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• Nuria Moreno Navarro

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TEMA 21: LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES. Clases de resoluciones judiciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia Legislación aplicable: Arts. 244 a 248, 252 a 267. 453, 456 LOPJ 145 a 148, 178, 206 a 215 de la LEC. 67 a 73 de la LJCA. 141 a 165 LECRIM. 49 a 52 LJS.

I. LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES. CLASES DE RESOLUCIONES JUDICIALES: CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES COLEGIADOS. En nuestro Derecho es el Juez quien tiene la potestad decisoria de los asuntos que se le plantean, lo que se lleva a efecto a través de las resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales son: providencias, autos y sentencias. Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en la que se adopte y si la misma es firme o si, por el contrario, cabe algún recurso con expresión del mismo, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí realizar aclaraciones y rectificar errores materiales. • Las aclaraciones podrán hacerse:

- de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda, dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución,

- a petición de parte o del Ministerio Fiscal, también dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución que se pretenda aclarar dentro de los 3 días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. • Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia podrán ser rectificados en cualquier momento.

No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiera la solicitud o actuación de oficio.

• Las sentencias/ autos defectuosos o incompletos:

- de oficio, por el Tribunal. La Ley prevé que el Tribunal pueda, de oficio, en el plazo de 5 días, en este caso a contar desde que la dictó, complementar la resolución de que se trate con el pronunciamiento que se hubiese omitido pero “sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado”.

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- a instancia de parte: en efecto, tratándose de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la resolución – previo traslado por el Letrado de la Administración de Justicia de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros 5 días – dictará AUTO por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. Finalmente, por el mismo procedimiento y plazos que los anteriores, ha previsto el legislador la posibilidad de que sea el Secretario Judicial el que complemente o subsane sus Decretos.

Recursos y cómputo de plazos: ✓

No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la Sentencia, Auto o Decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia.

✓

Como la solicitud de de aclaración, corrección, subsanación y complemento de una resolución judicial supone la interrupción del plazo para recurrir, la LEC dispone claramente que los plazos para estos recursos si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, y según el art. 215.5 de la LEC continuará el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla. No obstante, según el art. 267.9 de la LOPJ y el 161 de la LECRIM el cómputo comenzará desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla.

A) PROVIDENCIAS Según el art. 245 de la L.O.P.J., las providencias son unas resoluciones judiciales que tienen por objeto la ordenación material del proceso. Se caracterizan por su forma sencilla pues se limitan a la determinación de lo ordenado por el Juez. Por ello NO han de ser motivadas aunque nada impide que los Jueces y Tribunales puedan motivar algunas providencias cuando lo estimen necesario. En ellas debe constar el Juez o Tribunal, lo ordenado por éste, la fecha en que se acuerden y la firma o rúbrica del Juez o presidente (si es un Tribunal) y del Letrado de la Administración de Justicia. En el art. 208 de la LEC se establece que en el caso de providencias dictadas por Salas de Justicia, bastará con la firma del ponente. Se entiende por ordenación material el impulso que se da al procedimiento, resolviendo entre distintas opciones posibles, cuya competencia es siempre del JUEZ, que es quien tiene potestad resolutoria. Por el contrario, ordenación formal es dar a los autos el curso ordenado por la Ley sin tener que optar entre distintas soluciones. El impulso formal lo lleva a efecto el Letrado de la Administración de Justicia a través de las denominadas diligencias de ordenación.

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¿Cuándo se dictará una providencia? (art. 206.2.1ª LEC): “Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la Ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto”.

- En el proceso de ejecución civil el Tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale, y en los demás casos, salvo cuando deba dictarse auto, las resoluciones que procedan se dictarán por el Letrado de la Administración de Justicia a través de diligencias de ordenación, salvo cuando proceda resolver por decreto (art. 545.7 de la LEC).

- En el proceso penal, art. 141 de la Lecrim se establece que se dictará providencia cuando se resuelvan cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran legalmente la forma de auto. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma o rúbrica del Juez o del Presidente y la firma del Letrado de la Administración de Justicia. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente.

Forma de la providencia (art. 208 LEC): se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

B) AUTOS Los autos son resoluciones jurisdiccionales del Juez que se utilizarán, con carácter general, para resolver todo aquello que no deba de ser decidido por la sentencia pero que requiera de MOTIVACION. El art. 206.2 LEC expresa que se dictarán autos cuando: “ se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones”. Según el art. 245 LOPJ, los autos son resoluciones jurisdiccionales del Juez que, deciden:

- recursos contra providencias, - cuestiones incidentales, - presupuestos procesales, - nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma.

- anotaciones e inscripciones registrales - cuestiones incidentales, tengan o no señalada en la Ley tramitación especial, siempre que en tales casos la Ley exigiera decisión del Tribunal, así como

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- las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de éstas últimas, la Ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.

- En los procesos de ejecución civil adoptarán la forma de auto las resoluciones del Tribunal que: 1. Contengan la orden general de ejecución por la que se autoriza y despacha la misma. 2. Decidan sobre oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o de fondo. 3. Resuelvan las tercerías de dominio. 4. Aquellas otras que se señalen en la Ley.

- En los procesos penales, la LECrim dispone en el art. 141 que se dictarán Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los investigados o procesados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes deben fundarse. En definitiva, por medio de auto el Tribunal resuelve todas aquellas cuestiones que afectan de manera directa y esencial a los intervinientes en el proceso, y a los actos esenciales del proceso. En consecuencia, la LEC establece que los autos serán SIEMPRE MOTIVADOS y contendrán, en párrafos separados y numerados, los: ✓ antecedentes de hecho ✓ los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva (art. 208.2 de la LEC) El art. 248.2 de la LOPJ establece que los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten. En los autos habrá de indicarse el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el Tribunal sea colegiado.

C) SENTENCIAS La sentencia es la resolución judicial en la que se resuelven todas las cuestiones debatidas en el proceso. La L.O.P.J. define a las sentencias como las resoluciones de carácter jurisdiccional que deciden definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso. Respecto a su forma, la misma L.O.P.J. en el art. 248.3 dispone que ''se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados:

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- los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, - los fundamentos de derecho - el fallo". El mismo párrafo señala que "serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten". Se llama sentencia firme aquella contra la que no cabe recurso tal como definen las leyes procesales. Se permite que se puedan dictar de viva voz cuando lo autorice la Ley, si bien en este caso debe ser documentada incluyendo la fundamentación que proceda. Se llama sentencia ejecutoria, tal como hacían las leyes procesales, al documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme, reiterándose que deberán ser encabezas en nombre del Rey. En los TRIBUNALES COLEGIADOS, concluida la vista en los asuntos en que esta preceda a la decisión o, desde el día en que el Presidente haga el señalamiento para la deliberación, votación y fallo, cualquiera de los Magistrados podrá pedir los autos para su estudio. En estos Tribunales se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente después de la vista, si ésta se celebrare, y en otro caso señalará el Presidente el día en que se hayan de discutir y votar, dentro del plazo que señala la Ley. • La discusión y votación de las resoluciones será dirigida por el Presidente y se verificará siempre a puerta cerrada. El Magistrado Ponente someterá a la deliberación de la Sala o Sección los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que, a su juicio, deba recaer y previa la discusión necesaria, se procederá a la votación. El Presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o sobre la parte de la decisión que haya de dictarse.

• Orden de votación: 1º. Magistrado Ponente 2º Los restantes Magistrados, por orden inverso a su antigüedad. 3º Presidente Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable.

• Mayoría exigida ➜ mayoría absoluta de votos, salvo que la ley señale una mayor proporción. En efecto, en los Tribunales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que la ley señale una mayor proporción. En ningún caso se podrá exigir un número determinado de votos conformes que desvirtúen la regla de la mayoría.

• Cuando no se llegue a la mayoría exigida: Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho/ de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante la celebración de nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieren asistido a la primera, aumentándose

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2 más, si hubiese sido impar el número de los discrepantes, y 3 en el caso de haber sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el Presidente de la Sala o Sección, si no hubiere ya asistido; en segundo lugar, los Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito; en tercer lugar, el Presidente de la Audiencia; y, finalmente, los Magistrados de las demás Salas o Secciones, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional, según el orden que por la Sala de Gobierno se acuerde. El que deba presidir la Sala descrita hará el señalamiento, mediante providencia, de las vistas de discordia y designaciones oportunas. Cuando en la votación de una resolución por la Sala mencionada no se reuniera tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a una nueva votación, sometiendo sólo a ésta los dos pareceres que hayan obtenido mayor número de votos.

• Redacción de la sentencia ➜ Ponente.

- En los Tribunales colegiados corresponde al Ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión de la Sala o Sección, si se conformare con lo acordado.

- Cuando el Ponente no se conforme con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular. En este caso, el Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad.

Votos particulares Todo el que tome parte en una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría; pero podrá, en este caso, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse, por remisión, los puntos de hechos y fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme. El voto particular, con la firma de su autor, se incorporará al libro de sentencias y se notificará a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando, de acuerdo con la Ley, sea preceptiva la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habrá de publicar junto a ella.

Publicidad de las sentencias Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 'I del art. 236 quinquies de la LOPJ, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

Tipos de sentencias: SENTENCIAS CIVILES Según el art. 206.3 de la LEC se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria

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prevista en la Ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes. Las sentencias en el procedimiento civil adoptarán la forma escrita siempre, toda vez que, como establece el párrafo 3º del art. 210 de la misma Ley, “en ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles”. Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas por quienes las hubieran dictado, serán publicadas y depositadas en la Oficina judicial, ordenándose por el Letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo, dándoseles publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución y las Leyes. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales 101 y 102) o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán por el Letrado de la Administración de Justicia a la Comisión Nacional de la Competencia. Los Letrados de la Administración de Justicia pondrán en los autos certificación literal de las sentencias y demás resoluciones definitivas. Las sentencias serán siempre MOTIVADAS y se dictarán con sujeción a las siguientes reglas: 1. En el ENCABEZAMIENTO deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio. 2. En los ANTECEDENTES DE HECHO se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. 3. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho, y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. 4. El FALLO contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para sentencias con reserva de liquidación.

En cada Tribunal se llevará, bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha (art. 213 LEC). El art. 265 LOPJ regula esta cuestión más pormenorizadamente, estableciendo que cuando la tramitación de los

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procedimientos se realice a través de un sistema de gestión procesal electrónico, el mismo deberá generar automáticamente, sin necesidad de la intervención del Letrado de la Administración de Justicia, un fichero en el que se incluyan las sentencias y autos numerados por el orden en el que han sido firmados. “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes1 con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. “El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. O sea. el Tribunal puede aplicar normas distintas de las alegadas. El riesgo está en incurrir en incongruencia ( si se aparta de la causa de pedir). Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos tácticos y 'jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ➣

El alcance de la motivación se encuentra precisado en el art. 218.2 y 218.3 LEC que exige la motivación de las sentencias, tanto en la determinación de los hechos probados y su valoración como en la aplicación del Derecho.

Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. La sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas,

1La

congruencia es una exigencia constitucional que surge como consecuencia del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. También se constituye como una de las principales exigencias del principio dispositivo, que no es mas que "el juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes”.

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• la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte. • En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones

de consumidores o usuarios estarán sujetas a las siguientes reglas: 1. Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica (intereses colectivos), la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible (intereses difusos), la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, intervenir en el proceso de ejecución que inste la asociación demandante. Si junto a la asociación se hubieren personado usuarios y consumidores concretos, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre las pretensiones de éstos. 2. Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente. 3. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

Cosa juzgada ➜ La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo2. Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La cosa juzgada afectará: ✓ a las partes del proceso en que se dicte

Implica que lo ya resuelto adquiere fuerza vinculante en otros ulteriores procesos jurisdiccionales, de manera que si lo que se discute en el segundo proceso es idéntico a lo decidido en el primero, tal segundo proceso no debe sustanciarse y ha de terminar lo antes posible con una resolución que no se pronuncie en cuanto al fondo: impide volver a enjuiciar el mismo objeto procesal. 2

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✓ a sus herederos y causahabientes, ✓así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (relativo a derechos e intereses de consumidores y usuarios).

- En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad ➝ la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

- Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios ➝ afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

SENTENCIAS EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Estas sentencias se ajustan a la forma establecida por los arts. 67 al 73 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. De acuerdo con el artículo 68 LJCA, la sentencia, que es la forma normal de terminación del proceso, se pronunciará sobre alguno de los fallos siguientes, conteniendo, en todo caso, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas:

1. lnadmisibilidad del recurso contencioso - administrativo: Ésta se declarará en alguno de los siguientes casos (artículo 69 LJCA) sin entrar en el fondo del asunto y no pronunciándose sobre las pretensiones de las partes por existir un defecto insubsanable: 1. Falta de jurisdicción del Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo 2. Falta de representación o legitimación: que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. 3. Actividad administrativa no impugnable: que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación. 4. Cosa juzgada o litispendencia. 5. Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

2. Estimación del recurso: Procede cuando la disposición, actuación o el acto incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluyendo la desviación de poder entendiendo por tal el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el OJ (art 70.2 LJCA). Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

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En este caso según lo pedido por el recurrente, el fallo alcanzará todo o alguno de los pronunciamientos siguientes (art 71.1 LJCA):

- Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la actividad impugnada (vamos el acto o disposición recurrida o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada).

- Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

- Reconocerá en su caso el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar.

- Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

3. Desestimación del recurso. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajuste a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. Solo produce efectos entre las partes. Se produce por razones de fondo y tiene un contenido meramente declarativo. No precisa hacer más pronunciamientos que el relativo a las costas (art. 70). La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: a) Que el Juzgado o Tribunal contencioso-administrativo carezca de jurisdicción. b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación. d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia. e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

Plazo sentencia contencioso: ✓ 10 dias ➜ procedimiento ordinario y abreviado ✓ 5 dias ➜ procedimento de DDFF y de unidad de mercado (en este ultimo también puede ser oral) Efectos: • La sentencias declaratorias de la inadmisibilidad del recurso y las desestimatorias producen únicamente efectos inter partes (art. 72.1 LJCA). • Las sentencias estimatorias que anulen una disposición o acto producen efectos para todas las personas afectadas procediéndose a su publicación en el periódico oficial

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si afectaran a una pluralidad indeterminada de personas (artículo 72.2 LJCA.) Las que anulen una disposición general, producirán efectos para los afectados desde que sea publicado su fallo (con indicación de los preceptos anulados) en el periódico oficial en que se publicó la disposición anulada, sin afectar a las sentencias o actos administrativos firmes que la hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente (artículo 73 LJCA). • Finalmente, las sentencias estimatorias de pretensiones de reconocimientos o restablecimientos de una situación jurídica individualizada (indemnizaciones devoluciones de ingresos indebidos pago de atrasos) solo les beneficia a ellos, esto es, únicamente producirá efectos para las partes (artículo 72.3 LJCA). Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. La sentencia que anule una disposición o acto producirá efecto para todas las personas afectadas.

ESPECIALIDADES EN LABORAL Formas de emitir la resolución (arts. 49 y 50 LPL): ☛ El juez podrá limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la cuantía o la materia, con motivación sucinta del mismo, sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro del plazo y en las formas legalmente previstas. ☛ Se podrán dictar resoluciones ORALES por el Juez, Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia durante la celebración del juicio u otros actos que presidan, documentándose en el acta con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones. Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente. En las mismas condiciones, el juez o tribunal podrá dictar verbalmente autos al término de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso. ☛

El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la materia o de la cuantía proceda recurso de suplicación, podrá pronunciar sentencia DE VIVA VOZ, con el contenido y los requisitos legales de las sentencias. En este supuesto, las partes podrán solicitar que se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la sentencia. Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la materia y la cuantía: el allanamiento total efectuado, así como, en su caso, los términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de común acuerdo por las partes, siempre que, de proceder recurso, manifestaran éstas su decisión de no recurrir. Si, conocida la sentencia de viva voz o el fallo anticipado, las partes expresaran su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto declarará la firmeza de la sentencia. Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le hará la oportuna notificación.

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Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la dicte, la expresión de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.

PROCESO PENAL Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten, y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. • Autos del TS ➜ 3 • Sentencias del TS ➜ 7

salvo que la Ley disponga otra cosa.

• Autos y Sentencias en las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia bastarán ➜ 3 • Providencias en unos y otros Tribunales ➜ bastarán 2 Magistrados, si estuviesen conformes. Se puede dictar sentencia ORAL en juicios de delitos leves, rápidos, menores y en pro-cedimientos abreviados cuando dicte la misma el juez de lo penal. Es PÚBLICO el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artículos: a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (delitos contra la Hacienda Pública) b) Los artículos 257 (referente al alzamiento de bienes) y 258 (relativo a quien en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor) de la Ley Orgánica 1011995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública. c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando (este artículo se refiere al delito de contrabando), siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea. En estos casos, el Letrado de la Administración de Justicia, emitirá certificado en el que se harán constar los siguientes datos: a) Los que permitan la identificación del proceso judicial. b) Nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del responsable civil. c) Delito por el que se le hubiera condenado. d) Las penas impuestas.

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e) La cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, según lo establecido en la sentencia. Mediante diligencia de ordenación el Letrado de la Administración de Justicia ordenará su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". Lo antedicho no será de aplicación en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.

D) OTROS ACTOS PROCESALES DEL JUEZ O TRIBUNAL La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 introduce innovaciones importantes en materia de actos procesales ya que, además de los estudiados, regula los ACUERDOS. Según el art. 244 de la L.O.P.J. se llaman acuerdos: 1. Las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Salas de Justicia; 2. Las resoluciones de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo, y 3. Las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las sentencias o en otros actos judiciales.

LAS RESOLUCIONES DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el procedimiento en los términos que establezcan las leyes procesales, dictando las resoluciones necesarias, salvo las que las leyes reserven a Jueces o Tribunales. Salvo que la Ley disponga otra cosa, el Letrado de la Administración de Justicia dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias. En ellas indicará siempre el nombre del Letrado que la hubiere dictado, con extensión de su firma. Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. Cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observaran las siguientes reglas:

• Diligencia de ordenación: utilizadas para la ordenación formal del proceso, o lo que es lo mismo la mera andadura del procedimiento con independencia del contenido sustancial del mismo. La Ley dice que se utilizaran diligencias de ordenación para “dar a los autos el curso que la ley establezca”. El Letrado de la Administración de Justicia nunca decide sino que ordena el proceso tal y como está establecido en la Ley, por ejemplo: concede el plazo para presentar los escritos, señala la fecha para la celebración de la vista, etc. Las diligencias de ordenación se limitarán a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Letrado de la Administración de Justicia que las dicte, la fecha y la firma de aquel,

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incluirán una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente. Las diligencias de ordenación pueden ser impugnadas por medio de recurso de reposición.

• Decreto: son las resoluciones que el Letrado de la Administración de Justicia ha de emplear para:

- decidir sobre la admisión de la demanda a trámite o - cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva y,

- cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto (en cualquier clase de procedimiento)

- En el proceso de ejecución civil adoptarán la forma de decreto las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia que determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución y aquellas otras que se señalen en la LEC. A diferencia de las diligencias, son siempre resoluciones MOTIVADAS. Contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la Administración de Justicia, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los definitivos, que serán ordenados cronológicamente.

• Diligencias de constancia, comunicación o ejecución: se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal.

• Acuerdos: las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos.

Actas, diligencias y notas Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias.

a) Actas *Tienen por objeto dejar constancia de la realización de un acto procesal o de un hecho con transcendencia procesal (art. 280.1 LOPJ)3. La única norma que contempla el contenido de las actas es el art. 146.2 de la LEC indicando que "Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella, con la necesaria extensión y detalle, todo lo actuado”. No es ajena la LEC a las nuevos medios técnicos, pues cuando se trate de actuaciones que conforme a la indicada Ley hayan de registrarse en soporte apto para la grabación y

Es un documento más completo y formalista que la diligencia, y se utiliza en todos aquellos supuestos en que por la naturaleza del acto sea necesario acreditar no solo su realización, sino las declaraciones, manifestaciones o decisiones que se han hecho o adoptado en la actuación procesal que se documenta . A diferencia de la diligencia, no solo la firma el Secretario sino que además debe ser firmada por las personas que han intervenido en el acto procesal documentado 3

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reproducción, el Letrado garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido, añadiendo la Ley, que si el Letrado de la Administración de Justicia dispusiere de firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la Ley garantice esa autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electrónico digital (ej: grabacion) así generado constituirá el acta a todos los efectos.

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En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Letrado de la Administración de Justicia salvo

- que lo hubieran solicitado las partes (al menos 2 días antes de la celebración de la vista) o

- que excepcionalmente lo considere necesario el Letrado de la Administración de Justicia atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen.

➡ En estos casos, el Letrado extenderá ACTA SUCINTA. Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los Letrados de la Administración de Justicia, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine. Si dichos mecanismos de garantía no se pudiesen utilizar, el Letrado de la Administración de Justicia deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes, en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. En estos casos, o cuando los medios de registro no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el acta se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. El Letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

b) Diligencias: Como hemos dicho, las diligencias son actos escritos por los que el Letrado de la Administración Justicia acredita un hecho de trascendencia procesal. Pueden ser:

- De constancia, que acreditan por escrito un hecho. Entre estas están las cliligencias de presentación que acreditan la fecha en que se presentó un escrito,

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las que acreditan que el confesante o un testigo no se presentaron a declarar, las que acreditan el transcurso de un plazo procesal,etc-

- Diligencias de comunicación, que se extienden para que quede plasmado en los autos por escrito cuando y como se hace una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, como se hace una notificación por correo, etc.

- Diligencias de ejecución que son aquellas por las que el Letrado de la Adm. de Justicia acredita por escrito que se ha cumplido lo ordenado por el Juez o Tribunal o por la Ley. O sea sYon utilizadas para constatar que un mandato judicial se ha cumplido.

c) Las notas: Las notas que pueden ser de referencia, de resumen de autos y de examen del trámite que se refieran. Los Gestores Procesales también tienen como competencia extender notas cuando tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran. Entre Letrado de la Administración de Justicia podemos citar también organizar la dación de cuenta, que consiste en informar a la Sala, al Ponente o al Juez de los escritos y peticiones formuladas por las partes en el procedimiento o de cualquier otra incidencia que deba ser conocida por aquellos. El artículo 178 de la LEC, establece que los Letrados de la Administración de Justicia darán cuenta a la Sala, al Ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día de su presentación o en el siguiente día hábil cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquéllos. Lo mismo harán respecto a las actas que se hubieran autorizado fuera de la presencia judicial. También se dará cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos cuando a su vencimiento deba dotarse la oportuna resolución por el Juez o Magistrado, así como de las diligencias de ordenación que se hubieren dictado que no sean de mera tramitación. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa darán a su vez. cuenta al Letrado de la Administración de Justicia de la tramitación de los procedimientos, en particular cuando ésta exija una interpretación de Ley o de normas procesases, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fueran requeridos para ello.

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