Pr Ctica Comunitario

Institucions de Dret Comunitari Práctica: El efecto directo de las directivas comunitarias Lea detenidamente la sentenc

Views 79 Downloads 1 File size 167KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Institucions de Dret Comunitari Práctica: El efecto directo de las directivas comunitarias

Lea detenidamente la sentencia de 16 de diciembre de 1993, asunto C-332/92 (Wagner Miret) y la sentencia de 7 de marzo de 1996, asunto C-192/94 (El Corte Inglés c. Cristina Blázquez y responda a las siguientes preguntas: 1. Señale cuál es la posición del TJCE y los argumentos utilizados en relación a: a) La existencia o no de efecto directo de las directivas comunitarias b) Los requisitos exigidos para declarar este efecto directo c) El tipo de efecto directo predicable de estas normas (referencia a la problemática del efecto directo horizontal.

2. ¿Qué configuración hace el TJCE de los principios de interpretación conforme y de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario?

3. ¿Cree que sería oportuno que el TJCE aceptase el efecto directo horizontal de las directivas? Busque argumentos a favor y en contra de esta posibilidad?

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 16 DE DICIEMBRE DE 1993. - TEODORO WAGNER MIRET CONTRA FONDO DE GARANTIA SALARIAL. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNA - ESPANA. - DIRECTIVA SOBRE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LA INSOLVENCIA DEL EMPRESARIO - AMBITO DE APLICACION - INSTITUCION DE GARANTIA. ASUNTO C-334/92.

Palabras clave 1. Política social ° Aproximación de las legislaciones ° Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario ° Directiva 80/987/CEE ° Ambito de aplicación ° Categoría de trabajadores que poseen el estatuto de trabajadores por cuenta ajena por lo que respecta al Derecho nacional y que no figuran en la Sección I del Anexo de la Directiva ° Inclusión (Directiva 80/987/CEE del Consejo, Anexo, Sección I, en su versión modificada por la Directiva 87/164/CEE) 2. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Ejecución por los Estados miembros ° Necesidad de garantizar la eficacia de las Directivas ° Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales (Tratado CEE, art. 189, párr. 3) 3. Política social ° Aproximación de las legislaciones ° Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario ° Directiva 80/987/CEE ° Obligación, a cargo de los Estados miembros, de crear una misma institución de garantía para todas las categorías de trabajadores ° Inexistencia ° Legislación nacional que no permite proporcionar al personal de alta dirección la garantía prevista por la Directiva ° Derecho de los interesados a obtener del Estado miembro de que se trate la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de la Directiva (Directiva 80/987/CEE del Consejo, art. 3, párr. 1)

Motivación de la sentencia 1 Mediante auto de 31 de julio de 1992, registrado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de agosto siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219; en lo sucesivo, "Directiva sobre la insolvencia de los empresarios"), en su versión modificada por la Directiva 87/164/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1987 (DO L 66, p. 11). 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio en el que el Sr. Wagner Miret, miembro del personal de alta dirección de una empresa declarada insolvente, reclama al Fondo de Garantía Salarial el pago de retribuciones impagadas. 3 La Directiva sobre la insolvencia de los empresarios obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que determinadas instituciones de garantía aseguren a los trabajadores asalariados cuyo empresario haya sido declarado insolvente el pago de los créditos impagados.

4 En Derecho español existe un fondo de garantía, creado mediante el artículo 33 de la Ley 8/1980, Estatuto de los Trabajadores, de 10 de marzo (Ley del Estatuto de los Trabajadores; en lo sucesivo, "Estatuto de los Trabajadores"), es decir, antes de que se adoptara la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios. 5 Al adherirse a las Comunidades Europeas, el Reino de España no consideró necesario modificar su Derecho nacional para adaptarlo a dicha Directiva. 6 De los autos se deduce que los órganos jurisdiccionales españoles han considerado que la protección establecida por el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores no se aplica al personal de alta dirección. En efecto, el artículo 15 del Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, que se refiere a las garantías del personal de alta dirección, no efectúa ninguna remisión a dicha disposición. No obstante, los órganos jurisdiccionales españoles se han pronunciado en sentido divergente con respecto a la posibilidad de que el personal de alta dirección goce de dicha protección en virtud de las disposiciones de la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios. 7 El Sr. Wagner Miret, cargo directivo de la empresa CEP Catalana, S.A., cesó en virtud de un Expediente de Regulación de Empleo autorizado por acuerdo de 24 de noviembre de 1989 del Cap de Servei Territorial de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Dado que la empresa fue declarada insolvente, presentó una demanda, que correspondió al Juzgado de lo Social nº 27 de Barcelona, reclamando los salarios no percibidos de los meses de octubre y noviembre de 1989 y la liquidación de las partes proporcionales adeudadas como consecuencia de su cese. Estas cantidades ascendían en total a 434.880 pesetas. Mediante sentencia de 18 de diciembre de 1991, dicha demanda fue desestimada debido a la condición de miembro del personal de alta dirección del Sr. Wagner Miret. 8 El demandante interpuso recurso de suplicación contra dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: "a) Si la Directiva 80/987/CEE, de 20 de octubre de 1980, es de aplicación a todos los trabajadores asalariados, salvo los excluidos en el Anexo de dicha Directiva (87/164/CEE, de 2 de marzo de 1987). b) Si al no incluir España en el Anexo de la Directiva 87/164/CEE, de 2 de marzo de 1987, completando el Anexo inicial como consecuencia de la incorporación de España a la Comunidad, la excepción en concreto referente al personal de alta dirección, pueden quedar excluidas dichas personas de la aplicación con carácter general de las garantías previstas en la Directiva 80/987/CEE. c) Caso de resultar de aplicación las garantías de la Directiva 80/987/CEE al personal de alta dirección en España, su aplicación concreta debe serlo a través del Organo ordinariamente previsto para el resto de los trabajadores asalariados (Fondo de Garantía Salarial) o bien por vía de indemnización a cargo directamente del Estado." Sobre las dos primeras cuestiones 9 Mediante sus dos primeras cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional solicita fundamentalmente que se dilucide si los miembros del personal de alta dirección pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios, aunque no figuren en la Sección I del Anexo de dicha Directiva. 10 Con arreglo al apartado 1 de su artículo 1, la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios se aplica a los créditos en favor de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia. No obstante, el apartado

2 del artículo 1 autoriza a los Estados miembros a excluir "del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, en razón de la naturaleza especial del contrato de trabajo o de la relación laboral de aquéllos, o en razón de la existencia de otras formas de garantía que ofrezcan a los trabajadores asalariados una protección equivalente a la que resulta de la presente Directiva". La lista de las categorías de trabajadores asalariados excluidos figura en la sección I del Anexo de la Directiva. 11 Por otra parte, conforme al apartado 2 del artículo 2 de la misma, la definición del concepto de trabajador asalariado corresponde al Derecho nacional. 12 De ello se deduce que la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios deberá aplicarse a todas las categorías de trabajadores asalariados definidas como tales por el Derecho nacional de un Estado miembro, con excepción de las enumeradas en su Anexo. 13 Haciendo uso de la facultad prevista por el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva, el Reino de España solicitó la exclusión de los empleados domésticos al servicio de una persona física. Esta exclusión figura en la Sección I del Anexo de la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios, en su versión modificada por la Directiva 87/164 como consecuencia de la adhesión del Reino de España. Por el contrario, el Reino de España no solicitó que la categoría del personal de alta dirección se mencionara en la Sección I del Anexo. 14 En consecuencia, procede responder a las dos primeras cuestiones que los miembros del personal de alta dirección no pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario en su versión modificada por la Directiva 87/164/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1987, ya que el Derecho nacional los califica de trabajadores asalariados y no figuran en la Sección I del Anexo de la Directiva. Sobre la tercera cuestión 15 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional solicita fundamentalmente que se dilucide si, en virtud de la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios, el personal de alta dirección tiene derecho a solicitar el pago de créditos salariales a la institución de garantía creada por el Derecho nacional para las demás categorías de trabajadores asalariados o, caso de no ser así, si tiene derecho a solicitar al Estado miembro de que se trate la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de la Directiva en lo que a dicho personal se refiere. 16 En primer lugar, se debe señalar que el Reino de España no ha creado más institución de garantía que el Fondo de Garantía Salarial. 17 Procede recordar, en segundo lugar, que, en la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. I5357), este Tribunal de Justicia señaló (apartado 25) que, con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios, los Estados miembros disponen de una amplia discrecionalidad en cuanto a la organización, al funcionamiento y a la financiación de las instituciones de garantía. Y declaró (apartado 26) que, aun cuando las disposiciones de la Directiva sean suficientemente precisas e incondicionales en lo que respecta a la determinación de los beneficiarios de la garantía y al contenido de esta última, dichos elementos no bastaban para que los particulares pudieran invocar, contra el Estado, esas disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

18 Por lo que se refiere, más concretamente, al problema planteado por el órgano jurisdiccional nacional, procede destacar que la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios no obliga a los Estados miembros a crear una misma institución de garantía para todas las categorías de trabajadores y, en consecuencia, a hacer que el personal de alta dirección dependa de la institución de garantía creada para las demás categorías de trabajadores asalariados. En efecto, el apartado 1 del artículo 3 deja encomendada a los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias para que las instituciones de garantía aseguren el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados. 19 Del margen de apreciación que, de este modo, se reconoce a los Estados miembros, hay que deducir que el personal de alta dirección no puede acogerse a la Directiva para solicitar el pago de créditos salariales a la institución de garantía creada para las demás categorías de trabajadores asalariados. 20 En tercer lugar, procede recordar que, cuando interpreta y aplica el Derecho nacional, todo órgano jurisdiccional nacional debe presumir que el Estado ha tenido intención de cumplir plenamente las obligaciones derivadas de la Directiva de que se trate. Como declaró este Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135), apartado 8, al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado. 21 El principio de interpretación conforme se impone especialmente al órgano jurisdiccional nacional cuando un Estado miembro ha considerado, como en el caso de autos, que las disposiciones preexistentes de su Derecho nacional respondían a las exigencias de la Directiva de que se trataba. 22 Del auto de remisión parece deducirse que las disposiciones nacionales no pueden ser interpretadas en un sentido conforme con la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios y que, por consiguiente, no permiten asegurar al personal de alta dirección el goce de las garantías que la misma establece. Si es así, de la sentencia Francovich, antes mencionada, se desprende que el Estado miembro afectado está obligado a reparar los perjuicios sufridos por el personal de alta dirección debido al incumplimiento de la Directiva en lo que a dicho personal se refiere. 23 En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión que: a) el personal de alta dirección no tiene, en virtud de la Directiva 80/987, derecho a solicitar el pago de los créditos salariales a la institución de garantía creada por el Derecho nacional para las demás categorías de trabajadores asalariados y b) en caso de que el Derecho nacional, incluso interpretado a la luz de dicha Directiva, no permitiera asegurar el goce de las garantías que la misma prevé al personal de dirección, éste tiene derecho a solicitar al Estado miembro de que se trate la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de la Directiva en lo que a dicho personal se refiere. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre la cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante auto de 31 de julio de 1992, declara: 1) Los miembros del personal de alta dirección no pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 87/164/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1987, ya que el Derecho nacional los califica de trabajadores asalariados y no figuran en la Sección I del Anexo de la Directiva. 2) a) El personal de alta dirección no tiene, en virtud de la Directiva 80/987, derecho a solicitar el pago de los créditos salariales a la institución de garantía creada por el Derecho nacional para las demás categorías de trabajadores asalariados y b) en caso de que el Derecho nacional, incluso interpretado a la luz de dicha Directiva, no permitiera asegurar el goce de las garantías que la misma prevé al personal de dirección, éste tiene derecho a solicitar al Estado miembro de que se trate la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de la Directiva en lo que a dicho personal se refiere.

…………………………………………………………………………. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de marzo de 1996. - El Corte Inglés SA contra Cristina Blázquez Rivero. - Petición de decisión prejudicial: Juzgado de Primera Instancia n. 10 de Sevilla - España. - Efecto directo de las Directivas a las que no se ha adaptado el Derecho interno - Directiva 87/102/CEE del Consejo en materia de crédito al consumo. - Asunto C-192/94.

Recopilación de Jurisprudencia 1996 página I-01281

Palabras clave 1. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Efecto directo ° Límites ° Posibilidad de invocar una Directiva frente a un particular ° Exclusión (Tratado CE, art. 189, párr. 3) 2. Aproximación de las legislaciones ° Protección de los consumidores en materia de crédito al consumo ° Directiva 87/102/CEE ° Posibilidad, a falta de medidas de adaptación del Derecho interno, de basar en la Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada ° Exclusión ° Competencia comunitaria con arreglo al artículo 129 A ° Falta de incidencia (Tratado CE, arts. 129 A y 189, párr. 3; Directiva 87/102/CEE del Consejo, art. 11) 3. Derecho comunitario ° Derechos conferidos a los particulares ° Infracción, por parte de un Estado miembro, de la obligación de adaptar el Derecho interno a una Directiva ° Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares ° Requisitos (Tratado CE, art. 189, párr. 3)

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 30 de junio de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de julio siguiente, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Sevilla planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 129 A del Tratado CE y 11 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48; en lo sucesivo, "Directiva"). 2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre una sociedad financiadora, El Corte Inglés (en lo sucesivo, "sociedad financiadora"), y la Sra. Blázquez Rivero, debido a que esta última dejó de abonar los plazos del préstamo a la sociedad financiadora. 3 La Sra. Blázquez Rivero celebró con El Corte Inglés, S.A. (en lo sucesivo, "agencia de viajes") un contrato de viaje turístico para cuyo abono parcial concertó un crédito con la sociedad financiadora. Esta última tiene en exclusiva la atribución de los préstamos concedidos a los clientes de la agencia de viajes en virtud de un acuerdo existente entre las dos sociedades. 4 La Sra. Blázquez Rivero, que reprocha a la agencia de viajes determinados defectos en el cumplimiento de sus obligaciones, planteó contra ella una serie de reclamaciones. Al no obtener satisfacción, la Sra. Blázquez Rivero dejó de abonar los plazos del préstamo a la sociedad financiadora, que presentó entonces ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla una demanda judicial en reclamación de la cantidad dejada de abonar. 5 Ante el órgano jurisdiccional nacional, la Sra. Blázquez Rivero opuso a la sociedad financiadora el incumplimiento del contrato de viaje, aunque sin efectuar ninguna distinción entre dicha sociedad y la agencia de viajes, dadas las estrechas relaciones existentes entre ambas. 6 El órgano jurisdiccional de remisión consideró que el apartado 2 del artículo 11 de la Directiva permitía a la consumidora entablar una acción judicial contra la sociedad financiadora. A tenor de esta disposición: "2. Siempre que: a) para comprar bienes y obtener servicios, el consumidor concierte un contrato de crédito con una persona distinta del proveedor de dichos bienes o servicios; y b) entre el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a los clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios suministrados por este último; y c) el consumidor a que se refiere la letra a) obtenga el crédito en aplicación del acuerdo previo mencionado; y d) los bienes o servicios objeto del contrato de crédito no sean suministrados o lo sean parcialmente, o no sean conformes al contrato de suministro; y e) el consumidor haya reclamado contra el proveedor pero no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho, el consumidor tendrá derecho a dirigirse contra el prestamista. Los Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho." 7 Según el órgano jurisdiccional remitente, es irrelevante que, como sucede en el presente caso, la demanda haya sido interpuesta por la sociedad financiadora y no por la

consumidora, por cuanto los derechos pueden invocarse tanto por vía de acción como de excepción. 8 No obstante, observó, por un lado, que el Derecho español no había sido adaptado al apartado 2 del artículo 11 de la Directiva, pese a que el plazo establecido a tal efecto había transcurrido en la época en que sucedieron los hechos del litigio y, por otro, que el resultado perseguido por esta disposición no podía alcanzarse mediante una interpretación conforme del Derecho nacional. En efecto, el artículo 1257 del Código Civil español, con arreglo al cual "los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos", impediría a la consumidora oponer a la sociedad financiadora los incumplimientos de la agencia de viajes. 9 Aunque consideraba que el apartado 2 del artículo 11 era suficientemente claro, preciso e incondicional para ser invocado ante él, el órgano jurisdiccional nacional suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre la siguiente cuestión: "¿Es directamente aplicable el artículo 11 de la Directiva del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (87/102/CEE), no transpuesta al Derecho nacional por el Estado español, para el caso de que un consumidor oponga frente a la reclamación del financiador los defectos del servicio prestado por el proveedor con el que tal financiador tenía suscrito un acuerdo de financiación exclusiva a sus clientes?" 10 Poco tiempo después de plantearse esta cuestión, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325), en la que confirmó su jurisprudencia según la cual las Directivas carecen de todo efecto directo horizontal. El Tribunal de Justicia remitió al órgano jurisdiccional de remisión una copia de la sentencia dictada en dicho asunto, preguntándole si, a la luz de la misma, mantenía su cuestión. 11 El órgano jurisdiccional remitente consideró que la sentencia dictada en el asunto Faccini Dori daba una respuesta clara a la problemática del efecto directo horizontal de las Directivas cuando no se había producido la adaptación del Derecho interno a éstas, pero señaló que, a diferencia de la controversia de la que conoce, el asunto Faccini Dori se refería a hechos anteriores a la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Ahora bien, este último introdujo una nueva disposición en materia de protección de los consumidores, el artículo 129 A. 12 A tenor de esta disposición: "1. La Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante: a) medidas que adopte en virtud del artículo 100 A en el marco de la realización del mercado interior; b) acciones concretas que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados miembros a fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, y de garantizarles una información adecuada. 2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las acciones concretas mencionadas en la letra b) del apartado 1.

3. Las acciones que se adopten en virtud del apartado 2 no obstarán para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión." 13 Al albergar dudas sobre si esta norma, que establece el principio de un alto nivel de protección de los consumidores, podía tener alguna incidencia sobre el efecto directo entre particulares del artículo 11 de la citada Directiva, el órgano jurisdiccional mantuvo su cuestión. 14 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si, a falta de medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro de los plazos señalados, puede el consumidor, habida cuenta del artículo 129 A del Tratado, basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada, a causa de defectos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios por parte del proveedor o del prestador con el que dicho concedente de crédito ha celebrado un acuerdo de financiación exclusiva e invocar este derecho ante un órgano jurisdiccional nacional. Sobre la invocabilidad de las disposiciones de la Directiva relativas al derecho del consumidor a dirigirse contra un concedente de crédito en un litigio entre ambos 15 Como el Tribunal de Justicia ha señalado en reiterada jurisprudencia (véase, en especial, la sentencia de 26 de febrero de 1986, Marshall I, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48), una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, en su contra. 16 En cuanto a la jurisprudencia relativa a la invocabilidad de las Directivas frente a órganos estatales, se basa en el carácter obligatorio de las Directivas, que sólo existe respecto de los Estados miembros destinatarios, y tiene por objeto evitar que un Estado pueda sacar ventajas de haber infringido el Derecho comunitario (véase la sentencia Marshall I, antes citada, apartados 48 y 49). 17 Ampliar dicha jurisprudencia al ámbito de las relaciones entre los particulares equivaldría a reconocer a la Comunidad la facultad de establecer con efectos inmediatos obligaciones a cargo de los particulares, cuando sólo tiene dicha competencia en aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar Reglamentos o Decisiones (véase la sentencia Faccini Dori, antes citada, apartado 24). 18 El artículo 129 A del Tratado no puede modificar esta jurisprudencia, ni siquiera respecto de las Directivas relativas a la protección de los consumidores. 19 Basta observar a este respecto que el artículo 129 A tiene un alcance limitado. Por un lado, proclama la obligación que tiene la Comunidad de contribuir a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores. Por otro lado, crea una competencia comunitaria para acciones concretas relacionadas con la política de protección de los consumidores al margen de las medidas adoptadas en el marco del mercado interior. 20 El artículo 129 A, que se limita a asignar a la Comunidad un objetivo y a atribuirle competencias a tal efecto sin establecer, por lo demás, ninguna obligación a cargo de los Estados miembros o de los particulares, no puede justificar la invocabilidad directa entre particulares de disposiciones claras, precisas e incondicionales de Directivas relativas a la protección de los consumidores a las que no se ha producido la adaptación del Derecho interno dentro de los plazos señalados.

21 Por consiguiente, el consumidor no puede basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada, a causa de incumplimientos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios e invocar este derecho ante un órgano jurisdiccional nacional. 22 Por lo demás, en el supuesto de que no pudiera alcanzarse el resultado exigido por la Directiva por vía interpretativa, debe recordarse que, según la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. I5357), apartado 39, el Derecho comunitario impone a los Estados miembros la obligación de reparar los daños causados a los particulares por no haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en una Directiva, siempre y cuando concurran tres requisitos. Primero, que el objetivo de la Directiva sea atribuir derechos a los particulares. Segundo, que el contenido de estos derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la Directiva. Por último, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido (sentencia Faccini Dori, antes citada, apartado 27). 23 A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder que, a falta de medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro de los plazos señalados, el consumidor, incluso habida cuenta del artículo 129 A del Tratado, no puede basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada, a causa de defectos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios por parte del proveedor o del prestador con el que dicho concedente de crédito ha celebrado un acuerdo de financiación exclusiva e invocar este derecho ante un órgano jurisdiccional nacional.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Sevilla mediante resolución de 30 de junio de 1994, declara: A falta de medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, dentro de los plazos señalados, el consumidor, incluso habida cuenta del artículo 129 A del Tratado CE, no puede basar en la propia Directiva una acción dirigida contra un concedente de crédito, persona privada, a causa de defectos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios por parte del proveedor o del prestador con el que dicho concedente de crédito ha celebrado un acuerdo de financiación exclusiva e invocar este derecho ante un órgano jurisdiccional nacional.