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EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO I. INTRODUCCIÓN El proceso de ejecución previsto en la Nue

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EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

I. INTRODUCCIÓN El proceso de ejecución previsto en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, en adelante NLPT, define la competencia en el conocimiento de dicho proceso básicamente en razón a la cuantía, salvo el caso de la cobranza de los aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, en cuyo caso la competencia es exclusiva de los Juzgados de Paz Letrados, resultando irrelevante el importe materia de cobranza. La regulación prevista sobre el proceso de ejecución en la NLPT, requiere establecer previamente qué debemos entender como proceso de ejecución y qué como título ejecutivo, sobre aquello se tratará de definir su diferencia con el proceso de conocimiento, su estructura y finalidad y en cuanto al título ejecutivo, se tratará de verificar su contenido, es decir, la obligación que este puede contener y la limitación de las defensas que, contra el mismo, se puede generar. Se revisará qué títulos ejecutivos ha señalado expresamente la NLPT, pueden ser tramitados mediante el proceso de ejecución, haciéndose énfasis en los referidos a la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, dado que los mismos constituyen aproximadamente el noventa por ciento (90%) de los expedientes que conocen los Juzgados de Paz Letrados, verificándose entonces en ellos las incidencias que surgen en la cobranza de los referidos títulos ejecutivos. Finalmente, serán materia de análisis los supuestos de suspensión extraordinaria de la ejecución, la multa por contradicción temeraria, definiendo para ello, lo que se debería entender por conducta temeraria y distinguirla de la conducta procesal de mala fe, para luego ingresar a la revisión del incumplimiento injustificado al mandato de ejecución, en el caso de las obligaciones de hacer y no hacer y las consecuencias que se proponen legislativamente y la forma de cálculo de los derechos accesorios.

II. PROCESO DE EJECUCIÓN La NLPT en el Título II, en su Capítulo V, desde el artículo 57 a 63, trata sobre el proceso de ejecución. En cuanto a la competencia el inciso 2º del artículo 1 de la NLPT, señala que los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de referencia procesal (URP) son competencia de los Jueces de Paz Letrados; salvo cuando se trata de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso los Jueces de Paz Letrados son competentes con prescindencia de la cuantía. Por su parte, el artículo 57 de la NLPT específicamente señala qué títulos ejecutivos, van a ser tramitados mediante el proceso de ejecución. De esa forma, debemos tener presente dos conceptos: el de proceso de ejecución y el de título ejecutivo.

III. TÍTULOS EJECUTIVOS Un título ejecutivo, señala ARÉVALO VELA es una declaración contenida en un documento, por el cual una persona natural o jurídica reconoce una obligación cierta y exigible a su cargo. Continúa señalando el citado jurista, que el título ejecutivo tiene dos requisitos uno de fondo y otro de forma. El requisito de fondo está dado por el reconocimiento de la existencia de una obligación, mientras que el requisito de forma está dado por la existencia de un documento donde conste el reconocimiento antes mencionado. Para VINATEA y TOYAMA solamente se puede promover un proceso de ejecución si el derecho del acreedor, que demanda (llamado ejecutante) está contenido en el título ejecutivo donde conste que el deudor que es demandado (llamado ejecutado) se obliga o es obligado a satisfacer cierto crédito. Cabe precisar que los derechos contenidos en los títulos ejecutivos, y que habilitan a iniciar un proceso de ejecución de estas características, no solamente pueden referirse a obligaciones de dar sumas de dinero o bienes determinados, sino también a obligaciones de hacer y de no hacer. Naturalmente, en los casos regulados en este artículo las obligaciones a ejecutar deben estar referidas o derivarse de una relación laboral. En línea de lo anteriormente señalado, mediante el proceso de ejecución se va promover este, en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o aquellos como los señala LINO PALACIO citado por HINOSTROZA MINGUEZ, denominados títulos ejecutivos extrajudiciales, los mismos que la ley, en razón de tratarse de documentos que contienen una autodeclaración de certeza del derecho proveniente del deudor o de la administración pública, asigna efectos equivalentes a los de una sentencia condenatoria. Esto por cuanto, ya no existe un tratamiento diferenciado desde las modificaciones realizadas al Código Procesal Civil por el Decreto Legislativo N° 1069 del 28 de junio del año 2008, entre títulos ejecutivos y títulos de ejecución, ahora todos se denominan títulos ejecutivos y así se refleja en la NLPT de fecha 15 de enero del año 2010. Siendo que cuando el artículo 690-A del Código Procesal Civil indica que a la demanda se debe acompañar el título ejecutivo, además de los requisitos y anexos provenientes en los artículos 424 y 425 y los que se especifiquen en las disposiciones especiales, es por qué en este tipo de procesos señala PAREDES INFANZÓN el contradictorio se invierte. La sola afirmación contenida en la demanda y sustentada en el título que se adjunta es suficiente para que el órgano jurisdiccional expida el mandato ejecutivo. De lo hasta aquí expuesto, los títulos ejecutivos deben contener como requisito indispensable, una obligación cierta o veraz, expresa es decir indubitable y exigible, por lo que, si está sujeta a plazo debe encontrarse vencido y si la obligación está sujeta a condición, ésta debe haberse cumplido. Cuando se trata de un título que contiene una obligación de dar suma de dinero, ésta debe ser, además, líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética.

Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos: a) Las resoluciones judiciales firmes b) Las actas de conciliación judicial. c) Los laudos arbitrales firmes, que haciendo las veces de sentencia resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral. d) Las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones. e) El documento privado que contenga una transacción extrajudicial. f) El acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa. g) La liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES Se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente, es decir, si la demanda si hubiese iniciado ante una Sala Laboral, es competente el Juez especializado de trabajo de turno, siendo que en este caso ya no existe el turno, será competente el Juez especializado de Trabajo, en forma aleatoria según su ingreso al Sistema Integrado Judicial (SIJ). Se trata entonces de aquellas decisiones judiciales autos y sentencias emitidas y que tengan la condición de consentidas o ejecutoriadas, para ARÉVALO VELA son aquellas que gozan de autoridad de cosa juzgada, es decir que contiene una decisión inimpugnable, inmutable y coercible, no siendo ejecutables en esta vía agrega el citado autor, las resoluciones judiciales expedidas en procesos referidos a otras materias. Siendo que dichas resoluciones deben establecer una condena, es decir, aquellas en la que se tenga que cumplir una obligación de dar, de hacer o de no hacer.

LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Son aquellos acuerdos totales o parciales a los que arribaron las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la NLPT, teniendo las mismas la autoridad de cosa juzgada y que se ejecutan exclusivamente también ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. De igual manera, que en el caso anterior si la demanda se hubiese iniciado ante una Sala Laboral, sería competente el Juez Especializado de Trabajo, en forma aleatoria en la medida que ya no existe el turno, como forma de determinar la competencia.

LOS LAUDOS ARBITRALES FIRMES, QUE HACIENDO LAS VECES DE SENTENCIA RESUELVEN UN CONFLICTO JURÍDICO DE NATURALEZA LABORAL En palabras de ARÉVALO VELA, el laudo puede definirse como decisión final que emiten los árbitros dentro de un proceso arbitral condenando a una de las partes a cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Sin embargo, debemos estar frente un laudo arbitral firme, por el cual se haya resuelto un conflicto jurídico y no aquellos que resuelvan conflictos económicos de naturaleza laboral, el que va ser tramitado conforme a la norma general de arbitraje, prevista en el Decreto Legislativo N° 1071, en los que no se haya otorgado facultades de ejecución a los árbitros, según inciso 1) del artículo 67 del referido Decreto Legislativo, pudiéndose tratar de laudos arbitrales firmes emitidos en derecho o en equidad. Por su parte, entre otros supuestos cuando estamos frente a una controversia jurídica entre el empleador y el trabajador, ambos acuerden firmar un convenio arbitral y la remuneración mensual del trabajador supere las setenta (70) unidades de referencia procesal, el laudo arbitral que se emita, una vez firme, constituirá un título ejecutivo.

LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO FIRMES QUE RECONOCEN OBLIGACIONES Se refiere a resoluciones firmes, es decir, aquellas contra las cuales ya no cabe interponer recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, las que se constituirán en títulos ejecutivos. Estas resoluciones pueden ser emitidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, a través de las cuales se reconocen obligaciones. ELIAS MANTERO señala que las resoluciones administrativas por su propia naturaleza pueden ser cuestionadas en la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, siendo el requisito esencial de procedencia la interposición de la demanda dentro del término de tres meses señalados en el artículo 17 de la Ley N° 27584, (Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo). La interposición de la demanda no determina de por si la interrupción de la ejecución, en cuyo caso se requeriría una medida cautelar, no necesariamente fácil de obtener en razón de que los pronunciamientos de la autoridad están premunidos de una presunción de legalidad, lo que hace difícil, aunque no imposible, cumplir con el requisito de la apariencia del buen derecho o verosimilitud dela obligación.

EL DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTENGA UNA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL Son títulos ejecutivos en este caso las transacciones extrajudiciales, cuando las mismas aborden asuntos laborales, no debe tratarse de aquellos casos en los cuales ya existe un proceso judicial, sino previas al mismo y que contengan concesiones recíprocas y no equivalentes. En estos casos el Juez al calificar el título ejecutivo deberá observar especial cuidado, es decir, verificar de lo expuesto en los documentos y en su caso requerir a la parte, que señale si existe algún tercero que pueda afectarse con lo acordado en la transacción extrajudicial, por cuanto, muchas veces mediante estos documentos, se quiere generar supuestas obligaciones para otorgarles un derecho preferencial y/o generar un derecho persecutorio y burlar de esa forma el cobro de acreedores reales y no ficticios; así como, deberá apreciarse al calificar el título ejecutivo, que el trabajador en la transacción no este renunciando a derechos laborales.

EL ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PRIVADA O ADMINISTRATIVA La conciliación extrajudicial es el acuerdo de las partes para poner fin una controversia evitando que la misma llegue a la vía judicial. Sobre la conciliación extrajudicial privada, esta posibilidad se encuentra prevista en el artículo 7 de la Ley N° 26872 – Ley de Conciliación, que establece que la conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución Política del Perú y la Ley. Se indica además que la misma será atendida por los Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por los Centros de Conciliación privados para lo cual deberán de contar con conciliadores acreditados en esta materia por el Ministerio de Justicia. En la audiencia de conciliación en materia laboral las partes podrán contar con un abogado de su elección o, en su defecto, deberá de estar presente al inicio de la audiencia el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Por su parte, la Cuarta Disposición Final de la Ley de Conciliación, Ley N° 26872 señaló que la Conciliación Administrativa a que se refiere el Capítulo III del Título III del Decreto Legislativo N° 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, mantiene su plena vigencia. En ese sentido, el artículo 27 del citado Decreto Legislativo señala que el área de Conciliación Administrativa, está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surjan en la relación laboral. La asistencia del trabajador y del empleador a la Audiencia de Conciliación es de carácter obligatorio. La Audiencia de Conciliación puede ser solicitada por el trabajador, ex trabajador, la organización sindical, por el empleador o por ambas partes. Para la realización de la Audiencia de Conciliación debe notificarse a ambas partes, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles. Siendo que, por su parte, señala el artículo 28 el plazo de caducidad en materia laboral, se suspende a partir de la fecha en que cualquiera de las partes presenta la solicitud de Audiencia de Conciliación y hasta la fecha en que concluya el procedimiento. Las partes, indica el artículo 29 pueden intervenir en la conciliación a través de sus representantes o apoderados. La designación puede constar en una carta simple, con la facultad expresa para conciliar, acompañada de la copia del poder del otorgante. Si el empleador o el trabajador no asisten a la conciliación por incapacidad física, caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditar por escrito su inasistencia, dentro del segundo día hábil posterior a la fecha señalada para la misma. Admitida la justificación se notifica oportunamente a las partes para una segunda y última diligencia. La notificación en este caso se efectúa con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas. Si en el plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo, el empleador no presenta la justificación pertinente o ésta es desestimada, se aplica una multa de hasta una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente, según los criterios que establece el Reglamento. Contra la resolución por la que impone la multa, el empleador, dentro del tercer día hábil de su notificación, puede interponer Recurso de Apelación, el que es resuelto en el término de diez (10) días hábiles de su presentación, agotándose la vía administrativa. Finalmente, en la conciliación sólo se levanta acta cuando las partes lleguen a un acuerdo total o parcial del tema controvertido, en caso contrario únicamente se expide una constancia de asistencia. Dicho acuerdo debe quedar reflejado en el acta de conciliación que debe contener una obligación cierta, expresa y exigible la que constituye título ejecutivo y tiene mérito de instrumento público.

LA LIQUIDACIÓN PARA COBRANZA DE APORTES PREVISIONALES DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES La NLPT viene siendo implementada en nuestro país y no dudo que, con éxito, sin embargo, la misma fue diseñada bajo el criterio de especialidad y bajo el modelo del Despacho Judicial Corporativo, conforme a la Resolución Administrativa N° 127-2012-CE-PJ de fecha 4 de julio del año 2012, dicho modelo requiere de al menos un Juzgado de Paz Letrado y un Juzgado Especializado de Trabajo para su funcionamiento. Sin embargo, resulta ser que aproximadamente el noventa por ciento (90%) de los expedientes que conocen los Juzgados de Paz Letrados, están referidos a la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, situación que se ha visto acentuada con lo acordado en el Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, que, en el Quinto Tema del mismo, en relación a la competencia de los Juzgado de Paz Letrados, se precisó lo siguiente: “5.1. ¿Son competentes los juzgados de paz letrados para conocer pretensiones no cuantificables? El pleno acordó por unanimidad: Los juzgados de paz letrados no son competentes para conocer pretensiones no cuantificables, pues de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, sólo son competentes para conocer pretensiones cuantificables originadas en demandas de obligación de dar sumas de dinero y títulos ejecutivos, cuyas cuantías no sean superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). 5.2. ¿Son competentes los juzgados de paz letrados para conocer pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificada que sí es de su competencia por la cuantía? El pleno acordó por unanimidad: En la Nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados de paz letrados no son competentes para conocer pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificada que si es de su competencia por la cuantía; pues éstos únicamente pueden conocer las materias expresamente señaladas en el artículo 1 de la Ley N° 29497”; en conclusión, los juzgados de paz letrados no pueden conocer pretensiones no cuantificables, aún estas estén acumuladas con pretensiones cuya cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal, lo que casi convierte a los mismos en órganos jurisdiccionales a exclusividad para conocer la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, significando que la mayoría de las pretensiones sean conocidas por los Jueces de Trabajo, los que tienen que afrontar una gran cantidad de procesos, atentando con ello el principio de celeridad que inspira al nuevo proceso laboral, lo que hace necesario una modificación legislativa al respecto, para que los Juzgados de Paz Letrados asuman competencia frente a pretensiones no cuantificables acumulada a una cuantificable no mayor a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal, dado que son órganos jurisdiccionales que han sido creados bajo el criterio de especialidad en dicha materia. 1. La liquidación para cobranza: Es un documento con mérito ejecutivo, emitido por una Administradora de Fondo de Pensiones en el cual se determina el monto de los aportes adeudados por el empleador. 2. Normas que rigen la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones: Conforme a la modificatoria realizada por la Segunda Disposición Modificatoria de la NLPT al artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, en la misma se señala que la cobranza se efectuará de acuerdo con el Título II de la Sección Séptima de la NLPT, estableciendo a continuación reglas especiales para dicha ejecución, es decir, que si bien el proceso de cobranza de los aportes se tramita con arreglo a la NLPT, lo cierto es que existen en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, reglas especiales que priman sobre las disposiciones generales que son las establecidas por la NLPT.

Al respecto ELIAS MANTERO, señala que el proceso de ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación de cobranza que debe preparar la AFP, se debe llevar a cabo de acuerdo con lo señalado en la NLPT. El tema está regulado por el artículo 38 del D.S. 054-97-EF (Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones). Este dispositivo señala las pautas especiales para la tramitación de la ejecución y las razones para sustentar la contradicción de la ejecución. En ese sentido, siguiendo el principio que rige para la solución del conflicto de normas, que la norma especial rige sobre la norma general, se tiene que habiéndose establecido expresamente en la norma especial, incisos c), d) y e) del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, que para la ejecución de los adeudos contenidos en la Liquidación para Cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones que si se formula contradicción, el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días de realizada la absolución o sin ella, no se efectuará audiencia y que independientemente de la cuantía de la pretensión, conocerá la apelación el Juez de Trabajo, quien expedirá sentencia dentro de los diez días de recibido el expediente, no admitiéndose informe oral, primando dichas normas especiales, sobre cualquier otra de carácter general. Es importante resaltar por otro lado, que las normas del Código Procesal Civil, no son de aplicación supletoria en forma directa a la cobranza de aportes previsionales, en la medida que existe normas especiales que establecen el proceso a seguir, su aplicación estará supeditada a que al respecto no exista nada regulado ni en la norma especial, ni en la NLPT. 3. Resolución que pone fin al proceso: habíamos ya señalado que, en el caso del proceso de ejecución de las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, el proceso no concluía con un auto sino con una sentencia. Para ello debemos indicar que, conforme a lo precedentemente expuesto, existen dos supuestos:  Con contradicción: Es supuesto está previsto expresamente por la referida norma especial, que señala que formulada contradicción con la absolución o sin ella, se emite sentencia e interpuesto el recurso de apelación, en este caso, en aplicación supletoria del artículo 691 del Código Procesal Civil, en el plazo de 3 días contados, desde el día siguiente a su notificación, la resolución que se emite en revisión de los actuados, conforme se señala en la norma especial, es la de una sentencia de vista.  Sin contradicción: El segundo supuesto que puede generar dudas sobre el tipo de resolución a emitirse, es aquel en el cual no se ha formulado contradicción y se emite resolución ordenando llevar adelante la ejecución, supuesto no señalado en la norma especial, pero siguiendo la misma lógica, si interpuesto el recurso de apelación contra la citada resolución, está debe ser resuelta por el Juez de Trabajo por una sentencia, no puede ser la resolución materia de apelación un auto sino una sentencia, por cuanto dicha resolución también al igual que en el primer supuesto, resuelve llevar o no adelante la ejecución. Por otro lado, cualquiera sea la posición que se adopte tratándose de una resolución que pone fin al proceso de ejecución, interpuesto el recurso de apelación debe ser concedido con efecto suspensivo conforme al artículo 371 del Código Procesal Civil y no sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, en cuyo caso se remitirá un cuaderno de copias certificadas, lo que atenta contra los principios de celeridad y economía procesal que inspiran al nuevo proceso laboral, conforme al artículo I del Título Preliminar de la NLPT.

4. Prueba tasada o libertad probatoria: Surge de las normas especiales previstas en el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97EF, duda en cómo se debe interpretar lo dispuesto en el inciso b) literales 1), 3) y 4) del referido artículo, cuando señala que: “El ejecutado podrá contradecir la ejecución solo por los siguientes fundamentos: 1. Estar cancelada la deuda, lo que se acreditará con copia de la Planilla de Pagos de Aportes Previsionales debidamente cancelada; (…) 3. Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que se habrían devengado los aportes materia de cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planillas. 4. Error de hecho en la determinación de monto consignado como deuda en la Liquidación para Cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planilla o de las boletas de pago de remuneraciones suscritas por el representante del demandado; (…)”. La norma examinada delimita en números clausus los supuestos que van a permitir justificar y sustentar la contradicción a la ejecución de las Liquidaciones para Cobranza emitidas por las Administradoras de Fondo de Pensiones en ejercicio de la obligación que bajo responsabilidad le impone el artículo 37 de la misma Ley del Sistema Privado de Fondo de Pensiones, que dentro de este marco jurídico su mérito ejecutivo sólo va a poder ser válidamente enervado acudiendo a cualquiera de las hipótesis taxativamente determinadas; empero no podría también sostenerse que la acreditación de la configuración de cada supuesto señalado se encuentre en estricto vinculado al mérito exclusivo y excluyente de dichos documentos: planilla de pagos previsionales debidamente canceladas y copia del Libro de Planillas o con las boletas de pago de remuneraciones, con lo cual estaríamos implícitamente tipificando un supuesto de prueba tasada ajena al ámbito y contornos del Principio de Libertad Probatoria bajo el cual se estructura el Sistema Probatorio que acoge la Nueva Ley Procesal del Trabajo concordado con el Código Procesal Civil.[18] Pues en realidad la finalidad del citado artículo es relevar en forma enunciativa cual es el instrumento que en forma directa, adecuada e idónea cumpliría con tal propósito sin descartar que pueda ser alcanzado vía otros elementos de prueba o sucedáneos probatorios que incidan en demostrar la cancelación de la deuda, la inexistencia del vínculo laboral acusado o el error de hecho en la determinación del monto consignado como deuda, salvo bajo la limitación procesal que se traten sólo de documentos conforme el último párrafo del inciso b) del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF que indica: “(…) No se admitirá prueba distinta a los documentos. (…)”, lo cual por lo demás resulta razonable y proporcional a la naturaleza del proceso de ejecución; de lo que se desprende que si es admisible cualquier documento cuyo mérito sirva para el objetivo y propósito de probar el supuesto de contradicción denunciado, es decir, otorgan la habilitación para respaldar la configuración de un supuesto de contradicción en el mérito de cualquier documento que en forma valida, razonable y proporcional sirva para demostrar su existencia con lo cual el sentido interpretativo fijado se ve incluso respaldado desde un criterio de interpretación sistemática. 5. Oportunidad de presentación de los medios de prueba: Si bien el inciso b) del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, señala que a la contradicción se deberá presentar acompañada de la prueba instrumental que acredite sus fundamentos, salvo los casos a que se refiere el numeral 2 del citado artículo (nulidad formal o falsedad de la liquidación para cobranza) y el inciso 3 del artículo 446 del Código Procesal Civil (referido a la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado), suele suceder que la presentación de la documentación que acredita la cancelación de la deuda, inexistencia del vínculo laboral o el error de hecho en la determinación de monto consignado como deuda, se realiza no con la contradicción, sino con la apelación, esto quedaría solucionado de raíz, si como sucede con el

Sistema de Planillas Electrónicas Web (PLAME), los Jueces Laborales contaran con el Sistema AFP Net, sin embargo, ello no se encuentra previsto, ni existe convenio alguno entre el Poder Judicial y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, pero que sin embargo, se hace necesario por cuanto directamente se contaría con la verificación de haberse o no realizado el pago de los importes materia de cobranza, es decir, se accedería no sólo a lo declarado sino a lo efectivamente pagado y la oportunidad del mismo. Mientras ello sucede, queda en manos del Juez de Trabajo, adopte alguna alternativa de solución, la formal sería simplemente que al no haberse acompañado las documentales con la contradicción y no encontrándose los documentos presentados en alguno de los supuestos previstos en el artículo 374 del Código Procesal Civil, es decir, se trate de medios probatorios referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso o documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad, procederá a confirmar la sentencia apelada y ordenar se prosiga con la ejecución. Sin embargo, también en justicia podría tomar la alternativa de admitirlo de oficio los medios probatorios acompañados con el escrito de apelación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la NLPT, en cuyo caso podría afectar el derecho de contradicción de la contra parte, o teniendo en cuenta el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil que indica que: “El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. (…)”. Para efectos de obtener un fallo justo, y no soslayar los elementos fácticos que fluyen del proceso y obtener una decisión mucho más analítica, exhaustiva e integral del caso y en la medida que resulta imprescindible determinar con la mayor certeza, si la parte ejecutada, en base a los documentos adjuntados a su recurso impugnatorio, resulta ser la obligada para atender el monto devengado, ello a fin de evitar un posible enriquecimiento indebido por parte de la ejecutante, podría ordenar que el Juzgado de Paz Letrado evalúe bien los documentos aportados por la ejecutada en su escrito de apelación y los que fueran necesarios, en tanto que los primeros no se consideraron para la emisión de la resolución materia de apelación; tanto más, si el Juez de Paz Letrado puede acceder a otros tipos de instrumentos tales como: Sistema de Planillas Electrónicas Web (para verificar la fecha de ingreso y cese de cada trabajador afiliado) o solicitar a las partes información relevante respecto de lo peticionado, concediéndole a la ejecutante el traslado respectivo para que pueda exponer los argumentos que considere pertinentes a su derecho y a la ejecutada para que se pronuncie sobre la situación de los aportes previsionales, que pretende desvirtuar con la documentación acompañada con el escrito de apelación, preservando con ello el derecho de contradicción de la parte ejecutante, contra la documentación presentada; abonan a una solución en justicia el hecho de que el sistema de pagos AFP Net, al efectuarse el mismo, solicita el ingreso mediante el sistema de la planilla de pago, y el pago se puede efectuar con un comprobante con el cual se hace efectivo directamente en las oficinas bancarias o inclusive debitado directamente de las cuentas de la empleadora, mientras que por su parte, la norma le exige la planilla de pagos de aportes previsionales (la que es ingresada al sistema AFP Net) debidamente cancelada, (lo que puede acreditarse con el comprobante de pago o el estado de cuenta en la que figure el débito en la cuenta respectiva de la ejecutada), sin perjuicio de indicarse que por lo menos desde el punto de vista normativo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debería permitir a todos los Jueces Laborales, el acceso a la información de las planillas electrónicas.

IV. OTROS TÍTULOS Debemos señalar que a diferencia de lo que sucede en la norma procesal civil (inciso 11 del artículo 688), en el caso de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, no se ha previsto que tengan mérito de título ejecutivo, otros títulos a los que la Ley les da ese mérito, pero nada quita que el legislador, mediante una norma de ese rango así lo establezca. Al respecto VINATEA y TOYAMA señalan que por la redacción de este dispositivo se entiende que no existen otros títulos ejecutivos distintos de los específicamente mencionados, a diferencia de la norma procesal civil que utiliza el esquema de númerus apertus.

SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EJECUCIÓN El artículo 60 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, indica que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez previo traslado a la parte contraria entendemos, puede suspender la ejecución en resolución fundamentada, esto dada su carácter extraordinario, siendo la citada resolución impugnable. Es decir, no basta que se presenten todos los requisitos señalados en la norma, sino que, una vez verificada la existencia de ellos, el juez debe fundamentar porque ha decidido suspender la ejecución. A diferencia de lo que sostiene VINATEA y TOYAMA que indican que el supuesto de hecho del artículo 60, se refiere a los casos de ejecución de sentencia firme, respecto tanto del capital como de los intereses lo que señala literalmente la citada norma, es que la suspensión extraordinaria de la ejecución, trata “de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución”, por tanto, no se trata entonces del capital, sino de los importes liquidados de intereses, de los costos y/o de las costas e inclusive de remuneraciones devengadas.

MULTA POR CONTRADICCIÓN TEMERARIA Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP), esto apunta a evitar los casos de temeridad que supone una conducta procesal objetiva carente de fundamentos defendibles en derecho. Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales, estas están referidas a las reglas de conducta en las audiencias u otras aplicadas en el transcurso del proceso, como sería el caso de la mala fe, impuesta por falta de razón procesal o abuso de maniobras dilatorias.

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO AL MANDATO DE EJECUCIÓN El artículo 62 de la norma Procesal Laboral, señala que tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer, a diferencia de las obligaciones de dar en las que sí es posible emplear medidas coercitivas contra el deudor, generalmente el empleador, para que cumpla con la prestación a su cargo, por ejemplo, con el embargo de sus bienes u otro tipo de medidas cautelares; en las obligaciones de hacer y de no hacer que están asociadas a la conducta o comportamiento del obligado no es posible utilizar las mismas medidas de presión, ya que significaría emplear violencia física, lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico, en ese sentido, habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, previsto en el Código Penal en el artículo 368, tratándose de una persona jurídica, quien sería denunciado sería su representante legal.

Al respecto ARÉVALO VELA señala que este artículo tiene su fundamento en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de que goza toda persona, una de cuyas dimensiones es el cumplimiento oportuno de los mandatos judiciales, es por ello que se autoriza la utilización de medidas de coacción para que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial.

CÁLCULO DE DERECHOS ACCESORIOS Finalmente, en el artículo 63 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas que son conocidas también como salarios caídos no percibidos por el trabajador durante el periodo en que no prestó efectivamente servicios por razón de haber sido despedido y encontrarse siguiendo un proceso para lograr su readmisión en el empleo y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, es decir, la fórmula o ecuación empleada, en este caso, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo. Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión sólo respecto del diferencial.

V. CONCLUSIONES  El proceso de ejecución es aquel referido a una serie o sucesión de actos procesales, mediante los cuales se pretende hacer cumplir forzosamente y consecuentemente materializar, lo contenido en el título ejecutivo.  El título ejecutivo debe contener como requisito indispensable, una obligación cierta o veraz, expresa o indubitable y exigible, es decir, si está sujeto a plazo este debe encontrarse vencido y si está sujeto a condición, esta debe haberse cumplido.  Las normas especiales previstas en el T.U.O. de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, priman sobre las generales establecidas en la NLPT y en su caso, en el Código Procesal Civil.  Cuando en la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, no se formula contradicción y se emite resolución ordenando llevar adelante la ejecución, interpuesto recurso de apelación el mismo debe ser concedido con efecto suspensivo, al tratarse de una resolución que pone fin al proceso.  La acreditación de la contradicción en la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, no está supeditada al mérito exclusivo y excluyente de ciertos documentos, pues ello sería contrario al principio de libertad probatoria, siendo admisible cualquier documento siempre que en forma válida, razonable y proporcional sirva para demostrar su existencia.

VI. RECOMENDACIÓN  Debe realizarse una modificación legislativa, para que los Juzgados de Paz Letrados asuman competencia frente a pretensiones no cuantificables acumuladas a una cuantificable no mayor a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal, dado que son órganos jurisdiccionales creados bajo el criterio de especialidad en materia laboral.  Dado que un porcentaje significativo (90% aproximadamente) de la carga que afrontan, los Juzgados de Paz Letrado de Especialidad Laboral, está constituido por procesos de cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, hace que sea necesario la firma de un convenio institucional entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Poder Judicial, que permita que los Jueces Laborales puedan acceder al Sistema AFP net, con lo cual en forma directa, podrían verificar la existencia o no de la obligación, su cumplimiento y la oportunidad del mismo, siendo que ello contribuiría hacer efectivo el principio de celeridad y economía procesal que inspiran al nuevo proceso laboral.

LA IMPUGNACIÓN EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

I. DEFINICIÓN La impugnación es el instrumento que la ley concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realice un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque, total o parcialmente. “JUAN MONROY GÁLVEZ” II. IMPUGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO NORMATIVO  Reconocimiento constitucional: derecho a la instancia plural (inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú).  Legislación infra constitucional (art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; art. X Principio de doble instancia del Título Preliminar del CPC; art. 32 y 34 de la NLPT).  Legislación supra nacional (art. 14.5 del PIDCYP “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”).  Art. 8.2 de la CADH “Convención Americana de Derechos Humanos”.

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA IMPUGNACIÓN Derechos básicos:    

Derecho al libre acceso a la función jurisdiccional y al proceso en sí mismo. Derecho de defensa (derecho a probar, de contradicción y de impugnación). Derecho a obtener una resolución fundada en derecho. Derecho a la efectividad de la tutela judicial (ejecución plena de las decisiones judiciales).

IV. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA IMPUGNACIÓN 

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Legalidad o Primacía de la Ley: Instrumentos de naturaleza procesal previstos en la ley. Todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución y al estado actual o al imperio de la ley. Re – examen: De una decisión judicial o de todo un proceso. Existencia: De un perjuicio que debe haber sufrido el sujeto procesal. La competencia para efectuar el re- examen: El mismo juez o superior jerárquico. Efectos: Anulación (una causa de invalidez de un acto jurídico, que deriva de un vicio de la voluntad o de un defecto de capacidad de la parte, La anulación implica que el acto nunca ocurrió, y por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos), revocación (dejar sin efecto una resolución o mandato) y confirmación (acto jurídico unilateral, espontaneo y consciente en virtud del cual la persona que podía invocar anulabilidad renuncia a esta y haciendo desaparecer vicios y defectos del acto, validándolo)

V. CLASES DE ERRORES O VICIOS 

Vicio in procedendo: formal Esta clase de vicios concurre cuando, a raíz de la inobservancia de normas procesales, aparecen afectados los requisitos a los que se halla supeditada la validez de una resolución judicial o la de los actos que la precedieron y tuvieron incidencia, naturalmente, en el pronunciamiento.



Vicio in iudicando: sustancial Ocurre por mala o equivocada aplicación de la ley sustancial o por incorrecta reconstrucción de los hechos; son errores en el fondo (en el contenido del fallo) y ocurren por la aplicación de una ley inaplicable, o por la no aplicación de la que fuera aplicable. Puede ser:  



Error de hecho: Cuando se ha dado una interpretación diferente a las pruebas actuadas en el proceso. Error de derecho: Referido a la inaplicación, aplicación indebida, interpretación errada de una norma de derecho sustantivo.

Vicio in cogitando: Se refiere al vicio del razonamiento. Se produce por ausencia o defecto de una de las premisas del juicio o violación de las reglas de la lógica. Se verifica la falta de motivación o motivación defectuosa.

VI. PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN  



Principio de legalidad: Sólo pueden interponerse los recursos expresamente previstos en la ley (arts. 32 y 34 NLPT). Revisabilidad de los actos procesales: Dado que los actos jurídico procesales son actos humanos, están expuestos a la falibilidad del hombre, por ello mismo, son susceptibles de revisión por el propio juez o por el superior jerárquico. En la reposición, corresponde al propio juez revisar su decreto o el emitido por su auxiliar jurisdiccional, mientras que, en la apelación, es la instancia superior la que procede a la revisión del auto o de la sentencia. Por la revisión, se busca poner en relieve la falta de certeza del acto cuestionado. Excepcionalmente, la norma procesal prescribe que ciertos actos son inimpugnables; en consecuencia, no pueden ser objeto de revisión (es el caso de las resoluciones que ordenan la actuación de medios probatorios de oficio). Interés del perjudicado o agraviado: Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior (por ejemplo,

cuando la sentencia que declara el divorcio conyugal, no impugnada por las partes, debe ser elevada al superior, en consulta, para su aprobación). El revisor debe circunscribirse al vicio o error denunciado: Esto está relacionado con el agravio o la contravención a una norma de orden público que encierra el acto viciado. Únicamente estos elementos deben merecer la atención de la instancia revisora. Si sólo una parte del acto está viciado y el resto es válido, el acto de revisión debe limitarse a anular o revocar aquella parte, dejando subsistente lo demás. Sin embargo, si en el examen del acto viciado y denunciado, se encontrase que existen otros actos no denunciados que afectan a las normas de orden público, vinculantes e imperativas, en tal caso, el efecto de la impugnación es extensivo y obliga al juzgador revisor a declarar, de oficio, la nulidad de todos estos actos o de todo lo actuado inclusive. Prohibición del uso de dos recursos contra el mismo acto: De acuerdo con la norma prevista en el artículo 360º del Código Procesal Civil, no está permitido el uso de dos recursos contra una misma resolución; ¿significa esto, que sí podrá hacerse uso de un recurso y un remedio contra la misma resolución?; la respuesta estaría en el artículo 356º del mismo cuerpo normativo: los remedios se formulan contra actos procesales no contenidos en resoluciones y los recursos contra resoluciones; es decir, no sería posible plantear un remedio y un recurso contra la misma resolución. El profesor Carrión Lugo (2000) sostiene, por su lado, que el Código no hace mención a la posibilidad de utilizar dos remedios contra un mismo acto no contenido en resolución; así, podría formularse válidamente contra este acto, una nulidad y a la vez la oposición. Prohibición de la “reformatio in pejus”: Consiste en que la instancia revisora está prohibida de empeorar la situación del recurrente, en los casos en que la contraparte no haya también impugnado. Irrenunciabilidad antelada de hacer uso del derecho del derecho de impugnar: Dado que la pluralidad de instancias es una garantía constitucional y el derecho a la impugnación la forma de hacerla efectiva, no se puede renunciar de antemano a este derecho, excepto cuando la pretensión discutida sea renunciable y se afecten normas de orden público. Concurrencia de requisitos de admisibilidad y procedencia: Esto significa que el impugnante hace uso de los medios impugnatorios en la forma y el modo previstos por la ley. Debe reunir los requisitos relativos a la admisibilidad: exigencias en cuanto al lugar, tiempo y formalidad; así como los relativos a la procedencia: adecuación del recurso o remedio, descripción del agravio y fundamentación del vicio o error.











VII. ACTOS PROCESALES Los actos procesales del juez, que pueden ser materia de cuestionamiento a través de los recursos impugnatorios son:   

Decretos: Mediante los decretos, se impulsa el proceso, son actos de simple trámite. Autos: Mediante los autos, se resuelven cuestiones planteadas durante el proceso y que requieren motivación para su pronunciamiento. Sentencias: Es el acto procesal por el cual el juez cumple la obligación de resolver el conflicto sobre las pretensiones del demandante y las defensas del demandado.