• Author / Uploaded
• Royer Anderson

Citation preview

POLICIA NACIONAL DEL PERU ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL PNP YUNGAY

AREA ACADÉMICA

SÍLABO DESARROLLADO DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA REGULAR 2021

SILABO

SEGURIDAD CIUDADANA I.

DATOS GENERALES:

EJE CURRICULAR

:

Formación Técnico- Policial

AREA EDUCATIVA

:

Formación Específica

AREA COGNITIVA

:

Cultura Organizacional

AÑO DE ESTUDIO

:

Primer año

HORAS TOTALES

:

64 horas académicas

HORAS SEMANALES

:

04 horas académicas

CRÉDITOS

:

03

PERIODO ACADEMICO

:

II Periodo

II. SUMILLA: La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las ETS PNP, a través de sus Unidades de Aprendizaje, se imparte el conocimiento teóricopráctico de Seguridad Ciudadana Técnicas y procedimientos, creando espacios pedagógicos que posibiliten su difusión y desarrollo, con la finalidad de propiciar el conocimiento del carácter científico de la función policial. III.

IV.

CAPACIDADES: Al finalizar el semestre, el Alumno PNP estará en la capacidad siguiente: A.

Reconocer y analizar los planteamientos teóricos de Seguridad Ciudadana Técnicas y procedimientos, su dominio cognoscitivo, sus características y procesos metodológicos.

B.

Identificar, valorar y aplicar las principales ideas, conocimientos, principios y valores que constituyen la Seguridad Ciudadana Técnicas y procedimientos de la PNP.

C.

Identificar, valorar y analizar las características, objeto y estructura de la Ciencia Policial y el carácter científico de la función policial.

CONTENIDOS CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO Definiciones y elementos de la Seguridad Ciudadana

SEMANA ACADÉMICA CONCEPTUAL PRIMERA  Seguridad Ciudadana, SEMANA Definición. (04 horas)  Seguridad Ciudadana o seguridad pública.  Actores de Seguridad Ciudadana  Juntas Vecinales, vecino vigilante, misión principios, organización estructura, requisitos. SEGUNDA  Seguridad SEMANA Ciudadana las (04 horas) Municipalidades, PNP, SINASEC  Antecedentes históricos de Seg. Ciud. En el Perú  Principales causas de inseguridad. TERCERA  Seg. Ciud. SEMANA  Deberes primordiales (04) horas del estado  Municipalidades, PNP  Problemática seguridad Ciudadana CUARTA SEMANA (04 horas)

QUINTA SEMANA (04 horas)

SEXTA SEMANA (04 horas)

SETIMA SEMANA (04 horas)

 Acuerdo Nacional  Políticas de Estado  Desarrollo 7ma política de estado  Objetivo de democracia y estado de derecho  Política General de Derecho.  Plan Bicentenario  Plan estratégico Sectorial Multianual MININTER  Orden Interno  Seg. Ciudadana  Orden Público Gestión estratégica Sectorial  Seguridad Ciudadana como política de estado  Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana  EVALUACION PARCIAL I

CONTENIDO PROCEDIMENTAL

 Se proyecta un video sensibilizador:  Se procede a efectuar preguntas.  Se procede a efectuar una evaluación.  Analiza el video a través de una dinámica de lluvia de ideas.

 Se proyecta un video sensibilizador de Seguridad Ciudadana  Se procede a efectuar una evaluación de identidad  Conformación de equipos de trabajo para el análisis del Acuerdo nacional.  Se procede a efectuar una evaluación

 Analiza Plan Bicentenario  Se procede a efectuar una evaluación

 Se proyecta un video sensibilizador OP  Se procede a efectuar preguntas.  Se procede a efectuar una evaluación

ACTITUDINAL

   

Muestra interés Es proactivo Trabaja en equipo Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

RECURSOS  Video sobre Seguridad Ciudadana  Equipo multimedia.  Normas.  Material didáctico.

 Participación activa  Trabajo en equipo  Muestra interés

 Videos de S. C.  Equipo multimedia.  Normas.

 Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva  Muestra interés

 Video sobre s. c  Equipo multimedia.  Normas.

 Trabaja en equipo  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva  Muestra interés

 Videos  Equipo multimedia.  Normas.

 Participación activa  Trabajo en equipo  Muestra interés

 Participación activa  Sensibilización con el tema  Muestra interés

 Videos  Equipo multimedia.  Normas

 Videos  Equipo multimedia.  Normas

SEMANA ACADÉMICA OCTAVA SEMANA (04 horas)

 

NOVENA SEMANA (04 horas)

 

CONCEPTUAL Comités Regionales, Provinciales, Distritales Funciones integrantes. Plan nacional de Seguridad Ciudadana Victimización

DECIMA SEMANA (04 horas)

 Victimización  Percepción de Inseguridad Ciudadana

DECIMO PRIMERA SEMANA (04 horas)

 Percepción de la Inseguridad Ciudadana  Pacto por la Seguridad Ciudadana  Prevención del Delito, renovada cultura para reducir la victimización, ejecución del Plan nacional de seguridad ciudadana, apoyo a las iniciativas del pacto por la seguridad ciudadana

DECIMO SEGUNDA SEMANA (04 horas) DECIMO TERCERA SEMANA (04 horas)

INDICADORES DE LOGRO Operatoria Policial CONTENIDO PROCEDIMENTAL  Analiza Funciones de los Comités  Se procede a efectuar preguntas.  Analiza Plan nacional de seguridad Ciudadana y Victimización  Se procede a efectuar preguntas  Analiza los temas  Se procede a efectuar preguntas.  Se procede a efectuar una evaluación

RECURSOS

 Trabaja en equipo  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

 Videos Equipo multimedia.  Normas.

 Trabaja en equipo  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

 Videos  Equipo multimedia.  Normas

 Participación activa  Trabajo en equipo  Muestra interés

 Videos victimización  Equipo multimedia.  Normas

 Conformación de equipos de trabajo Se proyecta el Video.

 Trabaja en equipo  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

 Videos  Equipo multimedia.  Normas.

 Videos sobre Dirección de Seguridad Ciudadana  Preguntas

 Muestra de interés  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

 Videos sobre Seguridad Ciudadana  Equipo multimedia.  Normas.

 Trabaja en equipo  Sensibilización con el tema  Actitud reflexiva

 Videos  Computadora  Equipo multimedia.  Normas.

 EVALUACION PARCIAL II  Dirección de Seguridad Ciudadana  Misión  Objetivos  Funciones  Estructura  Competencia  Jurisdicción .

 Se proyecta un video sensibilizador:  Se procede a efectuar preguntas.

SEMANA ACADÉMICA DECIMO

ACTITUDINAL

. INDICADORES DE LOGRO Vigila y controla las fronteras según la Doctrina Policial CONTENIDO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ENTREGA D ETRABAJOS Y  Video  Sensibilización del

RECURSOS  Videos

QUINTA SEMANA (04 horas)

EXPOSICIONES ESTUDIO DE CASOS

DECIMO SEXTA SEMANA (04

V.

VI.

 Conformación de grupos de trabajo

tema  Actitud reflexiva

 Computadora  Equipo multimedia  Normas

 EVALUACION FINAL

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS A.

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se orientarán a la interacción permanente del docente con los alumnos y de ellos entre sí, priorizando el trabajo en equipo.

B.

Se promoverá el desarrollo de pensamiento crítico, la predisposición a la investigación, favoreciendo la exposición de sus conocimientos.

C.

Se emplearán todos los recursos didácticos disponibles y al alcance, con el fin de hacer agradable el proceso educativo.

EQUIPOS Y MATERIALES El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los equipos y materiales siguientes: MATERIALES Y MEDIOS AUDIOVISUALES Proveerá normatividad, libros, separatas, ficha de trabajo, así como empleará transparencias o videos para reforzar los contenidos. Video grabadora, computador, proyector multimedia, Internet, pizarra, plumón, y carpeta técnico pedagógica

VII. EVALUACIÓN La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo Policial. El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá: A.

Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del educando en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá Nota de intervenciones orales.

B.

Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete la realización de:

 Dos exámenes escritos parciales (7ª y 12ª semana), enmarcados en las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales; pudiendo, además, contener preguntas tipo desarrollo y situación

problema, en las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el pensamiento lógico.  Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y contenido. C.

Evaluación Sumativa al término de cada fase de aprendizaje, con la finalidad de comprobar el grado de conocimientos alcanzados; este tipo de evaluación consiste en la aplicación de dos exámenes escritos parciales (7ª y 12ª semana), impresos, de alternativa múltiple, pudiendo contener preguntas abiertas sobre situaciones-problema, en las que debe primar el empleo del razonamiento policial, y la capacidad crítica-reflexiva; y luego un examen final (16ª semana), de similar característica a la empleada en los exámenes parciales.

D.

El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General: PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4) 10 PEP

=

Promedio de Exámenes Parciales

PO = Prueba Oral TA = Trabajo de Investigación Monográfica EF = Examen Final VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA A. B.

DINSTDOC PNP. “Seguridad Ciudadana “. Lima – Perú.2001. DINSTDOC PNP. “Temas sobre Seguridad Ciudadana”. Lima – Perú.2001

SILABO SEGURIDAD CIUDADANA

PRIMERA SEMANA CUARTA SECION I UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad ciudadana? El concepto de seguridad ciudadana está relacionado con los derechos humanos vinculados a la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas y su patrimonio; responde a la necesidad de estar libres de temor y amenazas y está consignado en Constituciones y leyes, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. En el Perú de acuerdo a la Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamentación, es la acción integrada, multisectorial e intergubernamental, con base territorial y articulada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, con la finalidad de asegurar su protección y convivencia pacífica a través de la prevención, control y erradicación de la violencia, delitos, faltas y contravenciones; así como la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la rehabilitación y restauración social y la atención a las víctimas. La seguridad ciudadana o seguridad pública es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. En líneas generales, por seguridad ciudadana o seguridad pública, debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o grupos de autodefensa comunitaria, cuando el estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación. Seguridad Ciudadana se encarga de promover y fortalecer la aplicación de políticas públicas democráticas y eficaces en materia de seguridad ciudadana, alentando iniciativas que partan del ámbito local, con el fin de inscribirse dentro de una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia y

la criminalidad. Por ello, los esfuerzos del área se encuentran orientados a desarrollar programas e iniciativas que busquen fortalecer las bases de la seguridad ciudadana. ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Juntas Vecinales

Policía Nacional del Perú Ciudadana

Municipalidades

Sistema Nacional de Seguridad

JUNTAS VECINALES La Policía Nacional, desde agosto de 1997, por intermedio de la Dirección de Participación Ciudadana (DIRPACI-PNP), inició un programa de acercamiento a la ciudadanía con dos objetivos principales:  Retomar las positivas relaciones que siempre tuvo la Policía con la comunidad y que por acción del terrorismo se fueron deteriorando.  Trabajar juntos para luchar contra la criminalidad y la delincuencia. Para cumplir con los objetivos señalados, la Policía Nacional organizó progresivamente a la comunidad de Lima y del interior del país en Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, que se diferencian de las organizadas por los municipios, en que las de la Policía, están sólo orientadas a la seguridad vecinal y no abarcan otro tipo de responsabilidades, como, por ejemplo, la supervisión de la administración municipal, ornato, parques, jardines, etcétera. Este modelo de trabajo con la comunidad se convirtió en la palanca de cambio institucional. La Policía de hace una década salía con éxito del proceso subversivo, pero no encontraba el camino para reencontrarse con su comunidad. Las mutuas desconfianzas entre

ciudadanos y policías continuaban no obstante el proceso de pacificación. Estos inconvenientes progresivamente se fueron superando con la puesta en ejecución del programa de acercamiento a la comunidad, materializada en la organización de juntas vecinales de seguridad ciudadana, situación que permitió abrir nuevamente las positivas relaciones entre policías y vecinos.

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son agrupaciones comunales y vecinales, de ciudadanos, que se organizan en forma voluntaria y solidaria, que contribuyen al accionar de la Policía para mejorar los niveles de orden y seguridad de sus respectivas jurisdicciones y están integradas por personas honorables que residen o laboran en una misma cuadra, manzana, sector, barrio, conjunto habitacional, edificio, urbanización, localidad, Asentamiento Humano, Pueblo Joven, Comunidad Campesina o Nativa. Constituyen la célula básica de organización de participación de la población para la Seguridad Ciudadana.

Vecino vigilante

Es el ciudadano con altos valores cívicos, que en forma voluntaria integra y participa en forma activa en la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana; capacitado por la PNP en las disposiciones elementales y básicas sobre la materia y en los procedimientos preventivos de seguridad y la forma de apoyar y colaborar con la Policía para contribuir a elevar los índices de orden y seguridad de su respectivo domicilio, cuadra, manzana, sector, barrio, conjunto habitacional, edificio, urbanización, localidad, Asentamiento Humano, Pueblo Joven, Comunidad Campesina o Nativa.

TRINOMIO: PNP, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana es la célula básica del “Sistema Policial de Participación Ciudadana”. Contribuyen con información y participan en las actividades preventivas y la lucha contra todo tipo de violencia y para internalizar en el vecino la “conciencia de seguridad, espíritu comunitario y solidario”

MISIÓN Y PRINCIPIOS DE LAS JUNTAS VECINALES Tienen por misión desarrollar actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la PNP para mejorar la seguridad ciudadana. La Naturaleza de las Juntas Vecinales es: a. Voluntariado. - Su participación es voluntaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos. b. Vecinal. - Sus integrantes son vecinos por su lugar de residencia o laborar en el vecindario. c. Comunal. - Todas las acciones deben estar orientadas a la comunidad.

d. Permanente. - A partir de su creación su funcionamiento es continuo y sostenido. e. Especializada. - Las acciones están enmarcadas en materia de participación de la población para la seguridad ciudadana, evitando su distorsión f. Solidaria. - Su apoyo moral y material al prójimo es la base para tener aceptación dentro de la comunidad. g. Apolítica. - No se realiza o ejerce filiación ni actividad política partidaria, su fin es la tranquilidad y seguridad vecinal. h. Integradora. - Las acciones están orientadas al trabajo coordinado, en equipo e integradora con los vecinos y otras Juntas Vecinales colindantes.

SEGUNDA SECION PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LOS ACTOS DE LA JJVV DE SSCC. a. Espíritu de servicio a la comunidad. - Teniendo como mística y filosofía de trabajo el servicio social y comunitario. b. Respeto y Protección. - A la dignidad y a los derechos humanos. c. Vigilancia. - Alerta permanente para contribuir a las actividades preventivas realizadas por la Policía. d. Representatividad. - Estar integrados por todos los sectores sociales de la comunidad. e. Capacitación. - Serán permanentemente capacitados por la PNP sobre temas de seguridad ciudadana. f. Conciliación. - Tener como norma el servir como conciliadores en cada acto de conflicto por pequeña que sea esta.

g. Legalidad. - Todas las acciones y procedimientos deberán enmarcarse dentro del principio de legalidad, el estado de derecho, el debido proceso de conformidad a las normas vigentes. h. Respeto Mutuo. - Respeto irrestricto a los ciudadanos en sus derechos garantizados por la constitución y la Declaración de los Derechos Universales. i. Prioridad de Acción. - Brindar atención especial a grupos vulnerables que corren mayor riesgo de ser víctimas, como niños, ancianos, mujeres o discapacitados. j. Transparencia Pública. - Deberán actuar con total transparencia en el ejercicio de sus funciones, proyectando una solvencia moral y confianza plena k. dentro de la comunidad. k. El Comisario garantiza, bajo responsabilidad, la reserva de la información proporcionada por los integrantes de las Juntas Vecinales, para lo cual se debe disponer las medidas de seguridad integral y el trámite reservado de la información documentación, legajos y archivos.

ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Para determinar la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, el Comisario, dividirá su jurisdicción policial en zonas o cuadrantes bien definidos teniendo en consideración la extensión geográfica, el índice poblacional y la incidencia delictiva así como el Plan Catastral del distrito, la Junta Vecinal tendrá como mínimo 10 integrantes. a. La Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, integrada por “Vecinos Vigilantes” son vecinos voluntarios de una cuadra, manzana, sector, barrio, conjunto habitacional, edificio, urbanización, localidad, Asentamiento Humano, Pueblo Joven, Comunidad Campesina o Nativa, etc.. La Junta Vecinal, tendrá un (01) “Coordinador de Junta Vecinal”, el mismo que será elegido por el Comisario entre los integrantes de la Junta Vecinal a la que pertenece. b. Las Juntas Vecinales, ubicadas en una determinada zona o en una Organización Vecinal determinada (A.H., Urbanización, Cooperativa o Asociación de Vivienda) serán representados por un (01) “Coordinador Zonal " de acuerdo con la zonificación o distribución geográfica. c. Las Juntas Vecinales de las diversas zonas que comprende una jurisdicción Policial será representada por un (01) “Coordinador de Comisaría”, el mismo que será elegido entre los Coordinadores Zonales de la respectiva jurisdicción policial.

d. En caso de existir dos o más Comisarías en una determinada jurisdicción distrital el Coordinador Distrital será elegido entre los Coordinadores de Comisaría.

ESTRUCTURA DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA La base de la organización de la población en Seguridad Ciudadana, es la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana y para su funcionamiento contará con: a. El COORDINADOR de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. b. El Vecino Vigilante - SECRETARIO. c. El Vecino Vigilante - VOCAL. d. Los Vecinos Vigilantes integrantes de la Junta Vecinal. e. Cada Junta Vecinal deberá estar integrado por diez (10) vecinos como mínimo.

ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Cada Comisaría, para la conducción y supervisión de la participación ciudadana contarán con la siguiente organización interna: a. El Comisario. b. El Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y Proyección Social o Promotor designado por el Comisario. c. El Coordinador de Comisaría de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. d. Los Coordinadores Zonales (A.H., Urbanización, Cooperativa o Asociación de Vivienda) de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. e. Los Coordinadores de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

f. Los Vecinos Vigilantes integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

REQUISITOS PARA SER INTEGRANTES DE LAS JJ.VV.DE SC. Para integrar una Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana se requiere: 1. Ser peruano de nacimiento o por naturalización o extranjero con dos años de residencia en el país. 2. Mayor de edad. 3. Tener pleno goce de sus derechos civiles. 4. De reconocida honorabilidad (carecer de antecedentes penales, policiales, etc.). 5. Residir o laborar permanentemente en la localidad del lugar donde se conforma la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. SEGUNDA SEMANA PRIMERA SECION MUNICIPALIDADES Antes de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, las coordinaciones de los municipios con la Policía para reducir la criminalidad y la violencia en sus respectivas demarcaciones territoriales, eran esporádicas y estaban circunscritas a la preocupación e iniciativa personal del alcalde y del comisario. No existía un mecanismo de trabajo conjunto, ni procedimientos uniformes de coordinación entre éstos y menos con las otras autoridades locales y la comunidad organizada. Con la puesta en ejecución de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se llena este vacío, mediante la creación de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, entidades donde confluyen autoridades locales y ciudadanía para solucionar problemas comunes de seguridad. El alcalde tiene la función de presidir dichos comités. Los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana deben impulsar el trabajo en conjunto para que todos los sectores involucrados participen activamente (Educación, Salud, Fiscalía y el Poder Judicial) en acciones específicas de su quehacer profesional. Deben promover la

organización y la capacitación de la comunidad en tareas eminentemente preventivas e informativas. POLICIA NACIONAL DEL PERU La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de sus funciones. La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes Ley de la PNP 1267: 1. Garantizar, mantener y restablecer el orden Interno, Orden Público y la Seguridad Ciudadana 2. Mantener la paz y la convivencia social pacifica, garantizando la seguridad, tranquilidad y Orden Público. 3. Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en favor de la Seguridad Ciudadana. 4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del Patrimonio Público y Privado. 5. Garantizar el derecho de las personas y la protección de sus bienes, privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y abandono, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones. 6. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los Organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a Diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente ley. 7. Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales. 8. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente. 9. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos judiciales y otros derivados de la función policial.

10.

11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20. 21. 22. 23.

Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia. Investigar la desaparición y trata de personas. Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia. Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el control migratorio. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas de transporte en la red vial nacional. Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones. Participar subsidiariamente a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la seguridad de los Establecimientos Penitenciarios y en seguridad externa del traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la normatividad vigente. Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las entidades estatales correspondientes. Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación y de aquellos que se presuman como tales; así como la de los turistas y sus bienes. Participar en la Defensa nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico y social del país. Identificar a las personas con fines policiales. Participar en operaciones de paz convocadas por la Organización de las Naciones Unidas 8ONU9 Y OTROS Organismos Internacionales; y Y ejercer las demás funciones que le señale la Constitución, las leyes y sus reglamentos.

La estrategia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se viene dando en dos ámbitos claramente definidos: Para combatir la delincuencia organizada y, para disminuir la delincuencia común. El primer conjunto de acciones está orientadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia mayor, mediante el accionar de las direcciones especializadas; y el segundo tipo de medidas están centradas a luchar contra la delincuencia común, a través de la actuación de las unidades territoriales a nivel nacional. En la práctica, es difícil establecer una línea divisoria que señale con claridad

cuándo un hecho es un delito mayor y cuándo es un delito común. Por lo general, las unidades operativas de la Policía, sean estas especializadas o unidades territoriales, en el momento que se presenta un hecho policial actúan de inmediato. Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervención de una unidad especializada, entonces las unidades territoriales comunican de inmediato para que se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar el lugar para evitar la alteración de la escena del delito. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Ley 27933, es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. SEGUNDA SECION Antecedentes Históricos de la Seguridad Ciudadana en el Perú La inseguridad ciudadana es un fenómeno social de carácter estructural que históricamente se ha expresado a través del tiempo; y, que actualmente tiene especiales connotaciones dada su extrema violencia. El Perú no se escapa a esta realidad que debe ser comprendida y entendida por todos nosotros no sólo como un problema policial y judicial, sino, sobre todo, como un hecho de tipo económico social y cultural. La violencia social, es pues "un producto histórico, no surge de un día para otro. Una sociedad se va haciendo progresivamente violenta cuando en el proceso de su formación, los elementos que la componen no logran integrarse armónicamente; cuando las relaciones étnicas, económicas, de clase, de espacios regionales y de estructuración del Estado y la nación, no fluyen de manera continua. En el proceso histórico de conformación del Perú, las relaciones sociales han sido profundamente asimétricas, injustas y con tendencia a la dominación y explotación de unos sectores sobre otros, donde la violencia ha sido el punto focal de estas relaciones, desde el incanato, la conquista, la colonia y el periodo republicano hasta nuestros días". Podemos definir a la violencia social como la "utilización de la fuerza por un individuo o grupo, institucionalizado o no, contra otro individuo o grupo para someterlo, eliminando su libre consentimiento, atentando contra sus derechos fundamentales si hay resistencia y también induciéndolo a comportamientos violentos.

La violencia en sociedad, por tanto, es la producida y soportada por los seres humanos dentro de una organización social." La criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia contemporánea. Las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido. Lo cierto es que, actualmente, la ciudad, se ha convertido en el punto focal donde se potencia y diversifica la violencia. La masificación urbana por las continuas migraciones poblacionales viene creando desde hace años problemas de salubridad, vivienda y seguridad. La pobreza y el desempleo exacerban comportamientos violentos que afectan el orden público y la seguridad ciudadana. Los robos, los hurtos, la violación sistemática de las reglas de tránsito, los montones de basura acumulada por días en los sectores populares y la falta de respeto a las normas son las expresiones más notorias de una incontenible violencia en las ciudades que afecta el normal desarrollo de las actividades de la comunidad. Históricamente las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevado sus índices tornándose más agresivas y temerarias. En el caso de nuestro país se observa un fuerte incremento de homicidios en la década de los años ochenta y noventa, precisamente en el tiempo donde el terrorismo y el narcotráfico tuvieron su mayor desarrollo, incrementándose consecuentemente la tasa de criminalidad. La Policía Nacional del Perú y mucho antes la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, nacieron como instituciones preventivas y de investigación para servir tanto a la sociedad como al Estado y no como organizaciones represivas. La lucha contra la delincuencia ha sido y es uno de sus principales objetivos de la Policía Nacional, pero también lo son las acciones preventivas multisectoriales y de proyección social, con el propósito de buscar un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Es cierto que en la época del terrorismo la Policía Nacional derivó sus mejores recursos y medios para enfrentar la subversión, descuidando la seguridad de las calles y de los vecinos contra la delincuencia común y organizada. Sin embargo, pese a estas circunstancias, la Policía no dejó su razón de ser inherente a la sociedad, por el contrario, ante la escasez de efectivos policiales, buscó reencontrarse con su comunidad para trabajar juntos en seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. Por tanto, debemos entender que la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae fundamentalmente en el Estado. El Estado a nombre de la nación tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la comunidad y debe hacerlo por intermedio de las instancias correspondientes. En ese sentido, la Policía Nacional juega un rol importante, pero no el único, por cuanto existen de igual manera otras instituciones y organismos estatales que tienen injerencia en la seguridad local, como los municipios, el poder judicial y otros organismos públicos, dentro de sus linderos de competencia. Principales causas de la Inseguridad La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. La naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia urbana, de etiología no subversiva, obedece a muchos factores generadores de índole socioeconómica y cultural. Corresponde entonces identificar algunos de estos principales factores causales: 

  



 



La condición de pobreza, que impacta negativamente de múltiples maneras a un considerable segmento de la población peruana, privándola hasta de las condiciones elementales de la vida humana, en lo que algunos teóricos denominan como “violencia estructural”. Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza. El bajo nivel educativo promedio de la mayoría de la población del país. Los cambios acelerados en los patrones de vida de la población peruana, una de cuyas manifestaciones es un acelerado proceso de urbanización, generando este hecho desequilibrios en la oferta y demanda de los servicios básicos. El deterioro creciente de la calidad de la educación, el cual condiciona en la niñez y juventud la pérdida de expectativas y de confianza en la educación como un medio de asegurarse la movilidad social y el éxito y bienestar personal y familiar. La influencia perniciosa de los medios masivos de comunicación, que así exaltan el hedonismo, la violencia y la pornografía. La excesiva blandura e incluso venalidad en cuanto al juzgamiento de los que perpetran delitos vienen configurando una suerte de impunidad institucionalizada, situación está que pone en peligro la vigencia del estado de derecho del país. La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y seguridad necesarios para el normal desarrollo bio-psico-social del niño, imprimiendo en la personalidad de este grave daño de honda repercusión futura. En los

hogares donde se registra la violencia cotidiana, el niño crece con la autoestima severamente afectada y con probables predisposiciones a una conducta antisocial en el futuro repitiendo el círculo de violencia.  La declinación creciente de la vigencia de los valores positivos y el estímulo a una conducta consumista a ultranza, hecho que acentúa el individualismo y el ocaso de la solidaridad como elemento del amalgamiento social; el florecimiento de los valores negativos, etc.  La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase política del país, produce en la ciudadanía y la población en general un estado de desmoralización y un pésimo ejemplo a imitar, más aún cuando va asociada con la impunidad. Esto constituye un efecto de demostración práctica a los ojos de los grupos sociales con débil formación en valores. A este listado de causas que propician o alientan la actividad delictiva y que contribuyen a generar inseguridad, se pueden adicionar las profundas desigualdades sociales, la carencia de programas inclusivos para niños y jóvenes, el creciente estado de abandono material y moral de numerosos niños y adolescentes, la desintegración familiar, la crisis familiar, la ineficiencia de los operadores de justicia, los conflictos sociales, casos de políticos inescrupulosos, limitada prevención comunitaria, debilidad de la Sociedad Civil, mal uso de los espacios públicos, carencia de políticas comunicacionales positivas, elevado índice de accidentes de tránsito, la inestabilidad política y social, etc. Todos estos hechos producen o alientan efectos de la problemática de seguridad ciudadana, siendo los principales el creciente consumo de alcohol y drogas especialmente en niños y jóvenes, la prostitución clandestina, la explotación sexual infantil, la violencia grupal juvenil, la violencia familiar y sexual, la interiorización de conductas violentas, el arraigo de hábitos y estilos de vida nocivos, así como la delincuencia generalizada en algunos espacios públicos. Se observa por lo tanto que la inseguridad ciudadana tiene un origen multicausal que lo hace complejo y exige por lo tanto una solución multidisciplinaria y de carácter transversal, vale decir que se requiere del concurso de todas las instituciones comprometidas con la seguridad, propiedad, justicia, bienestar y calidad de vida de las personas. Para atender la inseguridad y aumento de la delincuencia la Ley del SINASEC privilegia las iniciativas preventivas y participativas cuyos efectos no siempre se observan en el corto plazo sino en conductas futuras, lo que evidenciará cambios culturales a nivel social y familiar. Seguridad pública La seguridad pública se refiere a la seguridad que brinda el Estado a la sociedad y su objetivo es el mantenimiento del orden público. En otras palabras: “En su definición tradicional, la seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público que se logra a través de los mecanismos de control penal y de las acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia.”

La seguridad pública abarca los aspectos punitivo y preventivo. El primero se sustenta en el castigo a los individuos considerados delincuentes a través de los mecanismos y acciones de control penal y de procuración e impartición de justicia, con base en el derecho, y justifica la eficacia de los cuerpos policiacos. El segundo atiende a las causas que originan las acciones violentas y la delincuencia. El aspecto preventivo considera dos ámbitos: “el de la gestión intergubernamental –que contempla la participación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para promover las políticas de seguridad con un enfoque ciudadano– y el de la multiplicidad de entornos ya sean de tipo social, cultural, económico o político, que condicionan la eficacia de la seguridad. TERCERA SEMANA PRIMERA SECION

Seguridad ciudadana, Observar el fenómeno de la inseguridad desde todos los ángulos permite entender que sus causas se encuentran principalmente en la desigualdad social, la falta de oportunidades educativas y laborales y el ingreso precario, todo lo cual ha redundado en un incremento de los fenómenos delictivos y de violencia, así como en la fractura de las sociedades y el deterioro del tejido social; en contrapartida, la conciencia de la necesidad de una participación cada vez más activa de la sociedad en los asuntos de interés público ha propiciado la creación de una forma más novedosa de la seguridad, la llamada seguridad ciudadana. La revisión bibliográfica arroja algunas variantes de las definiciones más difundidas: 1. La seguridad ciudadana no es solo la lucha contra el crimen, sino también es la creación colectiva de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. La seguridad ciudadana no es tarea exclusiva de los policías, serenos o ronderos, sino que incluye a todos los ciudadanos y a las instituciones del Estado. La seguridad ciudadana pone énfasis en las labores de prevención y control –antes que de represión– de los factores que generan violencia e inseguridad. Trabajando y demandando una mayor eficiencia en el aparato judicial, una mejor presentación de servicios públicos, entre otras funciones del Estado, estaremos atendiendo el problema de la inseguridad de las personas (Perú, 2003: 163). 2. La seguridad ciudadana incluye la seguridad jurídica, la seguridad social, la defensa del principio de legalidad y del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, el respeto a los derechos civiles y políticos, así como el derecho a tener condiciones económicas y José Luis Palacios Arzate / José de Jesús Sierra Velázquez 60 sociales que permitan el desarrollo de todas las potencialidades. Cuando las personas naturales y jurídicas pueden adelantar sus actividades, cuando sin temor a sufrir menoscabo o daño físico, psíquico, social, político, cultural, moral o patrimonial pueden ejercer responsable y libremente sus derechos y libertad, podemos afirmar que tenemos seguridad 3. “(…) puede concebirse de forma amplia como las condiciones que

generan un contexto que minimiza los riesgos y potencia el tejido social para que las personas, en tanto ciudadanos sujetos de derechos, puedan desarrollarse de acuerdo a los proyectos de vida que han definido. Si bien es cierto que la seguridad ciudadana surge de la noción de orden público, su visión compartida de la tarea de gobierno y ciudadanía, además de su propuesta de una política preventiva y no punitiva, hacen que responda con mayor certeza a las problemáticas actuales en materia de seguridad. Se parte entonces de que la seguridad es una tarea compartida y no exclusiva de la policía, sino incluyente, de ciudadanos (en sus diversas formas de organización, como clubes, ligas, ONG y asociaciones civiles) e instituciones gubernamentales. En la seguridad ciudadana predomina la sensación de confianza, pues el Estado debe ser garante de la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. El concepto de seguridad ciudadana: una perspectiva desde los estudios para la paz 61 Es requisito indispensable la participación social para mejorar las condiciones de sociabilidad y por tanto de seguridad. La seguridad ciudadana propone la multicausalidad para entender el fenómeno de la inseguridad, y sus soluciones son también múltiples, con ello presenta una noción de seguridad que no se concentra en los cuerpos policiacos y en la prevención más que en la represión. En otras palabras, la seguridad ciudadana integra un modelo proactivo en lugar de uno reactivo, y más que por el dominio del Estado, se inclina por la corresponsabilidad Estado-ciudadano. Son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. POLICIA NACIONAL La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y control las fronteras. LAS MUNICIPALIDADES

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. SEGUNDA SECION PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA PANDILLAJE  Hay un total de 12 mil 128 jóvenes y adultos que integran 410 pandillas en Lima Metropolitana.  Son responsables de cinco mil 318 hechos delictivos.  Lima Sur y Lima Norte concentran el mayor número de hechos delictivos cometidos por pandillas, con dos mil 235 hechos ilícitos y mil 70 faltas.  Los tres principales delitos penales cometidos por pandillas son en la modalidad contra el patrimonio (mil 620 casos), agresión (mil 264 casos) e interrupción del libre tránsito (840 casos). VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Es un fenómeno de alta complejidad, de naturaleza multicausal y expresión multidimensional, que afecta tanto a los individuos como a las sociedades.  Constituye un problema de suma gravedad que involucra a la mayoría de la población, que impide la construcción de relaciones democráticas al interior de una sociedad y entraña el riesgo del desborde social.  La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2004-2005) reporta que cada 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años en el Perú ha sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja. 

PORNOGRAFÍA Y/O COMERCIO SEXUAL INFANTIL    Durante el 2007, se ubicó más de 120 foros de habla hispana de Pornografía Infantil en Internet. (Redes de entre 80 a 150 miembros y otros conformados por más de 500 a 750 miembros).  El 30% de los consumidores de pornografía infantil en Internet termina

poniendo en práctica lo que ve en estos contenidos.  Una de cada 5 fotografías pornográficas en Internet es de un menor de edad4. La edad promedio de ingreso de un menor de edad en la industria pornográfica es de 12 años, aunque viene bajando. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS    El número de adictos a las bebidas alcohólicas pueden pasar del millón (1 000,000) de personas, estimándose que los elevados indicadores de consumo obedecen a varios factores, entre los que destacan la tolerancia social, creencias, mitos, disponibilidad, la presión social y los mecanismos de inducción y sensibilización al consumo particularmente en poblaciones especiales como son los adolescentes y jóvenes de ambos sexos.   TRATA DE PERSONAS    En el tema de trata de mujeres, del diagnóstico realizado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán sobre trata6 precisa de 38 casos estudiados de víctimas identificadas en 8 departamentos del Perú, casi la totalidad fueron mujeres y el 68% tenía entre 13 y 18 años, pero el 8% tenía entre 8 y 12 años de edad. INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO    Durante 2007 se produjeron 79,972 accidentes en todo el país. El 60 por ciento de los mismos ocurrió en Lima, generando un total de 653 muertos y 24,730 heridos.  En 2008 se registró una cifra similar a la del año anterior en muertos y heridos por efecto de colisiones y atropellos.  Mientras que en lo que va de 2009 ya han fallecido, sólo en Lima, más de 140 personas.  A nivel de la capital las proyecciones establecen que tres de cada cuatro personas mueren a consecuencia de atropellos, y sólo una deja de existir por efecto de un choque.  “Las estadísticas revelan además que al menos cuatro de cada diez accidentes fatales son ocasionados por vehículos de transporte público. Asimismo, que la mayoría de los siniestros se produce en las vías periféricas de la ciudad, en las que habita una población muy pobre.

CUARTA SEMANA PRIMERA SECION ACUERDO NACIONAL El Gobierno, en el año 2001 creó la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los servicios policiales, acercar más la Policía a la comunidad y dignificarla función policial mejorando los niveles de vida del personal. En septiembre de 2002 y para dar cumplimiento a la sétima política del Acuerdo Nacional, se constituyó la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Primer Vicepresidente de la República, con la finalidad de elaborar en el lapso de un mes un Informe de Seguridad Ciudadana. Cumplido el plazo, la Comisión puso a disposición del Jefe de Estado el documento correspondiente, en una de cuyas conclusiones señala la ausencia de una política integral del Estado para tratar el problema, cuya solución no es exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar con mucha decisión políticas preventivas y de control. De las propuestas de la Comisión de Seguridad Ciudadana remitidas por el Ejecutivo al Congreso de la República, siete se convirtieron en leyes:  Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  Ley 27934, que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. Que viene siendo reemplazado por el Decreto Legislativo 957 del 2004 el Nuevo Código Procesal penal.  Ley 27935, de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres.  Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la legítima defensa.  Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.  Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda. Ley 27939, que establece el procedimiento en casos de faltas y su modificatoria por ley 30076 del 18Jul2013. A.

POLÍTICAS DE ESTADO Democracia y Estado de Derecho:

1.

Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.

2.

Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos.

3.

Afirmación de la identidad nacional.

4.

Institucionalización del diálogo y la concertación.

5.

Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes.

6.

Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración.

7.

Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.

8.

Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.

9.

Política de Seguridad Nacional.

Equidad y Justicia Social: 01. Reducción de la pobreza 02. Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 03. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte 04. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social 05. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo 06. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición 07. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. Competitividad del País: 01. Afirmación de la economía social de mercado 02. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica 03. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 04. Desarrollo de la ciencia y la tecnología 05. Desarrollo en infraestructura y vivienda

06. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad 07. Política de desarrollo agrario y rural Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado : 01. Afirmación de un Estado eficiente y transparente 02. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia 03. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas 04. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas 05. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial 06. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa 07. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional 08. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. B.

DESARROLLO DE LA SÉTIMA POLÍTICA DEL ESTADO ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, FORTALECIMIENTO DEL CIVISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA Para esta política el Acuerdo Nacional se compromete a fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. Con este objetivo el Estado realizará las siguientes acciones: 1.

Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada.

2.

Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y

generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. 3.

Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres.

4.

Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia.

5.

Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación.

6.

Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana.

7.

Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución.

8.

Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía.

9.

Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana.

10. Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos a nivel nacional. El Acuerdo Nacional fue suscrito por el Presidente de la República el 22 de Julio del 2002, así como por los líderes de los partidos políticos, de las organizaciones sociales e instituciones religiosas. Después se realizaron ocho sesiones plenarias del Foro del Acuerdo Nacional para dar cumplimiento a las 29 políticas de Estado como base para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro.

Con DS. Nº. 105-2002-PCM, el Presidente de la República institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional. EL ACUERDO NACIONAL está dirigido a alcanzar cuatro grandes objetivos:  Democracia y Estado de Derecho.  Equidad y justicia social.  Competitividad del país.  Estado eficiente, transparente y descentralizado. Para el objetivo de Democracia y Estado de Derecho, el Acuerdo Nacional se compromete a:  Garantizar el pleno y cabal ejercicio de los derechos constitucionales, la celebración de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, la alternancia en el poder y el imperio de la Constitución bajo el principio del equilibrio de poderes.  Promover la vigencia del sistema de partidos políticos en todo el territorio nacional, así como el pleno respeto a las minorías democráticamente elegidas.  Consolidar una nación peruana integrada, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro, respetuosa de los valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural.  Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada.  Institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias, estableciendo mecanismos institucionalizados de concertación y control que garanticen la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas.  Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la firme adhesión del Perú a los tratados, normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los derechos humanos, la Carta de las Nacionales Unidades y la del Sistema Interamericano.  Mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y salvaguardia de los intereses nacionales. SEGUNDA SECION COMO POLÍTICAS DE ESTADO EN EL OBJETIVO DE DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO, EL ACUERDO NACIONAL SE COMPROMETE A: Primera Política de Estado. Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho.

Segunda Política de Estado. Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de Partidos. Tercera Política de Estado. Afirmación de la Identidad Nacional. Cuarta Política de Estado. Institucionalización del Diálogo y la Concertación. Quinta Política de Estado. Gobierno en función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes. Sexta Política de Estado. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Sétima Política de Estado. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Octava Política de Estado. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Novena Política de Estado. Política de seguridad nacional. PARA LA SÉPTIMA POLÍTICA "Erradicación de la violencia y fortalecimiento de civismo y la seguridad ciudadana", el Acuerdo Nacional se compromete a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. CON ESTE OBJETIVO EL ESTADO se consolidan las políticas específicas o los principios rectores: 1. Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, la integridad o la libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada. 2. Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos.

3. Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres. 4. Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia. 5. Fomentará la cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación. 6. Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana. 7. Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución. 8. Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país presidido por los alcaldes y conformado por representantes del sector público y de la ciudadanía. LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO El Gobierno, con RS.0965-2001-IN de octubre de 2001 creó la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los servicios policiales, acercar más la Policía a la comunidad y dignificar la función policial mejorando los niveles de vida del personal. En septiembre de 2002 y para dar cumplimiento a la sétima política del Acuerdo Nacional, se constituyó la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Primer Vicepresidente de la República, con la finalidad de elaborar en el lapso de un mes un Informe de Seguridad Ciudadana. Cumplido el plazo, la Comisión puso a disposición del Jefe de Estado el documento correspondiente, en una de cuyas conclusiones señala la ausencia de una política integral del Estado para tratar el problema, cuya solución no es exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar con mucha decisión políticas preventivas y de control. De las propuestas de la Comisión de Seguridad Ciudadana remitidas por el Ejecutivo al Congreso de la República, siete se convirtieron en leyes: • •

• • •

Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley 27934, que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. Que viene siendo reemplazado por el Decreto Legislativo 957 del 2004 el Nuevo Código Procesal penal. Ley 27935, de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la legítima defensa. Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

•

Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda. Ley 27939, que establece el procedimiento en casos de faltas y su modificatoria por ley 30076 del 18Jul2013 QUINTA SEMANA PRIMERA SECION PLAN BICENTENARIO El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 recoge dos años de trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia información, y llevado a cabo diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, fue el resultado de una profunda reflexión impulsada por la comisión que presidiera Eleonor Roosevelt, en la que participaron destacados intelectuales y políticos decididos a elaborar un documento que abriera una nueva época de paz y prosperidad para la humanidad. Los treinta artículos que la componen han servido de base para la aprobación de una larga serie de convenios, pactos y declaraciones que han llevado a la conformación de instancias internacionales para hacer efectivo su cumplimiento. Así, desde este virtual parlamento, se ha generado en la práctica una legislación supranacional de la humanidad que apuntala la democratización como una de las grandes tendencias del proceso actual de globalización. El Plan Bicentenario no puede dejar de evaluar el contexto internacional ni las mega - tendencias que se perfilan en el momento actual. La crisis del año 2008 parece marcar el fin de un ciclo y el ingreso a otro de larga duración, en el que el Estado recupera la capacidad reguladora a fin de evitar la repetición de la descontrolada espiral especulativa que condujo a la mayor crisis de la economía mundial en las últimas ocho décadas. La estabilidad macroeconómica y el equilibrio a los que aspiran los países no son ajenos en absoluto a la recuperación de la dinámica internacional. El siglo anuncia la redefinición de las hegemonías planetarias, el surgimiento de nuevas potencias y el afianzamiento de los entornos regionales. La recuperación de valores éticos e identidades culturales que nos afiancen como una sociedad bien organizada políticamente, de ciudadanos libres, y abierta a la región y al mundo, nos consolidará como una república sustentada en el Estado social de derecho. El Plan Bicentenario propone objetivos generales y específicos, precisa indicadores para avanzar hacia las metas fijadas y plantea programas

estratégicos. Una vez promulgado, se avanzará decisivamente en la formación del SINAPLAN. Así se articulará el Plan con los instrumentos financieros para que los programas estratégicos empiecen a ser provistos en el presupuesto general de la República. Luego se diseñarán los planes de mediano plazo y los planes multisectoriales, en coordinación con los planes regionales y municipales. El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez años. En un plan de largo plazo no es pertinente incluir una programación multianual, debido a que sus proyecciones involucran una alta incertidumbre. Por ello, en este Plan solo se presentan las metas de fin de periodo —como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía— y un conjunto de programas estratégicos de largo plazo, que permiten un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones públicas y privadas. El plan de largo plazo no es un plan de acción sino de orientación, y por ello requiere de una programación multianual para hacerse operativo. La programación multianual de mediano plazo, en la que se establecen metas anuales para periodos por lo regular de cinco años, tiene mayor nivel de detalle y constituye el principal instrumento para la ejecución del plan, con indicadores y metas que permiten un seguimiento y una evaluación efectivos para introducir los correctivos necesarios o efectuar las reformulaciones ue correspondan en caso de que las condiciones del entorno varíen. Por su parte, los planes sectoriales y regionales desarrollan con aún mayor detalle los objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidos en los planes nacionales, manteniendo con estos la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional. La propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan estratégico de desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución, donde se establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De allí que el primer objetivo nacional del Plan Bicentenario, que determina y orienta la propuesta de este plan de largo plazo, es lograr la vigencia plena de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Ello requiere erradicar la pobreza y la pobreza extrema y eliminar las barreras sociales, de género, culturales y de todo tipo que limitan las libertades humanas y la posibilidad de que todas las personas puedan realizar su máximo potencial como seres humanos. Este objetivo concuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce la libertad, la justicia, la paz y la dignidad intrínseca de las personas como derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere de políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la igualdad

de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos. Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades para el acceso a una buena educación y salud, a una adecuada alimentación, así como a los servicios de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones. En esta materia, el Plan propone dejar progresivamente atrás el asistencialismo y reorientar el gasto social y la lucha contra la pobreza hacia programas habilitadores de capacidades y promotores de desarrollo productivo. Asimismo, plantea concentrar el esfuerzo público en reducir de manera sustantiva, y de ser posible erradicar, la desnutrición crónica y la mortalidad infantil para el año 2021, así como garantizar el acceso a los servicios de agua y desagüe y una buena atención de salud para todos los peruanos. El acceso a una educación de calidad es un requisito esencial para lograr el desarrollo humano, y constituye la base para la superación individual y el éxito económico de las personas, y también para la conformación de una sociedad solidaria y con valores éticos. SEGUNDA SECION PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL MININTER PRESENTACION La elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Interior (PESEM) 2016 - 2021, se enmarca en los lineamientos metodológicos normados por CEPLAN, y ha sido formulado con la participación de directivos, funcionarios y personal del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y los organismos adscritos al Sector Interior: La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, la Superintendencia Nacional de Migraciones y Naturalización - MIGRACIONES, la Oficina Nacional de Gobierno Interior - ONAGI, y recientemente el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. ANTECEDENTES El PESEM del Sector Interior 2016-2021 se enmarca dentro de la metodología vigente establecida por el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento. Las cuatro fases del proceso de Planeamiento Estratégico, son:  Análisis prospectivo,  Fase estratégica,  Fase institucional y  Fase de seguimiento, necesarias para el proceso de gestión estratégica en las entidades públicas. SÍNTESIS DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS PROSPECTIVO El Equipo de Trabajo ejecutó la Fase de Análisis Prospectivo del Planeamiento Prospectivo del Sector Interior, cuya síntesis se presenta a continuación:

1. Modelo Conceptual A continuación se describen algunas características de las temáticas del Sector Interior identificadas por el Equipo Técnico de Trabajo y que conformarán el modelo conceptual. Orden Interno En general, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP) busca fundamentalmente garantizar y restablecer el orden interno del País. Para entender la labor policial en el ejercicio de la convivencia social caracterizado por la primacía de justicia orden y libertad, enmarcado dentro de los Derechos Humanos se considera “Orden” que abarca el concepto de una sociedad organizada la cual se expresa formalmente a través de normas e instituciones públicas que se encargan de elaborar, aplicar y hacer respetar dicha norma, es decir la vigencia de ese orden depende de la totalidad de los miembros del Estado. Según Rubio (2006), el Orden Interno permite que las autoridades ejerzan sus competencias y atribuciones, y las personas sus derechos y libertades, garantizando la existencia, estabilidad y soberanía del Estado; con la finalidad de asegurar la coexistencia pacífica en general y, consecuentemente, permitir el logro del fin supremo del Estado y la sociedad. El Orden Interno es sinónimo de orden policial, ya que a través de la actividad que este implica se evita todo desorden, desbarajuste, trastorno, alteración, revuelo, agitación, disturbio, etc., que pudieran provocar individual o colectivamente miembros de la ciudadanía. Con ello se preserva la armonía necesaria para alcanzar los fines que la sociedad persigue. Seguridad Ciudadana Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático, sino que tiene amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano está ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones. La primera la define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica. Por ello, la Seguridad Ciudadana, incluye a todos los delitos contra las

personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las personas o a su patrimonio.

El Orden Público puede ser impuesto mediante coerción y coacción por el Estado porque es normativo e imperativo. Por ello se puede mencionar que el Orden Publico tiene por finalidad de lograr la realización social de los miembros del Estado, en cumplimiento del mandato constitucional. Finalmente, tal como señala el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, se determina la seguridad ciudadana como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí que, para resolver este problema, se requiere evaluar el diseño de la política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo (Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018). DIFERENCIAS 1.

El objetivo principal de la seguridad ciudadana es luchar contra la violencia delictiva, sobre todo a nivel local para reducir el crimen mayor. Mientras que las acciones de orden

público se orientan a garantizar la tranquilidad, la seguridad, la moralidad y la salubridad de una colectividad a nivel nacional.  2. Las alteraciones del orden interno son eventuales y su resquebrajamiento afecta a la integridad del Estado. Las alteraciones del orden público y de la seguridad ciudadana son permanentes y se producen diariamente y en forma continua en cada demarcación territorial y afectan a la comunidad en general.   3. El orden interno es la finalidad fundamental de la PNP señalada en el artículo 166 de la Constitución Política. El orden público y la seguridad ciudadana son sus objetivos principales SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA SEGURIDAD CIUDADANA EL ORDEN PÚBLICO YORDEN INTERNO 1. El orden interno es el conjunto de acciones que desarrolla la Policía Nacional para garantizarla seguridad del Estado, del sistema de gobierno y de sus instituciones. El orden público y la seguridad ciudadana están orientados a otorgar seguridad a la sociedad. 2. El orden interno es responsabilidad del Estado, a cargo de la Policía Nacional en tiempos de normalidad y de las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia, sólo cuando lo disponga el Presidente de la República. 3. El orden público es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado a través de la Policía Nacional para evitar alteraciones y garantizar la tranquilidad de las personas en las calles y recintos públicos. 4. El orden público es responsabilidad de la Policía Nacional. La seguridad ciudadana es de responsabilidad multisectorial. 5. El orden interno y el orden público tienen ámbito nacional. La seguridad ciudadana debe combatirse desde el ámbito local para evitar el desarrollo de la delincuencia organizada. 6. El orden público tiene que ver con alteraciones en las calles y recintos públicos. 7. Cuando las acciones contra el orden público se tornan difíciles y afectan al Estado, estas ingresan al campo de responsabilidad del orden interno. 8. La seguridad ciudadana está orientada a la lucha contra la criminalidad y la violencia con apoyo de la comunidad y de las autoridades locales. 9. Los tres conceptos tienden a eliminar riesgos y amenazas. Están reguladas por el Derecho, la Constitución y las leyes; y son responsabilidad del Estado. 10. Los tres conceptos deben actuar bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos.

11. Los tres conceptos velan por la tranquilidad, la paz social, y buscan mantener el equilibrio social. CUADRO DE RIESGOS

SEXTA SEMANA PRIMERA SECION Gestión Estratégica Sectorial Según CEPLAN (2014), la Gestión Estratégica es la integración del Planeamiento Estratégico con la ejecución de recursos de una entidad para la generación continua de valor público orientada al ciudadano. Es el proceso de toma de decisiones en base a la información generada en el proceso de Planeamiento Estratégico para monitorear las tendencias y fuerzas externas, así como su desempeño interno de manera continua, actualizando la información en el camino, y revisando la estrategia cuando sea necesario. Asimismo, la Gestión Estratégica se considera como un sistema de gestión que integra la planificación, ejecución, medición, asignación de recursos y retroalimentación como un proceso continuo orientado al cambio en las entidades públicas. Es el proceso que se da sobre la marcha. En tal sentido, la Gestión Estratégica Sectorial se orienta al desarrollo de los servicios brindados por el Sector Interior a nivel nacional, lo cual es fundamental para construir el proceso de desarrollo, es decir, la inclusión de la participación de los sectores y unidades territoriales como principio se convierte en el proceso básico de democratización de la planificación sectorial y territorial del Sector Interior.

ESTRUCTURA DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SECTOR INTERIOR Pilares: Ciudadano Seguro Seguridad ciudadana

Orden Interno

Gestión Estratégica Sectorial

MODELO CONCEPTUAL  Delitos y faltas contra el patrimonio (delitos y hurtos)  Delitos contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones, homicidios, violación de la libertad sexual)  Otros delitos y faltas  Control de servicios de seguridad privada, armas de fuego municiones y explosivos  Participación de la sociedad civil, comunidad organizada, sector privado medios de comunicación y ciudadanía  Conflictos sociales  Respuestas de emergencia y atención de desastres  Seguridad vial  Uso de la fuerza y protección de los DDFF.

SEGURIDAD CIUDADANA CIUDADANO SEGURO Gestión Estratégica Sectorial  Operación y gestión  Talento Humano  Infraestructura  Equipamiento  Tecnología  Gobierno electrónico y TIC  Bienestar  Coordinación intersectorial Coordinación intergubernamental

2. Identificación y Análisis de Tendencia Debido al fenómeno de la globalización algunas de las megas tendencias mundiales influyen de manera directa en las tendencias nacionales y estas a su vez en los componentes del sector. Para identificar las tendencias que influyen en el Sector Interior se empleó el “modelo de oferta y demanda de los componentes”. Este modelo permitió identificar cuáles, de las múltiples tendencias del entorno, tienen un mayor o menor grado de influencia en los componentes en el Sector. Con el concurso de expertos y recurriendo a documentación especializada, primero se identificaron las mega tendencias que influyen en las tendencias nacionales, las que a su vez están incidiendo en los componentes del Sector Interior, conformándose así la cadena de demanda. Asimismo, como se muestra en el Gráfico N° 04, se determinaron las acciones estratégicas requeridas para enfrentar los problemas (incidencias del sector) que presentan los componentes del sector Interior, conformándose así la cadena de oferta del modelo. ESCENARIO APUESTA

Al 2021, hito importante del país por ser el bicentenario de nuestra independencia, el Perú ha superado los problemas más críticos de Orden Interno, Orden Público y Seguridad Ciudadana. Uno de los problemas más complejos de Orden Interno es el tráfico ilícito de drogas. El 2015 se iniciaron las operaciones policiales de interdicción aérea para evitar el ingreso de avionetas a las zonas de producción de droga, se incrementaron los operativos interinstitucionales (PNP, MP, SUNAT) en puertos, aeropuertos, zonas de frontera para el decomiso de drogas ilícitas. Estas acciones se han mantenido en los últimos cuatro años, incrementando su efectividad, permitiendo que el 2021 se decomisaran 35,000 kilogramos de drogas cocaínicas. Otro de los delitos de Orden Interno es el terrorismo. Aun cuando el terrorismo armado está muy disminuido, han aparecido otras modalidades de terrorismo al que se tiene que combatir. Del total de delincuentes terroristas identificados en el año 2015, se logró capturar al 5.7% de ellos. A partir del 2016 se inició el fortalecimiento de las unidades de inteligencia estratégica, se mejoraron las capacidades del personal de la PNP conformando nuevos cuadros de especialistas para combatir el terrorismo. La efectiva actuación de estas unidades ha hecho posible que en el año 2021 se hayan capturado a importantes elementos terroristas. Esta disminución del terrorismo se manifiesta en la reducción drástica del accionar de los grupos terroristas que de 180 acciones terroristas que ocurrieron en el año 2015, en el año 2021 solo se dieron 47. Para mejorar la seguridad ciudadana es importante la participación de otras instancias además de la PNP, tales como Gobiernos nacionales y locales, sociedad civil, comunidad organizada. Siendo un claro ejemplo de estas acciones conjuntas el patrullaje integrado de la PNP y el Serenazgo de las municipalidades. Para conocer el resultado de este programa en el año 2015, se le encuestó a la población de 15 y más años de edad, del área urbana si en su barrio existía vigilancia de patrullaje integrado y solo del 8.3% su respuesta fue afirmativa. A partir del 2016 la PNP con el concurso de los comisarios inició una campaña permanente para que las municipalidades participaran en el programa de patrullaje integrado, habiendo logrado su cometido, dado que en el año 2021 el 35%.de la población consultada manifestó que había patrullaje integrado en su barrio. Acciones Estratégicas: 1. Dinamizar la participación de las instituciones públicas y privadas, Gobiernos Regionales y Locales, sector privado, medios de comunicación y la ciudadanía para prevenir y afrontar la inseguridad ciudadana, en el marco del SINASEC. 2. Impulsar la implementación del Programa Barrio Seguro para garantizar la cobertura de la vigilancia policial en todos los barrios del país y asegurar su integración con los Serenazgo municipales.

3. Desarrollar programas preventivos (Gobiernos Regionales y Locales, Empresas Privadas y otros) dirigida a la ciudadanía que permita contar con acciones preventivas de seguridad ciudadana. 4. Combatir la delincuencia común por delitos y faltas con especial énfasis en las zonas de mayor incidencia, a través de un Sistema de Información. 5. Mejorar la atención en los casos de violencia familiar y sexual, articulando los protocolos de actuación conjunta (PNP, MIMP, Gobiernos Subnacionales y otros) para la atención de víctimas. 6 Implementar un sistema nacional de información interoperable con acceso en línea (RENIEC, PNP, Gobiernos Regionales y Locales, SUCAMEC, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, SUNARP, PJ) que permita identificar a las personas y verificar la procedencia, lugar, antigüedad, vigencia de autorizaciones de armas, municiones y explosivos y otros registros como antecedentes policiales, penal, judicial, propiedades, construcción civil, entre otros. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA De acuerdo a las temáticas y problemática del Sector, las acciones estratégicas priorizadas son las relacionadas a Seguridad Ciudadana, luego a las que contribuyen a garantizar el Orden Interno, y finalmente el Orden Público. Y como eje transversal que de sostén a los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el PESEM se tiene a al proceso de reingeniería institucional del Sector Interior que tiene como propósito afianzar y mejorar los servicios que la ciudadanía demanda a través de la implementación de la Política de Modernización de la Gestión.

RUTA ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS DEL SECTOR INTERIOR Ruta estratégica de los Objetivos del Sector Interior Objetivo

PRIORIDAD

PRIORIDAD

PRIORIDAD

1

2

3

Objetivo 1 Seguridad Ciudadana

Objetivo 2 Orden Interno

Objetivo 4 Gestión estratégica sectorial

Objetivo 3 Orden Público

SEGUNDA SECION SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLITICA DE ESTADO Este gobierno ha diseñado una Política Pública de SC con vigencia a mediano plazo, la cual se encuentra plasmada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 -2018, aprobado mediante DS Nº 012-2013-IN En la línea de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es eminentemente una gestión orientada a brindar resultados al servicio del ciudadano. El Plan establece la visión, objetivos, actividades y metas para enfrentar la inseguridad, la violencia y el delito en el país.

SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICA DE ESTADO

SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICA DE ESTADO

SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICA DE ESTADO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CREACION El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Ley 27933, es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. Se caracteriza por tener una dinámica intersectorial e intergubernamental, cuya presidencia recae, en el caso del CONASEC, en la Presidencia del Consejo de Ministros; en el presidente del Gobierno regional en el caso de los comités regionales y en los alcaldes tratándose de los comités provinciales y distritales. A esta autoridad, se agrega la presencia de los responsables de los diversos sectores del Estado, que implica no solo a la institución encargada de la lucha contra el delito, sino a las demás instituciones relacionadas con la administración de justicia penal (Poder Judicial, Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario); asimismo, se convoca a las demás instituciones del Estado para coordinar acciones integrales que aborden una perspectiva preventiva o de protección de derechos (Defensoría del Pueblo y sectores Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social) y a la representación de la ciudadanía (juntas vecinales, rondas campesinas y gremios que agrupan a las empresas de seguridad privada). FINALIDAD La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana. Componentes del Sistema: a. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con su Secretaría Técnica. b. Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. c. Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. d. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEFINICION El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el máximo organismo del Sistema, encargado de la formulación, conducción y evaluación de

las políticas, planes y actividades de alcance nacional vinculados a la seguridad ciudadana, con autonomía funcional y técnica. INTEGRANTES a. El Ministro del Interior, quien la preside. b. El Ministro de Justicia o su representante. c. El Ministro de Salud o su representante. d. El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. e. Un representante de la Corte Suprema de Justicia. f. El Fiscal de la Nación o su representante. g. El Defensor del Pueblo o su representante h. Dos Presidentes Regionales o sus representantes. i. El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante. j. Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor número de electores o sus representantes. Todos los miembros titulares del CONASEC son responsables de participar y asistir personalmente a las sesiones. El CONASEC podrá invitar a especialistas en la materia y a representantes de las instituciones públicas y privadas no integrantes del Consejo que estime pertinente. Para el cumplimiento de sus fines, podrá conformar equipos de trabajo con participación de profesionales especializados.

Atribuciones: a. Dictar directivas sobre Seguridad Ciudadana. b. Impulsar proyectos nacionales, regionales, provinciales y distritales en materia de Seguridad Ciudadana. c. Absolver consultas que se formulasen sobre Seguridad Ciudadana en el ámbito nacional. d. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales, ONGS, empresas privadas, Ministerios de Educación, Salud, Justicia y otros organismos del Estado. Secretaría Técnica: Es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la política, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional; contará con profesionales, técnicos y especialistas en temas de seguridad ciudadana. SEPTIMA SEMANA I EXAMEN PARCIAL

OCTAVA SEMANA PRIMERA SECION COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES FUNCIONES COMITES REGIONALES El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana, en el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el CONASEC. Articula las relaciones entre las diversas entidades públicas y privadas que forman parte del SINASEC a nivel regional. Cuenta con una Secretaría Técnica. FUNCIONES Son funciones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), además de las establecidas en la Ley N° 27933 y sus modificatorias, las siguientes:

a. Aprobar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana. b. Aprobar los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito regional. c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana. d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, en concordancia de las políticas nacionales y regionales. e. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC en el ámbito regional. f. Realizar por lo menos una consulta pública trimestral para informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel regional, conforme lo establecido en el artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. g. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, así como al Presidente Regional y los miembros del Consejo Regional, sobre los avances en la implementación de los planes de seguridad ciudadana. h. Asesorar a los órganos de ejecución provinciales de sus respectivas circunscripciones territoriales en la coordinación e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito regional. j. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y observatorios regionales de seguridad ciudadana. k. Otras que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. INTEGRANTES a. El Presidente del Gobierno Regional, quien lo preside. El cargo de Presidente del CORESEC es indelegable, bajo responsabilidad. b. El Gobernador Regional. c. El jefe policial de mayor graduación que preste servicios en la jurisdicción del Gobierno Regional. d. El Director Regional de Educación o el funcionario que haga sus veces. e. El Director Regional de Salud o el funcionario que haga sus veces. f. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo o el funcionario que haga sus veces.

g. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. h. Un representante del Ministerio Público, designado en la forma que sea establecida por la Fiscalía de la Nación. i. El responsable de la Oficina Defensorial de la región. j. Tres alcaldes de las provincias de la región que cuenten con el mayor número de electores. k. Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional, quien será elegido y acreditado conforme al procedimiento que se establezca en el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú, que deberá elaborarse de acuerdo a lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento. Los miembros de instituciones y organizaciones que integran el CORESEC en calidad de representantes deberán ser acreditados ante el Presidente del Comité. De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de entidades públicas y privadas, así como representantes de organizaciones sociales que considere pertinente. Todos los miembros titulares del CORESEC están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. Para el cumplimiento de sus fines, los CORESEC podrán conformar equipos de trabajo con participación de profesionales especializados. COMITES PROVINCIALES El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel provincial. Cuenta con una Secretaría Técnica. FUNCIONES Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), además de las establecidas en la Ley N° 27933 y sus modificatorias, las

siguientes: a. Aprobar el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana (PPSC) b. Aprobar los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito provincial c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los comités distritales de seguridad ciudadana. d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en su provincia. e. Formular recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC en el ámbito provincial. f. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel provincial, conforme lo establecido en el artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. g. Asesorar a los órganos de ejecución distritales de sus respectivas circunscripciones territoriales en la coordinación e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. h. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo Municipal Provincial correspondientes, sobre los avances en la implementación de los planes de seguridad ciudadana. i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito provincial. j. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y observatorios provinciales de seguridad ciudadana. k. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana correspondiente. SEGUNDA SECION INTEGRANTES Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) están integrados por los siguientes miembros: a. El Alcalde Provincial, quien presidirá el Comité. El cargo de Presidente del COPROSEC es indelegable, bajo responsabilidad. b. El Gobernador Provincial.

c. El jefe policial de mayor grado que preste servicios en la provincia. d. El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local con jurisdicción en la provincia. e. La autoridad de salud de la jurisdicción o su representante. f. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. g. Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción. h. Un representante del responsable de la Oficina Defensorial correspondiente. i. Tres Alcaldes de los distritos de la provincia que cuenten con el mayor número de electores. j. Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú, quien será elegido y acreditado conforme al procedimiento que establezca el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú. k. Un representante de las Rondas Campesinas existentes en la provincia. Los miembros de instituciones y organizaciones que integran el COPROSEC en calidad de representantes, deberán ser acreditados ante el presidente del Comité. De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana podrá incorporar a representantes de otras entidades públicas y privadas que considere pertinente, así como a los representantes de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Comités de Autodefensa, si los hubiere u otras organizaciones sociales. Todos los miembros titulares del COPROSEC están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. Para el cumplimiento de sus fines, los COPROSEC podrán conformar equipos de trabajo con participación de profesionales especializados. DISTRITALES El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital. Cuenta con una Secretaría Técnica.

FUNCIONES Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), además de las establecidas en la Ley N° 27933 y sus modificatorias, las siguientes: a. Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana (PDSC). b. Aprobar los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en el ámbito distrital. c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de la jurisdicción distrital, en coordinación con el Comité Provincial correspondiente. d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en su distrito. e. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC en el ámbito distrital. f. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel distrital, conforme lo establecido en el artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. g. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo Provincial correspondiente, así como al Concejo Municipal Distrital sobre los avances en la implementación de los planes de seguridad ciudadana. h. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y observatorios provinciales de seguridad ciudadana. i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito distrital. j. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los Comités Regional y Provincial correspondientes. INTEGRANTES a. El Alcalde Distrital de la jurisdicción, quien presidirá el Comité. El cargo de Presidente del CODISEC es indelegable, bajo responsabilidad. b. El Gobernador Distrital. c. El Comisario de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el distrito. En caso de existir más de una comisaría con jurisdicciones distintas, dentro de una misma demarcación distrital, cada comisario forma parte integrante del comité distrital.

d. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción. e. Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción. f. Dos Alcaldes de Municipalidades de Centros Poblados menores. En caso de existir más de dos Centros Poblados en la jurisdicción del Distrito, los miembros del CODISEC elegirán a los alcaldes que integrarán el Comité. g. El representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional, elegido y acreditado conforme al procedimiento que establezca el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú. h. Un representante de las Rondas Campesinas existentes en el distrito. Los miembros de las instituciones y organizaciones que integran el CODISEC en calidad de representantes, deberán ser acreditados ante el presidente del Comité. De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial y con el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de entidades públicas y privadas que considere pertinente, en particular a las autoridades educativas y sanitarias de la jurisdicción, así como a los representantes de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y los Comités de Autodefensa, si los hubiere, u otras organizaciones sociales. Todos los miembros titulares del CODISEC están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. Para el cumplimiento de sus fines, los CODISEC podrán conformar equipos de trabajo con participación de profesionales especializados. RÉGIMEN ECONÓMICO: Constituyen recursos de los órganos componentes del Sistema los siguientes: a.  Los que comprometen las instituciones y sectores del Estado componentes del Sistema para el cumplimiento de las acciones que les competa. b.  Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación internacional, así como las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas legales vigentes. c.  Los demás que le sean designados.

NOVENA SEMANA PRIMERA SECION PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PRESENTACIÓN La seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la población peruana. A lo largo de los últimos veinte años, su abordaje ha merecido diversos enfoques y tratamientos por parte de las autoridades, pero con escaso éxito hasta hoy. Y es que la seguridad ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea. La inseguridad, la violencia y el delito no son problemas que solo merecen respuestas de contingencia; en verdad, requieren un tratamiento integral y holístico, de procesos de mediano y largo plazo. Los desafíos son múltiples y complejos. La seguridad ciudadana exige tomar medidas oportunas y eficaces —en especial por parte de los decisores políticos— que permitan remover los obstáculos de carácter estructural y cultural profundamente arraigados en los sistemas de administración del Estado. En ese sentido, la tarea es compleja. Al inicio de nuestra gestión, asumimos esos desafíos al posicionar la seguridad ciudadana como un tema prioritario de las políticas públicas del sector Interior. Desde esa perspectiva, al amparo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República, se conformaron comisiones y grupos de trabajo, asesorados por un equipo técnico multidisciplinario. Esas comisiones y grupos de trabajo permitieron, en una primera instancia, expedir las normas necesarias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). El desafío siguiente consistía en diseñar una política pública de seguridad ciudadana con vigencia de varios años. Uno de los grandes obstáculos para alcanzar ese propósito es la carencia de un sistema integrado de gestión de la información delictiva. La información generada por diferentes operadores se encuentra dispersa y fragmentada. Como consecuencia de ello, los procesos de formulación de diagnósticos en materia de seguridad ciudadana no se acompañan ni se nutren de información pública integrada y confiable. Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño de políticas públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas. En un escenario en el que falte la información bien sistematizada, los procesos de análisis del problema, por parte del Estado, se dificultan en extremo. VISION País seguro, inclusivo, moderno, al servicio de las personas, donde los peruanos desarrollan sus máximas potencialidades.

MISION El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y la sociedad civil que establece las políticas, estrategias y acciones orientadas a garantizar la seguridad, paz y tranquilidad a nivel nacional. Para ello, coordina eficientemente la acción del Estado y promueve la participación ciudadana. METAS Indicador de Desempeño Línea de Base Meta del Indicador de Desempeño Medios de Verificación Porcentaje de Victimización personal 36.6% (2012) Reducir al 25% de victimización personal al 2018 ENAPRES – INEI (Datos a nivel departamental) OBJETIVOS Con este propósito, el presente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018 —en adelante, el Plan— recoge y sistematiza los aportes no solo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), sino también de la sociedad civil organizada, el sector privado y académico, especialistas y vecinos. Se han definido los siguientes seis (6) objetivos estratégicos en el horizonte 20132018: 1. Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido 2. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano 3. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos 4. Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana 5. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana 1 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) participó en distintas mesas de trabajo en las principales ciudades del país y recibió alrededor de doscientos comentarios y recomendaciones que fueron incorporados al Plan. 6. Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia En este marco de referencia, el Plan se propone, por un lado, reducir los índices de criminalidad, y, por otro lado, incrementar la eficacia de las acciones conducentes a combatir el crimen y a prevenir el delito. Entre otras variables, se deberá disminuir el porcentaje de víctimas personales, la tasa de homicidios y el porcentaje de personas privadas de libertad, así como el porcentaje de reingresantes a penales. Asimismo, se deberá reducir el porcentaje de mujeres víctimas de violencia, y se deberá luchar contra la prevalencia del consumo de drogas ilegales tales como la cocaína, la marihuana, la pasta básica

de cocaína (PBC), entre otros factores. Todas estas variables están vinculadas, directa e indirectamente, a la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Sin embargo, la implementación y los resultados del Plan se concretarán solo si se asume un liderazgo político firme y un compromiso público-privado para realizar, con oportunidad y eficacia, los planes anuales en los tres niveles de gobierno. Se requiere, además, la presencia y acompañamiento de un ente rector. Una vez aprobado el Plan por los actores pertinentes, necesitamos rediseñar y costear los planes, programas y proyectos que se desprendan de aquel, estableciendo las estrategias para su financiamiento. Un plan sin recursos es solo un documento formal, sin mayor trascendencia de acción sobre la realidad concreta. Por esa razón, es importante señalar que también los planes, programas y proyectos vinculados al Plan deben tener prioridad nacional, por lo cual la ejecución, el monitoreo y la evaluación periódica se convertirán en un factor clave de éxito. La política nacional de seguridad ciudadana que planteamos hoy mediante este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 se constituye, entonces, en una respuesta pública integral y participativa contra la violencia y la delincuencia en el Perú. Los invitamos a su lectura y a su compromiso por su puesta en marcha, para lograr una convivencia pacífica que garantice la democracia y la prosperidad de las próximas generaciones en el Perú. MARCO CONCEPTUAL En este primer capítulo del Plan, se presentan los conceptos más importantes para entender la problemática que atañe a la seguridad ciudadana. Asimismo, se explicita el enfoque adoptado en la política de seguridad ciudadana. Aproximación al concepto de seguridad ciudadana Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático. Por el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones. La primera la define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica. Aunque esta definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el

secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las personas o a su patrimonio». La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales.5 Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad pública, seguridad interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o de determinado orden político.6 El analista Fernando Carrión señala que la seguridad ciudadana se diferencia de la seguridad pública en que esta última se constituye desde una perspectiva Estado-céntrica y la primera desde una concepción ciudadana en la que el Estado resulta ser uno de varios elementos.7 En los últimos años, el concepto de convivencia social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En efecto, ambos conceptos se basan en la promoción de la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento.8 En este contexto, la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con mayor detalle, el reglamento del SINASEC, aprobado mediante Decreto Supremo 012- 2003-IN, precisa que su orientación final es la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, además de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional Con posterioridad, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la seguridad ciudadana no constituye en sí misma un derecho de naturaleza constitucional o legal, pero sí un bien jurídico protegido, en tanto conjunto de acciones destinadas a preservar otros valores jurídicamente tutelados por nuestro ordenamiento, además de los derechos constitucionales a la vida, a la integridad y a la propiedad, entre otros, como la tranquilidad pública o la paz social, el uso pacífico de los espacios y vías públicos, etcétera. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al considerar que la seguridad ciudadana está referida

a un conjunto de acciones orientadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, consolidando una situación de convivencia con normalidad, es decir, preservando cualquier peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria. Corrupción y seguridad ciudadana Desde una perspectiva histórica, el Perú ha sido profundamente afectado por una corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días, lo que ha limitado el desarrollo y el progreso del país. Si bien no existe un concepto bien definido de corrupción, se puede entender como práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, cualquier cosa de valor para influir en las acciones de la otra parte. Por su parte, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 define la corrupción como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona. En el transcurso del tiempo, se ha comprobado que la corrupción afecta de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad; en otras palabras, afecta la gobernabilidad democrática.14 En este Plan, interesa destacar la relación que existe entre la corrupción y la seguridad ciudadana: a mayor corrupción, menor seguridad ciudadana. SEGUNDA SECION VICTIMIZACION El concepto de victimización se hace presente a partir de la idea de víctima y de victimario. Podemos comenzar definiendo a la víctima como una persona que sufre el ataque o la desidia de otra persona. La víctima puede ser una víctima del maltrato físico, del maltrato verbal, del maltrato psicológico. Sin embargo, el concepto de victimización se abre un poco de esta definición debido a que supone ya un cierto grado de exageración en la condición que una persona determina de sí misma (o que otros determinan de ella) para considerarse víctima en situaciones que no necesariamente lo suponen. Existen distintos roles que una persona puede adoptar ante la realidad. La victimización es un ejemplo de comportamiento tóxico puesto que lleva a la persona a posicionarse como un sujeto pasivo frente a circunstancias externas que toma como una amenaza personal. Es decir, esta actitud tóxica lo es porque deriva en una queja constante que alimenta ese sentimiento de indefensión propio de la victimización.

Y lo verdaderamente determinante de este tipo de malestar psicológico es que esta posición ante la realidad no tiene por qué estar determinada por un hecho objetivo y realista que ha producido dolor, sino que, en algunos casos, es la propia percepción de la persona que se victimiza la que marca el conflicto de la situación. Es decir, la persona puede darse por ofendida por un hecho en el que no existe ningún agresor consciente, sin embargo, la mirada distorsionada de la realidad marcada por una hipersensibilidad también puede dar lugar a la victimización de quien consigue a cambio de este rol: llamar la atención. Existe una característica habitual en la situación que acompaña a la victimización: la percepción de haber sido víctima de una situación injusta. Es muy importante establecer una diferencia de matiz entre el concepto de víctima y el de victimización. Es decir, la victimización tiene más que ver con la actitud que aporta el propio sujeto ante aquello que le ha ocurrido. Victimización según tipo de hecho delictivo Los hechos delictivos que más afectaron a la población urbana de 15 y más años de edad en el año 2015, fueron el robo o intento de robo de dinero, cartera, celular y la estafa, donde el primer hecho delictivo afectó a 20 de cada 100 habitantes de 15 y más años de edad, mientras que 9 de cada 100 habitantes de 15 y más años de edad fueron víctimas de estafa. En menor porcentaje, se presentan el robo o intento de robo de vehículo y las amenazas e intimidaciones con tasas de 3 y 2 víctimas por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad respectivamente. Desagregando el robo del intento de robo, 16 víctimas por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad fueron víctimas de robo, dinero, cartera, celular, mientras que 5 de cada 100 habitantes de 15 y más años de edad fueron víctimas de intento de robo de dinero, cartera, celular. Víctimas de algún hecho delictivo por sexo, grupo de edad y nivel educativo En el área urbana, las mujeres muestran un mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo (31,5%); según grupo de edad, la población de 15 a 29 años presenta el mayor porcentaje de víctimas (36,0%); y según nivel educativo, el mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo se ubica en la población con nivel educativo superior (35,7%). Evolución de la victimización En esta investigación, se considera como “víctima” a la persona de 15 y más años de edad del área urbana que haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo de referencia (últimos 12 meses). Además, se considera como hecho delictivo a todo evento que atenta contra la seguridad, vulnera los derechos de la persona y conlleva al peligro, daño o riesgo como: Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular; robo o intento de robo de vehículo automotor (auto,

camioneta, etc.), robo de autopartes, mototaxi, motocicleta, bicicleta, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico por parte de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro e intento de secuestro, extorsión, estafa y robo de negocio. DECIMA SEMANA PRIMERA SECION Victimización según departamento y ciudad Departamento Según los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, los departamentos con mayores porcentajes de población víctima para el año 2015 son: Puno, Cusco, Junín, Tacna, Lima, Áncash, Huancavelica y Arequipa, todos por encima del 32,0% de población víctima; en relación con los resultados del año 2014, se puede apreciar que la mayoría de departamentos disminuyeron su porcentaje de víctimas, en tanto que encontramos las mayores reducciones en puntos porcentuales en los departamentos de San Martin(5,8), Cajamarca(5,0), Loreto(5,0),Tumbes (4,8) y Tacna(4,0). Cabe resaltar aquellos departamentos cuyas reducciones del porcentaje de víctimas, respecto del año 2010, fueron superiores a los 8 puntos porcentuales como son los casos de: Puno (12,5), La Libertad (11,6), Huánuco (10,6), Tumbes (9,6) y Apurímac (8,4). Ciudades de 20 mil a más habitantes A nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes, para el año 2015 las ciudades de Juliaca, Cusco, Puno, Huancayo y Huaraz registraron la mayor cantidad de víctimas, con porcentajes superiores al 40,0%. En comparación con el año 2014, las ciudades de Chimbote, Piura, Puno y Puerto Maldonado incrementaron sus índices de victimización en más de 4,0 puntos porcentuales; mientras que las ciudades de Huancayo, Tarapoto, Tumbes, Iquitos y Tacna mostraron disminuciones superiores a los 4,0 puntos porcentuales. Denuncia de la población víctima En esta investigación, se considera como denuncia a la manifestación que da una persona ante la Policía Nacional del Perú (Comisaría) o ante el Ministerio Público (Fiscalía) o alguna autoridad facultada para ello (Teniente gobernador, Juez de paz letrado, Ronda campesina, etc.), sobre la situación de un hecho que se considera delictivo. Para considerar que se realizó la denuncia, debe quedar registrada en el cuaderno de ocurrencias, en un atestado policial o acta oficial. Características de la población víctima En esta sección se presentan los porcentajes de victimas calculados en cada conjunto poblacional determinado por las características sociodemográficas de la población de 15 y más años de edad; se obtiene así las prevalencias de este fenómeno (victimización) sobre cada conjunto poblacional estudiado. Población víctima, según sexo

Para el año 2015, el 30,0% de la población de hombres fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que el porcentaje de la población de mujeres víctimas fue de 31,5%. En relación al año 2014, se presenta variación de 1 punto porcentual en el porcentaje de mujeres víctimas. Población víctima, según grupo de edad En el año 2015, el grupo de edad con mayor porcentaje de víctimas es de 15 a 29 años (36,0%), seguido del grupo de edad de 30 a 44 años (34,0%), y el grupo de edad de 45 a 64 años (28,5%); en menor porcentaje de víctimas se tiene el grupo de edad de 65 a más años con 17,5%. En relación con el año 2014, se observan variaciones de más de 1 punto porcentual en los grupos de 30 a 44 años y de 65 a más años. Población víctima, según nivel educativo En el año 2015, los resultados revelan que la población con nivel educativo Superior (universitaria o no universitaria) tiene el mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo con 35,7%, mientras que la población con nivel educativo Secundaria se encuentra en segundo lugar con 31,1%, los menores porcentajes se presentaron en las poblaciones que tienen los niveles educativos Primaria y Sin nivel con 21,8% y 16,1%, respectivamente. Respecto del año 2014, se observan variaciones, en más de un punto porcentual, en los niveles educativos, Sin nivel, Primaria y Superior. Población víctima, según condición de alfabetismo En esta investigación, se define como no alfabeto, a la persona de 15 y más años de edad que manifestó no saber leer y escribir y/o no logró hacer lectura completa de la cartilla de verificación presentada durante la entrevista. En el año 2015, del total de la población de 15 y más años de edad que sabe leer y escribir, el 31,4% fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que del total de la población que no sabe leer y escribir el 17,1% fue víctima de algún hecho delictivo. Población víctima, según estrato sociodemográfico Según estrato sociodemográfico, en el año 2015, el “Estrato D” presenta el mayor porcentaje de población víctima con 33,6%, le siguen el “Estrato E más bajos ingresos” con 30,7% y los “Estrato B y C” con 29,8% y 29,9% respectivamente; de forma inversa, el menor porcentaje de víctimas se encuentra en el “Estrato A” con 28,8%. Respecto del año 2014, se observa un aumento de 2,5 puntos porcentuales en el “Estrato D”. Población víctima, según tipo de vivienda

En el año 2015, el 37,5% de la población de 15 y más años de edad que reside en una vivienda precaria fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que el 33,3% de la población que reside en Departamento en edificio fue víctima de algún hecho delictivo; además del total de la población que reside en Casa independiente, el 30,1% fue víctima, y finalmente, el menor porcentaje de víctimas lo presenta la población que reside en Vivienda en quinta, con 33,2% SEGUNDA SECION PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA La Seguridad Ciudadana, como problemática nacional ha pasado a ser un tema clave para la población, por ende, la falta de esta llega a afectar su calidad de vida, sobre todo en los habitantes del área urbana los cuales, por experiencias anteriores, propias o de su entorno y la situación coyuntural crea sensaciones de inseguridad en las personas, a esta sensación la llamamos percepción de inseguridad. Medir la percepción de inseguridad en una población, es un tema complejo ya que influyen muchas causas de distinta índole, tales como la ubicación espacial en la que se desenvuelve la población, su actividad económica, características sociodemográficas, entre otras. El Perú es el país de la región suramericana, con la población más exigente en términos de la aplicación de medidas de “mano dura”. Dicha población prefiere ese tipo de medidas frente a la prevención. Al mismo tiempo confía muy poco en la capacidad de las autoridades policiales para hacer frente a la delincuencia. La opinión pública y, lo que es peor, ciertos dirigentes y candidatos políticos, continúan proponiendo la inclusión de la pena de muerte en nuestra legislación, pese a que, al margen de su prohibición por el Derecho Internacional, se conoce diversos estudios que prueban la ineficacia de esa medida para reducir la comisión de los delitos que se pretendería sancionar con la misma. Por la falta de demanda de prevención por parte de la población y la ausencia de voluntad política, desafortunadamente, en nuestro país no se aplica ni la “prevención del delito” ni la “prevención social”. De hacerlo, una adecuada política de Estado al respecto en un país como el nuestro, debería contemplar planes de prevención de ambos tipos, focalizados, por grupos sociales, según actitudes frente a situaciones, e incluso separando sectores socioeconómicos y particularidades geográficas y culturales, teniendo cuidado de no “policializar” la agenda de la violencia cotidiana. Por ejemplo, hay que considerar, en cuanto a la violencia intrafamiliar, que un sujeto que es violento en el hogar no necesariamente cometerá otros delitos. Por tanto, la reducción de este tipo de delitos probablemente no se

conseguirá con un tratamiento penal, pues es un problema social, al igual que lo es, por ejemplo, la discriminación. En este punto, las organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Defensa Legal, tiene mucho trabajo por hacer. Lamentablemente, no somos representantes de aquella sociedad que exige “mano dura”. Pero por ello mismo, nuestro rol central es difundir y explicar a la población que no cree en las políticas democráticas, porqué es importante implementarlas para combatir la inseguridad ciudadana y la violencia cotidiana, promoviendo a la vez la articulación de actores estatales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Más aún si este enfoque es opuesto al de la Policía Nacional, que se dedica a la persecución del delito para la sanción o el castigo y no para evitar que se cometa el delito. Formalmente, existe en el país una institución que debería contribuir a la prevención del delito, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y que, además, a fines del año pasado publicó, por primera vez, un Plan Nacional Anual que, entre otros aspectos, distingue conceptualmente entre “Seguridad Ciudadana” y “Convivencia Social”. Pero en la práctica, esa aparente rigurosidad técnica se diluye pues, en realidad, el plan consiste en la elaboración de más de mil ochocientos planes individuales de seguridad, que deben ser diseñados por una serie de actores locales que no se reconocen y que asumen que los alcaldes y presidentes regionales tienen información suficiente para liderar los comités locales, o saben cuáles son los problemas específicos que afectan a su población, sin contar que los plazos son inadecuados y que la ejecución de los planes y la evaluación del impacto no están programados en el Plan Nacional.

Población con percepción de inseguridad El porcentaje de población con percepción de inseguridad, se calcula como el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana, que percibe que será víctima de algún evento que atente contra su seguridad en los próximos doce meses, sobre el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana. Características de la población con percepción de inseguridad A continuación, se presentan las características de la población de 15 y más años de edad con percepción de inseguridad. Población con percepción de inseguridad, según sexo En el año 2013, el 88,5% de la población de hombres de 15 y más años de edad del área urbana, percibió que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad, mientras que en la población de mujeres de 15 y más años de edad del área urbana, este porcentaje es de 86,8%. En relación al año anterior, dicha cifra aumentó en 2,3 puntos porcentuales en la población de hombres y 3,1 puntos porcentuales en la población de mujeres. Población con percepción de inseguridad, según grupos de edad En el año 2013, a nivel nacional urbano, se observa que el mayor porcentaje de población con percepción de inseguridad se presenta en el grupo de edad de 15 a 29 años, con 90,0%; mientras que el menor porcentaje se encuentra en la población de 65 a más años de edad, con 77,5%. En comparación con el año 2012, la percepción de inseguridad según grandes grupos de edad ha aumentado, siendo la población de 65 y más años de edad la que presenta el mayor incremento (5,7 puntos porcentuales). Población con percepción de inseguridad, según nivel educativo En el año 2013, a nivel nacional urbano, se observa que el mayor porcentaje de población con percepción de inseguridad se encuentra en la población con nivel educativo Superior (92,4%); mientras que el menor porcentaje, corresponde a la población Sin nivel educativo (67,3%). En comparación con el año 2012, los mayores incrementos de población con percepción de inseguridad se encuentran en las poblaciones Sin nivel educativo y con nivel educativo Primaria, ambos con incrementos de 4,1 puntos porcentuales. ONCEAVA SEMANA PRIMERA SECIÓN Población con percepción de inseguridad, según condición de trabajo En el año 2013, a nivel nacional urbano, los resultados muestran que el mayor porcentaje de población con percepción de inseguridad se encuentra en la

población que trabaja con 88,8%; mientras que, en la población que no trabaja es de 84,2%. En relación al año anterior, dicha cifra aumentó en 2,2 puntos porcentuales en la población que trabaja y 4,2 puntos porcentuales en la población que no trabaja. Población con percepción de inseguridad, según estrato sociodemográfico Según los resultados de la encuesta, para el año 2013, a nivel nacional urbano, la población del estrato sociodemográfico E más bajos ingresos, presenta el más bajo porcentaje de población con percepción de inseguridad (86,1%). En relación al año anterior, la percepción de inseguridad tuvo un mayor incremento en el estrato sociodemográfico A más altos ingresos (4,6 puntos porcentuales). Percepción de inseguridad, según departamento Según los resultados de la encuesta, para el año 2013, a nivel nacional urbano, el departamento de Tacna, presenta el porcentaje más alto de población con percepción de inseguridad con el 96,4%, mientras que el menor porcentaje le corresponde a la población del departamento de Amazonas con el 50,9%. En comparación al año anterior, Tacna y Amazonas se mantienen como los departamentos con mayor y menor población con percepción de inseguridad, respectivamente, aumentando dicha cifra en 2,5 puntos porcentuales para el departamento de Tacna y 5,3 puntos porcentuales en el departamento de Amazonas. Respecto del año 2012, se observa que el departamento de Ica presenta el mayor incremento porcentual con 5,6% y la población del departamento de Tumbes disminuyó su percepción de inseguridad en 9,1 puntos porcentuales. Percepción de inseguridad, según ciudades de 20 mil a más habitantes Según los resultados de la encuesta, para el año 2013, a nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes, la ciudad de Tacna, presenta el porcentaje más alto de población con percepción de inseguridad con el 96,5%, mientras que el menor porcentaje le corresponde a la población de la ciudad de Chachapoyas con el 56,2%. En comparación al año anterior, la ciudad de Chachapoyas se mantiene como la ciudad con menor población con percepción de inseguridad, aumentando dicha cifra en 2,6 puntos porcentuales; además, se observa que la ciudad de Huaraz presenta el mayor incremento porcentual con 25,2 puntos porcentuales, mientras que la ciudad de Tumbes disminuyo en 6,1 puntos porcentuales. PACTO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA El Gobierno Nacional ha convocado a los actores políticos, sociales y económicos, así como a las instituciones públicas vinculadas a la seguridad y a la justicia, para generar consensos y determinar acciones concretas a fin de

combatir la criminalidad y evitar la impunidad. Este esfuerzo colectivo se condensa en el Pacto por la Seguridad Ciudadana que presentamos al país: 1.- AGENDA LEGISLATIVA POR LA SEGURIDAD Los Poderes Legislativo y Ejecutivo darán prioridad a la preparación, discusión y aprobación de proyectos de ley, reglamentos, directivas y demás dispositivos legales requeridos para mejorar la seguridad ciudadana. Esta iniciativa responde a la necesidad de una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo máximo de detención para combatir el crimen organizado, el cual debe equipararse a lo previsto para los casos de terrorismo y narcotráfico, así como la necesidad de atender la agenda legislativa priorizada en esta materia que obra en el Congreso de la República. Este aspecto del Pacto es apoyado por todos los actores políticos. El Congreso y el Ejecutivo, a través del CONASEC, reportarán los avances en esta materia. 2.- RESPUESTA FRONTAL AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO Todas las entidades vinculadas al Pacto asumen una posición clara y frontal contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Se trata de un compromiso firme que requiere mejores mecanismos de persecución de estos delitos complejos de modo conjunto, coordinado y con participación activa de organismos internacionales dado el carácter trasnacional de este flagelo. La estrategia involucra diversos frentes como el financiamiento de partidos políticos, acciones contra el lavado de activos, interdicción de insumos químicos, control de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo, control de fronteras, fortalecimiento de unidades estratégicas de la PNP, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial, entre otros. El CONASEC reportará trimestralmente los logros en este aspecto. 3.- EFICACIA POLICIAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA La PNP reduce las tendencias delictivas que afectan a nuestra comunidad, desarrollando una actuación policial eficaz y enérgica para desarticular organizaciones criminales en todas sus modalidades y combatir a la delincuencia común. Se continuará con el fortalecimiento de las áreas estratégicas de la PNP dando prioridad a las direcciones especializadas (unidades de élite policial), mejorando el despliegue de operaciones policiales, la inteligencia policial, mejor infraestructura (patrulleros, motos, helicópteros, más y mejores comisarías, centrales de emergencia, puestos de atención rápida, armamento, entre otros) y el uso de tecnología para combatir el delito. El Ministerio del Interior reportará trimestralmente los avances alcanzados en esta materia.

4. REFORMA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ La reforma de la PNP iniciada recientemente implica una mejora concreta de la carrera policial con mejores sueldos y renovada propuesta formativa, acompañada de un estricto régimen disciplinario, mejores sistemas de denuncia, acciones de inteligencia y contrainteligencia, para destituir a los malos policías, entre otras medidas. La Reforma PNP debe tener como horizonte la recuperación de confianza ciudadana, incidiendo en una mejor relación con la población (mayor articulación con las juntas vecinales), más policías, reforma del 1 x 1, entre otras acciones afines. Semestralmente, la PNP reportará los avances en esta materia. SEGUNDA SECION 5. PREVENCIÓN DEL DELITO Los Gobiernos Regionales y Locales, reconociendo que se trata del principal problema del país, se comprometen a invertir en acciones a fin de fortalecer la Seguridad Ciudadana, para recuperar espacios públicos en zonas urbanas, desarrollar programas de prevención educativos, de salud y afines para jóvenes en riesgo, implementar infraestructura policial, instalar cámaras de vigilancia para luchar contra el crimen y la delincuencia. El Ministerio de Economía y Finanzas reportará el cumplimiento de estos lineamientos. El Gobierno Nacional apoyará complementariamente con un fondo concursable de 250 millones de soles para la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, reportarán los logros en este aspecto cada seis meses ante el CONASEC. 6. RENOVADA CULTURA PARA REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN Dentro del marco de la autorregulación, los medios de comunicación deben proveer a la ciudadanía de información clara, accesible y oportuna sobre las tendencias delictivas, los servicios de seguridad que existen, así como sobre las acciones que despliega la policía para reducir los riesgos de ser víctima de delitos y saber cómo enfrentar tales riesgos, como parte de una cultura de autocuidado y prevención. Este aspecto del Pacto es apoyado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad de Radio y Televisión del Perú. 7. EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Impulsar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y sus seis objetivos estratégicos: a. Una eficiente y efectiva coordinación interinstitucional. b. Participación de la sociedad civil. c. Fortalecimiento de la PNP

para recuperar la confianza ciudadana. d. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano a nivel local, optimización de los servicios de Serenazgo y apoyo a las juntas vecinales. e. Mejorar el Sistema de Administración de Justicia (Ministerio Público, Poder Judicial e INPE) para la reducción de la delincuencia. f. Factores de prevención del delito. El CONASEC informará trimestralmente los avances en la implementación del Plan. 9. FIRME APOYO A LAS INICIATVAS DEL PACTO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA La necesidad de un Pacto por la Seguridad Ciudadana implica recoger y consensuar los aportes formulados por los representantes de los Poderes del Estado, fuerzas políticas y de todas las organizaciones convocadas para este propósito, para lo cual deberá continuarse con un proceso de diálogo destinado a combatir el crimen en el país. En un documento anexo se recogen los aportes complementarios al Pacto recibidos. DOCEAVA SEMANA SEGUNDO EXAMEN PARCIAL TRECEAVA SEMANA PRIMERA SECIÓN DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PNP El área de Seguridad Ciudadana se encarga de promover y fortalecer la aplicación de políticas públicas democráticas y eficaces en materia de seguridad ciudadana, alentando iniciativas que partan del ámbito local, con el fin de inscribirse dentro de una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Por ello, los esfuerzos del área se encuentran orientados a desarrollar programas e iniciativas que busquen fortalecer las bases de la seguridad ciudadana.

VISION Policía especializada con reconocimiento nacional e internacional por su valiosa contribución a la seguridad ciudadana, paz social y al fortalecimiento familiar. MISION Promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana para mejorar los niveles de orden, tranquilidad, seguridad, respeto de derechos y desarrollo integral familiar, que posibiliten la paz social y el fortalecimiento de la relación Policía – Comunidad; así como la prevención e investigación de la violencia familiar y de las infracciones a la ley en que se encuentren inmersos los niños, niñas y adolescentes. FUNCIONES La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes: 1) Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades para promover la participación activa y organizada de la comunidad y fortalecer el trinomio policía - autoridad - comunidad, que contribuya a mejorar el orden, tranquilidad, seguridad, respeto a los derechos y el desarrollo integral familiar, posibilitando la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional; Prevenir, investigar y denunciar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, de conformidad a la normativa sobre la materia; Orientar, ejecutar y supervisar las acciones policiales de protección temporal a niños, niñas y adolescentes en abandono e infractores a la ley penal; Prevenir, investigar y denunciar la comisión de delitos contra la libertad sexual, en las modalidades de violación sexual y actos contra el pudor, en agravio de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, bajo la conducción jurídica del fiscal; en el marco de la normativa sobre la materia. 2) Diseñar y ejecutar estrategias que promuevan el fortalecimiento de la confianza policía- autoridad - comunidad, propendiendo que la Policía Nacional del Perú tenga una orientación comunitaria. 3) Consolidar y sustentar la programación de actividades anual articulado al cuadro de necesidades y asignación presupuestal, proponiendo los indicadores de productos y procesos; así como formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual de la Dirección a su cargo, concordante con el Plan Operativo Anual de la Policía Nacional del Perú y los Planes Generales de Operaciones. 4) Dirigir y supervisar la organización de la comunidad a través de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y programas preventivos de su competencia, con el propósito de lograr su participación activa en el desarrollo de las actividades de seguridad ciudadana.

5) Coordinar con las autoridades regionales, locales y demás autoridades competentes, promoviendo un adecuado enlace con los mismos a través de las unidades orgánicas que conforman el sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional. 6) Administrar el Registro Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú. 7) Promover en la comunidad la implementación de mecanismos de alerta temprana para la prevención de delitos y faltas; desarrollando e impulsando los programas preventivos que ejecuta el sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional. 8) Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar los programas preventivos a nivel nacional que se relacionan con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Red de Cooperantes, Club de Menores, Policía Escolar, Brigadas de Autoprotección Escolar, Patrullas Juveniles y otros programas en ejecución o que posteriormente se implementen; en el ámbito de su competencia funcional. 9) Evaluar y aprobar los programas preventivos que propongan los órganos y unidades orgánicas que conforman el sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional. 10) Coordinar acciones articuladas con las autoridades competentes, entidades públicas y privadas a nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 11) Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades, programas y proyectos preventivos de acercamiento al niño, niña y adolescente que ejecuta el sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional. 12) Coordinar y atender los requerimientos de las autoridades judiciales, Ministerio Público y demás autoridades competentes en el marco de su ámbito funcional y de la normativa legal sobre la materia. 13) Dirigir las acciones y operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia policial en el ámbito de su competencia funcional; Administrar los recursos humanos, logísticos, tecnológicos, económicos y otros afines, de la Dirección a su cargo. 14) Proponer actividades para ser considerados en los planes operativos relacionados con el ámbito de su competencia. 15) Estudiar, actualizar, diseñar y proponer estrategias y procedimientos para las técnicas de operatoria policial dentro del ámbito de su competencia.

16) Promover y proponer la formalización de seminarios, congresos, simposios, conferencias y demás eventos académicos técnicos profesionales policiales de carácter nacional e internacional, a fin de potenciar la capacitación del personal policial en materia de seguridad ciudadana; en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial o la Dirección de Asuntos Internaciones de la Policía Nacional del Perú, según corresponda. 17) Promover y proponer la suscripción de convenios especiales con organizaciones nacionales e internacionales que apoyan las actividades policiales propias de su campo funcional, en materia de intercambio de información, capacitación y equipamiento de la Dirección de Seguridad Ciudadana y unidades orgánicas del sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional, en coordinación con la Sub Dirección General o la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de su competencia. 18) Registrar, centralizar y analizar la información estadística que produzca la Dirección a su cargo, para una adecuada toma de decisiones, en coordinación con la División de Estadística de la Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del Perú. 19) Informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia. 20) Transmitir información para alimentar los registros y bases de datos del Registro Nacional de Seguridad Pública que administra la Dirección de Tecnología de la Información de la Policía Nacional del Perú. 21) Conducir la formulación, evaluación y actualización de los documentos de gestión institucional de la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de su competencia. 22) Coordinar y gestionar ante la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la capacitación, especialización y actualización permanente del personal policial de la Dirección a su cargo, en materias relacionadas con su campo funcional. 23) Asesorar al Director Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú en asuntos de su competencia. 24) Supervisar la ejecución del Sistema de Registro de Integrantes de Juntas Vecinales a nivel nacional (SIRVECINAL). 25) Supervisa el desarrollo de los programas y otros que se implementen a futuro. 26) Supervisa la ejecución del Plan General de Seguridad Ciudadana por Objetivos “Vecindario Seguro”, estrategia del Comando Institucional. 27) Coordinar con las Macro regiones policiales la ejecución del presupuesto asignado del PP 0030, de acuerdo a ley.

28) Las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por el Director Nacional Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú. SEGUNDA SECION ESTRUCTURA La Dirección de Seguridad Ciudadana para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las unidades orgánicas siguientes: a. División de Protección de Niños y Adolescentes b. División de Juntas Vecinales c. División de Protección Contra la Violencia Familiar d. División de Proyectos Especiales de Seguridad Ciudadana e. División de Inteligencia de Seguridad Ciudadana. COMPETENCIAS La Dirección de Seguridad Ciudadana es el órgano especializado, de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo, responsable de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades tendientes a promover la participación activa y organizada de la comunidad, fortaleciendo las relaciones Policía – Autoridad – Comunidad, para contribuir a la mejora del orden, tranquilidad, seguridad, respeto a los derechos y desarrollo integral familiar, que posibiliten la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional. Asimismo, previene, investiga y denuncia la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la normativa sobre la materia, así como, realiza acciones de protección temporal a niños, niñas y adolescentes en abandono e infractores a la ley penal. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía nacional del Perú en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC coordina con la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Depende de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de General.

JURISDICCION La Dirección de Seguridad Ciudadana tiene jurisdicción a nivel nacional.

CATORCEAVA SEMANA PRIMERA SECION PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA Instituto Nacional de Defensa Civil

De conformidad con la ley y el reglamento, el Instituto Nacional de Defensa Civil, debe contribuir con las demás instituciones que se señalan en los indicados dispositivos legales, con las acciones de la Seguridad Ciudadana, estableciendo permanente contacto y coordinación con la institución policial de la jurisdicción. Sector Salud En coordinación con la Policía Nacional, por intermedio de las áreas de salud y puestos sanitarios, extiende los servicios de salud a las poblaciones carentes de estos servicios. Participa en las campañas de proyección social y acciones cívicas que programen los comités de Seguridad Ciudadana. Capacita y desarrolla acciones informativas sobre aspectos de prevención y control de enfermedades infecto contagiosas, lactancia y nutrición. Participar en campañas de cuidado del medio ambiente, de saneamiento y fumigación en los puntos críticos de la jurisdicción. Educación El Sector Educación, a través de las Direcciones Regionales alentará y apoyarán a las Unidades de Servicios Educativos y a los centros educativos de sus jurisdicciones para que fortalezcan acciones preventivas y de proyección social, sobre todo: - Campañas de alfabetización. - Fortalecer el desarrollo de la Escuela de Padres. - Actividades de educación familiar. - Alentar la formación de la Policía Escolar.

- Desarrollar el programa de "autoprotección escolar", en coordinación con las comisarías y asociaciones de padres de familia. - Facilitar los sábados y domingos la infraestructura deportiva de los centros educativos de su jurisdicción para desarrollar acciones de proyección social. - Participar activamente en programas integrales de reinserción de jóvenes y adolescentes en riego integrantes de pandillas y barras bravas. - Participar activamente, junto con la asociación de padres de familia en programas integrales contra la micro comercialización y consumo de drogas - Coordinar con el IPD de sus demarcaciones para desarrollar actividades deportivas Inter. Escolares. - Otros aspectos que considere pertinentes y que contribuya a mejorar la Seguridad Ciudadana. Justicia Este Sector se encargará de elaborar, en coordinación con el Ministerio del Interior, el reglamento de la Ley Nº. 27937 de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. Asimismo, coordinará con el Ministerio del Interior y la Municipalidades, para diseñar planes piloto destinados a ubicar Jueces de Paz Letrados en determinadas comisarías de Lima y que atienda la problemática de su demarcación territorial. Elabora una relación de las provincias, distritos y localidades donde el INPE no cuente con oficinas de ejecución de penas limitativas de derechos, dentro del marco de la Ley Nº. 27935, que modifica artículos de la Ley 27030. También ejecuta el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario. Previa apreciación conducirá el cambio de administración y control de los establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario. Por otro lado, construirá talleres en los establecimientos penitenciarios para reeducar a los internos. Finalmente realizará otras acciones que considere pertinentes para la consecución de los objetivos de la Seguridad Ciudadana. Cuerpo de Vigilancia Particular Casi todos los distritos de la capital y la provincia constitucional del Callao, cuentan con vigilancia privada, conformada generalmente por personal licenciado de las FFAA o policías en situación de retiro, algunos constituidos formalmente y otros contratados en forma particular por familias o barrios organizados. Es necesario conocer el número de vigilantes formales e informales por distrito y contar con los antecedentes policiales, judiciales y penales de los mismos.

Este tipo de vigilancia se viene extendiendo a los diferentes departamentos del país, constituyéndose en un aliado para la Seguridad Ciudadana. Es conveniente saber qué organizaciones cooperan con la municipalidad y la policía y que tipo de actividades desarrollan en favor de la comunidad. Plan Operativo Local de Seguridad Ciudadana El Plan Operativo Local de Seguridad Ciudadana es el principal instrumento de gestión para reducir planificadamente la criminalidad y la violencia local desde una óptica integral y multisectorial, porque señala con claridad los objetivos y las acciones a seguir por todos los sectores integrantes del Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana. El Plan Operativo es el documento resultante de la planificación a corto plazo (un año) que se concretiza mediante la formulación y el cumplimiento de los objetivos y metas para reducir la criminalidad y violencia en las provincias y distritos del país. En el I Seminario Taller sobre Seguridad Ciudadana para los Secretarios Técnicos Regionales, Provinciales y Distritales organizado en Lima por la Secretaría Técnica del CONASEC del 28 al 30 de abril de 2004, se estableció un modelo estándar para la formulación de los planes operativos. Se acordó que este formato debería ser necesariamente uniforme. Si no fuera así, tendríamos 1.870 planes provinciales y distritales a nivel nacional totalmente diferentes los unos de los otros y sin ningún criterio de uniformidad en cuanto a la forma y a los objetivos genéricos que se persigue. ¿Quién formula el Plan? La información que se requiere para la formulación del plan proviene de todos los sectores que conforman el Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana y de otras entidades que no formando parte del Comité, pero que poseen importante información para el plan. La formulación del Plan debe ser mediante el trabajo en equipo. Normalmente el Presidente del Comité Provincial y Distrital debe nombrar una comisión conformada por el Comisario de la jurisdicción, el Jefe de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio, el Secretario Técnico del Comité y los representantes de los sectores que estime pertinentes. Otra forma es que el Presidente del Comité Provincial o Distrital, en sus reuniones periódicas que tiene con sus integrantes, les haga conocer la necesidad prioritaria de desarrollar el Plan Local y solicitar la información correspondiente, la misma que será consolidada por el Secretario Técnico mediante reuniones con los integrantes. ¿Cómo iniciar la formulación del Plan? El Plan Estratégico Local de Seguridad Ciudadana tiene cinco etapas: (1) el diagnóstico; (2) la misión; (3) los objetivos; (4) las estrategias; (5) las actividades y

tareas; y (6) la evaluación. Esta última, como es lógico entender, se desarrollará después de la ejecución del Plan. La mejor manera para desarrollar este modelo es recoger la información relevante de seguridad ciudadana de todos los sectores integrantes del Comité y luego trasladarla a un esquema, conforme a un formato establecido y siguiendo las pautas que a continuación se detallan. I. El Diagnóstico Es una parte clave del Plan que permite conocer la realidad del distrito en el tema de seguridad, las necesidades, los recursos humanos y logísticos con los cuales cuenta el Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana para brindar un mejor servicio a la comunidad. Es necesario conocer los límites geográficos del distrito y en este ámbito considerar el número de personas que vive y trabaja para establecer con claridad el tipo de estratos sociales, la densidad de la población y saber, por ejemplo, qué sectores son los más despoblados y los que tienen un alto grado de densidad. Existe un consenso entre los especialistas de este tema, sobre si se planifica, diseña y maneja el entorno en forma adecuada, se reducirán ciertos tipos de delitos. Algunos entornos pueden provocar una sensación de seguridad, mientras que otros pueden inducir al temor. Las características sociales son importantes porque la delincuencia y la prevención de la misma involucran a la gente. Por ejemplo, la edad, puede constituir un factor importante para comprender y prever los niveles de criminalidad en el área. En cuanto al género, las mujeres son más vulnerables a cierto tipo de delito, como la violencia familiar y la agresión sexual. Los jóvenes se encuentran en mayor riesgo en otros actos delictivos violentos y tienen más posibilidades de cometerlos. La pobreza y el desempleo, sin ser factores condicionantes, pueden contribuir al incremento de la delincuencia. También es importante tomar en cuenta los altos niveles de desigualdad económica y social existente. Determinado tipo de actos delictivos y de violencia son cometidos por jóvenes desempleados y adolescentes desocupados. Entonces es importante averiguar cuáles son las instalaciones recreativas, deportivas y sociales existentes en el distrito y si hay alguna organización a la cual puedan pertenecer estos jóvenes. Será más fácil implementar los programas de prevención de la delincuencia y la violencia en barrios donde exista una buena comunicación y relación entre los vecinos. La conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana es, por ejemplo, una medida concreta y positiva para la prevención delictiva. II. La Misión La Misión traduce el propósito general del Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana en algo que puede realizarse. La misión revela el concepto

de la organización. La misión es la expresión conceptual de lo que es y de lo que debe hacer la organización. Una misión bien formulada ayuda a que las acciones relacionadas con la gestión se orientan por el camino correcto. Una declaración de misión, corta, clara e inspirada hace que los miembros de la organización se orienten siempre hacia la dirección propuesta. Para formular la misión es recomendable pensarla en equipo con mentalidad permeable y flexible, basada en las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza del Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál es nuestra población objetivo? ¿Cuáles son nuestros propósitos para ella? ¿Qué beneficios esperamos y para quiénes? ¿Cuál es el nivel de calidad que queremos de nuestros servicios? La misión debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para quién?, ¿cuándo? y ¿dónde? ESTABLECER LA MISIÓN (ejemplo) ¿QUIÉN?: El Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana de……………, con la participación del Gobierno Local, la Policía Nacional, instituciones públicas y privadas y la comunidad organizada. ¿QUÉ?: Desarrollará operativos policiales conjuntos, programas y actividades preventivas multisectoriales. ¿CUÁNDO?: A partir del día "D". ¿DÓNDE?: En la demarcación territorial de la provincia/distrito de…………….... ……….. ¿PARA QUÉ?: Prevenir, neutralizar y reducir la delincuencia y, mantener las condiciones de seguridad integral. SEGUNDA SECION III. Objetivos Los Objetivos son el punto de partida para la acción. Los objetivos deben explicar ¿qué lograr? ¿por qué estamos realizando el Plan? y qué deseamos lograr. Ejemplo: Reducir la delincuencia común... modalidades... lugar, etcétera. Sólo si al principio del Plan se establece claramente lo que se desea lograr, éste se podrá evaluar en una etapa posterior. Los objetivos otorgan direccionalidad al Plan e incrementa las posibilidades de previsión del futuro, fomenta la participación, comunicación y el trabajo en equipo creando un clima favorable para el diseño del Plan Local. Es necesario considerar un objetivo general y objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, el plan debe buscar mejorar la seguridad ciudadana del distrito, reducir el temor a la delincuencia, reducir los delitos contra la propiedad, etcétera.

A. Objetivo General (ejemplo) Reducir los niveles de criminalidad y delincuencia para lograr la tranquilidad pública y la paz social en la demarcación territorial de la provincia y/o distrito con la finalidad de mejorar los niveles de orden y seguridad ciudadana. Los objetivos específicos deben estar orientados a reducir los nudos críticos, como, el robo a viviendas en un área específica, la micro comercialización y consumo de drogas, el pandillaje entre otros. Estos objetivos se expresan siempre en porcentajes, es decir, reducir el pandillaje en un 25%, disminuir el robo de viviendas en un 17% en relación con años pasados. B. Objetivos Específicos (ejemplo) • Reducir la micro comercialización de drogas del distrito en un 40% en un periodo de 6 meses. • Incrementar las actividades preventivas multisectoriales en un 60% en un periodo de 12 meses. • Afianzar el patrullaje integrado entre el personal de la comisaría y el servicio de Serenazgo en un 100% en un periodo de tres meses. • Integrar en un 80% las juntas vecinales organizadas por el Municipio y por la Policía Nacional. • Brindar un trato adecuado al 100% de las personas que acuden a la comisaría en un periodo de 12 meses. IV. Estrategias Es el paso donde se debe señalar con claridad la forma cómo debemos desenvolver nuestras fuerzas para reducir la criminalidad y la violencia. En la estrategia del plan se implementan los cursos de acción delineados: ¿cuántos cuadrantes o sectores vamos a considerar para el trabajo de los efectivos policiales y del Serenazgo?, ¿qué capacidad de reacción deben tener frente a los requerimientos ciudadanos?, ¿cómo se va a relacionar el policía con los dirigentes vecinales?, ¿cuál debe ser la estrategia más adecuada para recibir información?; entre otros temas importantes. En esta fase, un aspecto esencial es la sectorización, y en cada una de ellas establecer la modalidad más frecuente de delitos que se producen y cuáles serán los grupos beneficiarios. Por ejemplo, se puede reducir algunos robos con varias estrategias: • Instruir a las juntas vecinales de seguridad ciudadana que ante la presencia de sospechosos toquen masivamente silbatos y/o hagan funcionar sirenas o

circulinas, o campanas. Cómo deben salir, como deben tratar al sospechoso siempre respetando su integridad y derechos humanos hasta que llegue la Policía, etcétera. • Conocer el número de vigilantes informales "guachimanes" y establecer un sistema de comunicación con las comisarías. • Usar más sistemas de alarma a prueba de robos. • Mejorar las oportunidades de educación para los vecinos. • Contar con una cadena telefónica de seguridad. • Contar con puestos de auxilio rápido o comisarías móviles. Estrategias (ejemplo) • Realizar operativos conjuntos policía – Serenazgo para prevenir y/o neutralizar la comisión de actos ilícitos en los puntos críticos de ................... cada 15 días. • Estrechar la vigilancia policial y del Serenazgo en los puntos críticos y vulnerables del distrito. • Desarrollar con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, acciones de alerta por cuadrantes. • Realizar rondas mixtas alrededor de los colegios con padres de familia. • Fortalecer el programa de autoprotección escolar. • Realizar en coordinación con el Ministerio de la Mujer acciones contra la violencia familiar. Nota: cada estrategia debe desagregarse en actividades y tareas que deben ser puntualmente desarrollados. En base al comportamiento de la delincuencia descrito en el diagnóstico del Plan, en la estrategia determinaremos: • División de la demarcación territorial por sectores o cuadrantes. • Capacidad de reacción frente a los requerimientos ciudadanos. • Relación población-policía por niveles de vigilancia policial. • Estrategia más adecuada para recibir información por parte de la comunidad. La sectorización de la demarcación territorial del distrito no debe ser fija, tiene que ser de naturaleza variable, cambiante, de conformidad con las evaluaciones periódicas que se realicen para mantenerla o variarla de acuerdo con la cantidad de vehículos policiales y del Serenazgo con que se cuente y a la problemática delictiva. Se debe promover una nueva visión del patrullaje entendida sobre todo como una permanente comunicación directa con el vecino, es decir, recorrer el sector

asignado, entrevistándose con los dirigentes del barrio o del sector. Este tipo de patrullaje: • Promueve el espíritu de vecindad, solidaridad e integración entre los residentes de un determinado sector. • Desarrolla el compromiso de la ciudadanía con su propia seguridad y con la Policía. • Cierra espacios a la delincuencia. • Establece una relación de confianza con la Policía. • Permite al policía el conocimiento amplio del sector y de su colectividad. • Detecta y neutraliza las causas de los problemas. • Fomenta la cultura del respeto ante los derechos del otro, el civismo y el acatamiento al principio de autoridad. • Contribuye a la creación de la cultura de seguridad. • Junto con el vecino el policía diagnostica los problemas del sector, conoce e informa sobre áreas abandonadas y/o aisladas, falta de sistemas de protección, falta de iluminación artificial, áreas que facilitan el refugio de delincuentes, etcétera. Dentro de la vigilancia policial que realiza la Policía Nacional y el servicio de Serenazgo de los municipios, es posible distinguir diferentes tipos de modalidades de patrullaje: • Patrullaje a pie. • Patrullaje motorizado. • Puesto fijo. • De servicio en la comisaría. • De servicio en una comisaría móvil. • En un puesto de auxilio rápido. • De control de tránsito, entre otros. Entonces, en cada uno de los Comités Provinciales o Distritales de Seguridad Ciudadana se determinará el sistema de vigilancia que emplea el personal de la comisaría y del servicio de Serenazgo y los recursos empleados por cada tipo de vigilancia, como, por ejemplo: • Patrullaje a pie: constituido por una pareja de policías que recorren un sector determinado.

• Patrullaje motorizado: compuesto por una pareja de policías que patrullan en un vehículo policial (o un policía con efectivos del Serenazgo) en vehículos de la municipalidad. • Patrullaje en motocicleta: Policía en motocicleta que hace recorrido en un sector determinado del distrito. • Servicio en comisaría: Personal policial y recursos materiales que se encuentran en la dependencia policial y realizan actividades internas y que apoyan al servicio de calle. • Servicio en puesto de auxilio rápido: Personal del Serenazgo que se encuentra de servicio y comunica a la policía de las novedades de su sector. Para poder determinar el "nivel de vigilancia actual" de cada distrito es preciso establecer una unidad de medida común que homologue los distintos sistemas y tipos de vigilancia policial empleados. Para ello, ILPES ha empleado relaciones de equivalencia tecnológica entre los distintos tipos de vigilancia. Para el caso de la vigilancia de la Policía Nacional del Perú, la Secretaría Técnica del CONASEC estableció la siguiente relación: V. Actividades y Tareas Las actividades son las acciones que se ejecutan con la finalidad de alcanzar los objetivos específicos propuestos. Las actividades y tareas son importantes para lograr el producto final. Al asignar responsabilidades, es necesario evaluar la capacidad que tiene cada persona para realizarlas en términos de destrezas y conocimiento. Si esto falta, se necesitará capacitar al personal para garantizar que dicha actividad se ejecute según lo planificado. También es necesario asignar un tiempo para cada actividad. Algunas actividades funcionarán en forma simultánea y algunas dependerán de que hayan finalizado otras para poder empezar. Luego, se puede calcular el tiempo que tardará todo el Plan Local en alcanzar los objetivos establecidos. Este plazo se debe verificar en forma constante y se debe cambiar para considerar cualquier imprevisto que pueda surgir durante el curso de la ejecución. Las tareas son los componentes mínimos de una actividad. Las tareas no se consignan en la matriz de programación, sino en el plan de trabajo del responsable de la actividad. A la descripción de la actividad se le suele denominar "tarea", que constituye el componente mínimo de una actividad. Actividades (ejemplo) Luego de sectorizar por cuadrantes la demarcación del distrito: • Determinar la ocurrencia de delitos por zonas o áreas en base a los puntos críticos y vulnerables.

• Fijar responsabilidades para la ejecución de programas multisectoriales de reinserción social con los jóvenes y adolescentes en riesgo, así como en las acciones contra la violencia familiar. • Establecer la forma cómo los coordinadores de las juntas vecinales deben comunicarse con el personal policial o del Serenazgo ante un hecho policial de emergencia. • Establecer responsabilidades para el personal de patrullaje VI. Evaluación Es la última etapa del Plan y no por ella la menos importante. Permitirá cada semana o cada quince días convocar a los integrantes del Comité Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana para conocer los avances, los retrasos y las dificultades encontradas para modificarlas o insistir en la ejecución de las mismas. Si no se evalúa, no podremos saber si la estrategia ha logrado sus metas, si se debe continuar con otros aspectos o cambiarlos y si los recursos se están empleando correctamente. La evaluación es necesaria para estimar si la estrategia ha cumplido sus objetivos; evaluar si han cambiado las percepciones de los vecinos; adaptar la estrategia según las informaciones que se reciba; comprender los resultados negativos que podría haber tenido la estrategia, por ejemplo, que la delincuencia se haya desplazado a otra área. La incorporación de modernas técnicas de evaluación se está convirtiendo en un imperativo de las policías del mundo, porque el Estado y la comunidad necesitan conocer la gestión administrativa y operativa de sus comisarías, mostrar logros tangibles en la represión y en la prevención del delito y tener una buena relación con la ciudadanía, con una forma de solicitar una rendición de cuentas a que la población tiene derecho. Toda evaluación tiene por finalidad proporcionar criterios claros para la toma de decisiones. Los aspectos de mayor importancia a evaluar son los actores, los procesos y los resultados de un programa. La evaluación pasa también por determinar cuál ha sido el costo social de los delitos cometidos y cómo el Plan Operativo de Seguridad Ciudadana ha contribuido para reducir sus efectos. Otro aspecto importante que debe considerar la evaluación son las inversiones en recursos y medios empleados para la seguridad ciudadana, tanto en personal como en vehículos, equipos y otros medios. De igual manera es necesario considerar en la evaluación el tiempo promedio en minutos que tarda el personal policial para hacerse presente en el lugar de los hechos. Si bien es cierto que la presencia policial cuando ya se consumaron los hechos sirve sólo para detener al delincuente o para calmar a la víctima, lo cierto es que la comunidad percibe la eficiencia policial en términos de la presencia inmediata en la escena del delito.

QUINCEAVA SEMANA ENTREGA DE TRABAJOS Y EXPOSICIONES ESTUDIO DE CASOS

SEMANA DIECISEIS EXAMEN FINAL