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• Sharon Nicole Sapia

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Gerchunoff y Antúnez. Capítulo III. De la bonanza peronista a la crisis del desarrollo.

El 45’ es un año de alta inflación (casi el 20%) cuyas consecuencias inmediatas fueron la caída del nivel de actividad y de los salarios reales y la desaceleración en el ritmo de creación de empleo, en particular empleo industrial. La principal preocupación fue frenar la expansión del crédito y contener el desequilibrio fiscal. También fue el año en que la participación de la industria manufacturera en el PBI superó por primera vez en la historia argentina a la del sector agropecuario.

Después de la guerra Perón tenía claro que el panorama que se venía después del fin de la guerra en Europa era oscuro. Creía que no había resultado de la Segunda Guerra un vencedor claro, lo cual atraería otra guerra en el futuro. Perón tampoco creía en las promesas de nueva economía basada en la libre convertibilidad de las monedas y en el restablecimiento del comercio multilateral porque creía poco en el éxito de las conferencias internacionales. En un principio los organismos creados para combatir el bilateralismo y la decadencia europea fracasaron, por lo que se volvió al plan de Keynes de que USA invierta en reconstruir la economía europea. En el mundo había una ola de nacionalización de empresas y ampliación de los roles del Estado.

La herencia de la industrialización A perón le preocupaba la capacidad destructiva de la paz sobre la estructura productiva argentina. La base de su triunfo electoral eran justamente los seis millones de ocupados y especialmente el millón y medio de trabajadores industriales. La industrialización argentina fue un proceso acumulativo. Entre 1880 y 1914 se dio “la armonía de los opuestos”, en el que el ferrocarril se complementaba con la economía británica; más tarde el estallido de la Primera Guerra dio el primer impulso al proceso de sustitución de importaciones; en la década del 20’ durante el gobierno de Alvear se recibieron inversiones extranjeras que ampliaron aceleradamente la gama de producción nacional; durante los 30’, también floreció la sustitución de importaciones para satisfacer la demanda. En la Segunda Guerra la dinámica fue distinta a la de la primera: sobraban divisas y faltaban bienes, sobre todo los que se necesitaban para mantener en movimiento la maquinaria de la producción. Las economías en guerra se concentraron en sus esfuerzos bélicos y se retiraron de los mercados. Durante la guerra argentina tuvo superávit en todas sus balanzas. La llegada de las exportaciones argentinas al área del dólar le permitieron acumular divisas de libre disponibilidad. La insuficiencia de bienes para importar en un periodo en el que el sector externo creaba dinero tuvo una doble consecuencia: hubo que cuidarse de la inflación y no de la recesión, y se

abrió un espacio para una mayor consolidación de la industria y la sustitución de importaciones. Carlos Acevedo, sucesor de Pinedo en la cartera de Hacienda, lanzó un plan para frenar el crecimiento del gasto público y reducir el poder de compra mediante nuevos impuestos. La inflación era una preocupación. El programa de estabilización incluía un impuesto para apropiarse del incremento de los precios ganaderos, un aumento en las alícuotas del impuesto a los réditos y un gravamen a los beneficios extraordinarios. Esto fracasó gracias al frente opositor liderado por los ganaderos. Mientras tanto se seguía expandiendo el producto y el empleo industrial. Las manufacturas abastecían el mercado interno e incluso se proyectaban al mercado exterior: el 20% de las X se vio explicado por la industria en 1943. Esto fue gracias también a políticas específicas que la alentaban. Desde el 30’ regía un control de cambios y en el 37’ se acompañó de un sistema de permisos previos de importación; los redescuentos del Banco Central favorecieron más a la industria durante la guerra; Castillo creó la Flota Mercante del Estado, etc. A Perón se le heredaba un país con una industria en crecimiento, y lo que estaba claro era que por razones económicas y políticas, había que conservar el principal activo que heredaba: la industrialización.

MUNDO FELIZ (1946-1949) Antes de que Perón asuma, Farrell nacionalizó y reformó el sistema financiero por decreto y creó el IAPI como parte de ese sistema. También a pedido de Perón nombró a Miranda presidente del Banco Central y titular del IAPI. Éste tenía como objetivo convertirse en el custodio del desarrollo industrial argentino. La edad dorada (1946-1948) estuvo marcada por la persecución del ideal de pleno empleo, el aumento de los salarios reales y un profundo cambio distributivo. Esto se montó sobre el legado de una estructura productiva profundamente modificada por la expansión de la manufactura. La Argentina tuvo, como otros países, políticas de industrialización acelerada, nacionalización de servicios públicos y consolidación de políticas sociales, pero además una impresionante política de reparto. La impronta del peronismo fue que las clases medias accedieran a todo un nuevo conjunto de bienes y que los estratos sociales más sumergidos experimentaron la multiplicación de su poder de compra.

¿Prosperidad sin fin? Perón quería unificar en un movimiento político y bajo su liderazgo personal a los sectores que lo habían apoyado en las elecciones de febrero de 1946. Naturalmente los incrementos salariales y la distribución progresiva del ingreso eran funcionales a ese propósito. Por otro lado, entreveía un equilibrio político internacional inestable, con posibilidades de un nuevo estallido bélico. Estaba convencido además de que la reconstrucción de Europa sería lenta y costosa, signada por la escaza liquidez de las naciones y por un esquema de comercio internacional básicamente cerrado. Por todo esto era necesario que Argentina se refugiase en

su mercado interno. Para hacer funcionar el mercado interno había que fortalecer la demanda interna, lo cual se realizó con una suba de los salarios nominales y la consecuente expansión del consumo y redistribución del ingreso impulsora de la producción. Con el fin de la guerra fue desapareciendo el racionamiento de bienes importados. Volvía a haber productos para comprar y medios de transporte para acercarlos al país. El retorno a la normalidad ayudó al gobierno de Perón a cumplir sus objetivos. Este retorno abrió un espacio muy cómodo para aplicar políticas monetarias, fiscales y salariales expansivas. Durante los años previos, Argentina había estado ahorrando en exceso y disponía de un sobrante de divisas, lo cual era una invitación a gastar, fuera para consumir, para invertir, para repatriar deuda. Algo falló inicialmente hacia 1944: los salarios subían por escalera y los precios por ascensor. Estos precios eran los de los productos primarios que el país exportaba, pero a su vez estos productos constituían los insumos para elaborar aquellos bienes que componían el núcleo de la canasta familiar, de modo que los intentos por subir el nivel de compra de los trabajadores se esterilizaban. Hacia 1946, las cosas cambiaron favorablemente para los objetivos del gobierno. Las cotizaciones internacionales de las exportaciones argentinas se mantuvieron en un nivel muy alto hasta 1949, lo cual determinó que el país se beneficiara de los mejores términos de intercambio exterior del siglo. Hubo además una primera y eficaz herramienta: la abundancia de reservas internacionales de oro y divisas de libre disponibilidad hicieron posible mantener estables los tipos de cambio hasta la devaluación inglesa del 1949. Esto moderó la inflación y consecuentemente moderó también la erosión de los salarios reales que la inflación producía. La segunda y crucial herramienta fue el IAPI. Miranda lo convirtió en un poder autónomo y multifacético dentro del aparato del Estado. El instituto financió la venta de productos argentinos a países europeos que aún no tenían la liquidez para comprar; importó arpillera, cemento, caucho, madera, maquinarias y material de transporte; subsidió precios de artículos de consumo masivo; participó en la adquisición de los ferrocarriles de propiedad británica y francesa; otorgó créditos a empresas públicas y a los ministerios para apoyar las inversiones previstas en el Primer Plan Quinquenal; prestó en forma directa a firmas privadas a tasas de interés que resultaron fuertemente negativas. Su función más relevante fue la centralización del comercio exterior. Su intervención permitió cortar el vínculo hasta entonces automático entre los precios internacionales y los precios nacionales de los bienes agropecuarios, lo cual provocó el aumento de los salarios reales durante los primeros años del gobierno de Perón. Era un mecanismo de transferencia de ingresos del campo a la ciudad, sin llevar a los productores rurales a la quiebra por los altos precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional debido a los campos devastados en Europa. A la dinámica del aumento de la producción y la inversión por un aumento de la demanda efectiva ocasionada a su vez por el aumento en los salarios reales, se le sumaron otras iniciativas políticas: controles de precios, la institución del aguinaldo, la ley de alquileres, etc. Entre 1946 y 1948 los salarios reales se incrementaron un 40%, el PBI creció a un 8% anual, el consumo a un 14% y la inversión llegó al 16% del PBI en 1948. Estos cambios de produjeron a

raíz de una modificación en las cuentas externas, dejando de acumular reservas y eliminándose según Perón un “indeseable superávit comercial”. El poder adquisitivo alto y el crédito barato implicó un aumento del consumo en amplios sectores del comercio. La expresión más visible fue el acceso masivo a los aparatos de radio.

Protección, crédito, industrialización Hacia 1944 ya había voluntad oficial de proteger a la industria con el “Régimen para la protección y promoción de la industria de 1944”. Se elevaron aranceles; se reforzaron en algunos momentos y se relajaron en otros los permisos previos para la obtención de cambios; se estableció un sistema de preferencias para la importación de materias primas y bienes de capital; se mantuvo el control de cambios, con tipos de cambio múltiples según actividades productivas. Durante los primeros años de Perón todo esto se volcó a favorecer el surgimiento de nuevas empresas industriales y al reequipamiento de las existentes, aprovechando las reservas internacionales. Hacia 1946 la política monetaria y crediticia se convirtió en una potente palanca para el sostén de la industria. Al tiempo que se ponía en funcionamiento el IAPI, se reformaba el régimen del Banco Central. La nacionalización provocó que la cantidad de dinero ya no estuviera vinculada a las reservas internacionales ni a los depósitos del público sino a las autorizaciones que el BCRA otorgaba a las instituciones financieras para que éstas inyectaran dinero en la economía a través de préstamos. Los bancos privados se convirtieron en meros intermediarios sin capacidad de decidir a quién beneficiar con los créditos ni qué tasas cobrar. La consigna oficial del gobierno era crédito abundante y barato. Los préstamos totales casi se quintuplicaron entre 1945 y 1948. Las tasas de interés no superaban el 5% anual, significativamente más bajas que la inflación. En todo esto se percibieron las huellas de Miranda. Los más privilegiados con estos créditos fueron los sectores industriales, ya que los préstamos a la industria se sextuplicaron mientras que los del sector agropecuario se duplicaron. Fueron favorecidos los industriales sin distinciones con una elección más o menos consciente del patrón productivo a alentar: la industrialización por sustitución de importaciones sin ninguna clase de selectividad. Para un Perón escéptico ante un futuro de paz, la cifra del progreso económico era el autoabastecimiento. Las tasas de interés negativas moderaban los costos de inversión y principalmente los del capital de trabajo, encarecidos por el precio de los salarios. Además, así como los precios internacionales altos de los bienes de exportación permitían la suba del poder adquisitivo y del consumo, el proteccionismo posibilitaba el desarrollo el mercado interno. Cada pieza era necesaria. En este ambiente nacieron cientos de empresas y se consolidaron otras. La expansión del crédito a través de los redescuentos del BCRA fue una lluvia de pesos para la mayoría de los argentinos. Naturalmente, la inflación se aceleró, pero no tanto. El incremento de los precios se mantuvo a la par de los países importante de América Latina, algo así como a un 15% anual. En 1948 la inflación dejó de ser apenas un matiz y en 1949 los precios crecieron más que durante la crisis de 1890. La preferencia por la liquidez antes de la ola inflacionaria y el proceso de monetización se vio influido por el aumento de los salarios reales y el cambio en la distribución del ingreso. Los sectores de menores ingresos retienen una proporción mayor de los mismos en forma de

dinero ya que el dinero de inmediata disponibilidad sirve para consumir y para afrontar distintas circunstancias adversas inesperadas. Por esto es posible que la inflación se haya visto moderada por la creciente demanda de dinero provocada por el patrón distributivo cada vez más igualitario.

La transformación del Estado En el golpe del 4 de junio comenzaba a prefigurarse un Estado empresario con un rol central de los militares, complemento ineludible de un proceso de industrialización cada día más proclive a la autarquía. En parte por esta tendencia de un cambio estructural, por comprar cosechas invendibles en el mercado, el gasto público ya había comenzado a aumentar durante la guerra. Perón imprimió velocidad en la transformación. Su prioridad fue poner al Estado nacional al servicio del modelo de desarrollo económico naciente. La participación del Estado empresario en el gasto total aumentó de un 36% en 1945 al 47% en 1950, provocado por el traspaso a manos del Estado de los servicios públicos y de las fuentes de energía. Apenas tres meses después de la asunción de Perón se acordó el Pacto Eady-Miranda, el acuerdo formal para que las libras que obtendrían del comercio con Gran Bretaña pudieran canjearse por dólares estadounidenses a partir de la firma del tratado de este último con el FMI. En cuando a la nacionalización de los ferrocarriles, se optó por la adquisición definitiva luego de fracasar las negociaciones para conformar una sociedad nacional de capitales mixtos. El pago de 150 millones de libras por la nacionalización de los activos se realizaría en más de un 85% con las libras bloqueadas en el Banco de Inglaterra. La incapacidad de sostener la convertibilidad por parte de Inglaterra en 1947 llevó a la Argentina a denunciar el Pacto Eady-Miranda por incumplimiento de parte, lo cual obligó a una nueva negociación, el Pacto Andes. De acuerdo con el nuevo convenio la argentina terminó pagando los ferrocarriles con un crédito otorgado por el propio gobierno inglés. Esto era conveniente porque los saldos corrientes del comercio con Inglaterra no tenían garantía en oro y las libras bloqueadas sí. En ese contexto, era conveniente pagar con la moneda vulnerable y quedarse con la moneda garantida. A la nacionalización de los ferrocarriles le siguieron los teléfonos, las usinas eléctricas, las empresas de gas, los puertos con sus elevadores, etc. De esas nacionalizaciones surgieron nuevas empresas estatales que impulsaron la inversión pública. Así nació la Empresa Nacional de Energía, la de Yacimientos Carboníferos Fiscales, que inició la explotación de las minas de Río Turbio; la de Gas del Estado, etc. Se expropiaron además las empresas que fueron la base del grupo alemán DINIE al tiempo que se estatizaba el transporte urbano de la Capital Federal. Para 1949, “el sistema nervioso de la economía” ya estaba en manos del Estado. El núcleo de la política social de Perón fue de naturaleza macroeconómica: los salarios altos y el pleno empleo. No constituía un Estado Benefactor en sentido estricto. Los gastos públicos en educación y salud se incrementaron, pero recién en 1950 se igualaron a las erogaciones militares. Las transferencias para tender a los sectores sociales más postergados aumentaron transitoriamente entre 1949 y 1951 con la demanda colectiva de políticas compensatorias a consecuencia de la crisis, que provocó la caída de los salarios y los volúmenes de empleo.

El avance del gasto público no tuvo una contrapartida equivalente en el desequilibrio fiscal, esto fue así porque el gobierno de Perón concentró esfuerzos en cobrar impuestos y aumentar la presión tributaria. Se triplicó la participación en el PBI de los gravámenes a los réditos, a los beneficios extraordinarios y a los beneficios eventuales.

ENTRE AYER Y MAÑANA (1949-1952) A fines de 1948 el Poder Ejecutivo impulsó y aprobó una reforma constitucional que al modificar el artículo 77, permitió la reelección del presidente. Sin embargo, la reforma de marzo de 1949 fue más que eso dese una perspectiva económica: el artículo 37 fijó los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y a la educación; el artículo 38 incorporó a la “función social” como límite al libre usufructo de la propiedad privada; el artículo 40 determinó que las fuentes naturales de energía eran propiedad “imprescindible e inalienable” del Estado y que los servicios públicos “pertenecen originalmente al Estado y no pueden ser enajenados ni concedidos para su explotación”. La doctrina fue escrita cuando los bríos económicos comenzaban a vacilar. Para que la expansión productiva y la justicia social se sostuvieran debían cumplirse dos condiciones: la perdurabilidad de los beneficiosos términos del intercambio exterior y la inflación bajo control. Los términos favorables servían para financiar la importación de bienes de capital y de insumos necesarios para el crecimiento, además de moderar el conflicto entre el campo y la ciudad. La inflación bajo control evitaba una carrera entre precios y salarios que inevitablemente terminaría perjudicando a los trabajadores. Desafortunadamente los términos de intercambio cayeron un 36% desde 1949 y hasta principios de 1952; en cuanto a la inflación, el promedio simple del período fue del 33%, significativamente más alto que el resto de los países importantes de América Latina. A partir de 1949 la economía argentina ingresó en una zona de penumbra. La edad dorada terminó. El crecimiento de la economía iba a permanecer estancado hasta 1952. Esta nueva etapa se vería libre de la influencia de Miranda. En su lugar, un equipo más técnico, de formación universitaria y experiencia en la burocracia pública tomaría la posta. Alfredo Gómez Morales ocuparía la cartera de Finanzas, la presidencia del BCRA y la conducción del Consejo Económico Nacional. El nuevo desafío era contener la inflación sin afectar los salarios y el empleo.

Señales del mundo, señales del cielo En la percepción de Miranda, una nueva guerra llevaría a otra etapa de desabastecimiento y de altos precios de los alimentos y las materias primas, por lo cual las divisas actuales quemaban en las manos y había que desprenderse de ellas. Según él, había invertido las divisas en bienes de capital, insumos críticos y repatriación de deuda. Incluso se había arriesgado a especular con el precio de las cosechas reteniendo una parte de ellas. Lo que Miranda no se esperaba al mismo tiempo que se daba la crisis en Berlín, era la creación del Plan Marshall. Éste reflejaba la decisión norteamericana de reconstruir, bajo su control, una Europa próspera, capaz de producir y comerciar. Según lo había narrado el embajador norteamericano al propio Perón, se trataba de donar o vender a precios muy bajos equipamiento industrial y alimentos a los países europeos amigos. En el caso de los alimentos,

comprarían saldos exportables a varios países pagando los precios de mercado para luego proceder a su distribución. Sin embargo, la iniciativa sufrió varias modificaciones en el Senado. Se resolvió que cada gobierno les compraría los alimentos a sus propios productores y los donaría a las naciones europeas. Eso fue lo que hizo Estados Unidos, derrumbando los precios de mercado y haciendo fracasar la especulación de Miranda. Argentina no estaba en condiciones de obtener menos divisas y consecuentemente detener el proceso de industrialización y amenazar el pleno empleo, por lo que quedó afuera del Plan Marshall. La Administración para la Cooperación Económica (ECA) formalmente se negó a incorporar a la Argentina a su cartera de clientes. No hubo negocio económico, tampoco negocio político. Mientras en el mundo comenzaba la Guerra de Corea, en Argentina los militares y una parte del gobierno exigían el uso masivo de las reservas para abastecer al país, con las particularidades de que las reservas internacionales venían descendiendo año tras año desde 1947 y la conducción de la política ya no estaba en manos de Miranda sino de Gómez Morales. Este último se opuso a la renovada demanda por invertir las reservas, convencido de que la recuperación europea era irreversible. Aunque las M aumentaron durante 1951, la rápida estabilización del frente coreano y la posterior finalización de la guerra le dieron la razón. Además de la caída de los precios fruto del escenario internacional, hubo una reducción de volúmenes en la producción y en las exportaciones agropecuarias producto de una fuerte sequía en la campaña en 1949-1950. Durante 1952 la noticia cotidiana era la imposibilidad de sembrar, la muerte del ganado por falta de agua y los incendios espontáneos en los campos. La caída del agro y la carencia de granos fue un factor coyuntural. El factor estructural era la evolución decepcionante del comercio exterior y en particular de las exportaciones. La tendencia descendente de las exportaciones era en parte el resultado de la crisis del ’30 y del consecuente colapso del comercio internacional. El país se estaba enfrentando por primera vez a lo que más tarde se conocería como el ciclo de stop and go. Ahora, por la amarga fase del stop.

¿Qué hacer? Ante la reducción de divisas disponibles, la política de reducción de importaciones llegó al punto en el que era imposible contraer las importaciones sin alterar la producción industrial, que obtenía del exterior muchos de sus insumos. Los años de 1949 a 1952 fueron los únicos en que la producción industrial fue menor que la del año anterior. Acentuar el proteccionismo era apenas un reflejo defensivo. La verdadera solución era aumentar las exportaciones, recibir inversiones extranjeras, o una combinación de ambas. Hacia fines de los ’40, el flujo masivo que había de capitales eran los del Plan Marshall y su destino era Europa. Perón era todavía reacio a recibir préstamos del exterior ya que repetía que podíamos desenvolvernos con recursos propios sin recurrir a la “mendicidad”. La única solución viable era aumentar la oferta de bienes que pudiesen colocarse en el mundo para mitigar la escasez de divisas, pero la industria no estaba preparada para insertarse en el circuito del comercio internacional ya que su expansión diversificada le quitaba escala y le aumentaba costos. Otro obstáculo residía en que una herramienta de política económica le estaba vedada a la gestión de Gómez Morales: la devaluación. Por lo menos hasta que una victoria rotunda confirmara y reforzara el liderazgo político de Perón en los comicios de noviembre de 1951, nada debía reducir los salarios reales.

En este escenario, el gobierno apostó al campo, apelando a los mismos instrumentos que le habían servido para favorecer a la industria. Las autoridades modificaron la carta orgánica del BCRA y dejaron afuera del sistema financiero a la institución creada por Miranda, el IAPI. La misma pasaría a encargarse únicamente de su función primordial: la comercialización de las cosechas. A partir de 1949 el gobierno se adaptó a los nuevos términos del intercambio exterior y comenzó a comprar cosechas a los productores a precios más altos que los que percibía por su venta en los mercados internacionales. Había que garantizar cotizaciones remunerativas al campo, aunque ello implicara pérdidas para el IAPI. Un segundo instrumento fue el de la reasignación del crédito por parte del sistema financiero nacionalizado. Desde fines de 1949 hacia 1951, los préstamos a la industria se multiplicaron por uno y medio mientras que el crédito al campo estuvo cerca de cuadruplicarse. El campo recibía un flujo masivo de préstamos a tasas subsidiadas con la esperanza de que, en sintonía con la política de precios remunerativos, se amortiguara el golpe que el mundo le estaba dando a las X argentinas. Se quería dejar atrás el estancamiento de la producción agropecuaria. Como tercera herramienta, había que ofrecerle al campo los insumos y los bienes de capital necesarios para incrementar su productividad y por lo tanto su volumen de producción. Junto con la reasignación del crédito, los permisos previos para la importación también se reasignaron a favor del sector agropecuario, principalmente para la adquisición de máquinas agrícolas. Había que tecnificar las explotaciones rurales, orden que atravesaría todo el gobierno de Perón y su influencia se prolongaría hacia los tiempos de Frondizi. La inflación había comenzado a finales de 1948, cuando Perón comenzó a comprender que Miranda no tenía la fórmula para resolver el problema y llamó a Gómez Morales para sustituirlo como máximo responsable de la política económica. Este no se comportó como un monetarista, como había hecho Miranda aplicando una reducción del crédito al 1% mensual. Así como no podía recurrir a la devaluación, tampoco podía utilizar elementos que deterioraran el nivel de vida popular. Esos límites definieron la estrategia antiinflacionaria como una estrategia gradualista. ¿Qué hizo entonces el gobierno para contener la inflación? En primer lugar, reducir el desequilibrio fiscal. A ello contribuyeron los nuevos impuestos sobre los salarios para financiar la seguridad social, los gravámenes sobre los ingresos de las personas y las corporaciones y las cargas indirectas sobre el consumo. En cuanto al gasto público, se suspendieron obras en marcha y se cancelaron definitivamente otras, al tiempo que las FFAA tuvieron que ceder en sus pretensiones y contentarse con presupuestos sensiblemente más austeros. La disminución del déficit fiscal pudo desacelerar la expansión del crédito sin afectar mayormente la actividad privada considerada como un todo. Hubo además una mayor selectividad y condicionalidad del crédito para desactivarlo como negocio especulativo y para desalentar inversiones que no fueran rentables. Sin embargo, la inflación no cedió. Podría decirse que el nivel de créditos totales debería haber caído más. Una respuesta más es que los precios subían porque los salarios subían, y los salarios subían porque los precios subían. La Argentina vivía ya en un régimen inflacionario.

A LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO (1952-1955)

La inflación derrotada El 18 de febrero de 1952, después de haber ganado las elecciones del noviembre anterior, Perón anunció el “Plan de Emergencia”, un plan que había venido siendo postergado y discutido en secreto con el equipo de Gómez Morales. El Plan tuvo una dimensión fiscal que fue la continuidad y la profundización de lo que se venía haciendo. Los gastos de capital del Estado cayeron un 30% durante el quinquenio de la reestructuración 1950-1954. Esa fue la clave explicativa de la política de equilibrio presupuestario. En cambio, los gastos corrientes no pararon de aumentar, sobre todo los subsidios al campo a través del IAPI y a los ferrocarriles crecientemente deficitarios; el otro, los pagos que lentamente comenzaban a aparecer en el nuevo sistema previsional. Además, se mantuvo la tendencia a aumentar la presión tributaria. El 18 de febrero, como ataque a la puja distributiva, se anunció que los salarios, los precios y las tarifas públicas quedarían congelados por dos años, y anticipaba que la negociación salarial por venir debía guiarse por la evolución de la productividad. “El justicialismo sólo puede asegurar una justicia distributiva en relación con el esfuerzo y la producción”. Si la austeridad y el equilibrio fiscal se habían convertido en un mandato para el Estado, la productividad se colocaba en el centro del funcionamiento de los mercados. La inflación de 1953 fue del 4%.

Hambre de ahorro, hambre de divisas La estabilización era la urgencia que enfrentaba Perón a principios de 1952, pero la inflación no era el único problema. El país estaba estancado hacía más de tres años y la reactivación también se trataba de una urgencia. Las propuestas no eran simples; en primer lugar, el ahorro de los argentinos debía aumentar para financiar más inversiones públicas y privadas. Pero si no se quería deprimir el consumo y la demanda efectiva, no había que pedirle todo al ahorro interno. Eso abrió paso a la inversión extranjera. El otro obstáculo además de la insuficiencia de ahorro era la escasez de divisas. Si no se podía acceder a divisas y por ende a bienes de capital en el resto del mundo, el sendero de expansión económica quedaba clausurado. En este aspecto, la gestión de Morales se había centrado en mejorar la situación del sector agropecuario para expandir las exportaciones. Por eso apostaron a un segundo rol benéfico de la inversión extranjera: ya no sólo reducir las presiones sobre el consumo, sino además aportar divisas para aliviar la restricción externa. El Plan de Emergencia sirvió para aumentar el ahorro por dos canales distintos. Por un lado, el Estado incrementó su superávit corriente y de ese modo pudo financiar sus propias inversiones sin endeudamiento importante. Por otro lado, la estabilidad de precios llevó a una frugalidad privada que durante 1954 provocó que los depósitos de la Caja Nacional de Ahorro Postal alcancen el 22% de los depósitos totales, cuando al comenzar el gobierno de Perón no llegaban al 10%. En el contexto de una recuperación económica que se hizo visible a partir de 1953, el ahorro interno se incrementó. Para sanear la escasez de divisas hacían falta un cambio estructural profundo en el comportamiento de la economía, un cambio que resolviera definitivamente las dificultades del sector externo. La convicción de Gómez Morales era que para que esto pasara había que poner en juego una compleja batería de instrumentos, y así se hizo desde el lanzamiento del Plan de Emergencia.

Por lo pronto, se mantuvo y se profundizó la política de promoción de exportaciones y la vuelta al campo. Se rechazó la depreciación, pero se practicaron concesiones cambiarias sectoriales, en un sistema en el que se proporcionó a algunos exportadores un tipo de cambio más satisfactorio y rentable para vender al exterior. Parecía no haber otro camino para incentivar las exportaciones sin reducir en exceso los salarios reales y sin encarecer los insumos y bienes de capital necesarios para avanzar en la industrialización. El Estado invirtió significativamente en tecnologías de producción y sanidad animal y vegetal (adelanto del INTA); se amplió, en el contexto del Segundo Plan Quinquenal, la capacidad de almacenaje de granos; se siguió adelante con el programa de mecanización agraria, ahora con la ayuda de inversiones extranjeras que expandieron la oferta de tractores, cosechadoras y trilladoras. El alivio definitivo a las dificultades de balance de pagos vendría de la mano de un gran paso adelante en el proceso de industrialización. Con estabilidad y más ahorro se generaban las condiciones para capitalizar al país sustituyendo importaciones en sectores básicos: materias primas, siderurgia, petroquímica, bienes de capital, energía, material de transporte. Los esfuerzos habían sido insuficientes, aunque se aumentó la inversión. Además, un nuevo actor entró en escena: las empresas extranjeras.

Un nuevo plan, una nueva economía (Segundo Plan Quinquenal – 1953) Aplicado a partir de 1953, el plan fue fundamental para las reformas de carácter estructural que acompañaron al proceso estabilizador de 1952. “El primer Plan Quinquenal consolidó en el país a la industria liviana y corresponde a este segundo plan arraigar la industria pesada”. Se trataba de una reestructuración de acuerdo con la cual el consumo popular ya no diseñaría espontáneamente el patrón productivo, ni la producción se llevaría a cabo exclusivamente para satisfacer las demandas inmediatas del consumo popular. Había nuevas prioridades de inversión, con el objetivo explícito de solventar las necesidades básicas del país. Aumentaron los porcentajes de inversión en trasportes, energía y comunicaciones y siderurgia. Como contrapartida cayeron las erogaciones en defensa y de carácter social. La necesidad era poner en orden las bases productivas de la nación. La urgencia era avanzar hacia un estadio superior de desarrollo, y ello implicaba la instalación de la industria pesada en Argentina. A su vez, la austeridad fiscal reclamaba un recorte en la inversión pública, la cual disminuyó un 35% entre 1948 y 1955. Un ejemplo palpable es la planta siderúrgica SOMISA, el gran proyecto de industria pesada del Segundo Plan, que sufrió postergación tras postergación debido a las restricciones financieras del Estado nacional. El déficit de inversión pública también acarreó problemas en el sistema eléctrico, provocando cortes en el Gran Buenos Aires, porque no se alcanzaba a satisfacer la creciente demanda derivada de la expansión industrial. El caso más polémico y discutido fue el del petróleo, que no alcanzaba tampoco para abastecer la demanda nacional, lo que se reflejó en la creciente participación el petróleo y sus derivados en las importaciones. Cada vez eran más las voces que denunciaban la insuficiencia de la producción petrolera como el principal factor explicativo de la vulnerabilidad exterior argentina.

¿Vivir con lo nuestro?

En abril de 1953 Perón presentó al Congreso un proyecto de ley de inversiones extranjeras, cuyo objetivo era alentar la presencia de capitales internacionales en la industria y la minería. La ley fue aprobada en agosto y apuntaba a un trato igualitario entre compañías nacionales y extranjeras. Era una ley que intentaba convertirse en un punto de inflexión, de una señal de que el nacionalismo inicial estaba quedando atrás. Era también un instrumento que debía contribuir a mejorar la difícil situación de divisas que enfrentaba el país. En abril de 1955 se firmó un contrato con la Standard Oil de California cuya aprobación final quedó en manos del Parlamento argentino. Esto denota que el problema de abastecimiento petrolero, igual que el de otros insumos, era un callejón que no tenía otras salidas. El contrato fracasó, quedó estancado en una comisión de diputados, sin ser tratado por ninguna de las cámaras del Congreso. Perón era así víctima de ideas que había contribuido eficazmente a instalar, ya que el antiimperialismo y la autosuficiencia económica ya no eran banderas exclusivas del peronismo.

El toque del rey Midas Al cabo de dos años, parecía haberse logrado el equilibrio estable al que se había apuntado con el cambio en la política de ingresos. En marzo de 1954 comenzaba la renegociación de los salarios. Algunos gremios, como el de los metalúrgicos, organizaron huelgas y movilizaciones callejeras que convulsionaron a las grandes ciudades hasta agosto. Las demandas obreras fueron bastante exitosas y llevaron el salario real promedio de 1954 a un nivel 12% superior al registrado en 1952. Hacia el segundo semestre de 1954 la carrera entre salarios y precios daba signos de reaparecer. En consecuencia, Perón repetía que ya no era posible beneficiar a un determinado sector mediante el aumento de su participación en el ingreso si ello se hacía en detrimento del resto. La mayor retribución sólo se habría de lograr incrementando la cantidad de bienes a repartir. Además, otra preocupación era que había que buscar mecanismos de negociación colectiva que reemplazaran con eficacia el congelamiento. El gobierno estaba convencido de que solo existiría margen para aumentar los salarios reales o las utilidades de las empresas si crecía la productividad, porque esta podía hacer que los salarios sean altos y los costos laborales bajos. Era el toque del rey Midas que venia a realizar la armonía social. Con la intención de alentar cambios en la organización de las empresas que apuntaran a una mayor eficiencia, en octubre se convocó al Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, que tendría lugar en marzo del año siguiente. En esta se habló de créditos especiales del Banco Industrial Argentino para empresas cuyos procesos de elaboración fueran más racionales y tuvieran como fin elevar la productividad. Pedro Bonanni, ministro de Hacienda, aseguró que los mayores recursos tributarios que obtuviese el Estado como consecuencia del incremento de la productividad se destinarían a aliviar las cargas tributarias. El CNP cuyo documento final fue el Acuerdo Nacional de la Productividad, terminó sin vencedores ni vencidos. El gobierno contuvo la estampida salarial, y con ello la amenaza de un rebrote inflacionario.

FINAL El panorama político se agravó a partir del innecesario y casi insólito político de Perón con la Iglesia Católica. Perón se lanzó a un enconado ataque a la jerarquía eclesiástica. Mientras el

gobierno provocaba suprimiendo la enseñanza religiosa, promoviendo el divorcio vincular y proyectando una reforma constitucional que separara más tajantemente la Iglesia del Estado, la oposición veía su oportunidad de resucitar. El jueves 16 de junio de 1955 se produjo el bombardeo de aviones de la Marina sobre Plaza de Mayo, operación que formaba parte de un plan para asesinar a Perón y que terminó con no menos de trescientas víctimas civiles. Ante tanta violencia desbocada, Perón pensó en una táctica alternativa: tener una mano a sus adversarios. En el marco de vehementes llamados a la tranquilidad y la convivencia, se concedió a los opositores el uso de la radio, y fue en esos días cuando Arturo Frondizi pudo dar a conocer a los oyentes los puntos de vista del Partido Radical. El miércoles 31 de agosto ofreció su renuncia por la mañana y la retiró por la tarde ante una concentración organizada por la CGT y por el Partido Peronista. Su discurso fue una convocatoria a la confrontación: “… y cuando uno de los nuestros caiga, ¡caerán cinco de los de ellos!”. El 16 de septiembre el general Eduardo Lonardi inició el levantamiento militar en Córdoba y Cuyo. El lunes 19 Franklin Lucero trasmitió en un mensaje radial un ambiguo comunicado de renuncia de Perón justificado como la única forma de evitar un baño de sangre.

El legado económico de Perón Entre las críticas al legado económico está la de Adalbert Krieger Vasena (segundo ministro de Hacienda) que resaltaba que la ausencia de inversiones privadas había retardado el crecimiento de las industrias básicas, del potencial energético y de la capacidad de transportes. El informe Prebisch resalta las dificultades de la balanza de pagos y la inflación. Según Prebisch, la pesada herencia negativa era la imposibilidad de expandir las importaciones de maquinarias, materias primas y combustibles. A su vez, las restricciones para importar se originaban en la escasez de divisas. Las exportaciones agropecuarias estaban estancadas y el gobierno de Perón había postergado una y otra vez la necesaria devaluación; la inversión en las industrias básicas para sustituir importaciones era insuficiente y no había estímulos para aumentar la producción petrolera. Los planes quinquenales habían acentuado la tendencia al estancamiento al concentrar las inversiones en actividades no productivas. Por otra parte, el informe criticaba al gobierno por las expansivas políticas monetaria y salarial, generadoras de inflación. En primer lugar, las pérdidas del IAPI habían conducido a la emisión monetaria que elevó el nivel de precios, aunque no se haya adecuado el tipo de cambio para evitar justamente eso. Análogamente, el congelamiento de las tarifas públicos derivó en un abultado desequilibrio financiero en el sistema de transportes, y la desaparición de las cédulas hipotecarias en emisión monetaria para solventar la construcción de viviendas. Más allá de las vacilaciones en la ejecución de lo magro de algunos resultados, el cambio en la política agropecuaria, el Segundo Plan Quinquenal, la apertura al capital extranjero y el Congreso de la Productividad, habían sido intentos válidos para superar los obstáculos. Por lo demás, la economía no estaba paralizada ni en una espiral inflacionaria. 1955 iba a terminar con un crecimiento anual del 7%.