa o razón por la cual los contribuyentes se obligan tributariamente radica en que existe una ley que lo obliga cuando concurren determinados supuestos fácticos. ( la causa es el ppio de legalidad) Devengo de la obligación tributaria. El significado gramatical del verbo devengar es "adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título", o "tener derecho a…". Determina el momento en que nace el derecho del fisco a percibir el tributo Ese precisamente es el contenido del término devengo en materia tributaria; se pretende, a través de esta figura, establecer el momento, el instante en que nace para el Fisco el derecho a percibir el impuesto; lo que no significa que pueda exigir ese derecho; en otros términos, es la precisión cronológica del hecho gravado. La Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios en su artículo 9° señala, como regla general, que el impuesto en esos casos se devenga en la fecha de emisión de la factura o boleta. En síntesis, el devengo equivale al instante en que nace la obligación tributaria, es decir, el momento en que el hecho gravado se ha realizado en su integridad. Exigibilidad de la obligación tributaria. Con el devengo nació el derecho para el Sujeto Activo de la obligación; pero ese hecho no lo faculta para exigir, hacer efectivo ese derecho; se trata de un concepto diferente, incluso separado cronológicamente. Así, en materia de Impuesto al Valor Agregado, el devengo se produce el emitir el documento, que normalmente coincidirá con la entrega real o simbólica del bien, tratándose de ventas; en cambio, el Fisco no podrá exigir coactivamente su cumplimiento mientras no transcurran los primeros 12 días del mes siguiente a aquel en que se produjo el devengamiento.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PRINCIPAL Concepto Es una obligación legal que vincula jurídicamente al Fisco con el contribuyente, como relación jurídica tributaria principal, que nace una vez que éste ha realizado el hecho imponible descrito en la norma que establece el tributo y que tiene por objeto una prestación pecuniaria en beneficio del Fisco. Fuente de la obligación tributaria Siempre la fuente de la obligación tributaria radica en la ley, en virtud del principio de reserva legal, sin perjuicio de que el legislador tributario debe considerar, al establecer el tributo, la materia imponible (existencia de unos recursos económicos con cargo a los cuales pueda hacerse efectivo el cobro del impuesto), un sujeto relacionado con la materia imponible, el objeto del impuesto o índice de capacidad contributiva del sujeto pasivo.

Primeras Teorías que justifican la existencia de la obligación tributaria Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante a propósito de los elementos de la obligación tributaria (en especial de la causa de dicha obligación), podemos anticipar las siguientes teorías: 14

1. Teoría contractual, donde se percibe al tributo como fruto de un acuerdo, o a lo menos tácito, entre la comunidad y sus gobernantes, por el cual el Estado se obliga a satisfacer ciertas necesidades y la ciudadanía a financiarlas. 2. Teoría unilateral, concibiendo al tributo como una imposición del Estado, en virtud de su facultad de imperio. Objeto de la obligación tributaria El objeto de la obligación tributaria consiste en la prestación (pecuniaria) que debe satisfacer el contribuyente al Fisco, por haber realizado el hecho imponible, tipificado por una norma jurídica tributaria. Tratándose de la obligación tributaria, la prestación consiste en “dar” una determinada suma de dinero, es decir, pagar el tributo. Capacidad tributaria En Derecho, la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y para ejercerlos por sí mismos. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio.  

Capacidad de goce, es la aptitud para ser titular de derechos, y la tienen todas las personas por el hecho de ser tales. Capacidad de ejercicio, es la facultad para ejercer los derechos sin la intervención o autorización de otro. Por consiguiente, no todas las personas tiene este tipo de capacidad.

La capacidad tributaria es una especie de capacidad jurídica, que dice relación con la facultad para ser sujeto de derechos y obligaciones tributarias. La capacidad jurídica tributaria no coincide con la capacidad del Derecho Común, pues el Derecho Tributario también atribuye capacidad a entes que carecen de personalidad jurídica, como las comunidades, los patrimonios de afectación, etc. Características de la obligación tributaria Las principales características de la obligación tributaria son:   

Es una obligación legal, pues está establecida en la ley. Es de Derecho Público, porque la norma que la establece tiene este carácter, es decir, no puede alterarse por los sujetos activos y pasivos al margen del ordenamiento jurídico. Es una obligación de dar, puesto que su objeto consiste en dar una suma de dinero.

Nacimiento de la obligación tributaria La obligación tributaria nace a la vida jurídica una vez que se realiza el hecho imponible por el sujeto obligado, es decir, cuando se hace realidad el supuesto de hecho contenido en la norma tributaria que establece el tributo. Sin embargo, hay autores que sostienen que la obligación tributaria no nace de la mera ejecución del hecho gravado, sino a través del acto de liquidación. Extinción de la obligación tributaria. Una vez nacida la obligación tributaria a la vida del Derecho, por haberse realizado por el sujeto el hecho imponible, dicha obligación puede extinguirse normalmente por la “solución” o “pago efectivo”, esto es, por la prestación de lo que se debe por concepto de tributo, o bien por alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones, en cuanto fueren aplicables, tales como:     

Solución o pago efectivo Remisión (condonación) Compensación Prescripción Dación en pago 15

 Declaración de incobrabilidad (197, 198 C TRIB)  Ley Solución o pago efectivo Es la prestación de lo que se debe por concepto de impuestos, o sea, la entrega de la cantidad de dinero a que asciende la deuda tributaria. Regulación del pago. Además de las normas de los artículos 1568 a 1627 del Código Civil, en lo que fueren aplicables, el pago de la obligación tributaria, en materia de tributación fiscal interna, se rige por las disposiciones de los artículos 37 a 52 del Código Tributario. Dónde debe hacerse el pago. El pago debe hacerse en Tesorería; pero el Tesorero General de la República podrá facultar al Banco del Estado, a los bancos comerciales y a otras instituciones, para recibir de los contribuyentes el pago de cualquier impuesto, contribución o gravamen en general, con sus correspondientes recargos legales, aun cuando se efectúe fuera de los plazos de vencimiento (Artículos 38 y 47 del Código Tributario). Pago debido y pago indebido. De acuerdo con el Art. 126 del Código Tributario, cuando el contribuyente paga impuestos o recargos legales, en forma indebida o en exceso, puede solicitar la devolución de lo pagado ( con reajuste), siempre que lo haga dentro del plazo fatal de tres años, contado desde el acto o hecho que le sirve de fundamento. Pago fuera de plazo. El pago fuera de plazo conlleva la aplicación de reajustes e intereses penales, y puede conducir también a la aplicación de multas cuando se trata de impuestos de retención o recargo. Compensación Es un modo de extinción de las obligaciones que se produce cuando dos personas son deudoras una de la otra, operándose entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, hasta concurrencia de la de menor valor (Artículos 1655 y siguientes del Código Civil). La compensación opera por el solo ministerio de la ley, aun sin conocimiento de los deudores, en la medida que: 1) ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; 2) ambas sean líquidas; y c) ambas sean actualmente exigibles (Art. 1656 del Código Civil). En materia tributaria, también se aplica este medio de extinguir las obligaciones, en razón de que opera por el solo ministerio de la ley. La imputación a que se refiere 51 del Código Tributario es una especie de compensación, tratándose de pagos indebidos o en exceso. Véase también el Art. 177 del Código Tributario. Dación en pago: Habiéndose realizado 2 subastas distintas sin haber interesados en adjudicarse un bien raíz, el abogado provincial puede solicitar que el bien raíz sea adjudicado al fisco por su avaluó fiscal (art 168) otro caso es la adjudicación de patentes de agua Remisión La remisión o condonación es una forma de extinguir las obligaciones y consiste en el perdón o liberación gratuita de la deuda por parte del acreedor que es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella (Art. 1652 del Código Civil). Para que la Administración Tributaria pueda condonar accesorios de la obligación tributaria, debe estar debidamente facultada por la ley para ello. (Véase el Art. 6 letra B N° 4 del Código Tributario, respecto de los intereses y multas). Sin embargo, sólo el legislador puede dictar leyes que condonen impuestos, y de hecho se han dictado. Cabe señalar, en relación con la remisión de la deuda tributaria, la “declaración de incobrabilidad”, a que se refieren los artículos 196 y 197 del Código Tributario. Prescripción 16

Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso y concurriendo los demás requisitos legales (Art. 2492 del Código Civil). Ver articulo 123 el reclamo ante el servicio (30 días RAV) suspende el plazo de 90 días para reclamar ante el tribunal. El plazo de fiscalización son 3 años o 6 en algunos casos (porque no se presentó la declaración o sea maliciosamente falsa) Este se interrumpe por el reconocimiento escrito de obligación, requerimiento del tribunal o notificación administrativa de giro o liquidación Suspensión: reclamación tributaria, perdida o inutilización de libros y contribuyente fuera del país ( arts 24, 97 n 6 y 103) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES O ACCESORIAS Concepto Las obligaciones accesorias o formales son todos aquellos deberes que debe cumplir el sujeto pasivo, con el fin de que la obligación tributaria principal se cumpla oportuna y adecuadamente por el contribuyente. Dentro del Código Tributario se regulan las siguientes obligaciones tributarias accesorias: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inscribirse en ciertos roles o registros (art.66 y 67). Declarar inicio de actividades (art.68). Dar aviso de término de giro (art.69) Llevar contabilidad (arts. 16 y ss.) Efectuar declaraciones (art.29 a 36). Emitir ciertos documentos (art.88).

1. INSCRIPCION EN CIERTOS ROLES Y REGISTROS. Conforme al art. 66 deben estar inscritas en el Rol Único Tributario toda persona natural o jurídica y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición, causen o puedan causar impuestos. Mediante Circular Nº 4 de fecha 10 de enero de 1995 se estableció que las personas naturales chilenas no tienen la obligación de inscribirse en el RUT, debiendo sólo cumplir con la obligación de declarar su iniciación de actividades. No están obligados tampoco a obtener Rut los turistas extranjeros, diplomáticos y funcionarios internacionales, deportistas, artistas y conferencistas, todos los cuales pueden realizar sus actividades propias con su pasaporte o cédula de identidad del país de origen. Sin embargo, si cualquiera de ellos desea realizar inversiones en Chile debe necesariamente obtener Rut. Existen también leyes especiales que exigen la inscripción de los contribuyentes en ciertos roles y registros. Así por ejemplo, el D.L. 828, que establece normas sobre el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al tabaco, exige la inscripción en un registro especial de fabricantes, importadores y comerciantes de dicho producto; el D.L. 826, que fija el texto de la Ley sobre Impuesto a los Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, establece la obligación de inscribirse en registro especial a los destiladores de alcohol, licoristas, envasadores de vino y fabricantes de cerveza; y por último el D.L. 825 Ley Sobre Impuesto al Valor Agregado establece un registro especial para los contribuyentes del impuesto en base al RUT. La sanción al incumplimiento de esta obligación de inscribirse en roles o registros se encuentra en el art.97 Nº 1 del CT.

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2. DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES (ART.68). Conforme a esta norma, las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera o segunda categoría a que se refieren los nº1 letra a), 3, 4 y 5 del arts. 20, contribuyentes del artículo 34 que sean propietarios o usufructuarios y exploten bienes raíces agrícolas y contribuyentes de los artículos 42 Nº 2 y 48, todos de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, deben presentar al Servicio dentro de los dos meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades una declaración jurada sobre dicha iniciación. 2.1 Personas Obligadas a declarar inicio de actividades. Conforme a lo dicho, deben declarar inicio de actividades: a. contribuyentes del art. 20 Nº 1 letra a) que se refiere a contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces y declaren la renta efectiva. b. contribuyentes del art. 20 Nº 3 de la LIR, que comprende “las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedad de inversión o capitalización de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructoras, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones”. c. contribuyentes del art. 20 Nº 4, que agrupa a “las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 42 Nº 2, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduanas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero y agentes de seguros que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particulares y otros establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios, y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento”. d. rentas del art. 20 Nº 5 referido a “todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas”. e. contribuyentes del artículo 34 de la ley de impuesto a la renta (sujetos por ende a las normas de renta presunta) que sean propietarios o usufructuarios y exploten bienes raíces agrícolas. f. Rentas contempladas en el art. 42 Nº 2 y que se refiere los “ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedad de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales”. Se entiende por “ocupación lucrativa” la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomina el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital. g. Rentas comprendidas en el art. 48 LIR, y que corresponden a las participaciones o asignaciones percibidas por directores o consejeros de Sociedades Anónimas. 2.2 Contribuyentes no obligados a declarar iniciación de actividades.

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Quedan por lo tanto excluidos de esta obligación los siguientes contribuyentes: a. Contribuyentes que perciben rentas provenientes del arrendamiento de bienes raíces, que no declaren renta efectiva con contabilidad completa, en que se gravará la renta obtenida, según contrato. Art. 20 N° 1 letra b) de la Ley de Impuesto a la Renta. b. Contribuyentes que perciben rentas de capitales mobiliarios comprendidos en el art.20 Nº 2 LIR, consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera productos de cualquier tipo de capitales mobiliarios, tales como depósitos en dinero, dividendos y demás beneficios derivados de acciones de sociedades anónimas, bonos o debentures, etc., y c. Contribuyentes que perciben rentas derivadas de un trabajo dependiente (art. 42, Nº 1) tales como sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones, etc. 2.3. Plazo para presentar declaración de iniciación de actividades. Conforme al art. 68 esta declaración debe ser presentada dentro de los dos meses siguientes a aquel en que se inicien las actividades. Por ejemplo, si las actividades comienzan el día 17 de abril, la declaración debe ser presentada a más tardar el día 30 de junio. De acuerdo a la misma norma, existe “inicio de actividades” cuando se efectúa cualquier acto u operación que constituya elemento necesario para la determinación de los impuestos periódicos que afecten a la actividad que se desarrollará o que genere los referidos impuestos (art. 68 inc. 2). Este plazo de dos meses es improrrogable, y el Director Regional no puede ejercer en este caso la facultad contemplada en el art. 31 del C.T. Conforme a esta disposición el Director Regional puede ampliar los plazos de presentación de las declaraciones que tienen por objeto determinar la procedencia o liquidación de un impuesto. Decimos que esta norma no es aplicable por cuanto la declaración de inicio de actividades no es de aquellas que tengan por objeto determinar la procedencia o liquidación de un impuesto. La declaración se efectúa en un formulario único proporcionado por el Servicio que contiene todas las enunciaciones requeridas para el enrolamiento del contribuyente en cada uno de los registros en que deba inscribirse. Tampoco están obligados a presentar declaración de iniciación de actividades las siguientes personas: a. Aquellos que no están obligados a obtener Rut, salvo que realicen actividades gravadas con impuestos. b. Personas que han iniciado una actividad económica y no han presentado término de giro, pues en tal caso deben hacer sólo una ampliación o cambio de giro. c. Las corporaciones e instituciones sin fines de lucro que no realizan actividades de 1ª categoría de la Ley de la renta, las que sólo deben inscribirse en el RUT. d. Personas jurídicas, sociedades de hecho, y otros entes sin personalidad jurídica cuando expresamente solicitan no declarar iniciación de actividades en forma simultánea a la obtención del RUT. De acuerdo al Oficio 2575 del 02 de agosto de 1991, el hecho que da origen a la obligación de declarar es el acto material de inicio de actividades aptas para producir rentas gravada. Por tanto, respecto de las sociedades, dado que no existe plazo para que éstas una vez constituidas inicien sus actividades, es posible que declaren la iniciación de sus actividades en cualquier tiempo. El inciso final del Artículo 68º del Código Tributario, modificado por la Ley 19.506, estableció que los contribuyentes deberán poner en conocimiento de la Oficina «del Servicio que corresponda” las 19

modificaciones importantes de los datos y “antecedentes contenidos en el formulario de declaración de iniciación de actividades”. Materia regulada en la Resolución N° Ex. 5.791 de fecha 20 de noviembre de 1997, la que establece en síntesis que los contribuyentes de los números 1, letras a) y b), 3, 4 y 5 de los Artículos 20º, 42º, Nº 2 y 48º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deberán poner en conocimiento del Servicio las siguientes modificaciones efectuadas a los datos y antecedentes contenidos en el Formulario de Inicio de Actividades: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Modificación de Razón Social; Cambio de Domicilio; Modificación de la Actividad o Giro declarado; Apertura, cambio o cierre de Sucursal; Modificación del domicilio postal (Casilla, o Apartado Postal, u Oficina de Correos); Ingreso, Retiro o Cambio de socios (cesión de derechos); Aporte de Capital de Personas Jurídicas; Cambio de Representantes y sus domicilios; Conversión de empresa individual en Sociedad; Aporte de todo el Activo y Pasivo a otra Sociedad; Fusión de Sociedades; Transformación de Sociedades; Absorción de Sociedades, y División de Sociedades.

Este aviso deberá darse expresamente en la Unidad del Servicio que corresponda a la jurisdicción del domicilio del contribuyente, utilizando los Formularios especialmente diseñados para tal efecto, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la modificación de los datos o antecedentes, o a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial en los casos que ella sea pertinente. El retardo u omisión de comunicar al Servicio las modificaciones señaladas dará lugar a la aplicación de la multa establecida en el Artículo 97º, Nº 1, del Código Tributario. La sanción al incumplimiento de esta obligación de presentar declaración de inicio de actividades será también la establecida en el nº1 del art.97. En caso que las actividades se hayan efectivamente realizado puede configurarse el delito tributario establecido en el art.97 Nº 8 (comercio clandestino). 2.4 Casos especiales. De acuerdo al mismo art. 68, el Director Nacional mediante normas de carácter general, puede eximir de presentar esta declaración a contribuyentes o grupos de contribuyentes de escasos recursos económicos o que no tengan la preparación necesaria para confeccionarla, o bien, para sustituir esta exigencia por otros procedimientos que constituyen un trámite más simplificado. En este caso, los contribuyentes favorecidos podrán acogerse a la exención o al régimen simplificado dentro de los 90 días siguientes a la publicación respectiva, aun cuando no hayan cumplido con la obligación, no siéndoles aplicable sanción alguna.

3. OBLIGACIÓN DE DAR AVISO DE TÉRMINO DE GIRO (ART.69). El procedimiento de término de giro está constituido por las etapas administrativas que se deben cumplir para que el Servicio otorgue al contribuyente que pone fin a sus actividades el Certificado de Término de Giro. Se busca con lo anterior revisar la autoliquidación de los impuestos que haya determinado el contribuyente en el formulario “Aviso y Declaración por Término de Giro”, examinar la documentación soportante y girar los impuestos correspondientes. Además, los documentos timbrados y que dan derecho a crédito fiscal serán destruidos, y se dejará constancia en el Servicio del cese de actividades del contribuyente.

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Conforme al art.69, deben dar aviso por escrito del término de su giro comercial o industrial, o a sus actividades, toda persona natural y jurídica. En este caso el contribuyente junto con el aviso escrito tiene las siguientes obligaciones: a. Deberá acompañar su “balance final” o los antecedentes que el Servicio estime convenientes; b. Deberá pagar el impuesto correspondiente hasta el momento del expresado balance. El impuesto correspondiente se refiere al impuesto a la renta, sin embargo, la norma alcanza a todos los impuestos que puedan afectar al contribuyente. c. También deberá acompañar el comprobante de pago de los impuestos anuales y mensuales de los últimos tres años (plazo ordinario que tiene el Servicio para fiscalizar). 3.1 Plazo para cumplir la obligación. El plazo de cumplimiento de la obligación es dentro de los dos meses siguientes al término de giro o del cese de las actividades. El cese de las actividades es una situación de hecho que el contribuyente deberá probar. Conforme al art. 31 este plazo es prorrogable en cuanto a la obligación de pagar el impuesto, el cual deberá pagarse con los intereses y reajustes que ordena el art. 53. Luego de practicado el examen de los antecedentes acompañados el SII emite un Certificado de Término de Giro, siempre que se acredite el pago de todos los impuestos. El SII no tiene plazo para emitir el certificado de término de giro. No obstante, de acuerdo al artículo 25 del C.T. el contribuyente puede pedirle su extensión al SII. Al efecto, dicho precepto expresa que toda liquidación de impuestos practicada por el Servicio tendrá el carácter de provisional mientras no se cumplan los plazos de prescripción, salvo en aquellos puntos o materias comprendidas expresa y determinadamente en un pronunciamiento jurisdiccional o en una revisión sobre la cual se haya pronunciado el Director Regional, a petición del contribuyente tratándose de términos de giro. En este último caso, la liquidación se estimará definitiva para todos los efectos legales, sin perjuicio del derecho a reclamo del contribuyente. 2.2 Casos en que no es necesario dar aviso de término de giro. El inc. 2 del art. 69 contempla las siguientes situaciones: a. Empresas individuales que se convierten en sociedades de cualquier naturaleza, cuando la sociedad que se crea se haga responsable solidariamente en la respectiva escritura social de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa individual, relativos al giro o actividad respectiva. b. Sociedades que aporten a otra u otras todo su activo y pasivo, cuando la sociedad que subsista se haga responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad aportante, en la correspondiente escritura de aporte. c. Sociedades que se fusionan, cuando la sociedad que se crea o subsista se haga responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad fusionada que dejó de existir, en la correspondiente escritura de fusión. d. Sociedades de cualquier naturaleza que se disuelven por reunirse todos los derechos o acciones en una persona jurídica, y siempre que ésta última se haga responsable de todos los impuestos adeudados por la sociedad que se disuelve en una escritura pública suscrita para tal efecto. Esta norma no se aplica si los derechos o acciones se reúnen en una persona natural. 2.3 Disminución de capital. Conforme al art.69 inciso final, no podrá efectuarse ninguna disminución de capital en las sociedades sin autorización previa del Servicio. 21

3.4 Consecuencias de la Obligación de aviso de término de giro. No se produce término de giro cuando una sociedad se transforma, pues subsiste la misma persona jurídica; tampoco cuando se produce un simple cambio de actividad, pues sólo es necesario informar al SII. Asimismo, si el contribuyente realiza varias actividades afectas a 1ª categoría y cesa en una o más de ellas, sólo debe dar aviso de modificación. Los contribuyentes de 2ª categoría no están obligados a declarar término de giro, pero sí pueden hacerlo voluntariamente. a. Sanción, para el caso de incumplimiento. En estos casos debe distinguirse: Si el contribuyente da aviso de término de giro y no paga los impuestos se aplica el art. 97 Nº 2 más intereses penales. El Nº 2 inc.1 del art. 97 señala: “2.- El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes, que constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto, con multa de diez por ciento de los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses. Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los impuestos adeudados”. Si el contribuyente no da aviso y no paga se aplica la multa conforme al art. 97 Nº 1 y 2. b. Consecuencias de no pagar los impuestos adeudados.  

Conforme al art. 70, no se autorizará ninguna disolución de sociedad sin un certificado del Servicio en el cual conste que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus tributos. De acuerdo al art. 71, cuando una persona natural o jurídica cese en sus actividades por venta, cesión o traspaso de sus bienes, negocios o industrias a otra persona, la persona adquirente tendrá el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido que afecten al vendedor o cedente.

Esta última norma se refiere al caso en que una persona se desprende de sus bienes en un solo acto por venta, cesión o traspaso mediante enajenaciones voluntarias o forzadas. Que el adquirente se constituye en fiador del vendedor significa que queda obligado a pagar los impuestos en todo o parte, si el deudor principal no cumple. En el caso del art.71, la citación, liquidación y giro y demás actuaciones administrativas correspondientes a los impuestos adeudados deberán notificarse en todo caso al vendedor y al adquirente.

NORMATIVA SOBRE TÉRMINO DE GIRO INCORPORADA POR LA LEY 20.780, VIGENTE DESDE EL 30.09.2015 Término de Giro. Artículo 69 del C.T. y Circular N° 58 de 2015. Obligación de obtener autorización previa del SII para efectos de realizar una disminución de capital, lo que afecta. a. Sociedades sean de capital o de personas. b. E.I.R.L. c. Fondos de Inversión d. Patrimonios de afectación. Término de giro por parte del SII 22

 



Está dirigido a personas entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica que hayan terminado su giro o actividad sin haber dado aviso formal al SII. El SII podrá realizar el término de giro cuando cuente con los antecedentes que permitan establecer que una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica, ha cesado su giro o actividad económica sin que haya dado el aviso respectivo. Se dará inicio al proceso a través del envío de una citación del artículo 63 del C.T. al contribuyente.

A. Deben configurarse las siguientes circunstancias. El SII debe contar con antecedentes de los que se desprenda la existencia de un término de giro o cese de actividades, respecto del cual no se ha dado el aviso respectivo, referido en el artículo 69 del C.T. Que el término de giro o cese de actividades corresponda a una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica. B. El SII estará facultado para realizar el término de giro en las siguientes situaciones: Frente a la no declaración de impuestos sean mensuales o anuales, por un lapso de 18 meses seguidos (mensuales) o dos años tributarios seguidos (anuales). Por la no presentación de otras declaraciones obligatorias ante el SII, vinculadas con el desarrollo de la actividad, por un lapso de 18 meses seguidos (mensuales) o 2 años tributarios consecutivos (anuales). Por presentación de las indicadas declaraciones sin movimiento (no renta, operaciones afectas, exentas o no gravadas con impuesto) por un lapso de 18 meses seguidos (mensuales) o dos años tributarios consecutivos (anuales). El contribuyente cuenta con un mes para responder a la citación, periodo en que podrá dar aviso de término de giro y que es prorrogable solo una vez. Los plazos de prescripción del Artículo 200 Los plazos de prescripción del Artículo 200 del C.T. se entenderán aumentados en un año contado desde que notifique legalmente la citación. También se aumenta el plazo de prescripción en un año de la acción de cobro de la misma forma. Finalmente, la ley 20.899 del 2016, estableció un caso de presunción simplemente legal de término de giro, que requiere previa declaración del S.I.I. y en que no es necesaria la Citación previa. (Vigencia 01 de agosto de 2016). En efecto, el inciso final del artículo 69 del C.T. prescribe: “Cuando la persona, entidad o agrupación presente 36 o más períodos tributarios continuos sin operaciones y no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá reclamarse de acuerdo a las reglas generales. El Servicio deberá habilitar un expediente electrónico con los antecedentes del caso incluyendo la constancia de no tener el contribuyente deuda tributaria vigente, en la forma y plazos señalados en el artículo 21”.

4. OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD. 4.1 Personas obligadas a llevar contabilidad. De acuerdo al art. 25 y siguientes del Código de Comercio, deben llevar contabilidad todos los comerciantes. El art.17 del Código Tributario señala que “toda persona que deba acreditar la renta efectiva, lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en contrario”.

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Por lo tanto, la regla general es que toda persona que tribute en base a renta efectiva deberá llevar contabilidad, y ésta debe ser fidedigna. Es la Ley de Renta, D.L. 824, la que determina que contribuyentes tributan en base a una renta presunta o sobre la base de la renta efectiva. 4.2 Contribuyentes que deben acreditar renta efectiva. Contribuyentes cuyos ingresos se comprenden dentro del art. 20, Nº 3, 4 y 5. Contribuyentes comprendidos en el art.42 Nº 2, esto es, profesionales liberales y quienes desarrollan ocupaciones lucrativas. 4.3. Contabilidad de contribuyentes afectos a régimen de renta presunta. Se encuentran sujetos a un régimen de tributación sobre la base de una renta presunta algunos agricultores, transportistas, mineros y pequeños contribuyentes. (Cuyas ventas o ingresos netos anuales de la 1° categoría no excedan las 9.000 UF, tratándose de la actividad agrícola; 5.000 UF en la actividad de transporte, o no excedan 17.000 UF en el caso de la minería). Estos contribuyentes no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo, ella les resulta conveniente por aplicación del art. 71 inc.1 de la LIR. que señala: Art. 71 Si el contribuyente alegare que sus ingresos o inversiones provienen de rentas exentas de impuesto o afectas a impuestos sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto superior que las presumidas de derecho, deberá acreditarlo mediante contabilidad fidedigna, de acuerdo con las normas que dictará el Director. De este modo la contabilidad que tiene el carácter de fidedigna, es el medio que permite al contribuyente determinar y probar al mismo tiempo la renta sobre la cual tributa. En el caso de los contribuyentes acogidos a renta presunta, la contabilidad es el medio que tiene para acreditar el origen y disponibilidad de los fondos e inversiones que exceden las rentas presumidas por la ley. 4.4 Personas que no están obligados a llevar contabilidad (art. 68 de LIR). Contribuyentes que obtienen rentas de capitales mobiliarios conforme al art. 20 Nº 2 siempre que se les retenga el impuesto correspondiente por la entidad financiera; Contribuyentes afectos a un régimen de renta presunta, sin perjuicio que para justificar ingresos superiores a los presuntos deban obligatoriamente demostrarlos con contabilidad fidedigna. Pequeños contribuyentes comprendidos en el art. 22, afectos a impuestos sustitutivos. Contribuyentes comprendidos en el art. 34 de la LIR (mediana minería). Trabajadores dependientes comprendidos del art. 42, Nº 1 LIR. 4.5 Personas que se encuentran facultadas para llevar una contabilidad simplificada. Contribuyentes de Primera Categoría (Nº 3, 4 y 5 art. 20) que a juicio exclusivo del Director Regional tengan escaso movimiento, capitales pequeños en relación al giro de que se trate, poca instrucción o se encuentren en cualquiera otra circunstancia excepcional. Los contribuyentes de segunda categoría comprendidos en el art. 42 Nº 2 (profesionales liberales y ocupaciones lucrativas), salvo las sociedades de profesionales, quienes podrán llevar respecto de estas rentas un solo libro de entradas y gastos. 4.6 Tipos de Contabilidad. Pueden distinguirse en este sentido: a. Contabilidad completa: que es aquella confeccionada y firmada por un contador y llevada conforme al Código de Comercio y Leyes especiales. Este tipo de contabilidad comprende todos los libros y registros establecidos por las leyes tributarias, debidamente autorizadas conforme a la ley y timbrados por el SII.

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b. Contabilidad simplificada: Aquella en que no es necesaria la intervención de un contador y consiste en un libro de ingresos y gastos, sin perjuicio de los libros auxiliares exigidos por las leyes o por el SII. 4.7 Requisitos de la Contabilidad completa. 

Debe ajustarse a prácticas contables y de confección de inventarios adecuados, que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios. (art.16).



Debe ser llevada en libros, por excepción puede ser llevada en hojas sueltas previa autorización del Director Regional, quien también puede exigir libros adicionales o auxiliares (art. 17).



Los libros deben ser llevados en lengua castellana, y sus valores deben ser expresadas en moneda nacional (art. 18). Por excepción, cuando el capital de una empresa se haya aportado en moneda extranjera, o la mayor parte de su movimiento sea en esa moneda, puede el D.R. autorizar que se lleve contabilidad en moneda extranjera.



Debe ser llevada en el domicilio del contribuyente. Si el contribuyente tiene dos o más establecimientos puede centralizar su contabilidad en un solo establecimiento.



El contribuyente deberá mantener los libros de contabilidad y la documentación correspondiente por el tiempo que se encuentre vigente la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuesto Internos, esto es, seis años (art. 17). El art. 92 BIS permite que la Dirección del SII autorice el archivo de los documentos por medios distintos al papel.



Debe ser llevada la contabilidad por un contador, se inicia con un inventario de bienes y finaliza cada ejercicio comercial con un balance.



Las anotaciones en los libros deberán efectuare a medida que se desarrollan las operaciones. 4.8. Libros de una contabilidad completa

El contribuyente debe llevar los libros que ordenan el Código de Comercio, las leyes especiales y los que exigen el propio Servicio de Impuestos Internos: 

Libro Diario: En el libro diario se asientan por orden cronológico y día a día las operaciones mercantiles ejecutadas por el comerciante, expresando detalladamente el carácter y circunstancias de cada una de ellas.



Libro Mayor: Es un registro obligatorio en el que se centralizan todas las cuentas del libro diario.



Libro de inventarios y balances.



Libro Auxiliar de Remuneraciones: Todo empleador con cinco o más trabajadores deberá llevar un libro auxiliar de remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Las remuneraciones que figuren en este libro serán las únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad de la empresa (art. 62 C. del Trab.).



Libros de Compras y Ventas: Conforme al art. 59 del D.L. 825, los vendedores y prestadores de servicios afectos que determine el Reglamento. Conforme al art. 74 del Reglamento del IVA, los contribuyentes del IVA deben llevar un solo Libro de Compras y Ventas, en el cual deben registrar día a día todas sus operaciones de compra, de ventas, de importaciones, de 25

exportaciones y prestaciones de servicios, incluyendo separadamente aquellas que recaigan en bienes y servicios exentos. Al final de cada mes debe hacerse un resumen separado de la base imponible, débitos y créditos fiscales. 

Libros adicionales o auxiliares que exija el Directos Regional a su juicio exclusivo.

4.9. La Contabilidad Fidedigna (art. 17) Como ya se ha dicho, conforme al art. 17 CT. Toda persona que deba acreditar la renta efectiva lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en contrario. Además, según el art. 17 de la LIR la contabilidad fidedigna servirá para acreditar ingresos provenientes de rentas exentas, afectas a impuestos sustitutivos o rentas superiores a las presumidas por la ley. Por “contabilidad fidedigna” debemos entender aquella que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes, y que registra fiel, cronológicamente y por su verdadero monto, las operaciones, ingresos, egresos, inversiones y bienes que dan origen a la renta efectiva. Esta contabilidad debe ser respaldada por la correspondiente documentación, y por los libros que exige el Código de Comercio, las leyes especiales y los que ordena el Director Regional (art. 17 inc. 5). Lo dicho se aplica tanto a la contabilidad completa como a la simplificada. 4.10. Efectos de la contabilidad fidedigna El principal efecto es que ella obliga al SII a liquidar los impuestos de acuerdo a lo que de ella resulte. En efecto, el art. 21 del CT. Señala: Art. 21.- “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios y obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones, o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir de base para el cálculo del impuesto. El servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte a menos que esas declaraciones, documentos o libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero”

Puede observarse que el artículo 21 establece que el peso de la prueba en la obligación tributaria recae en el contribuyente, y ello significa: Que es al contribuyente a quien le corresponde probar la verdad de sus declaraciones, la naturaleza de los antecedentes y el monto de las operaciones que sirven para el cálculo del impuesto, lo que hará mediante contabilidad fidedigna. El SII deberá probar que tales declaraciones, libros o antecedentes no son fidedignos, para poder liquidar o reliquidar otro impuesto distinto al que de ellos resulte. Corresponde al contribuyente desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del SII para anular o modificar la liquidación o reliquidación del impuesto practicada. 4.11. Efectos de la contabilidad no fidedigna

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Si la contabilidad es no fidedigna, el Servicio puede prescindir de las declaraciones, libros y antecedentes presentados por el contribuyente y liquidar otro impuesto. Se ha estimado que la contabilidad es no fidedigna:       

Si se omite un ingreso. Si se ha omitido una inversión. Si se han omitido gastos y compras. Si falta documentación probatoria (compra de mercaderías, materias primas y gastos). Si se han adulterado cifras en libros y balances. Si existen errores de suma. Si se omitieren bienes o partidas de inventario o se han valorizado en forma indebida.

4.12. Pérdida de Libros de Contabilidad o de documentos que sirven para acreditar anotaciones contables (art. 97 N° 16). En caso de pérdida o inutilización de libros de contabilidad o de documentos que sirven de base para acreditar las anotaciones contables, o que estén relacionadas con las actividades afectas a impuestos, el contribuyente está obligado a:  

Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días contados desde el día en que tuvo conocimiento de la pérdida o inutilización. Reconstruir la contabilidad en un plazo no inferior a los 30 días.

La sanción en caso de infracción a estos deberes se castiga con multa de hasta 10 UTM. Si la pérdida o inutilización no es fortuita, se sanciona al contribuyente con multa de la forma que gradúa el art. 97 N° 16 del CT: a) De 1 UTM a 20 UTA, la que no podrá exceder del 15% del capital propio; o b) Si es imposible determinar el capital propio con multas de media UTM hasta 10 UTA. Se presume que no es fortuita cuando se da aviso de este hecho o se detecta después de una citación, notificación o cualquier requerimiento del Servicio que se relacione con dichos libros y documentos. El art. 97 N° 6 y 7 contienen otras sanciones ligadas a la obligación de llevar contabilidad.

5. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES (ART. 29 Y SS.) 5.1. Conceptos y clasificación Las declaraciones representan informaciones que sobre antecedentes tributarios deben entregar al SII los contribuyentes. Pueden ser de dos clases:  

De carácter informativo. Declaraciones propiamente tales: que son aquellas que establecen la procedencia de determinar o liquidar impuestos. Estas declaraciones pueden ser anuales (impuestos a la renta) o mensuales (IVA).

Las declaraciones rectificatorias son aquellas en las que el contribuyente modifica los datos de la base imponible, tasa, crédito e imputaciones incluidas en su primitiva declaración quedando obligado a un mayor pago efectivo de impuestos. Si la declaración no implica un mayor pago de impuestos se consideran “peticiones administrativas” y se resuelven por el Directos Regional conforme al art. 6 letra b) N° 5 y en caso que impliquen una devolución de impuestos ya ingresados rige el procedimiento del art. 126 del CT. 5.2. Normas aplicables a las declaraciones

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Los arts. 29 al 36 contienen diversas normas relativas a las declaraciones que tienen por objeto determinar la procedencia o liquidación de un impuesto. Jurídicamente la declaración de impuestos es una confesión extrajudicial prestada bajo juramente por el contribuyente ya que en ella reconoce hechos propios. 5.3.Quiénes se encuentran obligados a declarar Contribuyentes indirectos del IVA (vendedores y prestadores de servicios). Contribuyentes que están afectos al impuesto de primera categoría y adicional de la Ley de la Renta. El impuesto adicional grava a personas naturales extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile y a las personas jurídicas constituidas fuera de Chile que tengan cualquier clase de establecimientos en Chile. Contribuyentes afectos al impuesto global complementario que grava las rentas obtenidas por personas naturales y patrimonios personalizados con domicilio o residencia en Chile.

5.4.

Presentación de declaraciones

Las declaraciones deben ser presentadas por escrito, bajo juramento, en formularios especiales, salvo que el Director Nacional autorice la presentación de informes y presentaciones por medios distintos al papel cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas tecnológicos. La declaración y el pago de impuestos pueden presentarse y pagarse en el Banco del Estado o Bancos comerciales. Los impuestos anuales se deben declarar en el mes de abril de cada año, en tanto que los impuestos mensuales se deben declarar en los 12 primeros días del mes. Actualmente no tiene vigencia el art. 33, que ordena que junto con las declaraciones los contribuyentes deben presentar los documentos y antecedentes que la ley, los reglamentos o la Dirección Regional les exijan. Tampoco tiene aplicación lo dispuesto en el art. 35 en cuanto a presentar las declaraciones acompañados de los balances y la copia de los inventarios con la firma del contador. La oportunidad de cada declaración y el pago de los diversos impuestos se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias especiales.

5.5. Prórroga del plazo de presentación El plazo para presentar declaraciones puede ser prorrogado en los casos siguientes: a. Cuando así lo disponga el Presidente de la República (art. 36 inc. 2°). b. Conforme al art. 36 inc. 3°, si el plazo de presentación vence un día feriado, sábado o el 31 de diciembre, se prorroga hasta el día hábil siguiente sin consecuencia alguna para el contribuyente. c. Conforme al art. 31, el Director Regional puede prorrogar el plazo siempre que a su juicio exclusivo existan razones fundadas para ello y dejará constancia escrita de la prórroga y de su fundamento. En tal caso la ampliación del plazo no excederá los cuatro meses. En este caso los impuestos se pagarán con los intereses reajustes establecidos en el art. 53. Esta facultad del Directos Regional no es reclamable, pues la ejerce “a su juicio exclusivo” y sólo es aplicable respecto de las declaraciones que tienen por objeto determinar la procedencia o liquidación de un impuesto. d. El Director puede ampliar el plazo de presentación de declaraciones que se realicen por sistemas tecnológicos y no importen el pago de un impuesto, respetando el plazo de los contribuyentes con derecho a devolución de impuesto. 5.6.

Obligaciones asociadas a las declaraciones 28

Cabe destacar el art. 34, el cual señala: Art. 34 CT. Están obligados a testiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, los que la hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección o en la preparación de ella o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera, dentro de los plazos de prescripción. Tratándose de sociedades está obligación recaerá, además, sobre los socios o administradores que señale la Dirección Regional. Si se trata de sociedades anónimas o en comandita, están obligados a prestar ese juramento su presidente, vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el caso, indique la Dirección Regional.

Esta norma se encuentra asimismo relacionada con el art. 100.

5.7. Secreto de las declaraciones y antecedentes tributarios El art. 35 inciso 2° y ss., contempla normas sobre la materia y afectan al Director y a funcionarios del Servicio. Conforme a esta norma, el Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Por excepción las declaraciones pueden ser examinadas en los siguientes casos: a. La justicia ordinaria puede ordenar el examen de las declaraciones o solicitar datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuestos y sobre alimentos. b. Los fiscales del Ministerio Público pueden practicar el examen de las declaraciones o solicitar información cuando investiguen hechos constitutivos de delito. c. En caso de divulgación o publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular. d. Además, conforme al art. 49 del C. del Trab., para los efectos del pago de gratificaciones, el Servicio de Impuestos Internos determinará, en la liquidación, el capital propio del empleador invertido en la empresa y calculará el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base para el pago de gratificaciones. Además, comunicará este antecedente al Juzgado de Letras del Trabajo o a la Dirección del Trabajo, cuando éstos lo soliciten y deberá otorgar certificaciones en igual sentido a los empleadores, sindicatos de trabajadores o delegados del personal cuando ellos lo requieran, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde el momento en que el empleador haya entregado todos los antecedentes necesarios y suficientes para la determinación de la utilidad conforme al art. precedente. La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona.

6. OBLIGACIÓN DE EMITIR CIERTOS DOCUMENTOS Conforme al art. 88 del CT, están obligados a emitir facturas, por las transferencias que efectúen y cualquiera que sea la calidad del adquirente, los siguientes contribuyentes: 29

 

Industriales, agricultores y otras personas consideradas vendedores por la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. Importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas.

Conforme al mismo art. 88 del CT, el Servicio se encuentra facultado para imponer la emisión de documentos o determinados contribuyentes fuera de los casos señalados por la ley. Documentos que deben ser emitidos Los contribuyentes, según el caso, deben emitir los siguientes documentos conforme al art. 88 de CT y 52 del D.L. 825: 1. Facturas y boletas: ellas deben ser emitidas en las siguientes ocasiones:  Cuando se realiza una operación afecta al impuesto a las ventas y servicios.  Cuando se realiza una operación exenta de impuesto a las ventas y servicios.  Cuando existe una operación de venta o prestación de servicios, pero no se configura hecho gravado. La factura debe ser emitida cuando la operación se da con otros vendedores, prestadores de servicios o importadores, y cuando se trate de empresas constructoras. La boleta en tanto se otorga cuando la operación tiene lugar con los particulares o consumidores finales. 2. Notas de Débito y Notas de Crédito. Cada una de ellas tiene por objeto corregir “facturaciones insuficientes o excesivas”. En el caso de las Notas de Débito, ellas son emitidas en los casos en que la factura emitida ha sido insuficiente, de modo que el contribuyente emisor debe aumentar el débito fiscal al emitir la Nota de Débito, aumentado a su vez el crédito fiscal para el contribuyente receptor. En cambio, tratándose de las Notas de Crédito, ellas obedecen a una facturación excesiva, y tiene lugar en los casos del art. 21 de la Ley de IVA. 3. Guías de Despacho. Deben otorgarse en caso que las facturas no se emitan al momento de efectuarse la entrega real o simbólica de las especies.

CHAPTER FIVE: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y SERVICIO DE TESORERÍA ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTO INTERNO Todos los actos o gestiones que sus funcionarios competentes efectúen en ejercicio de las facultades que el Código Tributario y demás leyes impositivas les confieren para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Deben ser efectuados en días y horas hábiles, salvo que por la naturaleza de los actos fiscalizados deban realizarse en días u horas inhábiles. A. Actuaciones Administrativas Las que realiza el SII en ejercicio de sus funciones:       

Controlar, efectuar fiscalizaciones. Notificar. Practicar liquidaciones y giros. ( cobra) Autorizar el timbraje de documentos. Revisar libros. Verificar datos proporcionados por el contribuyente. Realizar clausuras de establecimientos comerciales.

B. Actuaciones Judiciales 30

Las que el SII realiza en el marco de los procesos judiciales que sustancia a través de sus Direcciones Regionales. Oportunidad que deben realizarse estas actuaciones Art. 10 inciso 1° CT. Las actuaciones del Servicio deberán practicarse en días y horas hábiles, a menos que por la naturaleza de los actos fiscalizados deban realizarse en días y horas inhábiles. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, bares, etc. Para determinar los días y horas hábiles se debe recurrir al Código de Procedimiento Civil Días hábiles: los no feriados. Horas hábiles: las que median entre las 08:00 y 20:00 horas (art. 59 CPC).

Expediente electrónico La Ley 20.780, con vigencia a contar del 30 de septiembre de 2015, incorporó en el artículo 21 del Código Tributario los incisos tercero, cuarto y quinto. Los cambios referidos establecen que el SII puede llevar respecto a cada contribuyente uno o más expedientes electrónicos de las actuaciones que realice y los antecedentes aportados por el contribuyente en los procedimientos de fiscalización. En la circular N° 40/2015, el SII definió que al expediente electrónico como “el conjunto de documentos electrónicos sobre un determinado asunto, ordenados secuencialmente, cuya gestión desde su creación, tratamiento archivístico comprende la aplicación de los procesos técnicos archivísticos de organización, descripción y valoración, conservación y servicio se ejecuta íntegramente mediante la aplicación de la tecnología informática”, dicho concepto fue incorporado en el Derecho comparado, específicamente por la legislación española y por la legislación colombiana. Procedimiento Administrativo Se considera inhábil el día sábado. Presentaciones que pendan de plazo: hasta 24 horas en domicilio de un funcionario del SII, el cual deberá exhibirse al público. Procedimiento Judicial Días inhábiles domingos y festivos. Los plazos son de días hábiles y corren desde la notificación. Plazos comunes se cuentan desde la última notificación. Tribunal Tributario y Aduanero puede habilitar días y horas, por causa urgente, para así evitar perjuicio a las partes. Plazos Son fatales, excepto aquellos para la realización de actuaciones propias del tribunal. Se computan desde el día siguiente al de la notificación. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente el día del mes en que comienza el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de aquel mes. Cuando el último día de un plazo de mes o de año sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

LAS NOTIFICACIONES

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Las notificaciones son actuaciones del Servicio que tienen por objeto poner en conocimiento de una persona, contribuyente o no, un requerimiento o decisión del Servicio. Notificar, etimológicamente, proviene del latín noticare¸ derivado, a su vez, de notus, que significa “conocido”, y de facere, que quiere decir “hacer”. Principios generales de las notificaciones 1. El acto notificado sólo surte efectos a partir de la notificación hecha con arreglo a la ley. 2. Desde el momento de la notificación se comienzan a contar los plazos. “Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo” (art. 10 inc. 3° CT). 3. Falta… Tipos de notificaciones 1. Notificación por correo electrónico. Es la primera forma si el interesado solicita ser notificado por esta vía. La notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del correo electrónico, certificada por un ministro de fe. El correo contendrá una transcripción de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia, y será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente. Es de cargo del contribuyente mantener actualizada su dirección de correo, informando sus modificaciones al Servicio en el plazo que determine la Dirección. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación. La solicitud del contribuyente para ser notificado por correo electrónico regirá para todas las notificaciones que en lo sucesivo deba practicarle el Servicio. Sin embargo, en cualquier momento el contribuyente podrá dejar sin efecto esta solicitud, siempre que en dicho auto individualice un domicilio para efectos de posteriores notificaciones (agregado por la Ley N° 20.780). 2. Notificación personal. Es aquella que consiste en entregar a la persona misma del notificado copia íntegra de la resolución o del documento que debe ser notificado. Puede hacerse en cualquier lugar en el cual el notificado sea encontrado (art. 11 inc. 2° CT). Certificación: La notificación se hará constar por escrito, con indicación del día, hora y lugar en que se haya practicado, y de la persona a quien se hubiere entregado el documento correspondiente, o de la circunstancia de no haber encontrado a persona adulta que la recibiere. 3. Notificación por cédula. Es aquella que consiste en entregar la copia íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con los datos necesarios para su acertada inteligencia a cualquiera persona adulta que se encuentre en el domicilio del notificado, y si no hubiere persona adulta que la reciba, se dejara la cédula en ese domicilio. La notificación se hará constar por escrito, con indicación del día, hora y lugar en que se haya practicado, y de la persona a quien se hubiere entregado la cédula, copia o documento correspondiente, o de la circunstancia de no haber encontrado a persona adulta que la recibiere.

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En este último caso, se enviará aviso al notificado el mismo día, mediante carta certificada, pero la omisión o extravío de dicha carta no anulará no notificación. 4. Notificación por carta certificada. Es un aviso que se envía por correo y que puede contener ya sea aviso de que se ha dictado una resolución o puede contener además copia íntegra de la resolución. En estas notificaciones, los plazos comienzan a correr tres días después del envío. La carta certificada puede ser entregada por el funcionario de correos en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta que se encuentre en él, debiendo éste firmar el recibo respectivo. Si existe domicilio postal, la carta certificada deberá ser remitida a la casilla o apartado postal o a la oficina de correos que el contribuyente haya fijado como tal. En este caso, el funcionario de correos deberá entregar la carta al interesado o a la persona a la cual éste haya conferido poder para retirar su correspondencia, debiendo estas personas firmar el recibo correspondiente. Aumento o renovación. Si el funcionario de correos no encontrare en el domicilio al notificado o a otra persona adulta o éstos se negaren a recibir la remitida a la casilla postal dentro del plazo de 15 días, contados desde su envío se dejará constancia de este hecho en la carta, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda y se devolverá al Servicio, aumentándose o renovándose por este hecho los plazos del artículo 200 en tres meses, contados desde la recepción de la carta devuelta. 5. Notificación por aviso postal simple. Consiste el envío de una carta simple, que no requiere de una firma. Las resoluciones que modifique los avalúos y/o contribuciones de bienes raíces podrán ser notificadas mediante el envío de un aviso postal simple dirigido a la propiedad afectada o al domicilio que para estos efectos el propietario haya registrado en el Servicio y, a falta de éste, al domicilio del propietario que figure registrado en el Servicio. 6. Notificación tácita. Se verifica en caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir ninguna notificación, cuando la persona a quien debiera haberse notificado, efectúa cualquier gestión, distinta de alegar la nulidad de la notificación, que supone que ha tomado conocimiento de ella. Puede suplir a cualquier clase de notificación. 7. Notificación en el Diario Oficial. Se publica un aviso por única vez en el DO. Son las que cumple los siguientes requisitos:  

Que sean de carácter general, dirigidas a grupos extensos de contribuyentes, quienes no pueden individualizarse, por ejemplo: arrendatarios agrícolas, taxistas. Que sea preciso notificarlos para que ajusten su actuar a las nuevas instrucciones contenidas en las resoluciones, oficios o actuaciones publicadas.

8. Notificación por el Estado Diario. Incluir resoluciones dictadas por el SII que ha de ser notificada por ED que se forma y fija en un lugar visible de la Dirección Regional del SII. En el art. 165 CT, establece procedimientos especiales para la aplicación de ciertas multas. Debe, además enviarse aviso al contribuyente, bajo sanción de nulidad. 9. Notificación por aviso en la página web. Publicación en el sitio de internet del TTA del contenido íntegro de una resolución. 33

Se deja testimonio en el expediente y en el sitio de internet del hecho de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en los testimonios, no invalidan la notificación.

DOMICILIO Concepto El artículo 59 del Código Civil señala que e1l domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Residencia, comúnmente, es el lugar en el cual una persona está establecida. Para efectos tributarios se aplica el mismo concepto. ¿Qué se entiende por domicilio? 1°. El que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuesto respectiva. El contribuyente podrá fijar también un domicilio postal para ser notificado por carta certificada, señalando la casilla o apartado postal u oficina de correos donde debe remitírsele la carta certificada. 2°. A falta de los domicilios señalados en los incisos anteriores, las notificaciones por cédula o por carta certificada podrán practicarse en la habitación del contribuyente o de su representante o en los lugares en que éstos ejerzan su actividad. RESIDENTE Concepto Sabemos que residente es toda persona natural que permanezca en Chile, más de 6 meses en 1 año calendario, o más de 6 meses en total, dentro de 2 años tributarios consecutivos (art. 8°, N° 8°, CT). Ese es un concepto que se usa para la aplicación de las normas de tributación en Chile, pero no para ubicar a un contribuyente y notificarlo. Por lo tanto, no es este concepto que nosotros usamos para efectos de notificación.

CHAPTER SIX: Proceso de fiscalización FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO ¿Qué es la Fiscalización Tributaria? La labor de fiscalización y control tributario, función que en nuestro país corresponde fundamentalmente al Servicio de Impuestos Internos, tiene por objetivo básico el lograr la mayor recaudación de tributos, intentando acerca la recaudación fiscal lo más posible a la realidad de los hechos económicos que se encuentra afectos a impuestos. La acción fiscalizadora se define como la facultad que la ley reconoce al SII para que dentro de los plazos de prescripción, examine y revise las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Esta función de fiscalización puede ser ejercida por: a. Funcionarios y organismos públicos tales como los Conservadores de Bienes Raíces, Notarios Públicos, Jueces de Letras, Municipalidades, Servicio de Aduanas, Bancos, etc., conforme a las obligaciones y deberes de control que les impone la ley (arts. 72 a 92 Bis del C.T.).

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b. Indudablemente esta función corresponde fundamentalmente al Servicio de Impuestos Internos, atendida la competencia que a su respecto establece la ley. En este sentido el D.F.L. N° 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en su art. 1° señala: Corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la Ley a una autoridad diferente. Además el art. 59 del C.T ordena: Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Por último el art. 63 inciso primero del mismo cuerpo normativo señala: El Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse. De acuerdo al texto de las normas transcritas, cabe concluir que el SII tiene una competencia amplia para fiscalizar todo tipo de impuestos, a menos que una ley especial encomiende dicha función a un organismo distinto.

Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos La regla general en esta materia está contenida en el art. 63 inc. 1° del C.T. el cual establece que el Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse. 

Límites a la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

La facultad fiscalizadora o de control del SII está sujeta a los siguientes límites: a. Las actuaciones del Servicio están sometidas al respecto de los Derechos constitucionales de los contribuyentes, es decir, el Servicio solo puede hacer uso de los medios establecidos por la ley en su tarea de fiscalización, y no puede por tanto utilizar mecanismos o realizar actividades de control no contemplados expresamente por la ley o que vulneren los derechos constitucionales de las personas (art. 63 inc. 1°). Éstos Derechos, constituyen un límite objetivo al poder tributario por tanto los órganos de fiscalización no pueden afectar esas garantías, ni por acción ni por omisión. Dentro de las garantías reconocidas por la Constitución y que tienen alcance tributario, sea como límite al poder tributario o como derecho del contribuyente, se incluyen: principio de legalidad, la garantía de igualdad, el derecho de propiedad, el principio de generalidad, el respecto o un debido proceso, derecho a la intimidad y el derecho de petición. b. La actividad del Servicio está también sujeta a un límite temporal, pues ella sólo puede ser realizada en días y horas hábiles (art. 10 C.T.) y dentro de los plazos de caducidad (o prescripción) señalados en el art. 200 del C.T. c. El secreto profesional: las labores de fiscalización que puede desarrollar el Servicio encuentran un límite en el secreto profesional que es derecho y obligación de quienes ejercen una profesión titular (p.ej., abogado, contador auditor). Dicho de otro modo, el Servicio no puede exigir a un profesional que revele los antecedentes o hechos relativos a un contribuyente y que conoce en virtud de su profesión. En materia tributaria se establece como regla general que las normas del Código Tributario no modifican las normas vigentes sobre secreto profesional y reserva de la cuenta corriente bancaria (art. 61 C.T.). 35

Art. 34 del C.T. Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, lo que la hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección, o en la preparación de ella o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera dentro de los plazos de prescripción. De este modo queda claro que por aplicación del art. 34 puede un profesional encontrarse en la obligación de declarar, sin que pueda invocar su derecho o guardar reserva. Ello ocurrirá cuando se pida su testimonio sobre ciertas materias o puntos contenidos en una declaración de impuestos, y él la haya firmado o intervenido en la confección o preparación de ella o de sus antecedentes. d. La Reserva y el Secreto Bancario: el secreto bancario que en nuestro país reconocía como fundamento a la costumbre mercantil, se incorporó como secreto y reserva. Están amparadas con el secreto bancario, sólo los depósitos y las operaciones de captación, esto es, aquellas operaciones en las que el Banco actúa como deudor. Las demás operaciones, es decir, todas aquellas que son distintas a las de captación, califican bajo el concepto de reserva bancaria. Que califiquen bajo el concepto de reserva, implica que pueden resultar excepcionadas, si quien requiere la información acredita tener un interés legítimo, y resulta previsible que dicha información no ocasionará un daño patrimonial al cliente. Conforme al art. 1º de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, los bancos deben mantener en estricta reserva respecto de terceros el movimiento de sus cuentas corrientes y sus saldos, sin perjuicio que los tribunales de justicia puedan ordenar el examen de determinadas partidas en causas civiles o criminales seguidas contra el librador. Esta norma no obstante se encuentra en cierto modo modificada por el art.62 y el art. 85 del Código Tributario, normas que contemplan tres excepciones a esta obligación de reserva, esto es: 





La justicia ordinaria podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Igual facultad detentan los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando conozcan de un proceso sobre aplicación de sanciones conforme al artículo 161 del Código Tributario (Procedimiento General para la Aplicación de Sanciones). A su vez, el art. 85 incisos segundo y tercero, del Código Tributario obliga a los Bancos e Instituciones Financieras a proporcionar todos los datos que se les soliciten relativos a operaciones de crédito de dinero que hayan celebrado y las garantías constituidas para su otorgamiento. Obligación que también es exigible a los Administradores de sistemas tecnológicos, incluso respecto de las transacciones pagadas o cobradas mediante medios tecnológicos, tales como tarjeta de crédito y débito.

Medios de fiscalización del servicio de impuestos internos El SII, puede ejecutar su labor de fiscalización y control solo por los medios que la le señala la ley. Atendiendo a si dichos medios recaen o no directamente en el contribuyente es que puede distinguir una fiscalización directa o indirecta.

FISCALIZACIÓN INDIRECTA EFECTUADA POR EL SERVICIO. La fiscalización será indirecta cuando las informaciones y antecedentes del contribuyente son obtenidos por el Servicio de terceras personas, quienes colaboran en el proceso de fiscalización. Los medios indirectos de fiscalización son los siguientes: a. El Servicio puede pedir declaración jurada por escrito a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la respectiva oficina, o puede citarlo para que concurra a declarar bajo 36

juramento sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas (art. 60 inc. 8 ° C.T.). Tampoco están obligados a declarar las personas obligadas a guardar el secreto profesional, a menos que se encuentren en los casos previstos por el art. 34 del C.T. No están obligados a concurrir a declarar, y solo están obligados a declarar bajo juramento por escrito las personas señaladas en el art. 300 del C.P.P., tales como el Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, parlamentarios, quienes gozan de inmunidad diplomática, y aquellos que por enfermedad u otro impedimento calificado se hallen imposibilitados de hacerlo. El incumplimiento de esta obligación de prestar declaración es sancionado conforme al art. 97 N° 15 del C.T. (multa del 20% al 100% de una Unidad Tributaria Anual). b. Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración los terceros que la hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección o en la preparación de ella o de sus antecedentes (artículo 34). MEDIOS DE FISCALIZACIÓN INDIRECTA VERIFICADOS POR INTERMEDIO O CON LA COLABORACIÓN DE TERCEROS. Los artículos 72 a 92 Bis del Código Tributario contienen distintos medios de fiscalización que se pueden ejercer respecto de terceros ajenos a la relación jurídica tributaria, siendo los más importantes los siguientes: a. Obligación del Servicio de Aduanas. Las Aduanas deben remitir al SII, dentro de los primeros diez días de cada mes, copia de las pólizas de importación o exportación tramitadas en el mes anterior (art. 73). b. Obligaciones de Conservadores de Bienes Raíces y Notarios Públicos. 

Los conservadores de bienes raíces no pueden inscribir en sus registros ninguna trasmisión o transferencia de dominio, de constitución de hipotecas, censos, servidumbres, usufructos, fideicomisos o arrendamientos, sin que se les compruebe el pago de todos los impuestos fiscales que afecten a la propiedad raíz materia de aquellos actos jurídicos. Dejarán constancia de este hecho en el certificado de inscripción que deben estampar en el título respectivo (art. 74).



Los notarios deberán insertar en los documentos que consignen a venta, permuta, hipoteca, traspaso o cesión de bienes raíces, el recibo que acredite el pago del impuesto a la renta correspondiente al último período de tiempo (art. 74).



Los notarios y demás ministros de fe deberán dejar constancia del pago del tributo contemplado en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en los documentos que den cuenta de una convención afecta a dicho impuesto (art. 75).



Los notarios y demás ministros de fe deberán autorizar siempre los documentos a que se refiere esta norma, pero no podrán entregarlos a los interesados ni otorgar copias de ellos sin que previamente se encuentren pagados estos tributos.

En los casos de venta de contratos con opción de compra de bienes corporales inmuebles, la obligación de acreditar el pago de IVA se entenderá cumplida dejando constancia del número y fecha de la factura correspondiente.

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En los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuestos a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta. Esta norma se aplicará también respecto de los contratos de arrendamiento o cesión temporal de pertenencia minera o de vehículos de transporte de carga terrestre. Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.

Los arrendadores o cedentes que no den cumplimiento a la obligación señalada o que hagan una declaración falsa respecto a su régimen tributario, serán sancionados en conformidad con el art. 97 N° 1 (art. 75 bis). 

Los notarios titulares, suplentes o interinos comunicarán al Servicio todos los contratos otorgados ante ellos que se refieran a transferencias de bienes, hipotecas y otros asuntos que sean susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente. Todos los funcionarios encargados de registros públicos comunicarán igualmente al Servicio los contratos que le sean presentados para su inscripción. Dichas comunicaciones serán enviadas a más tardar el 1° de Marzo de cada año y en ellas se relacionarán los contratos otorgados o inscritos durante el año anterior (art. 76).



Los notarios estarán obligados a vigilar el pago de los tributos que corresponda aplicar en conformidad a la Ley de Timbres y Estampillas respecto de las escrituras y documentos que autoricen o documentos que protocolicen y responderán solidariamente con los obligados al pago del impuesto. Para este efecto, el notario firmará la declaración del impuesto, conjuntamente con el obligado a su pago. Cesará dicha responsabilidad si el impuesto hubiere sido enterado en Tesorería, de acuerdo con la determinación efectuada por la justicia ordinaria conforme a lo dispuesto en el procedimiento especial de reclamo contemplado en el art. 158 (art. 78). c. Obligaciones de las Municipalidades. Los alcaldes, tesoreros municipales y demás funcionarios locales estarán obligados a proporcionar al Servicio las informaciones que les sean solicitadas en relación a patentes concedidas a contribuyentes, a rentas de personas residentes en la comuna respectiva, o a bienes situados en su territorio (art. 80). Los tesoreros municipales deberán enviar al Servicio copia del rol de patentes industriales, comerciales y profesionales en la forma que él determine (art. 81). Las municipalidades deben cooperar en los trabajados de tasación de la propiedad raíz en la forma, plazo y condiciones que determine el Director (art. 83). d. Obligaciones del Banco Central, Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencias y otros organismos. 

Los bancos y otras instituciones autorizadas para recibir declaraciones y pagos de impuestos, están obligados a remitir al Servicio cualquier formulario mediante los cuales recibieron dichas declaraciones y pagos de los tributos que son de competencia de ese Servicio. No obstante, los formularios del Impuesto Territorial pagado, deberán remitirlos a Tesorería para su procesamiento, quien deberá comunicar oportunamente esta información al Servicio (art. 82 inc. 2°).



Una copia de balances y estados de situación que se presenten a los bancos y demás instituciones de crédito será enviada por estas instituciones a la Dirección Regional, en los casos particulares en que el Director Regional lo solicite (art. 84).



Las Superintendencia de Valores y Seguros e Instituciones Financieras remitirán por medios electrónicos u otros sistemas tecnológicos al Servicio, en el mes de mayo de cada año, la información que indique de los estados financieros, que les haya sido entregada por las entidades sujetas a su fiscalización. Asimismo, la Comisión Chilena del Cobre, el Servicio 38

Nacional de Geología y Minería y los Conservadores de Minas deberán proporcionar al Servicio la información sobre constitución y traspaso de pertenencia mineras y cierre de faenas mineras (nuevo artículo 84 bis, incorporado por la ley 20.780 de 29.09.2014). 

El Banco del Estado, las cajas de previsión y las instituciones bancarias y de crédito en general, remitirán al Servicio, en la forma que el Director Regional determine, las copias de las tasaciones de bienes raíces que hubieren practicado (art. 85).



Los Bancos, Instituciones Financieras y los Administradores de sistemas tecnológicos, deberán proporcionar todos los datos que se les soliciten relativos a las operaciones de crédito de dinero que hayan celebrado y de las garantías constituidas para su otorgamiento, así como de las transacciones pagadas o cobradas mediante medios tecnológicos, tales como tarjetas de crédito y débito, en la oportunidad, forma y cantidad que el Servicio establezca. En caso alguno se podrá solicitar información nominada sobre las adquisiciones efectuadas por una persona natural mediante el uso de las tarjetas de crédito o débito u otros medios tecnológicos. (art.85 inciso segundo).



El Banco Central, el Banco del Estado, la Corporación de Fomento de la Producción, las instituciones de previsión y, en general, todas las instituciones de crédito, ya sean fiscales, semifiscales o de administración autónoma, y los bancos comerciales, para tramitar cualquiera solicitud de crédito o préstamo o cualquiera operación de carácter patrimonial que haya de realizarse por su intermedio, deberán exigir al solicitante que compruebe estar al día en el pago del impuesto global complementario o del impuesto único establecido en el No 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (art.89).

Tratándose de personas jurídicas, se exigirá el cumplimiento de estas obligaciones respecto del impuesto a que se refieren los números 3o, 4o y 5o del artículo 20 de la Ley de la Renta, con exclusión de los agentes de aduanas y de los corredores de propiedades cuando estos estén obligados a cualquiera de estos tributos. 

El Banco Central de Chile no autorizará la adquisición de divisas correspondientes al retiro del capital y/o utilidades a la empresa extranjera que ponga término a sus actividades en Chile, mientras no acredite haber cumplido las obligaciones establecidas en el artículo 69 del Código Tributario incluido el pago de los impuestos correspondientes devengados hasta el término de las operaciones respectivas (art.89).

e. Obligaciones de funcionarios y servicio públicos 

Obligación genérica. Los funcionarios fiscales, semifiscales, de instituciones fiscales y semifiscales de administración autónoma y municipal, y las autoridades en general, estarán obligados a proporcionar al Servicio todos los datos y antecedentes que éste solicite para la fiscalización de los impuestos (art.87).



La Tesorería y el Servicio de Impuesto Internos deberán proporcionarse mutuamente la información que requieran para el oportuno cumplimiento de sus funciones (art. 82).

FISCALIZACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Debemos entender como fiscalización directa aquella que es ejercida directamente sobre el contribuyente por el Servicio de Impuestos Interno. Los medios directos de fiscalización son los siguientes: a. Conforme al art. 34 del C.T. el Servicio puede obligar a declarar bajo juramento al contribuyente sobre los puntos contenidos en su declaración.

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b. El art. 60 del C.T. contempla las siguientes facultades fiscalizadoras: 

El Servicio puede examinar inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizados o exigidos, en todo lo que se relacione con los elementos que sirven de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que deban figurar en la declaración.



También el Servicio puede examinar los libros y documentos de las personas obligadas a retener impuestos.



El Director Regional del Servicio puede disponer que los contribuyentes presenten un estado de situación, con inclusión del valor de costo y fecha de adquisición de sus bienes.



Los funcionarios del Servicio pueden presenciar la confección o modificación de inventarios y confrontarlas con las exigencias reales, confrontación que puede efectuarse con el auxilio de la fuerza pública a petición del fiscalizador encargado, siempre que dicho auxilio haya sido ordenado por el Director o Director Regional cuando exista oposición del contribuyente.

c. El art. 60 bis del C.T. (incorporado por la Ley 20.780 de 29.09.2014) faculta al SII para realizar el examen de los datos contables accediendo o conectándose a los sistemas tecnológicos respecto de aquellos contribuyentes a quienes se haya autorizado sustituir sus libros de contabilidad y registros auxiliares por dicha modalidad. d. El art. 60 ter del C.T. faculta al SII para exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información que permitan el debido control tributario de ciertos sectores de contribuyentes o actividades tales como juegos y apuestas electrónicas, comercio digital de todo tipo y aplicaciones y servicios digitales. e. El art. 60 quáter del C.T. faculta al SII para ordenar el diseño y ejecución de cualquier tipo de actividad o técnica de auditoría de entre aquellas generalmente aceptadas, tales como actividades de muestreo y de punto fijo. f. El art. 60 quinquies del C.T. permite al SII imponer sistemas de trazabilidad a los productores, fabricantes, importadores, elaboradores, envasadores, distribuidores y comerciantes de bienes afectos a impuestos específicos. g. Conforme al art. 161 N° 10 del C.T., corresponde al Servicio recopilar los antecedentes que habrán de servir de fundamento a la decisión del Director en cuanto a iniciar o no un juicio criminal. Con tal objeto, el Director podrá ordenar la aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del negocio del presunto infractor, pudiendo dicha media ser cumplida en el lugar en que se encuentren o puedan encontrarse los respectivos libros de contabilidad y documentos, aunque aquél no corresponda al domicilio del presunto infractor. Para llevar a efecto estas medidas el funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública la que será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato sin más trámites que la exhibición de la resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. Contra la resolución que ordene dichas medidas y sin que ello obste a su cumplimiento, podrá ocurrirse ante el Jefe del Servicio del lugar donde se haya cometido la infracción. El fallo que se dicte solo será apelable en lo devolutivo.

CHAPTE SEVEN: LA CITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE COMO MEDIO DE FISCALIZACIÓN

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Arts. 63 inciso 2° y siguientes. CONCEPTO La citación es un medio de fiscalización de que dispone el Servicio y consiste en la comunicación por escrito dirigida al contribuyente por el Jefe de la Oficina respectiva del SII y por la cual se le requiere para que dentro del plazo de un mes presente una declaración o rectifique, aclare o amplíe o confirme una anterior. Por lo tanto, por medio de la citación se requiere al contribuyente:  

Que presente una declaración. Si ha presentado una declaración y el Servicio tiene reparos, se le requiere para que la rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior.

El funcionario competente para practicar la citación es el Jefe de la Oficina respectiva del Servicio, entendiéndose por éstos a los Directores Regionales dentro de su jurisdicción y a los funcionarios (Jefes de Unidad) a quienes el Director del Servicio les haya delegado esta facultad. CONTENIDO La citación deberá especificar las materias sobre las que el contribuyente tiene obligación de declarar o rectificar, aclarar, ampliar o confirmar, lo que tendrá especial importancia pues determinará las materias respecto de las cuales aumentarán los plazos de prescripción. NOTIFICACIÓN Y PLAZO PARA DAR RESPUESTA A LA CITACIÓN La citación se notificará según las reglas generales, esto es, personalmente, por cédula, por carta certificada o por las demás formas establecidas por la Ley 20.780 de 2014. El Servicio ha impartido instrucciones a sus funcionarios para que las citaciones a los contribuyentes sean notificadas preferentemente por carta certificada, cuando se trate de efectuar esa diligencia en los últimos 30 días anteriores al cumplimiento de los plazos de prescripción (circular 73 del 2001 del SII). Una vez efectuada la notificación, el contribuyente tiene el plazo de un mes para dar respuesta. El plazo es de un mes, y por ello no se suspende durante los días feriados sin perjuicio que si el plazo vence un día sábado o feriado se entienda prorrogado hasta el día hábil siguiente por aplicación del art. 10° inc. 4° del C.T. CLASIFICACIÓN DE LA CITACIÓN Desde el punto de vista de la obligatoriedad a que se encuentra sujeto el Servicio para efectuar esta actuación, la citación puede ser facultativa u obligatoria. Por regla general la citación es facultativa, es decir, es un trámite que el Servicio puede realizar o no, y constituirá la última etapa de la revisión que efectúe el mismo Servicio antes de concluir sobre la procedencia del cobro de un impuesto o de una diferencia de impuestos. CITACIÓN OBLIGATORIA Por excepción, la citación es obligatoria, y ello ocurrirá en los casos en que la ley establezca la citación del contribuyente como un trámite previo (y obligatorio) antes de efectuar una liquidación de impuestos. Por tanto, cuando la ley dispone que es obligatorio oír la contribuyente antes de practicarse una liquidación de impuestos, la citación será obligatoria, y si así no se hiciere el procedimiento de liquidación quedará viciado. Estos casos de citación obligatoria son los siguientes: 

Conforme al art. 21 inciso. 1° del C.T. La citación es obligatoria cuando la declaración del contribuyente es considerada no fidedigna por el Servicio. En estos casos, previa citación, el Servicio practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder.

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Conforme al art. 22 del C.T, es también obligatoria la citación si un contribuyente no presentare declaración estando obligado a hacerlo. En este mismo modo el Servicio la citará para luego fijar los impuestos a pagar con los antecedentes de que disponga.



Será también obligatoria la citación en el caso del art. 27 in c. 2° del C.T., es decir, cuando sea necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o gastos y el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad separada. Conforme a la norma señalada el Servicio requerirá mediante citación los2 antecedentes que correspondan, y faltando éstos o si ellos fueren incompletos, el Servicio realizará directamente el prorrateo o separación.



La citación también es obligatoria en el caso del inciso tercero del art. 4° quinquies del C.T., en que se establece que previo a la solicitud de declaración de abuso o simulación formulado por el SII ante el Tribunal Tributario y Aduanero de conformidad al art. 160 bis del C.T. y para los efectos de fundar el ejercicio de esta, el contribuyente deberá ser citado de conformidad al art. 63 del C.T., oportunidad en la cual se le solicitarán los antecedentes que se juzguen pertinentes y los necesarios para la aplicación de la multa que establece el art. 100 bis del C.T.

CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN DE LA CITACIÓN CUANDO ELLA ES OBLIGATORIA Al respecto hay que efectuar una distinción: A. Casos de citación de los arts. 21, 22, 27 y 69 del C.T. La omisión del trámite de la citación, acarrea la nulidad de la tasación y liquidación de los respectivos impuestos. En este caso, se deberá reclamar la nulidad de la liquidación antes de efectuar cualquier gestión principal en el pleito, es decir, el contribuyente deberá pedir que se anule la liquidación dentro del plazo que tiene para reclamar de ella (plazo que es de 90 días hábiles). B. Caso de citación obligatoria del art. 4° quinquies del C.T. La omisión del trámite de la citación en este caso acarreará la improcedencia de la declaración de abuso o simulación formulada por el SII ante el TTA. Lo que deberá dictaminar este órgano jurisdiccional en el marco del proceso jurisdiccional del art. 160 bis del C.T. EFECTOS DE LA CITACIÓN OBLIGATORIA Al efecto hay que distinguir: A. Casos de citación de los arts. 21, 22 y 27 del C.T. La citación produce el aumento en tres meses de los plazos de prescripción de las facultades fiscalizadoras del Servicio establecido por el art. 200 y, también, en los mismos términos, del plazo de prescripción de la acción de cobro que ejerce la Tesorería del art. 201 del C.T. Para que ello ocurra se requiere que en la citación se indiquen claramente las operaciones e impuestos que a juicio del Servicio merezcan reparos. Cuando la citación es obligatoria para el Servicio, una vez que se ha cumplido con ella y se ha dado al contribuyente la oportunidad de dar respuesta, el Servicio queda en condiciones de practicar la liquidación y tasar la base imponible de los impuestos. B. Caso de citación del art. 69 del C.T. (término de giro).

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La citación produce el aumento en un año de los plazos de prescripción de las facultades fiscalizadoras del Servicio establecidos por el art. 200, y también, en los mismos términos, del plazo de prescripción de la acción de cobro que ejerce la Tesorería del art. 201 del C.T. También en este caso, una vez que se ha cumplido con ella y se ha dado al contribuyente la oportunidad de dar respuesta, el Servicio queda en condiciones de practicar la liquidación y tasar la base imponible de los impuestos.

C. Caso de citación obligatoria del art. 4° quinquies del C.T. (declaración de abuso o simulación). A diferencia de los anteriores, su práctica no produce un aumento de los plazos de prescripción de los arts. 200 y 201 del C.T. Su único efecto, es que una vez practicada habilita al SII para solicitar la declaración judicial de abuso o simulación de las formas jurídicas ante el correspondiente TTA, de conformidad al art. 160 bis del C.T. EXCLUSIÓN DOCUMENTARIA O “DISCOVERY” TRIBUTARIO Esta restricción al principio general de libertad de los medios de prueba se encuentra regulada en el art. 132 del C.T. En esta norma se expresa: no serán admisibles aquellos antecedentes, que teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El reclamante, siempre podrá probar que no acompaño la documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables. Consiste en una sanción procesal-probatoria para el contribuyente que deliberadamente no puso a disposición sus antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos le requirió específicamente en la citación prevista en el artículo 63 del Código Tributario. En realidad busca evitar que el contribuyente planifique la entrega de sus medios probatorios, a su conveniencia, limitando la certeza y eficacia de la acción fiscalizadora. Por ende, de ahora en adelante se hará esencial para los contribuyentes y sus asesores el preparar correctamente la respuesta a la citación, de manera de no verse privados de medios probatorios en la etapa de reclamación. Asimismo, el SII deberá especificar los citados documentos en dicha actuación para poder aprovecharse de esta limitación procesal del contribuyente. Además, en la práctica, sobre el TTA, pesa la obligación de pronunciarse expresamente sobre este asunto en la sentencia, cuando se señala “El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia sobre esta inadmisibilidad”.

Capítulo 8: La tasación como medio de fiscalización EN QUÉ CONSISTE Consiste en fijar, para efectos de la determinación de la obligación tributaria y de forma oficial, el precio máximo o mínimo para una mercadería o servicio. OPORTUNIDAD DE LA TASACIÓN

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El contribuyente, se ha dicho, puede ser objeto de una citación, en virtud de la cual el Jefe de la Oficina respectiva del Servicio lo requiere para que dentro del plazo de un mes presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Por tanto, por medio de la citación se exige al contribuyente:  

Que se presente una declaración de impuestos, o Si ya ha presentado una declaración, y el Servicio tiene dudas de su contenido, se le pide que rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior.

Frente a la citación el contribuyente puede adoptar las siguientes actitudes:   

Puede contestar la citación y dar respuesta satisfactoria, cumpliendo con las exigencias del Servicio; Puede pedir ampliación del plazo para dar respuesta, ampliación que puede ser presentada por una sola vez hasta por un mes, plazo que es fatal; Puede el contribuyente no contestar o contestar y no cumplir las exigencias que se le formulen, o al cumplir con ellas no subsanar las deficiencias comprobadas o que en definitiva se comprueben, casos en los cuales el Servicio puede tasar la base imponible con los antecedentes que tengan en su poder, en los casos en que dichos valores no se conozcan exactamente.

En este sentido y según se desprende del art. 64, el Servicio tiene las siguientes facultades:  



Puede tasar la base imponible de los impuestos. Puede tasar el precio o valor asignado a una especie mueble, corporal o incorporal, objeto de una enajenación, o tasar el precio o valor de un servicio prestado, cuando dicho precio o valor sirva de base o sea uno de los elementos para determinar el impuesto. Puede tasar el precio o valor de bienes raíces en los casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en ellos. Como se ha dicho, en los casos de citación obligatoria, la tasación se efectúa por el Servicio cuando el contribuyente no conteste la citación, o bien cuando conteste pero no cumpla las exigencias que se le formulan o no subsane las deficiencias comprobadas o que en definitiva se comprueben. En estos casos y por regla general el Servicio luego de tasar la base imponible de los impuestos practicará una liquidación y la notificará al contribuyente.

TASACIÓN DE OFICIO La tasación puede además efectuarse de oficio por el Servicio sin necesidad de citación previa cuando dicha citación no es obligatoria, por ejemplo, tratándose de los impuestos de retención o recargo, y además en los siguientes casos: 

Cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto y el precio asignado sea notoriamente inferior al corriente en plaza (art. 64 inc. 3°).



Cuando se trate de tasar el precio o valor de bienes raíces en los casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en ellos y el asignado sea notoriamente inferior al comercial (art. 64 inc. 6°).



Además, conforme al art. 65 y 97 N° 4 tratándose de fraudes tributarios se debe proceder a la tasación de oficio del monto de las ventas u operaciones gravadas sobre las cuales se debe pagar el impuesto y las multas, y ello ocurre en los siguientes casos:  Si el contribuyente presenta declaraciones maliciosamente falsas que pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda;  Cuando se omita maliciosamente en los libros de contabilidad los asientos relativos a las demás operaciones gravadas; 44

   

Cuando el contribuyente adultere balances o inventarios o presente estos dolosamente falseados; Cuando el contribuyente use boletas, facturas, notas de débito o notas de crédito ya utilizadas en operaciones anteriores; Cuando se emplee cualquier otro procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto; En caso de pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentación sustentatoria.

Tratándose de casos en que la tasación de la base imponible de los impuestos adeudados ha sido efectuada de oficio por el Servicio, ella se traducirá enseguida en una liquidación de impuestos o en un giro según corresponda en cada caso particular. Así por ejemplo, el art. 64 inc. 6° establece expresamente que tratándose de la tasación de oficio que se efectúa del valor o precio de un bien raíz, cuando el asignado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor comercial, el Servicio procederá a practicar la tasación y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. Dicha tasación y giro es reclamable conforme a las reglas generales en el plazo de 90 días hábiles. Capítulo 9: La liquidación CONCEPTO La liquidación es un acto administrativo del Servicio de Impuesto Internos por el cual se determina un impuesto o una diferencia de impuesto adeudada. La liquidación de impuestos tiene lugar fundamentalmente en dos situaciones (art. 24): 1. Cuando el contribuyente no presentare una declaración de impuestos estando obligado a hacerlo. 2. Cuando al contribuyente que ha efectuado una declaración y pago de impuestos se le ha determinado a través de un proceso de fiscalización una diferencia de impuestos adeudada, es decir, cuando el impuesto declarado y pagado por el contribuyente no corresponde a la cuantía del hecho gravado. IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN Aun cuando nos encontremos frente a las situaciones recién descritas, no procede el cobro retroactivo de impuestos y por tanto es improcedente la liquidación, cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada por la Dirección o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidas de los contribuyentes en general o de uno o más de estos en particular. En caso que las circulares o dictámenes hayan sido modificados se presume de derecho que el contribuyente ha conocido tales modificaciones desde que hayan sido publicadas en el Diario Oficial. Así lo establece el artículo 26 del Código Tributario. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN La liquidación debe contener:    

Lugar y fecha en que se practica. Toda liquidación es individualizada con un número y deben asignarse tantos números como impuestos y años tributarios son liquidados. Individualización completa del contribuyente. La liquidación contendrá los antecedentes precisos que sirvieron de base para practicar la liquidación. Si se estima como no fidedigna la contabilidad deberá además expresar las razones o antecedentes de dicha objeción. Asimismo, si el contribuyente al contestar la 45

   

citación que se le ha efectuado hubiese dado argumentaciones en su favor, deberán indicarse las razones que se tuvieron en vista para rechazarlas. Se debe indicar la base imponible y partidas gravadas con la tasa del impuesto correspondiente. Se deberá señalar el monto del impuesto determinado. Contendrá la determinación de multas, intereses penales y reajustes. Firma y timbre de los funcionarios liquidadores.

NATURALEZA DE LA LIQUIDACIÓN Toda liquidación es de carácter provisional mientras no se cumplen los plazos de prescripción. Por excepción, una liquidación es definitiva en aquellos puntos o materias comprendidas expresa y determinadamente en un pronunciamiento jurisdiccional o en una revisión sobre la cual se haya pronunciado el Director Regional a petición del contribuyente tratándose de términos de giro. En tales casos, la liquidación se estimará como definitiva para todos los efectos legales, sin perjuicio del derecho de reclamación del contribuyente, si procediera (art. 25 C.T.). CASOS EN QUE LA LIQUIDACIÓN SE SUSTITUYE POR UN GIRO Existen casos en que constatándose impuestos adeudados, la ley trata con un mayor rigor al contribuyente y procura que el pago de dichos impuestos sea logrado con mayor celeridad. En estos casos no hay una liquidación de impuestos sino que, atendido a que existen antecedentes fundados para estimar que la obligación tributaria existe y se encuentra vigente, se procede al giro de tales impuestos, giro que no es más que una orden de pago de los impuestos adeudados. No existe liquidación sino giro de impuestos en los siguientes casos (art. 24): 

Tratándose de impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces:

En este caso no existe una liquidación sino un simple giro o talón de ingreso que se hace de acuerdo a roles o nóminas anuales. 

Tratándose de contribuyentes que no pagan oportunamente un impuesto de retención, recargo o traslación (ejemplo típico: IVA). El Servicio en estos casos se encuentra facultado para girar de inmediato y sin otro trámite el impuesto correspondiente sobre las sumas contabilizadas.

En este evento, se trata con mayor rigor al contribuyente moroso toda vez que es un mero recaudador, un sujeto pasivo en relación con los impuestos adeudados. Para que proceda el giro inmediato de impuestos se requiere:   

Que se trate de impuestos de recargo, retención o traslación. Que no hayan sido declarados oportunamente. Que deriven de sumas contabilizadas.



Se procederá también al giro de sumas de impuestos que hayan sido devueltas al contribuyente o imputadas a otros impuestos, y en relación a las cuales se haya interpuesto acción penal por delito tributario.



Por último el Servicio puede proceder a girar de inmediato y sin otro trámite los impuestos adeudados por el fallido, sin perjuicio de la verificación que deba efectuar el Fisco conforme a las reglas generales.

NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN La liquidación efectuada por el Servicio se notifica conforme a las reglas generales (art. 11), es decir, personalmente, por cédula, por carta certificada o en virtud de las demás modalidades incorporadas

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por la ley 20.780 del 2014. La notificación efectuada válidamente interrumpe los plazos de prescripción del art. 201 del Código Tributario. EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN Desde la notificación comienza a correr el plazo de 90 días hábiles para el pago del impuesto contenido en la liquidación. De la liquidación, puede el contribuyente reclamar conforme al procedimiento general de reclamaciones dentro del mismo plazo de 90 días hábiles antes citado. Puede el contribuyente de todos modos pagar el impuesto liquidado, y en tal caso el plazo para presentar el reclamo se amplía a un año (art. 24 y 124). Se interrumpe el plazo de prescripción del art. 201 y empieza a correr un nuevo plazo de tres años.

Capítulo 10: El giro de impuestos CONCEPTO El giro es una orden del Servicio al contribuyente para que pague un impuesto y una orden al Servicio de Tesorerías para recibir dicho pago. El giro es la orden competente emanada del Servicio en que se impone al contribuyente el deber de enterar en arcas fiscales un determinado valor, ya sea en virtud de una liquidación de impuestos o por la sola aplicación de la ley. Es una orden escrita, dirigida a una o más personas, mediante la cual la administración financiera dispone del pago de un impuesto. 

Pedro Massone

Los tributos, reajustes, intereses y sanciones deberán ser ingresados al Fisco mediante giros que se efectuarán y procesarán por el Servicio, los cuales serán emitidos mediante roles u órdenes de ingreso, salvo los que deban pagarse por medio de timbres o estampillas (art. 37 C.T.). Los giros pueden ser: 

Roles: consisten en listas de contribuyentes afectos a un determinado impuesto (hoy han desaparecido).

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Ordenes de ingreso: tienen lugar cuando el Servicio ha hecho la determinación de un impuesto o determinado una diferencia de impuestos adeudados mediante liquidación, o cuando en los casos ya vistos no existe liquidación y ésta se sustituye por un giro.

REQUISITOS DEL GIRO Los giros deben ser emitidos por escrito, con fecha, número de orden, declaración o liquidación que le sirve de base y deben ser notificados en forma legal conforme a las reglas generales. Todo giro debe indicar el plazo en que debe ser pagado el impuesto. Cuando el giro ha sido precedido de una liquidación, debe además guardar coincidencia con la liquidación, es decir, debe tratarse de una misma cantidad pues en caso contrario es susceptible de ser reclamado (art. 124 C.T.).

OPORTUNIDAD DE GIRO 

Procede el giro de los impuestos cuando notificada una liquidación ella no es reclamada dentro del plazo de 90 días hábiles (art. 24 inc. 2° C.T.).



Asimismo, procede el giro cuando habiéndose reclamado de una liquidación, se hubiere notificado el fallo pronunciado por el TTA que rechaza el reclamo del contribuyente (art. 24 inc. 2° C.T.).



A petición del contribuyente el giro puede efectuarse de inmediato, con anterioridad a los plazos señalados (art. 24 inc. 3 ° C.T.).



Tratándose de impuestos sujetos a retención, recargo o traslación no declarados y según lo ya dicho el giro se hará de inmediato (art. 24 inc. 4 ° C.T.).

EFECTOS DEL GIRO Cuando es procedente, el giro fija o determina exactamente la cantidad a pagar. La notificación del giro interrumpe los plazos de prescripción (art. 201). Sirve de base o antecedente para la confección de la lista o nómina de deudores morosos, lista o nómina que reviste el carácter de título ejecutivo para los efectos del juicios ejecutivo de obligaciones tributarias en dinero, que puede iniciar la Tesorería General de la República, conforme al procedimiento establecido en los arts. 168 y siguientes del Código Tributario.

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Capítulo 11: Pago de impuestos CONCEPTO El art. 1568 del C.C. señala que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe, en el caso de la obligación tributaria se extingue a través del pago, la cual a ser una obligación de dar se traduce en la entrega de una suma de dinero. Por regla general, los impuestos se pagan en monedas de curso legal y el director del SII puede permitir que el pago se realice en la misma moneda en la que el contribuyente recibió su renta. En los pagos de impuestos no existe la regla general pues existen impuestos mensuales y anuales. El que puede modificar los plazos para pagar impuestos es el Presidente de la República, quien tiene a atribuciones exclusivas en materia impositiva. En caso de que el pago recaiga en día feriado o sábado, se traslada al día hábil siguientes. El impuesto debe pagarse al sujeto activo de la obligación tributaria (Fisco), no obstante por regla general los impuestos deben pagarse en el servicio de tesorería. El art. 38 del C.T., señala que el tesorero general de la república podrá facultar al Banco del Estado de Chile, a los bancos comerciales y otras instituciones para recibir el pago de los impuestos. Con sus correspondientes cargos legales, aun cuando se efectúen fuera de los plazos legales de vencimiento (art. 47 C.T.). EN CUANTO A LAS FORMAS DE PAGO  

En dinero efectivo. Vale vista bancario o cheques extendidos nominativa o a la orden de la tesorería correspondiente.

No obstante lo anterior, con el tiempo el pago mediante el cheque se ha ido limitando (en la TGR), por la gran cantidad de protestos que se deben realizar al momento del cobro de estos. 

Letra bancaria girada a la orden de la tesorería respectiva, salvo que se trate de impuestos que deban pagarse por medio de estampillas u otras.

El art. 39 inc. 1° y 3° del C.T. autoriza el pago mediante el envió de carta certificada del respectivo cheque, vale vista o letra bancaria, en este caso los impuestos se entienden pagados el mismo día en que la oficina de correos recibe la carta para su despacho, con todo será necesario enviar la carta con 3 días de anticipación a lo menos del vencimiento del plazo. El art. 50 dispone que en todos los casos, los pagos realizados por pagos inferiores a lo efectivamente adeudado por concepto de impuesto o recargos se consideraran como abonos a la deuda fraccionándose el impuesto o gravamen y liquidándose los reajustes, intereses y multas que sobre la parte cancelada procediéndose a su ingreso definitivo en arcas fiscales. EFECTOS DE LA MORA DEL CONTRIBUYENTE El pago de la deuda tributaria comprende el pago de los impuestos, sus reajustes legales, intereses y sanciones. 1. Reajustes: todo impuesto que no se pague dentro del plazo legal se reajustará de acuerdo a la variación del IPC en el periodo comprendido entre el último día del segundo mes que precede al de su vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago, no obstante los impuesto que se paguen fuera de plazo pero dentro del mes calendario no serán objeto de reajuste. La prórroga legal del plazo de declaración y pago, cuando dicho plazo vence en día sábado o feriado no se aplicará la prórroga del día hábil siguiente. 49

Esto se calcula así: La cuenta única tributaria, que es la cuenta corriente que lleva tesorería, el último día de cada mes hace un reajuste e interés instantáneo, calculando automáticamente, para el último día del mes siguiente. Art. 53 y 36 inc. 3° del C.T. 2. Intereses moratorios: el inciso 3° del art. 53, sanciona con un intereses penal del 1,5% por cada mes o fracción de mes el pago de impuesto por mora. 3. Reajuste previo del impuesto para la aplicación de intereses penales: para el cálculo de este interés penal, los impuestos deberán reajustarse en la forma ya señalada. No procede el reajuste ni los intereses penales cuando la mora sea imputable al SII o a Tesorería. La cual deberá ser declarada por el director regional o tesorero regional respectivamente. Art. 53 inc. 5°. 4. Pago de impuesto en base a una liquidación dentro del plazo de reclamación: si el contribuyente paga los impuesto incluidos en una liquidación dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de esta pagará intereses moratorios sólo hasta esta fecha (art. 54 del CT). 5. Tasa de interés moratorio: es la vigente al momento de pago de impuesto correspondiente (art. 55). 6. Multas: son sanciones por el retardo en la declaración y pago de impuesto (art. 97 N° 2). 7. Multas por el retardo de impuestos sujetos a retención o recargo (art. 97 N° 11): esta multa es del 10% sobre el monto del impuesto adeudado previamente reajustado. La multa indicada se aumentará en un 2% en cada mes o fracción de mes de retardo no excediendo por la regla del art. 97 N° 11. Sin embargo, en el caso de la omisión de todo o en parte de los impuestos que se encuentren retenido o recargados haya sido recargado por el servicio en procesos de fiscalización la multa recién señalada y su límite máximo suben en un 20% y 60% respectivamente (art. 97, N° 11, inc. 2°.). FORMAS DE CALCULAR LAS MULTAS Las multas se determinar sobre impuesto reajustados en la forma que establece el art. 53. CONDONACIÓN DE INTERES PENAS Y SANCIONES Condonados por el director regional del SII en los siguientes casos (Art. 56): A. Cuando resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio practicada por el SII, a través de una liquidación, reliquidación o giro, el contribuyente probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión. B. Cuando se trate de impuestos sujetos a declaración el contribuyente voluntariamente realice una declaración omitida o presentaré una declaración complementaría que arroje mayores impuestos y pruebe que ha procedido con antecedentes que haga excusable su omisión. C. Cuando el SII incurra en error al girar el impuesto, el director regional debe condonar todos los intereses hasta el último día del mes en que se cursare el giro definitivo. D. Cuando los intereses generales se hayan originado por causa no imputable al contribuyente. Con todo, la condonación también puede ser otorgada por el Tesorero General de la República, en virtud de lo dispuesto en el art. 192 del CT. Modificado por la ley 20.180 del año 2014. Incobrabilidad (art. 196 y 197 C.T.), cuando el contribuyente haya sido estafado por su contador y el contribuyente lo pruebe, y el contador sea querellado.

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Capítulo 12: El Estado y sus órganos EL ESTADO En el Derecho Moderno, el Estado es una persona jurídica, tanto respecto de sus propios componentes, como también frente a terceros con los que se relacionan. De esta manera la personalidad del Estado comprende todos los elementos que en él se encuentran organizados; el territorio, la población y las instituciones destinadas al logro de los fines del mismo Estado. Estas instituciones no tienen personalidad, porque forman parte de una institución más compleja; los funcionarios no actúan en interés de tales instituciones, sino en interés del Estado. Dentro del Derecho Tributario, el Estado tiene una gran preponderancia, al ser el titular de la potestad tributaria; además es el sujeto activo de todos los impuestos fiscales. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Dictación del Código Tributario Con fecha 6 de abril de 1959, el Congreso Nacional, mediante la Ley N° 13.305, delegó facultades en el Ejecutivo con el objeto de que éste se abocara a la codificación de las leyes tributarias. Para tal efecto se designó una comisión especializada, cuyo trabajo se materializó en el D.F.L. N° 190 publicado el día 5 de abril de 1960 y que empezó a regir desde el 1 de enero de 1961. Este cuerpo legal, que sufrió numerosas e importantes modificaciones desde su entrada en vigencia, fue derogado y reemplazado por el D.L. N° 830, de fecha 31 de diciembre de 1974, vigente en su texto, desde fecha 1 de enero de 1975. Estructura del Código Tributario El Código Tributario se encuentra formado por tres libros, más un título preliminar y un título final. El título preliminar contiene normas sobre aplicación especial y material de la ley tributaria, atribuciones del Servicio, notificaciones y definiciones de uso frecuente del legislador tributario. El libro primero contiene normas de administración, fiscalización y pago. El libro segundo trata de los apremios y normas sobre infracciones y sanciones. El libro tercero, de los tribunales, procedimientos y de la prescripción. El título final comprende normas de vigencias del Código. 51

Servicio de Impuesto Internos Con fecha 18 de enero de 1902, el Gobierno del Presidente Germán Riesco establece el Impuesto a la Producción de Alcoholes y promulga la ley N° 1.515, que crea la “Administración de los Impuestos sobre Alcoholes”, un servicio público encargado de fiscalizar el nuevo tributo. Un ingeniero de prestigio, don Julio Cousin Daumiere, tiene la misión de organizarlo y dirigirlo. Al impuesto al alcohol siguen rápidamente dos más, que gravan el tabaco y las barajas, y después se suceden otros a los trámites y diversiones: timbres, estampillas, papel sellado, entradas a hipódromos, circos y teatros. Distintas leyes van entregando a la Administración de Alcoholes la aplicación y fiscalización de todos estos tributos. Junto con ampliar su campo de acción, el organismo debe modificar su estructura y su nombre. En 1912 se transforma en la Dirección General de Impuestos y, cuatro años después, 1916, la ley completa el nombre agregando “Internos”. Esa misma ley establece la contribución de haberes, que grava la propiedad territorial edificada o no, los bienes muebles y los valores mobiliarios, y le encarga también su aplicación. La principal fuente de recursos para solventar el gasto público sigue siendo la recaudación aduanera, que hace innecesario el desarrollo de una legislación impositiva interna. Pero la crisis económica que estalla al término de la Primera Guerra Mundial y la caída de los precios del salitre y del cobre llevan a establecer en Chile un sistema tributario como el que tienen otros países. El 2 de enero de 1924 se promulga la primera Ley General sobre Impuestos a la Renta, con categorías y tasas proporcionales. Siguiendo las recomendaciones de la misión Kemmerer, norteamericana, por decreto del Ministerio de Hacienda en 1927, se organiza la Dirección General de Impuestos Internos y se le da una determinada estructura con su primer Reglamento Orgánico. A nivel superior se crean las Inspecciones Generales de Renta, Bienes Raíces, Alcoholes, Especies Valoradas y Asesoría Jurídica, especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias vigentes. Se establece el Cuerpo de Visitadores y las Oficinas de Contabilidad, Personal y de Secretaría. El país se divide en diferentes jurisdicciones y se crean unidades de terreno, comprendidas por las Administraciones de Zona e Inspecciones, que se encargarán de fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias dentro de sus límites jurisdiccionales. Con los años, diversos decretos van estableciendo nuevas unidades técnicas, departamentos y oficinas. El Servicio reforma su estructura y acorta su nombre a Dirección de Impuestos Internos. En 1969, un decreto con fuerza de ley establece el RUT, Rol Único Tributario, sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país. Su confección, mantención y permanente actualización se encomiendan a la Dirección Nacional del Servicio.

EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTER NOS Está encargado de la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, fiscales o que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a otra autoridad. Le corresponde además, la aplicación y fiscalización de aquéllos impuestos cuyo control se le encomiende por ley, en forma especial (art 1° Ley Orgánica del SII y art. 6° Código Tributario). El SII depende del Ministerio de Hacienda y está constituido por la Dirección Nacional y una Dirección Regional por región, salvo en la Región Metropolitana en que hay cinco direcciones regionales (Centro, Sur, Norte, Poniente y Oriente). 52

Por otra parte, todos los funcionarios del SII son de exclusiva confianza del Director, quien los nombra por resolución, pero permanecen en sus cargos mientras cuenten con dicha confianza. Del mismo modo, el Director es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República (arts. 22 y 6 de la Ley Orgánica del SII). La Dirección Nacional está compuesta por las siguientes subdirecciones:          

Subdirección de Administración Subdirección de Informática Subdirección de Avaluaciones Subdirección Jurídica Subdirección de Normativa Subdirección de Contraloría Interna Subdirección de Estudios Subdirección de Recursos Humanos Subdirección de Fiscalización Dirección de Grandes Contribuyentes

A. Facultades del Director Están comprendidas en el artículo 6° letra A del Código Tributario, siendo las siguientes: 1. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. La interpretación administrativa, como se señaló, no obliga ni a los tribunales ni a los contribuyentes, con la salvedad de que el Director Regional, por ley debe subordinarse a los criterios administrativos del Director Nacional, aspectos que ya fueron analizados en su oportunidad.

2. Absolver consultas que sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias le formulen los funcionarios del Servicio, por conducto regular, o las autoridades. Se ha señalado que el SII debe responder consultas, solo cuando sobre la materia no exista una posición claramente definida con anterioridad a la consulta (circular N° 71 de 2001). 3. Autorizar a los Subdirectores, Directores Regionales o a otros funcionarios para resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas de sus atribuciones, actuando “por orden del Director”. En este caso, siempre el delegado en las resoluciones de que se trate debe señalar expresamente que actúa “por orden del Director”. 4. Orden la publicación o la notificación por avisos de cualquier clase de resoluciones o disposiciones. De acuerdo con el artículo 15 del C.T., las notificaciones o los avisos, relativos a actuaciones de carácter general, se publicarán en el Diario Oficial, pudiendo hacerse en extracto. 5. Disponer la colocación de afiches, carteles y letreros alusivos a impuestos o a cumplimiento tributario, en locales y establecimientos de servicios públicos e industriales y comerciales. Será obligatorio para el contribuyente su colocación y exhibición en el lugar que prudencialmente determine el Servicio. No todo contribuyente está obligado a la colocación de estos carteles y afiches, sino solo los que se dediquen a la industria y al comercio (no un trabajador dependiente, afecto al impuesto de segunda categoría, tampoco un contribuyente del global complementario). 53

6. Mantener canje de informaciones con SII de otros países para los efectos de determinar la tributación que afecta a determinados contribuyentes. Este intercambio de información deberá solicitarse a través del Ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo sobre la base de la reciprocidad, quedando amparado por las normas relativas al secreto de las declaraciones tributarias. En el caso de contribuyentes que pueden tener renta de origen extranjero, por ser residentes en Chile, también deben tributar en Chile, para ello, el Código faculta al Director para obtener esta información del extranjero, lo que hará bajo principios de reciprocidad. La información que recabe el SII, queda sujeta al secreto de las declaraciones, por ello, no podrá divulgarla y deberá mantenerla en estricta reserva. Lo anterior está en armonía con el art. 35 inciso 2° del C.T., que establece que el SII no puede divulgar la cuantía o fuente de las rentas ni demás antecedentes que figuren en declaraciones que sean obligatorias para los contribuyentes. Por ejemplo, declaración de impuestos a la renta.

B. Facultades del Director Regional 1. Absolver consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias. Las consultas formuladas por los contribuyentes son respondidas por el Director Regional, quien debe subordinarse a los criterios dados por el Director Nacional Según la Circular N° 71 de 2001, si la respuesta a la consulta consta en un criterio ya definido por el Director Nacional, el Director Regional debe aplicar tal criterio. Por el contrario, si no hay un criterio definido por el SII con anterioridad, el Director Regional debe consultar al Director Nacional. 2. Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación, en los casos a que se refiere el Título I del Libro Segundo (art. 93). Consiste en el arresto ordenado por la justicia ordinaria, previo apercibimiento a cumplir la obligación de que se trate dentro de un plazo razonable. Es competente para la aplicación de los apremios, el juez civil del domicilio del infractor y la impone citando al contribuyente a una audiencia y con lo que se exponga resuelve, siendo su resolución inapelable (art. 93 DL 830). El apremio, consistente en arresto hasta por 15 días, puede renovarse si se mantienen las circunstancias, y cesan si el contribuyente cumple la obligación de que se trate. El juez civil tiene la facultad de suspender los apremios (arts. 93 a 96). En todo caso para pedir los apremios es necesario que el SII aperciba previamente al infractor a que cumpla con su obligación en un plazo razonable. 3. Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o variables. Se refiere a las sanciones de multa o clausura derivadas de infracciones tributarias que no son reclamadas por los contribuyentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero y que conoce administrativamente el Servicio de Impuestos Internos. 4. Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley. Sin embargo, la condonación de intereses o sanciones podrá ser total, si el Servicio incurriere en error al determinar un impuesto (liquidación) o cuando, a juicio del Director Regional, dichos intereses y sanciones se hubieren originado por causa no imputable al contribuyente. 5. Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en la liquidación o giro de impuestos. En todo caso, el Director Regional queda impedido de resolver peticiones administrativas, respecto de las cuales el contribuyente haya interpuesto la misma pretensión ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Las correcciones se efectúan mediante una resolución administrativa.

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6. Disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que incidan en su competencia. La acción deducida en el procedimiento general de reclamaciones ante el TTA es la forma de impugnar determinados actos emanados del SII, dentro del plazo de 90 días hábiles, contados desde la notificación de la actuación del SII o 1 año, si se pagan los impuestos en el plazo de 90 días, contados desde la notificación de la liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, siempre que invoquen un interés actual comprometido (art. 124 inc. 1° CT.). 7. Autorizar a otros funcionarios para resolver determinadas materias, aún las de sus exclusivas competencias, o para hacer uso de las facultades que le confiere el Estatuto Orgánico del Servicio, actuando “por orden del Director Regional”, y encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el cumplimiento de otras funciones u obligaciones. Se refiere a que el Director Regional puede delegar en otros funcionarios parte de sus facultades, lo anterior con el fin de promover la eficiencia administrativa; es importante recalcar que si no se actúa señalando que procede por orden del Director Regional la delegación es nula y los efectos también. 8. Ordenar a petición de los contribuyentes que se imputen al pago de sus impuestos, o contribuciones de cualquier especie las cantidades que les deban ser devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por ellos. La resolución que se dicte se remitirá a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Esta es la facultad de compensar dineros pagados en exceso o indebidos que el Fisco adeude al contribuyente, que es realizada a petición del interesado. Cuando el contribuyente no solicita la devolución de impuestos pagados en exceso o doblemente (tiene tres años desde que se pagaron), le queda la posibilidad de compensar, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. La resolución que ordena la compensación está sujeta al trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. 9. Disponer en las resoluciones que se dicten en conformidad a lo dispuesto en los números 5° (peticiones administrativas de carácter tributario) y 6° (juicio de reclamación) de la presente letra, la devolución y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, reajustes, intereses, sanciones o costas. Estas resoluciones que ordenan la devolución y pago se remitirán a la Contraloría General de la República. 10. Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera clase de resoluciones o disposiciones de orden general o particular. Ejemplo de este tipo de notificaciones, son las resoluciones ordenan cambio del sujeto pasivo del IVA. Las facultades del Director Regional solo se ejercen dentro del ámbito de su competencia relativa (territorio jurisdiccional) a diferencia del Director Nacional que las ejerce en todo el territorio de la República. EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS El Servicio Nacional de Aduanas es un organismo del Estado de administración autónoma, que se relaciona con el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Como institución pública, Aduanas cumple funciones claves para el desarrollo del país, ya que tiene un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente, en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la simplificación de trámites y procesos. Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado, fiscalizando dichas operaciones, de manera oportuna y exacta, y recaudar los derechos e impuesto vinculados a éstas. Además, le corresponde generar las estadísticas del intercambio comercial de Chile y realiza otras tareas que le encomienda la ley. 55

Tareas específicas Mejorar la calidad del servicio para facilitar el comercio internacional. Mejorar la exactitud y efectividad de la fiscalización, mediante la aplicación del sistema de gestión de riesgos. Combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual. Incrementar la capacidad de procesamientos inteligentes de la información. Consolidar la innovación tecnológica y la modernización de los procesos de tramitación, implementando sistemas informatizados que faciliten y agilicen las operaciones aduaneras. Asegurar la transparencia de la gestión y el ejercicio de la participación ciudadana, facilitando el acceso a una información de calidad, clara y oportuna. Fortalecer los vínculos con el sector público y privado, avanzando en la concreción de alianzas para mejorar la calidad de la gestión y la cooperación con las Aduanas a nivel internacional. Origen En cuanto a su origen, las aduanas nacieron para impedir la entrada de productos a un determinado territorio. A través del tiempo, los países latinoamericanos han definido a la Aduana como el organismo encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros gravámenes aduaneros: percibir y hacer percibir los impuestos que les sean aplicables.

LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La tesorería General de la República de Chile es el servicio público encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Debe, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes. Depende del Ministerio de Hacienda. Funciones Recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos, como asimismo, conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores a su cargo. Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones; las multas aplicadas por autoridades administrativas; los créditos fiscales a los que la ley dé el carácter de impuesto para los efectos de su recaudación; y los demás créditos de cualquier naturaleza que tengan por causa o motivo el cumplimiento de obligaciones tributarias cuya cobranza se encomiende al Servicio de Tesorerías. Efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del Sector Público que las leyes le encomienden. Centralizar y administrar los fondos de los servicios e instituciones públicas, en la Cuenta Única Fiscal, en el Banco del Estado de Chile. Distribuir los fondos fiscales de acuerdo con las necesidades de los distintos organismos públicos y en conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. Efectuar las emisiones de bonos u otras obligaciones que las leyes dispongan; aceptarlos o endosarlos; ordenar su colocación y distribuir los valores que se obtengan de dichas emisiones, según corresponda.

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Mantener bajo custodia las especies valoradas fiscales para su venta al público por intermedio de las Tesorerías Regionales y Provinciales, y proceder a su entrega a otras reparticiones legalmente autorizadas. Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía extendidos a favor del Fisco.

Capítulo 13: Las personas y entes privados EL ROL ÚNICO TRIBUTARIO Y LOS REGISTROS ESPECIALES Todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritos en el Rol Único Tributario de acuerdo con las normas del reglamento respectivo (art. 66 del CT.). El SII debe proporcionar a las personas y demás entes incorporados al RUT una cédula cuya exhibición debe ser exigida por diversas instituciones y funcionarios, tales como banco, instituciones de previsión, aduanas, notarios, etc. Además, las Direcciones Regionales podrán exigir a las personas que desarrollen determinadas actividades, la inscripción en registros especiales. Las mismas Direcciones Regionales indicarán en cada caso, los datos o antecedentes que deban proporcionarse por los contribuyentes para los efectos de la inscripción. Lo dicho es sin perjuicio de las inscripciones obligatorias exigidas por el Código Tributario o por las leyes tributarias (art. 67 del CT.). LA CAPACIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO En su sentido corriente, la capacidad significa aptitud o suficiencia para alguna cosa. En el lenguaje forense, quiere decir aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho. La capacidad es de dos categorías: adquisitiva o de goce y de ejercicio. La capacidad adquisitiva o de goce importa para el titular la posibilidad de ser sujeto de relaciones jurídicas, esto es, de derecho y deberes; la capacidad de ejercicio, la posibilidad para la mismo de realizar actos de voluntad dirigidos a tutelar y conservar sus derechos, a enajenarlos, a abandonarlos, a adquirir nuevos derechos y a procurar cualquier otro efecto jurídico. La obligación de impuestos nace por voluntad de la ley, de modo que la persona que se encuentra en la situación prevista por la ley, ya sea capaz o incapaz para el derecho civil, resulta obligada de impuesto. Así, el absolutamente incapaz que es dueño de una parcela está tan obligado al pago de contribuciones como una persona capaz. Esto no constituye una particularidad del derecho tributario, por cuanto las obligaciones civiles que surgen de la ley también obligan a los absolutamente incapaces, que deben ser representados por las personas que según el derecho civil están autorizadas para actuar en su nombre e interés; las personas relativamente incapaces, por su parte, deben actuar representadas o autorizadas por las personas que señala el derecho civil. 57

LA REPRESENTACIÓN. GENERALIDADES En general, la representación es la sustitución de una persona por otra en la actividad jurídica realizada en nombre ajeno, sea que la sustitución se apoye en un poder de actuar frente a terceros, otorgado por ley o por el interesado, o bien, en una sucesiva aceptación del mismo. En armonía con este concepto, para los efectos tributarios, se entenderá por “representante”, los guardadores, mandatarios, administradores, interventores, síndicos y cualquier persona natural o jurídica que obre por cuenta o en beneficio de otra persona natural o jurídica (art. 8°, N° 6 del CT.). La representación produce el fenómeno de que las consecuencias del acto jurídico afectan a una persona distinta de la que intervino en su otorgamiento, a la par que la persona que actúo en tal caso no soporta tales consecuencias: no le perjudican ni le aprovechan. Para que la representación surta el efecto que le es propio, esto es, afectar al representado, sin responsabilidad para el representante, es necesario que este último esté autorizado por ley y por la voluntad de representado para actuar por cuenta y nombre de este y que obre dentro de las facultades comprendidas en el cargo. También se producirán los efectos propios de la representación, cuando el representado acepte o ratifique lo obrado por el representante. COMPARECENCIA ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Concepto Es el acto de presentarse alguna persona ante el juez o autoridad pública, ya sea espontáneamente para deducir cualquier pretensión o para hacerse parte en un procedimiento o trámite, ya en virtud de llamamiento o intimación de la misma autoridad que lo obligue a hacerlo para la práctica de alguna diligencia judicial o de carácter administrativo. Comparecencia administrativa Es aquella en que el contribuyente se presenta ante el SII para efectuar una gestión administrativa (aviso de iniciación de actividades, timbraje, etc.). Por regla general, para este tipo de gestiones, los contribuyentes pueden comparecer personalmente o representados por un tercero: ello de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 del CT., y en la Circular N° 31 de 2007 del SII, siempre que la representación conste por escrito y al menos en documentos autorizados por el notario. No obstante lo anterior, hay situaciones en las que los contribuyentes solo pueden comparecer personalmente, como son aquellas previstas en los artículos 34 (atestiguar bajo juramento puntos contenidos en una declaración) y 60 inc. 8° (solicitar declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada en la jurisdicción de la oficina que la cite para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias). Obligación de acreditar la representación ante el SII El Código Tributario establece que toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación; así se desprende del inciso 2° del artículo 9 del CT. De todas formas, el SII aceptará la representación sin que se acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá exigir la ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del plazo de cinco días (Circular N° 54 de 2002), bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación correspondiente. Extinción de título de la representación De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 9 citado, el administrador, representante o mandatario del contribuyente, se entenderá autorizado para ser notificado a su nombre, mientras no se comunique por escrito al Servicio por los interesados, de la extinción del título de la representación. 58

Capítulo 14: La declaración del impuesto IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN El hecho tributario y la base imponible pertenecen a la esfera patrimonial del contribuyente, por lo tanto es él quien conoce la realización del hecho como el monto o suma del mismo (sistema de autodeterminación del impuesto). Resulta entonces lógico que la ley imponga al deudor del tributo y, en determinadas circunstancias, a terceros relacionados con este la obligación de informar al SII sobre la existencia del hecho tributario, la cantidad de la base imponible, como también sobre los otros elementos necesarios para la aplicación del tributo. La presentación de la declaración es la principal obligación que tiene el contribuyente en el procedimiento de determinación y aplicación del impuesto. La declaración es el punto de partida de todo el proceso de aplicación del impuesto y produce importantes consecuencias jurídicas, tanto en cuanto a la determinación del hecho tributario y de la base imponible, como a la liquidación, giro y extinción del impuesto; además es un antecedente básico en la fijación de varias infracciones y sanciones tributarias. La declaración tributaria cumple principalmente una función informativa. Por su contenido ella proporciona todos los elementos necesarios para la determinación del impuesto. La ley tributaria pretende que el deudor del impuesto coopere personalmente en la determinación y aplicación del impuesto; su declaración tributaria constituye la forma de esta declaración. En consecuencia, la administración financiera, en la determinación del impuesto, solo debe apartarse de la información dada por el deudor en su declaración, cuando posea poderosas razones para ello; debe basarse en este caso, en hechos o situaciones conocidas que la autoricen para concluir que la declaración tributaria es errónea o incompleta. EL DEBER DE DECLARAR El deber de denunciar a la autoridad financiera los presupuestos de hecho, a los cuales la ley conecta la obligación del impuesto, se encuentra establecido y regulado para la mayoría de los impuestos; en consecuencia, debe ser considerado un principio general del derecho tributario. La obligación de presentar la declaración corresponde por regla general, a quien debe pagar el tributo en calidad de contribuyente, de sustituto o de responsable. La omisión en la presentación de las declaraciones puede dar lugar a otras consecuencias perjudiciales para el contribuyente, un ejemplo de esto se contiene en el art. 22 del CT., que señala para el caso que un contribuyente no presente declaración estando obligado a hacerlo, el SII podrá fijar los impuestos que adeude con el 59

solo mérito de los antecedentes que disponga, previo los trámites establecidos en los artículos 63 y 64. En cuanto a la forma, las declaraciones se presentan normalmente en formularios que proporciona el SII; pero la falta de ellos no exime a los contribuyentes de la obligación de presentarlas dentro del plazo (art. 32). Especial importancia tiene suscripción o firma del formulario; ella constituye una prueba de autenticidad de la declaración y normalmente está acompañada por una expresa afirmación de la exactitud objetiva de la declaración. Además, junto con sus declaraciones, los contribuyentes deberán presentar los documentos y antecedentes que la ley, los reglamentos o las instrucciones de la Dirección Regional les exijan (art. 33). Por último, la presentación de la declaración tributaria debe tener lugar dentro del plazo establecido. El plazo de declaración de los diversos impuestos se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes (art. 36). Además, el Director Regional podrá ampliar el plazo para las declaraciones siempre que a su juicio exclusivo existan razones fundadas para ello y dejará constancia escrita de la prórroga y de sus fundamentos. Las prórrogas no serán concedidas por más de 4 meses, salvo que el contribuyente se encuentre en el extranjero y las declaraciones se refieran al impuesto a la renta. En caso de que se conceda la ampliación, los impuestos se pagarán con reajustes e intereses penales en la forma establecida en el art. 53 del CT. (art. 31). Las declaraciones quedarán amparadas por el secreto tributario, en los términos establecidos en el art. 35 del CT. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN Y DE SU INCUMPLIMIENTO El cumplimiento de la obligación de declarar por parte del contribuyente produce, entre otros, los siguientes efectos: 

Permite a la autoridad financiera girar los impuestos declarados, sin más trámites. Esta afirmación no se basa en una disposición legal expresa, pero guarda armonía con los principios generales y con el sistema de aplicación del impuesto considerado en su conjunto. En efecto, en este caso no se justificaría la práctica de una liquidación y de otros actos cuyo objeto es provocar una aceptación expresa o tácita de la deuda o su determinación mediante una sentencia, ya que tal deuda está reconocida de antemano por escrito y por el propio deudor en su declaración.



El SII no puede prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar o cobrar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, libros o antecedentes no sean fidedignos (art. 21).

En cambio el incumplimiento de la obligación de declarar por parte del contribuyente, sea que se trate de una omisión de la declaración o de una declaración que no se ajusta a la verdad, produce entre otros los siguientes efectos: 





Si un contribuyente no presentare declaración, estando obligado a hacerlo, el SII previo los trámites de rigor, podrá fijar los impuestos que adeude con el solo mérito de los antecedentes que disponga (art. 22). Si un contribuyente presenta declaraciones que no son fidedignas, SII previo los trámites de rigor, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. El plazo de tres años de que dispone el SII para liquidar un impuesto, revisar cualquier diferencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, se amplía a seis años

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para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando esta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa (art. 200 inc. 2°). 

El plazo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos que por regla general es de tres años, se amplía a seis años, para los impuestos sujetos a declaración, cuando esta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa (art. 201 inc. 1° en relación al art. 200 inc. 2°).

Capítulo 15: Normas y principios contables en el código tributario Los libros contables constituyen un medio probatorio de particular relevancia en materia tributaria. La primera parte del art. 21 del CT., establece: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.” Hasta aquí no existen objeciones que formular, toda vez que la norma civil obliga probar a quien reconoce la existencia de una obligación o a quien alega su extinción. Como en las declaraciones tributarias el contribuyente no tiene otra opción que hacer lo uno o lo otro, consideramos que resulta razonable que se le exija demostrar su efectividad. Ahora bien, dado que lo que se declara debe ser lo mismo que se registra en la contabilidad, y lo que se registra en la contabilidad debe ser lo mismo que se contiene en los documentos, resulta razonable que se exija al contribuyente que pruebe la efectividad de su declaración, con los antecedentes que la ley le obliga llevar. Consecuencias de lo anterior, es que el Servicio está impedido de prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de

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ellos resulte, salvo que, cualquiera de dichos antecedentes –declaraciones, registros contables, documentos, etc.– sean no fidedignos. En tal caso, el Servicio, previo los trámites establecidos en los artículo 63 y 64, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. “Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente debe desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del libro tercero.” Aquí observamos un cambio en lo que es la regla probatoria general, puesto que cuando esto ocurre –antecedentes no fidedignos– el Servicio lo que hace es liquidar, o sea, afirmar que el contribuyente es deudor de una obligación, sin disponer de mayor prueba que de los antecedentes que obran en su poder. Si el contribuyente quiere desvirtuar la efectividad del hecho afirmado por Impuestos Internos en la liquidación, deberá recurrir a los medios probatorios generales, pues, conforme a la ley, en este caso especial quien prueba no es quien afirma la existencia del hecho, sino que quien manifiesta que esa obligación no existe. Cabe subrayar que es condición para que el Servicio pueda prescindir de la prueba aportada por el contribuyente que dichos antecedentes sean no fidedignos. Esta obligación probatoria no puede ser suplida por la prudencia del juez, puesto que, como ha señalado la Excma. Corte, el art. 21 no otorga al juez ninguna facultad discrecional para apreciar prudencialmente cuando falte la prueba de rigor. En definitiva, de acuerdo al art. 21, quien prueba es el contribuyente. La prueba que debe hacer el contribuyente no es fácil. No lo es, porque si al contribuyente lo liquidan es porque sus declaraciones o antecedentes respaldatorios no son fidedignos para el SII. Si no son fidedignos para el SII en la fase administrativa, tampoco lo serán en la fase judicial, con el agravante de que existen normas que obligan a los contribuyentes probar única y exclusivamente con los mismos antecedentes que se califican como no fidedignos. En efecto, el art. 71 de la Ley de la Renta precisa que si el contribuyente alegare que sus ingresos o inversiones provienen de rentas exentas o afectas a impuestos sustitutivos o rentas efectivas de un monto superior a las presumidas de derecho, deberá acreditarlo mediante “contabilidad fidedigna”. CONTABILIDAD FIDEDIGNA El art. 17 inc. 1° del Código Tributario, señala que: “… toda persona que deba acreditar la renta efectiva, lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en contrario.” Se estima que el legislador quiso decir contabilidad completa y no contabilidad fidedigna, puesto que la contabilidad debe ser siempre fidedigna. Concepto Es contabilidad fidedigna aquella que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes y que va registrando fiel y cronológicamente las operaciones del contribuyente. Un factor importante para calificar de fidedigna una contabilidad es que las operaciones registradas en ella se encuentran respaldadas por la correspondiente documentación en los casos en que la ley obligue a emitirla o que por la naturaleza de las operaciones sea corriente o normal su emisión, como, por ejemplo, la contabilidad no es fidedigna cuando se lleva en libros que no han sido timbrados ante el Servicio.

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Según e SII, los libros de contabilidad deben ajustarse a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de la empresa, de modo que si algún libro resulta oscuro, impidiendo controlar el movimiento y resultado de las operaciones del contribuyente, dificultando así la acción fiscalizadora del Servicio, debe ser objetado. Cabe señalar que la Corte Suprema ha establecido que el Servicio de Impuestos Internos antes de liquidar, tasar o regular las ventas, compras o gastos del contribuyente debía demostrar que su contabilidad no era fidedigna. CONTABILIDAD COMPLETA Se entiende que el contribuyente debe llevar el libro diario, el libro diario mayor, el libro de balances, el libro de caja, etc., sin perjuicio de los libros auxiliares que exige la ley o el propio Servicio, como, por ejemplo, el libro de compraventa, el libro de existencia, el libro de remuneraciones.       

Libro diario. Depósito en cuenta corriente. Libro mayor. Libro de inventarios y balances. Libro auxiliar de remuneraciones. Libro de compras y ventas. Libro FUT.

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA Según el SII, para los fines del Impuesto a la Renta, la contabilidad simplificada consiste en un Libro de Entradas y Gastos, timbrado por el Servicio, o en una Planilla de Entradas y Gastos. Lo anterior, sin perjuicio de los libros que exijan otras leyes, como es el caso, por ejemplo, de libro de compras y ventas que establece el artículo 74 del Reglamento del D.L. N° 825, de 1974 y de otros libros que disponga el Director Regional. FORMA EN QUE DEBEN LLEVARSE LOS LIBROS CONTABLES Los libros de contabilidad deben ser llevados en lengua castellana y sus valores expresarse en moneda nacional, debiendo ser conservados por los contribuyentes, junto con la documentación correspondiente, mientras esté pendiente el plazo que tiene el Servicio para la revisión de las declaraciones. Esta obligación se entiende sin perjuicio del derecho de los contribuyentes de llevar contabilidad en moneda extranjera para otros fines. Art. 18 CT. Para todos los efectos tributarios, los contribuyentes, cualquiera que sea la moneda en que tengan pagado o expresado su capital, llevarán contabilidad, presentarán sus declaraciones y pagarán los impuestos que correspondan, en moneda nacional. No obstante, la Dirección Regional podrá exigir el pago de los impuestos en la misma moneda en que se obtengan las rentas o se realicen las respectivas operaciones gravadas. En casos calificados, cuando el capital de una empresa se haya aportado en moneda extranjera o la mayor parte de su movimiento sea en esa moneda, el Director Regional podrá autorizar que se lleve la contabilidad en la misma moneda, siempre que con ello no se disminuya o desvirtúe la base sobre la cual deban pagar los impuestos. De acuerdo a las instrucciones de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, para los efectos de otorgar la referida autorización (llevar la contabilidad en moneda extranjera), el Director Regional debe estarse a los requisitos establecidos en el artículo 18 del C. Tributario y al resultado del análisis que haga de los antecedentes aportados por los interesados, toda vez que dicha autorización no va a ser otorgada si el cambio implica una disminución en el resultado tributario.

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En todo caso, el Director Regional competente se encuentra facultado para revocar la autorizar que hubiere otorgado. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, cambien las condiciones invocadas al solicitarse la autorización; la contabilidad no se lleva de acuerdo a principios generalmente aceptados, o sea oscura y no permita determinar la verdadera base de los impuestos, o por cualquier otra causa que pueda ser revelada a través de las labores de fiscalización efectuadas. Cabe señalar, que según el propio SII, la contabilidad en moneda extranjera no debiera representar obstáculo para la función fiscalizadora si el contribuyente cumple con los principios contables generalmente aceptados. En consecuencia: 

No existe la posibilidad de que los contribuyentes lleven su contabilidad con algunos asientos en moneda nacional y otros en moneda extranjera. Deben llevarse o en moneda nacional, regla general, o en monera extranjera, norma de excepción.



Lo anterior no impide que, para fines internos de la empresa, el contribuyente haga anotaciones marginales en las que establezca la equivalencia que tienen en otras monedas las operaciones que realiza.



La autorización a un contribuyente para que lleve la contabilidad en moneda extranjera no significa que pueda disminuir o desvirtuar la base sobre la cual deban pagarse los impuestos.

CONTABILIDAD COMPUTACIONAL El art. 17 del C. Tributario faculta al Director del SII para fijar las medidas de control que deben cumplir los contribuyentes para reemplazar la contabilidad normal por hoja suelta. El Director del Servicio, mediante la resolución N° 4.228, y la circular N° 36, estableció el procedimiento que debían seguir los contribuyentes que optaran tanto por llevar la contabilidad en hoja suelta impresa computacionalmente como llevarla también en hoja suelta, pero en forma no computacional. Aunque para ambos contribuyentes se estableció la obligación de requerir autorización previa al SII, se dispuso que los contribuyentes que optaron por llevar la contabilidad en hoja suelta impresa computacional debían dar cumplimiento a las exigencias contenidas en el punto 4 de la resolución N° 4.228, en los términos allí señalados, esto es: a) contar con una casilla de correo electrónico, y b) comprometerse expresamente en la solicitud a declarar y pagar todos los impuestos y a presentar los informes y declaraciones que el Servicio le solicite por Internet. CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE El Servicio, mediante la circular N° 50, estableció que para dar curso a la solicitud sobre cambio de sistema contable, el Director Regional debía considerar las razones y fundamentos que tiene el contribuyente para efectuar dicho cambio, pudiendo ordenar, incluso, la práctica de una auditoría tributaria. De acuerdo al Servicio, por sistema de contabilidad debe entenderse el conjunto de elementos materiales que permitan el registro, acumulación y entrega de información de los hechos económicos realizados por la empresa, como son los libros de contabilidad, registros y comprobantes, y el conjunto de principios, normas y procedimientos para efectuar dicho registro, acumulación y entrega de información. El art. 16 del C. Tributario no impone ni rechaza un determinado sistema contable, sino que solo ordena que estos deben ajustarse a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios, todo ello con mira a resguardar debidamente el interés fiscal. A este respecto, en el oficio circular N° 2.465/85 se reitera lo anterior y se expresa que ni el Código Tributario ni ninguna otra legislación vigente confieren facultad a los Directores Regionales para aprobar o rechazar a priori, en términos generales, un determinado sistema contable que desee implantar un contribuyente en su empresa y que solo es procedente objetar o rechazar el sistema 64

utilizado cuando, al practicar su auditoría, con fines de fiscalización se concluya que es oscuro y no permite controlar el movimiento y resultado en los negocios o que haga impracticable la conciliación de sus resultados con las normas de la Ley de la Renta, dificultando la acción fiscalizadora del Servicio. La autorización de cambio de sistema contable rige en general a contar del 1 de enero del año siguiente al de la presentación de la solicitud. INFRACCIONES TRIBUTARIAS VINCULADAS A LA CONTABILIDAD Art. 97 N° 16. La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionadas con las actividades afectas a cualquier impuesto, con multa de hasta el 20% del capital efectivo con un tope de 30 unidades tributarias anuales, a menos que la pérdida o inutilización sea calificada de fortuita por el Director Regional. Los contribuyentes deberán en todos los casos de pérdida o inutilización: a. Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, y b. Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta días. Sin embargo, no se considerará fortuita, salvo pruebas en contrario, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso primero cuando se dé aviso de este hecho o se detecte con posterioridad a una citación, notificación o cualquier otro requerimiento del Servicio que diga relación con dichos libros y documentación. En todo caso, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspende la prescripción establecida en el artículo 200, hasta la fecha en que los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del servicio. Para los efectos previstos en el inciso primero de este número se entenderá por capital efectivo el definitivo en el artículo 2°, N° 5, de la Ley de Impuesto a la Renta. En aquellos casos en que, debido a la imposibilidad de determinar el capital efectivo, no sea posible aplicar la sanción señalada en el inciso primero, se sancionará dicha pérdida o inutilización con una multa de hasta 30 unidades tributarias anuales. Art. 97 N° 7. El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares exigidos por la Dirección Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual.

Capítulo 16: Infracciones y delitos tributarios Concepto Las infracciones tributarias son aquellos incumplimientos culposos o dolosos que se encuentran sancionados por la ley. Los incumplimientos culposos constituyen infracciones administrativas y, los dolosos, delito tributario. Clasificación A. Atendiendo a la naturaleza de la sanción 65

Infracciones civiles Infracciones administrativas Infracciones penales B. Atendiendo a las personas que las cometen Propias del contribuyente (art. 97 del C.T.). Del contador y/o asesores (art. 100 del C.T.). Del asesor tributario (art. 100 bis del C.T.). De los funcionarios del Servicio (art. 101 del C.T.). La de los otros funcionarios públicos (art. 102 del C.T.). La de los auxiliares de la administración de justicia que tiene la calidad de ministros de fe (art. 103 al 109 del C.T.). INFRACCIONES CIVILES Concepto Es el retardo u omisión del pago de un tributo en que incurre el contribuyente causando un daño al Estado, lo que es sancionado con una sanción civil. La sanción civil es la indemnización de perjuicios que consiste en intereses moratorios y multas (recargos que en forma fija o porcentual determina la ley por la mora u omisión en el pago del tributo). De acuerdo al art. 53 del C.T., el que no pago de los impuestos dentro de los plazos legales, obliga pagar la suma debida con los reajustes (variación IPC) e intereses penales (1,5% por mes o fracción de mes de retardo). Aparte de los reajustes e intereses, el deudor tributario debe pagar una multa si incurre en las siguientes infracciones tributarias: 

Si retarda u omite la presentación de la declaración que constituya la base inmediata para la determinación o liquidación de sus impuestos, debe pagar una multa de un diez por ciento, calculada sobre los impuestos que resulten de la liquidación. En el caso que el retarde exceda el plazo de cinco meses, la multa indicada aumentará en dos por ciento por cada mes o fracción del mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los impuestos adeudados. Cuando la declaración no implique la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar cubierto el impuesto a juicio del contribuyente, la multa que se debe aplicar es de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual.



Si retarda en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo, la multa será de un diez por ciento de los impuestos adeudados. La multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella el treinta por ciento de los impuestos adeudados. En virtud de la reforma introducida por la ley N° 19.738, vigencia a contar del 1 de julio del año 2002, cuando la omisión de la declaración o la diferencia en el impuesto sea detectada por el Servicio en un proceso de fiscalización, la multa inicial es de un veinte por ciento, y su tope un sesenta por ciento.

Características 

Reemplazan la indemnización de perjuicios (los intereses y las multas). 66

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Es un recargo de un monto fijo o porcentual. El acreedor no está obligado a justificar los perjuicios. Es compatible con otras sanciones de tipo penal o administrativo. Su aplicación no está sometida a procedimientos especiales, sino que a simples trámites: giro del servicio o cobro conjunto con el impuesto por Tesorería.

El Servicio de Impuestos Internos estableció que, en virtud de la modificación introducida por la ley N° 19.506, las multas expresadas en UTA o UTM deben determinarse según su valor vigente al momento de dictarse la resolución que aplica la sanción, evitándose, de ese modo, la desvaloración que se producía bajo la anterior normativa entre el momento de cometerse la infracción y la aplicación de la sanción correspondiente.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Concepto Es toda violación culpable de una obligación penada por la ley con una sanción administrativa. La sanción administrativa es aquella que persigue un interés público mediante la aplicación de una multa regulada según la gravedad de la infracción y la calidad del infractor entre un mínimo y un máximo. Características de las infracciones administrativas   

Revisten carácter de un castigo. Admiten una graduación. Siempre existe un mínimo y un máximo. La sanción debe aplicarse según su gravedad y la calidad del infractor. Se aplican conforme a procedimientos administrativos. El procedimiento general para la aplicación de sanciones, que consulta el art. 161 y los procedimientos especiales del art. 165.

Constituyen infracciones administrativas Art. 97 Números 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y el art. 109. Normas comunes a las simples infracciones administrativas Responsables de las sanciones. De las sanciones pecuniarias responden el contribuyente y las demás personas legalmente obligadas (art. 98). Las sanciones corporales y los apremios, en su caso, se aplicarán a quien debió cumplir la obligación y, tratándose de personas jurídicas, a los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de éstos y a los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento (art. 99). Independencia de la acción penal. El ejercicio de la acción penal es independiente de la acción de determinación y cobro de impuestos (art. 105 inc. final). Rebaja o suspensión de sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajas o suspendidas, a juicio exclusivo del Director Regional si el contribuyente probaré que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere incurrido o si el implicado se ha denunciado y confesado la infracción y sus circunstancias. El Director Regional podrá anular las denuncias notificadas por infracciones que no constituyan amenazas para el interés fiscal u omitir los giros de las multas que se apliquen en estos casos, de acuerdo a normas o criterios de general aplicación que fije el Director (art. 106). Criterios para la aplicación de las sanciones del Servicio. Conforme al art. 107, las sanciones que el Servicio imponga se aplicarán dentro de los márgenes que correspondan, tomando en consideración: 67

       

La calidad de reincidente en infracciones de la misma especie. La calidad de reincidencia en otras infracciones semejantes. El grado de cultura del infractor. El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida. El perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la infracción. La cooperación que el infractor prestare para esclarecer su situación. El grado de negligencia o el dolo que hubiere mediado en el acto u omisión. Otros antecedentes análogos a los anteriores o que parezca justo tomar en consideración atendida la naturaleza de la infracción y sus circunstancias.

Eficacia de los actos y contratos no obstante las infracciones tributarias. Una norma general de suma importancia se encuentra contemplada en el art. 108 que señala que las infracciones a las obligaciones tributarias no producirán nulidad de los actos o contratos en que ellas incidan, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, de conformidad a la ley, a los contribuyentes, ministros de fe o funcionarios por el pago de los impuestos, intereses y sanciones que procedan (art. 109). INFRACCIONES PENALES Concepto Es todo quebrantamiento doloso de las normas tributarias tendentes a evadir impuestos. Además del dolo, las diferencias entre una infracción administrativa y un delito tributario son: La sanción, pues las infracciones administrativas se sancionan con multa y, en algunos casos, también con clausura. Las penales, con multa y pena corporal. La autoridad que las aplica. Las administrativas son aplicadas por el tribunal tributario. Las penales, por la justicia del crimen. El procedimiento que se utiliza para aplicarlas. Si la infracción es administrativa, se aplica el procedimiento del art. 161 o 165, dependiendo de la infracción. Si es penal, el procedimiento que se aplica es el que contiene el CPP, con las modalidades que establece el art. 163 del C.T. Los plazos de prescripción. Si la sanción es administrativa, la prescripción es de tres años. Si es penal, el plazo es de cinco o diez años, según la pena asignada. Si ésta es de simple delito: cinco años. Si es crimen: diez años. Es el Director Nacional del Servicio quien decide privativamente si ejerce o no acción penal por aquellas infracciones tributarias sancionadas penalmente cuando decide no hacerlo, se aplica solo la sanción administrativa, conforme al procedimiento sancionatorio general que establece el art. 161 del C.T. Características   

La pena corporal es compatible con sanciones de tipos administrativos y aun civiles. Dentro de la clasificación de los delitos nos encontramos con crímenes, simples delitos y faltas. Los juicios criminales por delitos tributarios sancionados con pena corporal solo podrán ser iniciados por querella o denuncia del Servicio o del Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del Director.

Bien jurídico protegido en los delitos tributarios El Servicio considera que el delito tributario, en sus múltiples manifestaciones, no es solo un atentado al patrimonio fiscal, sino que afecta directamente al orden público económico y a los principios constitucionales que imponen a los ciudadanos contribuir en un plano de igualdad al sostenimiento del Estado, financiando sus servicios públicos y sociales. 68

Constituyen delitos tributarios A. Art. 97 N° 4. Declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Requisitos:   

Ser contribuyente. Haber presentado una declaración de impuesto incompleta o falsa. Haber actuado dolosamente. El dolo supone la concurrencia de un elemento cognoscitivo, que supone el querer el hecho punible. En la especie, proponerse la evasión. Y un elemento volitivo, materializado en la realización de una conducta idónea a la concreción de ese objetivo dañoso. Por ejemplo: subdeclarar los débitos fiscales. Excluir determinados ingresos de declaración, etc.

Ahora bien, en cuanto a la estructura del tipo penal que contiene el art. 97 N° 4 del C.T., podemos decir que éste sanciona varias conductas: En el inciso primero se sanciona la presentación de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas orientadas a liquidar un impuesto inferior al que corresponde, como asimismo todo procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto. En consecuencia, para cometer el delito que sanciona este inciso no es necesario que se produzca el resultado de la evasión, pues basta que existan procedimientos dolosos encaminados a consumarla. En el inciso segundo se sanciona a los contribuyentes afectos al IVA u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que se valen de procedimientos dolosos para aumentar el monto de sus créditos o imputaciones. Quedan comprendidos en este inciso todos aquellos contribuyentes que incorporan a sus créditos fiscales IVA consignado en facturas ideológicos o materialmente falsas. El inciso tercero sanciona a quien, simulando una operación tributaria o valiéndose de cualquier maniobra fraudulenta, obtiene una devolución impositiva. A diferencia del inciso primero, este tipo penal se configura a partir del resultado, puesto que exige que la devolución indebida se hubiere obtenido. En cuanto al nuevo inciso final, agregando por la ley N° 19.738, podemos decir que vino a sancionar en forma específica a quienes hasta antes de la reforma podían sancionarse como coautores cómplices, esto es, como aquellos que, estando concertados en la comisión del hecho punible, hubieren facilitado los medios para su comisión. Para que se configure el tipo penal no basta con que se confeccione o vendan documentos falsos, se requiere que exista malicia, esto es, dolo directo. B. Art. 97 N° 5. Omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidaciones de un impuesto. Requisitos: 



 

Que la ley tributaria exija la presentación de declaraciones. Dentro de este elemento deben entenderse incluidos aquellos casos en que el SII exige la presentación de declaraciones en uso de las facultades que al respecto le hubiere conferido la ley. Que se trate de una declaración exigida para la determinación o liquidación de un impuesto. En consecuencia, no se configuraría la infracción si las declaraciones fueren exigidas con fines de información o estadística. Que se haya omitido la declaración. Que la omisión sea maliciosa, es decir, el contribuyente debe incurrir en la omisión en estudio con la intención positiva de privar al Fisco de la percepción de tributos que legítimamente le corresponden. 69

C. Art. 97 N° 8. Comercio irregular. Requisitos: 

Ejercer el comercio, sin dar cumplimiento a las exigencias legales. Por “comercio ejercido” debe entenderse la ejecución de uno o más actos de comercio. El Código de Comercio no define el concepto de acto de comercio, sino que se limita a enumerar actos de comercio en su art. 3°. Los tribunales de justicia siempre han sostenido que la comercialidad de un acto nunca se presume, ni aun tratándose de actos entre comerciantes. Ella siempre debe ser probada, y la prueba incumbe al que alega la comercialidad del acto.



Que el objeto del comercio sean mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, cuya producción o comercio esté gravado con algún tributo. Como ley que establece tributos a la producción o comercio de especies, se puede mencionar la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, D.L. N° 825, y sus modificaciones.



Que no se haya cumplido con las obligaciones de declarar y pagar el impuesto de que se trate. El cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones excluye el requisito, ya que se requiere en forma copulativa que no se haya declarado ni pagado el impuesto. Que el contribuyente tenga conocimiento de que no se ha cumplido con las obligaciones señaladas. La expresión “a sabiendas” que emplea el N° 8 del art. 97, en referencia, significa que el contribuyente debe tener conocimiento de la circunstancia de no haberse declarado ni pagado el impuesto que grava la producción o comercio de las especies que, a su vez, son objeto del ejercicio del comercio.



Sin perjuicio de que podría producirse un concurso ideal con los arts. 97 ° 5 y 4, pues quien ejerce el comercio sin dar cumplimiento a las normas legales, normalmente no declara o subdeclara, observamos que en su materialización concurre quien compró sin impuestos las mercaderías, valores o especies. D. Art. 97 N° 9. Comercio clandestino. Elementos de esta infracción: 

Que se ejerza el comercio o la industria. Por ejercicio del comercio debe entenderse la ejecución de uno o más actos de comercio. Respecto del ejercicio de la industria cabe observar que el Código de Comercio no distingue entre comerciantes e industriales y pueden considerarse a estos últimos en relación de especie o género con respecto a los primeros.

En efecto, la actividad industrial está considerada entre los actos de comercio en el N° 5 del art. 3° del Código de Comercio. Sin embargo, las leyes tributarias con frecuencia han distinguido entre comerciantes e industriales, sin dar ningún antecedente ni definición de dichos conceptos. 

Que el ejercicio del comercio o de la industria sea efectivamente clandestino. La clandestinidad. El Diccionario de la Lengua Española, dice que es clandestino lo que se hace secretamente por temor a la ley o para eludirla. Este concepto coincide con el sentido con que el Código usó esta palabra, particularmente en su segunda acepción: lo que se hace secretamente para eludir el cumplimiento de la ley.

E. Art. 97 N° 12. Reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio. F. Art. 97 N° 13. Destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el Servicio. G. Art. 97 N° 14. Sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder del presunto infractor.

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H. Art. 97 N° 18. Compren o vendan fajas de control de impuestos o entradas o espectáculos públicos en forma ilícita. I. Art. 97 N° 22. Maliciosamente utiliza los cuños verdaderos u otros medios tecnológicos de autorización del Servicio para defraudar al Fisco. J. Art. 97 N° 23. Maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria. K. Art. 97 N° 24. L. Art. 97 N° 25. Actuar como usuario de las Zonas Francas establecidas por ley, sin tener la habilitación correspondiente. M. Art. 97 N° 26. Venta o abastecimiento clandestino de gas natural comprimido o gas licuado de petróleo para consumo vehicular. INFRACCIONES TRIBUTARIAS PROPIAS DEL CONTRIBUYENTE. ART. 97 El Título Segundo del Libro Primero se titula “De las infracciones y sanciones”. Su párrafo primero expresa: “De los contribuyentes y otros obligados”. Si analizamos los tipos penales descritos en el art. 97, observamos que la mayoría de ellos razona sobre la base de un incumplimiento atribuido a un contribuyente. Existen, sin embargo, infracciones que cometen quienes no son contribuyentes. Por ejemplo: movilizar mercadería sin guía o comprar sin exigir el documento tributario. Otros tipos infractores, a pesar de suponer en un rol activo al contribuyente, permiten que asuman también responsabilidad quienes, sin ser contribuyentes, intervienen en la comisión del hecho. Por ejemplo: sujetos que facilitan documentos tributarios falsos. Para determinar la responsabilidad, debemos distinguir si ésta es administrativa o penal. De acuerdo al art. 98 del C.T., las multas son de cargo del contribuyente y las demás personas que la ley obligue. La sanción penal, en cambio, de acuerdo al art. 99 en relación con el art. 58 del CPP, solo puede aplicarse en contra de las personas naturales que hubieren intervenido en el hecho punible. INFRACCIONES TRIBUTARIAS DEL CONTADOR Y/O ASESORES. ART. 100 Art. 100 CT. El contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos, será sancionado con multa de una a diez unidades tributarias anuales y podrá ser castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, según la gravedad de la infracción, a menos que le correspondiere una pena mayor como copartícipe del delito del contribuyente, en cuyo caso se aplicará esta última. Además, se oficiará al Colegio de Contadores para los efectos de las sanciones que procedan.

Salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador, si existe en los libros de contabilidad, o al término de cada ejercicio, la declaración firmada del contribuyente, dejando constancia de que los asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado como fidedignos. Requisitos:  

Que se trate de un contador. Que dicho contador haya confeccionado o firmado cualquier declaración o balance, o se encuentre a cargo de una contabilidad. 71



Que el desempeño de su profesión, con respecto a los hechos ya señalados, el contador haya incurrido en falsedades o actos dolosos.

Eximente de responsabilidad especial para esta infracción: El mismo artículo 100 precisa que el contador se exime de responsabilidad penal si en los registros contables del contribuyente y bajo la firma de éste, deja constancia de que los asientos han sido hechos sobre la base de los datos que le han sido proporcionados como fidedignos. Para que esta declaración surta efectos jurídico, debe considerarse primero que cabe formularla al término de cada ejercicio y, segundo, que dicha declaración no aplica cuando se prueba que el contador actúo a sabiendas de que la contabilidad no era fidedigna. INFRACCIONES TRIBUTARIAS DEL ASESOR TRIBUTARIO. ART. 100 BIS Se sanciona bajo el artículo 100 bis, la persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter y 4° quáter del Código Tributario, será sancionado con multas de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas conductas indebidas, y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales. Se sanciona con multa a quien diseño o planifico los actos, contratos o negocios calificados como abusos o simulación por sentencia ejecutoriada. Una vez que esto ocurre, esto es, que el sentenciador mediante sentencia firme declare la existencia de abuso o simulación y la responsabilidad por el diseño o planificación, el SII debe remitir la correspondiente multa. La multa que se establece, que asciende a 100% de todos los impuestos que, por el hecho de haberse incurrido en las conductas indebidas, se dejaron de enterar, con un tope de 100 UTA, se aplica a cualquier persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación. Se entiende por diseño o planificación, el plan general, metódicamente organizado, fraguado para evitar total o parcialmente la realización del hecho gravado, disminuir la base imponible o la obligación tributaria o postergar o diferir el nacimiento de dicha obligación, también cuando se busque disimular la configuración del hecho gravado o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento, a través de los contratos o negocios constitutivos de abusos o de simulación. Lo que se sanciona, según el propio SII, es la actividad intelectual que diseño los actos o negocios jurídicos o conjuntos o serie de ellos, cuando han sido declarados como abusivos o simulados. La mera implementación de lo que otro diseña o planifica, no cumple los presupuestos de hecho contemplados en la norma. Tampoco califican como tal, las presentaciones que se efectúen ante instituciones gubernamentales. INFRACCIONES TRIBUTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO. ART. 101 Art. 101 CT. Serán sancionados con suspensión de su empleo hasta por dos meses, los funcionarios del Servicio que cometan alguna de las siguientes infracciones: 1°.- Atender profesionalmente a los contribuyentes en cuanto diga relación con la aplicación de las leyes tributarias, excepto la atención profesional que puedan prestar a sociedades de beneficencia, instituciones privadas de carácter benéfico y, en general, fundaciones o corporaciones que no persigan fines de lucro. 2°.- Permitir o facilitar a un contribuyente el incumplimiento de las leyes tributarias. 3°.- Ofrecer su intervención en cualquier sentido para reducir la carga tributaria de un contribuyente o para liberarle, disminuirle o evitar que se le aplique una sanción. 4°.- Obstaculizar injustificadamente la tramitación o resolución de un asunto o cometer abusos comprobados en el ejercicio de su cargo. 72

5°.- Infringir la obligación de guardar el secreto de las declaraciones en los términos señalados en este Código. En los casos de los números 2°. y 3°., si se comprobare que el funcionario infractor hubiere solicitado o recibido una remuneración o recompensa, será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal. Igual sanción podrá aplicarse en las infracciones señaladas en los números 1°., 4°. y 5°., atendida la gravedad de la falta. La reincidencia en cualquiera de las infracciones señaladas en los números 1°., 4°. y 5°., será sancionada con la destitución de su cargo del funcionario infractor. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se encuentran sometidos a normas más restrictivas que las que existen para otros funcionarios públicos. INFRACCIONES TRIBUTARIAS DE LOS OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ART. 102 Art. 102 CT. Todo funcionario, sea fiscal o municipal o de instituciones o empresas públicas, incluyendo las que tengan carácter fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma, que falte a las obligaciones que le impone este Código o las leyes tributarias, será sancionado con multa del cinco por ciento de una unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales. La reincidencia en un período de dos años será castigada con multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan aplicarse de acuerdo con el estatuto que rija sus funciones. INFRACCIONES TRIBUTARIAS DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINIS TRACIÓN DE JUSTICIA QUE TIENEN LA CALIDAD DE MINISTROS DE FE. ART. 103 AL 109. Art. 103 CT. Los notarios, Conservadores, archiveros y otros ministros de fe que infrinjan las obligaciones que les imponen las diversas leyes tributarias, serán sancionados en la forma prevista en dichas leyes. Art. 104 CT. Las mismas sanciones previstas en los artículos 102°. y 103°., se impondrán a las personas en ellos mencionadas que infrinjan las obligaciones relativas a exigir la exhibición y dejar constancia de la cédula del rol único tributario o en su defecto del certificado provisorio, en aquellos casos previstos en este Código, en el Reglamento del Rol Único Tributario o en otras disposiciones tributarias. Respecto de los notarios, cabe hacerse presente que el artículo 78, inciso primero, del Código Tributario, ha contemplado una responsabilidad adicional, al disponer que lo notarios tendrán la obligación de vigilar el pago del tributo que corresponda a cada documento que autoricen o protocolicen, en relación con los impuestos de la Ley de Timbres y Estampillas, siendo solidariamente responsables del pago de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 158. Dicha responsabilidad cesa si el impuesto hubiere sido enterado en arcas fiscales, de acuerdo con la determinación que hiciere la justicia ordinaria, de conformidad al artículo 158. En consecuencia, los notarios son solidariamente responsables de los tributos anteriormente citados, en caso de que éstos no hayan sido enterados por las personas obligadas al pago. En ésta una responsabilidad excepcional que la ley ha contemplado respecto de esos funcionarios, y no cabe, por tanto, hacerla efectiva en los conservadores, archiveros y otros ministros de fe. NORMAS COMUNES A LAS DISTINTAS INFRACCIONES A. Concurso de infracciones En materia tributaria, frente a un precepto único, pueden existir infracciones de distinta naturaleza: una infracción penal o administrativa o civil o bien las tres juntas. En este caso, incluso en el supuesto de un mero concurso ideal, las sanciones penales, administrativas y civiles son plenamente compatibles entre sí.

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Tratándose, en cambio, de un concurso de infracciones tributarias de la misma naturaleza procede hacer una distinción. En lo tocante a los delitos, debemos tener presente que, en el caso de que un solo hecho constituya uno o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave (art. 75 C. Penal). En el caso de un concurso de infracciones tributarias de la misma naturaleza, pero no delictuales, por el contrario, cada una de las sanciones debe aplicarse independientemente. B. Las eximentes Aunque por regla general, todo delito conduce a la aplicación de medidas de carácter penal, el ejecutor de un hecho contemplado por la ley como delito, puede quedar exento de responsabilidad criminal, en virtud de las llamadas eximentes de responsabilidad penal. Tratándose de delitos tributarios, son plenamente aplicables, en cuanto se adapten a la naturaleza del mismo, las eximentes contenidas en el art. 10 del C. Penal. Sin perjuicio de la aplicación de dicha disposición, el art. 110 del C. Tributario, señala que en los procesos criminales generados por infracciones de las disposiciones tributarias, podrán constituir la causal de exención de responsabilidad penal contemplada en el N° 12 del art. 10 del C. Penal, o su defecto, la causal de atenuante a que se refiere el N° 1 del art. 11 del mismo cuerpo legal. La circunstancia de que el infractor de escasos recursos pecuniarios, por su insuficiente ilustración o por alguna causa justificada, haga presumir que ha tenido un conocimiento imperfecto del alcance de las normas infringidas. El tribunal apreciará en conciencia los hechos constitutivos de la causal eximente o atenuante. En cambio, tratándose de otro tipo de infracciones tributarias diversas al delito, las eximentes no encuentran ninguna aplicación. El Código Tributario en su Libro II contiene el estatuto general aplicable a la represión de las conductas ilícitas contrarias a las obligaciones tributarias, estableciendo las conductas que sean susceptibles de una sanción y el castigo o pena que merecen. Tales penas serán impuestas en definitiva por el Servicio, conforme a los procedimientos establecidos en el Título IV del Libro III, o por la justicia ordinaria. El objetivo básico que se persigue con la descripción y castigo de estas conductas, fundamentalmente establecidas en el art. 97, es el de proteger el patrimonio fiscal, asegurando la adecuada y normas recaudación de los tributos a los cuales el Fisco tiene derecho, y proteger a la vez la función o potestad tributaria, que deriva de la función pública económica que desarrolla el Estado. El establecer cuáles o qué tipo de conductas deben ser castigadas y reprimidas por ser contrarias a la ley tributarias, es una facultad del Estado que deriva de su potestad tributaria. Definición general y elementos. Por infracción tributaria debemos entender toda conducta contraria a una norma jurídica tributaria. Es el incumplimiento por parte del contribuyente de una obligación, de un deber o de una prohibición tributaria sancionada por la ley. Son elementos comunes en toda infracción tributaria: a. Elemento material Consiste en la conducta real positiva del individuo quebrantando una obligación o un deber contenido en la norma tributaria. Esta conducta, descrita por la ley y que importa el incumplimiento de una obligación o deber, puede consistir en hacer lo prohibido o no hacer lo que la ley ordena. b. Elemento subjetivo Dice relación con la faz interna o volitiva del contribuyente infractor. Las simples infracciones tributarias se rigen por un principio de responsabilidad objetiva, y ello significa que basta la 74

verificación de la conducta contraria a la ley para que la infracción se configure, sin que sea necesario imputar (y comprobar) negligencia o mala fe en la actuación del contribuyente. En cambio, cuando la infracción tributaria reviste el carácter de delito, el aspecto subjetivo del contribuyente infractor cobrará relevancia, pues será necesario que él haya actuado con dolo, maliciosamente, o a sabiendas para que sea sujeto de una pena. c. Elementos coercitivo Consiste en la sanción, la pena o el castigo que se asocia a la conducta ilícita descrita por la ley y que está destinada a reprimirla. C. Las atenuantes La circunstancia de que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal. El haberse pagado el impuesto debido, sus intereses y sanciones pecuniarias. D. Las agravantes Haber utilizado asesoría tributaria para la comisión del hecho punible. Haber utilizado documentación falsa, fraudulenta o adulterada para la comisión del hecho punible. Haberse concertado con otros para cometer el delito. Que el delincuente teniendo la calidad de productor no haya emitido factura, facilitando de este modo la evasión tributaria de otros contribuyentes. Capítulo 17: Tribunales Tributarios y Aduaneros CONCEPTO Los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) son tribunales especiales, unipersonales, letrados de primera instancia, que no forman parte del Poder Judicial, que tienen competencias para resolver las causas tributarias y aduaneras que las personas naturales o jurídicas presentan en contra de las decisiones administrativas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, al estimar que son infringidas las disposiciones legales tributarias o aduaneras, o bien, que son vulnerados sus derechos. NORMAS REGLAMENTARIAS Los Tribunales Aduaneros y Tributarios son regulados por el Código Tributario, y la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Estos tribunales están bajo supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema de Justicia. ORIGEN La Ley N° 20.322, publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de enero de 2009, ha entrado en vigencia en toda la extensión del territorio nacional luego de su incorporación graduada al ordenamiento jurídico. Se introduce con ella una serie de modificaciones legislativas con el objeto de fortalecer y perfeccionar la justicia tributaria y aduanera en nuestro país. La reforma abarca aspectos orgánicos y procedimentales que intentan corregir ciertas distorsiones que provoca el ejercicio de la jurisdicción por órganos administrativos insuficientemente regulados. Desde una perspectiva orgánica, se concentra la competencia de primera instancia, para conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la Administración y el contribuyente, en un nuevo tribunal que la misma ley crea con el nombre de “Tribunal Tributario y Aduanero” unificando en un solo tribunal la judicatura de las materias de tributación interna y externa. En este contexto, desaparece el Tribunal Tributario que se personificaba en el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, vigente desde la dictación del Código Tributario en 1974 y cuya 75

actividad jurisdiccional ha sido latamente criticada por la doctrina nacional y extranjera por la falta manifiesta de independencia e imparcialidad propia de todo órgano llamado a administrar justicia. De la misma manera, esta ley deroga todas las disposiciones que entregaban competencia al Director Regional y al Administrador de Aduanas para resolver judicialmente las controversias en materias aduaneras en primera instancia, desplazándolas al nuevo Tribunal Tributario y Aduanero. Destaca en este punto la derogación de las disposiciones que atribuían competencia a la Junta Nacional de Aduanas y al Director Nacional de Aduanas, para conocer en segunda instancias las apelaciones deducidas en contra de las resoluciones de los Directores Regionales y Administradores de Aduanas, pasando estas atribuciones a las Cortes de Apelaciones respectivas. No obstante lo anterior, la ley N° 20.322 mantiene la competencia de otros tribunales –e incluso de órganos administrativos– para conocer de ciertas materias contenciosas de contenido impositivo. FUNDAMENTOS DE LA REFORMA a. El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y su carácter de juez y parte en lo contencioso tributario. Conforme lo disponían los artículos 6°, 115, 161 y 165 del Código Tributario y el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del SII, el Director Regional del Servicio era un funcionario de la administración pública, jerárquicamente dependiente del Director, al cual, entre otras funciones y facultades, le correspondía el conocimiento y resolución de las controversias que se suscitaban entre la Administración y los contribuyentes, dentro de su territorio jurisdiccional, en las materias que la ley había puesto en la esfera de su competencia. Para el ejercicio de esta facultad, la ley atribuía a un órgano de la administración del Estado la función de resolver lo contencioso tributario interno, (entendiéndose que cubría toda materia de tributación, salvo la que gravaba las operaciones de importación, exportación o simple tránsito de mercaderías), en primera instancia, con sujeción a derecho y a las instrucciones que al efecto impartía el Director. En la nomenclatura del Derecho procesal, se trataba de un tribunal unipersonal, parcial, no necesariamente letrado, orgánicamente especial, de competencia para ciertas y determinadas materias y que se servía de funcionarios del órgano administrativo del cual emanaban las resoluciones que formaban lo controvertido. En la nomenclatura del Derecho Administrativo, se explicaría como un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales. Esta última característica advierte de inmediato la natural crítica que representa la unanimidad de la doctrina nacional al Tribunal Tributario personificado en el Director Regional, desde que, en cuanto funcionario público dependiente del Director, es parte interesada en la resolución de la controversia sometida a su conocimiento y fallo, no cumpliendo de esta manera con los requisitos básicos de la actividad jurisdiccional. b. La jurisdicción aduanera entregada totalmente a órganos administrativos La Ordenanza de Aduanas atribuye competencia para resolver de la controversia aduanera a diversos órganos administrativos en un procedimiento de doble instancia. Los órganos que ejercen jurisdicción en estas materias participan de la naturaleza administrativa, generalmente detentada por funcionarios no letrados, que resuelven conforme a las disposiciones aduaneras y a las instrucciones y jurisprudencia emanada del Director Nacional de Aduanas. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ordenanza de Aduanas, las reclamaciones a las liquidaciones y actuaciones que sirven de base para determinar derechos, impuestos, tasas o gravámenes deben presentarse ante el Director Regional o Administrador de Aduanas, quienes resuelven conforme a derecho y a las instrucciones del Director de Aduanas en única o primera instancia.

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Estas resoluciones pueden ser objeto del recurso de apelación para ante el Director de Aduanas, quien resuelve sin ulterior recurso. En una línea similar a la justicia tributaria interna, si en la materia reclamada existe un pronunciamiento previo del Director, este es el criterio rector para el fallo de primera instancia, lo que debe ser puesto en conocimiento del reclamante. Si el contribuyente insistiera en la apelación, se le invita a acompañar nuevos antecedentes y se lo conmina a consignar una caución del 10% de lo reclamado o 3 UTM. Si el Director, en definitiva, confirmare su jurisprudencia, la caución consignada queda a beneficio fiscal. En otras palabras, el reclamante conoce de antemano el fallo de su reclamo, quedando en evidencia manifiesta la falta de independencia o imparcialidad, tanto del órgano de primera instancia como el de la apelación. En materia de aplicación de sanciones por infracción a las normas aduaneras que no constituyen delito la situación no difiere mucho. Se contempla en la Ordenanza un procedimiento administrativo tramitado ante un funcionario de aduanas especialmente designado por el Director Regional o Administrador respectivo, el que califica los hechos y aplica discrecionalmente una multa conforme a los antecedentes de que se dispongan. Si el afectado no se conformara con esta resolución, puede reclamar ante la Junta General de Aduanas, órgano colegiado y no letrado, quien resuelve sin ulterior recurso. La Junta en este caso hace las veces de un órgano de apelación, pero resuelve en conciencia. Se deduce, entonces, como corolario que la justicia aduanera se enmarca en un procedimiento administrativo de doble instancia, desarrollado ante funcionarios administrativos no necesariamente letrados, que forman parte del órgano del que emana o impone una resolución o infracción, que resulta ser el objeto de la reclamación. Así, no hay duda de que se trata de un procedimiento administrativo especial, al que se le atribuye naturaleza jurisdiccional bajo el supuesto de que el juez siempre es libre de apreciar los hechos y aplicar el derecho. Sobre la naturaleza de esta actividad el Tribunal Constitucional estableció en diversos fallos que la actividad desarrollada por órganos administrativos que resuelven controversias jurídicas tienen el carácter de órganos jurisdiccionales, como sería el caso de la Junta General de Aduanas, por cuanto entiende que lo califica la jurisdicción no es el órgano que la ejerce sino la atribución legal de ejercerla.

ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Respecto del SII, el artículo 115 del Código Tributario establece la regla general que dispone: “El Tribunal Tributario y Aduanero conocerá en primera o en única instancia, según proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las denuncias por infracciones a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya establecido una regla diversa.” Aquellos procedimientos que el Código encomienda al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia son los siguientes: 1. Resolver las infracciones que llevan aparejados una sanción pecuniaria y una pena privativa de libertad, en el evento que el Director, al ejercer la facultad que le confiere el artículo 162 del C.T., decide interponer la respectiva denuncia o querella. En este caso será juez competente el tribunal en materia penal que corresponda. 2. Resolver los asuntos que se susciten en relación con la fijación de los Impuestos de Timbres y Estampillas. En este caso, será competente el juez de letras en civil de lugar en que se otorgue el instrumento público o se solicite la autorización o protocolización de instrumento privado, o el del domicilio del recurrente, según proceda. 77

3. Resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias de primera instancia dictadas por el Juez Tributario y Aduanero. En este caso, será competente la Corte de Apelaciones respectiva. Es necesario hacer presente que respecto de las sentencias dictadas en los Procedimientos de Reclamo de Avalúos, conocerán en segunda instancia al Tribunal Especial de Alzada de Primera o Segunda Serie. 4. Resolver los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones. En este caso, será competente la Corte Suprema. ¿DESDE CUÁNDO FUNCIONAN LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS? Comenzaron a funcionar el 1 de febrero de 2010. Su implementación es gradual. En total, se contemplan 18 Tribunales Tributarios y Aduaneros de primera instancia. Cuatro para la Región Metropolitana y uno en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Este es el cronograma fijado:    

Año 2010: Regiones XV, I, II y III. Año 2011: Regiones IV, VII, IX y XII. Año 2012: Regiones VIII, XIV, X y XI. Año 2013: Regiones V, VI y Metropolitana.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Son órganos jurisdiccionales por cuanto han sido creados para resolver las controversias que se susciten entre los contribuyentes y la Administración tributaria. Son órganos letrados, toda vez que es requisito para ser designado juez tributario poseer el título de abogado. Son órganos especiales, por cuanto su jurisdicción está limitada a los asuntos establecidos en el artículo 1° de la ley 20.322. Son órganos independientes que no dependen de otra autoridad en el ejercicio de sus funciones, siendo los jueces inamovibles de sus cargos mientras dure su buen comportamiento. Son órganos que no integran el poder judicial, puesto que estos tribunales están instaurados en la judicatura especial, de acuerdo al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, y no se encuentran mencionados en la nómina contenida en el inciso tercero de esta disposición. Son órganos que están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Excelentísima Corte Suprema, tal como lo establece el art. 82 de la CPR. COMPETENCIA DE LOS TTA El artículo 1° de la Ley Orgánica de los TTA, contenida en el artículo primero de la Ley 20.322, indica cuales son las funciones que corresponde realizar a estos órganos: 

Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de conformidad al Libro III del Código Tributario.



Conocer y fallar las denuncias a que se refiere el artículo 161 del C.T., y los reclamos por denuncias o giros contemplados en el número tercero del artículo 165 del mismo código.



Resolver las reclamaciones presentadas conforme al Título VI del Libro II de la Ordenanza de Aduanas y las que se interpongan de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 de este mismo cuerpo legal. 78



Disponer, en los fallos que se dicten, la devolución y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, reajustes, intereses, sanciones, costas u otros gravámenes.



Resolver las incidencias que se promuevan durante la gestión de cumplimiento administrativo de las sentencias.



Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos a que se refiere el Párrafo 2° del Título III del Libro Tercero del Código Tributario.



Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos a que se refiere el Párrafo 4° del Título IV del Libro II de la Ordenanza de Aduanas.



Conocer de las demás materias que señale la ley.

Además de estos procedimientos, la ley ha otorgado a estos tribunales el deber de conocer de la solicitud de autorización judicial para acceder a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, establecida en virtud de la modificación del Código Tributario por parte de la Ley N° 20.406, publicada en el Diario Oficial de 5 de diciembre del 2009. NORMAS GENERALES EN MATERIA PROCESAL TRIBUTARIA Forma de comparecer en juicio. Uno de los principales cambios introducidos con la reforma dice relación con esta materia. Las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.322, es obligatoria la comparecencia con abogado en dos procedimientos específicos: el Procedimiento General de Reclamaciones y el Procedimiento General de Aplicación de Sanciones, siempre y cuando la cuantía del asunto sea igual o superior a 32 UTM. De acuerdo a lo anterior, la comparecencia podrá ser personal o por medio de representante, sin necesidad de patrocinio de abogado, en los siguientes procedimientos:     

Procedimiento General de Reclamaciones, cuando la cuantía sea inferior a 32 UTM. Procedimiento General de Aplicación de sanciones, cuando la cuantía sea inferior a 32 UTM. Procedimiento Especial de Reclamo de Avalúo de Bienes Raíces. Procedimiento Especial de Vulneración de Derechos. Procedimiento Especial para la aplicación de ciertas multas.

En cambio, la comparecencia podrá ser personal o por medio de representante, pero siempre con patrocinio de abogado, en los siguientes procedimientos:  

Procedimiento General de Reclamaciones, cuando la cuantía sea igual o superior a 32 UTM. Procedimiento General para la Aplicación de sanciones cuanto la cuantía sea igual o superior a 32 UTM.

Capítulo 18: Medios de impugnación de los actos del servicio de impuestos internos A. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Bajo este capítulo abordaremos: la Reposición Administrativa, regulada por la ley N° 20.322; y la Revisión de la Actuación Fiscalizadora, regulada en la Circular N° 26/2008.

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A.1. RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTARO (RAV) O REPOSICIÓN ADMINISTRATIVA. ART. 123 BIS CT Todos los actos que sean reclamables conforme al Procedimiento General de Reclamo, regulado por la ley N° 20.322, pueden ser objeto del recurso de reposición administrativa. La reposición administrativa se rige por las normas contenidas en el capítulo IV de la Ley N° 19.880, con las siguientes modificaciones:  



El plazo para presentar la reposición es de 30 días. La reposición debe entenderse rechazada, en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella, dentro del plazo de cincuenta días contado desde su presentación. La interposición de la reposición suspende el plazo que se tiene para interponer reclamo judicial, al tenor del procedimiento General de Reclamo normado por la ley N°20.320.

No resulta procedente en contra de los actos administrativos reclamables, los recursos jerárquicos y extraordinario de revisión. Los principios generales que norman este recurso son los siguientes: 

Invalidación. La autoridad administrativa puede, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho. La invalidación de un acto administrativo puede ser total o parcial. La invalidación parcial no afecta las disposiciones que sean independientes de la pena invalidada. El acto invalidatorio es siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.



Interpuesta la reposición no puede el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.



Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración debe inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.



Notificación a terceros. Se debe notificar a los interesados que hubieren participado en el procedimiento, la interposición de este recurso, para que en el plazo de cinco días alegue cuanto considere procedente en defensa de sus intereses.



La autoridad correspondiente debe ordenar que se corrijan por la Administración o por el interesado, en su caso, los vicios que advierte en el procedimiento, fijando plazos para tal efecto.



Suspensión del acto. La interposición de este recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Este principio no aplica en todos los casos, pues existen actos que son reclamables, como las liquidaciones, que solo producen efectos si no se reclaman en el plazo legal. Respecto de los otros casos, aplica la norma de la ley N° 19.880, que faculta a la autoridad llamada a resolver el recurso, para que, a petición fundada del interesado, puede suspender la ejecución del acto recurrido, cuando su cumplimiento pueda causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviese, en caso de acogerse.



Publicidad de los actos recurridos. Las resoluciones que acogieren recursos interpuestos contra actos que hayan sido publicados en el Diario Oficial, deben ser publicadas en extracto

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en dicho periódico en la edición correspondiente a los días 1 o 15 de cada mes o al día siguiente si fuere inhábil. A.2. REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA (RAF) La Dirección Nacional del SII resolvió establecer un procedimiento que permita asegurar que cada actuación administrativa de fiscalización se ajuste a los principios de transparencia administrativa, eficacia, eficiencia y oportunidad, en los términos que establece la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Con ello pretendía que las actuaciones fueran ejecutadas en un proceso exento de vicios tanto en lo que respecta a su oportunidad y legalidad de fondo, así como a la corrección formal de los actos individuales que lo componen y, en su caso, que cualquier objeción que los interesados plantearan al respecto pudiera ser revisada y solucionada, en sede administrativa, obviando las comparecencias innecesarias ante los Tribunales Tributarios. Antecedentes generales Luego de la lectura coordinada de las normas del Código Tributario, de los artículos 1º, 10, 15 y 53 de la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado y del artículo 10 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Dirección Nacional concluyó que constituía un derecho de los contribuyentes, en forma previa a la presentación de cualquier reclamo en sede jurisdiccional, el poder solicitar a la autoridad del órgano fiscalizador, sea ésta el respectivo Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes, que en su calidad de autoridad administrativa, se pronuncie sobre la "corrección de los vicios o errores de legalidad en que se haya incurrido en una actuación de fiscalización llevada adelante por la Unidad del Servicio bajo su responsabilidad". Basado en lo anterior, la Dirección Nacional le reconoce al contribuyente la posibilidad de optar por la etapa de reconsideración administrativa como una instancia previa a la interposición del reclamo en instancia jurisdiccional, sin perjuicio de que si por esta vía no se resuelven las diferencias que tenga con la Administración Tributaria, pueda recurrir ante el Tribunal Tributario interponiendo el correspondiente "reclamo". Dos de los principios que sustentan este nuevo proceso son el de la Eficiencia y el de la No Formalización. Mediante estos principios, se busca evitar los costos monetarios y de oportunidad que se generan tanto para el contribuyente como para la Administración, ya que por el procedimiento que se estableció, se puede siempre, en el entorno administrativo, reevaluar el caso a la luz de los nuevos antecedentes hechos valer por el contribuyente y, si éstos lo ameritan, poner fin a las diferencias suscitadas. Este procedimiento, evidentemente, es de un trámite mucho más breve que el jurisdiccional, es gratuito y no coarta el derecho de defensa del contribuyente. Otro beneficio en que redunda el empleo de este procedimiento, es que a través de él se reduce la cantidad de casos que llegan a conocimiento de los Tribunales Tributarios, excluyendo todos aquellos en que no existe una real controversia y cuya resolución depende, principalmente, de la presentación exhaustiva de antecedentes por parte del contribuyente; o por la demostración de errores en el análisis en la etapa de fiscalización; o por motivos no cubiertos en la emisión del acto llevado adelante por el Servicio como producto del proceso de fiscalización. Esto permite a los Tribunales destinar ese tiempo para conocer y resolver reales conflictos de interés entre la Administración y los contribuyentes y de más difícil dilucidación. Actuaciones del proceso De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Nº 19.880, los plazos de días que se establecen en este procedimiento son de días hábiles, considerándose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En todo caso, el incumplimiento de los plazos a que se refiere esta circular no provoca la nulidad de los actos a que aquellos se refieren o en que se encuentran insertos, sin perjuicio de la

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responsabilidad funcionaria que eventualmente afecte a los involucrados en el incumplimiento y aplicación de la norma sobre silencio administrativo establecida por el artículo 65 de la ley Nº 19.880. Actuaciones del Servicio que son susceptibles de ser sometidas al procedimiento de revisión administrativa (RAF) Se considera que pueden ser sometidas a este procedimiento de revisión administrativa los siguientes actos y actuaciones del Servicio:    

Liquidaciones. Giros. Resoluciones que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo. Resoluciones que denieguen peticiones a que se refiere el artículo 126 del Código Tributario.

Vicios o errores susceptibles de las actuaciones de fiscalización desarrolladas por el Servicio que pueden ser denunciados a través de este procedimiento El objetivo que se ha considerado preponderante en este procedimiento es el de revisar y corregir, si ello es pertinente, a petición del contribuyente, los vicios o errores manifiestos que puedan existir en liquidaciones, resoluciones o giros, emitidos por el correspondiente Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes, en su caso. Para los efectos de dicho procedimiento, se entiende por vicio o error manifiesto aquel que sea ostensible, evidente, claro, detectable de la sola lectura del documento en que conste el acto administrativo impugnado o de su cotejo con los antecedentes que le sirvan o le deban servir de necesario fundamento. Por lo mismo, el ejercicio de la facultad de corrección no implica, dentro del procedimiento RAF, la realización de una nueva auditoría, el análisis de los criterios o políticas de fiscalización asentados en instrucciones del Servicio, ni el análisis de situaciones ajenas a aquellas comprendidas en la auditoría que originó el acto impugnado. Para estos efectos, se consideran vicios o errores manifiestos que afectan la validez jurídica del acto administrativo en que se incurrió en ellos, entre otros, los siguientes: a) Errores de identificación del contribuyente; b) Citas o referencias a disposiciones legales que sirven de fundamento necesario para la pretensión fiscal, erróneas; c) Suscripción del acto administrativo por autoridad o funcionario incompetente; d) Omisión de firma de la autoridad competente para suscribir el acto impugnado; e) Cálculo aritmético erróneo; f) Actos incompletos. Por ejemplo, una resolución a la que le falten hojas; g) Aplicación errónea de la Unidad Tributaria Mensual o Anual; h) Aplicación de impuestos o reajustes que no corresponden; i) Aplicación de recargos legales que no corresponden; j) Cuando se basen en fundamentos de hecho erróneos o inexactos, cuyo correcto sentido, interpretación y efectos, se demuestra con el solo mérito de la documentación correspondiente; k) Errores en copias o transcripciones de documentos que fundamenten el acto administrativo, l) Cobros con efecto retroactivo, en infracción a lo dispuesto por el artículo 26 del Código Tributario; m) Vicios o errores en la notificación del acto administrativo, salvo que se hubiere verificado una notificación tácita, cuestión que deberá fundarse adecuadamente; n) Liquidación sin que se haya intimado legalmente la citación al contribuyente, en los casos que éste trámite sea obligatorio; ñ) Emisión de giros que no se ajustan a la liquidación que le sirve de antecedente; o) Giro sin que la liquidación o resolución que le sirve de antecedente haya sido notificada válidamente al contribuyente; p) Error en la mención de los códigos de imputación de los giros; q) Emisión de liquidaciones o resoluciones en que se omiten los fundamentos necesarios para su acertada inteligencia; v. gr. liquidación por diferencias impositivas derivadas de un proceso de "justificación de inversiones", en que no se deja constancia de los elementos naturaleza, cuantía y fecha del desembolso que se imputa al contribuyente; r) Emisión de giros en que se omiten los fundamentos necesarios para su acertada inteligencia. Por ejemplo, giro en que no se identifica la liquidación a la que corresponde; rr) Incorrecciones en que se haya incurrido, por parte del Servicio, en el acatamiento de los procedimientos y restricciones a la actuación fiscalizadora establecidos en la ley Nº 18.320; s) Cobro de períodos que se encuentran más allá de los autorizados por los plazos de prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio; en estos casos la autoridad regional o Director de Grandes Contribuyentes se limita a constatar el hecho y 82

hacer explícita la sanción de nulidad del acto, conforme dispone el artículo 7º de la Constitución Política de la República aplicable a los casos en que el aparato fiscalizador actúa excediendo sus facultades legales. Son aplicables a este procedimiento, las instrucciones que el Servicio dictó en la circular Nº 51 de 2005 sobre corrección de vicios o errores manifiestos, especialmente en lo que se refiere a las medidas de corrección que pueden adoptarse según los casos, teniendo presente que, para la adecuada protección del interés fiscal, la anulación del acto administrativo debe decretarse únicamente cuando éste sea la única forma de salvar las incorrecciones, errores o vicios. En tales casos, coetáneamente con disponerse la anulación, deben tomarse las medidas necesarias para que se notifiquen nuevamente las actuaciones fiscales que correspondan. Oportunidad y plazos de presentación de la RAF La presentación de la solicitud a que se refiere este procedimiento puede ser presentada una vez transcurrido el plazo para deducir reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero, es decir, después de 90 días contados desde la notificación del acto de que se trate y siempre y cuando no se haya presentado reclamo ante el TTA. B. PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS B.1. EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMACIONES Características: Es un procedimiento declarativo, por cuanto no persigue el cumplimiento forzado de la obligación. Además, es escrito, de doble instancia y especial. Por último, tiene el carácter de supletorio respecto de los otros procedimientos establecidos en el Código Tributario. Sujeto activo: De acuerdo al artículo 124 del CT puede reclamar cualquier persona, siempre que invoque un interés actual comprometido; para que exista dicho interés, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

Que el reclamante exprese el motivo por el cual estima que se encuentra agraviado o afectado por el acto administrativo en contra del cual recurre. Que el agravio sea de carácter pecuniario y actual.

Materias reclamables (art. 124 CT)  









Las liquidaciones de impuestos en su totalidad o respecto de alguna de sus partidas o elementos. Los giros de impuestos. En relación con el giro, existen ciertas reglas especiales para determinar cuándo puede ser reclamado. Para estos efectos, debemos distinguir si el giro es autónomo o si está precedido de una liquidación. En el primer caso, se podrá reclamar de él una vez que esté emitido; en el segundo caso, sólo se podrá reclamar de él cuando no concuerde con la liquidación que le sirve de antecedente. Las resoluciones que influyen en la determinación de un impuesto. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la resolución que fija un régimen especial de depreciación de activos y la que rechaza una petición de devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas. Las resoluciones que denieguen peticiones del art. 126 del CT. Las solicitudes de este artículo no son materia de reclamo, en virtud del artículo 126 del CT, y se tramitan de conformidad al procedimiento establecido para las peticiones administrativas. Sin embargo, las resoluciones que las niegan si pueden ser reclamadas por medio del procedimiento general. Los pagos de impuestos. Entendemos por pago un modo de extinguir las obligaciones, que consiste en la prestación de lo que se debe al Fisco. Los pagos van a ser materia de reclamo, sólo en cuanto se presenten errores al momento de enterar la suma por concepto de intereses ante la institución recaudadora. Al igual que en el caso de los giros, habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último salvo cuando no se conforme con el primero. Los intereses y sanciones pecuniarias aplicados por el Servicio y relacionados con hechos que inciden en una liquidación o reliquidación de impuestos ya notificada al contribuyente. En este

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caso, los intereses y sanciones pecuniarias deberán reclamarse conjuntamente con el impuesto respectivo en el procedimiento general de reclamaciones. Las tasaciones y giros practicados por el Servicio en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 inciso 6° del Código Tributario, el que señala: “En igual forma, en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles decaracterísticas y ubicación similares en la localidad respectiva, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnados, en forma simultánea, a través de procedimiento a que se refiere el Título II del Libro Tercero.

Plazo para interponer el reclamo: Existen tres situaciones: 1. Regla general: establecido en la primera parte del art. 124 inciso tercero del Código Tributario, de acuerdo a lo cual el contribuyente deberá interponer el reclamo en el término fatal de 90 días, contados desde la notificación administrativa correspondiente. 2. Regla especial: establecida en la parte final del mismo artículo 124 inciso tercero que señala: “Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de 90 días, contados desde la notificación correspondiente. 3. Regla supletoria : establecida en el inciso cuarto del artículo 124 del CT, conforme a la cual, si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre el cómputo de los plazos, estos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde. Es un plazo fatal, legal e improrrogable Formalidades del escrito de reclamo tributario El artículo 125 del código del ramo, establece los requisitos que debe cumplir el reclamo para ser declarado admisible. Debemos tener presente que con las modificaciones introducidas por la Ley 20.322, este artículo sufre dos adecuaciones importantes. Por un lado, se agrega un nuevo numeral que pasa a ser el primero-, en virtud del cual se establece como requerimiento básico del escrito de reclamación consignar el nombre o razón social, número de rol único tributario, domicilio, profesión u oficio del reclamante y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Por el otro, se modifica la sanción ante el incumplimiento de esta obligación, distinguiendo entre aquellas causas en que se permite la litigación sin patrocinio de abogado y aquellas que lo requieren. En el primer caso, el juez debe dictar una resolución otorgando un plazo no inferior a 15 días para subsanar las omisiones. En el segundo, en tanto, el plazo no podrá ser inferior a 3 días, lo cual se explica fácilmente si consideramos que el contribuyente, en esta última situación, tendrá la asesoría de un profesional experto en la tramitación. El apercibimiento establecido en la ley para el evento que no se subsanen las omisiones, consiste en tener por no presentado el reclamo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 125, el escrito de reclamación deberá cumplir con los siguientes requisitos específicos: 1. Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, domicilio, profesión u oficio del reclamante y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. 2. Precisar sus fundamentos. 3. Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no puedan agregarse a la solicitud. 4. Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la consideración del Tribunal. Además de los requisitos establecidos en el artículo 125 del CT, recordemos que de acuerdo al art. 129, en los casos cuya cuantía sea igual o superior a 32 UTM, la comparecencia del contribuyente 84

deberá efectuarse siempre mediante abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; siendo esta última circunstancia una situación de hecho que deberá ser acreditada ante el secretario del tribunal. De esta forma, de cumplirse con la condición de la cuantía, la primera presentación que haga el contribuyente al Tribunal Tributario y Aduanero deberá ser patrocinada por un abogado habilitado. En el evento que este requisito no se cumpla, la presentación no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos. Otras formalidades Además, hay que tener presente que, por aplicación del artículo 148 del CT, el reclamo debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito, los que se contienen en el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 115 del CT, esto es: 1) SUMA DEL RECLAMO: Se encabezará con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata. 2) DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ANTE EL CUAL SE DIRIGE: Deberá presentarse ante el tribunal que sea competente de acuerdo a las normas sobre competencia que ya hemos estudiado. Adicionalmente, en virtud del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales, el escrito debe tener una redacción en términos respetuosos; y de acuerdo a la Ley 18.120 éste debe encontrarse firmado por quien lo suscriba.

Efectos de la presentación válida del reclamo La presentación del reclamo produce importantes efectos procesales y tributarios: 

En el caso de las liquidaciones se suspende el giro de los impuestos: al respecto el artículo 24 inciso 2° del CT, dispone: “Sin embargo, si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán notificado que sea el fallo pronunciado por el Tribunal Tributario y Aduanero”.



Nace el derecho del contribuyente establecido en el artículo 127 del CT, esto es, “…el interesado que reclame contra la nueva liquidación dentro del plazo que corresponda de conformidad al artículo 124, tendrá además derecho a solicitar, dentro del mismo plazo, y conjuntamente con la reclamación, la rectificación de cualquier error de que adolecieren las declaraciones o pagos de impuestos correspondientes al período reliquidado.”



Según dispone el inciso primero del artículo 134, “Pendiente el fallo de primera instancia, el Director Regional podrá disponer se practiquen nuevas liquidaciones en relación al mismo impuesto que hubiere dado origen a la reclamación.”



De acuerdo al artículo 136, nace la obligación del Juez de declarar la prescripción de oficio de los impuestos. Al respecto indica la norma: “El Juez Tributario y Aduanero dispondrá en el fallo la anulación o eliminación de los rubros del acto reclamado que correspondan a revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción”.



Conforme al inciso final del artículo 134: “Formulado un reclamo, se entenderán comprendidos en él los impuestos que nazcan de hechos gravados de idéntica naturaleza de aquél que dio origen a los tributos objeto del reclamo y que se devenguen durante el curso de la causa”.



De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 201 del CT, en relación al artículo 24 inciso 2°, cuando el contribuyente deduce reclamación se suspende el cómputo del plazo de prescripción de la acción fiscalizadora y de la acción de cobro. 85



Por último, el reclamo fija la cuestión controvertida que se somete al conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero.

Resolución que recae en el reclamo Una vez presentado el reclamo, el Tribunal Tributario y Aduanero hará un examen formal del mismo, a fin de verificar si el escrito cumple con los requisitos o presupuestos que la ley establece para su interposición (artículo 125, números 1 a 4, del CT). Si no los cumple, el tribunal dictará una resolución ordenando su subsanación, dentro del plazo que señale, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. El plazo no podrá ser inferior a 3 días respecto de aquellas causas que requieran patrocinio de abogado, y a 15 días respecto de aquellas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado (artículo 125 CT), según ya se indicó. Si los requisitos omitidos por el reclamo no pueden subsanarse (por ejemplo, individualización del acto del cual se reclama, firma del reclamante), entendemos que no puede hablarse de un reclamo propiamente tal y no se producirá ninguno de los efectos propios de la interposición del mismo. Sin embargo, antes que se cumpla el plazo para reclamar, podría presentarse un nuevo escrito que sí cumpla dichos requisitos. Traslado y contestación por parte del Servicio de Impuestos Internos Una vez recibido el reclamo, y realizado el examen formal del mismo, si éste es admitido a tramitación por cumplir los requisitos legales, el Juez Tributario y Aduanero deberá dar traslado al Servicio, por el término de 20 días hábiles, con el objeto que éste organismo, si lo estima pertinente, responda las objeciones que ha realizado el contribuyente. El Servicio no está obligado a evacuar el traslado, y su silencio, siguiendo las reglas generales, no implica, en manera alguna, aceptar las pretensiones del reclamante. Por el contrario, deberá entenderse que se da por evacuado el trámite, como si realmente se hubiera presentado la contestación, pero negando los hechos que le sirven de fundamento. La notificación del traslado al Servicio de Impuestos Internos, se hará por medio de correo electrónico, para lo cual el Director Regional respectivo deberá registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción, una dirección de correo electrónico. Esta designación se entenderá vigente, mientras no se informe su modificación al tribunal. Por su parte, la contestación del Servicio deberá hacerse por escrito y contener:  

Una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y Las peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero.

Además, el Servicio en su contestación podrá solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes, las que se tramitarán por cuerda separada. Actitud del Juez Tributario y Aduanero una vez cumplido el plazo para contestar Una vez cumplido el plazo de 20 días, haya o no contestado el Servicio, el Juez deberá, de oficio o a petición de parte, verificar la existencia de HECHOS sustanciales, pertinentes y controvertidos y, de existir éstos, deberá recibir la causa a prueba, dictando una resolución llamada “auto de prueba”. Esta resolución indicará qué hechos estima el Tribunal que deben ser probados, constituyendo cada uno de ellos un punto de prueba distinto. De esta forma, se da inicio al término probatorio dispuesto en la ley, dentro del cual las partes deberán presentar los antecedentes que les permitan acreditar sus pretensiones. Contra la resolución que recibe la causa a prueba sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación a las partes. Esta notificación se hará por carta certificada al contribuyente y por el sitio de internet al Servicio.

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De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo, tramitándose en cuenta y en forma preferente. Etapa Probatoria. Término Probatorio De acuerdo al artículo 132 del Código Tributario, el término probatorio será de 20 días hábiles, y dentro de él deberá rendirse toda la prueba. Este plazo es común para las partes y puede ser prorrogado por una sola vez, de acuerdo al inciso 14° del art. 132 del CT, que dispone: “Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación”. La Prueba en materia tributaria Debemos recordar que nuestro sistema tributario está estructurado en base a la autodeterminación que hace el contribuyente de sus impuestos; y que el Servicio, por su parte, se encarga de fiscalizar administrativamente que aquél haya cumplido como debía con su carga tributaria, para lo cual la ley le otorga una serie de facultades fiscalizadoras. Es en esta etapa de fiscalización, donde el contribuyente debe presentar todos aquellos antecedentes que prueben la veracidad de sus declaraciones, y en la que el Servicio, por su parte, debe recopilar todos aquellos antecedentes que van a servir de fundamento a su pretensión fiscal. De esta forma, el artículo 21 del Código Tributario establece que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y el monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto; y que el Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En este sentido, especial importancia reviste en materia tributaria la prueba documental, constituida por las declaraciones juradas, los balances, las citaciones, las notificaciones emitidas por el servicio, etc.; siendo la prueba típica en esta materia la contabilidad. Al respecto, el Código Tributario y las demás normas impositivas establecen una serie de reglas relativas a cuáles son los contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad y sobre cuál es la forma como ésta debe registrarse, al tiempo que establece la obligación de mantener en su poder los documentos de respaldo que acrediten las operaciones que se registren. Especial importancia tiene para estos efectos, la disposición contenida en inciso 12° del artículo 132, que establece un límite a la presentación de prueba por parte del contribuyente. Esta disposición indica que “No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo”. De esta forma, se trata de impedir que el reclamante se guarde prueba que deba ser presentada en la etapa de fiscalización, para presentarla en la etapa judicial. Por otra parte, el Servicio, al realizar su labor de fiscalización, debe producir una serie de documentos destinados a conducir este proceso y que, eventualmente, van a ser acompañados en parte de prueba ante la judicatura tributaria. Por tanto, el órgano administrativo deberá tener especial cuidado al elaborar estos instrumentos, los que deberán cumplir con un estándar legal mínimo para ser utilizados en juicio. Por último, cabe señalar que en el proceso de fiscalización, conforme lo señalado en el art. 86 del Código Tributario, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos tendrán el carácter de ministros de fe. 87

Medios de prueba En este apartado sólo nos referiremos a aquellas situaciones especiales que se encuentran reguladas en el Código Tributario, pues en lo demás resultan aplicables las normas comunes de Derecho Procesal. A. Testigos: El artículo 132, inciso 5° del CT señala que “En los primeros dos días del probatorio cada parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio”. La norma, agrega, que “Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina”. Esta constituye una diferencia importante con respecto a las normas que regulan la prueba en el procedimiento civil ordinario, por cuanto en éste el juez en lo Civil podrá “admitir otros testigos en casos muy calificados, y jurando la parte que no tuvo conocimiento de ellos al tiempo de formar la nómina…”; en cambio el Juez Tributario se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 132 inciso 5°, que le impide admitir testigos en forma análoga. Otra diferencia con el procedimiento civil ordinario, se encuentra en la calidad de los testigos, por cuanto en el procedimiento tributario “no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil”. Esta norma se refiere a los testigos que se encuentran afectados por alguna de las causales de inhabilidad absoluta, que son: 1. Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse sus declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente; 2. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia; 3. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa; 4. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos; 5. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente; 6. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente; 7. Los vagos sin ocupación u oficio conocido; 8. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito; y 9. Los que hagan profesión de testificar en juicio. No obstante, las partes podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o la falta de ella. En cuanto al número de testigos que se aceptan por punto de prueba, el artículo 132 inciso 6° señala: “Podrán presentarse todos los testigos que estime el interesado, pero sólo podrán prestar declaración cuatro por punto de prueba”. Esta es otra diferencia con la normativa del Código de Procedimiento Civil, puesto que el artículo 372 de este cuerpo legal establece que “Serán admitidos a declarar solamente hasta seis testigos, por cada parte, sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse.” B. Instrumentos: La modificación de la ley N° 20.322, agrega dos limitaciones importantes en relación con la procedencia de la prueba instrumental: Por un lado, si bien la apreciación de la prueba se rige por las normas de la “sana critica”, el Juez no podrá dar valor a instrumentos que no cumplan con las solemnidades que la ley les exige. Al respecto el artículo 132 inciso 16° del Código Tributario señala: “No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad.” 88

En otro sentido, el mismo artículo 132 en su inciso 12°, establece la figura del Discovery, que ya hemos visto, la que tiene por objeto impedir al contribuyente omitir la entrega de documentación en la etapa de fiscalización. La sanción por el ocultamiento de antecedentes en la etapa administrativa será la imposibilidad que éstos sean presentados por el reclamante en un estado posterior del conflicto. Al efecto, señala la disposición: “No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El reclamante siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables”. En el evento que el contribuyente pretenda hacer valer dichos antecedentes, el Servicio deberá presentar la correspondiente objeción, que será resuelta por el Tribunal Tributario y Aduanero en la sentencia definitiva. C. Oficios: Los incisos 7° y 8° del artículo 132 del Código Tributario disponen al respecto que “El Tribunal Tributario y Aduanero dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información pertinente sobre los hechos materia del juicio, debiendo señalarse específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el informe”. “Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.” D. Informes de peritos: El inciso 9° del artículo 132 refiere que “Los mismos plazos indicados en el inciso precedente [respuesta a los oficios] regirán para los peritos, en relación a sus informes, desde la aceptación de su cometido.” En cuanto a la forma de designación de peritos, rigen las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. E. Absolución de posiciones: Con respecto a la absolución de posiciones, el artículo 132 inciso 10°, establece una limitación a su procedencia, cuando señala que “El Director, los Subdirectores y los Directores Regionales no tendrán la facultad de absolver posiciones en representación del Servicio”. D. Otros medios de prueba: Conforme al inciso 11° del artículo 132 del CT: “Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe”. De esta forma, el Código Tributario establece la libertad en materia probatoria. Valoración de la prueba En cuanto a la valoración de la prueba, el Código del ramo se refiere a ella en el artículo 132 inciso 15°, que dispone: “La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.” Esta es una de las modificaciones de fondo más importantes establecidas en el nuevo proceso tributario, toda vez que pasamos de un sistema de prueba legal o tasada, en el que el legislador predetermina los medios de prueba y el valor probatorio que el juez debe dar a cada una de las probanzas que se presentan a su consideración, a un sistema de libertad de medios probatorios, cuya única limitación es que el juez debe explicar razonadamente por qué motivo concluye de la forma que lo hace en su sentencia.

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Este sistema otorga mayor libertad al juez para la valorar la prueba. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, puesto que en su calidad de sentenciador deberá atenerse a determinados principios o elementos para fundamentar su decisión. Estos elementos son:    

la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y los conocimientos técnicos.

De esta forma, la decisión del juez no puede ser antojadiza, basada en las meras impresiones que el sentenciador pueda hacer de la prueba que las partes han rendido. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado “Que, según la doctrina, la “sana crítica”, es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional, puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical puede decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto.” Como primer parámetro de valoración de la sana crítica están las reglas de la lógica, en virtud de las cuales el juez realiza una operación silogística para llegar a una conclusión determinada. Está operación debe respetar ciertos principios básicos:    

El principio de identidad: Una cosa sólo puede ser igual a sí misma. El principio de no contradicción: Una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contradictorias entre sí. El principio de razón suficiente: Las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia. El principio del tercero excluido: Si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes.

El segundo criterio dice relación con las máximas de la experiencia. De esta forma, debemos considerar que el juez no es una máquina de razonar, sino que es un hombre que toma conocimiento del mundo que le rodea y lo conoce a través de procesos sensibles e intelectuales; por lo tanto, la sana crítica es, además, la apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Couture las define como “normas de valor general, independientes del caso específico, pero que como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación a todos los otros casos”. Por último, al momento de fundamentar sus sentencias, el juez debe tener especial consideración con los conocimientos científicamente afianzados y los conocimientos técnicos. Estos últimos, debemos señalar, son de vital importancia por lo específico de la materia que se trata. Otra limitación establecida por el legislador, a la valoración de la prueba que debe hacer el juez, se encuentra establecida en el artículo 132 inciso 16°, la que debemos tener siempre presente: “No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad”. Trámites posteriores a la prueba: Medidas para mejor resolver El legislador nada dice respecto de la procedencia de las medidas para mejor resolver en el procedimiento tributario. Sin embargo, en virtud de la regla del artículo 148 del CT, que establece la supletoriedad de las disposiciones del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, consideramos que resulta plenamente aplicable en la materia el artículo 159 de dicho cuerpo legal, el cual dispone lo siguiente: “Art. 159. Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Sin perjuicio 90

de lo establecido en el inciso primero del artículo 431, podrán dictar alguna o algunas de las siguientes medidas: 1ª La agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes; 2ª La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y que no resulten probados; 3ª La inspección personal del objeto de la cuestión; 4ª El informe de peritos; 5ª La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios; y 6ª La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso 3º del artículo 37.” “En este último caso y siempre que se hubiese remitido el expediente original, éste quedará en poder del tribunal que decrete esta medida sólo por el tiempo estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de ocho días este término si se trata de autos pendientes.” “La resolución que se dicte deberá ser notificada por el estado diario a las partes y se aplicará el artículo 433, salvo en lo estrictamente relacionado con dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de la notificación de la resolución que las decrete. Vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite.” “Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba, no superior a ocho días, que será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento, se aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. Vencido el término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite.” “Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo informe de peritos o abriendo el término especial de prueba que establece el inciso precedente. En estos casos procederá la apelación en el solo efecto devolutivo”. En este sentido, serían procedentes estás medidas, siempre que el Tribunal Tributario y Aduanero las decrete una vez que haya terminado el término probatorio y dentro del plazo de 60 días que tiene para fallar; notificándose la resolución de acuerdo a la regla general, esto es, a través de su publicación en el sitio de internet. La sentencia Vencido el término probatorio, o cumplidas las medidas para mejor resolver que se hayan decretado, en su caso, el Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia. La sentencia deberá ser fundada, debiendo en ella el Tribunal pronunciarse sobre el reclamo, sobre los incidentes de exclusión de prueba, así como también manifestar expresamente las razones jurídicas y de otro orden conforme a las cuales efectuó la valoración de prueba y, de ser procedente, declarar de oficio la prescripción de los actos reclamados que fueron notificados por el Servicio fuera de los plazos legales. Además, el Tribunal Tributario y Aduanero deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud del artículo 148 del CT, y ajustarse al Auto Acordado de 1920 de la Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias. Recursos contra la sentencia de primera instancia

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Respecto de la sentencia de primera instancia sólo procede el recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del fallo. Esta notificación se hará mediante carta certificada al contribuyente, y por el sitio de internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros al Servicio. Por otra parte, recordemos que la tramitación del recurso de apelación se hará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos. También procede la aclaración rectificación o enmienda, de oficio o a solicitud de parte. No procede, en cambio, el recurso de casación en la forma ni la anulación de oficio, y los vicios que aparezcan en el fallo deberán ser subsanados por la Corte de Apelaciones que conozca del asunto, de acuerdo a lo señalado en el art. 140 del Código Tributario. Recursos contra la sentencia de segunda instancia Contra esta sentencia proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo, de acuerdo a las normas contempladas en el Código de Procedimiento Civil. Cumplimiento de la sentencia Corresponde al Director Regional respectivo, en la jurisdicción de su territorio, disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros (artículo 6 letra B N° 6 del CT). Al Tribunal Tributario y Aduanero, en tanto, le corresponde: “Resolver las incidencias que se promuevan durante la gestión de cumplimiento administrativo de las sentencias” (artículo 1° N°5 de la Ley N° 20.322). Normas supletorias Al respecto, el artículo 148 del Código Tributario establece que “En todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales del presente Libro, se aplicarán en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil”. Notificaciones en el procedimiento tributario En esta materia, la reforma incorpora al Código Tributario un nuevo artículo 131 bis, el que regula la forma en que se notificarán las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero. Así, se establece que, por regla general, la notificación de una resolución judicial se hará mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal respectivo, debiendo éste dejar constancia en el expediente y en el propio sitio web del hecho de haberse efectuado la citada publicación y la fecha de la misma. No obstante, es importante considerar que los errores u omisiones de estas constancias no invalidarán la notificación en sí. A su vez, la norma contempla la posibilidad que cualquiera de las partes pueda solicitar para sí el aviso, mediante correo electrónico, del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones. La falta de este aviso no anulará la notificación; lo que se explica si consideramos que sólo constituye una advertencia de haberse efectuado ésta, y no la notificación en sí. Cabe mencionar que esta regla general tiene excepciones, las que se encuentran establecidas en los incisos tercero y quinto del mismo artículo citado, y que se refieren a la notificación por carta certificada y por correo electrónico, respectivamente. a. Notificación por carta certificada: Deben ser notificadas por carta certificada las siguientes resoluciones: 1. La sentencia definitiva, la resolución que reciba la causa a prueba y las que declaren inadmisible un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. 92

2. Las resoluciones que se dirijan a terceros ajenos al juicio. En esta situación se encuentran las notificaciones que se deban realizar a los testigos y peritos. Hay que tener presente que, además del envío de la carta, el Tribunal deberá publicar el texto íntegro de estas resoluciones en el Sitio en Internet del Tribunal. No obstante, la falta de esta publicación no anulará la notificación. b. Notificación por correo electrónico: Debe notificarse por esta vía la resolución que confiere traslado al Servicio de Impuestos Internos del reclamo del contribuyente. Forma en que se practican las notificaciones por carta certificada Este tipo de notificación consiste en el envío, a través de la oficina de correos, de una carta certificada en que se contiene copia íntegra de la resolución o actuación que se pretende comunicar, la que es entregada por el funcionario de correos a cualquier persona adulta habida en el domicilio del contribuyente, debiendo aquélla firmar el recibo respectivo. En estos casos, para determinar cuándo se encuentra efectivamente notificada una persona, la Ley establece una presunción simplemente legal, toda vez que señala que la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Al ser una presunción simplemente legal, admite prueba en contrario.

B.2. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO DE AVALUOS DE BIENES RAÍCES Aspectos generales Este procedimiento se encuentra regulado en el Párrafo 1° del Título III del Libro III del Código Tributario, en sus artículos 149 a 154. Cabe mencionar que la estructura de este procedimiento se aplica tanto a los reclamos de bienes raíces agrícolas (primera serie), como a los de bienes raíces no agrícolas (segunda serie), ya sea que se trate de reclamos contra el avalúo de un inmueble que se haya fijado en tasación general o en una modificación individual. Estructura del procedimiento Sujeto activo: Para determinar quién puede ser sujeto activo en este procedimiento, hay que distinguir dos situaciones diversas: a. Reclamo de avalúo asignado en una tasación general: de acuerdo al artículo 149 del CT, son sujetos activos los contribuyentes y las municipalidades. b. Reclamo de avalúo que resulta de una modificación individual: En este caso, en conformidad con el artículo 150 del CT, sólo podrán reclamar los contribuyentes. Comparecencia El artículo 151 del Código Tributario dispone que “No se aplicará en este procedimiento lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129”. Esto significa que el reclamante puede comparecer personalmente en este procedimiento, independientemente de la cuantía del asunto. Causales del reclamo Para determinar las causales que autorizan a reclamar, debemos distinguir si el hecho que la motiva consiste en una tasación general o en una modificación individual del avalúo: a) Reclamo de avalúo asignado en una tasación general: De acuerdo al artículo 149 inciso 2 del CT, en este caso la reclamación sólo podrá fundarse en algunas de las siguientes causales, todas constitutivas de errores de hecho: 

Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones.

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  

Aplicación errónea de las tablas de clasificación, respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno. Errores de transcripción, de copia o de cálculo. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 11.575.

La reclamación que se fundare en una causal diferente será desechada de plano. b. Reclamo de avalúo que resulta de una modificación individual: En conformidad con el artículo 150 del CT, se sujetarán a este procedimiento los reclamos que dedujeren los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios. Esta norma debe ser relacionada con el artículo 17 de la Ley N° 17.235, el cual establece que “Los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios, efectuadas en conformidad al Párrafo 2º del presente Título podrán reclamar de ellas con arreglo a las normas establecidas en el Título III del Libro Tercero del Código Tributario”. Asimismo, esta norma nos remite a los artículos 10 a 16, en los que estarían consignadas las causales de las modificaciones Agravio por causales ajenas al artículo 149 El artículo 149 del CT indica que “La reclamación que se fundare en una causal diferente [de las establecidas en el mismo artículo] será desechada de plano”. Es decir, no será admitida a tramitación, quedando de esta forma el contribuyente sin derecho a reclamar. No obstante lo anterior, parte de la doctrina, particularmente el profesor Pedro Massone, estima que en este evento, es decir, cuando el reclamo se funde en una causal de impugnación diversa a la establecida en el artículo 149 del CT, para amparar los derechos de los contribuyentes debiera aplicarse el procedimiento general de reclamaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Tributario. Plazo para reclamar a) Reclamo de avalúo asignado en una tasación general: En este caso, de acuerdo al artículo 149 del CT, el reclamo debe presentarse dentro los 180 siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo. b) Reclamo de avalúo que resulta de una modificación individual: En este caso, el plazo para reclamar será de 90 días y se contará desde el envío del aviso respectivo. Requisitos del reclamo 1. En el caso de los reclamos por tasación general, éste deberá fundarse en una de las causales que taxativamente señala el artículo 149 del Código Tributario. 2. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 125 del CT, en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita. 3. Por último, deberá cumplir con los requisitos de todo escrito, de acuerdo a la norma general del artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. Tramitación del reclamo En virtud de la remisión al procedimiento general de reclamaciones establecidas en el artículo 151 del CT, la tramitación de los reclamos por avalúos será igual a la de dicho procedimiento, salvo en lo que dice relación con la apelación de la sentencia definitiva y su tramitación en segunda instancia. Recursos contra la sentencia de primera instancia Sólo procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y siguientes del CT. En este entendido, los contribuyentes, las municipalidades y el Servicio podrán apelar de las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero. 94

El recurso sólo podrá fundarse en las causales indicadas en el artículo 149, y en él se individualizarán todos los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente, sin perjuicio de los que pueda ordenar de oficio el Tribunal. El recurso que no cumpliere con estos requisitos, será desechado de plano por el Tribunal de Alzada. La apelación deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la sentencia. Tribunal Especial de Alzada Las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas en primera instancia en el procedimiento de reclamo por avalúos de bienes raíces, deben ser conocidos por un tribunal especial denominado “Tribunal Especial de Alzada”. Al respecto, cabe señalar que en cada ciudad asiento de Corte de Apelaciones, existen dos tribunales especiales de alzada. Uno tiene competencia para conocer de los reclamos de avalúos de bienes raíces agrícolas y se denomina Tribunal Especial de Alzada de Primera Serie, y el otro, de los reclamos de avalúos de bienes raíces no agrícolas, constituyendo el Tribunal Espacial de Alzada de Segunda Serie. Los Tribunales de Primera Serie están integrados por tres miembros: Un ministro de la Corte respectiva, quien lo presidirá, y dos representantes del Presidente de la República, uno de los cuales debe ser empresario agrícola. Los de Segunda Serie, en tanto, están integrados por cuatro miembros: Un ministro de Corte que lo preside y cuyo voto es dirimente; dos representantes del Presidente de la República y un arquitecto que también es designado por el Presidente de la República de una terna que le propone el Intendente Regional, previa consulta al Consejo Regional de Desarrollo respectivo. En cuanto a la tramitación del recurso, el Código Tributario establece las siguientes normas específicas: “Artículo 153.- El Tribunal Especial de Alzada fallará la causa sin más trámite que la fijación del día para la vista de la causa. No obstante, el tribunal, cuando lo estime conveniente, podrá oír las alegaciones de las partes.” “Artículo 154.- El fallo a que se refiere el artículo anterior deberá dictarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ingreso del expediente en la Secretaría del Tribunal”.

Recurso de casación De acuerdo a la normativa contenida en el párrafo 1 del Título III del Libro Tercero, se deduce que no procede el recurso de casación en contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Especial de Alzada. Normas supletorias De conformidad al artículo 151 del CT “Se aplicarán las normas contenidas en el Título II de este Libro al procedimiento establecido en este Párrafo, en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita”, título que contiene las disposiciones del procedimiento general de reclamaciones. B.3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE SANCIONES Se encuentra establecido en el art. 1616 del C.T., rigiéndose en forma supletoria por las normas del Procedimiento General de Reclamaciones, contenidas en el Título II del Libro III, en la medida que sea compatible con este procedimiento. Materias reclamables 1. Infracciones establecidas en los arts. 102 y 103 del C.T.

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2. Reclamo de actas de denuncia notificadas por el SII, en que se pretende únicamente la aplicación de sanción pecuniaria en las infracciones descritas en el artículo 97 N° 4, 5, 8, 9, 10 inc. tercero, 12, 13, 14, 18, 22, 23 y 24 y artículo 100 del C.T. Tribunal competente En primera instancia el conocimiento de estas causas corresponde al Tribunal Tributario y Aduanero que tenga competencia en el domicilio del infractor. Si la infracción se cometió en una sucursal del contribuyente, conocerá de ella el Tribunal Tributario y Aduanero que tenga competencia en el lugar donde se encuentre ubicada dicha sucursal. En segunda instancia conoce la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el territorio en que tenga asiento el Tribunal Tributario y Aduanero que dictó la sentencia apelada. En contra de la sentencia de segunda instancia proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo, cuyo conocimiento corresponde a la Corte Suprema. Tramitación 1. Etapa de discusión a. En conocimiento de haberse cometido infracción o reunidos los antecedentes que hagan verosímil su comisión, el funcionario competente del Servicio levantará un acta, la que se notificará al imputado personalmente o por cédula. b. Formulación de descargos. A partir de la notificación comienza a correr un plazo de diez días para que el afectado formule descargos. c. De la formulación de descargos se concederá traslado al SII para que conteste en el plazo de 10 días hábiles. 2. Etapa de prueba Cumplido el plazo para rendir las pruebas y, a menos que se hayan ordenado diligencias para mejor resolver por parte del Juez Tributario y Aduanero, éste proceso queda en estado dictarse sentencia. 3. Etapa de sentencia La sentencia dictada para el TTA puede: a. Absolver al imputado, es decir, acoger los descargos. b. Acoger la denuncia, en cuyo caso dispondrá el giro de la multa que corresponda. 4. Recurso contra sentencia de 1° instancia En contra de la sentencia definitiva de primera instancia solo procede el recurso de apelación dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación correspondiente. 5. Recurso contra sentencia de 2° instancia Contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación correspondiente, según las reglas generales. B.4. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE APLICACIÓN DE CIERTAS MULTAS El procedimiento, contemplado en el art. 165 del C.T., tiene como primera finalidad, determinar la forma en que el Servicio de Impuestos Internos aplicará sanciones provenientes de hecho de haber incurrido en una de las infracciones que específicamente señala la norma. Como segundo objetivo, esta disposición le indica al contribuyente, la forma en que puede reclamar de tales multas cuando estime su improcedencia. Materias susceptibles de reclamación: 96

Estas materias se han visto ampliadas con las modificaciones introducidas al inciso primero del art. 165 del C.T. Así, la actual disposición señala que las multas reclamables por esta vía serán las siguientes: Nos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del art. 97 y las del art. 109, todas del C.T. Aplicación de multas Observamos dos situaciones diferentes en cuanto a la determinación y aplicación de las multas provenientes de estas infracciones: a. Por un lado el art. 165 N°1, nos indica que, ante las infracciones establecidas en el N° 1 inciso primero, 2 y 11 del art. 97, las multas serán determinadas por el propio contribuyente o por el Servicio, sin otro trámite que la emisión del giro o pago del contribuyente que reconoce la infracción. b. Por otras parte, y de acuerdo a lo señalado por el art. 165 N° 2, las multas provenientes de las infracciones del N° 1, inc. segundo, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del art. 97 y art. 109, se notificarán por un funcionario al contribuyente, personalmente o por cédula, por medio de un acta o documento que deje constancia de la infracción. Si el plazo para reclamar vence, sin que se haya presentado oposición, el SII podrá girar la multa sin más trámite. Por el contrario, si se presenta reclamo en contra de la actuación fiscal, la emisión del giro se suspende hasta que se resuelva el conflicto. Por su parte, el contribuyente podrá, notificado el giro a que se refiere al art. 165 N° 1 o el acta del N° 2, presentar por escrito su reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción y dentro del plazo de 15 días, para que éste se pronuncie. Art. 165 N° 3º. Existe una situación particular para el caso de los contribuyentes al régimen del artículo 14 Ter de la Ley de Impuesto a la Renta, que favorece a los pequeños y medianos contribuyentes, consistente en que dentro del plazo para reclamar podrán solicitar por una única vez, la sustitución de la multa respectiva por la participación obligatoria del contribuyente o su representante en programas de capacitación impartidos por el SII. Facultad que sólo rige en el caso de infracciones contempladas en el artículo 97 Nº 1 inciso primero, Nº 2, Nº 3, Nº 15, Nº 19 y Nº 21 del Código Tributario, lo que implica la aprobación satisfactoria del curso de capacitación, para entenderse sustituida la aplicación de la multa; Si no aprueba la capacitación o aprobándola incurriere nuevamente, dentro del plazo de tres años contado desde la solicitud de sustitución, en la misma infracción, se aplicará la multa originalmente sustituida incrementada hasta un 25%. Los plazos establecidos en los artículos 200 y 201 del CT, se suspenderán durante el período a que se refiere este artículo. 165 N° 4: Notificado el giro de las multas a que se refiere el Nº 1, o las infracciones de que trata el Nº 2, el contribuyente podrá reclamar por escrito, dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación del giro o de la infracción, en su caso, ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. Traslado al Servicio En el nuevo escenario, el Juez Tributario y Aduanero debe conferir traslado al SII, para que éste conteste dentro de 10 días. Dicho traslado será notificado por correo electrónico. Si bien en el texto que ahora se modifica, no existía la obligación para el Juez Tributario de solicitar informe, este muchas veces lo hacía en pos de lograr mayores antecedentes sobre el caso. En el nuevo procedimiento, la contestación del Servicio toma un papel mucho más relevante, toda vez que será la forma en que la administración tributaria podrá exponer los fundamentos técnicos y jurídicos que hacen procedentes la sanción. Resolución que reciba la causa a prueba En este procedimiento se podrá “recibir la causa a prueba”, si existen hechos sustanciales y pertinentes, abriendo un término probatorio de ocho días. En la misma resolución determinará la oportunidad en que deba rendirse la prueba testimonial. Dentro de los dos primeros días, el 97

reclamante podrá presentar lista de testigos, no pudiendo declarar a personas que no figuren en las listas de testigos o decretar otras diligencias que estime pertinente. Las resoluciones se notificarán mediante publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del tribunal. Valoración de la prueba Art. 132 inc. 14 C.T. La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial consideración: 1. La multiplicidad, 2. Gravedad, 3. Precisión, 4. Concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice. De manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Sentencia definitiva de primera instancia Art. 165 N° 6, le impone al juez la obligación de resolver el litigio dentro del plazo de 5 días, desde que la causa se encuentre en estado de fallo, sin señalar qué sanción se impondrá al juez que dilate esta resolución más allá del plazo legal. Por otra parte, por aplicación supletoria del procedimiento general y de las normas comunes, el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero debe cumplir con las formalidades establecidas en el derecho común y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias. Recurso En contra de la sentencia de 1° instancia, solo procede el recurso de apelación, dentro de 15 días el cual se concederá en ambos efectos. Si el recurso fuere desechado por unanimidad de los miembros del tribunal de segunda instancia, éste ordenará que el recurrente pague, a beneficio fiscal, una cantidad adicional equivalente al 10% de la multa reajustada, y se condenará en las costas del recurso al recurrente, de acuerdo a las reglas generales. No procederán los recursos de casación en la forma y en el fondo, en contra de la sentencia de segunda instancia. B.5. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMACIÓN POR VULNERACIÓN DE DERECHO Aspectos generales Una de las innovaciones de la Ley 10.322, es la incorporación al C.T. de un nuevo procedimiento, cuyo objeto es cautelar tres derechos fundamentales reconocidos como garantías constitucionales en nuestra Constitución Política. Se trata del Procedimiento de Reclamación por Vulneración de Derechos, establecido en los nuevos artículos 155 a 157 del Código Tributario, los que crean y regulan una acción que protege las garantías establecidas en los números 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. El legislador estructuró esta nueva acción de forma similar al recurso de protección que se contiene en el artículo 20 de la CPR, y cuya tramitación se encuentra regulada en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de junio de 1992. De esta forma, el artículo 155 del C.T., establece: “Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los párrafos 1° y 3° de este Título o en el Título IV, todos del libro tercero de este Código. Hay que tener presente que, con la incorporación de este nuevo procedimiento, vamos a tener dos acciones que van a proteger los derechos constitucionales indicados: una de carácter constitucional,

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que va a ser conocida por la Corte de Apelaciones respectiva; y otra de carácter legal, que va a ser conocida por el Tribunal Tributario y Aduanero. Además, en el caso del número 21 del artículo 19 de la Constitución, nos vamos a encontrar con una acción especial, conocida como recurso de amparo económico, incorporada a nuestro sistema jurídico en virtud de la Ley N° 18.971 de 1991. Aparte de las acciones u omisiones que atenten contra las garantías constitucionales ya individualizadas, este procedimiento va a conocer de los actos u omisiones que vulneren cualquiera de los derechos de los contribuyentes establecidos en el artículo 8 bis, incorporado al Código Tributario por el artículo único de la Ley 20.420 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero del 2010, a los que nos referiremos más adelante. Estructura del procedimiento de reclamo por vulneración de derechos Sujeto activo: El art. 155 del C.T. sostiene que el que sujeto activo de este procedimiento, será todo particular que considere vulnerados sus derechos constitucionales, establecidos en el art. 19 números, 21, 22 y 24 de la CPR, por un acto u omisión del Servicio. Llama la atención el término usado por el legislador al momento de definir al sujeto activo que puede interponer la acción de reclamo por vulneración de derechos, toda vez que no habla de “contribuyente” ni de “afectado” ni de “el que” (expresión amplia utilizada por el artículo 20 de la CPR, que tiene por objeto comprender cualquier persona que sufra una acción u omisión arbitraria o ilegal); sino que el término utilizado es “un particular”. En este entendido, el profesor Álamos Vera señala que este concepto “… es demasiado indefinido, y pareciere que el Proyecto se quiso referir a las personas del ámbito privado, para no incluir en ello, a las personas o entidades de derecho público, que también son contribuyentes.” Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y por amplio del término utilizado, la ley no distingue la naturaleza jurídica del sujeto activo, por lo que debemos concluir que están legitimadas para ejercer esta acción las personas naturales y jurídicas, así como cualquier otra agrupación o asociación que pueda ser sujeto de derechos ante el SII, como es el caso de las sociedades de hecho y las comunidades. Sujeto pasivo: El sujeto pasivo de esta acción es el SII, el que mediante una acción u omisión de alguno de sus funcionarios, vulnera a un particular cualquiera de los derechos reconocidos en números 21, 22 y 24 del artículo 19 de la CPR, o que vulnere algunos de los derechos de los contribuyentes establecidos en el artículo 8 bis del C.T. Comparecencia: Para interponer esta acción, el solicitante no requiere patrocinio de abogado. Requisitos para la interposición de la acción Son requisitos de la acción de reclamo por vulneración de derechos, los siguientes:   



Que exista una acción u omisión por parte del Servicio de Impuestos Internos. Que esta acción u omisión vulnere alguno de los derechos contemplados en los números 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los párrafos 1° y 3° del Título Tercero o en el Título IV, todos del Libro Tercero del Código Tributario. Que no se haya interpuesto, por los mismos hechos, la acción o recurso de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política.

Concepto de Acción u Omisión Entendemos por acción un hecho, esto es, el ejercicio de una actividad por parte de la autoridad tributaria que vulnere las garantías precitadas; y por omisión, una abstención, es decir, el dejar de hacer algo a lo cual la autoridad tributaria estaba obligada en virtud de un mandato contenido en una norma jurídica, y que vulnera las garantías señaladas. 99

Restricciones en cuanto a las materias susceptibles de reclamo El mismo art. 155 establece como límite a la interposición de la acción de vulneración, el hecho que no se trate de materias que deban ser conocidas a través de alguno de los sgtes procedimientos:     

El Procedimiento General de Reclamaciones. El Procedimiento de Reclamo de Avalúos. El Procedimiento de determinación judicial del impuesto de timbres y estampillas. El Procedimiento General para la aplicación de sanciones. El Procedimiento Especial para la aplicación de multas.

En estos casos, para hacer valer sus derechos, el contribuyente debe seguir los procedimientos establecidos por la ley para cada situación particular. En definitiva, lo que hace el legislador mediante la incorporación de esta norma, es precaver el abuso en la utilización de este procedimiento, en el caso de existir otras vías legales para zanjar el conflicto. Restricciones en relación al recurso de protección Conforme al artículo 155 inciso final, “interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos”. Se hace presente que el alcance que se da a la palabra “interpuesta”, es más restringido que el solo hecho de presentarla ante uno u otro Tribunal. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró que esta palabra es constitucional, siempre que se entienda que la improcedencia de las acciones a que dicho precepto se refiere solo tiene lugar desde que la Corte de Apelaciones respectiva declara admisible el recurso de protección deducido. Por lo anterior, debemos concluir que, en los casos precedentes, cuando se interponga una acción de protección (es decir, se presente y sea acogida a tramitación) ante la Corte de Apelaciones, el afectado ya no podrá hacer uso de este procedimiento ante el Juez Tributario y Aduanero. Plazo para su interposición El art. 155 inciso final 2° del C.T., indica que el plazo para interponer el recurso será de 15 días hábiles, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión de que se trate, o bien desde que el contribuyente haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constatar en autos. Lo anterior importa que deberá existir un registro de este hecho en el expediente, es decir, el juez deberá pedir al actor que acredite de alguna manera la fecha en que tomó conocimiento de lo alegado. Tramitación El art. 156 del C.T. modificado, establece la forma en que se tramitará esta acción ante el TTA. En este sentido, indica que una vez interpuesta la acción, el Juez Tributario y Aduanero verificará si se ha presentado dentro de plazo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamentos, la declarará inadmisible por resolución fundada. Acogida a tramitación, el Juez Tributario y Aduanero deberá dar traslado al Servicio, para que éste, dentro del plazo diez días, se pronuncie sobre los fundamentos del reclamo. Vencido este plazo, haya o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días, en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciará la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sentencia Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero resolverá el asunto dentro del plazo de 10 días y, en la sentencia, deberá disponer las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho de ser ello procedente. 100

Recursos contra la sentencia Contra el fallo que se dicte, las partes solo podrán deducir el recurso de apelación, en el plazo de 15 días. Dicha apelación se verá posteriormente en cuenta y en forma preferente, salvo que dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte, las partes soliciten alegatos. En contra de la sentencia de segunda instancia, a nuestro juicio, y por aplicación de las normas supletorias del Procedimiento General de Reclamos, en virtud del artículo 157 del C.T., creemos que procedería recurrir de casación en la forma y en el fondo, recurso que podrá ser interpuesto tanto por el contribuyente como por el Servicio. Sin embargo, se hace presente, los profesores Rodrigo Ugalde, Jaime García y Alfredo Ugarte, estiman que dicho recurso no es procedente por cuanto la normativa no lo establece expresamente, “De este modo, si existiera en el fallo falta o abuso grave podría ser procedente el recurso de queja, de acuerdo al artículo 545 del C.O.T.”. Orden de no innovar Una característica importante de este procedimiento, es que el Tribunal podrá decretar orden de no innovar, en cualquier estado de la tramitación, conforme a lo establecido en el artículo 156 inciso final del C.T. Normas supletorias El art. 15 del C.T. indica que “En lo establecido por este Párrafo, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título II de este Libro”, esto es, las normas que regulan el procedimiento general de reclamaciones.

Capítulo 19: La prescripción y caducidad en materia tributaria PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA El legislador, en materia tributaria, al igual que en todo nuestro ordenamiento jurídico, ha privilegiado la seguridad jurídica, dejando la justicia en un segundo plano; es por ello, que ha reglamentando la prescripción como una forma de extinguir la acción del Fisco contra el contribuyente moroso, consistente en el simple transcurso del tiempo. El punto fundamental, en esta forma de extinción de la obligación tributaria, está dado por el plazo que debe cumplirse para que la obligación se encuentre prescrita. Este plazo está determinado en el artículo 201 del Código Tributario. Plazo de prescripción. Regla general El artículo 201 del C.T. nos dice que la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses y demás recargos, prescribirá en los mismos plazos señalados en el artículo 200 y computados en la misma forma. Esto significa que, por regla general, Tesorería tendrá un plazo de tres años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. Plazo de prescripción. Excepciones En la misma disposición encontramos la primera excepción que tiene lugar en los impuestos sujetos a declaración, es decir, los que deben ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto, en que el plazo de prescripción es de seis años cuando la declaración no se presentó.

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La segunda excepción se presenta también en los impuestos sujetos a declaración en que esta se presentó, pero fue maliciosamente falsa. Plazo de prescripción real. En la práctica Nos parece necesario referirnos al plazo real, sin duda alguna también legal, por cuanto los plazos señalados no son aplicables en la realidad, ya que Tesorería no tiene conocimiento ni del inicio ni del término de esos plazos. En la práctica, los plazos de prescripción van de la mano de los que tiene el Servicio de Impuestos Internos y que el contribuyente, pero, en forma distinta a la señalada expresamente por la ley y que acabamos de exponer. En efecto, Tesorería va a tener conocimiento de la morosidad por los giros que haga el SII y que el contribuyente no pague dentro de los plazos que tiene para hacerlo de forma voluntaria. Por lo tanto, los plazos de prescripción para ejercer la acción de cobro comenzarán realmente a partir de la fecha en que se notifique el giro al contribuyente y serán siempre de tres años. Pero si el plazo lo contamos desde la fecha en que debió efectuarse el pago puede alcanzar hasta nueve años y cuatro meses; esto puede suceder si un contribuyente no presenta declaración o la presentada fuere maliciosamente falsa, en cuyo caso el SII tiene un plazo de 6 años para fiscalizar; ahora bien, ese plazo puede ampliarse en tres meses, según lo dispone el artículo 63 del C.T., cuando el contribuyente ha sido citado y si el contribuyente obtiene prórroga para contestar la citación que puede ser hasta de un mes, el plazo de prescripción aumenta en los mismos términos que la prórroga; en consecuencia, el Servicio puede girar hasta en el plazo de 6 años y cuatro meses; si notifica ese giro y Tesorería tendrá tres años más para proceder al cobro y solo vencido este plazo –hemos llegado a 9 años y cuatro meses– habrá prescrito la acción del Fisco para cobrar forzadamente la deuda tributaria. Incluso puede ausentarse o renovarse por tres meses más, cuando el funcionario de Correos no encuentre, en su domicilio, al contribuyente que debe ser notificado por carta certificada o no retiren la enviada a la casilla o apartado postal en el plazo de quince días, contados desde su envío. Interrupción de la prescripción El mismo artículo 201 señala tres causales de interrupción de la prescripción; las tres tienen como base la realización de alguna actividad por parte, bien del acreedor, bien del deudor, lo que es propio de la interrupción de la prescripción, desde el momento que ésta se basa en el transcurso del tiempo y en la inactividad de acreedor y deudor; producido el acto interruptor, comienza un nuevo plazo de acuerdo a la normativa de cada caso. Los hechos que interrumpen la prescripción son: 

Desde que intervenga reconocimiento u obligación escrita.

Se trata de una aceptación o reconocimiento de la obligación efectuada por escrito; en consecuencia no existe reconocimiento tácito o implícitamente. A modo de ejemplo se puede señalar, si el contribuyente hace un abono a cuenta del impuesto adeudado, solicita la condonación de intereses al Director Regional o suscribe un convenio de pago sobre impuestos morosos o pide que se le gire un impuesto o presenta una declaración que no presentó en su oportunidad o corrige la declaración maliciosamente falsa que presentó. Interrumpida que sea la prescripción, comienza a correr la de largo tiempo del artículo 2515 del Código Civil, según el cual el plazo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias; la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años y convertida en ordinaria dura dos años más.



Desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación.

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Como hemos visto se trata de dos actuaciones del SII, presentes en el proceso de fiscalización, la primera contiene la determinación de un impuesto, efectuada por dicho Servicio y la segunda se refiere al giro, que es una orden, dada por el Servicio de Impuestos Internos, al contribuyente para que ingrese en arcas fiscales una cantidad determinada de dinero por concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas, según el caso. Pues bien, la notificación de cualquiera de los dos, interrumpe la prescripción. Interrumpida la prescripción por la notificación legal referida, empieza a correr un nuevo plazo que será de tres años, que a su vez puede interrumpirse, bien por el reconocimiento u obligación escrita, que vimos anteriormente, bien por requerimiento judicial, que analizaremos a continuación Esta segunda forma de interrupción puede, bajo ciertas circunstancias, disminuir el plazo de prescripción que estaba corriendo. ¿Cuáles son esas circunstancias? No haberse presentado declaración o haber presentado una maliciosamente falsa, que obliga a un plazo de prescripción de seis años; si antes de cumplirse el tercer año, se notifica una liquidación o giro, relativa a los impuestos no declarados o declarados con falsedad maliciosamente, el plazo de prescripción, en definitiva, será inferior a seis años; plazo que se compondrá por el transcurrido hasta el día en que se notifica el giro o liquidación más los tres años del nuevo plazo que empieza a correr a partir de la misma fecha. 

Desde que intervenga requerimiento judicial.

Este hecho se configura cuando el Fisco, a través de Tesorería, inicia el cobro ejecutivo según las normas del Título V, del Libro III del Código. Aquí el Código Tributario no señala un nuevo plazo que empiece a correr, como en las dos situaciones anteriores. La razón es sencilla y general en nuestro ordenamiento jurídico; requerido de pago el contribuyente moroso, comienza el procedimiento pertinente, dentro del cual no cabe la institución de la prescripción y la inactividad del demandante puede sancionarse por la vía del abandono del procedimiento. Suspensión de los plazos de prescripción 

El inciso final del artículo en estudio, dice que los plazos de prescripción se suspenderán durante el período en que el Servicio esté impedido, según lo dispone el inciso segundo del artículo 24, de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria.

Esto significa que notificada que sea una liquidación de impuestos se suspende el plazo de prescripción que estaba corriendo hasta que haya transcurrido el plazo de noventa días, si el contribuyente no ha reclamado contra dicha liquidación o, si ha presentado reclamo, hasta que el Tribunal Tributario y Aduanero, haya dictado sentencia de primera instancia sobre la reclamación presentada. 

Un segundo caso de suspensión lo establece el N° 16 del artículo 97 del C.T., y está relacionada con la pérdida o inutilización de libros de contabilidad y documentos soportantes de la contabilidad. Según dicha norma, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspende la prescripción del artículo 200, desde la fecha de la pérdida o inutilización, hasta la fecha en que los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del Servicio.

Obviamente esta suspensión impedirá la prescripción de la obligación tributaria solo en forma indirecta, es decir, en cuanto favorezca al Servicio de Impuestos Internos para efectos de notificar una liquidación o giro. 

El artículo 103 del D.L. 824 sobre Impuestos a la Renta contiene una tercera causal de suspensión de la prescripción, señalando que la prescripción de las actuaciones del Fisco por impuesto se suspende en caso que el contribuyente se ausente del país por el tiempo que

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dure la ausencia. Pero, transcurrido diez años no se tomará en cuenta esa suspensión, en otros términos, trascurrido el plazo de diez años la obligación tributaria se encontraría prescrita. Atendida la ubicación de la norma, dentro de la Ley de Impuesto a la Renta, nos parece necesario señalar que, a nuestro entender, la norma es de aplicación general, en materia tributaria, pues el legislador emplea el término “impuesto”, sin ninguna otra especificación limitante; por lo tanto, se refiere a toda clase de impuestos, estén en dicha ley o en otra. CADUCIDAD DE LAS FACULTADES FISCALIZADORAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS La legislación tributaria limita temporalmente la fiscalización que puede realizar el SII en el artículo 200 del C.T., y en la ley N° 18.320 (ley tapón). A. Artículo 200 del Código Tributario Encontramos en él la regla general en materia de caducidad –la llamada prescripción– de las facultades fiscalizadoras del SII al señalar que éste puede liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago; así por ejemplo, tratándose de impuestos anuales a la renta, no importará para el comienzo del plazo la fecha en que se devengó o percibió la misma o referente al Impuesto al Valor Agregado no importará el período en que se devengó el impuesto, sino que comenzará a contarse el plazo el día 13 del mes siguiente al de devengo del impuesto, pues hasta esas fechas se podía pagar. Este plazo aumenta a seis años en dos oportunidades:  

Se trata de impuestos sujetos a declaración y ésta no se presentó, y Se trata de impuestos sujetos a declaración y ésta fue maliciosamente falsa, es decir, se actuó a sabiendas, deliberadamente se faltó a la verdad, bien porque se modificaron los hechos o se omitieron antecedentes.

Aumento de estos plazos El aumento de los plazos referidos puede provenir de dos fuentes: a. El artículo 63, inciso tercero, del C.T., que establece que la citación produce el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 3° del artículo 200 respecto de los impuestos que se indiquen determinadamente en ella. A su vez, esa disposición dispone que los plazos anteriores se aumentarán por el término de tres meses desde que se cite al contribuyente, en conformidad al artículo 63 u otras disposiciones que establezcan el trámite de la citación para determinar o reliquidar un impuesto respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en la citación. Por otro lado, el inciso segundo del artículo 63 faculta al contribuyente citado a solicitar la ampliación del plazo para contestar a la citación, pudiendo el Jefe de la Oficina que citó acceder a la solicitud, por una sola vez y hasta por un mes. Si se prorroga el plazo para contestar la citación, se entiende ampliados, por igual lapso, los plazos anteriores, según lo ordena el inciso tercero del artículo 200 del C.T. Consecuentemente, los plazos máximos de caducidad de las facultades fiscalizadoras del SII serían de tres años y cuatro meses o seis años y cuatro meses, según el caso. b. El artículo 11 del C.T. amplía también el plazo cuando no ha sido posible notificar al contribuyente por carta certificada, al disponer en el inciso tercero que si el funcionario de correos no encontrare en el domicilio al notificado o a otra persona adulta o éstos se negaren a recibir la carta certificada o a firmar el recibo, o no retiraren la carta remitida a la casilla o apartado postal dentro del plazo de 15 días, contados desde su envío, se dejará constancia de este hecho en la carta, bajo la firma del funcionario o del Jefe de la Oficina de Correos que

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corresponda y se devolverá al SII, aumentándose o renovándose por este hecho los plazos del artículo 200 en tres meses, contados desde la recepción de la carta devuelta. Entonces, si se tratará de notificar una citación, los plazos máximos llegarían hasta tres años y siete meses o seis años y siete meses, sin perjuicio de un plazo mayor en caso de que el plazo no se aumente sino que se renueve. c. El artículo 69 del C.T., sobre Término de Giro, establecido por la ley 20.780 de 2014, expresa que la citación que se practique conforme a este precepto, producirá el aumento en un año de los plazos de prescripción de las facultades fiscalizadoras del Servicio establecidos por el artículo 200 y también, en los mismos términos, del plazo de prescripción de la acción de cobro que ejerce la Tesorería del artículo 201 del C.T. d. De conformidad al artículo 70 inciso final de la LIR cuando el contribuyente probare el origen de los fondos, pero no acreditare haber cumplido con los impuestos que hubiere correspondido aplicar sobre tales cantidades, los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del C.T., se entenderán aumentados por el término de seis meses contados desde la notificación de la citación efectuada en conformidad con el artículo 63 del C.T., para perseguir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los intereses penales y multas que se derivan de tal incumplimiento (ley 20.780 del 2014). B. Ley N° 18.320 (llamada ley tapón) Esta ley, ya estudiada en este curso, fue dictada en el año 1984 y pretendió incentivar el cumplimiento tributario, limitando las facultades fiscalizadoras del SII. Después de sufrir varias modificaciones, la podemos resumir así: 

Se aplica solo a las declaraciones y pagos mensuales de los impuestos contemplados en el D.L. 825.



Solo puede examinar los últimos treinta y seis períodos mensuales por los que se presentó o se debió presentar declaraciones, para lo cual requerirá al contribuyente para que, dentro del plazo de dos meses, presente al SII los antecedentes correspondientes; la ley no indica cuáles son estos antecedentes, por lo que el SII tiene amplia libertad siempre que sean pertinentes como por ejemplo: las copias de las declaraciones, libro de compras y ventas, documentación soportante.



El SII tiene un plazo fatal de seis meses, contados desde que venza el plazo para presentar los antecedentes requeridos, para citar, liquidar o girar diferencias de impuestos por el lapso examinado.



Si en el examen el SII detecta omisiones, retardos o irregularidades en la declaración, determinación o pago de los impuestos, puede proceder a la fiscalización de los períodos anteriores según la regla general del artículo 200 del C.T.



El contribuyente puede reclamar, pero la interposición del reclamo no impide al SII practicar el examen, pero el cobro de los giros que se emitan o el cumplimiento de las sanciones, se suspenderán hasta que se determine, en forma definitiva, la situación del contribuyente, en otras palabras habrá que esperar a que la sentencia dictada en el reclamo esté ejecutoriada. Mientras tanto, se entiende suspendida la prescripción de las acciones del Fisco.



No rige el plazo de treinta y seis meses en las siguientes situaciones: a. Si con posterioridad al requerimiento, referido en el segundo punto, el contribuyente presenta declaraciones omitidas o formula declaraciones rectificatorias por los períodos bajo examen. 105

b. En los casos de término de giro. c. Cuando se trate de establecer la exactitud de los antecedentes en que el contribuyente fundamente solicitudes de devolución o imputación de impuestos o de remanente de crédito fiscal. d. En los casos de infracciones tributarias sancionadas con pena corporal. e. Cuando el contribuyente no presente los antecedentes requeridos por el SII.

Capítulo 20: Cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero (art. 168 bis) ETAPAS DEL PROCESO Etapa administrativa: conforme a la facultad contemplada en el art. 170 inciso final del CT., la Tesorería, sin perjuicio de la ejecución, podrá, en forma previa, concomitante o posterior, enviar comunicaciones administrativas a los deudores morosos y efectuar las diligencias que determinen las instrucciones del Tesorero General. Etapa judicial: 106

1. Etapa cobranza judicial (ante el Tesorero quien actúa como Juez Sustanciador). 2. Etapa cobranza judicial (ante el Juez Civil). 1° ETAPA COBRANZA JUDICIAL (MAL LLAMADA FASE ADMINISTRTIVA) La primera fase del cobro ejecutivo de obligaciones tributarias se lleva a cabo en la Tesorería Regional o Provincial correspondiente. 1. Título ejecutivo En el ámbito del Derecho, el título ejecutivo es aquel documento que da constancia fehacientemente de la existencia de una obligación, lo que permite sostener que es un documento indubitable. Tratándose de las obligaciones tributarias (impuestos), el artículo 169 del C.T., señala que constituyen título ejecutivo, por el solo ministerio de la ley: Las listas o nóminas de los deudores que se encuentren en mora, las que contendrán, bajo la firma del Tesorero Comunal que corresponda, la individualización completa del deudor y su domicilio, con especificación del período y de la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número en el rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces. De lo expuesto, cuando se inicia el cobro y con una finalidad de economía procesal, basta la elaboración por parte de la Tesorería Provincial –ya que hoy la Tesorería Comunal no existe en el plano tributario– de la nómina con los datos antes descritos. Excepciones El mismo art. 169, señala que: a. El Tesorero General podrá, por resolución fundada, excluir del procedimiento ejecutivo de este Título, aquellas obligaciones tributarias en que por su escaso monto o por otras circunstancias calificadas, no resulte conveniente efectuar la cobranza judicial, resolución que podrá modificar en cualquier momento. b. El Tesorero General de la República, por resolución interna, podrá ordenar la exclusión del procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título de los contribuyentes que, se encuentren o no demandados, tengas deudas morosas cuyo valor por cada formulario, giro u orden, no exceda del 50% de una Unidad Tributaria Mensual vigente a la fecha de la mencionada resolución. 2. Mandamiento de ejecución y embargo El art. 170 del Código establece que el Tesorero Comunal (debemos entender el Tesorero Regional o Provincial) respectivo, actuando en el carácter de juez sustanciador, lo que significa que está ejerciendo funciones jurisdiccionales en el cobro de las obligaciones tributarias, despachará el mandamiento de ejecución y embargo, mediante una resolución que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso. La misma normal indica que el mandamiento de ejecución y embargo podrá distinguirse contra todos los deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno. 3. Bienes susceptibles de ser embargados En principio son todos los bienes del contribuyente deudor. No obstante, hay reglas especiales a considerar: a. El embargo podrá recaer en la parte de remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarias mensuales del departamento respectivo. b. Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula a la persona natural o jurídica que 107

por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al contribuyente moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y/o entregue la suma embargada directamente a la orden del Tesorero Comunal que lo decretó, el que las ingresará a una cuenta de depósito mientras quede a firme la ejecución, caso este último en que las cantidades embargadas ingresarán a las cuentas correspondientes a los impuestos adeudados. Si para obtener el pago de la cantidad adeudada fuere necesario efectuar más de un descuento mensual en los sueldos o remuneraciones del contribuyente moroso, la notificación del embargo para la primera retención será suficiente para el pago de cada una de las próximas retenciones hasta la cancelación total del monto adeudado, sin necesidad de nuevo requerimiento. En caso que la persona natural o jurídica que deba efectuar la retención y/o proceder a la entrega de las cantidades embargadas, no diere cumplimiento al embargo trabado por el recaudador fiscal, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener. 4. Requerimiento de pago El artículo 171 del Código Tributario señala que la notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por carta certificada conforme a las normas de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 11 y artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendidas las circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil esto es entregando a cualquier persona adulta habida en el domicilia copia autorizada de la nómina en que figura el deudor y del mandamiento de ejecución y pago. 5. Traba de embargo Si se practica el requerimiento sin que se obtenga el pago, el recaudador fiscal, personalmente, procederá a la traba del embargo; pero, tratándose de bienes raíces, el embargo no surtirá efecto respecto de terceros, sino una vez que se haya inscrito en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. En igual forma se procederá en caso de bienes embargados que deban inscribirse en registros especiales, tales como acciones, propiedad literaria o industrial, bienes muebles agrícolas o industriales. Además de los lugares indicados en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse, en el caso del impuesto territorial, en la propiedad raíz de cuya contribución se trate; sin perjuicio también de la facultad del Tesorero Comunal para habilitar, con respecto de determinadas personas, día, hora y lugar. Tratándose de otros tributos, podrá hacerse en el domicilio o residencia indicado por el contribuyente en su última declaración que corresponda al impuesto que se le cobra. Para facilitar estas diligencias, los recaudadores fiscales podrán exigir de los deudores morosos una declaración jurada de sus bienes y éstos deberán proporcionarla. Si así no lo hicieren y su negativa hiciera impracticable o insuficiente el embargo, el abogado Provincial solicitará de la Justicia Ordinaria apremios corporales en contra del rebelde. El artículo 173 establece dos reglas relevantes para la traba del embargo. La primera dice relación con el cobro del impuesto territorial, caso en el que el predio se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley desde el momento que se efectúe el requerimiento. La segunda, indica que 108

tratándose de bienes corporales muebles, los recaudadores fiscales, en caso de no pago por el deudor en el acto de requerimiento practicado de conformidad al artículo 171, podrán proceder de inmediato a la traba del embargo, con el sólo mérito del mandamiento y del requerimiento practicado, dejando constancia en el expediente de todas estas diligencias. 6. Auxilio de la fuerza pública El artículo 172 indica que en este proceso el auxilio de la fuerza pública se prestará por el funcionario policial que corresponda a requerimiento del recaudador fiscal con la sola exhibición de la resolución del Tesorero Comunal o del Juez Ordinario en su caso, que ordene una diligencia que no haya podido efectuarse por oposición del deudor o de terceros. 7. Certificación del recaudador fiscal La norma contenida en el artículo 174 establece que practicado el embargo, el recaudador fiscal confeccionará una relación circunstanciada de los bienes embargados bajo su firma y sello, la que además será firmada por el ejecutado o persona adulta de su domicilio y en caso de no querer firmar, dejará constancia de este hecho. Añade la norma que en todo caso, una copia de la relación de los bienes embargados deberá ser entregada al ejecutado o persona adulta que haya presenciado la diligencia. En todos los casos en que el embargo se haya efectuado en ausencia del ejecutado o de la persona adulta que lo represente, el recaudador fiscal remitirá la copia de la relación por carta certificada dirigida al ejecutado, de lo que dejará constancia en el expediente. 8. Ampliación del embargo Es una facultad que puede ejercer el Tesorero Provincial y que se consagra en el inciso segundo del artículo 174 del Código Tributario. Dicha norma establece que verificado el embargo, dicho funcionario podrá ordenar ampliación del mismo, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir las deudas de impuestos morosos, reajustes, intereses, sanciones y multas. 9. Notificación y efecto de resoluciones en el procedimiento El artículo 175 prescribe que en los procesos seguidos contra varios deudores morosos, las resoluciones que no sean de carácter general sólo se notificarán a las partes a que ellas se refieran, y en todo caso las notificaciones producirán efectos separadamente respecto de cada uno de los ejecutados. 10. Normas sobre actuaciones procesales El inciso segundo del artículo 175 precisa que los recaudadores fiscales podrán estampar en una sola certificación, numerando sus actuaciones y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, las diligencias análogas que se practiquen en un mismo día y expediente respecto de diversos ejecutados. Asimismo, cada Tesorería Provincial deberá mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales. La Tesorería deberá recibir todas las presentaciones que hagan valer los ejecutados o sus representantes legales, debiendo timbrar el original y las copias que se le presenten con la indicación de las fechas. 11. Excepciones a la ejecución Cuando nos referimos a las excepciones a la ejecución lo hacemos a diversas circunstancias y argumentos jurídicos en virtud de los cuales el contribuyente se opone al cobro, planteando que a él no le corresponde pagar la suma que se le cobra o que la deuda está extinguida. El artículo 177 del Código Tributario señala que las excepciones que podrá oponer el contribuyente son: 109

  

Pago de la deuda. Prescripción. No empecer el título al ejecutado. Respecto de esta última excepción, el artículo 177 señala que si ella se opone no podrá discutirse la existencia de la obligación tributaria y para que sea sometida a tramitación deberá fundarse en algún antecedente escrito y aparecer revestida de fundamento plausible. Por el contrario, si no concurrieren estos requisitos el Tribunal la desechará de plano.

El contribuyente no puede alegar ninguna otra excepción, no obstante ello opera de pleno derecho la reserva del ejercicio de las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de petición ni declaración expresa. 12. Caso especial de la compensación En forma excepcional, según lo señala el inciso tercero del artículo 177, el contribuyente que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. Para solicitar esta compensación, será necesario que se haya emitido la orden de pago correspondiente. La Tesorería Comunal practicará una liquidación completa de las deudas cuyas compensaciones se solicita. Si la deuda en favor del contribuyente fuera inferior a la del Fisco, aquél deberá depositar la diferencia. Si efectuada la compensación quedare un saldo a favor del ejecutado se le pagará en su oportunidad o se le abonará en cuenta según lo solicite. Se entenderá en todo caso causal justificada para solicitar ante quien corresponda la suspensión de los apremios hasta por sesenta días, la circunstancia de ser el ejecutado acreedor del Fisco y no poseer los demás requisitos que hacen procedente la compensación. 13. Plazo para oponer las excepciones La norma contenida en el art. 176 del Código fija un plazo fatal de diez días hábiles contados desde la fecha del requerimiento de pago practicado al deudor.

14. Corrección y anulación de cobro Una facultad de mucha relevancia es la que confiere el inciso segundo del artículo 177 al Tesorero Provincial, ya que aquél en cualquiera estado de la causa, de oficio o a petición de parte, dictará las resoluciones que procedan para corregir los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro, tales como duplicidad o modificación posterior de boletines u órdenes de ingreso que le sirven de fundamento. 15. Trámites posteriores a la oposición de excepciones Conforme lo prescrito en el artículo 178, recibido el escrito de oposición del ejecutado por la Tesorería Provincial, el Tesorero examinará su contenido y sólo podrá pronunciarse sobre ella cuando fundándose en el pago de la deuda proceda acogerla íntegramente, caso en el cual emitirá una resolución en este sentido, ordenando levantar el embargo aplicado y dejar sin efecto la ejecución. La resolución que dicte deberá notificarse al ejecutado por cédula. El Tesorero podrá asimismo acoger las alegaciones o defensas que se fundamenten en errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro. Sin embargo, en ningún caso podrá pronunciarse el Tesorero sobre un escrito de oposición sino para acogerlo. 110

Cuando se deduzcan las excepciones y no quede de manifiesto el pago alegado o los errores o vicios, el expediente será remitido por el Tesorero Provincial al abogado Provincial o la Justicia Ordinaria en subsidio. La norma del artículo 178 indica que el Tesorero Provincial deberá pronunciarse sobre la oposición o las alegaciones del ejecutado dentro del plazo de cinco días al cabo de los cuales si no las ha acogido se entenderán reservadas para el Abogado Provincial, a quien se le remitirán en cuaderno separado conjuntamente con el principal, una vez concluidos los trámites de competencia del Tesorero Comunal y vencidos todos los plazos de que dispongan los contribuyentes contra quienes se ha dirigido la ejecución. Sin embargo, el ejecutado podrá solicitar la remisión inmediata de los antecedentes al Abogado Provincial cuando la mantención del embargo le causare perjuicios. En tal caso sólo se enviará el cuaderno separado, con compulsas de las piezas del cuaderno principal que sean necesarias para la resolución de la oposición. 16. Resolución del abogado regional o provincial Conforme el artículo 179, si transcurriera el plazo que el ejecutado tiene para oponerse a la ejecución sin haberla deducido a tiempo o habiéndola deducido, ésta no fuere de la competencia del Tesorero Regional o Provincial, o no la hubiere acogido, el expediente será remitido por éste al Abogado Regional o Provincial con la certificación de no haberse deducido oposición dentro del plazo, o con el respectivo escrito de oposición incorporado en el expediente. El Abogado Regional o Provincial comprobará que el expediente se encuentre completo y, en su caso, ordenará que se corrija por la Tesorería cualquiera deficiencia de que pudiere adolecer, y en especial deberá pronunciarse mediante resolución fundada acerca de las excepciones o alegaciones opuestas por el ejecutado, a quien se le notificará por cédula lo resuelto. El Abogado Regional o Provincial deberá resolver dentro del plazo de cinco días contados desde la recepción de los antecedentes respectivos. Subsanadas las deficiencias a que alude el inciso segundo, en su caso y no habiéndose acogido las excepciones opuestas por el ejecutado, el Abogado Regional o Provincial dentro del plazo de cinco días hábiles deberá presentar el expediente al Juzgado de Letras con un escrito en el que se solicitará del Tribunal que se pronuncie sobre la oposición, exponiendo lo que juzgue oportuno en relación a ella. En el caso de no existir excepciones, solicitará que, en mérito del proceso se ordene el retiro de especies y demás medidas de realización que correspondan. No deja de ser relevante la norma consagrada en el inciso final del artículo 179, ya que si el Tesorero o el Abogado no cumplen con las actuaciones dentro de los plazos que le fija el Código, el contribuyente ejecutado tendrá derecho para solicitar al Juzgado de Letras que requiera el expediente para su conocimiento y fallo. En este caso, el expediente y el escrito se presentarán ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento correspondiente al domicilio del demandado al momento de practicársele el requerimiento de pago. Será competente para conocer en segunda instancia de estos juicios, la Corte de Apelaciones a cuya jurisdicción pertenezca el Juzgado referido en el inciso anterior. 2° ETAPA COBRANZA JUDICIAL Una vez que el Abogado Provincial analiza el expediente de cobro y advierte que se ha cumplido con todos los requisitos legales para seguir adelante con la ejecución comienza la fase judicial. 1. Normas aplicables en subsidio

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Conforme lo señalado en el artículo 181 serán aplicables para la tramitación y fallo de las excepciones opuestas por el ejecutado las disposiciones de los artículos 467, 468, 469, 470, 472, 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sean pertinentes y que se refieren: 

El artículo 467 se refiere al desistimiento del ejecutante, en este caso el Fisco, el plazo y las consecuencias jurídicas del mismo.



El artículo 468 que se refiere a la recepción de la causa a prueba la causa y el término para rendirla que será de diez días, plazo que podrá ampliarse hasta diez días más, a petición del Fisco.

La misma norma indica que la prórroga deberá solicitarse antes de vencido el término legal, y correrá sin interrupción después de éste, agregando que por acuerdo de ambas partes podrán concederse los términos extraordinarios que ellas designen. El artículo 469 que dice relación con la prueba, la que se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario, debiendo el fallo que dé lugar a ella expresar los puntos sobre que deba recaer. 

La norma añade que vencido el término probatorio, quedarán los autos en la secretaría por espacio de seis días a disposición de las partes, antes de pronunciar sentencia. Durante este plazo podrán hacerse por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera, y una vez vencido, háyanse o no presentado escritos, y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes para oír sentencia.



El artículo 470 que fija el plazo para la dictación de la sentencia definitiva en un término de diez días, contados desde que el pleito quede concluso.



El artículo 472 que establece que si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el Fisco pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago.



El artículo 473 que se pone en el evento que al deducir el ejecutado oposición legal, expone en el mismo acto que no tiene medios de justificarla en el término de prueba, y pide que se le reserve su derecho para el juicio ordinario y que no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas de este juicio, caso en el que el tribunal dictará sentencia de pago o remate y accederá a la reserva y caución pedidas.



La del artículo 474 que dice relación con la reserva de acciones, indicando que si el deudor no entabla su demanda ordinaria en el término de quince días, contados desde que se le notifique la sentencia definitiva, se procederá a ejecutar dicha sentencia sin previa caución, o quedará ésta ipso facto cancelada, si se ha otorgado.

2. Primera notificación La primera resolución del Juzgado de Letras que recaiga sobre el escrito presentado por el Abogado Provincial, deberá notificarse por cédula, ello según lo señalado por el inciso final del artículo 181. 3. Resolución y apelación de fallo sobre excepciones opuestas El artículo 182 del Código señala que falladas las excepciones por el Tribunal Ordinario la resolución será notificada a las partes por cédula, las que podrán interponer todos los recursos que procedan de conformidad y dentro de los plazos señalados en el Código de Procedimiento Civil. Cabe precisar que el recurso de apelación que se interponga en contra de la resolución que falle las excepciones opuestas suspenderá la ejecución debiendo eso si el ejecutado, para que proceda la suspensión de la ejecución deberá consignar a la orden del Tribunal que concede la apelación, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de notificación de la resolución que concede el recurso, una suma equivalente a la cuarta parte de la deuda, sin considerar los intereses y multas para 112

estos efectos, salvo que la ejecución sea por multas en cuyo caso deberá, para los efectos señalados, consignar una suma equivalente a la cuarta parte de ellas. La exigencia establecida precedentemente, en caso de incumplimiento del contribuyente ejecutado significará, según lo expresado en el artículo 183, que continuará la ejecución, para lo cual el Juez conservará los autos originales y ordenará sacar compulsas en la forma y oportunidades señaladas en el Código de Procedimiento Civil, de las piezas que estime necesarias para la resolución del mismo, a costa recurrente. En el evento que el apelante no hiciere sacar las compulsas dentro del plazo señalado, el Juez declarará desierto el recurso sin más trámite. 4. Trámites posteriores a la resolución de las excepciones opuestas Conforme el artículo 184, dándose cualquiera de los siguientes supuestos a) no se opuso excepción; b) las que se opusieron fueron rechazadas por sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada o c) se dedujo apelación a la sentencia que las rechazó pero no se consignó la suma equivalente al veinticinco por ciento de la obligación que se cobra, el Juez ordenará el retiro de las especies embargadas y el remate, tratándose de bienes corporales muebles y designará como depositario a un recaudador fiscal con el carácter de definitivo, a menos que se le solicite que recaiga en el deudor o en otra persona. 5. Retiro de las especies El inciso segundo del artículo 184 indica que el recaudador fiscal procederá al retiro de las cosas muebles embargadas, debiendo otorgar al interesado un certificado en que dichas especies se individualicen bajo la firma y timbre del funcionario. Las especies retiradas serán entregadas para su inmediata subasta a la casa de martillo dependiente de la Dirección de Crédito Prendario y de Martillo que corresponda al lugar de juicio y si no hubiere oficina de dicha Dirección en la localidad, en la casa de martillo que se señale en el escrito respectivo del Abogado Provincial. Cabe precisar que el artículo 184, inciso final, establece que si el traslado resultare difícil u oneroso, el Juez autorizará que las especies embargadas permanezcan en su lugar de origen y la subasta la efectúe el Tesorero Comunal, sin derecho a comisión por ello. 6. Subasta de bienes raíces El artículo 185 señala que la subasta de los bienes raíces será decretada por el Juez de la causa, a solicitud del respectivo Abogado Regional o Provincial, cualquiera que sean los embargos o prohibiciones que les afecten, decretados por otros Juzgados, teniendo como única tasación la que resulte de multiplicar por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente para los efectos de la contribución de bienes raíces. En cuanto a los avisos a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, se reducirán en estos juicios a dos publicaciones en un diario de los de mayor circulación del departamento o de la cabecera de la provincia, si en aquél no lo hay. En dichos avisos deberán indicarse a lo menos los siguientes antecedentes: a) nombre del dueño del inmueble, su ubicación, tipo de impuesto y período y b) número del rol, si lo hubiere, y el Tribunal que conoce del juicio. Añade el inciso final del artículo 185 que el Servicio de Tesorerías deberá emplear los medios a su alcance para dar la mayor publicidad posible a la subasta. Finalmente, el artículo 199 establece que en los casos de realización de bienes raíces en que no hayan concurrido interesados a dos subastas distintas decretadas por el juez, el Abogado Provincial podrá solicitar que el bien o bienes raíces sean adjudicados al Fisco, por su avalúo fiscal, debiéndose en este caso, pagar al ejecutado el saldo que resultare a favor de éste previamente a la suscripción de la escritura de adjudicación.

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Prohibición Especial: La norma establece como limitación que los Tesoreros Regionales o Provinciales y recaudadores fiscales no podrán adquirir para sí, su cónyuge o para sus hijos las cosas o derechos en cuyo embargo o realización intervinieren. 7. Trámites posteriores a la subasta Conforme lo expresado en el artículo 189, una vez consignado el precio del remate, en el plazo de quince días se deberá dar conocimiento de la subasta a los jueces que hayan decretado embargo o prohibiciones de los mismos bienes. En estos casos, el saldo que resulte después de pagadas las contribuciones y los acreedores hipotecarios, quedará depositado a la orden del juez de la causa para responder a dichos embargos y prohibiciones y ordenar las cancelaciones que correspondan. 8. Reglas sobre representación del Fisco La representación Judicial del Fisco en el procedimiento judicial que se produzca o derive del cobro, pago o extinción de obligaciones tributarias y créditos fiscales, será asumida en cuanto a representación y patrocinio por el Abogado Provincial. El artículo 186 indica que, no obstante la regla anterior, el Fiscal de la Tesorería General podrá asumir la representación del Fisco en cualquier momento, sin perjuicio de las atribuciones que sobre estas materias les competan a otros organismos del Estado. Por su parte, el Abogado Regional o Provincial podrá designar, bajo su responsabilidad, como procurador a alguno de los funcionarios de Tesorerías. El artículo 191 indica que se tendrá como parte en segunda instancia al respectivo Abogado Regional o Provincial, aunque no comparezca personalmente a seguir el recurso. 9. Excepción en materia de confesión judicial Una norma de privilegio se consagra en el artículo 186 del Código Tributario, ya que señala que ni el Fiscal de la Tesorería General ni los Abogados Regionales o Provinciales estarán obligados a concurrir al Tribunal para absolver posiciones y deberán prestar sus declaraciones por escrito en conformidad a lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. 10. Inhabilitación de los recaudadores fiscales El artículo 187 señala que para inhabilitar a los recaudadores fiscales será necesario expresar y probar alguna de las causales de implicancia o recusación de los jueces en cuanto les sean aplicables.

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Capítulo 21: Ley de la Renta IMPUESTO A LA RENTA Estructura de la Ley de la Renta Desde el punto de vista formal, la Ley de la Renta (en adelante LIR) se encuentra contenida en el art. 1° del D.L. 824, publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre del año 1974. Consta de 5 Títulos y 109 artículos. TÍTULO I:    

Párrafo 1° Párrafo 2° Párrafo 3° Párrafo 4°

Destino del Impuesto (art. 1°) Definiciones (art. 2°) Contribuyentes (arts. 3° al 9°) Disposiciones varias (arts. 10 al 18)

TÍTULO II: RENTAS DE LA PRIMERA CATEGORÍA      

Párrafo 1° Párrafo 2° Párrafo 3° Párrafo 4° Párrafo 5° Párrafo 6°



RENTAS DE LA SEGUNDA CATEGORÍA Párrafo 1° Contribuyentes 2° Categoría (art. 42 al 51)

Contribuyentes 1° Categoría (arts. 19 al 21) Pequeños contribuyentes (arts. 22 al 28) Base imponible y débito fiscal (art. 29 al 38 Bis) Rentas y contribuyentes exentos (arts. 39 y 40) Corrección Monetaria (art. 41) Normas sobre doble tributación (arts. 41 A, B, C y D)

TÍTULO III: IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO  

Párrafo 1° Párrafo 2°

Contribuyentes y Tasa de impuesto (arts. 52 y 53) Base imponible (arts. 54 al 57 Bis)

TÍTULO IV: IMPUESTO ADICIONAL 

Párrafo 1°

Contribuyentes, Base Imponible y Tasa del impuesto (arts. 58 al 64)

TÍTULO V: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO     

Párrafo 1° Párrafo 2° Párrafo 3° Párrafo 4° Párrafo 5°

Declaración de impuesto (arts. 65 al 72) Retenciones de impuesto (arts. 73 al 83) Pagos provisionales (arts. 84 al 100) Informes obligatorios al SII (arts. 101 al 102) Disposiciones varias (art. 103)

TÍTULO VI: DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL MERCADO DE CAPITALES Artículos 104 al 109 115

De la materia y destino del impuesto Art. 1°. Establécese, de conformidad a la presente ley, a beneficio fiscal, un impuesto sobre la renta. Conceptos (art. 2°) Renta, los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades de patrimonio que se perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Análisis de los términos comprendidos en el concepto de renta. 

Ingreso. Está constituido por la riqueza que fluye desde afuera; es algo que entra, que pasa a ser disponible por alguien o a formar parte del patrimonio de una persona. Además, el ingreso debe ser determinable o apreciable en dinero. Las fuentes de un ingreso podrían ser el trabajo humano, el capital, o la combinación de trabajo y capital.



Utilidad. Provecho o interés que se saca de una cosa.



Beneficio. Es el bien que se hace o se recibe. También significa utilidad, provecho. Solo el beneficio susceptible de apreciación pecuniaria es el que debe considerarse para los fines de la LIR. Por ejemplo, constituye beneficio el goce de una casa-habitación sin obligación de pagar arriendo, la alimentación gratuita, la remisión de una deuda, etc.



Incremento de patrimonio. Es el acrecimiento de los bienes corporales o incorporales, susceptibles de apreciación pecuniaria, de una persona. No es necesario que este crecimiento de los bienes o enriquecimiento tenga su origen en una fuente conocida o que se identifique con utilidades o ingresos de una actividad, para su calificación como renta. Es solo suficiente su existencia.



Renta devengada. Aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular.



Renta percibida. Aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago.



Renta mínima presunta. Es la cantidad que no es susceptible de deducción alguna por parte del contribuyente.



Capital efectivo. Es el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representan inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden.



Sociedades de personas. Las sociedades de cualquier clase o denominación, excluyéndose únicamente a las anónimas.



Año calendario. El período de doce mees que termina el 31 de diciembre.



Año comercial. El período de doce meses que termina el 31 de diciembre o el 30 de junio y, en los casos de término de giro, del primer ejercicio del contribuyente o de aquél en que opere por primera vez la autorización de cambio de fecha del balance, el período que abarque el ejercicio respectivo según las normas de los incisos séptimo y octavo del artículo 16° del Código Tributario.



Año tributario. El año en que deben pagarse los impuestos o la primera cuota de ellos.

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Esquema del concepto renta contenido en el art. 2° de la LIR

Completa Contabilidad Efectiva

Simplificada S/Contabilidad

CAPITAL Agrícola Derecho

Transporte Minería

Presunta Legal

RENTA Sueldos Dependiente Dietas TRABAJO Honorarios Independiente Sociedades Profesionales

SUJETO PASIVO El sujeto pasivo de la obligación tributaria en la ley sobre impuesto a la renta, es el que obtiene la renta, y para su identificación se debe relacionar su actividad y la forma de organización adoptada. Las personas domiciliadas o residentes en Chile

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Están obligados a pagar impuestos sobre sus rentas de fuente chilena y extranjera, excepto los extranjeros durante los tres primeros años de su permanencia en Chile. Las personas sin domicilio ni residencia en Chile Están obligados a pagar impuestos sobre sus rentas de fuente chilena, excepto algunos casos contemplados en el artículo 59 de la ley, sobre impuesto adicional, por servicios prestados en el exterior por personas sin residencia o domicilio en Chile. Se trata de servicios prestados por personas sin residencia o domicilio en Chile y rentas de fuente extranjera y las actividades desarrolladas en el exterior.

Domicilio o residencia Para analizar el concepto de domicilio aplicado en materias tributarias, debemos remitirnos al artículo 59 del Código Civil el que señala: “El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.” Por su parte el artículo 4° de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece una norma complementaria, que dice: “la sola ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida de domicilio en Chile, para los efectos de esta ley. Esta norma se aplicará, asimismo, respecto de las personas que se ausenten del país, conservando el asiento principal de sus negocios en Chile, ya sea individualmente o a través de sociedades de personas.” El concepto de residencia si está definido en materias tributarias y se manifiesta en el artículo 8 N° 8 del Código Tributario, que señala: “Se entenderá por residente, toda persona natural que permanezca en Chile más de 6 meses en un año calendario, o más de 6 meses en total dentro de dos años tributarios consecutivos”. En resumen existe una tendencia a simplificar en términos de utilizar el elemento de la residencia, a fin de contestar si está domiciliado o no está domiciliado. Por ejemplo, un extranjero que viene al país a trabajar, será o no será residente en Chile. La tendencia indicaría que por los 6 primeros meses sería no residente y a partir de ahí si es residente en Chile. La respuesta debería relacionarse con el ánimo de permanecer en el país, y entonces se deberá tomar en consideración el elemento domicilio, ya que una persona puede estar domiciliada el primer día que llega al país, puesto que prima el ánimo de permanencia y no necesariamente el domicilio pasa por una residencia previa. Siguiendo el ejemplo, se agrega que esta persona llega al país en el cargo de representante de un banco extranjero y con ello estará domiciliado en Chile, cuando llegue al país. El domicilio o residencia es importante, para determinar si paga o no impuestos en Chile y qué impuestos debe pagar. Domiciliados o residentes en Chile. Pagan impuesto global complementario. Domiciliado o residentes en el extranjero. Pagan impuesto adicional.

Fuente de las rentas La fuente de las rentas o territorialidad del impuesto, se relaciona con la pregunta: ¿cuál es el origen de la renta?, vinculada a aquellas rentas que procedan de una cierta actividad o de un bien en particular, la cual podrá ser: 118

 

Rentas de fuente chilena. Rentas de fuente extranjera.

La ley define lo que es renta de fuente chilena y por exclusión deberíamos entender el concepto de renta de fuente extranjera. Renta de fuente chilena, son aquellas que proviene de:  

Bienes situados en Chile. Actividades desarrolladas en Chile, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente.

Existen ciertas situaciones, en las cuales la ley se ha preocupado de definir donde está la fuente de la renta, y que son:    

En los intereses de los créditos. Se entiende que la renta está en el domicilio del deudor. En las acciones de sociedades anónimas. Estará en el lugar de constitución de la sociedad. Marcas, patentes, regalías. La fuente de la renta de un arrendamiento estará en el lugar donde se explota y no en el domicilio de la entidad que arrienda. En los derechos de sociedades de personas. Será el lugar de la constitución de la sociedad.

Como regla general, pagan impuestos los domiciliados o residentes sobre las rentas de todo origen, independientemente de la fuente de la renta o del lugar donde está esa fuente (art. 3 de la LIR). La excepción la constituyen los extranjeros en los tres primeros años de su permanencia en Chile, los que tributan solo sobre sus rentas de fuente chilena. Este plazo puede ser prorrogado por el Director Regional en casos calificados. Otros contribuyentes Según el art. 5° de la LIR, las rentas efectivas o presuntas de una comunidad hereditaria corresponderán a los comuneros en proporción a sus cuotas en el patrimonio común. Mientras las cuotas no se determinen, el patrimonio indiviso se considera como la continuación de la persona del causante, y se gravará con el impuesto de categoría y con el impuesto global complementario. Transcurrido el plazo de tres años desde la apertura de la sucesión, las rentas efectivas o presuntas, corresponderán a los comuneros en proporción a sus cuotas en el patrimonio común y deberán ser declaradas por estos. En las comunidades no hereditarias, según lo dispone el art. 6° de la LIR, los comuneros o socios serán solidariamente responsables de la declaración y/o pago de los impuestos por las rentas de la comunidad o sociedad de hecho. El comunero se libera de la solidaridad si en su declaración de renta individualiza a los otros comuneros o socios, indicando domicilio y su cuota común. Son también sujetos de la obligación tributaria   

Los administradores de bienes. Art. 7° de la LIR. Los funcionarios fiscales. Art. 8° de la LIR. Los diplomáticos en general. Art. 9° de la LIR.

INGRESOS NO RENTA Es tan amplio el concepto de renta que define la ley, que la misma norma establece aquellas cantidades que no son constitutivos de renta, entre las cuales encontramos: Artículo 17º.- No constituye renta: 1°. La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada. Tratándose de bienes susceptibles de depreciación, la indemnización percibida hasta concurrencia del valor inicial del bien reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el

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último día del mes que antecede al de adquisición del bien y el último día del mes anterior a aquél en que haya ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización. Lo dispuesto en este número no regirá respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la Primera Categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente. 2°.

Las indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea que consistan en sumas fijas, renta o pensiones.

5°.

El valor de los aportes recibidos por sociedades, sin perjuicio de que el aportante debe estar en condición de justificar el origen de los fondos con los que está financiando dichos aportes.

6º.

La distribución de utilidades o de fondos acumulados que las sociedades anónimas hagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo ello representativo de una capitalización equivalente como así también, la parte de los dividendos que provengan de los ingresos a que se refiere este artículo.

7º.

Las devoluciones de capitales sociales. Las devoluciones de capitales sociales y los reajustes de estos efectuados de conformidad a esta ley o a leyes anteriores, siempre que no correspondan a utilidades tributables capitalizadas que deben pagar los impuestos de esta ley.

9º.

La adquisición de bienes de acuerdo con los párrafos 2º y 4º del Título V del Libro II del Código Civil o por prescripción, sucesión por causa de muerte o donación   

Aluvión: aumento que recibe la ribera de la mar, de un río o de un lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. (Artículo 649 del Código Civil) Avulsión: acrecentamiento de un predio por una fuerza violenta natural que transporta una porción del suelo de un predio al predio de otra persona. Cambio de cauce de un río.

11º.

Las cuotas que eroguen los asociados. Debe tratarse de contribuciones fijas o variables, periódicas, que los asociados de una persona jurídica o de cualquier organización colectiva hacen a esta para afrontar gastos u otros fines sociales.

12º.

El mayor valor que se obtenga en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación.

13º.

La asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses.

14º.

La alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director Regional. 120

15º.

Las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del Director Regional.

16º.

Las sumas percibidas por concepto de gastos de representación siempre que dichos gastos estén establecidos por ley.

17º.

Las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera.

18º.

Las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio.

19º.

Las pensiones alimenticias que se deben por ley a determinadas personas, únicamente respecto de éstas.

29º.

Los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley.

30°.

La parte de los gananciales que uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, perciba del otro cónyuge, sus herederos o cesionarios, como consecuencia del término del régimen patrimonial de participación en los gananciales

IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA Concepto Están gravadas con el impuesto de primera categoría aquellas rentas que provienen de inversiones o negocios que requieren de un capital o en cuya obtención predomina el capital sobre el esfuerzo personal o trabajo personal. Origen histórico La actual primera categoría fue establecida en la ley N° 15.564, correspondiendo a la fusión de las 4 primeras categorías de las anteriores leyes de renta que se referían a los ingresos provenientes de los bienes raíces, de los capitales mobiliarios, de la industria y del comercio y de la minería y metalurgia.

Elementos de la obligación tributaria En el impuesto de primera categoría podemos señalar brevemente los distintos elementos de la obligación tributaria: 

Sujeto activo “el Fisco”: de este modo, el artículo 1° de la ley, señala: Establécese de conformidad a la presente ley, a beneficio fiscal, un impuesto sobre la renta”.



Sujeto pasivo: persona natural o jurídica, titular de rentas devengadas o percibidas que provienen de inversiones o negocios que requieren de capital o en cuya obtención predomina el capital por sobre el esfuerzo personal.

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Hecho gravado: consiste en la renta o ganancia proveniente de inversiones o negocios que requieren de un capital por sobre el esfuerzo personal.



Tasa: este impuesto es de carácter proporcional, siendo su tasa actual (año 2017) del 25%, 25,5% y 27% de la renta imponible, dependiendo en el régimen en el cual tributa, cualquiera sea el monto de ella (ver art. 20 de la Ley de Renta año 2017).

Las tasas de Primera Categoría, son las siguientes: Años comerciales en que se aplica la tasa de 1° Categoría 1977 al 1990 1991 al 2001 2002 2003 2004 hasta 2010 2011 hasta 2013 2014 2015 2016 2017 y sgtes contribuyentes del art. 14, letra A LIR 2017 contribuyentes sujetos al art. 14, letra B LIR 2018 y sgtes contribuyentes al art. 14, letra B LIR

Tasas de 1° Categoría 10% 15% 16% 16,5% 17% 20% 21% 22,5% 24% 25% 25,5% 27%

Características del Impuesto de 1° Categoría Es un impuesto de carácter real. Cuanto grava las rentas atendiendo solo a su origen, con independencia de las condiciones personales del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a la herencia. El impuesto de 1° categoría grava las rentas que provienen de actividades de negocios o de inversiones que requieren de un capital o cuya obtención predomina el factor capital por sobre el trabajo personal. Es un impuesto directo. En el sentido de que la carga tributaria debe ser soportada por el titular de la renta, es decir, por aquella persona que va a generar la riqueza, sin que la ley lo faculte para trasladarlo a un tercero. Es un impuesto de tasa proporcional. Ya que el porcentaje del impuesto en relación a la renta, permanece constante, cualquiera que sea el monto de la renta. En términos reales, este impuesto (tasa) asciende a un 25% o 27% de la renta efectiva o presunta del ejercicio, según corresponda. Sin embargo, las ganancias obtenidas de premios de lotería están afectos a una tasa de un 15% en carácter de impuesto único (art. 20 N° 6 de la Ley de Impuestos a la Renta). Se tributa por regla general sobre renta devengada. Los contribuyentes de 1° categoría que declaren renta efectiva sobre la base de contabilidad completa (art. 29 inc. 2° de la LIR) tributan sobre las rentas devengadas, es decir, aun cuando no hayan ingresado materialmente al patrimonio. Por ejemplo, la sociedad “Los Alerces S.A.” vendió productos por $200.000.000, los cuales no han sido pagados al momento de la venta. Sin embargo, este ingreso se considera devengada y forma parte de la renta líquida imponible del contribuyente. Cabe hacer presente que esta renta estará percibida cuando el comprador de los productos pague a la sociedad los $200.000.000. Este impuesto constituye para el contribuyente un crédito contra el Fisco. Que puede hacerse valer contra el impuesto global complementario y el impuesto adicional. Esto está en el art. 20 inc. 1° en relación con los arts. 56 N° 3 y 63. Esta característica del impuesto de 1° categoría de constituir créditos contra los impuestos personales de los dueños de las empresas (global complementario y adicional) fue establecido por la ley N° 18.293 y ha significado un profundo cambio en cuanto a la naturaleza misma de este tributo, ya que en el fondo ha pasado a ser un anticipo del pago del impuesto global 122

complementario y/o impuesto adicional. Se pagará impuesto global complementario cuando el socio, accionista (en caso que la empresa que tributa en 1° categoría sea una sociedad) o propietario (si tributa en 1° categoría sea una sociedad) o propietario (si tributa en 1° categoría como persona natural o mediante una E.I.R.L = Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) tenga su domicilio en Chile. En cambio, si el socio, accionista o propietario tiene residencia en el extranjero, tributará con el impuesto tradicional. De este modo, se evita que una misma renta tribute dos veces. Por ejemplo, en primer lugar cuando la empresa obtenga las rentas, y luego, cuando las rentas se distribuyan a los socios. Impuesto de declaración y pago anual. En efecto, la regla general es que los contribuyentes de este impuesto deben hacer una declaración anual de sus rentas en el mes de abril en cada año, en relación a los que haya obtenido en el año calendario o comercial anterior. Por ejemplo, estamos en el año tributario actual en donde se declaran los impuestos del año calendario o comercial anterior. Es un impuesto sujeto o afecto al sistema de pagos provisionales mensuales. Conocidos también como PPM a cuanta del impuesto de declaración y pago anual (art. 84 y sgtes). El sistema de pagos provisionales mensuales obligatorios fueron incorporados a la ley de la renta por la ley N° 17.828, como una manera de hacer más uniforma y permanente para el Fisco la percepción del ingreso tributario, aliviando al mismo tiempo la carga financiera del contribuyente, al ir efectuando pagos mensuales a cuenta del impuesto anual. Conforme a la ley actual, la parte del impuesto a la renta no cubierta con los PPM debe pagarse dentro del plazo legal para hacer la declaración anual de renta y conjuntamente con la presentación de éstas, en el art. 72. El Impuesto de Primera Categoría es un impuesto a la Renta de Capital: Esta renta se obtiene producto de la utilización del Capital con la conjugación del elemento humano. Análisis de los hechos gravados en el Impuesto de 1° Categoría El art. 20 de la LIR, a través de seis números señala distintos hechos gravados con el impuesto de 1° categoría. La regla general es que todo incremento de patrimonio que no esté afecto a otro impuesto de la renta queda sujeto a este tributo conforme al numeral 5° del art. 20 que indica: “Todas las rentas, cualquiera que fuere su origen, naturaleza o denominación cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas”. La única otra categoría impositiva establecida en nuestra ley, es la denominada 2° categoría, que afecta a las rentas en que predomine el trabajo personal. La ley distingue según la naturaleza del capital utilizado para producir rentas, identificando en el mismo art. 20 las siguientes reglas: Art. 20 de la LIR. Actividades clasificadas en esta categoría: 1°. Rentas de Bienes Raíces. 2°. Rentas de Capitales Mobiliarios. Las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación, y que no estén expresamente exceptuados. 3°. Rentas de la Industria; Comercio; Minería; Transporte; Institución Financieras; Adm. FF.MM; T.V.; Constructoras; Seguros; Cías Aéreas; etc. Industria, comercio, minería, explotación riquezas del mar, otras actividades extractivas, compañías aéreas, compañías de seguros, bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades de inversión, empresas financieras y otras análogas, constructoras, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos, telecomunicaciones. 4°. Remuneración Corredores; Comisionistas; Colegios; Clínicas; Hospitales; Boites; etc. Rentas obtenidas por corredores, salvo caso del art. 42 N° 2, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduanas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuarios y aduanero, agentes de seguros que sean personas naturales, colegios, academias e 123

institutos de enseñanza particular y otros de este género, clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares, empresas de diversión y esparcimiento. 5°. Otras rentas innominadas. Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otras categorías ni se encuentren exentas. 6°. Premios de lotería, pagan un 15% en carácter de impuesto único. Los premios de lotería, pagarán el impuesto, de esta categoría con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Este impuesto se aplicará también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior. Esquema de determinación de la R.L.I. de primera categoría Respecto de lo señalado en el párrafo anterior, a continuación se presenta el esquema a través del cual es posible determinar la Base Imponible del Impuesto de Primera Categoría. INGRESOS BRUTOS 29°)……………………………………………………………………………...........… (=)

(ART.

(MENOS) Costo directo de los bienes y servicios (art. 30) RENTA BRUTA ……………………………………………………………………………………………………………… $(=) (MENOS) Gastos necesarios para producir la renta, pagados o adeudados (art. 31°) RENTA LÍQUIDA…………………………………………………………………………………………………… ……… $(=) (MÁS/MENOS) Ajuste por corrección monetaria (art. 32°) RENTA LÍQUIDA AJUSTADA…………………………………………………………………………………………. (=) Agregados y Deducciones (Art. 33°) (MÁS)

Partidas no aceptadas como gastos y rebajadas de la renta bruta (N° 1, art. 33°).

(MENOS) Partidas no afectas a impuestos e incluidas en los ingresos brutos (N°2, art. 33°). RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE PRIMERA CATEGORÍA O PÉRDIDA TRIBUTARIA…………….. (=)

Ingresos brutos (art. 29) Constituyen ingresos brutos en general, todos los bienes y valores que obtiene o genera la empresa, derivadas de bienes y actividades de la primera categoría. El calificativo de “bruto” implica ingreso sin deducción alguna, o sea sin descontar costos ni gastos. La regla general señala que se deben computar en el año de su percepción o su devengo. Se excluyen de lo anterior aquellas personas que reciban rentas exclusivamente clasificadas en el art. 20 N° 2, caso en cual tales ingresos se deben computar en el año de su percepción. En el caso de los contratos de promesa de venta, los ingresos respectivos se deben incluir en los ingresos brutos del año en que se suscriba el contrato de venta correspondiente. Tratándose de contratos de construcción por suma alzada, el ingreso bruto será incluido en el año en que se formule el cobro respectivo. Costo directo (art. 30) 124

Para determinar la renta bruta, los contribuyentes de la primera categoría deben deducir el costo directo correspondiente de acuerdo a las siguientes normas: 

Mercaderías compradas en el país

Precio de factura, contrato u otra convención. Valor del flete y seguro desde la bodega del proveedor a las de la empresa, optativamente. Esta opción repercute directamente en el resultado por cuanto si agregan a costo su efecto solo se producirá cuando las mercaderías sean vendidas, en cambio, si no forman parte del costo, inmediatamente repercutirán en el resultado. 

Mercaderías compradas en el extranjero

Valor CIF (costo, seguro y flete), conforme a la factura del proveedor, al tipo de cambio vigente a la fecha de la factura (valor observado). Derechos de internación. Gastos de desaduanamiento. Valor del flete y seguros nacionales, optativamente. 

Productos manufacturados por la empresa

Materia prima directa, considerando para su valoración según su origen, lo indicado anteriormente. Algunos servicios de complementación industrial, tales como pintura, teñido, etc. Mano de obra directa (salarios, sobretiempo, bonos de producción, gratificaciones, etc.) 

En las prestaciones de servicio

Mano de obra directa. Materiales y repuestos utilizados. Servicios recibidos de terceros, usados o empleador en la prestación efectuada.

Queda claramente establecido, que los gastos indirectos de fabricación no forman parte del costo tributario sin perjuicio de su deducción en virtud del art. 31 de la ley. Gastos necesarios para producir la renta (art. 31) Constituyen gastos necesarios todas aquellas partidas que no pueden ser deducidas en virtud del art. 30, y que cumplen con los siguientes requisitos:       

Que correspondan al ejercicio. Pagados o devengados en el ejercicio. Que se relacionen con el giro o actividad de la empresa. Que sean obligatorios e inevitables. Que estén debidamente documentados. Que no correspondan a la adquisición, arrendamiento, mantención y otros gastos relacionados con automóviles, station wagons y similares, cuando este no sea el giro habitual. Que no se relacionen con aquellos bienes sobre los cuales se aplique la presunción de derecho del artículo 21 (retiro presunto), al igual que bienes que no generen rentas gravadas en esta categoría.

El art. 31 enumera los principales gastos, no todos, indicando en cada caso los requisitos que deben cumplir para poder disminuir la renta bruta declarada, y llegar a lo que conocemos como renta líquida. N° 1. Intereses y reajustes

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Se aceptan como gasto los intereses y reajustes referidos a créditos otorgados por proveedores e instituciones financieras excepto aquellos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría. En el caso de intereses por saldos de precios de bienes del activo fijo, se aceptan como gasto aquellos que se devenguen desde que el bien sea utilizado, es decir, cuando comienza a producir. En cambio los devengados antes que estos entren en funcionamiento, pueden ser deducidos como gasto o ser considerados como un mayor costo de activo. (Oficio N° 1454 del 02.05.1991). A contar del A.T. 1991 se aceptan incluso los pagados por préstamos efectuados por los socios a la sociedad, o por la mantención de las utilidades en la empresa. (Oficio N° 1359 del 24.04.1991). No se aceptan como gastos: Los intereses moratorios, reajustes y multas pagadas al Fisco, municipalidades y otras instituciones creadas o reconocidas por el Estado. Cuando correspondan al financiamiento de ingresos u operaciones exentas o afectas a impuesto sustitutivos. N° 2. Impuestos establecidos por leyes chilenas Debe tratarse de impuestos que sean soportados por la empresa con motivo del desarrollo de sus actividades, pudiendo ser alguno de los que se indican a continuación:     

Impuesto de timbres y estampillas. Patentes municipales. Permisos de circulación de vehículos de trabajo. I.V.A. totalmente irrecuperable. Los contribuyentes de bienes raíces o Impuesto Territorial cuando no constituyan un crédito contra el impuesto de primera categoría.

En ningún caso son aceptados como gasto cualquiera de los impuestos establecidos por la misma ley de la renta, así como tampoco las contribuciones especiales de fomento o mejoramiento e impuestos sustituidos por una inversión en beneficio del contribuyente. N° 3. Pérdidas de activos y pérdidas tributarias de ejercicios anteriores Los siniestros que afecten a los activos de una empresa, representan una pérdida, teniendo en consideración como un ingreso bruto (art. 17 N° 1 de la LIR). En todo caso, en general, las pérdidas deben acreditarse fehacientemente, por ejemplo, mediante constancias en Carabineros de Chile en el caso de robos y hurtos. Cuando se trate del deterioro material que pudieran sufrir los bienes del activo, este deberá ser constatado por un funcionario del SII previo aviso dentro del plazo de 48 horas, salvo el caso de contribuyentes con resoluciones especiales para estos efectos. A contar del 01.01.1984 se eliminó el tope de 5 años para imputar las pérdidas de un ejercicio a los resultados de los ejercicios siguientes. A contar de esa fecha, las pérdidas se pueden imputar a los ejercicios futuros sin límite de tiempo hasta su total extinción, por lo que actualmente pueden imputarse pérdidas generadas a partir del ejercicio comercial 1979 (Circular N° 54 de 1984). Es importante recordar que las pérdidas experimentadas en un ejercicio comercial determinado deben imputarse en primer término a las utilidades no retiradas de la empresa correspondiente a ejercicios iniciados desde el 01.01.84, y luego, a las utilidades de los ejercicios siguientes, en forma consecutiva y sucesiva, hasta su total extinción. El derecho a deducir las pérdidas experimentadas en un ejercicio, está concebido exclusivamente en beneficio del mismo contribuyente que sufrió el mencionado detrimento patrimonial y no en beneficio de personas jurídicamente distintas a él. (Circular N° 109 de 1977).

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Las pérdidas cuya deducción permite la norma en comento, son aquellas determinadas aplicando a los resultados del balance, las normas sobre determinación de la R.L.I. contenidas en los artículos 29 al 33 de la L.I.R. No obstante lo anterior, las pérdidas deben ser acreditadas fehacientemente por el contribuyente con los Libros de Contabilidad y documentación de respaldo correspondiente. (Oficio N°164 del 27.01.1997).

N° 4. Deudores Incobrables Se acepta rebajar de la "Renta Bruta" anual los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. No se acepta la deducción de la "Renta Bruta" la mera estimación para hacer frente a eventuales deudores incobrables, ya que es necesario que la imposibilidad del cobro se haya materializado efectivamente una vez agotado prudencialmente los medios destinados a hacer efectiva la deuda. Requisitos para admitir la deducción de castigos por créditos incobrables (Circular N° 24 de 2008). 

Que provengan de operaciones relacionadas con el giro del negocio



Que previamente y en su oportunidad haya quedado constancia en los libros de las operaciones que dieron origen a tales deudas y que el sistema contable en uso permita el control y verificación de las cuentas respectivas, de tal modo que si se produce posteriormente el pago de estos créditos castigados, aparezca dicha suma como utilidad o incorporada a la Renta Líquida Imponible.



Que respecto de ellos se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

Además deberá tenerse presente el interés del contribuyente para obtener la recuperación de la deuda ya sea por vías legales (demandas judiciales) o extralegales (aceptación de nuevos documentos), etc. N° 5. Depreciaciones Norma General. Anualmente puede rebajarse como gasto una cuota de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado, considerando lo siguiente:  

Los años de vida útil que mediante normas generales o especiales, a petición de parte, haya fijado el SII. Que el bien se encuentre en funcionamiento.

Bienes que completan su vida útil. Deben quedar en la contabilidad por un valor meramente informativo de un peso. Este valor no forma parte del Capital Propio, no es reajustable ni depreciable. Desaparece cuando el bien es eliminado de la empresa, por venta, retiro u otra causa. Mayor valor que se obtenga al enajenar bienes totalmente depreciados. El mayor valor que se obtenga por comparación entre el precio de venta y el valor de un peso por el cual se encuentren representados los bienes del activo fijado totalmente depreciados, constituye una renta clasificada en el N° 5 del art. 20 y, por tanto, queda afecta a los impuestos de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional, según proceda. Depreciaciones aceleradas. Optativamente, las empresas de Primera Categoría pueden acogerse a un régimen de depreciación acelerada de sus bienes físicos del activo inmovilizado, consistente en reducir a un tercio los años de vida útil fijados por la Dirección Nacional, mediante normas de carácter general, o los años de vida útil fijados por la Dirección Regional, mediante normas particulares

127

pronunciadas a raíz de solicitudes de las empresas que someten sus bienes a jornadas extraordinarias de trabajo o bajo condiciones físicas o geográficas que determinen un mayor desgaste que el normal. No se acepta la depreciación de automóviles, station wagon y similares, excepto empresas Rent a Car y otras afines. Tampoco se acepta la depreciación de los bienes adquiridos en Leasing, ya que desde el punto de vista tributario aún no son de la empresa (no se ha hecho uso de la opción de compra) y sólo constituye un gasto por arriendo. Por lo tanto, la depreciación de los bienes en Leasing ("Activos en Leasing") pasa a constituir un agregado a la R.L.I. N° 6. Remuneraciones. De conformidad con lo dispuesto por este número, se aceptan como deducción de la “renta bruta” anual:   





Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales. Gratificaciones legales y contractuales. Participaciones y gratificaciones voluntarias. Deben entenderse aquellas que no nacen de una ley, convenio, acta de avenimiento o contrato individual o colectivo, de tal modo que su origen se encuentra en una actitud unilateral de la empresa, sin que medie por ello obligación legal o contractual que la obligue al pago. Sueldos que se asignen el empresario individual, los socios de sociedades de personas o a los socios gestores de sociedades en comandita por acciones. A contar del 01.01.90, se aceptan como gasto en la determinación de la Renta Líquida Imponible de 1° Categoría, si cumplen los siguientes requisitos: Que el socio trabaje efectiva y permanentemente en el negocio o empresa. Que sobre su monto se hayan efectuado cotizaciones previsionales obligatorias (tope máximo actual 60 U.F. mensuales). Que dichas remuneraciones se afecten con el impuesto único de 2° categoría que grava los sueldos, en la medida que excedan del monto exento (13,5 UTM). Remuneraciones por servicio prestados en el extranjero, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean a juicio del Director Regional, por su monto y naturaleza, necesarios y convenientes para producir la renta en Chile.

N° 6 bis. Becas de Estudio. De conformidad a lo dispuesto por el nuevo N° 6 bis del artículo 31 de la Ley de la Renta, las becas de estudio que las empresas otorguen a los hijos de sus trabajadores, se aceptarán como un gasto necesario para producir la renta, siempre y cuando los requisitos para acceder a ellas lleven implícito el concepto de la "universalidad", entendiéndose por éste, según la propia norma legal que se analiza, que sean concedidas en relación a las cargas de familia de los trabajadores u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea el tipo de establecimiento educacional donde los hijos de los trabajadores cursen sus estudios. Lo anterior, es sin perjuicio de los demás requisitos que deben cumplirse, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 31° de la ley del ramo. Monto hasta el cual se aceptarán gasto las becas de estudio. Su monto por cada hijo no podrá ser superior en cada ejercicio comercial de la cantidad máxima anual equivalente a una y media Unidad Tributaria Anual, vigente en el mes de diciembre de cada año o a la fecha de cierre del ejercicio cuando se trate de empresas que ponen término de giro a sus actividades. Por su parte, cuando las becas sean otorgadas a los hijos de los trabajadores que estudien en un establecimiento de educación superior, el límite máximo anual será por cada hijo hasta un monto equivalente a cinco y media (5 1/2) Unidades Tributarias Anuales vigente a la misma fecha indicada en el párrafo anterior. N° 7. Donaciones. Donaciones que se aceptan como gasto con un tope máximo de hasta el 2% de la Renta Líquida Imponible o del 1,6 por mil del capital propio final a elección del contribuyente.  

Realización de programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, privados o fiscales. Cuerpos de Bomberos de la República. 128



Servicio Nacional de Menores.

Estas donaciones pueden ser en dinero o especies. Donaciones que se aceptan como gasto sin tope:     

Donaciones al Fondo de Reconstrucción Nacional, creado por el D.L. 45, publicado el 16.10.73. Donaciones en dinero aceptadas como gasto con tope 10% de la R.L.I. de Primera Categoría. Donaciones en dinero a establecimientos educaciones y otros (art. 46, D.L. 3.063, de 1979, modificado por D.L. 3.474, de 1980 y por Ley N° 18.482, publicada el 28.12.85). Centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos con personalidad jurídica que presten atención enteramente gratuita. Establecimientos privados de educación, reconocidos por el Estados.

Otras donaciones con beneficios tributarios:     

Donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (art. 69 de la Ley N° 18.681 de 1987). Donaciones para fines culturales (art. 8° de la Ley N° 18.985 de 1990). Donaciones con fines educaciones (art. 3° de la Ley N° 19.247 de 1993). Donaciones para fines deportivos (art. 10 de la Ley N° 19.712 de 2001). Donaciones para fines políticos (art. 8° de la Ley N° 19.885 de 2003).

N° 8. Reajustes y diferencias de cambio. Se aceptan como gastos todos los reajustes o diferencias de cambio provenientes de créditos o préstamos destinados al giro de una empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo inmovilizado o realizable. No se aceptan como gasto los reajustes y diferencias de cambio originados en la adquisición o inversión en bienes corporales o incorporales cuyos beneficios no constituyen renta (art. 17) o se eximen del impuesto de Primera Categoría en virtud del art. 40 o de alguna ley especial. Los reajustes de impuesto morosos. Si las diferencias de cambio son a favor del contribuyente, constituyen ingresos brutos (art. 29). N°9. Gastos de organización y puesta en marcha. Norma general. A contar del 01.01.84, puede optarse por amortizarlos en un lapso que va de 1 a 6 ejercicios consecutivos. Si el giro de la empresa, según escritura de constitución, tiene una duración definida inferior a seis años, no prorrogables, la amortización se hará durante los años de vida de la empresa. Si se incurre en gastos de organización y de puesta en marcha en ejercicios durante los cuales la empresa aún no entre en funcionamiento normal, la amortización podrá efectuarse a contar de la generación del gasto o bien a contar del año en que se generen los ingresos de su actividad principal. El SII al impartir normas sobre Auditoría Tributaria ha señalado que los “gastos de organización” son aquellos realizados por la empresa durante el período de formación que precede a las operaciones productoras de ingresos y cesan tan pronto como comienzan dichas operaciones a rentar tales como:        

Estudios preliminares de carácter técnico. Informes periciales. Estudios de mercado. Honorarios y gastos legales de constitución. Gastos de propaganda, previos a la producción y venta Impresión de títulos para acciones. Desembolsos incurridos en reorganizar y fusionar entidades en marcha. Implantación de nuevos sistemas contables, etc.

N° 10. Gastos de promoción y colocación de productos nuevos. 129

Norma general. Son gastos del ejercicio comercial en que se incurra en ellos. Norma especial. Optativamente la empresa puede decidir amortizarlos en un plazo de hasta 3 años, contados desde que se generaron. N° 11. Gastos de investigación científica y tecnológica. A contar del Año Tributario 1990 pueden rebajarse de la renta bruta los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa, aun cuando dichos desembolsos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio, pudiendo ser deducidos o amortizados, optativamente o a elección del contribuyente, en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron, o bien, traspasarse a resultado, hasta un máximo de seis ejercicios comerciales consecutivos. N° 12. Pagos que se efectúen al exterior por conceptos de royalties y regalías. Esta norma fue creada por la Ley 19.506 de 30.07.97 y el S.I.I. dio instrucciones a través de la Circular Nº 61 de 1997, estableciéndose un monto máximo de gastos por el uso de marcas, fórmulas y otros conceptos que se pagan al extranjero y que se indican en el inciso 1º del artículo 59 de la L.I.R. (Los pagos, cualquiera sea el monto, se afectan con un impuesto adicional a la renta, con tasa de retención del 30% desde el 01.08.97). La regulación del gasto por dichos conceptos tiene un tope del 4% de los ingresos del ejercicio y del giro de la empresa pagadora (ventas o servicios). El exceso del tope pasa a ser un gasto rechazado, cuyo tratamiento se explica más adelante. El tope del 4% no se aplica y en consecuencia, todo lo pagado sin importar el monto anual, es gasto aceptado, en el caso en que entre las partes (pagador y beneficiario) no existe o no ha existido "relación" (directa o indirecta en el capital, control o administración de uno u otro), debiendo formularse una declaración jurada por parte del contribuyente o su representante, en la que se indique la no relación, documento que se debe conservar como cualquier otro documento tributario. Tampoco se considera el tope del 4%, si en el país de domicilio del beneficiario del pago, éste se afecta con una tasa igual o superior a 30% de impuesto. Ajustes por corrección monetaria (art. 32) Las normas sobre la corrección monetaria se encuentran contenidas en el art. 4 de la L.I.R., teniendo presente que tal corrección se aplica sobre valores tributarios y no financieros. Los ajustes a la renta líquida que contempla el art. 32, son los siguientes:  -

Deducciones: Reajuste del capital propio inicial. Reajuste de los aumentos del capital propio inicial. Reajuste de los pasivos exigibles reajustables o en moneda extranjera.

 -

Agregados: Reajuste de las disminuciones del capital propio inicial. Ajuste de los activos no monetarios según los números 2 al 9 del art. 41.

Gastos rechazados (art. 33, N° 1) La norma en cuestión dispone que deberán agregarse, siempre y cuando hubiesen disminuido la renta líquida declarada, las siguientes cantidades: 

   

Remuneraciones pagadas al cónyuge del contribuyente o hijos solteros menores de 18 años (aplicable a empresarios individuales, socios de sociedades de personas y de sociedades en comandita por acciones) Retiros en dinero o especies. Gastos o desembolsos que deban imputarse al costo del activo. Costos, gastos o desembolsos imputables a ingresos no renta o rentas exentas. Gastos o desembolsos por beneficios otorgados a ciertas personas indicadas en el art. 31, N° 6 tales como: condonación de deudas, intereses excesivos, arriendos desproporcionados, etc. 130

 

Cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso. Además, estas cantidades deberán agregarse previamente reajustadas en el caso que impliquen desembolso o se trate de una cantidad representativa de desembolsos de dinero, según lo dispone el artículo 33 N° 2.

Deducciones (art. 33, N° 2) Según lo dispone la norma indicada, deberán deducirse de la renta líquida las siguientes partidas, siempre y cuando la hubiesen disminuido:

 

Dividendos percibidos y utilidades sociales percibida o devengadas, excepto las provenientes de sociedades constituidas fuera del país. Rentas exentas del impuesto de primera categoría en virtud de la L.I.R. o de leyes especiales.

IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Rentas del Trabajo Dependiente El Impuesto Único de Segunda Categoría grava las rentas cuya fuente es el trabajo, siempre que la prestación de los servicios se realice bajo un vínculo de dependencia o subordinación con un empleador, lo que concreta a través de la firma de un contrato de trabajo entre las partes. Este impuesto como su nombre lo dice, es único, esto quiere decir que la renta gravada no se afecta con ningún otro tributo. Además este impuesto es de retención, los empleadores son quienes deben descontar de estas rentas el referido impuesto y enterarlo en arcas fiscales. Este impuesto también es progresivo, ya que atiende a la capacidad económica del trabajador, es decir, a mayor renta se aplica una mayor tasa. Tipos de Rentas De conformidad al art. 42, N° 1 de la L.I.R., las rentas que se encuentran afectas a sus disposiciones son: sueldos, sobresueldos, salarios, premios, gratificaciones, participaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por los servicios personales, montepíos, pensiones y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. Sin perjuicio de lo anterior, existen otros pagos percibidos por los trabajadores que igualmente deben incorporarse en la base imponible de este tributo personal, como por ejemplo: regalías en dinero o especies, asignaciones de caja, asignaciones de título, asignaciones de máquina, asignaciones de matrimonio y premio de natalidad, pagos a título de mayor asignación familiar, remuneraciones pagadas por las empresas en períodos no trabajados, asignaciones de estudio o asignaciones de estudio o asignaciones escolares pagadas a los trabajadores. Deducciones a la Base Imponible del Impuesto único de 2° Categoría 1. Artículo 42 bis LIR: señala que los contribuyentes contemplados en el art. 42 N° 1 de la misma norma, pueden rebajar de la base imponible del impuesto que le afecta las siguientes cantidades y por el concepto que ahí se explica: a. Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario (APV): efectuado de conformidad a lo establecido en el N° 2 del título III del D.L. N° 3.500 de 1980. Estos APV son ahorros que hacen los trabajadores en forma voluntaria, en forma paralela a la cotización previsional obligatoria. b. Cotizaciones voluntarias efectuadas de conformidad a lo establecido en el N° 2 del título III del D.L N° 3.500 del 1980.

131

2. Intereses Hipotecarios del artículo 55 LIR: la referida disposición señala que los trabajadores pueden deducir de su base imponible los intereses efectivamente pagados durante el año calendario al cual corresponde la renta, devengados en créditos con garantía hipotecaria que se hubieren destinado a adquirir o construir una o más viviendas o en créditos de igual naturaleza destinados a pagar los créditos señalados. Esta rebaja puede hacerse efectiva solo por un contribuyente, persona natural por cada vivienda adquirida con crédito con garantía hipotecaria. 3. Dividendos Hipotecarios pagados por viviendas acogidas al D.F.L. N° 2/1959 sobre viviendas económicas: los contribuyentes del impuesto único de 2° categoría que adquieran o construyan una vivienda nueva acogida a las normas del D.F.L. N° 2de 1959 puede deducir de las bases imponibles del impuesto señalado, los dividendos o aportes enterados a las instituciones, empresas o personas que han intervenido en el financiamiento de tales inmuebles.

Tasa del Impuesto de 2° Categoría El tributo en comento se aplica de acuerdo a la siguiente escala progresiva vigente a partir del año tributario 2004:

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8

Renta Imponible Mensual UTM 0 a 13,5 13,5 a 30 30 a 50 50 a 70 70 a 90 90 a 120 120 a 150 150 y más

Factor Exento 0,05 0,10 0,15 0,25 0,32 0,37 0,40

Cantidad UTM 0,675 2,175 4,675 11,675 17,975 23,975 28,475

a

rebajar

Retención de Impuesto De conformidad con el artículo 74 N° 1 y 78 de la LIR son los pagadores de estas rentas (los empleadores) quienes deben enterar en arcas fiscales el impuesto único de 2º categoría. Para tales efectos, deben efectuar las rendiciones respectivas. Reliquidación del Impuesto Único de 2° Categoría La ley obliga al contribuyente a reliquidar, es decir, a sumar las distintas rentas, con lo cual aumenta el tramo del impuesto único de 2º categoría a pagar en las siguientes situaciones: a. Por rentas obtenidas de más de un empleador en forma simultánea (reliquidación anual). 132

b. Por rentas pagadas íntegramente con retraso. Este caso se encuentra descrito en el artículo 46 de la LIR y señala que las remuneraciones en esta situación se ubican en el o los períodos en que se devengaron. c. Por rentas devengadas en más de un período habitual de pago. Por ejemplo, en enero se recibe la renta correspondiente a enero y la de febrero. Exenciones o Rentas que no se afectan con el impuesto único de 2° Categoría Deben excluirse de las remuneraciones totales percibidas por el trabajador todos aquellos ingresos que no constituyen renta al amparo del artículo 17 de la LIR, como aquellos que se eximen de impuesto en virtud de normas legales especiales. Por ejemplo, no se afectan con este impuesto las indemnizaciones por accidentes del trabajo, según el artículo 17 N° 2 de la LIR, que establece que no constituyen rentas estas indemnizaciones, sean que consistan en sumas fijas, rentas o pensiones. Rentas del Trabajo Independiente De acuerdo a la normativa que regula la tributación de las rentas del trabajo obtenidas en forma independiente clasificadas en la 2° categoría, y que tributan con el impuesto global complementario, podemos inferir las siguientes características para este tributo:     

Es de pago directo, salvo en aquellos casos en que opera la retención en forma provisional (art. 74 de la LIR). Es de carácter progresivo. La tasa del impuesto va en aumento en la medida que aumenta la base imponible. Es de carácter personal, por contemplar ciertas rebajas o créditos, atendiendo a su calidad de trabajador afecto a este impuesto. Es directo. Recae exclusivamente sobre el beneficiario de la renta, no pudiendo ser trasladado a un tercero. Por rentas percibidas, es decir, no afecta a las rentas devengadas.

Entre los gastos que los contribuyentes que laboran en forma independiente puedan rebajar de sus ingresos brutos, podemos señalar:   

Intereses, reajuste o diferencias de cambios, pagados por préstamos empleados o destinados al ejercicio de la profesión o actividad lucrativa. Las remuneraciones pagadas al personal contratado para que colaboren en el desempeño de la profesión o actividad lucrativa. Los gastos por curso de capacitación y perfeccionamiento relacionados directamente con la actividad profesional o la ocupación lucrativa y que provengan de alguna manera a una mayor rentabilidad de su actividad.

En cuanto a la declaración del impuesto, se realiza en abril de cada año, por las rentas obtenidas en el ejercicio inmediatamente anterior.

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 133

El Impuesto Global Complementario es un impuesto personal, global, progresivo y complementario que se determina y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile sobre las rentas imponibles determinadas conforme a las normas de la primera y segunda categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda, a contar del 1 de enero del 2002, de 13,5 UTA. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la base imponible aumenta. Se aplica, cobra y paga anualmente. Las disposiciones legales que regulan este impuesto se encuentran en el Título III de la LIR, arts. 52 y 57 bis. Características     

Es progresivo, pues a mayor renta se aplica una mayor tasa de impuesto, esto implica que la escala de tasas es ascendente por tramos de renta. Es personal, porque toma en cuenta la situación personal del contribuyente y afecta sólo a las personas naturales. Es anual, pues el tributo se aplica sobre todas las rentas percibidas durante el año. Es global, porque grava e conjunto de rentas obtenidas por el contribuyente en las distintas categorías. Se supone que globaliza las rentas obtenidas de distintas fuentes. Es complementario, debido a que complementa los impuestos de categoría pertinentes, por ejemplo, el de 1° categoría se da de crédito a este gravamen.

Contribuyentes afectos Este impuesto afecta entre otros, al empresario individual, al socio de empresas, a los accionistas, y en general a los propietarios de empresas. La tributación del propietario está influida por el tipo de organización jurídica que asume la empresa en que participa, es así como pueden participar en sociedades de personas, sociedades anónimas o desarrollar alguna actividad empresarial en forma personal. También este impuesto afecta a las siguientes personas por el tipo de rentas que perciban:      

Personas naturales, con domicilio o residencia en Chile. Contribuyentes especiales: Comunidades hereditarias (Art. 5°) Depósitos o bienes a favor de personas (Art. 7°) Funcionarios fiscales (Art. 8°) Cónyuges (Art. 53)

Contribuyentes Exentos  

Los que determinen una base imponible que no exceda de 13.5 UTA: Octubre 2012 6.423.138 Los trabajadores dependientes y pequeños contribuyentes por las rentas de capitales mobiliarios, ganancias de capital en venta de acciones y en rescate de cuotas de fondos mutuos, que no excedan de 20 y/o 30 UTM, respectivamente (Art. 57 LIR): Octubre 2012 792.980 y 1.189.470.

IMPUESTO ADICIONAL Art. 58 y siguientes. Características principales Este impuesto se aplica a las rentas de fuente chilena obtenidas por personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero, en general, cuando el dinero se pone a disposición desde Chile a la persona residente en el extranjero. Este impuesto tiene dos modalidades, según el tipo de renta de que se trate puede ser un impuesto de retención, o bien, un impuesto de declaración anual. Tasas La tasa general del impuesto adicional es de 35%, aplicándose tasas distintas en algunos casos: 134

 



 

 

Para los pagos de intereses la tasa es de 35%, sin embargo, si la operación ha sido autorizada por el Banco Central de Chile, la tasa es de 4%. Los pagos por prestaciones de servicios son gravados con tasa de 35% sobre la renta bruta, excepto cuando se trata de asesorías técnicas o servicios personales, que se gravan con una tasa de 20%. Cualquier pago por servicio prestado en el extranjero, 35%. Sin embargo, algunos pagos se exceptúan, como por ejemplo, el servicio de transporte prestado completamente en el extranjero. Empresas extranjeras empleadas en el transporte marítimo y servicios relacionados hacia y desde Chile se gravan con una tasa de 5% de impuesto de retención, este impuesto no se aplica a las naves de países que no graven a las naves chilenas con un impuesto similar. Cantidades pagadas por el arrendamiento de bienes de capital con o sin opción de compra importados susceptibles de acogerse al sistema de pago diferido de tributo aduanero, 1,75%. Pagos de primas de seguros contratados por empresas no establecidas en Chile, para asegurar equipo y otros bienes en Chile, o la vida o asistencia médica de personas residentes o domiciliadas en Chile, 22%, y 2% para el reaseguro Remesas de utilidades y dividendos, 35%. Pagos de royalty, 30%; sin embargo, si el pago dice relación con un film usado en televisión o cine la tasa de retención se reduce a 20% y si el pago dice relación con el uso de derechos de edición o de autor de libros la tasa de retención se reduce a 15%.

Base imponible y Cálculo Los dividendos o distribuciones de utilidades deben primero imputarse en primer término a las utilidades tributables y a continuación a las rentas exentas. Las distribuciones de utilidades se deben imputar empezando por aquellas más antiguas retenidas (método FIFO).

Impuesto de primera categoría correspondiente a las utilidades tributables se agrega para la determinación de la base imponible y, posteriormente, se rebaja como crédito del impuesto adicional determinado, en la misma forma como si el receptor de la renta fuera un chileno residente y sujeto a impuesto personal en Chile. El cálculo, considerando una distribución es el siguiente: Ejemplo 2: Utilidades tributables en Chile

1.000

Impuestos de primera categoría

(150)

Distribución de utilidades

850

Dividendos recibidos por un no residente

850

Impuesto de primera categoría agregado a la base

150

Base del impuesto adicional

1.000

Impuesto adicional (35%)

350

Impuesto de primera categoría

(150)

Impuesto a pagar por la distribución

200

Sucursales y establecimientos permanentes La renta obtenida por un establecimiento permanente o sucursal en Chile producto de la actividad desarrollada en el país se encuentra gravada con impuesto adicional cuando se remesa al extranjero. El establecimiento permanente o sucursal tiene derecho a utilizar como crédito contra el impuesto 135

adicional el impuesto de primera categoría que afectó a dichas rentas. El cálculo es el mismo mostrado con anterioridad (ver ejemplo 2). Crédito por Impuesto Extranjero Impuestos pagados en el extranjero pueden ser utilizados como crédito contra los impuestos nacionales hasta un determinado monto y, por el exceso, tratados como un gasto deducible. Un crédito unilateral de hasta un 15% es permitido respecto de algunas rentas de fuente extranjera. En el caso de existir tratado para evitar la doble tributación este crédito aumenta a 30%. El exceso de crédito puede ser utilizado en años posteriores.

REGÍMENES DE RENTA La Reforma Tributaria creó dos nuevos regímenes de renta que entraron en vigencia el 1 de enero de 2017: el sistema de RENTA ATRIBUIDA y el sistema SEMI INTEGRADO. Los contribuyentes debían optar por uno de los dos regímenes a partir del 1 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Sistema de Renta Atribuida En este régimen general de tributación, los dueños de las empresas deberán tributar en el mismo ejercicio por la totalidad de las rentas que generen las mismas, independiente de las utilidades que retiren. Los socios, accionistas o comuneros tendrán derecho a utilizar como crédito imputable contra sus propios impuestos, la totalidad del Impuesto de Primera Categoría pagado por tales rentas. Al entrar en vigencia el 1 de enero de 2017 afecta a las rentas obtenidas a contar de esa fecha. Al sistema de renta atribuida pueden acogerse los siguientes contribuyentes:   

 

Empresas Individuales. Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Sociedades de personas (excluidas las sociedades en comandita por acciones) y comunidades, conformadas exclusivamente por personas naturales con domicilio o residencia en Chile y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Sociedades por Acciones (SPA) conformadas exclusivamente por personas naturales con domicilio o residencia en Chile, y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Contribuyentes del artículo 58 N° 1 de Ley de la Renta (establecimientos permanentes situados en Chile).

No pueden optar por el sistema de renta atribuida:   

Las sociedades anónimas, abiertas o cerradas. Las sociedades en comandita por acciones. Toda sociedad que tenga entre sus socios, accionistas o comuneros a otra empresa o sociedad domiciliada en Chile.

Plazo para acogerse  



Los contribuyentes que han iniciado actividades antes del 1 de junio de 2016 pueden acogerse desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2016. Los contribuyentes que inicien actividades entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, pueden optar por este régimen en el plazo mayor entre los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades y el 31 de diciembre de 2016. De esta forma, la opción podría eventualmente presentarse hasta el último día de febrero de 2017. Los contribuyentes que inicien actividades a contar del 1° de enero de 2017, deberán ejercer la opción durante los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del Código Tributario. 136

Formalidades Para acogerse al sistema de renta atribuida se deben cumplir las siguientes formalidades: 

Los Empresarios Individuales, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y contribuyentes del artículo 58 N°1, lo harán mediante la presentación de una declaración al SII o mediante la aplicación disponible en la página web del SII.



Las comunidades, ejercerán la opción mediante una declaración suscrita por el total de los comuneros, quienes deben adoptar la decisión por unanimidad. También pueden ejercer la opción mediante la aplicación disponible en la página web del SII.



Las sociedades de personas y las Sociedades por Acciones (SpA), ejercerán la opción mediante una declaración suscrita por el representante, debiendo acompañar una escritura pública en que conste el acuerdo unánime sobre la opción, de la totalidad de los socios o accionistas. También pueden ejercer la opción mediante la aplicación disponible en la página web del SII, en cuyo caso, igualmente deben contar con la escritura pública correspondiente.



Las SpA, al ejercer la opción del sistema atribuido, deben cumplir con el requisito de que sus accionistas sean exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, y con el requisito de que su pacto social no contenga una estipulación expresa que permita un quórum distinto a la unanimidad de los accionistas para aprobar la cesibilidad de sus acciones a cualquier persona o entidad que no sea una persona natural con domicilio o residencia en Chile.

Si no se opta por ningún sistema, ¿qué contribuyentes quedarán dentro del régimen de renta atribuida? La ley establece ciertas reglas en caso que los contribuyentes no hayan optado por un régimen de tributación dentro de los plazos establecidos: 1. El Empresario Individual, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, las Comunidades, las Sociedades de Personas (excluidas las Sociedades en Comandita por Acciones) pasan automáticamente al sistema de Renta Atribuida. 2. Las sociedades anónimas (abiertas o cerradas), las sociedades en comandita por acciones, las sociedades por acciones (SpA) o, en general, cualquier sociedad que tenga uno o más socios personas jurídicas domiciliadas en Chile, pasan automáticamente al régimen semi integrado. Permanencia El período mínimo de permanencia en el sistema de renta atribuida es de 5 años comerciales consecutivos. Aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado, el contribuyente podrá cambiarse al régimen simplificado del artículo 14 ter o al régimen de renta presunta, en la medida que cumpla con los requisitos para acogerse a cada uno de estos. Impuestos Las empresas que se acojan al sistema de renta atribuida deben pagar Impuesto de Primera Categoría con tasa de 25%. Los contribuyentes deben determinar su renta líquida imponible de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 al 33 de la ley sobre Impuesto a la Renta.

137

Los socios, accionistas o comuneros con domicilio o residente en Chile deberán pagar el Impuesto Global Complementario con una tasa progresiva que va entre el 0% y el 35%. En el caso de las personas con domicilio o residencia en el exterior, se debe pagar el Impuesto Adicional cuya tasa es de 35%. En ambos casos, los socios, accionistas o comuneros podrán imputar como crédito la totalidad del impuesto de Primera Categoría pagado por tales rentas. Registros    

Rentas atribuidas propias (RAP). Diferencias entre la depreciación normal y acelerada (FUF). Registro de Rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta (REX). Saldo acumulado de créditos (SAC).

Forma en que se atribuye la renta a los socios, accionistas o comuneros 1. Empresas con un único propietario o accionista: Se atribuye el total de la renta respectiva al dueño o accionista. 2. Empresas con más de un comunero, socio o accionista: La atribución deberá efectuarse en la forma en que los socios, accionistas o comuneros hayan acordado repartir las utilidades. Para que proceda esta última forma de atribución, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 



El acuerdo sobre la forma en que se efectuará el reparto de utilidades debe constar expresamente en el contrato social o en los estatutos de la sociedad, y en el caso de comunidades en una escritura pública que se otorgue al efecto. Que se haya informado al Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo en que se establezca mediante resolución.

Si no se cumplen los requisitos para atribuir las rentas de común acuerdo o no se informa al SII oportunamente, las rentas deberán ser atribuidas en la misma proporción en que los socios o accionistas hayan suscrito y pagado o enterado efectivamente el capital de la sociedad, negocio o empresa. Si sólo algunos de los socios o accionistas han pagado a la sociedad la parte del capital al que se han obligado, la atribución de rentas se efectuará sólo respecto de los socios o accionistas que hayan suscrito o pagado todo o una parte de su aporte, en la proporción que hayan efectivamente pagado o enterado el capital. En caso que no pueda aplicarse esta regla, las rentas se atribuirán en la proporción en que se haya acordado enterar el capital. Casos en que los contribuyentes dejan de cumplir los requisitos 

Si el incumplimiento se debe al tipo jurídico, es decir, dejan de ser contribuyentes que puedan acogerse al sistema atribuido, como por ejemplo una sociedad de personas que se transforma en una sociedad anónima, se debe abandonar el régimen a contar del mismo ejercicio en que se verifique el incumplimiento, debiendo dar aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1 de enero y el 30 de abril del ejercicio comercial siguiente.



Si se debe a su conformación societaria, por ejemplo, que el contribuyente pase a tener un socio persona jurídica domiciliada en Chile, se debe abandonar el sistema de renta atribuida a contar del 1 de enero del ejercicio comercial siguiente, debiendo dar aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1 de enero y el 30 de abril en que ello ocurra.

Incentivo Los contribuyentes que cuenten con un promedio anual de ingresos de su giro igual o inferior a 100 mil UF en los últimos tres años comerciales pueden optar por efectuar una deducción de su Renta Líquida Imponible gravada con Impuesto de Primera Categoría hasta por un monto equivalente al 50% de la renta líquida imponible que se mantenga invertida en la empresa. El monto tope de dicha deducción es de 4 mil UF. 138

Sistema Semi Integrado El sistema semi integrado es un régimen de tributación en que los dueños de las empresas deben tributar sobre la base de los retiros efectivos de utilidad que realizan desde éstas. Sin embargo, y a diferencia del régimen de renta atribuida, los socios, accionistas o comuneros tendrán derecho a imputar como crédito un 65% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa respectiva. Este sistema, al igual que el de renta atribuida, comienza a regir a contar del 1 de enero de 2017, y en consecuencia, afecta a las rentas obtenidas a contar de esa fecha. Al régimen semi integrado pueden acogerse todos los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría. Los que quedan excluidos son aquellos que, no obstante obtener rentas afecta al Impuesto de Primera Categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietarios, comuneros, socios o accionistas. Es el caso de Corporaciones y Fundaciones y de empresas en que el Estado tenga el 100% de su propiedad. Este sistema es obligatorio para:   

Sociedades anónimas abiertas o cerradas Sociedades en comandita por acciones Y, en general, aquellos contribuyentes en los cuales al menos uno de sus propietarios, comuneros, socios o accionistas no sean personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile

Plazo Los contribuyentes que han iniciado actividades antes del 1 de junio de 2016 pueden acogerse al sistema semi integrado desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2016. Mientras que los contribuyentes que inicien actividades entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, pueden optar para acogerse al régimen semi integrado entre el plazo mayor entre los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades y el 31 de diciembre de 2016. De esta forma, la opción podría eventualmente presentarse hasta el último día de febrero de 2017. En tanto, los contribuyentes que inicien actividades a contar del 1° de enero de 2017, deberán acogerse al sistema semi integrado durante los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del Código Tributario. Formalidades Las formalidades a cumplir para acogerse al sistema semi integrado son las siguientes: 

Los Empresarios Individuales, EIRL, y contribuyentes del artículo 58 N°1, lo harán mediante la presentación de una declaración al SII o mediante la aplicación disponible en la página web del SII.



Las comunidades, ejercerán la opción mediante una declaración suscrita por el total de los comuneros, quienes deben adoptar la decisión por unanimidad. También pueden ejercer la opción mediante la aplicación disponible en la página web del SII.



Las sociedades de personas y las Sociedades por Acciones (SpA), ejercerán la opción mediante una declaración suscrita por el representante, debiendo acompañar una escritura pública en que conste el acuerdo unánime sobre la opción, de la totalidad de los socios o accionistas. También pueden ejercer la opción mediante la aplicación disponible en la página web del SII, en cuyo caso, igualmente deben contar con la escritura pública correspondiente.

Si no se opta por ningún régimen de renta, pasan automáticamente al semi integrado: 

Las Sociedades Anónimas (abiertas o cerradas) 139

 

Las Sociedades en Comandita por Acciones Las Sociedades por Acciones y los contribuyentes del artículo 58 N°1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (Agencias, Establecimientos Permanentes, etc.)

Para estos efectos, se considerará la organización jurídica que tenga la empresa al 1 de enero del 2017. Asimismo, en el caso de las empresas que inicien actividades a contar de esa fecha y que no hayan ejercido la opción dentro del plazo de 2 meses que establece el artículo 68 del Código Tributario, se considerará la organización jurídica que hayan tenido al momento de iniciar actividades. Permanencia El período mínimo de permanencia en el sistema semi integrado es de 5 años comerciales consecutivos. Aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado, el contribuyente podrá cambiarse al régimen simplificado del artículo 14 ter o al régimen de renta presunta, en la medida que cumpla con los requisitos para acogerse a cada uno de estos. Impuesto Este tipo de empresas deben pagar Impuesto de Primera Categoría con tasa de 25,5% durante el año comercial 2017 y con tasa de 27% a partir del año comercial 2018 en adelante. Los socios, accionistas o comuneros que sean personas naturales con domicilio o residencia en Chile deberán pagar el Impuesto Global Complementario con una tasa progresiva que va entre el 0% y el 35%. En el caso de las personas con domicilio o residencia en el exterior, se debe pagar Impuesto Adicional con tasa de 35%. En ambos casos, los socios, accionistas o comuneros podrán imputar como crédito un 65% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa. Registros Los contribuyentes que se acojan al sistema semi integrado deberán llevar los siguientes registros:    

Rentas Afectas a Impuestos Global Complementario o Adicional (RAI) Diferencias entre la depreciación normal y acelerada (FUF) Registro de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta (REX) Saldo acumulado de créditos (SAC)

Incentivo Los contribuyentes que cuenten con un promedio anual de ingresos de su giro igual o inferior a 100 mil UF en los últimos tres años comerciales pueden optar por efectuar una deducción de su renta líquida imponible equivalente al 50% de la renta líquida que se mantenga invertida en la empresa. El monto tope de dicha deducción es de 4 mil UF. Capítulo 22: Impuesto al Valor Agregado IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuestos establecidos en la ley (D.L. N° 825) Título II

Impuesto al Valor Agregado

Título III

Impuestos especiales a las Ventas y Servicios   

Impuesto adicional a ciertos productos (art. 37 al 40°). Impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares (art. 42° al 45°). Otros impuestos específicos (art. 46° al 48°). 140

Nociones Generales En Chile a contar del 1° de marzo de 1975 se aplica el actual sistema de Impuesto al valor agregado que reemplazó al antiguo sistema de la ley N° 12.120, sobre Impuestos a las compraventas y servicios la que gravaba las transferencias de bienes corporales muebles y aplicaba el impuesto básicamente a nivel del fabricante o productor con tasa del 24% sobre el precio efectivo en que eran transferidas las especies. El impuesto se aplicaba una sola vez de modo que el pago del tributo por el productor dejaba liberada del gravamen todas las transferencias posteriores de los bienes, tanto las efectuadas por comerciantes como las de particulares. Además de la tributación básica del 24% existía otra tasa del 8% que gravaba los insumos y bienes de capital transferidos entre productores. Esta tasa del 8% se aplicaba cada vez que se producía una transferencia de esta clase de bienes en el circuito productor, transformándose en un impuesto tipo cascada para este sector de la economía. Características del Impuesto Se trata de un impuesto indirecto. Porque por un lado grava la renta, no en el momento en que se obtiene sino en el momento de gastarse, y por otro lado no existe identidad entre el contribuyente y el sujeto pasivo, porque este último no soporta en su patrimonio la carga del tributo. El impuesto en definitiva se incorpora al precio del bien o a la remuneración del servicio en términos tales que dicho tributo es soportado por quien tiene la calidad de consumidor final. Es un impuesto real. Este tributo tiene tal característica porque no toma en consideración las características personales del contribuyente gravado, ya que grava por igual a cualquier persona. Es un impuesto proporcional. En la actualidad el tributo afecta a las ventas y servicios gravados con una tasa única del 19%. Es un tributo netamente fiscal. Así queda de manifiesto en el art. 1° del D.L. 825, al decir: “Establécese a beneficio fiscal un impuesto…”. Se trata de un impuesto de carácter interno. El tributo afecta las ventas de bienes ubicados en el territorio nacional independientemente del lugar en que se celebre la convención respectiva. De igual modo se gravan los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional. Se trata de un impuesto sujeto a declaración. Conforme lo establece el art. 64 de la ley. Es un impuesto de traslación y recargo. Es de traslación porque el sujeto pasivo traslada la carga tributaria al contribuyente, al consumidor final. Y es de recargo porque el tributo se recarga en el precio de la venta o en la remuneración del servicio. Esquema general del impuesto A través de un ejemplo mostraremos como se obtienen los objetivos señalados al aplicar el gravamen a un producto que ha pasado por las siguientes etapas:   

Fabricación del producto Comercialización del mayorista Comercialización del minorista

Un fabricante vende un producto por valor de $6.000 cuyo precio está formado por los siguientes valores:   

Materias primas que pagaron IVA: $2.400.Otras partidas que no han pagado IVA y que totalizan: $3.600.En este último valor de $3.600 y que corresponde al valor agregado al producto, es el que se grava con la tasa de impuesto. De ahí viene su denominación de Impuesto al Valor Agregado.

141

 



El valor agregado, en este ejemplo, estaría compuesto por la mano de obra, los gastos de venta, los gastos de administración y la utilidad del fabricante. A su vez el comerciante que adquirió la mercadería tiene como costo la suma de $6.000 al cual le agrega un valor de $4.000 (que no ha soportado IVA) vendiendo el producto en $10.000 pero, igual que la situación anterior, la tasa debe aplicarse solo sobre los $4.000 del valor agregado. El minorista que adquiere el producto por su parte, solamente paga el impuesto sobre los $2.000 que él adiciona al producto.

Lo anteriormente expuesto se muestra gráficamente en el siguiente ejemplo: IMPTO. EN

IMPTO. EN

IMPTO. A

VENTAS

COMPRAS

PAGAR

FABRICANTE Costo M. Primas2

$

2.400

Valor Agregado

$

3.600

$

6.000

Impuesto 19% Total Facturado

1.140 $

7.140

$

6.000

456

$

456

$

684

$

1.140 $

$

1.900 $

1.140 $

760

$

2.280 $

1.900 $

380

$

2.280

MAYORISTA Costo de Mercaderías Valor Agregado

4.000 $

Impuesto 19%

10.000 1.900

$

11.800

$

10.000

MINORISTA Costo de Mercadería Valor Agregado

2.000 $

12.000

Impuesto 19% (Incluido en el precio de venta.)

2

$

2.280

$

14.280

Se trataría de materias primas importadas

142

Análisis ejemplo N° 3 Ahora, veamos con un poco más de detalle, como opera en el IVA esta mecánica de aplicación del impuesto: 1. En primer lugar, tenemos que los $2.400, correspondientes a las materias primas importadas por los fabricantes para elaborar sus productos ya han pagado el IVA con tasa del 19%. Por lo tanto se han ingresado en Tesorería $456. 2. El fabricante que agrega a estos $2.400, en materias primas, un valor de $3.600, obteniendo un producto por valor de $6.000, debe recargar en la venta al mayorista un 19% por concepto de IVA. Esto da un impuesto sobre la venta de $1.140. 3. El impuesto total que debe llevar el producto en esta etapa es de $1.140, de los cuales el fabricante ya ha pagado anteriormente $456, sobre las compras de materias primas. 4. En la etapa siguientes el mayorista vende el producto en $12.000, precio que está formado por los siguientes rubros:  Costo de Mercadería $ 6.000  Valor Agregado $ 4.000  Precio de Venta o Costo $ 10.000  Impuesto $ 1.900 Total facturado

$

11.900

Aquí se procede igual que en la etapa anterior. Al impuesto de $1.900, recargado sobre la venta, se le da de abono el impuesto pagado sobre el costo de la mercadería $1.140.5. El minorista opera de manera similar. Del impuesto recargado al consumidor de $2.280, rebaja como crédito la suma de $1.900, correspondiente al impuesto pagado en la compra de mercadería. Ingresa en Tesorería la diferencia de $ 380.

Del estudio de los ejemplos anteriores se obtienen varias importantes conclusiones: a. Primero, el consumidor solamente paga un monto de impuesto equivalente al que resulta de aplicar la tasa del impuesto sobre el precio de venta del minorista. Por eso se dice que este es un impuesto en una sola etapa a nivel del minorista; b. Por otro lado, si bien el monto del impuesto obtenido equivale a uno aplicado en la última etapa, cuando el producto se entrega al consumidor, este monto no se cancela de una sola vez, sino que se va ingresando en Tesorería principalmente en cada una de las etapas del proceso de producción y distribución, de modo que: El importador de las materias primas ingresa

$

456.-

El fabricante ingresa

684.-

El mayorista ingresa

760.-

El minorista ingresa

380.-

Lo que totaliza

$

2.280.-

143

Por esto se considera que este tributo tiene características de un impuesto en etapas múltiples, ya que tiene múltiples puntos de recaudación. Aunque, desde luego, aquí se produce el efecto de cascada. c. Pero, quizás lo más importante que se puede apreciar en este sistema, es que este impuesto soportado en las compras no constituye para los comerciantes y fabricantes costo de producción y de distribución, puesto que se les permite deducir las sumas pagadas por este concepto, compras, de los impuestos que deben pagar sobre las ventas. Al no constituir el I.V.A pagado sobre las compras un costo para el fabricante o comerciante, es obvio, que tampoco debe influir en la fijación de los precios de venta. Esquema de la estructura de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios Desde el punto de vista formal, la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios (en adelante L.I.V.S.) consta de 80 artículos permanentes, distribuidos en cuatro títulos divididos a su vez en párrafos, más dos artículos transitorios. TITULO I:

NORMAS GENERALES

En este Título se dan algunas definiciones y se establecen las normas generales que afectan a los impuestos a las ventas y servicios.

TITULO II:

Párrafo 1°

De la materia y destino del Impuesto (Art. 1°)

Párrafo 2°

Definiciones (Art. 2°)

Párrafo 3°

De los contribuyentes (Art. 3°)

Párrafo 4°

Otras disposiciones (Art. 4° al 7°)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se establecen todas las disposiciones que se relacionan con los impuestos al Valor Agregado y a los Servicios en forma integrada. Párrafo 1°

Del hecho gravado (Art. 8°)

Párrafo 2°

Del momento en que se devenga el impuesto (Art. 9°)

Párrafo 3°

Del sujeto del impuesto (Art. 10° y 11°)

Párrafo 4°

De las ventas y servicios exentas del impuesto (Arts. 12° y 13°)

Párrafo 5°

Tasa, base imponible y débito fiscal (Arts. 14° al 22°)

Párrafo 6°

Del crédito fiscal (Arts. 23° al 28°)

Párrafo 7° (Arts. 29° al 35°) Párrafo 8°

TITULO III:

Del régimen de tributación simplificada para pequeños contribuyentes De los exportadores (Art. 36°)

IMPUESTOS ESPECIALES A LAS VENTAS Y SERVICIOS

Se establecen ciertos impuestos especiales a las ventas; en algunos casos corresponden a tasas adicionales además del I.V.A. En otros se trata de impuestos únicos sustitutivos del I.V.A. Párrafo 1°

Del Impuesto adicional a ciertos productos (Arts. 37° al 40°)

Párrafo 2°

DEROGADO 144

Párrafo 3° Del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares (Art. 42° al 45°)

TITULO IV:

Párrafo 4°

Otros impuestos específicos (Art. 46° al 48°)

Párrafo 5°

DEROGADO

Párrafo 6°

Disposiciones varias (Art. 50° al 50°B)

DE LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO

Contiene las normas generales de administración y fiscalización de los impuestos a las ventas y servicios. Párrafo 1°

Del registro de los contribuyentes (Art. 51°)

Párrafo 2°

De las facturas y otros comprobantes de ventas y servicios (Arts. 52° al

Párrafo 3°

De los libros y registros (Arts. 59° al 63°)

Párrafo 4°

De las declaraciones y pago del Impuesto (Arts. 64° al 68°)

Párrafo 5°

Otras disposiciones (Arts. 69° al 79°)

58°)

ARTS. TRANSITORIOS:

DOS

HECHOS GRAVADOS BÁSICOS Definición de hecho gravado Entendemos por hecho gravado el conjunto de circunstancias configuradas en la ley tributaria cuya concurrencia da origen a la obligación de pagar un tributo. Hecho gravado básico de venta El hecho gravado básico de venta lo encontramos definido en el N° 1 del Art. 2°, cuando dice que se entenderá por Venta. “...toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos...”

Además, quedan comprendidos dentro de ella otros hechos gravados, puesto que la definición de dicho concepto agrega: "Como asimismo todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta".

En esta situación se encuentran los hechos gravados mencionados en las letras a) hasta la f), l) y m) del Art. 8°, que son clasificados expresamente como venta por dicho artículo. Así, para que proceda el cobro del Impuesto a las ventas y servicios, es necesario que concurran todos los elementos que determinan la existencia del hecho gravado en la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. Elementos del hecho gravado básico de venta De acuerdo con la definición de hecho gravado básico indicada anteriormente, para que exista el gravamen deben cumplirse con los siguientes requisitos:

145

    

Debe celebrarse una convención que sirva para transferir el dominio, o una cuota de él, u otros derecho reales. La convención debe recaer sobre bienes corporales muebles, o bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos. La convención debe ser a título oneroso. La transferencia debe ser realizada por un venderos, y El bien debe estar en territorio nacional (art. 4°).

Análisis del primer elemento de hecho gravado básico de venta: Celebración de una convención que sirve para transferir el dominio. Como ya se ha dicho, la ley grava en su Art. 2 N° 1, no sólo las ventas de bienes corporales, sino cualquiera convención que sirva para transferir el dominio, u otros derechos reales constituidos sobre los bienes mencionados en la misma disposición. Para una mejor comprensión de este requisito es necesario que definamos algunos conceptos tales como: Concepto de convención: Es todo acuerdo de voluntades destinadas a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Concepto de contrato: Es todo acuerdo de voluntades destinado a crear derechos u obligaciones. Acto en que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa, cada parte puede ser una o muchas personas. Concepto de dominio: El Art. 582, del Código Civil dice: "El dominio (que se llama también propiedad), es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.” Para que una convención sea susceptible de gravarse con el tributo en referencia, es necesario que ella sirva para transferir el dominio de bienes corporales muebles o de bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos. Análisis del segundo elemento del hecho gravado básico: La convención debe recaer sobre bienes corporales muebles o inmuebles, excluidos los terrenos. Para comprender el alcance de este último elemento es necesario precisar el significado de algunos términos: CLASIFICACION DE LOS BIENES. Desde el punto de vista del derecho, los bienes se clasifican de la siguiente manera:

Por naturaleza - Muebles

CORPORALES

Por naturaleza - Inmuebles

BIENES

Por anticipación

Por adherencia Por destinación

146

- Derechos reales INCORPORALES - Derechos personales

1. Corporales : Son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos como una casa o un libro, etc., e 2. Incorporales: Son los que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas (sólo pueden ser percibidos mental o intelectualmente). Art. 565 del Código Civil. Estos últimos se llaman también derechos y se dividen en reales y personales. Por su parte los bienes corporales se dividen en: 1. Muebles: Que son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sean moviéndose por sí mismos, como los animales, que por ello se llaman semovientes, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. 2. Inmuebles o bienes raíces: Que son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como la tierra y las minas y las que están adheridas permanentemente a ella, como los edificios y los árboles. Art. 565 a 568 del Código Civil. En consecuencia, el impuesto sólo afecta a aquellos bienes que pueden percibirse por los sentidos y pueden transportarse de un lugar a otro y los bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos. Sólo puede estar afecta al impuesto la transferencia de derechos reales constituidos sobre bienes corporales muebles o inmuebles, excluidos los terrenos. Existen dos categorías especiales de bienes que por su repercusión en el impuesto, es importante analizar:  

Bienes inmuebles por destinación, y Bienes muebles por anticipación

Bienes inmuebles por destinación. Son aquellos bienes a los que la Ley considera inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio de un inmueble aunque puedan separarse sin detrimento, como los utensilios de labranza o minería y los animales destinados al cultivo, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. (Art. 570° del Código Civil). Se consideran inmuebles de este modo, entre otros, las maquinarias e instalaciones de una industria, los tractores, maquinarias y equipos que forman parte de un fundo. Bienes muebles por anticipación. Deben considerase como bienes muebles aquellas cosas inmuebles por naturaleza, adherencia o destinación cuando se constituyen sobre ellas derechos en favor de una persona distinta del dueño, aún antes de su separación del inmueble de que forman parte, o al cual adhieren o al que están destinados para su uso, cultivo y beneficio. Derechos Reales y Personales. El Código Civil en su Art. 577, define los derechos reales como aquellos "que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona". El mismo precepto señala: "Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activas, el de prenda y el de hipoteca". A esta enunciación debe agregarse el derecho de censo que tiene el carácter de derecho real en cuanto persigue a la finca acensuada (Art. 579 del Código Civil). Existe un segundo grupo de derechos que son los personales a los que el Art. 578 del Código Civil define como: "Los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos". Análisis del tercer elemento del hecho gravado básico de venta: La convención debe ser a título oneroso.

147

Definición de contrato gratuito: Los contratos son gratuitos cuando sólo tienen por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Definición de contrato oneroso: Es aquel que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. En consecuencia, contrato a título oneroso es aquel en que cada parte paga la ventaja que le reporta el contrato mediante una contraprestación actual o futura. Es importante señalar que para los efectos de la calificación del contrato y por consiguiente, de la procedencia del impuesto, no es necesario que la contraprestación a que se obliga el adquirente consista en dinero: ella puede consistir en una obligación de hacer o no hacer o dar una cosa distinta de dinero, sin que ello prive al contrato de su carácter oneroso y excluya el impuesto. Análisis del cuarto elemento del hecho gravado básico de venta: la transferencia debe ser realizada por un vendedor. Este requisito tiene gran importancia para analizar y calificar si la convención de que se trata está o no gravada, puesto que por imperio de la propia ley debe intervenir como tradente una persona investida de la calidad legal de "vendedor". DEFINICIÓN DE VENDEDOR La propia ley, en su Art. 2° N° 3, define lo que debe entenderse por vendedor, cuando dice que se entenderá por "vendedor" cualquiera persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad”. "Se considerará también "vendedor" al productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no utilice en sus procesos productivos". CALIFICACIÓN DE LA HABITUALIDAD En el Art. 4° del Reglamento de la ley se dan las normas para calificar la habitualidad, estableciendo que el Servicio, para estos efectos, considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice la venta de los bienes corporales muebles e inmuebles de que se trate y con estos antecedentes, determinará si el ánimo que guío al contribuyente fue adquirirlos para su uso o para la reventa. Luego el peso de la prueba se hace recaer en el contribuyente, cuando dice que: "corresponderá al referido contribuyente probar que no existe habitualidad en sus ventas y/o que no adquirió las especies muebles e inmuebles con el ánimo de revenderlas" En esta disposición se establece una presunción legal de habitualidad respecto de todas las transferencias y retiros que efectúe un vendedor dentro de su giro. A su vez, en el artículo 2 N° 3, inciso primero, segunda parte de la Ley se establece una presunción simplemente legal de habitualidad en la venta de inmuebles, en los siguientes términos: “Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año”. La ley se encarga de prever asimismo, que ciertas operaciones no se considerarán habituales aún cuando entre su adquisición y enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Al efecto se precisa que: “Con todo, no se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias así como la enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado; y los demás casos de ventas forzadas en pública subasta autorizadas por resolución judicial”

148

Precisándose finalmente que: “La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual”. Análisis del quinto elemento del hecho gravado básico de venta: El bien debe estar en territorio nacional (art. 4°). La territorialidad del impuesto, tiene como objetivo fijar el ámbito de aplicación del tributo ya se trate de venta, servicio, o de otros hechos gravados. El Art. 4° de la Ley, establece que "estarán gravadas con el impuesto de esta Ley las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención respectiva". Del concepto legal precitado se desprende que para el devengo del tributo, no interesa el lugar en que se perfeccione el contrato, que puede ser incluso en el extranjero, sino que se atiende al hecho de que los bienes corporales objeto de la convención se encuentren situados en Chile, toda vez que, por este sólo hecho se presume que la entrega debe efectuarse dentro del territorio nacional. En el inciso 2° del Art. 4° en estudio, se establece una presunción legal en virtud de la cual los bienes, se entenderán ubicados en territorio nacional, aún cuando al tiempo de celebrarse la convención, se encuentren transitoriamente fuera del país, en aquellos casos en que la inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile. Esta norma tiene aplicación para automóviles, barcos, caballos de carrera y otros. Del mismo modo, en el inciso tercero del indicado artículo 4° se establece otra excepción al expresarse que: “Asimismo, se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se celebre el contrato de compraventa, los respectivos bienes ya se encuentren embarcados en el país de procedencia”. HECHO GRAVADO BÁSICO DE SERVICIO Concepto De acuerdo a la definición de "servicio" contenida en el N° 2 del Art. 2° de la ley en estudio, por tal debe entenderse "la acción o prestación que una persona realice para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N° 3 y 4 del artículo 20° de la Ley sobre Impuesto a la Renta", Art. 1° D. L. N° 824 de 1974. Elementos del hecho gravado básico de servicio Del concepto legal transcrito podemos desprender los requisitos o elementos constitutivos del hecho gravado básico del impuesto a los servicios. Ellos son los siguientes:    

Que una persona realice una acción o prestación a favor de otra. Que dicha persona perciba por la acción o prestación, un interés, prima, comisión o remuneración. Que la acción o prestación provenga del ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en los N° 3 y 4 del art. 20, de la LIR. Que el servicio sea prestado o utilizado en territorio nacional (art. 5°).

Análisis del primer elemento del hecho gravado básico de servicios: Que una persona realice una acción o prestación a favor de otra. Como la ley no hace distinción respecto de la persona que realiza la acción o prestación, ella puede ser efectuada por una persona natural o por una jurídica. Para una mejor comprensión de este elemento analizaremos el concepto de prestación, dado que el de acción debe entenderse en su sentido natural y obvio. Prestación: De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, por prestación se entiende: "cosa o servicio que un contratante da o promete a otro". Por otra parte, el diccionario también la define como: "Servicio que un contratante realiza o promete a otro". 149

Análisis del segundo elemento del hecho gravado básico de servicio: Que dicha persona perciba por la acción o prestación un interés, prima, comisión o remuneración. Percibir: De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, significa: "Recibir una cosa y hacerse cargo de ella". Por su parte el Servicio de Impuestos Internos ha instruido al respecto: "sumas percibidas” son aquellas incorporadas efectivamente al patrimonio de la persona que presta el servicio o efectúa el negocio y no basta que se haya devengado a su favor". De acuerdo con el concepto anterior, debemos entender que una suma ha sido percibida desde que puede disponerse de ella. Remuneración: El significado que le da la Real Academia es el de: "Lo que se da o sirva para remunerar", y por remunerar: "recompensar, premiar, galardonear". Interés: Provecho, utilidad, ganancia. Lucro producido por el capital. Prima: Precio que el asegurado paga al asegurador, de cuantía unas veces fijas, otras proporcional. Comisión: Entre otras acepciones del vocablo "comisión", se encuentra la siguiente: "Mandato conferido al comisionista, sea o no dependiente del que le apodera". El Diccionario de la Lengua define las comisiones como la remuneración que percibe el comisionista, esto es, la persona a quien se encomienda la celebración de las comisiones mercantiles objeto de dicho contrato. Análisis del tercer elemento del hecho gravado básico de servicio: Que la acción o prestación provenga del ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en los N° 3 y 4 del art. 20, de la LIR. De conformidad con lo expresado en el análisis de los requisitos anteriores, para que una prestación de servicios quede gravada con el tributo, no basta que la persona que la ejecuta perciba o deba percibir una comisión, prima o cualquier otra forma de remuneración, sino que es necesario además, que la retribución provenga del ejercicio de alguna de las actividades mencionadas en los N° 3 y 4 del Art. 20° de la ley de la renta, toda vez que la procedencia del tributo está supeditada a la concurrencia copulativa de los elementos o requisitos del hecho gravado básico motivo de nuestro estudio. No se encuentran gravadas con este impuesto por tratarse de actividades no comprendidas en los N° 3 y 4 del Art. 20° de la Ley de la Renta, los servicios que digan relación directa con la actividad agrícola, como asimismo, las relacionadas entre cooperativas y cooperados, en la forma y condiciones que determine el Servicio (Art. 5° del Reglamento). Artículo 20 de la Ley de la Renta (D.L. 824/74) 3°. Las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones. 4°. Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Nº 2 del artículo 42º, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento. Análisis del cuarto elemento del hecho gravado de servicio: Que el servicio prestado o utilizado en territorio nacional. Respecto del impuesto a los servicios, el Art. 5° señala que el impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero.

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La disposición anterior, además de delimitar el ámbito territorial del impuesto, concurre a precisar la objetividad gravada ya que, de acuerdo a su tenor, la procedencia del tributo aparece condicionada a que el servicio sea prestado o utilizado en territorio nacional. Por consiguiente, bastará que concurra cualquiera de las dos circunstancias anteriores para que se cumpla el requisito en estudio, es decir, habrá lugar a la aplicación del IVA tanto respecto de los servicios prestados en territorio nacional aunque su utilización se verifique en el extranjero, como respecto de los servicios utilizados en Chile aunque sean prestados desde fuera del territorio nacional. De lo anterior se desprende que carece de importancia el lugar en que se pague o perciba la remuneración para que se configure el hecho gravado. De este modo cumpliéndose la exigencia anterior, se adeudará el tributo aun cuando el pago o percepción de la remuneración tenga lugar en el extranjero. HECHOS GRAVADOS ESPECIALES 1. Importaciones (art. 8° letra A) Se afectan con IVA las importaciones, sean habituales o esporádicas, y sin atender a quién las realice. La Ordenanza de Aduanas define la importación como la introducción legal de mercancías extranjeras para su uso o consumo en el país. Este mismo cuerpo legal define las mercancías como todos los bienes corporales muebles sin excepción alguna, y a las mercancías extranjeras como las que provienen del exterior cuya importación no se ha consumado legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional, o bien habiéndose importado bajo una condición, ésta deje de cumplirse. En efecto, en esta normativa se gravan con IVA todas las importaciones. 2. Aportes a Sociedades (art. 8° letra B) También se encuentran gravados con el IVA, los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales muebles o inmuebles efectuados por vendedores, realizados en la constitución, ampliación o modificación de sociedades. El hecho gravado en estudio se configura cuando un vendedor aporta bienes corporales muebles e inmuebles, una cuota de dominio sobre dichos bienes o derechos reales constituidos sobre ellos, a una sociedad en el acto de constitución, modificación o ampliación de ella. Los aportes pueden ser hechos en propiedad o en usufructo, entendiéndose que se hacen en propiedad, cuando se transfiere el dominio de los bienes aportados, y en usufructo, cuando se otorga a la sociedad el goce de los bienes aportados, conservando el dominio sobre ellos. Requisitos del Hecho Gravado:   

Que exista un aporte o transferencia de dominio u otros derechos reales en la constitución, ampliación o modificación de una sociedad. Que el aporte consista en bienes corporales muebles o inmuebles, del giro del aportante. Que el aporte se efectúe por persona que tenga la calidad de "vendedor".

Estos requisitos deben darse copulativamente.

El Servicio ha dictaminado que no existe el hecho gravado en comento en los siguientes casos:  

En la transformación de una sociedad de personas en anónima, ya que no existe una transferencia de dominio, porque es la misma persona jurídica. En la fusión y absorción de sociedades, ya que las sociedades que se fusionan aportan una universalidad jurídica (su patrimonio) y los socios aportarían, como en el caso anterior, derechos personales, y

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 

En la división de sociedades, por no existir en este caso transferencia de bienes corporales muebles o inmuebles, ya que el patrimonio de las nuevas sociedades, es en conjunto, igual al de la sociedad que se divide. Aporte de derechos sociales y aporte de acciones. Aporte de activos fijos, salvo lo señalado en el artículo 8 letra m).

Existe hecho gravado en la conversión de personas individuales en personas jurídicas, respecto de los bienes corporales muebles o inmuebles del giro. 3. Adjudicación de bienes corporales muebles e inmuebles en liquidación de sociedades (art. 8° letra C) La adjudicación de bienes corporales muebles e inmuebles efectuada en liquidaciones de sociedades y comunidades, se encuentra gravada en la letra c) del artículo 8°. Por la adjudicación, entendemos el acto mediante el cual se entrega a cada comunero socio o cooperado al liquidarse la comunidad, sociedad o cooperativa, uno o más bienes en pago de sus derechos respectivos. Requisitos del Hecho Gravado:   

Que la adjudicación tenga lugar en la liquidación de una sociedad, comunidad o cooperativa; Que recaiga sobre bienes corporales muebles o inmuebles; Que estos bienes sean del giro de la respectiva sociedad, comunidad o cooperativa.

El Reglamento de la ley, en su artículo 9° establece que debe entenderse por "bienes corporales muebles de su giro", aquellos respecto de los cuales la sociedad o comunidad era vendedora. 4. Retiro de bienes corporales e inmuebles (art. 8° letra D) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles, los encontramos en la letra d) del Art. 8°, el que grava con el IVA, por la vía de equipararlos a venta, los "retiros de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socio, directores o empleados de la empresa para su uso personal o de su familia, ya sea de su propia producción o comprados para la reventa, o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa".

1. Concepto de Retiro: Entendemos por tal la salida de bienes corporales muebles e inmuebles de la existencia de una empresa para destinarlos al uso o consumo personal del empresario, socio, directores o empleados, o de sus respectivas familias. 2. Requisitos del Hecho Gravado: a. Que el dueño, socio, directores o empleados de una empresa retiren bienes corporales muebles o inmuebles. b. Que los bienes sean retirados por tales personas para su uso o consumo personal o de sus respectivas familias, y c. Que los bienes retirados sean producidos o adquiridos por la empresa para la reventa o la prestación de servicios. 1er. Requisito. De acuerdo al concepto de "retiro" no tendría este carácter el hecho de que un empresario individual dueño de una fábrica de máquinas de escribir destine alguna de ellas al uso de las oficinas de la empresa. Por el contrario el hecho gravado se configuraría, sí dicho propietario retira máquinas de escribir para ser utilizadas en la oficina de la sociedad de profesionales, de la cual es socio. (Ver artículo 11° del Reglamento). 2° Requisito. Para que se cumpla el segundo requisito basta que los retiros se efectúen con la finalidad de ser usados o consumidos personalmente por el dueño, socio, directores o empleados de una empresa o sus respectivas familias, aunque dicho uso o consumo no llegue a materializarse en

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definitiva como sería el caso por ejemplo, del que retira para transferir con posterioridad los bienes del caso. 3° Requisito. No se configuraría el tercer requisito del hecho gravado, si los bienes retirados no hubieren sido producidos o adquiridos por la empresa para la reventa o prestación de servicios. 3. Presunción de Retiros en caso de Faltantes de Inventario. Todos los bienes que faltaren en los inventarios y cuya salida de la empresa no estuviere justificada con documentación fehaciente, se considerarán retirados para uso o consumo propio. Se exceptúan de esta presunción los faltantes de inventario originados por casos fortuitos o fuerza mayor, calificados por el Servicio. De acuerdo al artículo 10 del Reglamento puede tener el carácter de "documentación fehaciente", las siguientes:    

Anotaciones cronológicas efectuadas en el sistema de inventario permanente, debidamente contabilizadas. Denuncias por robos o accidentes formuladas en Carabineros o Investigaciones y ratificadas en el Juzgado respectivo, contabilizadas. Informes de liquidaciones de seguro, contabilizadas. Mermas reconocidas por disposiciones legales vigentes y organismos técnicos del Estado.

4. Sorteos y Rifas. Se equiparan a venta los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles, sean o no del giro de la empresa hecha por vendedores destinados a rifas y/o sorteos, aún a título gratuito, con fines de promoción o propaganda. Cabe enfatizar que lo equiparado a venta, y por lo tanto gravado con IVA., es la destinación o el retiro o salida de bienes corporales muebles o inmuebles de la empresa y no la rifa o sorteo. 5. Entregas gratuitas. Las entregas o distribuciones de bienes corporales muebles e inmuebles efectuadas con fines promocionales o de propaganda se consideran venta cuando reúnan los siguientes requisitos:  

Que sean realizadas con fines de promoción o propaganda, y Que sean efectuadas por contribuyentes que tengan la calidad de vendedor.

En atención a que las entregas de bienes corporales muebles e inmuebles con fines benéficos no tienen fines de promoción o propaganda, no se encuentran gravados con el impuesto en estudio. El Reglamento en su Art. 3° N° 3, inciso 2, señala que tampoco se encuentran afectas las entregas de bienes corporales muebles con fines promocionales efectuadas por prestadores de servicios. 5. Contratos de instalaciones o confecciones de especialidades y contratos generales de construcción (art. 8 letra E) Se entiende por contrato de instalación o confección de especialidades "aquellos que tienen por objeto la incorporación de elementos que adhieren permanentemente a un bien inmueble, y que son necesarios para que éste cumpla cabalmente con la finalidad específica para la cual se construye. (Inciso 1° del Art. 12° del Reglamento). La letra e) de este artículo, asimila a venta los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción que, de acuerdo con el Art. 1.996 del Código Civil revisten el carácter de compraventa, es decir, cuando la materia, o la materia principal es suministrada por el instalador o contratista, lo que ocurre en los sistemas de suma alzada o de precios o valores unitarios, con o sin reajuste. Los contratos en estudio ejecutados por administración, por tener el carácter de arrendamiento de servicios, están comprendidos en el hecho gravado básico de este tributo. 153

El Servicio a modo de ejemplo señala las siguientes especialidades como afectas al tributo en estudio: ascensores, climas artificiales, puertas y ventanas, sanitarios, electricidad, hojalatería, carpintería y cerrajería en madera y metal, vidrios, pinturas y papel mural, estucos y revestimientos, baldosas, pisos plásticos, etc., En esta misma letra e) se establece que este impuesto afectará también a los contratos generales de construcción o edificación. El Servicio ha dictaminado que: "Contratos generales de construcción" son aquellos que tienen por finalidad la confección de una obra material nueva que incluya a lo menos dos especialidades, (Of. N° 1878 de 11.06.82). 6. Venta de establecimientos de comercio y otras universalidades que comprendan bienes corporales muebles e inmuebles del giro (art. 8° letra F) La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles e inmuebles de su giro, se equipara a "venta", de acuerdo a la letra f) del Art. 8°. Concepto de universalidad: Es el conjunto de bienes corporales e incorporales unidos por su afectación a un fin común y que posee una individualidad propia e independiente de los elementos que la componen. Al respecto el Servicio ha calificado el "establecimiento de comercio" como una universalidad de hecho. Dentro de la expresión "cualquiera otra universalidad" que emplea la letra f) en comento, deben entenderse comprendidos:  

Las fábricas y demás establecimientos industriales; Los inmuebles objeto de explotación agrícola.

Características de establecimiento de comercio.  

Es un bien mueble, aunque excepcionalmente comprenda bienes inmuebles, y Es un bien incorporal, por ser una universalidad de naturaleza distinta a los bienes que la componen.

Por su carácter de bien incorporal, la venta de un establecimiento de comercio no cabría dentro del hecho gravado básico, razón por la cual el legislador, para gravarlo, lo equipara a venta en la letra f) del Art. 8°. Requisitos del Hecho Gravado 

Realización de una venta que verse sobre establecimientos de comercio u otra universalidad. De acuerdo con el concepto de "venta", están gravados con el impuesto, la venta propiamente tal de un establecimiento de comercio, como su aporte a sociedades y las adjudicaciones efectuadas en una liquidación de sociedad, etc.



La universalidad objeto de la convención debe comprender: "bienes corporales muebles e inmuebles de su giro", que según el Art. 9° del Reglamento son aquellos respecto de los cuales la sociedad o comunidad era vendedora.

7. Arrendamiento, subarrendamiento y otras cesiones temporales de bienes corporales muebles e inmuebles (art. 8° letra G) a. Bienes muebles Dentro del hecho gravado en estudio deben entenderse incluidos el arrendamiento, subarrendamiento, etc., de vehículos, maquinarias, animales en general y toda clase de bienes corporales muebles, no importando la calidad de las personas que efectúan la operación ni el objeto a que se destine el bien. Es así como se devenga el impuesto por el arrendamiento de una máquina

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agrícola o de un bien del Activo Inmovilizado de una empresa, o el de un mueble pactado entre particulares. b. Bienes inmuebles AMOBLADOS y todo tipo de establecimiento de comercio La ley grava con el IVA, el arrendamiento, subarrendamiento, etc., de bienes inmuebles que se encuentren en las siguientes circunstancias.  

Bienes inmuebles amoblados, y Bienes inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.

El arrendamiento de inmuebles que no reúnan los requisitos anteriores está exento del IVA, en virtud de lo dispuesto en el N° 11 de la letra E del Art. 12° de la ley. Debemos aclarar que los inmuebles gravados son los calificados como no agrícolas por la ley sobre impuesto territorial. Se entiende que los inmuebles se encuentran amoblados cuando se entregan para su uso guarnecidos con los muebles y menajes apropiados y en calidad suficiente para ser habitados. Para determinar el impuesto a los servicios, el Art. 17 de la Ley permite rebajar de la renta de arrendamiento una cantidad equivalente al 11% anual del avalúo fiscal o la cantidad proporcional que corresponde al período si es distinto a un año. Sólo cabe esta rebaja respecto del contrato de arrendamiento y no de las otras formas de cesión o uso temporal. c. Arrendamiento de Inmuebles con Instalaciones. El arrendamiento, subarrendamiento, etc. de inmuebles con instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio, también forman parte del hecho gravado de la letra g) del Art. 8°. Debe entenderse por actividad industrial: "la desarrollada en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, reparación, conservación, embasamiento de sustancias, productos hortícolas en estado natural o ya elaborados o para la prestación de servicios tales como molienda, tintorería, acabado o terminación de artículos". (Art. 6° del Reglamento). Por su parte, el Art. 13° del Reglamento establece que entre los inmuebles con instalaciones y/o maquinarias, se consideran incluidos los hoteles, molinos, playas de estacionamientos, barracas, cines, etc. 8. Arrendamiento, subarrendamiento y otras cesiones temporales de marcas, patentes de invención y otras prestaciones (art. 8° letra H) El arrendamiento, subarrendamiento, o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales u otras prestaciones similares (cesión del uso temporal de un nombre comercial), están gravados con el IVA, según la letra h) del Art. 8°. El arrendador, subarrendador o cedente de las marcas, patentes, procedimientos y fórmulas deberá enterar el IVA sobre el monto de las remuneraciones que perciba por los conceptos señalados. No se aplica el IVA en los siguientes casos: 



Cuando corresponda aplicar sobre dichas sumas pagadas o abonadas en cuenta, el Impuesto Adicional del Art. 59° de la ley de la renta a personas sin domicilio ni residencia en Chile (N° 7 de la letra E) del Art. 12° de la ley), y Cuando dichas marcas, patentes, procedimientos y fórmulas sean arrendadas o cedidas a personas sin domicilio ni residencia en Chile y sean utilizadas exclusivamente en el extranjero (N° 16 de la letra E) del mismo artículo.

9. Estacionamiento de vehículos (art. 8° letra I)

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El estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin, está gravado con IVA, según la letra i) del Art. 8°. La disposición mencionada grava con el IVA los ingresos derivados de la explotación de lugares de estacionamiento pagado de automóviles u otros vehículos ajenos, en los siguientes inmuebles:  

Terrenos sin construcción o con construcciones ligeras adecuadas a la explotación, y Edificios especialmente construidos para dicho fin.

Están afectos al impuesto, las sumas que los usuarios paguen por el estacionamiento, comprenda o no el derecho a ocupar un espacio determinado en una playa o en boxes, no importando la forma de pago (mensual, quincenal, diario) ni la calidad de la persona que explote la playa (dueño, arrendatario o subarrendatario). 10. Primas de seguros de cooperativas de servicios de seguros (art. 8° letra J) Esta disposición deja afectos a IVA los ingresos por este concepto que perciban las cooperativas de seguros, incluso las provenientes de seguros contratados con sus cooperados. 11. Los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor (art. 8° letra L) En la letra l) del artículo 8° se incluyen como hecho gravado los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor, presumiéndose que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurre un plazo igual o inferior a un año. 12. Ventas de bienes corporales muebles e inmuebles usados (art. 8° letra M) Se grava en virtud de dicho precepto: “La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que, por estar sujeto a las normas de este título, el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción”. Se exceptúan expresamente del gravamen “la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de treinta y seis meses contado desde su adquisición, importación, fabricación o término de construcción, según proceda, siempre que dicha venta haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la ley sobre Impuesto a la Renta, a la fecha de dicha venta”. MOMENTO EN QUE SE DEVENGA EL IMPUESTO De acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia "devengar" significa "adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título". Devengar el impuesto sería entonces adquirir derecho el Fisco a una retribución monetaria en virtud de ocurrir la circunstancia prevista en la ley para que alguna persona se convierta en sujeto pasivo de la obligación tributaria. En la práctica se devenga el impuesto cuando ocurre el hecho gravado por la ley y nace la obligación tributaria. Debe distinguirse entre el devengo del impuesto y el derecho a exigir el pago, ya que las leyes impositivas generalmente fijan un plazo dentro del cual debe solucionarse la obligación y mientras este plazo no se cumpla se suspende la exigibilidad del pago, aunque se haya devengado el impuesto 1. Regla general sobre devengo de impuesto La regla general sobre devengo del impuesto se encuentra contenida en la letra a) del Art. 9° de la Ley y Art. 15° del Reglamento, el que al respecto dice: En las ventas de bienes corporales muebles y prestaciones de servicios gravadas con el impuesto al valor agregado, el tributo se devenga en la fecha de emisión de la factura o boleta.

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Si se trata de ventas, en caso que la entrega sea anterior a la emisión del documento o cuando por la naturaleza del acto que da origen a la transferencia no correspondiere emitirlo, el impuesto se devengará en la fecha de la entrega real o simbólica de las especies. En las prestaciones de servicios, cuando la percepción del ingreso fuere anterior a la emisión de la factura o boleta, o no correspondiere emitir estos documentos, el impuesto se devengará en la fecha en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma a disposición del prestador del servicio. El Art. 17° del Reglamento, interpretando lo dispuesto en la letra a) del Art. 9°, precisa los siguientes conceptos: Entrega Real: Es aquella en que el vendedor permite al adquirente la aprehensión material de dicha especie. Entrega Simbólica: Es la que se realiza, entre otros en los siguientes casos:   

Cuando el vendedor entrega al adquirente las llaves del lugar en que se encuentra la cosa; Cuando el vendedor transfiere un bien corporal mueble al que lo posee por cualquier título no traslaticio de dominio; Cuando los bienes corporales muebles se encuentran a disposición del comprador y éste no los retira por su propia voluntad.

Entrega en Consignación: El Reglamento en su Art. 16° dispone que: “En las entregas de mercaderías en consignación que efectúe un vendedor a otro, no se devenga el IVA mientras el consignatario no venda las especies”. 2. Devengo del impuesto en las importaciones La letra b) del Art. 9° de la Ley y el Art. 19° del Reglamento establecen que en las importaciones, el impuesto se devenga al momento de consumarse legalmente la importación o al tramitarse totalmente la importación condicional. Se entiendo legalmente consumada una importación, cuando habiéndose cumplido los trámites establecidos por la Ley, las mercaderías quedan a disposición del interesado para su libre circulación dentro del territorio nacional. 3. Devengo del impuesto en los retiros de mercaderías e inmuebles La letra c) del Art. 9° de la Ley, establece que el IVA se devenga en el momento mismo del retiro del bien respectivo. Por su parte el Art. 20° del Reglamento reitera esta norma expresando que en el momento mismo del retiro se devenga el impuesto y debe efectuarse la contabilización correspondiente. 4. Devengo del impuesto en los intereses por saldos de precio De acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del Art. 9° de la Ley, los intereses o reajustes por saldos insolutos en las ventas a plazo, devengarán el IVA a medida que el monto de dichos reajustes o intereses sean exigibles, o a la fecha de su percepción si ésta fuere anterior. 5. Devengo del impuesto en los servicios periódicos El inciso primero de la letra e) del Art. 9° de la ley dispone que en las prestaciones de servicios periódicos el IVA se devenga:   

En el momento de la emisión de la boleta o factura. Al término de cada período fijado para el pago del precio. Al momento que la remuneración se perciba o se ponga a disposición del prestador de servicios,

En el segundo y tercer inciso de la citada letra e) se establece que tratándose de los suministros y servicios domiciliarios periódicos mensuales de gas, energía eléctrica, telefónicos, agua potable y alcantarillado, el impuesto se devengará al término de cada período fijado para el pago del precio, independiente del hecho de su cancelación o de la emisión de la respectiva factura o boleta. 157

6. Devengo del impuesto en los contratos de confección de especialidades y contratos generales de construcción (Circular 26 de 1987) Respecto a la actividad de la construcción, en la letra f) del Art. 9° de la Ley, se establece que en los contratos de instalación o confección de especialidades, en los contratos generales de construcción, en las ventas y en los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, el impuesto se devenga al momento de emitirse la o las facturas. Esta norma debe relacionarse con la introducida como inciso segundo al Art. 55 de la L.I.V.S., en virtud de la cual se establece que en el caso de los contratos señalados, la factura deberá emitirse en el momento en que se perciba el pago del precio del contrato, o parte de éste, cualquiera que sea la oportunidad en que se efectúe dicho pago. Indicándose, asimismo que en el caso de la venta de bienes inmuebles, la factura deberá emitirse en la fecha de suscripción de la escritura de compraventa por el precio total, incluyendo las sumas pagadas previamente que se imputen al mismo a cualquier título. SUJETO DEL IMPUESTO Una obligación, es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra denominada acreedor. Tratándose de la obligación tributaria, el deudor o sujeto pasivo se encuentra en la necesidad de dar una suma de dinero (impuesto) al acreedor del impuesto, el Fisco, y de hacer o no hacer otras, como ocurre con las obligaciones accesorias, como por ejemplo llevar ciertos libros de contabilidad, emitir determinados documentos, etc. Se denomina sujeto pasivo de la obligación tributaria al deudor del impuesto y al acreedor del mismo, sujeto activo. Regla general sobre sujeto pasivo del impuesto En el artículo 10 de la L.I.V.S., se encuentra la regla general sobre el sujeto pasivo del impuesto, la que menciona como tales al:  

Vendedor, sea que celebre una convención definida como venta o que se equipare a venta Prestador de servicios que realice la prestación de aquellas actividades definidas como servicios o que la ley equipare a servicios.

En directa relación con la materia en estudio, los artículos 21 y 22 del reglamento complementan la norma anterior ya que atribuyen la calidad de sujeto pasivo a las personas que indican: Las personas enumeradas poseen la calidad de sujetos del impuesto cualquiera sea la posición que adopten en el circuito económico de producción y distribución de bienes, es decir, fabricante, importador, comerciante mayorista o minorista, sea que se trate de una empresa individual, o social, incluidas las sociedades de hecho y las comunidades. Sujeto del impuesto en las importaciones La letra a) del artículo 11 considera como sujeto del impuesto al importador, habitual o no, es decir, a la persona que introduce legalmente mercaderías extranjeras para su uso o consumo en el país, sin atender a la calidad jurídica de la persona que realiza la importación. Sujeto del impuesto en las ventas realizadas por personas sin residencia en Chile La letra b) del artículo 11 considera como sujeto del impuesto al comprador o adquirente, cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en el país. Sujeto del I.V.A. en los aportes La letra d) del artículo 11, establece que el sujeto del tributo en los aportes a sociedades, es el aportante que tenga la calidad de vendedor de bienes corporales muebles e inmuebles. Sujeto del I.V.A. en los servicios prestados por personas no residentes en el país 158

La letra e) del artículo 11 otorga el carácter de sujeto pasivo del impuesto al beneficiario del servicio a condición que la persona que efectúa el servicio o prestación entendida como tal posea residencia en el extranjero. Sujeto del I.V.A. en los contratos generales de construcción y en los contratos de instalaciones o confección de especialidades En la letra f) del artículo 11 se otorga la calidad de sujeto pasivo del impuesto a los contratistas o subcontratistas que efectúen los referidos contratos. Cambios del sujeto pasivo del impuesto Sin perjuicio de las normas sobre sujeto del impuesto analizadas precedentemente, el inciso 3º del artículo 3° de la Ley, entrega al S.I.I. la facultad de cambiar al sujeto pasivo del impuesto, de manera tal que traslada la obligación de su pago al comprador o beneficiario del servicio. La facultad referida es entregada al S.I.I. para que resuelva a su juicio exclusivo el cambio de sujeto del impuesto, razón por la cual, la resolución que lo ordene no es susceptible, administrativa o judicialmente de reclamo ni recurso alguno en su contra.

Asimismo, el inciso 4°, del mismo artículo, autoriza a la Dirección del S.I.I. para imponer a determinados vendedores y prestadores de servicio la obligación de aplicar y retener, además de su propio impuesto, el I.V.A. que los respectivos adquirentes o prestadores deban recargar por las ventas o servicios que efectúen o presten a terceros. Una vez notificada la resolución, la relación jurídica emanada de la obligación tributaria se traba entre el Estado, como sujeto activo, sin que intervenga en ella el tradente o prestador, con lo cual, devengado que sea el impuesto, el único obligado a su pago es el adquirente o beneficiario del servicio, el que deberá cumplir además las obligaciones accesorias que le impone la Ley. Además, los contribuyentes que se encuentren en esta situación deben dar cumplimiento a los diversos deberes que la L.I.V.S. y su reglamento imponen a los sujetos de derecho del impuesto, entre ellos, el emitir, por cada operación de compra que efectúen en los casos previstos en la resolución respectiva, la factura correspondiente, en sustitución de la que habrían debido emitir los vendedores en el supuesto de que la obligación de pagar el tributo hubiese sido de su cargo como es el caso de la emisión de facturas de compra en el caso de adquisiciones a vendedores de difícil fiscalización. En virtud de esta facultad, el Servicio podrá disponer el cambio de sujeto del impuesto también solo por una parte de la tasa del impuesto, como asimismo autorizar a los vendedores o prestadores de servicios, que por la aplicación de lo dispuesto en este inciso no puedan recuperar oportunamente sus créditos fiscales, a imputar el respectivo impuesto soportado o pagado a cualquier otro impuesto fiscal incluso de retención o de recargo que deban pagar por el mismo período tributario, a darle el carácter de pago provisional mensual de la ley de la renta, o a que les sea devuelto por el Servicio de Tesorerías en el plazo de treinta días de presentada la solicitud, la cual deberá formularse dentro del mes siguiente al de la retención del tributo efectuada por el adquirente o beneficiario del servicio; pero en todos los casos hasta el monto del débito fiscal correspondiente. EXENCIONES AL I.V.A Las exenciones tributarias constituyen en general, limitaciones al ámbito de aplicación de un tributo, ya que, en virtud de las disposiciones que los establecen, el gravamen no se aplica en operaciones que de otro modo, es decir, sin mediar la exención, se verían gravadas. Respecto del Impuesto al Valor Agregado, el legislador ha optado por restringir al máximo las exenciones a este impuesto, ya que su existencia se opone a dos principios básicos del I.V.A. estos son: 

La neutralidad en la determinación de los precios finales.

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Autocontrol entre el vendedor y el comprador por oposición de intereses respecto del crédito fiscal.

Las exenciones al impuesto las encontramos en los artículos 12° y 13° de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. En el primero encontramos las de carácter real, y en el último las de carácter personal. Exenciones reales contenidas en el artículo 12 de la ley La letra A del artículo 12 exime del impuesto a las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes: N° 1. Vehículos motorizados usados La exención indicada no se aplica en los siguientes casos:    

En la situación prevista en la letra m, del artículo N°8, de la Ley. Tratándose de vehículos motorizados que se importen. Los que se transfieran en virtud del ejercicio, por el comprador, de la opción de compra contenida en contrato de arrendamiento con opción de compra. Los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación, por encontrarse acogidos a alguna franquicia, de acuerdo con lo presupuestado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del artículo N°8.

N° 3. Especies transferidas a título de regalías a los trabajadores de una empresa hasta 1 UTM Es importante señalar que si la regalía excede de una U.T.M., solo el exceso es el que se grava con I.V.A., manteniéndose exenta la parte equivalente a una U.T.M. El monto exento indicado es por cada período tributario (en el IVA esto es un mes), pudiendo acumularse por aquellos períodos en que no se utilice, hasta por doce meses partiendo de enero de cada año. N° 5 y 9. Materias primas destinadas a bienes de exportación Se encuentran exentas del I.V.A. las compras realizadas en el mercado nacional y las importaciones de materias primas que se destinen a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la exportación. Según lo expresa la ley en su artículo 12, letra A N° 5 y letra B N° 9 respectivamente. La exención sólo puede hacerse efectiva si así lo determina mediante resolución fundada el Servicio de Impuestos Internos. En la letra B del artículo 12 se exime del I.V.A. a las importaciones realizadas por determinadas entidades o personas, de las cuales se exponen aquellas de mayor trascendencia. N° 1. Especies bélicas, pertrechos y otros, importados por el Ministerio de defensa nacional e Instituciones afines. N° 3. Especies importadas por representantes de naciones extranjeras e instituciones u organismos internacionales. N° 4. Especies Importadas por pasajeros que se encuentren exentas de derechos aduaneros. N° 5. Especies importadas por funcionarios o empleados del gobierno y otros, siempre que dichas especies consistan en efectos personales, menaje de casa, equipos y herramientas de trabajo, una embarcación deportiva y un vehículo automóvil terrestre. N° 6. Especies importadas por tripulantes de Naves, Aeronaves y otros vehículos, como constituyen equipaje de viajeros. N° 10. Las importaciones de bienes de capital efectuadas por inversionistas y por las empresas receptoras de la inversión, siempre que se reúnan ciertos requisitos. N° 11 y 12. Personas que importen premios o trofeos culturales o deportivos.

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N° 13. Las importaciones realizadas por las bases ubicadas en el territorio Antártico Chileno, por las personas que en forma permanente o temporal realicen trabajos en ella o por las expediciones antárticas. N° 15. Los artistas nacionales que importen obras de arte originales, realizadas por ellos en el extranjero. La letra C del artículo 12 de la L.I.V.S., exima del I.V.A a las especies internadas al país en las condiciones que a continuación se comentan: N° 1. Por pasajeros o visitantes Exime del I.V.A. a las especies internadas por los pasajeros o visitantes para su propio uso durante su estadía en Chile. Dichas especies deben ser efectos personales o vehículos para su movilización en el país. Esta exención favorece básicamente a los "turistas", vale decir, las personas de nacionalidad extranjera que ingresen al país con fines de recreo, deporte, salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas, y cuya permanencia o estadía no supere los 90 días (Articulo 44 D.L. N° 1.094 de 1975). N° 2. En admisión temporal o bajo otros regímenes aduaneros semejantes Se exime del I.V.A. a las especies internadas transitoriamente al país en admisión temporal, almacenes francos, en depósitos aduaneros, en tránsito temporal u otra destinación aduanera semejante. En virtud de lo dispuesto por la letra D, del artículo 12 de la ley, las especies exportadas en su venta al exterior están exentas del I.V.A. La letra E, del artículo 12 de la L.I.V.S., exime del I.V.A. a diversas remuneraciones y servicios, sin atender al mérito de la o las personas que perciban o presten: N°1. Ingresos percibidos por concepto de entradas a espectáculos y reuniones: 

Artísticos, científicos o culturales, teatrales, musicales, poéticos, de danza y canto, auspiciados por el Ministerio de Educación,



De carácter deportivo,



Los que se celebren a beneficio total y exclusivo de los Cuerpos de Bomberos, de la Cruz Roja de Chile, Comité Nacional de Jardines Infantiles y Navidad, de la Fundación Graciela Letelier de Ibañez "CEMA CHILE" y a instituciones de beneficencia con personalidad jurídica. Con un máximo de doce espectáculos o reuniones en cada año calendario.



Circenses presentados por compañías o conjuntos integrados únicamente por artistas nacionales. Para estos efectos serán considerados chilenos los extranjeros con más de cinco años de residencia en el país, sin importar las ausencias esporádicas o accidentales, y aquellos con cónyuges o hijos chilenos. Esta exención, igual que la anterior debe ser declarada por el Director Regional de la jurisdicción del beneficiario, pudiendo ser declarada por temporada de funciones o presentaciones, siempre que ella no sea superior a un año.

Las exenciones en estudio están condicionadas a que los espectáculos no se presenten conjuntamente, en un mismo programa, con otro u otros no exentos del Impuesto al Valor Agregado. No proceden las exenciones anteriores, cuando en los locales en que se efectúen los espectáculos o reuniones se transfieran especies o se presten otros servicios, a cualquier título, que normalmente estén afectos al I.V.A. y cuyo valor no se cobre en forma separada del precio del ingreso al espectáculo o reunión correspondiente. 161

No procederá en caso alguno la exención respecto de los espectáculos artísticos, científicos o culturales, musicales, poéticos, de danza y canto, auspiciados por el Ministerio de Educación, cuando se transfieran bebidas alcohólicas en los locales en que ellos se efectúen. N° 2. Los fletes, fluviales, lacustres, aéreos y terrestres del exterior a Chile y viceversa, y en los pasajes internacionales. La disposición legal exime del pago del gravamen al transporte de carga hacia o desde Chile, cualquiera que sea la condición jurídica o nacional de la empresa respectiva y el lugar en que se pague o perciba el flete. Respecto de los pasajes, debe entenderse que la exención favorece a los viajes desde el exterior a Chile y viceversa, cualquiera que sea el medio de movilización que se utilice. Ciertas primas de seguro: 3°. Esta disposición exime las primas provenientes de los seguros que cubren riesgos de transporte respecto de importaciones y exportaciones. 4°. Seguros contra daños causados por terremotos o por incendios que tengan su origen en su terremoto. 5°. Seguros contratados dentro del país de la Federación Aérea de Chile, clubes aéreos y empresas chilenas de aeronavegación. 14°. Contratos de reaseguros. 15°. Seguros de vida reajustables. La exención favorece a todas las modalidades de seguros de vida de carácter reajustable, ya sea para el caso de muerte, o para supervivencia después de cierta edad. N° 7. Ingresos que no constituyen renta según el artículo 17 de la Ley de la Renta y los ingresos afectos al Impuesto Adicional del artículo 59 de la misma Ley N° 8. Ingresos afectos a la Segunda Categoría de la Ley de la Renta Se refiere a los ingresos enumerados en los artículo 42 y 48 de la Ley de la Renta, esto es, remuneraciones de empleados, profesionales y directores o consejeros de sociedades anónimas. A este respecto, cabe mencionar que este aspecto constituye una impropiedad de la Ley, ya que respecto de estos ingresos no se configura el hecho gravado de la Ley de I.V.A. ni los básicos ni los especiales, y aun así el legislador ha optado por dejar exentas actividades respecto de las cuales nunca se configuró el hecho gravado por la L.I.V.S. N° 11. Arrendamiento de inmuebles y contratos de arriendo con opción de compra Se exime del I.V.A. al arrendamiento de inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8° estudiado anteriormente respecto del arrendamiento de inmuebles amoblados o con instalaciones que permitan el desarrollo de cualquier actividad de comercio o de industria. La exención también se hace extensiva a los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, siempre que en la adquisición de los bienes objeto del contrato que haya precedido inmediatamente al contrato de arriendo, no se haya recargado impuesto al valor agregado por tratarse de una venta exenta o no afecta. N° 16. Servicios prestados a personas sin domicilio ni residencia en Chile Para que proceda esta exención deben cumplirse copulativamente los siguientes requisitos, los que se desprenden de analizar la norma en comento, estos son:  

Que el beneficiario del servicio no tenga domicilio ni residencia en Chile. Que el servicio sea calificado como exportación por el Servicio de Aduanas.

N° 17. Ingresos en moneda extranjera percibidas por empresas hoteleras registradas en el SII, por servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile. Exenciones personales contenidas en el artículo 12 E) y el 13 de la Ley 162

Artículo 12 letra E N° 12. Trabajadores que laboren solos. Los servicios prestados por trabajadores que laboren solos, en forma independiente y en cuya actividad predomine el esfuerzo físico por sobre el capital o los materiales empleados. Para estos efectos, se considera que el trabajador labora solo aun cuando colaboren con él su cónyuge, hijos menores de edad o un ayudante indispensable para la ejecución del trabajo. Artículo 13. 1. Empresas radioemisoras y de televisión. Las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de televisión por los ingresos que perciban dentro de su giro, con excepción de los avisos y propaganda de cualquier especie. 2. Las agencias noticiosas. Entendiéndose por tales, aquellas empresas de información, nacionales o extranjeras, que desarrollan sus actividades en el territorio nacional, que poseen sus propias fuentes de información y que distribuyen su material noticioso en el país o en el extranjero. 3. Las empresas navieras, aéreas, ferroviarias y de movilización urbana, interurbana, interprovincial y rural, solo respecto de los ingresos provenientes del transporte de pasajeros. El S.I.I. en Circular N° 68, de 1975, ha interpretado que esta exención beneficia también a las personas o empresas que se dediquen a la movilización de alumnos, trabajadores de empresas, o hijos de trabajadores a salas cunas o guarderías infantiles, el transporte de turistas, simpatizantes de un club deportivo y otros casos análogos. 4. Establecimientos de educación. La exención se limita a los ingresos provenientes de las actividades docentes propiamente tales. En consecuencia, cualquier remuneración que perciban estos contribuyentes en virtud de otras actividades desarrolladas por ellos, quedan gravados con el I.V.A., si aquella actividad cumple con los requisitos necesarios para configurar el hecho gravado, ya sea básico o especial. Las entregas a los alumnos de material de apoyo y adecuado a la enseñanza que imparten los establecimientos de educación, institutos, academias, etc. se encuentran exentas del I.V.A. en el entendido de que dicho material didáctico forma parte de la metodología integral del sistema de enseñanza y del servicio docente impartido. 5. Los hospitales dependientes del Estado o de las Universidades reconocidas por éste, por los ingresos que perciban dentro de su giro. En relación a lo anterior, el consumo de medicamentos efectuado por funcionarios en clínicas que cumplan las exigencias establecidas en el artículo 13, N° 5 y 6, letras a), b), c), y 7 del D.L. 825, los que no se encuentran afectos al I.V.A., siempre y cuando se trate de la utilización o consumo de elementos para la atención y servicio del funcionario en el respectivo establecimiento médico. En cambio, si se trata de una simple venta de medicamentos a los funcionarios, se encuentra afecta al referido tributo, y la respectiva clínica debe incluir el impuesto en la correspondiente boleta de venta.

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BASE IMPONIBLE Toda Ley tributaria que permita el nacimiento de un impuesto, debe necesariamente incluir los elementos de la obligación, como es el caso de los obligados al pago del impuesto tratándose del elemento personal. El elemento que ahora nos ocupa es el elemento cuantitativo, el que está expresado en toda ley tributaria por la base imponible y la tasa del impuesto. De estos dos factores depende la determinación del impuesto, vale decir, de la base imponible y de la tasa, que actualmente es de un 19%. Normas generales sobre base imponible del I.V.A. La regla general sobre base imponible del impuesto, está contenida en el inciso 1° del artículo 15 de la Ley, norma que de una manera amplia menciona que la base imponible estará dada por el valor de las operaciones involucradas salvo disposición en contrario. Por su parte el inciso 1° del artículo 26° del reglamento del I.V.A. complementa la norma comentada anteriormente, estableciendo que la base imponible del impuesto estará constituida "por el precio de venta de los bienes corporales muebles transferidos o el valor de los servicios prestados". Más: 

Intereses, reajustes, gastos de financiamiento, diferencias de cambio; menos, los reajustes de los valores que ya pagaron IVA, en la parte que corresponde a la variación de la Unidad de Fomento determinada por el período de la operación a plazo.



Valor de los envases y de los depósitos constituidos para garantizar su devolución.



Impuestos distintos a los contenidos en la ley sobre impuesto a las ventas y servicios.

Menos: 

Bonificaciones y descuentos a los compradores

Gastos de financiamiento de operaciones a plazo Según el Nº1 del artículo 15° de la Ley, forman parte de la base imponible del I.V.A. "el monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo, incluyendo los intereses moratorios, que se hubieren hecho exigibles o percibido anticipadamente en el período tributario". Sin embargo, debe excluirse el monto de los reajustes de valores que ya hayan pagado I.V.A., entendiendo para estos fines por reajustes, la variación de la Unidad de Fomento durante el período respectivo de la operación a plazo.

Los intereses, incluidos los moratorios Las diferencias de cambio que se produzcan con motivo de haberse pactado a plazo una operación gravada, en base a cuotas expresadas en monedas extranjeras, forman también parte de la base imponible, ya que constituyen un tipo de reajuste, sin embargo si dichas diferencias de cambio no exceden la variación de la U.F. en el período respectivo, no quedarán afectadas por el impuesto en el caso que a continuación se estudia. Envases, embalajes, depósitos para garantizar su devolución Regla General: Los envases, embalajes y los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución, forman parte de la base imponible del I.V.A. aun cuando dichos valores se facturen o contabilicen en forma separada.

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Las sumas devueltas a los compradores por los depósitos referidos, cuando ellas hayan sido incluidas en la base imponible del I.V.A., se rebajan del impuesto determinado o Débito Fiscal del mes en que se materialice la citada devolución, emitiendo la correspondiente Nota de Crédito. Regla Especial: El S.I.I. posee la facultad de autorizar en casos calificados la exclusión de la base imponible de los depósitos constituidos para garantizar la devolución de los envasas, considerando el giro de la empresa, la habitualidad en la constitución de los depósitos y la simplificación que puede significar, tanto para el contribuyente como para el control tributario, la exclusión de aquellos. Amparado en la facultad antes expuesta, el Servicio ha dispuesto que los depósitos que a continuación se enuncian no deben formar parte de la base imponible del I.V.A.:  

Los depósitos por envases de juegos, cervezas, aguas minerales y bebidas analcohólicas. Los depósitos para garantizar la devolución de los balones o cilindros de gas licuado.

Impuestos incluidos o recargos en el precio Según lo dispuesto por el N° 3 del artículo 15° de la Ley, debe adicionarse al valor afecto al I.V.A. el monto de los impuestos que no sean el mismo I.V.A., incluidos o recargados en el precio de venta de los bienes que se transfieren o en el valor de los servicios prestados. Normas especiales sobre base imponible del I.V.A. (art. 16° a 19°) Base imponible en las importaciones El artículo 16°, en su letra a) de la Ley, dispone que la base imponible en las importaciones está constituida por el valor aduanero o en su defecto el valor CIF, más los derechos aduaneros correspondientes.

Base imponible en los retiros de bienes corporales El artículo 16°, en su letra b) de la Ley, dispone que la base imponible de las especies que se retiren estará dada por el propio valor de las mismas que el contribuyente les haya asignado, o el valor en plaza de estos si este fuera mayor según lo determine el S.I.I. a su juicio exclusivo. Base imponible en los contratos de instalaciones o confección de especialidades La letra c) del artículo 16° de la Ley, establece que en los contratos de confección o instalación de especialidades, la base imponible estará dada por el valor del contrato, incluidos los materiales. Base imponible en la venta de establecimientos de comercio La letra d) del artículo 16° de la Ley, establece que la base imponible en la venta de establecimientos de comercio estará dada por el valor de los bienes corporales muebles e inmuebles propios del giro del vendedor, el que está constituido por el activo realizable del vendedor, con la importante mención de la imposibilidad de deducir deudas que puedan afectar a dichos bienes. Si la venta del establecimiento de comercio o de cualquier tipo de universalidad se realizara por la modalidad denominada por suma alzada, el S.I.I. procede a tasar, para los efectos de la aplicación del impuesto, el valor de los diferentes bienes corporales muebles e inmuebles propios del giro, comprendidos en la venta del establecimiento de comercio. Base imponible en el arrendamiento de inmuebles amoblados El arrendamiento de los inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones que permitan el desarrollo de cualquier actividad comercial o industrial y el arrendamiento de todo tipo de establecimientos de comercio constituyen operaciones gravadas con el impuesto. En virtud del artículo 17° de la Ley, para los efectos de determinar la base imponible, permite rebajar de la renta 165

percibida por concepto de arrendamiento y que es la que se gravará con el impuesto, la cantidad equivalente al 11% del avalúo fiscal del bien raíz o la proporción que corresponda en aquellos casos en que el arrendamiento se haya pactado por períodos distintos a un año. Base imponible en la venta de bienes corporales inmuebles usados En el caso de la venta de bienes corporales inmuebles usados, en cuya adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, realizada por un vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra. Para estos efectos deberá reajustarse el valor de adquisición del inmueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta. Con todo, señala el artículo 16, en su inciso segundo, en la determinación de la base imponible referida anteriormente deberá descontarse del precio de compra y del precio de venta, el valor del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones. Para estos efectos, el vendedor podrá deducir del precio de venta como valor máximo asignado al terreno, el valor comercial de éste a la fecha de la operación. Efectuada esta deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial asignado al terreno en el precio de venta. El S.I.I., en todo caso, podrá tasar el valor comercial asignado al terreno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario. Base imponible en los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor. En estos contratos a que se refiere la letra l) del artículo 8°, la base imponible estará constituida por el valor de cada cuota incluida en el contrato, debiendo rebajarse la parte que corresponda a la utilidad o interés comprendido en la operación. El S.I.I. podrá aplicar lo facultad de tasación del artículo 64 del Código Tributario cuando el monto de la utilidad o interés que se cobre o pacte en la operación sea notoriamente superior al valor que se obtenga, cobre o pacte en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación. La diferencia que se determine entre la utilidad o interés de la operación y el fijado por el Servicio quedará afecta al Impuesto al Valor Agregado. La tasación, liquidación o giro, podrá reclamarse en la forma, plazo y de acuerdo al procedimiento a que se refiere dicha disposición. Base imponible en las ventas de inmuebles Es facultad del contribuyente del impuesto optar por deducir el valor reajustado de adquisición o el avalúo fiscal, en atención a los siguientes aspectos:  

Si la venta se verifica antes de tres años de la fecha de adquisición: Rebaja máxima: Doble del avalúo fiscal, salvo que se obtenga autorización del S.I.I. por resolución. Si la venta se verifica tres o más años después de adquirido el terreno: Valor efectivo de adquisición del terreno reajustado según la variación del I.P.C. en atención a las normas generales de actualización.

Base imponible en la permuta y otras convenciones similares En virtud de lo dispuesto por el artículo 18° de la Ley, como primera cosa en la permuta cada parte tomo por ese solo acto la calidad de vendedor respecto de los bienes que permuta, gravándose en consecuencia con el impuesto, teniéndose como base imponible del mismo el valor de los bienes corporales muebles o inmuebles comprendidos en ella. Base imponible en el caso de servicios pagados con bienes o viceversa En virtud de lo dispuesto por el artículo 19° de la Ley, cuando se dieren en pago de servicios bienes corporales muebles, se debe tener como precio del servicio el valor que las partes les asignen a los bienes transferidos, o el que en su defecto, fije el S.I.I. a su juicio exclusivo. De esta manera este precio 166

es el que conforma la base imponible del impuesto. El tratamiento que se da en el caso de ventas de bienes corporales muebles que se paguen con servicios es idéntico. DÉBITO FISCAL Según la Ley, el Débito fiscal mensual está constituido por la suma de los I.V.A. recargados en las ventas y servicios efectuados en el período, que tratándose de este impuesto en particular, dicho período equivale a un mes. El resultado de aplicar la tasa del impuesto a la base imponible determinada para cada operación, es el débito fiscal del mes respectivo. El artículo 35° del reglamento, establece las normas que han de ser observadas por los contribuyentes del I.V.A. para la determinación de su débito fiscal, y corresponden a las que a continuación se señalan: Respecto de las personas obligadas a emitir facturas, (letra a) del artículo 53° de la ley), la determinación del débito se obtiene mediante la suma del impuesto recargado separadamente en las operaciones gravadas del período tributario respectivo. Respecto de las personas obligadas a la emisión de boletas de venta (letra b) del artículo 53° de la Ley), la determinación se realiza a través de la suma de del total de las ventas o servicios gravadas realizadas en el período tributario respectivo y aplicando a dicho valor las operaciones aritméticas necesarias para determinar el impuesto incluido en el valor determinado mediante la suma antes referida. El débito fiscal determinado en virtud de las operaciones antes descritas, puede estar afectado por la ocurrencia de situaciones expresamente definidas en la propia Ley y en consecuencia deberán ajustarse ya sea aumentándolo o disminuyéndolo según sea el caso de acuerdo a lo que a continuación se presenta. Agregados al débito fiscal mensual El artículo 36º del Reglamento dispone que el débito fiscal mensual, deberá aumentarse en el monto del I.V.A. recargado en las Notas de Débito emitidas dentro del mes. La obligación de emitir Notas de Débito concurre por todo aumento del impuesto facturado con anterioridad, como ocurre entre otros en los siguientes casos:    

Diferencias de precio. Intereses, reajustes, diferencias de cambio y gastos de financiamiento de operaciones a plazo. Intereses moratorios. Diferencias por facturación indebida de un débito fiscal inferior al correspondiente en determinada operación, respecto de facturas del mismo período.

Las Notas de Débito están sometidas a las mismas exigencias que dispone el artículo 69º de la Ley para las facturas, y solo pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficiario del servicio con la finalidad de modificar facturas emitidas con anterioridad. Si las diferencias de precio, intereses, etc., corresponden a operaciones gravadas, respecto de las cuales no es obligatorio la emisión de facturas y por las cuales se emitió boleta de venta, basta en este caso con la emisión de una nueva boleta de venta por el monto de las diferencias, intereses, etc. No existiendo de todas maneras impedimento para la emisión de Notas de Débito o de Crédito adicionalmente a la emisión de boletas de venta o de facturas indistintamente según lo manifestado por el propio Servicio de Impuestos Internos. Deducciones al Débito Fiscal De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37° del reglamento de la Ley, debe deducirse del débito fiscal del mes, el I.V.A. correspondiente a las Notas de Crédito emitidas respecto del mismo período tributario, y por los conceptos que a continuación se mencionan: 167

a. Bonificaciones y descuentos sobre operaciones afectas, otorgados a los compradores o beneficiarios del servicio con posterioridad a la facturación, sin importar si dichas bonificaciones o descuentos corresponden a operaciones del mismo período tributario o a anteriores. Respecto de estos descuentos, no existe plazo alguno para proceder al respectivo descuento. b. Sumas restituidas a los compradores por concepto de devoluciones de especies, siempre que correspondan a operaciones gravadas y la devolución de las mismas encuentre su fundamento en la resolución, resciliación, nulidad u otra causa y siempre que no hayan transcurrido más de tres meses entre la fecha de la entrega y la devolución de las especies objeto de la convención. Respecto de sí la razón de la devolución es por sentencia judicial, no existe plazo alguno. Finalmente debe recordarse que los plazos de meses en materia de I.V.A. corresponden a los períodos tributarios del mismo, por lo tanto corresponden a meses completos. c. Sumas restituidas a los clientes por resciliación de contratos, tratándose de contratos de servicios gravados y que entre la fecha del mismo y la resciliación no haya transcurrido un plazo mayor a tres meses. d. Cantidades devueltas al comprador cuando una venta o promesa de venta de bienes corporales inmuebles, quede sin efecto por resolución, resciliación o nulidad u otra causa. En tal caso el plazo de tres meses para efectuar la deducción del débito fiscal se cuenta desde la fecha en que se produzca la resolución o desde la fecha de la escritura de resciliación y, en el caso que la venta o promesa de venta quede sin efecto por sentencia judicial, desde la fecha en que esta se encuentre ejecutoriada, entendiéndose tal fecha cuando no concurre ningún recurso posterior a la sentencia. Se entiende también sentencia ejecutoriada el avenimiento de las partes. e. Cantidades devueltas a los compradores por concepto de la devolución de los depósitos constituidos por éstos para garantizar la devolución de los envases, cuando el S.I.I. no haya hecho uso de la facultad de excluirlos de la base imponible. f. Cantidades a favor de los compradores de bienes o beneficiarios de los servicios provenientes de una facturación excesiva del I.V.A., siempre que se subsane dicho error dentro del mismo período tributario en que se cometió, emitiendo la Nota de Crédito. Fuera de este plazo, el I.V.A. recargado en la Nota de Crédito respectiva no puede imputarse al Débito fiscal, sino que solo queda la posibilidad de solicitar la devolución al S.I.I. de acuerdo a las normas contenidas en el Código Tributario que otorgan el plazo de 3 años contado desde la fecha del pago indebido para impetrar su devolución. CRÉDITO FISCAL Crédito Fiscal, artículo 23° Los contribuyentes del I.V.A. tienen derecho a rebajar de su débito fiscal, los créditos fiscales soportados respecto del mismo período el que queda consignado en las facturas que dan cuenta de las adquisiciones de mercaderías o la contratación de servicios, o tratándose de importaciones, el impuesto pagado por la importación respecto del mismo período. Se entiende entonces que se tendrá derecho a crédito fiscal por los impuesto soportados en las adquisiciones de bienes o contratación de servicios destinados a formar parte del activo realizable como del activo fijo y también por aquellas partidas destinadas a gastos generales, que digan, en todo caso relación con el giro del negocio. De la misma manera se tiene derecho al crédito fiscal por las facturas recibidas por la celebración de un contrato de venta de un bien corporal inmueble y de aquellos contratos referidos en la letra e) del artículo 8° de la Ley.

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Crédito Fiscal según el D.S N° 55, Reglamento del I.V.A., artículos 39 y 40 El I.V.A. correspondiente a todas las adquisiciones y servicios gravados con el impuesto, y que figure recargado separadamente en las facturas que dan cuenta de las operaciones mencionadas anteriormente. Se hace extensible el beneficio para las adquisiciones de bienes corporales que se destinen tanto al activo fijo, como al activo realizable. Finalmente, dan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de especies corporales relacionadas con otros gastos de tipo general, siempre relacionados con el giro de la empresa. Dan derecho a Crédito Fiscal según el S.I.I. 

Adquisición o importación de bienes corporales muebles que integren el activo fijo de una empresa, tales como maquinarias, muebles y útiles de oficina, herramientas y enseres, instalaciones, repuestos y accesorios, equipos de transporte, vehículos destinados a ser usados en el giro de la empresa, con excepción de automóviles, station wagons y similares.



Adquisición o importación de bienes destinados a formar parte del activo realizable de la empresa, tales como materias primas, insumos, materiales, mercaderías etc. Servicios recibidos por el contribuyente gravados con I.V.A., necesarios para el desarrollo de la actividad respectiva, tales como selección y análisis de productos, embasamiento, etiquetamiento, embalajes, fletes, arrendamiento de maquinarias y equipos, lavanderías y tintorerías industriales, impresos, etc.





Adquisiciones de bienes o importaciones de bienes corporales muebles o prestaciones de servicios que formen parte del rubro gastos generales, tales como útiles de aseo, de oficina, labores de mantención, reparación y conservación de bienes del activo fijo, publicidad, etc.

Rubros que no dan derecho a crédito fiscal, según el artículo 23 de la ley 2. No procede derecho a crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados con el impuesto o a operaciones exentas o que no guarden relación directa con la actividad del vendedor. 3. En el caso que las adquisiciones de bienes, importación de los mismos o la contratación de servicios que se destinen tanto a operaciones gravadas como exentas, el crédito se calculará en forma proporcional, de acuerdo a las normas que establece el artículo 43 del reglamento de la Ley. 4. No darán derecho a crédito fiscal las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y las compras de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 48º, salvo que el giro o actividades habituales del contribuyente sea la venta o el arrendamiento de dichos bienes, según corresponda. 5. No dan derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellos que hayan sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. Esta última norma se aplicará cuando el pago de la factura se haga dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 



Con cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girada contra la cuenta corriente del comprador o beneficiario del servicio. Haber anotado por el librador al extender el cheque, en el reverso del mismo, el número de RUT del emisor de la factura y el número de ésta.

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-

Si con posterioridad al pago de la factura, esta fuera objetada por el SII, el comprador o beneficiario del servicio perderá el crédito fiscal que ella hubiere originado, a menos que acredite a satisfacción del SII, lo siguientes: La emisión y pago del cheque, mediante el documento original o fotocopia de éste. Tener registrada la respectiva cuenta corriente bancaria en la contabilidad, si está obligado a llevarla. Que la factura cumple con las obligaciones formales establecidas por las leyes y reglamentos. La efectividad material de la operación, por los medios de prueba instrumental o pericial que la Ley establece, cuando el SII así lo solicite.

Lo dispuesto en los dos últimos incisos no se aplicará en caso que el comprador o beneficiario del servicio haya tenido participación en la falsedad de la factura. 6. El derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, procederá sólo para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles. Crédito fiscal de utilización común En el N° 3 del Art. 23 se establece que en el caso de la importación o adquisición de bienes o utilización de servicios que se afecten o destinen a operaciones gravadas y exentas, el crédito se calculará en forma proporcional de acuerdo con las normas que establece el Art. N° 43 del Reglamento. Así, el crédito fiscal a que tiene derecho el vendedor o prestador de servicios cuando ha importado, adquirido bienes corporales muebles o utilizado servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado, consistentes en maquinarias, insumos, materias primas o servicios, destinados a generar simultáneamente operaciones gravadas con IVA y exentas o no gravadas, deberá ser calculado de la siguiente forma: 1. El crédito fiscal respecto de las maquinarias y otros bienes del activo fijo de las empresas e insumos, materias primas o servicios de utilización común, deberá ser calculado separadamente del crédito fiscal a que tienen derecho los contribuyentes de acuerdo con las normas generales, respecto de las importaciones, adquisiciones de especies o utilización de servicios destinados a generar exclusivamente operaciones gravadas con el Impuesto al Valor Agregado; 2. Para determinar el monto del crédito fiscal respecto de los bienes corporales muebles y de los servicios de utilización común, indicados en el número anterior, se estará a la relación porcentual que se establezca entre las operaciones netas contabilizadas, otorgándose dicho crédito únicamente por el porcentaje que corresponda a las ventas o servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado; El artículo 43 del Reglamento establece el modo de operar, señalando que los contribuyentes que realizan ventas y/o servicios gravados y exentos de Impuesto al Valor Agregado, deberán determinar la relación porcentual a que se refiere el número anterior considerando las ventas y/o servicios netos gravados y el total de las ventas y/o servicios netos contabilizados, efectuados durante el primer período tributario. Para los períodos tributarios siguientes deberán considerar la misma relación porcentual pero acumulada mes a mes los valores mencionados hasta completar el año calendario respectivo. En el año calendario siguiente y posterior se iniciará el mismo procedimiento antes descrito para determinar la relación porcentual. Requisitos formales para el uso del crédito fiscal La Ley a través de su artículo 25, establece los requisitos formales para, una vez cumplidos los requisitos de procedencia del crédito fiscal, hacer uso de él. Concretamente, los requisitos son los siguientes:

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 

El I.V.A. soportado, debe estar recargado separadamente en las facturas de compra o en las Notas de Débito recibidas, o pagado según los comprobantes de ingreso respectivo en caso de estarse en presencia de importaciones. Además deben haberse contabilizado las respectivas facturas, Notas de Débito y documentos de importación en el libro de compras que es exigido por el artículo 59 de la Ley. El crédito fiscal debe hacerse efectivo mediante la imputación al débito fiscal del mismo mes en que tuvo lugar la adquisición de los bienes o la contratación de los servicios.

Relacionado al último requisito expuesto, el artículo 24 ha autorizado que tratándose de facturas recibidas por el comprador en el mes siguiente o en el subsiguiente a la fecha de su emisión, el I.V.A. recargado en ellas puede ser utilizado como crédito fiscal imputándolo al débito fiscal correspondiente al mes siguiente o subsiguiente de la emisión del documento. Esta norma se hace extensible para la recepción de las Notas de Crédito y Débito que se perciban en similares condiciones. Para estos efectos, los documentos recibidos fuera de plazo deben ser registrados en el libro de compras a parte y al final de las operaciones del mes respectivo. Determinación del I.V.A a pagar La suma de dinero que mensualmente deba pagar el "vendedor" o "prestador de servicios" por concepto de I.V.A. queda determinado por la diferencia que exista entre el débito fiscal mensual y el crédito fiscal correspondiente al mismo período tributario, o al siguiente o a más tardar al subsiguiente. Si el débito fiscal resulta mayor que el crédito fiscal, la diferencia constituye el monto que debe enterarse en arcas fiscales a más tardar hasta el día 12 del mes siguiente al período tributario respectivo. Puede suceder, que el crédito fiscal resulte mayor que el débito fiscal del período, en este caso, el exceso toma la forma de un remanente de crédito fiscal. Remanente de crédito fiscal Si de la confrontación que debe practicarse mensualmente entre los créditos fiscales y los débitos fiscales del mismo período tributario, resulta un saldo a favor del contribuyente, éste se denomina remanente de crédito fiscal, el cual se somete a las siguientes normas. Se acumula a los créditos fiscales que se originen en el período tributario inmediatamente siguiente, para ser imputado al débito fiscal de ese nuevo período tributario, igual regla se aplica en los períodos sucesivos si a raíz de esas acumulaciones el crédito volviera a ser superior al débito fiscal. Para los efectos de imputar los remanentes de crédito fiscal a los débitos que se generen por las operaciones realizadas en los períodos tributarios inmediatamente siguientes, el contribuyente puede reajustar dichos remanentes, convirtiéndolos en unidades tributarias mensuales, según su monto vigente a la fecha en que debió pagarse el tributo y, posteriormente, reconvirtiendo el número de U.T.M. así obtenido al valor en pesos de ellas a la fecha en que se impute efectivamente dicho remanente. La no utilización oportuna del mecanismo de reajuste señalado no puede invocarse como crédito fiscal en períodos posteriores. Se entiende que no ha habido utilización oportuna cuando en un período tributario, existiendo débito fiscal, el contribuyente no ha efectuado la debida rebaja del crédito reajustado. Sin embargo el contribuyente conserva el derecho de solicitar, en la forma y en el plazo que contempla el artículo 126 del Código Tributario, la devolución del citado reajuste, para lo cual debe proceder a rectificar la declaración en que efectuó la imputación del remanente de crédito fiscal sin reajuste, todo lo cual debe solicitarse dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la declaración respectiva. Devolución art. 27 bis o devolución de remanente de crédito fiscal originado en la adquisición de bienes del activo fijo 171

Como ya sabemos, el mecanismo del IVA implica la imputación de los débitos generados en un período contra los créditos del mismo periodo. De esta manera, en general, si un contribuyente tiene mucho más crédito que débito, se generará a su favor un remanente que podrá ser usado en períodos futuros, pero no podrá solicitarse su devolución ya que este crédito no es un derecho personal que el contribuyente tiene contra el fisco, sino sólo una parte del mecanismo de determinación del impuesto. No obstante lo señalado precedentemente, el legislador ha contemplado la situación de aquel contribuyente que, producto de la adquisición de un bien destinado a su activo fijo, ha generado gran cantidad de crédito que recuperará en forma muy lenta vía imputación, permitiéndole usar ese remanente para imputarlo a otros impuestos o solicitar su devolución en dinero, siempre que la acumulación del remanente generado en esta adquisición sea superior a seis meses. El artículo 27 bis del D.L N 825, de 1974, señala: Artículo 27 bis. Los contribuyentes gravados con el impuesto del Título II de esta ley y los exportadores que tengan remanentes de crédito fiscal determinados de acuerdo con las normas del artículo 23, durante seis o más períodos tributarios consecutivos como mínimo, originados en la adquisición de bienes corporales muebles o inmuebles destinados a formar parte de su Activo Fijo o de servicios que deban integrar el valor de costo de éste, podrán imputar ese remanente acumulado en dichos períodos, debidamente reajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, a cualquier clase de impuestos fiscales, incluso de retención, y a los derechos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas u optar porque dicho remanente les sea reembolsado por la Tesorería General de la República. En el caso que en los seis o más períodos tributarios señalados se originen créditos fiscales en adquisiciones distintas a las anteriores o en utilizaciones de servicios de los no señalados precedentemente, el monto de la imputación o de la devolución se determinará aplicando al total de remanente acumulado, el porcentaje que represente el Impuesto al Valor Agregado soportado por adquisiciones de bienes corporales muebles o inmuebles destinados al Activo Fijo o de servicios que se integren al costo de éste en relación al total del crédito fiscal de los seis o más períodos tributarios.” A partir de la modificación de la ley 19.738 del 2001 todos los contribuyentes a los cuales, de acuerdo al inciso primero del citado artículo 27 bis, se les haya anticipado la devolución del remanente de crédito fiscal, originado en la adquisición de bienes muebles o inmuebles destinados a formar parte de su activo fijo o de servicios que deban integrar el valor de costo de éste, deberán restituir las sumas correspondientes a dicho remanente, mediante los pagos efectivos que realicen en Tesorería por concepto del Impuesto al Valor Agregado generado en las operaciones normales que efectúen a contar del mes siguiente del período de seis o más meses al cual esas sumas corresponden, y, a través de las cantidades adicionales al débito por el exceso de remanente correspondiente a las operaciones exentas o no gravadas que realicen. CUADRO RESUMEN DEL ARTICULO 27 BIS Contribuyentes beneficiados:   

Vendedores
 Prestadores de servicios Exportadores

Adquisiciones que pueden acogerse al beneficio a condición que pasen a formar parte del activo fijo:     

Adquisiciones de bienes corporales muebles. Adquisiciones de bienes corporales inmuebles. Arrendamiento con o sin opción de compra de bienes corporales muebles Utilización de servicios que forman parte del activo fijo. Períodos acumulados 6 meses o más.

Adquisiciones que no pueden acogerse al beneficio:

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  

Bienes o servicios que afecten a operaciones no gravadas, exentas o que no guarden relación con la actividad del vendedor. Importación, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles station-wagons y similares y de combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones. Impuestos pagados y acreditados en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios.

Tributos a que puede imputarse el remanente:    

Cualquier Impuesto fiscal Incluso de retención (ejemplo: Impuesto Único de Trabajadores). Derechos aduaneros.
 Tasas. Demás gravámenes que se perciban por intermedio de Aduanas

Pasos para determinar el monto a imputar o solicitar la devolución: Se computa a partir del primer mes en que se determine remanente que Incluya créditos que correspondan a adquisiciones o Importaciones de bienes corporales muebles o inmuebles destinados a formar parte del Activo Fijo. Se suman los créditos fiscales totales de los seis meses consecutivos o más. Se suman los créditos fiscales por compras o importaciones de activo fijo que se 
encuentran incluidos en el crédito fiscal total. Se establece la relación porcentual entre el total del crédito fiscal por compras 
destinadas al Activo Fijo, respecto del total del crédito fiscal de los seis períodos 
o más Este porcentaje así determinado se aplicará al remanente del crédito fiscal 
acumulado del período tributario en que se solicita la devolución. 
 Solicitud de devolución del remanente: Presentar solicitud en formulario N° 3280 al Servicio de Impuestos Internos acompañada de los formularios 29, de todos los períodos tributarios por los cuales se solicita la devolución. El término de giro y el Impuesto al Valor Agregado En este punto se plantean tres cuestiones, dos legisladas y claras y una tercera solucionada por el Servicio de Impuestos Internos. a. El contribuyente que cesa en sus actividades y en su giro desarrollaba operaciones afectas al impuesto al Valor Agregado deberá cumplir con las obligaciones correspondientes hasta el último día de actividad. El problema que puede plantearse a ese contribuyente surge en el tratamiento que se le dará a un posible remanente de Crédito Fiscal, es decir, del impuesto soportado, en la adquisición de bienes y/o utilización de servicios que, por destinarlos a operaciones, también afectas al IVA, se convierten en crédito contra el Fisco que normalmente hace valer mediante la imputación al débito fiscal, o sea, contra la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios que él ha realizado. ¿Qué se hará con ese remanente de crédito fiscal? La respuesta nos la da el artículo 28 del D.L. 825 sobre impuesto a las ventas y servicios. En primer lugar ese crédito fiscal se puede imputar al impuesto al valor agregado que se origine con motivo de la venta o liquidación del establecimiento o de los bienes corporales muebles o inmuebles que lo componen. Si aún existiere remanente sólo podrá imputarse al pago del impuesto a la renta de primera categoría que adeudare por el último ejercicio, que será el que corresponde al término de giro. Si todavía se produjere un remanente, el contribuyente no podrá hacer uso de él, por disposición expresa de la ley al limitar la imputación. Tiene lógica la norma pues lo normal es que en cada etapa se agregue valor 173

y por lo tanto la base imponible al recargar el impuesto tiene que ser mayor que el soportado y lo contrario significaría no agregar sino disminuir el valor. b. La segunda situación está normada en el artículo 27 bis que reglamente la posibilidad de haber obtenido reembolso de remanente de crédito fiscal o haberlo imputado a otros impuestos, con los requisitos que ese artículo establece. Cuando un contribuyente ha obtenido ese reembolso o lo ha imputado a otros impuestos y hace término de giro, deberá reintegrarlo a Tesorería cuando, a la fecha de término de giro, no ha devengado un débito fiscal a lo menos equivalente al monto de los créditos que le fueron reembolsados o imputó, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 analizado anteriormente. c. Situación interpretada por el S.I.I.

La tercera cuestión se plantea cuando existe un aporte o cesión de todo el activo y pasivo por parte de contribuyente, existiendo en el activo remanente de crédito fiscal. Como puede apreciarse los hechos son diferentes al caso anterior; allí, cesaban las actividades y se producía una liquidación libre de los bienes cuya venta significa hecho gravado con el impuesto al valor agregado; aquí, simplemente se cede todo el activo y pasivo a otra persona que seguirá con la actividad, produciéndose una continuidad en el giro, al menos de hecho. El Servicio de Impuestos Internos estimó en el caso en que un empresario persona natural aporta todo el activo y pasivo de su empresa a una sociedad anónima que se constituye, respetando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 del C.T., traspasa a la persona jurídica todos los derechos y obligaciones de la empresa individual. Al hacerse dueña de todo el patrimonio, la sociedad anónima se responsabiliza del cumplimiento de las obligaciones, incluyendo el impuesto al valor agregado, originado en la importación con pago diferido. Sin embargo, no tiene derecho a usar el crédito fiscal puesto que el titular del crédito sigue siendo el contribuyente persona natural que realizó las operaciones, en este caso, la importación. En efecto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no es posible ceder o traspasar el crédito fiscal de una empresa individual a su continuadora, la sociedad anónima de que se trata. En otro oficio sostiene que sólo es posible que los herederos usen el crédito fiscal del causante en la situación reglamentada en el artículo 5º del D.L. 824 sobre impuesto a la renta, y que tiene lugar cuando el patrimonio hereditario indiviso es considerado como la continuación de la persona del causante y gozará y le afectarán, sin solución de continuidad, todos los derechos y obligaciones que a aquel le hubieran correspondido. Pero, en ningún otro caso. Lo mencionado por cuanto el crédito fiscal no constituye un derecho que pueda ser cedido a una tercera persona o transmitido por causa de muerte, sino que representa sólo un mecanismo que la ley establece para la determinación del impuesto al valor agregado, y sólo puede emplearse en las formas contempladas de manera expresa en la ley. Avala esa interpretación el artículo 28 del D.L. 825 que, al establecer imputaciones exclusivas del remanente de crédito fiscal, si efectuadas quedara aún remanente, este se pierde para el sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, si fuera un crédito patrimonial que pudiera ser cedido, se trataría de una norma confiscatoria, contraria a los principios constitucionales que aseguran el derecho de propiedad. Estimamos discutible la interpretación. En primer término por cuanto la exclusividad en las imputaciones que señala el artículo 28 del D.L. 825 se basan en la normalidad de las operaciones sobre los bienes afectos al impuesto al valor agregado. Como dijimos, el impuesto es sobre el valor que se añade y por lo tanto el impuesto recargado debe necesariamente ser superior al soportado; por consiguiente, la última imputación, al 174

impuesto de primera categoría, ya supone un gesto de generosidad hacia el contribuyente sobre la base de posibles liquidaciones, incluso inferiores al costo de los bienes, hecha al finalizar las actividades. Lo lógico, entonces, es que no exista remanente después de las imputaciones señaladas. Ni siquiera podemos plantearnos la hipótesis de un negocio nuevo, que hace término de giro, con gran impuesto soportado en la compra de bienes del activo fijo, pues la venta de éstos bienes, antes de doce meses, si dieron derecho a crédito fiscal, conforman hecho gravado, asimilado a venta, según el artículo 8º letra m) del D.L. 825. Por otro lado, la intransferibilidad supone un enriquecimiento sin causa para el Fisco, pues el impuesto soportado por ese sujeto pasivo, que conforma su crédito fiscal, ya fue enterado en arcas fiscales, por los sujetos de las operaciones precedentes y al apropiarse del remanente del aportante o cedente, lo hace sin causa para ello, pues la ley no lo establece; ésta lo califica como crédito que se hace valer contra el Fisco.

Documentos, registros, declaración del impuesto y otras obligaciones Registro de contribuyentes El art. 51 inc. 1°, establece la obligación previa de inscribirse en el RUT a todas las personas que inicien actividades “susceptibles” de originar impuestos de esta ley, sin perjuicio de la declaración inicial a la que se refiere el art. 68 del Código Tributario. 1. Facturas Obligados: De acuerdo con el art. 53, letra a) de la ley, y 68 del reglamento están obligados a emitir facturas: 



Los vendedores o importadores en las operaciones que realice con otros vendedores, importadores o prestadores de servicios y en todo caso, tratándose de ventas de inmuebles, contratos de instalación o confección de especialidades y contratos generales de construcción. Los prestadores de servicios, cuando el beneficiario sea un vendedor, un importador u otro prestador de servicios.

Requisitos que deben cumplir: 

Emitirse en cuadruplicado, el original y segunda copia se entregaran al cliente, debiendo conservarse la primera copia. En caso de que se emitan en más ejemplares que los indicados, deberá indicarse en forma impresa y visible el destino de cada documento.



Numeradas en forma correlativa y timbradas conforme a los procedimientos del SII.



Indicar el nombre completo del contribuyente emisor, número de RUT, dirección del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio y otros requisitos que determine el SII.



Señalar fecha de emisión.



Los mismos datos del comprador señalados anteriormente.

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Detalle de la mercadería transferida o la naturaleza del servicio, precio unitario y monto de la operación, salvo cuando se hayan emitido previamente guías de despacho, indicando en ellas estos antecedentes.



Número y fecha de la o las guías de despacho cuando corresponda.



Indicar separadamente la cantidad recargada por concepto de impuestos, cuando proceda.



Indicar condiciones de venta: al contado, al crédito, mercadería puesta en bodega del comprador o vendedor, etc.



Dimensiones, color, fondo impreso, tipo de letra y otras características según resoluciones N° 2107 D.O. 05.12.83, N° 2252 D.O. 30.12.83 y N° 1661 D.O. 09.07.85.

Momento en que deben emitirse: De acuerdo con el art. 55 inc. 1° y 2° de la ley: Facturas de ventas, deben emitirse en el momento en que se efectúe la entrega real o simbólica de las especies. Facturas de servicios, deben emitirse en el período tributario en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma a disposición del prestador de servicios. La ley faculta la postergación de la emisión de las facturas hasta el 10° día corrido posterior a la finalización del período en que se hubieren realizado las operaciones, sin perjuicio que la fecha del documento debe corresponder al período tributario en que se efectuaron las operaciones. En efecto, los contribuyentes podrán postergar la emisión de sus facturas hasta el décimo día posterior a la terminación del período en que se hubieren realizado las operaciones, debiendo, en todo caso, corresponder su fecha al período tributario en que ellas se efectuaron. Artículo 55, inciso 5: “En caso que las facturas no se emitan al momento de efectuarse la entrega real o simbólica de las especies, los vendedores deberán emitir y entregar al adquirente, en esa oportunidad, una guía de despacho que deberá contener todas las especificaciones que señale el Reglamento. En la factura que se otorgue posteriormente deberá indicarse el número y fecha de la guía o guías respectivas. Guía de despacho numerada y timbrada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta guía deberá contener todas las especificaciones que señale el Reglamento. En la factura que se otorgue posteriormente deberá indicarse el número y fecha de la guía o guías respectivas.” 2. Boletas De acuerdo con la letra b) del artículo N° 53 están obligados a emitir boletas:  

Los vendedores o importadores cuando se trate de transferencias realizadas directamente al consumidor. Los prestadores de servicio, cuando los beneficiarios no sean vendedores, importadores o prestadores de servicios.

Requisitos:     

Emitirse en duplicado, entregándose la copia al cliente. Numeradas en forma correlativa y timbradas conforme al procedimiento que el servicio señale. Indicar nombre completo del contribuyente emisor, RUT, dirección del establecimiento, comuna, giro del negocio y otros requisitos que determine el SII. Fecha de emisión (mes con palabras o usando números arábigos). Monto de la operación.

Monto mínimo:

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La Res. Ex. N° 3943 de 29.10.92. fijo en $180, el monto mínimo por el cual deben emitirse boletas. Sin perjuicio de lo anterior, las ventas inferiores al mínimo por las cuales no se haya emitido la boleta deberán documentarse diariamente por el monto total de estas en el respectivo día en la última boleta emitida, dejando constancia en dicho documento de tal situación. Momento en que deben emitirse: Se deben tener presente las mismas normas relativas a las facturas. Facultad de eximir de la obligación de emitir facturas y boletas: La D. Nacional del SII está facultada para eximir de la obligación de emitir estos documentos en los siguientes casos:    

A determinadas actividades, grupos o gremios de contribuyentes, A contribuyentes que presten servicios exentos, A contribuyentes que vendan productos exentos y A los contribuyentes que por la modalidad de comercialización de algunos productos o servicios, la emisión de boletas por cada operación pueda dificultar o entrabar las actividades que desarrollan.

3. Notas de Crédito y de Débito Estos documentos deben cumplir con los mismos requisitos establecidos por la facturas, pudiendo ser emitidas en los casos estudiados anteriormente y solo con posterioridad a la emisión de las facturas que las originan. Timbraje de los documentos: Todos los documentos mencionados anteriormente, deberán ser timbrados por la unidad de SII que tenga jurisdicción sobre la casa matriz de la empresa. Para los efectos de control de todos los documentos con numeración correlativa única nacional, los contribuyentes deberán llevar en la casa matriz un libro auxiliar de control de documentos, debidamente registrado, autorizado y timbrado. Normas sobre contabilidad: La ley en sus art. 59 al 63, y el reglamento en los art. 74 al 77, establecen diversas obligaciones de carácter contable relacionadas con los libros y cuentas especiales que deben llevar los contribuyentes afectos a los impuestos contemplados en la misma. Es importante tener presente que todas las operaciones registradas en la contabilidad, deben estar respaldadas y ser comprobadas en cada caso mediante la documentación fehaciente, exigida por la ley y su reglamento, ya que conjuntamente con los libros y las cuentas especiales de la contabilidad constituyen el medio de prueba de la correcta determinación de los impuestos a pagar. Centralización contable: A contar del 01.01.84 los contribuyentes que cuenten con más de un establecimiento, deberán obligatoriamente centralizar la contabilidad de todos ellos en la casa matriz, establecimiento principal, de mayor importancia o en el que se encuentre la sede de sus negocios, sin perjuicio de continuar llevando en cada una de las sucursales los libros auxiliares que le correspondan. La contabilidad deberá contemplar cuentas separadas respecto del movimiento de cada sucursal, de modo de poder distinguir las operaciones realizadas por cada una de ellas. Declaración y pago del impuesto: El art. 64 establece que los contribuyentes de este impuesto deberán pagar en las oficinas bancarias autorizadas por el Servicio de Tesorería, hasta el día 12 de cada mes, los impuestos devengados en el mes anterior, debiendo presentar en el mismo momento una declaración jurada del monto total de la operaciones realizadas en dicho período, incluso aquellas exentas. 177

Por su parte el art. 65 establece que la declaración deberá ser presentada, aun cuando el contribuyente por aplicación del crédito fiscal o por no tener movimiento, no deba pagar suma alguna. La no presentación de la declaración en estas situaciones es sancionada con lo dispuesto en art. 97 Nº2 del Código Tributario. Salvo algunas situaciones especiales, el pago deberá efectuarse en una sola cuota y al momento de presentar la declaración antes mencionada. El no cumplimiento de lo anterior es sancionado con el Nº 11 del art. 97 del Código Tributario. Las empresas con más de un establecimiento deberán presentar una sola declaración que reúna el movimiento tanto de las sucursales como de la casa matriz. En los casos que esta situación origine dificultades de control por parte del servicio, la Dirección Nacional podrá conferir el carácter de contribuyente a las sucursales.

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