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• E Guzman Condori Guevara

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LINEAMIENTO CENTRALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN NACIONAL

A. POLÍTICAS SOCIALES Se busca un impacto rápido y significativo en la reducción de la pobreza y en la expansión de los beneficiados por el crecimiento económico, así como potenciar los sistemas de concertación, participación y consulta de la ciudadanía en los programas sociales. Estas medidas persiguen reducir el conflicto social, para al mismo tiempo facilitar la inversión privada y coadyuvar a mejorar la productividad. • Duplicación de la cobertura (número de hogares) del programa JUNTOS orientado a familias en pobreza extrema y madres solteras en situación de necesidad.

• Aumento del salario mínimo a S/. 750. Aumentos futuros de acuerdo con la evolución de la productividad y del costo de la canasta de consumo.

• Programa CUNA MÁS para la primera infancia principalmente en distritos con mayor índice de pobreza. • PENSIÓN 65 de S/.250 focalizado y con financiamiento del tesoro público, para personas mayores de 65 años que no tienen protección social. No se tocarán los fondos de los afiliados de las AFP. • BECA 18 para jóvenes egresados con alto rendimiento de los colegios públicos, para realizar estudios profesionales en universidades públicas o privadas del país.

• BECAS DE POSGRADO en países de estándares de educación más avanzados para egresados con alto rendimiento de las universidades peruanas públicas y privadas que deseen realizar estudios en ciencia aplicada y/o recibir capacitación tecnológica.

• Programa reforzado de capacitación de profesores de colegios primarios y secundarios públicos focalizados a lograr una mejora sistémica en la calidad de enseñanza.

• Sistema eficiente de control de calidad de los medicamentos con énfasis en la promoción de genéricos de calidad, eficaces, seguros y oportunos.

• Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con ambulancias equipadas, personal idóneo y

conexión de internet a grupos de médicos especializados para atender casos de urgencias, a nivel nacional con énfasis en las zonas rurales.

• Desnutrición cero con desayunos y almuerzos en los colegios públicos, y fortalecimiento del plan de salud preventiva para los alumnos.

• Atención preferente a las escuelas unidocentes y multigrado que operan en las zonas rurales más pobres del país.

• Dotación de agua potable, desagüe y electricidad para las escuelas públicas. Servicios básicos que se harán extensivos progresivamente, comenzando en las zonas de mayor déficit. • Lucha frontal contra el narcotráfico, tráfico de insumos químicos, lavado de dinero y producción de drogas.

• Aumentar el número de policías en las calles gracias a una adecuada capacitación y mejoras salariales. • Instalación de más comisarías y garantizar su interconexión con equipamiento tecnológico de punta.

B. POLÍTICA MACROECONÓMICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO Se busca mantener el crecimiento económico, con estabilidad macroeconómica, incorporándole la inclusión social y efectuando una mejor distribución de la riqueza. Con este fin el Estado generará las condiciones para desarrollar mercados internos, así como expandir las exportaciones con mayor procesamiento y contenido tecnológico, en el marco de una economía abierta. 1) Estabilidad de precios y sostenibilidad fiscal • Mantenimiento del régimen actual de política monetaria basada en metas de inflación y respeto a la independencia y autonomía del BCRP. • Implementación de una política fiscal responsable y efectivamente contracíclica, que asegure el financiamiento de las políticas sociales con la respectiva recaudación tributaria. 2) Condiciones para expandir la inversión privada nacional, diversificación productiva y competitividad • Inversión en infraestructura mediante inversión pública y privada nacional y extranjera, y/o mediante concesiones y asociaciones público privadas, para la creciente integración física del territorio y la consiguiente expansión e integración de nuestros mercados internos, lo que permitirá diversificar y descentralizar el aparato productivo.

• Desarrollo continuado del mercado de capitales en moneda local para el financiamiento competitivo de la inversión privada nacional o local y su progresiva apertura a las MYPES y PYMES, facilitando esquemas de participación ciudadana. • Aprovechamiento, social y ambientalmente sostenible, de nuestros recursos naturales. • Promover la generación de valor y los encadenamientos productivos aprovechando los recursos naturales y las ventajas competitivas del país. • Revolución educativa que haga énfasis en la calidad y en el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. • Defender a los agricultores de las prácticas de abuso de posición de dominio y de las importaciones de productos subsidiados que compitan deslealmente con nuestra producción. • Defensa y promoción de la biodiversidad y de la agricultura, especialmente la orgánica, declarando la moratoria al ingreso de semillas transgénicas al país, y con la participación activa de las comunidades locales. 3) Desarrollo emprendedor y empresarial • Promoción de MYPES y PYMES mediante el acceso a servicios de desarrollo empresarial, capacitación, asistencia técnica, apoyo a la competitividad, cadenas productivas y conglomerados, servicios financieros y trámites simplificados. Crédito y microcrédito para apoyo al emprendedor. • Asegurar la plena vigencia de los derechos de propiedad poniendo especial atención en sierra y selva. Se promoverá la titulación de los pequeños productores agrarios, así como de las comunidades campesinas y nativas. • Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana producción agraria y agroindustrial, implementando líneas de crédito para capitalización (maquinaria agrícola y mejoramiento de riego) y capital de trabajo, a través del AGROBANCO, el BANCO DE LA NACION y el soporte financiero de COFIDE con seguro agrario. • Ordenar y ampliar la asistencia técnica, información de mercados, innovación tecnológica, infraestructura productiva y facilidades para la organización empresarial de los agricultores.

C. POLÍTICA TRIBUTARIA

Para financiar las políticas sociales se implementará una política tributaria cuyo objetivo será incrementar gradual y sostenidamente los ingresos tributarios permanentes en cerca 3% del PBI, como lo establece el Acuerdo Nacional. No se crearán nuevos impuestos. • Se asegurará el funcionamiento independiente de la SUNAT y se consolidará la fusión con Aduanas. La evasión del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta actualmente de 37% y 49%, respectivamente, se reducirá por lo menos a la mitad.

• La tributación minera será competitiva sin desalentar la inversión, haciendo que la carga fiscal total aumente cuando la rentabilidad se incrementa y disminuya cuando la rentabilidad decrece, asegurando gravar a la sobreganancia minera teniendo en cuenta la competencia internacional. • Se garantizará el cobro de regalías, buscando el mutuo acuerdo con las empresas mineras y asegurando el respeto a la estabilidad jurídica.

D. POLÍTICAS DE ENERGÍA Se busca que el gas natural sea prioritariamente para el Perú, masificando su consumo e impulsando que llegue rápidamente al Norte, al Centro y al Sur del País. Se renegociará el contrato del Lote 88 y se impulsará la construcción de la infraestructura necesaria para su consumo masificado. • Disminución del precio del gas (Gas Licuado de Petróleo-GLP).

• Se promoverá la despetrolización de la matriz energética, utilizando el gas natural y las energías renovables. • Promover la cultura del uso eficiente y racional de la energía como mecanismo de mejora social, económica y ambiental.

• Se impulsará el desarrollo de la industria petroquímica.

E. POLÍTICAS DE REGULACIÓN Se busca mejorar el funcionamiento de los mercados para asegurar su transparencia, la competencia, la protección del medio ambiente y el acceso de todos los ciudadanos por igual. • Fortalecer los mecanismos de defensa de la libre competencia y protección del consumidor . • Fortalecer la autonomía y eficacia de los organismos reguladores.

• Integrar y fortalecer las actuales acciones de regulación mediante la constitución de un organismo autónomo de regulación ambiental.

F. POLÍTICAS DE EMPLEO DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES Se busca desarrollar relaciones laborales que concilien la eficiencia económica con la equidad. • Pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo

• Fiscalización efectiva del respeto a los derechos laborales y de las condiciones de salubridad y seguridad del trabajo. Se aumentará significativamente el número de inspectores de trabajo. • Asegurar el respeto efectivo de los derechos laborales (libre sindicalización y negociación colectiva vinculándola a los aumentos de la productividad).

• Programas de incentivos a la formalización de las MYPES consistentes en el aseguramiento de los trabajadores de todas aquellas empresas que se formalicen y, al mismo tiempo, se comprometen a cumplir con sus obligaciones tributarias y con estándares laborales básicos. • Implementar sistemas de capacitación de acuerdo a la demanda, para facilitar la empleabilidad de la oferta laboral subempleada y desempleada.

G. POR UN ESTADO MÁS SEGURO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO Se busca generar eficacia en la ejecución de las tarea del Estado y facilitar su descentralización. • Implementar de la reforma de la carrera de servicio civil de la administración pública basada en la meritocracia y remuneraciones adecuadas.

• Creación de un equipo técnico de seguimiento que asegure la ejecución de los proyectos y programas de alta prioridad.

• Creación de una Escuela Nacional de Administración Pública como responsable de la formación y capacitación de los funcionarios públicos de la administración de los tres niveles de gobierno. • Capacitación del personal para el empoderamiento de la capacidad de gestión de las regiones y gobiernos locales.

• Fortalecer la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y dotarlo de equipos profesionales calificados y adecuadamente remunerados.

• Definición clara de competencias de los niveles de gobierno Nacional, Regional y Local y cofinanciación de Inversiones entre los tres niveles de gobierno.

• Priorizar inversiones públicas en regiones sin Canon, a fin de generar condiciones para la futura conformación de macroregiones.

• Optimizar la utilización de fondos concursables de inversión, a nivel local y regional, para ampliar el banco de proyectos y garantizar una mayor participación de las organizaciones empresariales y de la sociedad civil.

• Creación de un Consejo Económico-Social como órgano consultivo del gobierno integrado por representantes de las fuerzas laborales y empresariales -industriales y agrícolas- y por representantes de la sociedad civil. Este Consejo contribuirá a proponer reformas y políticas públicas para fortalecer el crecimiento con redistribución e inclusión social, así como a acompañar el crecimiento con estabilidad social y política.

• Autonomía y fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

LAS POLITICA PUBLICAS EN LA ACTUALIDAD. INTERNACIONAL Conjuntamente a la transformación producida por la crisis del Estado de Bienestar se han encontrado también modificaciones en la centralidad de sus estructuras (focalización vs. Intención de universalidad) y el carácter de las intervenciones ( ocupando mayor cantidad de recursos las asistencialistas). La contrapartida del Estado de Bienestar se da por la imposición del modelo neoliberal que ha demostrado en el tiempo que tampoco está en condiciones de compensar los efectos del ajuste, ni de asegurar las prestaciones básicas en áreas que tradicionalmente contaban con una cobertura estatal ampliada, (salud, educación, vivienda, etc). La respuesta quizás deba buscarse históricamente. El Estado de Bienestar funcionó como una alternativa a la crisis de un Estado liberal clásico y debe entenderse como una solución democrática dentro del marco capitalista, como un “sistema de dominación y legitimación política”, adecuando la acumulación de capital, y logrando una mayor democratización y “ciudadanización”. A su vez, este Estado, tradicionalmente fue el actor estimulador de las relaciones sociales, y el principal agente de la realidad económica, con un predominio estructurado sobre la producción, el empleo, la distribución del ingreso, y el

consumo. Sin embargo, este mismo Estado se encuentra en crisis, en relación al modelo predominante hasta la década del ’80, observándose que la influencia de un neocapitalismo o del neoliberalismo es concomitante al declive del socialismo a nivel mundial. Para el concepto de algunos autores lo que ocurre, en definitiva, es una crisis dentro del sistema capitalista, por la bùsqueda de un modelo capitalista diferente, de legitimación y dominación. Los autores señalan la crisis como una consecuencia de la crisis económica; explicando los elementos económicos que definen esta dimensión. “La aparición de situaciones de estancamiento económico con inflación desde el Estado de Bienestar, es cuando a veces a gran escala en la mayor parte de los países occidentales; la crisis final del Estado, ocasionada por la brecha entre los gastos sociales crecientes, y los ingresos minoritarios destinados al capital social. A estas señales de la crisis hay que añadir la péridida de confianza en el sistema del Estado de Bienestar Keynesiano, tanto en el aspecto social (la capacidad del sistema para garantizar las prestaciones características del Estado de Bienestar), como económico ( los mecanismos de intervención keynesianos aparecen para algunos como parte del problema más que como elementos de la solución, tal como habían sido considerados desde el final de la guerra) (25). En la década del ’90 las políticas públicas aparecen altamente condicionadas por las denominadas Reformas de Primera y Segunda Generación. Las primeras estuvieron destinadas a la práctica del ajuste tratando de achicar el déficit fiscal y abriendo la economía al circuito internacional. En esta etapa la reforma trató la apertura de la economía la desregulación el ingreso de capitales y las privatizaciones. Según los autores el punto de partido ha sido denominado Consenso de Washington. En una segunda etapa las reformas se basaron en la capacidad de gestión del Estado, su transparencia, y la democratización del aparato democrático. Estos cambios introducidos en la transición democrática tampoco llevaron a implementar significativamente la gestión gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, a la vez que el deterioro de los derechos civiles, el vaciamente de contenido de los derechos políticos, solo permniten la asistencia de los más perjudicados y la casi imposiblidad de ejercer algun tipo de acción correctiva en los períodos de crisis. De esto se puede concluir. 1) Estado actual después de la reforma pasa a ser un Estado remanente o residual. 2) Existe una baja concientización respecto de las políticas públicas ya que la percepción mayopritaria es que corresponden al gobierno y no a la interacción entre diferentes autores.

3) El avance liberal ha quitado al Estado su capacidad de regulador de la economía y de árbitro ante los sectores sociales encontrados . 10. PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas han alcanzado en los últimos años en Latinoamérica un potencial de desarrollo, especialmente en lo relacionado a los aspectos teóricos, y la conformación de redes para estimular la investigación en el área a la vez de lograr un mayor soporte teorético para la promoción de cambios y reformas en el Estado. Ejemplos concretos de lo explicitado son las Redes de Formación e Investigación en Gerencia Pública con un centro focal (CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO). De Institutos y Centros como los descriptos, provienen a su vez programas de actualización y perfeccionamiento para la enseñanza de las políticas públicas. En relación con los avances en la investigación y la especialización en el área de políticas públicas, atento el hecho de contar con poca tradición e inclusión dentro de las Universidades, en Escuelas de Administración o en los Institutos de Investigación, una buena propuesta sería plasmar la inclusión de áreas de conocimientos insoslayables para la enseñanza y la formación de expertos dentro de la Administración Pública. 1)Teoría de políticas públicas. 2)Formulación e implementación de políticas públicas. 3) Evaluación de políticas públicas. 4)Alta gerencia. 5)Reforma del Estado. Proyectos y experiencias. 11. CONCLUSIONES. En concordancia con el incremento observado en el desarrollo de la teoría de las políticas públicas podríamos efectuar las siguientes consideraciones. 1)La mayor parte de la teoría encuentra su soporte en la identificación con la actividad desplegada por el Estado, y especialmente con un tipo de Estado – el Estado de Bienestar. 2)La crisis en la que desembocara el Estado de bienestar productor de bienes y servicios, llevó a repensar la teoría no solo desde la óptica productiva, sino también desde la de las relaciones de dominación. 3)Como consecuencia de la crisis la mayoría de los Estados introdujo cambios en su organización a través de reformas paradigmáticas. 4) Dichas reformas no produjeron una concordancia entre el “ajuste” asegurado por el Estado y la pretendida disminución del aparato burocrático, y del sector público.

5) Así mismo, los cambios están influenciados no solo por actores legitimados intrasistema sino por otros agentes externos. 6) Indefectiblemente, cualquier planificación chocará contra imprevisiones o desvíos que provocan retoques promovidos desde las organizaciones burocráticas. 7) Los desvíos detectados y los cambios propuestos deben ser consecuencia de procesos de evaluación en la implementación de políticas. 8) A pesar de la colisión entre la racionalidad técnica y la racionalidad política, la formulación, gestión e implementación de políticas necesita con el tiempo especialistas o expertos en el área de políticas públicas. 9) Es imprescindible la continuidad en los programas de formación y perfeccionamiento de administradores de la cosa pública y de gestores de políticas públicas tanto desde el punto de vista académico como del operativo. * Artículo presentado en el Primer Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Gobierno y Administración Pública, Rosario, 30 de agosto a 1° de septiembre de 2001.