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TEMA 1. 1. Cómo caracterizaría, con la mayor exactitud, el Derecho administrativo: a) Parte del denominado Derecho garantizador que regula exclusivamente las relaciones entre las diversas Administraciones públicas. b) Parte del Derecho privado cuyo fin es regular las relaciones entre sujetos particulares y públicos. c) Parte del Derecho público cuyo objeto son la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones públicas y las relaciones jurídicas de éstas con otros sujetos. d) La respuesta a) si añadimos también que regula la organización interna o estructura del poder ejecutivo y su administración. 2. Son organismos públicos «regidos por el Derecho privado excepto en determinados aspectos, y a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación»: a) Los llamados organismos autónomos. b) Las fundaciones públicas. c) Las entidades públicas empresariales. d) Las Agencias estatales. 3. El privilegio de «decisión ejecutoria» del que goza, en nuestro ordenamiento, la Administración pública: a) Proviene del sistema del «rule of law» de los países anglosajones, del que nuestro sistema es heredero. b) Es exigencia del Derecho comunitario europeo que permite a la Administración ejecutar lo juzgado por los tribunales de manera autónoma. c) Es una potestad de naturaleza judicial que permite a la propia Administración decidir y ejecutar lo decidido. d) Es exigencia del Estado de Derecho que garantiza la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial. 4. El desplazamiento del Derecho administrativo por el Derecho privado – la «huida del Derecho administrativo» - se podría entender como que: a) Garantiza la mayor eficacia de los servicios públicos. b) Es consecuencia de las obligaciones impuestas por el Derecho de la UE. c) Da lugar a la huida de todo control, público o privado. d) Es una exigencia derivada de la CE.

TEMA 2. 1. ¿Qué tipos de control existen en los ordenamientos jurídicos de diferentes países para garantizar la supremacía de la CE sobre las demás normas del sistema jurídico? a) El control difuso; el control interno; y el control concentrado. b) El control preventivo; y el control reactivo. c) El control difuso; el control previo; y el control concentrado. d) El control orgánico; y el control externo. 2. Por medio de las leyes de transferencia o delegación previstas en el art. 150.2. CE: a) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. b) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley ordinaria, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal. c) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA y Entidades Locales, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. d) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA y Entidades Locales, mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. 3. Un Decreto-Legislativo es una norma: a) Que aprueba el Gobierno, que tiene rango de Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en determinados supuestos. b) Que aprueba el Gobierno, que tiene rango inferior Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso. c) Que aprueba el Parlamento, que tiene rango de Ley, y que sólo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional. d) Que aprueba el Parlamento, que tiene rango inferior a la Ley, y que se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional. 4. En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la CE de 1978: a) El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley. b) El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la CE. c) En nuestra CE no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria. d) En nuestra CE hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley. 5. El control de las normas con rango de Ley elaboradas y aprobadas por las CCAA se realizará, conforme queda señalado en la CE: a) Por el Tribunal Constitucional. b) Por el Defensor del Pueblo. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Por el Tribunal de Cuentas. 6. Los Decretos-Leyes: a) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, previa delegación del Parlamento en casos de extraordinaria y urgente necesidad. b) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, sin delegación previa del Parlamento, aunque una vez aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. c) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, sin intervención previa ni posterior del Parlamento. d) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, previa delegación del Parlamento en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que una vez aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.

7. Una Directiva de la Unión Europea: a) No tiene, en ningún caso, carácter obligatorio. b) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. c) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, así como en cuánto a la forma y de los medios. d) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto a la forma y de los medios para conseguir un resultado previsto en el Tratado. 8. Las resoluciones administrativas de carácter particular: a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas tengan igual o superior rango a éstas. b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas tengan superior rango a éstas. c) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas. d) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. 9. Si el Estado ve necesario dictar una Ley que establezca los principios necesarios para avenir o conciliar las disposiciones normativas de las CCAA, evitando discordancias entre dichas disposiciones normativas, aun en el caso de materias atribuidas a la exclusiva competencia de las CCAA, ¿qué tipo de legislación puede dictar, precisamente para ello, en el marco del art. 150 CE? a) Una Ley-Marco (por ejemplo, LOMCE). b) Una Ley de Equilibrio (por ejemplo, la Ley de Equilibrio Presupuestario). c) Una Ley de Transferencia (o delegación) de competencias. d) Una Ley de Armonización. 10. En el Derecho español, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas: a) Se halla reconocida por la CE. b) Se halla reconocida sólo por Leyes estatales y autonómicas. c) Es inconstitucional en todo caso, pues sólo corresponde al poder judicial. d) Deriva de una imitación al sistema anglosajón del «rule of law». 11. Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada por parte del poder legislativo, reciben el título de: a) Decretos legislativos. b) Decretos-leyes. c) Leyes de bases. d) Leyes de transferencia o delegación. 12. Entre las leyes estatales y las de las CCAA rige el siguiente principio jurídico: a) El principio de estricta jerarquía normativa. b) El principio de prevalencia absoluta del Derecho estatal. c) El principio de temporalidad entre normas. d) El principio de competencia. 13. ¿Podría una resolución particular, aunque fuera de grado igual o superior, derogar una disposición de carácter general? a) No, por impedirlo el principio el principio de inderogabilidad singular del reglamento. b) No, por impedirlo el principio de competencia. c) No, por impedirlo el principio de jerarquía. d) Sí, por ser de rango jerárquico igual o superior.

14. Las leyes orgánicas que delegan en las CCAA facultades correspondientes a materias de titularidad estatal reciben el título de: a) Decretos legislativos. b) Leyes de armonización. c) Leyes de bases. d) Leyes de transferencia o delegación. 15. El vicio de incompetencia jerárquica constituye: a) Una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho. b) Una causa de anulabilidad y, por lo tanto, convalidable. c) Una irregularidad no invalidante. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 16. La norma de Derecho de la UE que obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios es: a) El Reglamento. b) La Directiva. c) La Decisión. d) La Recomendación. 17. ¿Existe en nuestro ordenamiento una suerte de reserva formal de ley orgánica (equivalente a la reserva formal de ley frente al Reglamento)? Es decir, ¿es posible que una ley orgánica regule y congele el rango en materias que no necesitan tal nivel legal, según el sentido o interpretación jurisprudencial que ha dado el TC? a) Sí, pueden, pues una materia cuya regulación no esté exigida por la CE en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica queda congelada en tal nivel, no pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria. b) No, una materia cuya regulación no esté exigida por la CE en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica no queda congelada en tal nivel, pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria. c) Sí, pues es la situación por la que determinadas materias solamente pueden ser reguladas por una norma de rango legal, al igual que otras materias quedan reservadas a una regulación mediante reglamento. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 18. ¿Cuál de estas previsiones NO está establecida para la validez y un mejor control de los Decretos-leyes, según la CE de 1978? a) Que en todo lo que se exceda de la delegación mediante una ley básica establecida previamente por el Congreso de los diputados tal Decreto-ley es nulo. b) Que esté sometido a debate y votación para su convalidación por parte de la totalidad del Congreso de los diputados, en un plazo de 30 días. c) Que no pueda afectar, en todo caso, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos y deberes y libertades, regulados por el Título I de la CE, al régimen de las CCAA ni al derecho electoral general. d) Que sea, única y exclusivamente, dictado por razones de extraordinaria y urgente necesidad.

19. Una norma de la UE que obligara a un Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección, la forma y los medios, es:

a) Un Decreto legislativo. b) Una Directiva. c) Un Reglamento. d) Una Decisión. 20. Cuando el Gobierno necesita dictar normas o disposiciones con rango de ley, si fuera el caso, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, qué sistema puede utilizar: a) Ninguno, el Gobierno no puede en ningún caso aprobar disposiciones de rango legislativo. b) Mediante las Leyes de bases. c) A través de las denominadas leyes de armonización. d) La técnica utilizada sería la de los Decretos-leyes. 21. De acuerdo con el TFUE, la norma de Derecho de la UE que se denomina «Directiva»: a) Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. b) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. c) Ni siquiera obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. d) Es una mera recomendación, sin carácter vinculante.

TEMA 3.

1. En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos, la CE dispone que: a) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de modo indirecto a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. c) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. d) La CE no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. 2. Usted ha sido afectado por un acto administrativo que, según considera, puede estar basado en un Reglamento autonómico publicado hace menos de un mes que contraviene una Ley estatal. Le gustaría impugnar tanto el acto administrativo que le afecta como tal Reglamento, ¿qué y cómo puede hacerlo? a) Puede impugnarlo directamente mediante un Recurso personal de amparo ante el Tribunal Constitucional, o mediante un recurso contencioso-administrativo. b) Puede hacerlo mediante el recurso indirecto contra el acto; y al estar aún en plazo, puede también presentar un recurso directo contra el reglamento. c) Un ciudadano normal no puede impugnar un Reglamento o sus actos derivados; solamente podría solicitar la revisión de oficina a la Administración, sin ninguna otra posibilidad. d) Puede presentar un recurso indirecto y, a través de él, propugnar la cuestión de ilegalidad del Reglamento pues una vez publicado ya no cabe un recurso directo contra éste. 3. Los Reglamentos de la Unión Europea: a) Son directamente aplicables en España. b) Son directamente aplicables en España, salvo que vayan en contra de una Ley española. c) Son aplicables en España, una vez que hayan sido incorporados o traspuestos a Derecho español mediante un acto formal de recepción. d) Son directamente aplicables en España, salvo que el Estado español desista unilateralmente de su aplicación. 4. ¿Puede impugnarse un reglamento ante el Tribunal Constitucional? a) Sí, en todo caso, y por cualquier motivo, porque tiene carácter normativo. b) No, porque el Tribunal Constitucional sólo resuelve impugnaciones contra normas con rango de Ley. c) No, porque los reglamentos han de impugnarse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. d) Sí, en determinados supuestos. 5. Con respecto a la posibilidad de anular un Reglamento por la vía de un recurso indirecto, la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa desde 1998: a) Ha atribuido al órgano judicial que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, si es competente para conocer también del recurso directo contra el mismo. b) Ha atribuido al órgano judicial que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, en todo caso. c) No permite la anulación de un reglamento a través de un recurso indirecto. d) Sólo permite la anulación de un reglamento a través de un recurso directo.

6. ¿Cómo se denomina el procedimiento por el cual una norma de rango reglamentario se puede atacar mediante la impugnación de los actos administrativos dictados al amparo de tal disposición general? a) Recurso directo contra un Reglamento. b) Recurso de Amparo constitucional.

c) Cuestión de inconstitucionalidad. d) Recurso indirecto contra un Reglamento. 7. Además de la jurisprudencia del TS, ¿qué otras fuentes de decisiones judiciales distintas pueden entenderse comprendidas ahora dentro de la jurisprudencia, según es comúnmente aceptado? a) Las decisiones del TC y las del Tribunal Europeo de Garantías. b) Las sentencias del TC, las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las del TJUE. c) Las derivadas de los Tribunales ordinarios en todos sus niveles, así como las sentencias del TC. d) Única y exclusivamente las sentencias del TJUE. 8. ¿Qué significa exactamente, según está prevista en nuestro ordenamiento y es aceptada mayoritariamente por la doctrina, la reserva material de ley? a) Es la reserva que realizan determinados artículos de nuestra CE de que algunas materias solamente pueden quedar reguladas mediante una norma con rango de ley (y en su caso, ley orgánica). b) Es la situación de determinadas materias, que solamente pueden ser reguladas por una norma de rango reglamentario, pues es una prerrogativa del Gobierno; en tanto que otras cabe su regulación mixta mediante Decretos-leyes o Decretos legislativos. c) Que cualquier materia, aunque no sea muy importante, cuando es objeto de regulación mediante una norma con rango formal de ley, ya no puede ser regulada por una norma de rango inferior. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 9. De acuerdo con nuestro ordenamiento, ¿resulta posible que jurisdicción contenciosoadministrativa anule un reglamento con ocasión de la impugnación de un acto administrativo de aplicación del mismo fundada en la ilegalidad de dicho reglamento? a) No es posible en modo alguno. b) Es posible mediante el recurso indirecto. c) Sólo es posible anular un reglamento mediante el recurso directo. d) Es posible solamente mediante la cuestión de inconstitucionalidad. 10. ¿Podría una norma administrativa tener como destinatarios más directos a entes privados o particulares y, en su caso, por qué y cómo sería esto posible? a) No es posible en ningún caso: las normas administrativas son únicamente aplicables a la Administración pública (territorial, institucional o, en su caso, corporativa) y sus agentes. b) Sí es posible: hay numerosas normas administrativas que solamente afectan a los particulares sin concurso alguno de las Administraciones públicas. c) Sí es posible, pero en tal caso la Administración adopta una posición de garante de su efectividad, de tal manera que se le atribuye una potestad sancionadora o arbitral. d) No es posible porque siempre tiene que haber un órgano administrativo territorial participante en la relación jurídica como parte directa y activa; no será norma administrativa si no está presente una Administración: la estatal, autonómica o local.

11. A su cuñado, comerciante, le han impuesto una sanción administrativa en base a un Reglamento autonómico; al mostrárselo a usted, como estudiante de Derecho, considera que es manifiestamente ilegal. No obstante, cuando fue publicado el reglamento en el Boletín Oficial de la CCAA, tanto él como su gremio dejaron transcurrir el plazo para recurrir, sin impugnarlo. ¿Qué le aconsejarías y por qué?

a) Que interponga recurso directo contra el reglamento: el contenido completamente ilegal del mismo produce que no transcurra plazo alguno para recurrirlo en tal vía. b) Que interponga recurso contra la sanción con fundamento en la ilegalidad del reglamento (mediante lo que se denomina «recurso indirecto contra el reglamento»). c) Que interponga la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para la cual no hay plazo, siempre y cuando ese Reglamento siga en vigor. d) Que se conforme con la multa, pues el reglamento ya es firme y, por eso, es inatacable jurídicamente por cualquier vía. 12. ¿Cuándo o en qué situaciones y ante qué tipo de norma está previsto poder presentar la denominada «cuestión de ilegalidad» en nuestro ordenamiento? a) Cuando en el recurso indirecto ante un Reglamente se pretendiera buscar la declaración completa de ilegalidad del Reglamento que sustenta el acto administrativo que se recurre. b) Cuando el Congreso entiende que una norma autonómica de rango legal es contraria a una norma estatal del mismo rango y así lo recurre ante el TC. c) Es la vía que utilizan los jueces para plantear dudas de inconstitucionalidad de una norma que están aplicado ante el TC. d) Es la vía que utilizan los jueces para plantear dudas ante el TJUE sobre el acomodo jurídico de una norma interna ante una norma de Derecho de la UE. 13. Conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento, en su conjunto, una de estas autoridades u organizaciones administrativas NO puede establecer, de modo propio, normas de rango reglamentario: a) El Consejo de Ministros del Gobierno de Estado. b) Los órganos rectores de las Sociedades mercantiles estatales. c) El Pleno de los Entes locales. d) Los Consejos de gobierno de las CCAA. 14. Por su relación con la ley, los Reglamentos se clasifican en: a) Estatales, autonómicos, locales y de Entes institucionales o corporativos. b) Independientes y ejecutivos. c) Independientes, ejecutivos, generales y de necesidad. d) Independientes, ejecutivos y de necesidad. 15. ¿Qué situaciones constituyen los motivos principales para impugnar el Reglamento de cualquier Administración pública ante el TC, si esto fuera posible?: a) No es posible: los reglamentos solamente se impugnan ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa. b) Sí, siempre es posible dentro de los plazos habilitados y por cualquier motivo. c) Cuando violen derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo y cuando hay un conflicto por invasión de competencias por parte del Estado o de las CCAA. d) Solamente es posible cuando así lo señale una norma de Derecho europeo, por vulnerar las competencias de la UE.

16. La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo – una actuación administrativa de carácter jurídico – por incompetencia manifiesta, se produce: a) Solamente por falta de competencia jerárquica o territorial. b) Por falta de competencia material o territorial. c) Solamente por falta de competencia material o jerárquica. d) Sólo por falta de competencia material.

17. ¿En qué se distingue una práctica y precedente administrativo de la costumbre? a) Que los ciudadanos no intervienen en la costumbre siendo, en cambio, los sujetos protagonistas principales en las prácticas y precedentes administrativos. b) Se distinguen en que no es necesaria la reiteración y la antigüedad en las prácticas y precedentes administrativos, basta con un solo comportamiento en el caso de estos últimos. c) No se distinguen jurídicamente en nada, pues ambas son tradiciones sociales comúnmente admitidas. d) Si se distinguen en que las costumbres no tienen valor jurídico, y las prácticas y precedentes lo tienen exclusivamente si están acogidas en una norma de carácter general.

TEMA 4. 1. ¿Cuáles son los órganos directivos de la Administración General del Estado en las CCAA y en las provincias, según la LOFAGE? a) Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores Civiles, respectivamente. b) Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno, respectivamente.

c) Los Directores territoriales autonómicos y los Subdirectores territoriales provinciales, respectivamente. d) Los Directores territoriales autonómicos y los Gobernadores Civiles, respectivamente. 2. ¿Cuál o cuáles son estructuras previstas en nuestro ordenamiento para facilitar la cooperación entre el Estado y las CCAA y qué carácter tienen tales estructuras? a) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Multilaterales de Cooperación como órganos; y las Comisiones delegadas como estructuras funcionales. b) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación como órganos; y los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de colaboración como convenios. c) Únicamente los Convenios de cooperación como instrumentos, derivados de las Comisiones paritarias de cooperación, que es el órgano que los elabora. d) Únicamente las Conferencias de cooperación como instrumentos de las estructuras de colaboración que se creen ad hoc. 3. La clasificación de los órganos administrativos según la cual éstos ostentan o no la posibilidad de originar relaciones intersubjetivas en nombre de la persona jurídica de las que formen parte, es: a) Órganos con competencia general o con competencias específicos. b) Órganos activos o de control, o consultivos, respectivamente. c) Órganos individuales o colegiados; simples y complejos respectivamente. d) Órganos externos o internos, respectivamente. 4. Cuando no se trata de relaciones de jerarquía entre órganos, sino intersubjetivamente en que existe una cierta posición de superioridad entre administraciones territoriales autónomas, entonces estamos hablando, estrictamente de: a) Relaciones de supremacía. b) Relaciones de jerarquía aligerada. c) Relaciones de jerarquía orgánico-territorial. d) Relaciones de jerarquía intersubjetiva. 5. La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento: a) Desconcentración. b) Delegación. c) Encomienda de gestión. d) Avocación. 6. Cuando un órgano administrativo superior recupera el ejercicio de una determinada competencia que hubiera delegado a un órgano infierno, estamos estrictamente ante: a) La revocación de delegación intersubjetiva. b) Una avocación interorgánica. c) Una encomienda de gestión interorgánica. d) La revocación de la delegación interorgánica.

7. ¿Cuál es el órgano competente para resolver los litigios que se susciten en aplicación de los convenios de colaboración entre el Estado y las CCAA? a) Solamente el TC, de modo exclusivo. b) Exclusivamente por un órgano mixto de vigilancia y control, creado obligatoriamente para ello por la norma que establezca tal cooperación. c) Un órgano mixto de vigilancia y control, si se crea; y la jurisdicción contenciosoadministrativa o constitucional, ulteriormente. d) De manera exclusiva y prioritaria corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

8. Son funciones propias de una relación de jerarquía, de acuerdo con el sistema jurídico español: a) La facultad de negociar Convenios de colaboración intersubjetiva y de establecer comisiones de trabajo. b) La facultad de establecer normas reglamentarias de efectos externos o generales y de dictar actos administrativos derivados de éstos. c) La inspección y control de la actividad de los inferiores; la facultad disciplinaria; y la de delegar o avocar competencias, entre otras. d) La facultad de dictar leyes para el ámbito territorial que sea competencia jerárquica del órgano que se trate. 9. ¿En qué se diferencia, del modo más exacto, la descentralización de la desconcentración, tal y como están establecidas de manera general en nuestro ordenamiento? a) En nada: la primera es adjetivable «por funciones» (o ficticia) y la segunda es denominada «estructural u orgánica». b) La descentralización es una decisión territorial política; la desconcentración es una decisión administrativa para trasladar funciones o servicios entre distintos entes siempre territorialmente subjetivos. c) Esencialmente, la desconcentración es definitiva, en tanto que la descentralización es temporal. d) La descentralización es una traslación de competencias territoriales de signo contrario a la centralización; la desconcentración es la traslación de competencias dentro del mismo ente público. 10. El reconocimiento de personalidad a un servicio o actividad administrativa con la finalidad de otorgarle una mayor libertad de gestión, se le denomina: a) Desconcentración. b) Descentralización. c) Descentralización funcional. d) Delegación interorgánica. 11. En una avocación interorgánica, si se presenta un recurso contra la decisión o resolución que resuelva el procedimiento según ha sido adoptada por el órgano que ha avocado la competencia (avocante), ¿quién y cómo debe resolverlo? a) El órgano a quien correspondía la competencia antes de la avocación, en cualquier caso. b) Caben los recursos que normalmente se admiten contra los actos del órgano avocante, ante quien corresponda. c) No cabe recurso alguno contra tal decisión. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

12. Un órgano administrativo pretende formalizar, mediante su publicación en el BOE, una delegación hacia otro órgano jerárquicamente dependiente para que resuelva el recurso de alzada contra un acto que tal órgano ha emitido y que ahora es objeto de recurso. ¿Es posible? a) Sí, puesto que al haber una relación de dependencia jerárquica y estar publicado, la delegación es aceptada. b) No, porque la delegación intersubjetiva exige mutuo acuerdo entre ambas partes. c) No, porque no cabe delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Sí, se trata de un supuesto de delegación interorgánica del ejercicio de competencias delegables. 14. Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la LOTC tienen por objeto: a) Normas del Estado o de las CCAA con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. b) Normas del Estado o de las CCAA con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c) Exclusivamente normas de las CCAA con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. d) Exclusivamente normas del Estado con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 15. ¿Cuál de estas maneras es la prevista fundamentalmente en nuestro ordenamiento como una forma de distribución de las competencias? a) Jerárquico, material o sustancial, y temporal. b) Territorial, material y jerárquico. c) Lineal o jerárquico y horizontal. d) Absoluta y relativa. 16. En relación a la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, y de acuerdo con lo establecido en la CE, puede afirmarse que: a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la CE corresponderán necesaria y automáticamente a las CCAA. b) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado. c) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía no podrá corresponder al Estado. d) El Derecho estatal nunca es supletorio del Derecho que elaboren las CCAA. 17. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de otro órgano, por razones de eficacia, se denomina: a) Delegación intersubjetiva. b) Encomienda de gestión. c) Delegación de firma. d) Suplencia.

TEMA 5. 1. De acuerdo con LOFAGE, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante: a) Un Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Ley Ordinaria.

d) Ley Orgánica. 2. De acuerdo con LOFAGE, la dirección de los denominados «servicios comunes» del Ministerio correspondiente corresponde: a) Al Secretario de Estado. b) Al Subsecretario. c) Al Secretario General Técnico. d) Al Secretario General. 3. De acuerdo con la LOFAGE, las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores, se crean, modifican y suprimen por: a) Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Ley ordinaria. d) Ley Orgánica. 4. Los Directores Generales de un Ministerio, siempre de acuerdo a la anterior ley, la LOFAGE: a) Serán nombrados por Orden Ministerial, necesariamente entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. b) Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento, necesariamente entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. c) Serán nombrados por Orden Ministerial, entre funciones de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario. d) Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento, entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 5. Es una función prevista en la Ley 40/2015 de manera general entre las competencias propias de las Secretarías Generales Técnicas de cada Ministerio: a) La función de nombrar y separar a los Subdirectores generales del Ministerio. b) Las competencias sobre servicios comunes que le atribuya el Real Decreto de estructura del departamento que se trate. c) Las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

6. ¿Cuál de estos órganos NO es parte del sistema de órganos de apoyo y colaboración del Gobierno, según la Ley 40/2015? a) La Comisión general de Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Las Comisiones delegadas del Gobierno. c) Los Gabinetes del Presidente, de la Vicepresidencia, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. d) El Secretario del Gobierno.

7. De acuerdo con el vigente régimen de conflicto de intereses, incompatibilidades y patrimonio, para los denominados altos cargos de la Administración General del Estado, ¿cuál de estas actividades no es compatible con el ejercicio de tal posición (de manera simplificada)? a) El desempeño de los cargos que correspondan con carácter institucional, o que sean comisionados por el propio Gobierno. b) La de mera gestión o administración del patrimonio personal o familiar, con ciertas cautelas en el caso de participación en sociedades. c) La participación en entidades culturales o benéficas, aunque tengan ánimo de lucro y por ello perciban una remuneración. d) La producción o creación literaria, artística, científica o técnica, o las publicaciones derivadas, con ciertas cautelas que prevé la ley. 8. De manera simplificada, los conflictos entre los diferentes Ministerios (conflictos interministeriales) en la Administración General del Estado corresponde resolverlos: a) Al Presidente de Gobierno. b) Al Consejo de Ministros. c) Al Consejo de Estado. d) Al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 9. Los órganos que dirigen – dicho sea de manera simplificada – el conjunto de los sectores de actividad administrativa integrados dentro de cada Ministerio y, en consecuencia, asumen la responsabilidad inherente a dicho dirección, son: a) Los Ministros. b) Los Secretarios Generales Técnicos. c) El Vicepresidente o Vicepresidentes. d) Los Subdirectores Generales. 10. ¿Puede un alto cargo de la Administración General del Estado realizar compatiblemente y de modo general actividades de producción científica, literaria, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas, durante el ejercicio de su cargo? ¿Y tras su cese? a) Tal actividad es incompatible con el ejercicio de funciones públicas siempre y en todo caso. b) Es compatible de modo general durante el ejercicio del cargo, así como tras su cese. c) Es incompatible, salvo autorización expresa dictada por la Oficina de conflicto de intereses, que debe establecerse hasta los dos años posteriores a haber ejercicio el cargo correspondiente. d) Es compatible, pero está sometida durante su ejercicio a la autorización expresa por su superior inmediato y tras su cese, por la Oficina de conflictos de intereses.

11. Según la LOFAGE, la Administración periférica del Estado está constituida por los siguientes órganos administrativos: a) Los presidentes de las Diputaciones provinciales y los directores insulares. b) Los Delegados del Gobierno en las CCAA y los Subdelegados del Gobierno en las provincias. c) Las Delegaciones del gobierno en las CCAA y los gobernadores civiles en las provincias. d) Los Municipios, las Provincias y otros entes locales inferiores, con sus respectivas autoridades; pues tienen naturaleza estatal también.

12. Una de estas funciones NO corresponde, estricta y propiamente, al Presidente del gobierno y, en cambio, corresponde directamente al Consejo de Ministros: a) Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. b) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. c) Representar al gobierno. d) Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. 13. De acuerdo con lo establecido en la LOFAGE, son órganos superiores: a) Los Ministros, exclusivamente. b) Los Ministros y los Secretarios de Estado. c) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. d) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios, los Secretarios Generales, los Secretarios Generales Técnicos, los Directores Generales y los Subdirectores Generales. 14. La dirección de los servicios de la Administración General del Estado en el territorio de las CCAA, corresponde a: a) Los Ministros. b) Los Subdelegados de Gobierno. c) Los Secretarios de Estado. d) Los Delegados del Gobierno en las CCAA.

TEMA 6. 1. ¿Qué características definen, de la mejor manera, la composición y funcionamiento de las Asambleas legislativas o parlamentos autonómicos? a) Se trata de cámaras únicas, con circunscripción electoral ordinariamente establecida en la provincia y con su propia regulación de organización y funcionamiento.

b) Se trata de un sistema mixto: una cámara autónoma y el Senado como órgano de supervisión, con circunscripciones territoriales y un Reglamento orgánico pactado entre ambas cámaras. c) Se trata de un sistema dual junto con el Senado, cámara de representación territorial, y reguladas en su funcionamiento general por este último. d) Las cámaras legislativas autonómicas son elegidas y nombradas por el Congreso y el Senado y tienen su propio régimen de funcionamiento. 2. De acuerdo con lo previsto en el art. 149.3 CE en relación a los conflictos normativos entre el Estado y las CCAA: a) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las CCAA en todo caso. b) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. c) Las normas de las CCAA prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado, en todo caso. d) Las normas de las CCAA prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado, en todo caso, sin perjuicio de la posibilidad del Delegado del Gobierno de anular directamente los actos autonómicos dictados en aplicación de aquella normativa. 3. En cuanto a las competencias de las CCAA, y conforme queda establecido en la CE: a) Todas las CCAA tienen las mismas competencias, que son las establecidas en el art. 148 CE. b) Todas las CCAA tienen las mismas competencias, que son todas las posibles salvo las reservadas al Estado por el art. 149.1 CE. c) No todas las CCAA han de tener las mismas competencias, pues dependerá esencialmente de lo que establezcan sus respectivos Estatutos de Autonomía. d) No todas las CCAA han de tener las mismas competencias, sino que depende esencialmente de lo establecido por las leyes de armonización. 4. Los Presidentes de los gobiernos autonómicos se eligen y cesan conforme al siguiente sistema: a) Designación por la Asamblea correspondiente en los términos propios del sistema parlamentario; al igual que su cese (elecciones, moción de censura, dimisión, pérdida de la confianza). b) Por designación regia tras elección realizada en el Congreso de los Diputados; al igual que su cese. c) Por designación del Senado, Cámara de representación territorial, mediante propuesta de la Asamblea parlamentaria autonómica, que podrá cesarlo por el mismo sistema. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 5. El control de la actividad de los órganos administrativos de las CCAA, y en particular de sus normas reglamentarias, se ejerce de manera directa o principal por la siguiente institución: a) El Gobierno del Estado. b) El Tribunal de Cuentas. c) La Jurisdicción contencioso-administrativa. d) El Tribunal interno de garantías estatuarias. 6. En el caso de que una CCAA no cumpliere las obligaciones que la CE u otras leyes le impongan, ¿puede algún organismo del Estado obligarle al cumplimiento forzoso de sus obligaciones según establece nuestra CE? a) El Delegado del Gobierno, una de cuyas funciones es este fin en el territorio de la CCAA para el que haya sido nombrado. b) El Gobierno con mayoría absoluta del Senado y mediante un procedimiento específico. c) El Gobierno, previo informe preceptivo del Consejo de Estado, de acuerdo con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

d) El Senado, previo informe preceptivo del TC. 7. ¿Qué clases de control existen, dicho sea de manera simplificada – es decir, sin todos los detalles posibles -, sobre el funcionamiento de las CCAA, según está regulado en diversos artículos de la CE? a) Única y exclusivamente el control concentrado por el TC y el control difuso, realizado por cualquier tribunal ordinario, de manera especial por su cúspide: el TS. b) El control político o de conveniencia; el control jurídico o normativo-regulador; y el control económico o financiero-fiscal. c) El control constitucional por el TC; el del Gobierno del Estado sobre las funciones delegadas; el de la Jurisdicción Contencioso-administrativa sobre normas reglamentarias y resoluciones administrativas; el del Tribunal de Cuentas; y el del Congreso y Senado en los casos de actuaciones más graves para el interés de España. d) El control político-constitucional por parte del Senado, a instancias del gobierno; y el control jurídico-normativo que realiza el TC en exclusiva. 8. La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera resulta de aplicación: a) Se dirige en exclusiva al Estado y la SS. b) Solamente al Estado y las Entidades vinculadas o dependientes del mismo. c) Al Estado, las CCAA, las Corporaciones Locales y la SS. d) A las CCAA y las Corporaciones Locales, exclusivamente.

TEMA 7. 1. ¿Quién forma parte del Pleno de un Ayuntamiento de acuerdo con la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, en adelante)? a) El Alcalde, los tenientes de Alcalde y los Concejales delegados, exclusivamente. b) El Alcalde, que lo preside y todos los concejales elegidos. c) Solamente los Concejales que el Alcalde, como Presidente del Ayuntamiento, escoge para formar parte de él.

d) El Alcalde, que lo preside y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. 2. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen común, la aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento corresponde: a) Al Pleno. b) Al Alcalde. c) A la Junta de Gobierno Local. d) A ninguno de los anteriores. 3. Son municipios de gran población, de acuerdo con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) realizada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local: a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativas de los respectivos Ayuntamientos. b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. c) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presentes circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. d) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso. 4. De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en los municipios, el Alcalde es elegido: a) Por los Concejales. b) Por los vecinos directamente. c) Por los Concejales, con autorización de la CCAA. d) Por los Concejales, con autorización del Delegado del Gobierno. 5. La Junta de Gobierno Local es un órgano municipal que: a) Existe en todos los municipios. b) Existe únicamente en los municipios de población superior a 5.000 habitantes. c) Existe únicamente en los municipios de población superior a 25.000 habitantes. d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 6. Las denominadas «competencias municipales propias», de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL): a) Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. b) Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, aunque con sujeción al control y tutela del Estado y de las CCAA. c) Se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 7. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde, existen, según la Ley 7/1985 LRBRL, en los siguientes niveles de Ayuntamientos: a) Solamente en los Ayuntamientos de los municipios denominados de Gran población. b) En todos los Ayuntamientos, salvo en los municipios inferiores a 5.000 habitantes. c) En todos los Ayuntamientos, junto con el Pleno. d) Solamente en los Ayuntamientos con población superior a los 25.000 habitantes. 8. En los municipios de régimen común, el órgano de gobierno local cuya principal función es la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, que se integra por

un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, es, según la LRBRL: a) La Comisión de gobierno municipal. b) El Pleno municipal en función ejecutiva de asistencia al Alcalde. c) La Junta de Gobierno local. d) La Comisión de Tenientes de Alcalde delegada. 9. De acuerdo con la LRBRL, tras su modificación por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la importante competencia sobre el planteamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística: a) Una competencia municipal mínima u obligatoria y exclusiva en todo caso. b) Una competencia propia de los Municipios, aunque pueda estar coparticipada con otros entes superiores. c) Una competencia delegada, pues corresponde en exclusiva al Estado. d) Una actividad complementaria de los entes municipales que corresponde a las CCAA de manera principal. 10. Los actos y acuerdos de las Entidades locales pueden ser impugnados en vía contencioso-administrativa: a) Sólo por el Estado y las CCAA. b) Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado, las CCAA y los miembros de la Corporación que hubieren votado en contra. c) Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado y el Ministerio Fiscal. d) Sólo por los miembros de la Corporación que se hubieran abstenido o hubieran votado en contra. 11. No es una competencia propia de las provincias, de acuerdo con el régimen general establecido por la LRBRL con las últimas modificaciones: a) La dirección de la política urbanística de los municipios integrados en la provincia correspondiente, sin perjuicio de la competencia estatal en la materia. b) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada. c) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo las competencias del resto de Administraciones públicas. d) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios municipales. 12. Los conflictos de competencias que se producen entre diferentes Entidades locales se resuelven en nuestro ordenamiento, dicho sea de manera simplificada, por: a) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. b) La Administración del Estado o de la CCAA. c) El TC. d) El Consejo de Estado. 13. En relación con la organización de los municipios de régimen común, según la LRBRL puede afirmarse que: a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los Ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local se constituye en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Ayuntamientos.

d) La Comisión Especial de Cuentas se constituye en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento. 14. De acuerdo con la LRBRL, tras su modificación por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la vigilancia y control de la contaminación ambiental es: a) Una competencia municipal mínima u obligatoria, en todo caso. b) Una competencia propia de los Municipios siempre. c) Una competencia delegable en los municipios por otras administraciones. d) Una actividad complementaria o voluntaria. 15. Usted acaba de ser elegido Concejal en un Ayuntamiento, formando parte, una vez constituido el Pleno de un grupo de la oposición. Ante la recalificación de unos terrenos llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento, usted no está de acuerdo. ¿Qué y cómo puede hacer para tratar de impedirla? a) No puede, porque los órganos de una Administración no pueden interponer recurso contra los actos de la misma; tendrá que esperar a que la CCAA o la Delegación del Gobierno actúen contra el acto en cuestión. b) Sí, puede interponer recurso ante la jurisdicción civil en todo caso. c) Sólo puede interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa si hubiere votado en contra de tal acto en el pleno en cuestión. d) Sólo y exclusivamente puede recurrir si estuviere legitimado con arreglo al régimen general del proceso contencioso-administrativo (es decir, que le afecte directamente tal recalificación o situaciones similares). 16. ¿Cuál de estos conjuntos o tipos recoge en toda su extensión y propiedad las competencias específicas de los Plenos en los municipios de régimen común? a) Las normativas, fiscalizadoras o de control, organizativas, financieras y cuasi jurisdiccionales. b) Las fiscalizadoras, las de control, las financiero-tributarias, las judiciales y las orgánicas. c) Las de regulación o normativización, las organizativas o estructurales, y las financierotributarias. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 17. Los tres elementos básicos del municipio son, de acuerdo con la LRBRL: a) El territorio, la población y el Alcalde. b) El Alcalde, los Concejales y el Pleno. c) La organización política, la vecindad y la Administración municipal. d) El territorio, la población y la organización municipal.

18. De acuerdo con la LRBRL, la competencia sancionadora en el ámbito local le corresponde, con carácter general, a la siguiente autoridad: a) A los tenientes de Alcalde por áreas que sean de su competencia, o por delegación del Pleno municipal. b) Al Alcalde, salvo en los municipios de gran población, en los que corresponde a la Junta de gobierno local. c) A la Junta de gobierno local siempre y en todo caso, con independencia del nivel de municipio que se trate.

d) Al Pleno municipal en cualquier caso, por ser el órgano colegiado supremo. 19. ¿Puede aprobarse un Acuerdo municipal NO comprendido en el orden del día de una sesión municipal ordinaria u extraordinaria? ¿En qué caso o casos? a) Nunca en las sesiones extraordinarias. Si en las sesiones ordinarias, si hay especial y previa declaración de urgencia realizada por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. b) No, en ningún caso; son nulos de pleno derecho todos los acuerdos aprobados sin estar incluidos en el orden del día. c) Sí, en las sesiones extraordinarias, si hay mayoría de miembros y aceptan la urgencia; pero nunca en las sesiones ordinarias. d) Sí, en todo tipo de sesiones siempre y cuando el Pleno así lo acepte por mayoría reforzada y, así, se exima del informe previo preceptivo. 20. De modo general y conforme a la LBRL, el control y fiscalización de los órganos de gobierno municipales corresponde: a) Al Alcalde. b) A la Junta de Gobierno Local. c) A las Comisiones Informativas. d) Al Pleno. 21. De acuerdo con la antes citada LBRL, la recogida de residuos y la limpieza viaria es: a) Una competencia municipal mínima u obligatoria. b) Una competencia exclusiva de las CCAA. c) Una competencia municipal delegada. d) Una competencia municipal complementaria. 22. La condición de vecino del Municipio se adquiere: a) Por la inscripción en el Padrón. b) Por la residencia. c) Por el nacimiento. d) Por la inscripción en el Registro Civil.

TEMA 8. 1. De acuerdo con lo dispuesto en la CE de 1978, la Provincia es, dicho del modo más exacto: a) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. b) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de comarcas y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

c) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de áreas metropolitanas y sin ser una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. d) Es un órgano perteneciente o dependiente de la CCAA y que, por lo tanto, presta parte de las competencias que a este territorio asigna la CE. 2. El Estado ha aprobado una norma con rango de Ley que afecta a varias provincias y que, según algunas de estas, vulnera la autonomía local constitucionalmente protegida, ¿cómo pueden actuar esas provincias afectadas? a) Solamente podrían plantear un debate político con el Estado. b) Pueden plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el TC ellas mismas, siempre y cuando representen al menos la mitad de las provincias del ámbito territorial afectado y representen la mitad de la población. c) Deben acudir a la vía del recurso mediante la apelación a la CCAA en que estén situadas. d) No pueden recurrir ante el TC, solamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

TEMA 9. 1. La convocatoria y posterior sesión del Pleno municipal, debe cumplir, de acuerdo con la LRBRL, los siguientes requisitos generales: a) Hacerse con, al menos, dos días hábiles de antelación (salvo las extraordinarias convocadas como urgentes); y la sesión será pública de manera general. b) Pueden convocarse en cualquier momento por el Alcalde, señalando el orden del día de acuerdo con el resto de concejales; siendo públicas en todo caso.

c) Salvo en el caso de las urgentes, deben convocarse con, al menos, una semana de antelación; el orden del día es potestativo de la propia sesión, que puede alterarlo o modificarlo con libertad plena. d) No puede convocarse una sesión sin acuerdo previo en la sesión anterior; la cual también fija el orden del día (salvo para el caso de las extraordinarias). 2. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local: a) Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. b) Una norma o disposición del Estado o de una CCAA con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c) Una norma o disposición del Estado rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente garantizada. d) Una norma o disposición del Estado o de una CCAA con rango de ley o con rango reglamentario que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 3. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las CCAA considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento judicial: a) Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente. b) Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. c) Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo. 4. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan: a) Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes. b) Siempre, por mayoría absoluta. c) Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. d) Como regla general, por mayoría absoluta. 5. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local: a) Cualquier municipio. b) Cualquier provincia. c) Cualquier CCAA. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 6. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: a) Cualquiera de los miembros de las Corporaciones, en todo caso. b) Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, se hubieran abstenido, o estuvieran ausentes por causa justificada. c) Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. d) Ninguna de las anteriores. 7. En relación con los organismos autónomos locales, puede afirmarse: a) Que se rigen por lo dispuesto por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, sin especialidad alguna. b) Que su creación corresponde al Pleno de la Entidad local. c) Que la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde. d) Que tanto su creación como la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde. 8. ¿En qué casos cabe un control de legalidad de un acto emitido por un Ayuntamiento ante la Jurisdicción contencioso-administrativa?

a) Cuando infrinja el ordenamiento jurídico; cuando menoscabe una competencia del Estado o de una CCAA, interfiera su ejercicio o exceda de la propia competencia municipal; y cuando atente gravemente al interés general de España. b) Sólo cuando un acto sea contrario a la CE y haya sido sometido a un proceso ante el TC con resultado negativo. c) Cuando sea sometido a un proceso de amparo ante el TC por parte de un particular o sea objeto de un recurso inconstitucional por el Estado o la CCAA correspondiente. d) Solamente cuando atente gravemente contra el interés general de España, pues el resto de casos deben ser sometidos, en exclusiva, ante la sala de conflictos del TC. 9. ¿Es posible por parte del Estado la disolución de los órganos de las Corporaciones locales y la convocatoria de nuevas elecciones parciales, mientras se administra provisionalmente el ente local correspondiente? ¿En qué caso? a) No es posible, puesto que el TC ha eliminado cualquier control directo de los entes locales, solamente siendo posible un control jurisdiccional de sus actuaciones. b) Sí es posible, cuando se trate de una gestión gravemente dañosa para los intereses generales y suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales; mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con conocimiento del Consejo de gobierno de la CCAA y acuerdo previo favorable del Senado. c) Sí, mediante acuerdo del Senado con informe favorable del TC; correspondiendo la administración al primero. d) No, salvo que se menoscabe la competencia del Estado o de una CCAA y mediante acuerdo del respectivo Consejo de gobierno (el Consejo de Ministros o el de gobierno autonómico).

TEMA 10. 1. Según la LOFAGE, la finalidad u objeto de las «Entidades públicas empresariales» es: a) La realización de actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. b) La prestación de funciones jurisdiccionales, prestación o servicio público, en ejercicio de programas de cada Ministerio, y en régimen de descentralización funcional.

c) La realización y mejora de todo tipo de servicios públicos mediante prestaciones planificadas, evaluadas y controladas conforme a programas por la Administración general, no susceptibles de contraprestación. d) La prestación de actividades industriales, en régimen privado, con participación pública pero dentro del mercado competitivo. 2. ¿Cuál de estas notas es parte de la conceptualización de las «fundaciones públicas»? a) Son instituciones con personalidad jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro al igual que lo son las fundaciones ordinarias o civiles. b) Todo su patrimonio proviene de benefactores privados que lo dotan para los fines de interés general que realiza la fundación, sin control público. c) Es una persona jurídico-privada, independiente de la Administración pública de modo total y completo desde su origen hasta su final. d) Su autorización corresponde al Congreso de los diputados para las fundaciones estatales y a las asambleas autonómicas en el caso de fundaciones autonómicas. 3. Una organización administrativa que, bajo diversas formas, está encargada de realizar actividades de ejecución o gestión tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, en régimen de dependencia de las Administraciones territoriales y con personalidad jurídica independiente, sería, dentro del conjunto de estructuras administrativas estudiadas y del modo más exacto: a) Cualquier tipo de organismo público bajo el conjunto denominado «Administración institucional». b) Se trata de los entes públicos atípicos y apátridas, exclusivamente. c) Se trataría de los organismos públicos acogidos bajo el régimen de las Administraciones independientes. d) Se trata, exclusivamente, de los Colegios profesionales. 4. De acuerdo con lo dispuesto en la LOFAGE, las Entidades Públicas Empresariales: a) Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. b) Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. c) Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. d) Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.

5. De acuerdo con lo dispuesto en la LOFAGE: a) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. b) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y

contratación. En todo caso, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. c) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. d) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. 6. En cuanto a las capacidades y competencias de las fundaciones del sector público estatal (también denominadas «fundaciones estatales»), de acuerdo con la Ley de Fundaciones: a) No podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. b) No podrán ejercer potestades públicas, pero sí podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. c) Podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. d) Podrán ejercer potestades públicas y podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. 7. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, en cuanto al régimen jurídico de los principales actos emitidos según su naturaleza, por un Organismo autónomo frente a los realizados por una entidad pública empresarial y por qué? a) Ambos son idénticos: son actos administrativos, con vía administrativa de recurso y posterior control contencioso-administrativo. b) Ambos son idénticos: tienen un control interno propio, sin perjuicio de su posterior recurso en la vía civil u ordinaria. c) Son distintos: los del primero son principalmente administrativos; en tanto que los del segundo son, en general, actos privados. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta porque todos los organismos públicos son entes independientes sometidos en exclusiva al control por el TC. 8. Las asociaciones de Entes locales con otras Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, se denominan: a) Consorcios. b) Mancomunidades. c) Entidades locales menores. d) Fundaciones municipales. 9. Según la LOFAGE, los organismos autónomos y entidades públicas empresariales se crean: a) Directamente por el Gobierno, en todo caso, mediante la norma que crea pertinente. b) Mediante Ley. c) Por los Ministros del cual dependan, con una norma de rango reglamentario. d) Por Real Decreto del Consejo de Ministros en todo caso. 10. A qué tipo de organismo público nos estamos refiriendo, de manera específica, cuando se señala que «se rigen por el Derecho administrativo y se les encomienda, en

régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos»: a) A las Agencias Estatales. b) A las Entidades públicas empresariales. c) A los Organismos autónomos. d) A los indicados en b) y c), de manera similar. 11. ¿Cuál de estas notas NO corresponde, exactamente, a la conceptualización de las «fundaciones públicas» y por qué? a) Son instituciones sin ánimo de lucro al igual que lo son las fundaciones ordinarias o civiles. b) Todo su patrimonio proviene de benefactores privados que lo dotan para los fines de interés general que realiza la fundación, sin control público. c) Es una persona jurídico-privada, siempre bajo la tutela o en protectorado de la Administración pública. d) La autorización constitutiva corresponde, en las fundaciones públicas dependientes del Estado, al Consejo de Ministros. 12. Los entes públicos que «se rigen por el Derecho administrativo y a los que se encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos», se denominan: a) Organismos autónomos. b) Fundaciones públicas. c) Entidades públicas empresariales. d) Agencias estatales. 13. Según establece la LOFAGE, el personal al servicio de los organismos autónomos: a) Será exclusivamente funcionario. b) Será exclusivamente laboral. c) Será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. d) Todo el personal a su servicio tiene contrato de «Alta dirección».

TEMA 11. 1. Indique cuál de las siguientes Administraciones independientes si está prevista en la CE: a) El Consejo de Seguridad Nuclear. b) Las Universidades. c) La Comisión Nacional del Mercado de Valores. d) La Agencia Española de Protección de Datos.

2. ¿Qué quiere decirse al señalarse que existen ciertas estructuras Administrativas independientes y en qué contexto se sitúan estas propiamente dichas? a) Son administraciones normalmente del ámbito estatal que son independientes del poder ejecutivo, pero sí dependen siempre y en todo caso del poder legislativo, que nombra a sus órganos de gobierno y dirección y las somete a fiscalización económico-administrativa. b) Se trata de una cierta independencia con respecto al poder ejecutivo o Gobierno, de tipo orgánica (antesala de una cierta independencia funcional), estando situadas, ordinariamente en la estructura estatal general. c) Es una independencia funcional absoluta de todo órgano ejecutivo o legislativo estatal o autonómico; están previstas en la CE como tales y, en tal sentido, actúan con total autonomía. d) No existe la independencia señalada; dependen orgánicamente del Ejecutivo aunque para sus órganos de gobierno se llegan a acuerdos entre los tres poderes del Estado. 3. ¿Qué es y quiénes forman el Consejo social de la ciudad? a) Es un órgano de los municipios de gran población integrado por representantes de las organizaciones sociales, económicas, profesionales y de vecinos más representativas. b) Es un órgano potestativo de todos los municipios, formado por los ex concejales y alcaldes. c) Es un órgano con competencia de consulta para los Alcaldes de los municipios de régimen común. d) Es un órgano que tiene por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, integrado por Concejales pertenecientes a todos los grupos políticos integrantes de la Corporación.

TEMA 12. 1. ¿Qué sistema tiene un Colegio profesional para comprobar, a petición del cliente/usuario, la identidad y habilitación profesional del autor de un trabajo profesional, así como la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional, de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate?: a) Mediante la determinación de las tarifas profesionales por actividad. b) Con la colegiación obligatoria de los miembros de una profesión en el respectivo colegio. c) Mediante un sistema denominado «supervisión técnica de proyectos profesionales».

d) Mediante la técnica denominada «visado». 2. En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales: a) La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. b) La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. c) Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. d) Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. 3. De acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, cuando una profesión se organice por colegios territoriales: a) Bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. b) No podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación (es decir, y por ejemplo, quien esté colegiado en Madrid, sólo podrá ejercer en Madrid). c) Podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación, aunque con una habilitación específica. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica o ante qué tipo de acto estamos y cuál es su procedimiento impugnatorio cuando un Colegio profesional actúa en el ejercicio de las funciones legal o estatuariamente establecidas sobre sus colegiados (colegiación, sanciones, tarifas, certificaciones)? a) Son normas que se rigen por el Derecho privado y, como tales, no tienen otra vía impugnatoria que la civil u ordinaria. b) La impugnación es, única y exclusivamente, ante los propios órganos de Gobierno del Colegio profesional, sin apelación posible. c) Se trata de actos sometidos al Derecho administrativo y, como tales, impugnables ante la vía contencioso-administrativa. d) Se trata de actos jurídicos solamente revisables por la autoridad administrativa de la Administración General del Estado.

5. ¿Cuál de estos requisitos NO es necesario para la emisión de un visado por parte de un Colegio profesional? a) La petición expresa por parte del cliente o que así lo establezca el Gobierno mediante un Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados. b) Que exista una relación directa de causalidad entre el trabajo y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas. c) Que se acredite que es el medio de control más proporcionado. d) Que así lo establezca el Consejo general rector de Colegios profesionales españoles, oída la Administración pública de la que dependen. 6. Conforme a la regulación vigente sobre los Colegios Profesionales:

a) Hay un sistema de numerus clausus, por lo que no todo aquel que ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatuariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda. b) Se establece la estricta obligación de colegiarse en cada Colegio territorial en que decida ejercer su actividad. c) Permite que cuando una profesión se organice por colegios territoriales, baste la incorporación a uno sólo de ellos para ejercer en todo el territorio español. d) Los Colegios Profesionales establecerán baremos orientativos y/o recomendaciones, directrices, normas o reglas sobre honorarios profesionales. 7. Las Federaciones deportivas son, de acuerdo con su naturaleza jurídica: a) Asociaciones puramente privadas que realizan actividades de tal tipo. b) Asociaciones privadas de configuración legal. c) Corporaciones de Derecho Público. d) Entidades públicas empresariales. 8. ¿Qué significa, de manera exacta, la denominada «colegiación única» de los Colegios profesionales como entes de la Administración corporativa? a) Que la incorporación a un Colegio es única, valiendo para todos los colegios territoriales; dicho de otra manera, bastará la incorporación a un colegio territorial para ejercer la profesión en cualquiera de ellos. b) Que existe, desde la Ley 25/2009, un Colegio profesional único, dentro de cada profesión colegiada, para todo el territorio nacional; de tal manera que agrupa a todos los profesionales colegiados en él. c) Que es necesario realizar un trámite de examen y la obtención de una «concesión» de servicio público, específica para formar parte y actuar en otro colegio territorial. d) Que se ha eliminado, con la Ley 15/2007 la prohibición de numerus clausus a la hora de inscribirse en un Colegio profesional; es decir, una vez se tiene la titulación, la colegiación es obligada y sin restricciones. 9. Los Colegios Profesionales son, en el sentido de cuál es su naturaleza propia: a) Asociaciones privadas de configuración legal. b) Corporaciones públicas. c) Entidades públicas propias de la Administración institucional. d) Fundaciones públicas para ejercer servicios públicos de modo privado.

TEMA 13. 1. Según la estructura del Consejo de Estado, ¿quiénes constituyen el elemento más estable y profesional del Consejo de Estado, formando parte de la Comisión permanente de aquel? a) El Presidente y los Secretarios. b) Los Consejeros permanentes. c) Los Consejeros natos. d) Los Consejeros natos vitalicios. 2. La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada:

a) En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias. b) En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. c) En la Ley de Gobierno. d) En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 3. Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de Ley Orgánica de transferencia o delegación de competencias estatales a las CCAA, deberán consultarse: a) Al Pleno del Consejo de Estado. b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado. c) A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. d) No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia. 4. Son miembros o componentes básicos del Pleno del Consejo de Estado: a) El Presidente, el Pleno de Consejeros, los Secretarios y los Vocales asesores. b) El Presidente, los Consejeros Permanentes, Consejeros Natos (entre ellos los Natos vitalicios), Consejeros Electivos, y el Secretario General. c) La Comisión permanente y las Comisiones delegadas. d) El Presidente, las Secciones y el Pleno, junto con la Secretaría General Técnica. 5. Conforme a la CE, en cuanto al ser y la naturaleza del Consejo de Estado, puede afirmarse que es: a) Un órgano que forma parte de la Jurisdicción contencioso-administrativa. b) Un órgano que forma parte de la Administración Corporativa. c) El supremo órgano consultivo del Gobierno. d) Ha sido suprimido y sustituido por los respectivos Consejos consultivos autonómicos. 6. Son Consejeros Electivos del Consejo de Estado, según su normativa específica: a) Los titulares de determinados cargos públicos. b) Los nombrados por el Gobierno con carácter inamovible sin límite de tiempo. c) Los nombrados por el Gobierno por un periodo de cuatro años entre personas que han ostentado cargos relevantes. d) Los ex Presidentes del Gobierno.

7. Una de las siguientes previsiones no está prevista como parte específica y exigida del contenido del Informe o Memoria anual que, conforme al art. 136.2. CE, debe remitir el Tribunal de Cuentas a las Cortes generales: a) Un completo listado de todos los salarios de todo tipo de empleados públicos y de los cargos políticos del Estado, las CCAA y los entes locales. b) El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los presupuestos del Estado y las CCAA, entre otras entidades. c) La racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de eficiencia y economía. d) La ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales y de los demás planes o previsiones que rijan la actividad de las Empresas públicas, así como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos.

8. La nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista: a) Debe ser informada con carácter preceptivo por el Pleno del Consejo de Estado. b) Debe ser informada con carácter preceptivo por la Comisión Permanente del Consejo de Estado. c) Puede ser informada por el Pleno, pero con carácter facultativo. d) Puede ser informada por la Comisión delegada, pero con carácter facultativo. 9. Los Presidentes de las Reales Academias: a) Son Consejeros Permanentes del Consejo de Estado. b) Son Consejeros Natos vitalicios del Consejo de Estado. c) Son Consejeros Natos no vitalicios del Consejo de Estado. d) Son Consejeros Electivos del Consejo de Estado. 10. ¿Quién ostenta la defensa judicial y el asesoramiento jurídico de las Administraciones públicas, tanto central como autonómico? a) Nadie en exclusividad, a los Cuerpos de Abogados del Estado, han de unirse sus equivalentes autonómicos y locales, y otros cuerpos específicos (como el Cuerpo jurídico de la Defensa y los Letrados de la SS). b) Al Cuerpo de Abogados del Estado, en exclusividad, para todos los niveles territoriales. c) En exclusividad al Cuerpo de Abogados del Estado o sus equivalentes de cada Administración territorial, sin que existan otros cuerpos específicos. d) A los cuerpos de Letrados autonómicos y a la Intervención general del Estado; siempre con informe preceptivo del Consejo de Estado o el equivalente autonómico. 11. ¿Cuál de estas competencias es competencia consultiva del Consejo de Estado y en qué grado, forma o naturaleza, debe emitir su informe? a) Las resoluciones a los recursos de alzada o súplica del Consejo de Ministros, sobre los que debe emitir un informe potestativo y no vinculante, emitido por el Pleno. b) El control de la potestad reglamentaria, siempre vinculante, y realizada en todo caso por el Pleno del Consejo. c) Los instrumentos derivados de las relaciones internacionales, competencia de la Comisión con carácter vinculante, pero no preceptivo. d) El control de la potestad reglamentaria, mediante informe preceptivo, ordinariamente emitido por la Comisión permanente.

12. Se denominan estrictamente «Consejeros Permanentes» del Consejo de Estado: a) Los titulares que ocupan determinados cargos públicos. b) Los nombrados por el Gobierno con carácter inamovible sin límite de tiempo. c) Los nombrados por el Gobierno entre personas que han ostentado cargos relevantes. d) Los ex Presidentes del Gobierno.