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Tema 40: Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX.

Tema 40 Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX. Rafael Montes Gutiérrez

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Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2016 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 40: Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX.

TEMA 40: Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX Resumen. Uno de los factores que explican el escaso desarrollo del sector industrial y del campo español es el lento crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX. Las transformaciones agrarias estuvieron vinculadas a los decretos desamortizadores; la estructura de la propiedad agrícola y el nivel de producción aumentaron significativamente, pero no la productividad por hectárea. La industrialización nacional decimonónica registró un conjunto de intentos —públicos y privados— por sentar las bases de una sociedad moderna e industrializada. Los sectores más desarrollados fueron la industria siderúrgica y la industria textil. No obstante, el panorama generalizado fue el fracaso de este conato de industrialización nacional, fenómeno relacionado con la ausencia de capitales, de materias primas y fuentes de energía, de medios de transporte, escasez de población y bajo nivel cultural. El desarrollo de este tema seguirá el siguiente esquema: 1. Lento crecimiento de la población 2. Transformaciones agrarias: cultivos y ganadería Situación de la agricultura antes de las transformaciones Transformaciones agrarias: cultivos y ganadería 3. Las desamortizaciones y sus efectos Las desamortizaciones Los efectos de las desamortizaciones 4. El proceso de industrialización. Carencias y realizaciones La industria textil algodonera La industria siderúrgica El ferrocarril Otras industrias 5. Causas del atraso industrial. El debate historiográfico Causas del atraso industrial El debate historiográfico

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A nivel curricular los contenidos de este tema pueden ser trabajados en la asignatura de Geografía e Historia en 4º ESO, y en la asignatura de Historia de España en 2º de Bachillerato, tal y como establecen los siguientes currículos1: - Para ESO el Decreto 48/2015, de 14 de mayo. - Para Bachillerato el Decreto 52/2015, de 21 de mayo.

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Ejemplo válido para la Comunidad Autónoma de Madrid. Cada opositor debería personalizar esta introducción curricular adaptándola al currículo de la comunidad autónoma por la que se presente.

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1. LENTO CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN En opinión del historiador Josep Fontana, según su obra La época del liberalismo (2007), a lo largo del siglo XIX España experimenta la primera etapa de transición demográfica, que llega hasta principios del siglo XX; esta etapa se caracteriza por un descenso progresivo de la mortalidad y el mantenimiento alto de las tasas de natalidad. A mediados del XIX la mortalidad todavía se situaba en torno al 30‰, siendo las causas las malas cosechas (hambrunas), epidemias y guerras, tanto civiles como coloniales. Las tasas de natalidad empezaron a descender en la última década del siglo XIX hasta situarse en una posición intermedia (35‰) entre los países de Europa Occidental y los de Europa Oriental. Durante la primera mitad del siglo XIX la población española siguió creciendo a un ritmo similar al europeo-occidental a pesar de la Guerra de la Independencia, la emancipación americana y de algunos períodos de hambre y de epidemias. Durante la segunda mitad del siglo XIX se recortó el crecimiento anual acumulativo —quedando reducido casi a la mitad del europeo—, lo que se debió a las oleadas migratorias hacia a América y a las todavía fuertes mortalidades, como la del cólera de 1885. Se calcula para 1834 una población de 14 millones de españoles; donde se advierte un mayor crecimiento fue en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Málaga. Con los planes de ensanche para acoger a la inmigración se inició en esta época una remodelación urbana. La emigración del campo a la ciudad es un fenómeno que se inició durante el Antiguo Régimen, pero que se acentúa ahora por las transformaciones de la propiedad agraria. La población alcanzó los 18 millones en 1900, aunque la esperanza de vida seguía siendo muy baja (había pasado de 29 a 35 años). Si nos fijamos en el modelo matrimonial percibimos una importante disminución del celibato y un aumento de la edad media de las primeras nupcias. Lo primero tiene que ver más con las transformaciones sociales y mentales inherentes del desarrollo económico, mientras que lo segundo se debe a las transformaciones en la propiedad de la tierra. El lento crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX determinaría nuestra estructura económica. Por un lado no se produjo un trasvase efectivo de la población del campo a la ciudad —con lo cual no existía una base de obreros abundante que ayudara a poner en marcha la revolución industrial—, y por otro lado la pobreza generalizada del español del siglo XIX hacía que demandara pocos productos industrializados. El porcentaje de población ocupada en el sector

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primario en el siglo XIX era del 64%, en el sector secundario en torno al 18-20%, aumentando el terciario en las últimas décadas del siglo. 2. TRANSFORMACIONES AGRARIAS: CULTIVOS Y GANADERÍA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ANTES DE LAS TRANSFORMACIONES La economía española de principios del siglo XIX seguía siendo predominantemente agraria. Los grandes propietarios y las grandes extensiones agrarias —los latifundios— seguían siendo en muchos territorios los sostenedores del régimen económico, anquilosados en métodos, técnicas y productos procedentes de la Edad Media. El modelo agrario feudal seguía siendo el dominante, estas eran sus características: baja productividad por hectárea; uso de un utillaje rudimentario; nula inversión de capital en la agricultura; escaso empleo de abonos de origen biológico; producción destinada al autoconsumo; cultivos de carácter alimenticio, predominando los cereales como el trigo. A lo largo de la centuria este modelo agrario feudal entró en crisis debido al aumento de la población española, lo que llevó a la necesidad de aumentar la producción para abastecer a toda la población. Si estudiamos la estructura de la propiedad agrícola en relación con las diferentes clases sociales en el campo, encontramos los siguientes grupos: grandes propietarios no cultivadores, que eran la nobleza, el clero y algunos burgueses que consideraban la tierra como paso hacia el ennoblecimiento. Todos ellos vivían de las rentas que producían las tierras; nuevos propietarios de latifundios cultivados de forma capitalista, siendo este último el grupo social más beneficiado por la desamortización; pequeños propietarios cultivadores, cuya proporción disminuyó al igual que sus ingresos; arrendatarios y aparceros a corto plazo. Su número aumentó y su situación empeoró, ya que se les exigía cada vez mayores rentas. También eran comunes los contratos a largo plazo como los censos y foros (arrendamientos de tiempo indefinido) y rabassa morta (de larga duración); jornaleros campesinos, cuyo número fue aumentando y también los problemas para conseguir trabajo. Estos dos últimos grupos fueron los que nutrieron la industria con mano de obra barata. TRANSFORMACIONES AGRARIAS: CULTIVOS Y GANADERÍA La desamortización afectó en un grado muy alto a la agricultura: se vendieron alrededor de diez millones de hectáreas, lo que supone el 20% del territorio nacional y el 40% de la tierra cultivable. Los propietarios institucionales —la Iglesia, el Estado,

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y los municipios— no eran empresarios productivos, ya que les faltaba capital e iniciativa empresarial. Con el nuevo propietario nacía la figura del empresario agrícola, que consideraba su explotación como una fuente de beneficios y de ingresos, por lo que buscaba siempre la máxima rentabilidad. Sin embargo, si el nuevo propietario era un latifundista que compraba por razones de prestigio, si aspiraba simplemente a especular con un alza del precio de la tierra, o si carecía de capital o de conocimientos para efectuar las mejoras, el cambio podía dejar intacto el régimen de cultivo. Pese a ello, en líneas generales se puede afirmar que la producción agrícola aumentó en el siglo XIX, pero aumentó por la ampliación de la tierra cultivada más que por el de la productividad, lo cual implica un estancamiento tecnológico. La agricultura decimonónica estaba dividida entre un sector relativamente moderno y exportador integrado por la vid, el cultivo de la naranja y los frutos secos, y un sector de subsistencia claramente deficitario, que era el cerealícola. Durante casi todo el período la política de protección gubernamental de los cereales, y más concretamente el del trigo, retrasó el trasvase de mano de obra y capital hacia el sector exportador, aunque si bien es cierto por otro lado evitó tensiones sociales que podrían haber llevado al país a un verdadero suicidio nacional. En cuanto a la ganadería puede afirmarse que la cabaña ganadera sufrió una tendencia decreciente durante la mayor parte del siglo para luego iniciar una lenta recuperación en los últimos años del XIX. Las causas de este descenso fueron la abolición de los privilegios de la Mesta en las Cortes de Cádiz y el desplazamiento de cultivos forrajeros por otros alimenticios —debido el aumento de la demanda ocasionado por el crecimiento de la población española—. El incremento del censo ganadero de los últimos años se puede deber a la crisis agraria experimentada a fin de siglo, lo que pudo provocar que muchas tierras marginales se convirtieran en pastizales. 3. LAS DESAMORTIZACIONES Y SUS EFECTOS LAS DESAMORTIZACIONES En esencia, la desamortización decimonónica consistió en la incautación por parte del Estado —mediante compensación económica— de bienes raíces pertenecientes en su gran mayoría a la Iglesia y a los municipios. Estos bienes incautados —nacionalizados— fueron vendidos posteriormente en subasta pública y constituyeron una parte importante de los ingresos de la Hacienda.

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La existencia de una gran masa de bienes en poder de manos muertas, como las tierras extra-comercium, cuyos titulares, por definición, no podían ni cultivarlas ni venderlas y sólo cobraban rentas, había aparecido en los pensadores del siglo XVIII. A partir de 1765 encontramos en España un impulso de reforma agraria motivada por las Sociedades Económicas de Amigos del País y las ideas de ilustrados como Jovellanos y de políticos como Campomanes y Floridablanca. El Expediente de la Ley Agraria, con informes tan trascendentes como el de Jovellanos (1787), vino inspirado por la legislación sobre la libertad de comercio y se centró en la estructura de la propiedad (mayorazgos, manos muertas, arrendamientos, enfiteusis, etc.). En opinión de Tomás y Valiente no se pensaba en la posibilidad de expropiar a la Iglesia en el siglo XVIII, sino tan sólo de limitar su capacidad de adquirir. Los bienes de los municipios se consideraban bajo la potestad real, eran llamados propios, comunes y baldíos; sobre ellos Carlos III decretó que en ciertas zonas los ayuntamientos debían hacer accesible las tierras municipales a los campesinos pobres. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los apuros económicos del gobierno de Godoy provocaron las primeras expropiaciones de bienes de la Iglesia, seguidas de su venta pública y redención de títulos de la Deuda pública. También hubo un proceso desamortizador durante el reinado de José Bonaparte a expensas de los bienes del clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa; su finalidad era favorecer a los afrancesados y conseguir fondos para la Hacienda. Las Cortes de Cádiz elaboraron un decreto de desamortización en 1813 que establecía la nacionalización de los bienes raíces de los afrancesados, jesuitas, órdenes militares, de los conventos y monasterios destruidos durante la guerra, y parte del patrimonio de la Corona. Estos bienes se podían comprar, parte en metálico y parte mediante la redención de títulos de Deuda pública. El decreto no se aplicó porque lo impidió el golpe de Estado de Fernando VII en mayo de 1814, aunque entró en vigor durante el Trienio Liberal. Contenía los rasgos básicos de todas las desamortizaciones del siglo XIX, que son la subasta pública de los bienes nacionalizados y la admisión en pago de dinero en metálico o títulos de Deuda Pública, o lo que es lo mismo, la concepción de la desamortización como una medida fiscal para sanear la Hacienda y no como una reforma agraria y posterior reparto de tierras entre los campesinos. La desamortización de Mendizábal fue emprendida primero como ministro de Hacienda y más tarde como jefe del gobierno. Se realizó entre 1835-1837, destacando el Decreto de 1836 por el cual los bienes del clero regular fueron

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nacionalizados y puestos a la venta. Perseguía un triple propósito: costear la guerra carlista, acabar con el clero que apoyaba al carlismo y crear una copiosa familia de propietarios adictos al régimen. Sus resultados fueron decepcionantes, ya que no se logró enjuagar la deuda pública y además el liberalismo se granjeó enemigos entre los católicos y un sector del campesinado se hizo antiliberal. La posterior Ley de 1841 —puesta en marcha durante la regencia de Espartero— nacionalizaba los bienes del clero secular, pero el regreso del partido moderado al poder en 1844 hizo que las ventas quedaran suspendidas. Hubo de esperar al Bienio Progresista y a su intensa labor legislativa, que tenía como fin promover la economía española, para continuar con la desamortización. Una de esas leyes era la Ley Madoz o "desamortización general" de 1855, por la cual no sólo se vendían los últimos bienes de la Iglesia, sino todos los bienes amortizados pertenecientes al Estado y a las alcaldías de los municipios. LOS EFECTOS DE LAS DESAMORTIZACIONES Los bienes desamortizados se vendieron en pública subasta al mejor postor con el fin de maximizar los ingresos y minimizar el tiempo de obtención del dinero. Los compradores fueron aristócratas, clérigos, burgueses y pequeños propietarios, muchos de ellos tenedores de Deuda pública. Aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que la desamortización contribuyó a aumentar la propiedad latifundista, según el hispanista estadounidense Richard Herr no se introdujo una modificación fundamental en la estructura de la propiedad agraria, sino que la propiedad cambió de manos pero no se concentró ni se dispersó significativamente; para Herr el impacto más fuerte fue económico, ya que puso en cultivo tierras hasta entonces poco, mal o nada explotadas, y la prueba de que la desamortización era una solución más económica que política la encuentra en que recurrieron a ella tanto conservadores como liberales. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que los beneficiarios del proceso fueron la nobleza terrateniente, que a cambio de unos derechos señoriales —que a menudo eran puramente simbólicos— ganó la plena propiedad de sus tierras, además del resto de compradores, y sobre todo burgueses que habían comprado deuda pública, porque adquirieron tierras a un precio relativamente reducido. Las víctimas fueron la Iglesia y los municipios por razones obvias, pero también los campesinos pobres porque hasta entonces habían venido beneficiándose de la explotación semifurtiva de la propiedad eclesiástica o comunal. A partir de ahora el nuevo propietario no permitiría ese tipo de explotación, por lo que no es de extrañar

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que en la desamortización decimonónica se haya visto el origen de las rebeliones campesinas de signo carlista y anarquista. 4. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN. CARENCIAS Y REALIZACIONES LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA Las condiciones de partida de España para el desarrollo de la industria algodonera no eran buenas, siendo uno de nuestros grandes inconvenientes la escasez y mala calidad del carbón localizado en el norte, por lo que Cataluña estaba bastante alejada de los centros productores de hulla. A esta situación debemos sumar la desaparición de la demanda colonial tras la pérdida de las colonias y la exigua demanda interior motivada por el estancamiento demográfico y la pobreza generalizada. La industria textil algodonera catalana creció a lo largo del siglo XIX, aunque fue siempre a rastras de la algodonera inglesa, con una tecnología más atrasada y unos productos de peor calidad y con precios más elevados, por lo que nunca pudo competir con ella; porcentualmente sólo representaba un 10% de la industria británica. Las causas de su desarrollo se han de buscar en el adelanto relativo de Cataluña en comparación con el resto del país, y en la protección arancelaria. El Principado Catalán manifestó desde mediados del siglo XVIII una importante vitalidad demográfica acompañada de una intensa actividad comercial, favoreciendo ambas la acumulación de capital y una oferta de mano de obra barata para el nacimiento de un pequeño núcleo textil algodonero. Durante el siglo XIX esta industria creció basándose en el abastecimiento del mercado nacional garantizado por los aranceles a los productos británicos, y en las últimas décadas gracias al monopolio del mercado antillano. Veamos su evolución: en Cataluña se creó una versión de la hiladora jenny llamada bergadana; a principios de siglo se importó la mule de Crompton —una máquina que resultaba de la fusión de la jenny de Hargreaves y la frame de Arkwright—. Tras el parón que supuso el absolutismo de Fernando VII, fue en la década de 1830 cuando se empezó a utilizar en Barcelona el vapor en el proceso de hilado, fenómeno que recibía el nombre de bonaplata. En la década de 1840, una vez concluida la guerra carlista, comenzaron a introducirse los primeros telares automáticos llamados selfactinas (el nombre venía de self-acting machine), este desarrollo se vio entorpecido por la resistencia obrera a la sustitución de hombres por máquinas, ocasionando un severo conflicto en julio de 1854. Sin embargo, la

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industria continuó creciendo y en 1855 se registró el año de mayor crecimiento de la industria textil algodonera. La política progresista de 1854-1856 abrió nuevos campos de inversión —los ferrocarriles y las tierras desamortizadas— para la exigua clase burguesa española; esta situación, unida a la depresión económica de 1857-1858, el "hambre del algodón" causada por la guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865), y la depresión de 1865-1868, provocaron un freno en el desarrollo textil. A partir de 1868, aproximadamente, tuvo lugar un proceso de recuperación que duró unos quince años. La crisis de 1882-1884 afectó gravemente a la estructura económica de Cataluña, y en particular a su sistema bancario. Esta crisis dio lugar a un manifiesto en defensa de los intereses de Cataluña llamado Memorial de Greuges o Memorial de los Agravios titulado Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, fechado en 1885 y dirigido al rey Alfonso XII a la antigua usanza de las Cortes Catalanas. Se pensaba que la solución a la crisis, y en particular a la de la industria algodonera, sólo podía venir por vía legislativa. A partir de esos años la industria textil algodonera recibió una nueva ayuda con la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882, que en conjunción con el arancel de 1891, estableció el librecambio para las exportaciones españolas a Cuba y Puerto Rico y el proteccionismo para las importaciones a las colonias y a España. Con esto la producción volvió a crecer rápidamente en los últimos años del siglo. La pérdida de las colonias con la Guerra de Cuba (1895-1898) no provocó el fin de las exportaciones, pues la depreciación de la peseta y las relaciones comerciales con las ex colonias y otros países hispanoamericanos y del Mediterráneo oriental mantuvieron altas las exportaciones. El estancamiento definitivo de esta industria se registró durante la primera década del siglo XX. LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA Según la teoría de localización económica, la industria siderúrgica debe situarse cerca de las fuentes de carbón de coque. En España se sitúa cerca del hierro porque carece de yacimientos de coque, por lo que en principio estamos ante una industria no competitiva. En la primera etapa del desarrollo de la siderurgia española su ubicación fue Andalucía. Los primeros altos hornos se construyeron en Málaga ya que tenía abundantes recursos ferrosos —a manos de la empresa La Constancia en 1826, financiada por Manuel Agustín Heredia, exportador de aceite y vino y promotor del

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Banco de Málaga—. En Sevilla se creó la sociedad El Pedroso para explotar los yacimientos de hierro de Cazalla de la Sierra. La primera guerra carlista puso fuera de juego las ferrerías vizcaínas, y al calor de las circunstancias se fundó una segunda compañía siderúrgica en Málaga, la empresa El Ángel. El hándicap andaluz era el coste del carbón vegetal que poseía un precio muy elevado, por lo que a partir de 1860 la hegemonía andaluza comenzó a declinar ante la competencia asturiana. La segunda etapa de esta industria es de localización mucho más racional: fue realizada en Asturias, situada al lado de las cuencas carboníferas de hulla en Mieres y Langreo. En esta fase destacaron dos fábricas, la de Mieres y la de Felguera. La fábrica de Mieres fue instalada en 1848 y estuvo siempre en manos extranjeras, primero inglesas y luego francesas. La Felguera fue una empresa nacional, perteneció a la Sociedad Pedro Duro y Compañía. La última etapa de la industria siderúrgica fue la siderurgia vizcaína. Los problemas de transporte y de combustible habían mantenido a las ferrerías vizcaínas en una situación de subdesarrollo hasta mediados del siglo XIX. La primera sociedad anónima con métodos modernos nació en 1841 en Begoña. Otra importante empresa fue la de la familia Ybarra, que fue ampliándose hasta formar Ybarra y Compañía. Sin embargo, la siderurgia vizcaína no inició su gran desarrollo hasta la Restauración Borbónica gracias a un cambio en el sistema de producción de acero que permitió el consumo de hierro vasco, el cual se exportaba a Inglaterra y en cuyos mismos fletes llegaban abundantes cantidades de coque que se utilizaba en la siderurgia vizcaína como fuente de energía. A mediados de la década de 1880 se modernizó al introducir el convertidor Bessemer y poco después los hornos Siemens-Martin y Thomas. La siderurgia vizcaína estuvo en manos de tres grandes empresas. En 1882, Ybarra y Compañía se convirtió en la sociedad anónima Altos Hornos de Hierro y Acero, que combinaba capital y directivos catalanes y vascos. En ese mismo año se fundó La Vizcaya y en 1888 Iberia; estas tres empresas se fusionaron en 1902 formando los Altos Hornos de Vizcaya. El crecimiento de la industria siderúrgica fue espectacular, pero aún así en 1900 la producción española era inferior a la inglesa, que había sido superada, a la vez, por Alemania. EL FERROCARRIL En cuanto al ferrocarril, la primera línea Barcelona-Mataró fue inaugurada en 1848, y la línea Madrid-Aranjuez pudo inaugurarse en 1851. La construcción y la explotación de los ferrocarriles se dejó a la iniciativa privada mediante la Ley de Ferrocarriles de 1855, que establecía facilidades para su construcción y auxilios por parte del Gobierno para favorecer la rápida construcción de la red. En 1876 la red

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ascendía a 6.000 km, y entre 1876 y 1895 llegó casi a duplicarse. El objetivo de la Ley de 1877 era paliar los desequilibrios impulsando el tendido de líneas transversales y periféricas. Se incluyen los ferrocarriles de vía estrecha al servicio de la comunicación comarcal de viajeros, entre otros fines. Así se completó el oligopolio entre la Compañía del Norte y la MZA. La inversión de capital extranjero, especialmente francés, en la construcción de la red se mantuvo superior al capital nacional; la aportación extrajera era del 60%. Jordi Nadal, en su obra El fracaso de la revolución industrial en España, 1814– 1913 (2009), considera que el impacto del ferrocarril en la economía española fue muy grande: por un lado como consumidor e impulsor de la industria metalúrgica, hullera, maderera y la específica de material ferroviario, y por otro lado como productor de una nueva oferta de transporte de mercancías que rápidamente se revelará sin competencia y dinamizará el intercambio. Una de sus manifestaciones fue la desaparición de las diferencias regionales de precios agrícolas. Hasta 1900 su principal cliente fueron las mercancías del sector agrario, de hecho el ferrocarril fue decisivo en la gran expansión de la producción vinícola de los años ochenta. La plantilla fija no fue numerosa: el personal cualificado, ingenieros y administradores, llegaron de Bélgica, Francia e Inglaterra; se contrataron in situ labradores en paro forzosos. OTRAS INDUSTRIAS Industria harinera. Era una industria auxiliar de la agricultura; tenía un gran tamaño y un mercado muy amplio, aunque mostraba un fuerte estancamiento tecnológico. Industria vitivinícola. Estaba repartida por casi toda la geografía peninsular, concentrándose especialmente en Andalucía y Cataluña como zonas exportadoras. La especialidad de Cataluña era la exportación de vinos y licores a América, aunque también exportó vino a Francia. Los vinos andaluces, de Málaga y Jerez, se exportaban sobre todo a Inglaterra. El capital extranjero vino a instalarse en España para organizar la exportación a sus respectivos países de origen —es el caso de las familias inglesas Terry y Byass, y de la familia francesa Domeq—. El problema más grave de la industria vitivinícola fue la plaga de la filoxera que atacó los viñedos europeos en el último tercio del siglo XIX; afectó a Francia antes que a España, lo cual produjo un decenio de prosperidad entre 1875-1885, seguido de otro decenio de crisis. Industria corchera. Localizada en Gerona, es una industria auxiliar de la vinícola, y utiliza como materia prima la corteza del alcornoque. La caída de las

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exportaciones de corcho coincide con la crisis de la filoxera francesa y española, pues alimentaba a ambos mercados. Industria lanera. Esta industria había tenido dos centros tradicionales: Castilla la Vieja y Cataluña. Castilla la Vieja disfrutaba de la ventaja de ser una zona productora de lana de primera calidad (lana de oveja merina), pero su desventaja residía en el aislamiento económico, por ello su producción se limitó a mercados locales. En Cataluña, el desarrollo de la industria algodonera estimuló la lanera al utilizar los mismos factores productivos. Sabadell, Tarrasa y Barcelona fueron los principales centros de esta industria lanera, produciendo géneros al estilo inglés y alemán. Utilizaban como materia prima la lana castellana, sajona, australiana y argentina. Industria sedera. Se trataba de una industria muy tradicional en Valencia y Murcia. A lo largo del siglo tendió a concentrarse en Barcelona, posiblemente por la extensión del naranjo a expensas de la morera en Valencia y Murcia. Industria del gas. Barcelona tuvo iluminadas sus calles con gas desde 1826. Hacia 1850 había una docena de fábricas de gas localizadas principalmente en las grandes ciudades. Industria química. Era una industria complementaria de otras —de la textil, de las de perfumería y de la industria minera— mediante la fabricación de explosivos, aunque no alimentaba a la agricultura como en otros países desarrollados. Se localiza en Barcelona, donde estaba relacionada con la textil. Industria mecánica y metalúrgica. Fue de pequeño tamaño y producía maquinaria para otras industrias, material naval y ferroviario, pero su importancia económica durante este siglo fue muy reducida. 5. CAUSAS DEL ATRASO INDUSTRIAL. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO CAUSAS DEL ATRASO INDUSTRIAL El siglo XIX fue el siglo que registró el fracaso de la industrialización en España, y fue el fracaso de una serie de intentos —tanto públicos como privados— por conseguir industrializar nuestro país. Desde entonces, junto con Rusia e Italia, España formó parte del grupo de rezagados frente a los países de la Europa noroccidental y Estados Unidos. Intentos hubo muchos, por una parte tenemos los esfuerzos privados

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de la clase empresarial catalana por crear una base industrial en el principado, y por otra parte están los intentos del partido progresista por sentar las bases políticas y legislativas de una sociedad moderna, es decir, industrializada. No obstante, ninguno de estos intentos fue totalmente estéril, de hecho Barcelona desarrolló una notable industria, y el país llevó a cabo la desamortización y la construcción ferroviaria, que fueron necesarias para nuestro desarrollo económico. Las causas que explican este fracaso son varias: una de ellas es el retraso de la revolución demográfica española comparado con otros países de la Europa occidental —un mayor aumento de la población hubiese aportado una mano de obra barata para la industria—, otra es que tampoco hubo una auténtica revolución agrícola que demandase productos industriales —pues como hemos explicado la agricultura aumentó la producción pero por un aumento de la tierra cultivable, no por un desarrollo tecnológico—, además la red de transporte española era completamente ineficaz —obsoletos caminos de tierra, ausencia de navegación fluvial y tardío desarrollo del ferrocarril—, y para finalizar hay que ser consciente de que en nuestro país tampoco hubo una revolución tecnológica como consecuencia de la carencia de capitales y del bajo nivel cultural (teníamos un 80% de analfabetos en 1860 cuando en Francia sólo había un 30%). EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO Jordi Nadal, economista e historiador español, discípulo de Jaume Vicens Vives y considerado autoridad en la historia del proceso de industrialización en España, analiza las causas del fracaso de nuestro intento de industrializar el país. En su obra hace referencia a los siguientes factores: el fracaso de las desamortizaciones —del suelo y del subsuelo— que malograron las bases naturales (agrícola y minera) en que se debía haber asentado la revolución industrial; los apuros de la Hacienda, perpetuados por los vicios del sistema político, culpables de restringir el mercado de capitales para la industria y de imponer una infraestructura (red ferroviaria) inadecuada; la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas planteadas tras la pérdida de las posesiones continentales en América; el estancamiento del sector energético y tradicionalismo del sector agrario, sin ayudarse mutuamente; el despilfarro de recursos propios e hinchazón de las importaciones, con desequilibrio de la balanza comercial. En resumen, falta de coordinación y de integración de los principales sectores. El especialista en historia agraria, Ramón Garrabou Segura, ha estudiado el desarrollo del capitalismo y de la industrialización como un fenómeno vinculado al desarrollo de la agricultura. Para que la industrialización tenga lugar tiene que

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haberse dado previamente un aumento de la producción y una mejora de la productividad —para alimentar a la población urbana y liberar mano de obra campesina que pueda trabajar en la industria—, la concentración de la tierra en pocas manos, la sustitución de la agricultura de auto consumo por una agricultura comercial, y la acumulación de capitales que puedan ser reinvertidos en la agricultura o ser canalizados hacia otros sectores productivos. Para Miguel Artola Gallego, miembro de la Real Academia de la Historia, en cambio, las causas del subdesarrollo serían la carencia de capitales, la limitación del crecimiento demográfico, los costos elevados del transporte terrestre, los insuficientes recursos energéticos y el bajo nivel cultural. Sectorialmente a la industria textil algodonera se le ha reprochado haber crecido a costa del consumidor español. Debido al proteccionismo y al amparo legislativo las industrias algodoneras pudieron vender su producto a precios más baratos que los de la competencia, por lo que los consumidores salieron perjudicados y también los contribuyentes debido los altos aranceles —recaudaban menos impuestos a causa del contrabando y de la menor importación—. Además, tras el arancel Figuerola de 1869, que desmantelaba las barreras arancelarias, los algodoneros hicieron causa común con el sector cerealista castellano, al que se unieron más adelante los siderúrgicos vascos durante la Restauración Borbónica hasta hacer un bloque proteccionista invencible frente a los librecambistas andaluces y madrileños. En ese contexto obtuvieron el alto arancel de 1891, decretado por Cánovas del Castillo. El problema del proteccionismo reside en que desacelera el crecimiento económico nacional porque los factores productivos se concentran en sectores no competitivos internacionalmente. Sin embargo, en el lado positivo la industria algodonera alivió el déficit de la balanza comercial, constituyó la columna vertebral de la industrialización de Cataluña estimulando el desarrollo de otras industrias, y absorbió un considerable flujo migratorio. A nivel también sectorial, una de las tópicas razones que explican el relativo atraso de nuestra industria siderúrgica es la exención arancelaria que se dio a la importación de material ferroviario mediante la Ley de Ferrocarriles de 1855. No obstante, si se hubiera obligado a los constructores de ferrocarriles a consumir hierros nacionales, evidentemente la siderurgia nacional hubiese sido mayor. Lo que no está tan claro es si los fabricantes hubiesen podido hacer frente a esa demanda y a qué precios, lo que pudo haber frenado la construcción ferroviaria que por otro lado fue básica en el desarrollo de la economía española decimonónica. Otra causa del retraso, en comparación con la siderurgia británica, es el atraso de la agricultura, ya que éste es el sector que más demanda productos siderúrgicos.

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CONCLUSIÓN Tanto las transformaciones agrarias como el proceso de industrialización en la España del siglo XIX estuvieron condicionados por una serie de factores de naturaleza geográfica —orografía y clima—, que al unirse a un conjunto de factores humanos como las decisiones económicas —públicas y privadas—, dieron como resultado el retraso del país en relación a Europa Occidental. En definitiva, a lo largo del siglo XIX España intentó una transformación económica que no acabó de cuajar. En el aspecto agrario se afrontó la desamortización de la tierra, que permitió el aumento de la producción, satisfaciendo así el aumento de la demanda —aunque no el hambre de tierras de los campesinos—. A excepción de las industrias textil y siderúrgica, en el aspecto industrial la modernización no alcanzó resultados relevantes. BIBLIOGRAFÍA  GUERRERO, A. C.; RUEDA, G.; PÉREZ GARZÓN, S.; ELIZALDE, M.D. y SUEIRO, S. (2011): Historia Contemporánea de España, 1808-1923. Madrid, Akal, 2011.  FONTANA, Joseph (2007): La época del liberalismo. Vol. 6 Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona.  CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010): Historia económica de la España contemporánea (1789-2009). Editorial Crítica, Barcelona.  TORTELLA, G. (1998): El desarrollo de la España Contemporánea. Historia Económica de los siglos XIX y XX. Editorial Alianza, Madrid.  MARTÍNEZ DE VELASCO, SÁNCHEZ MANTERO y MONTERO (1990): Manual de Historia de España. Siglo XIX. Editorial Historia 16, Madrid.  FUSI, J. P. y PALAFOX, J. (1997): España, 1808-1996. El desafío de la modernidad. Espasa Calpe, Madrid.  NADAL, J. (2009): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814–1913. Editorial Crítica, Barcelona.

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ANEXO POBLACIÓN ESPAÑOLA SIGLO XIX

DESAMORTIZACIONES

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INDUSTRIA ESPAÑA SIGLO XIX

FERROCARRIL ESPAÑA SIGLO XIX

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