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• Jonathan Gutierrez

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La democracia en Ecuador La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro, es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se fundan en una se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de una cultura democrática solidaria. No puede haber democracia sin demócratas, no puede haber demócratas sin formación política, para ello se requiere una formación política permanente, más allá de la educación cívica y del estudio científico de la política, que se practica en la democracia, comprometida con un proyecto político o con una causa social determinada, en el contexto de fortalecer y profundizar los procesos democráticos. Conceptualmente la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y se sustenta en el pueblo (la voz de Dios), y es él quien puede cambiar o ratificar su voluntad en las urnas en las siguientes elecciones populares; y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado, cada uno de ellos es independiente y existe un control constante de uno sobre el otro, para evitar los casos de corrupción o ilegalidad en el sector público y privado. En una democracia libre, independiente y soberana no se desarma a la población (sometimiento), en la Constitución norteamericana se garantiza el uso de las armas para que la ciudadanía se proteja de la delincuencia y del totalitarismo, no existe centralización de las funciones del Estado (regionalismo del poder), no se ataca a los medios de comunicación (mordaza e impunidad), no se deja libre a los presos sin sentencia (incremento de la delincuencia), no se viola el sigilo bancario de los clientes para efectos tributarios, no se viola la Constitución de la República (tiranía), no se estatiza la producción privada (comunismo), no se interpretan las leyes políticamente para beneficio personal (autocracia), no se utiliza la demagogia como solución de las problemas sociales del país (parche político), no se utilizan los recursos, fondos y bienes del Estado en campañas políticas (abuso del poder), no se persigue a la oposición que no está de acuerdo con las decisiones y medidas tomadas (persecución política), no se crea más burocracia privilegiada (ministerios de asesores) y gastos de publicidad política innecesarios e improductivos para el país (despilfarro de fondos públicos) y no se utiliza a la justicia en juicios fraudulentos y políticos (justicia politizada). Para que una democracia sea libre e independiente con éxito económico, político y social, debe existir libertad de empresa (libre competencia), libertad de expresión (participación ciudadana), libertad de comunicación (derecho a la resistencia), seguridad jurídica, inversión y confianza extranjera (crecimiento económico), rendición de cuentas sobre los recursos, fondos, bienes y contratos firmados con el Estado (fiscalización de Contraloría), respeto a la vida y a los derechos humanos y laborales (conciencia social), cumplimiento de los debidos procesos electorales y judiciales (legislación soberana), independencia política, ideológica y operativa para manejar el Estado (sin sometimiento), paz y tranquilidad

ciudadana y bienestar comunitario (el buen vivir), reconocimiento del triunfo político de la oposición (democracia), rechazo al fraude de cualquier línea política (transparencia), sanción para los responsables de los actos de corrupción con fondos públicos, sanción para los que violan las leyes y la Constitución de la República (justicia despolitizada), rehabilitación penitenciaria (justicia social) y un sistema de control del medio ambiente para preservar los recursos naturales y garantizar la buena salud de las personas (protección humana). En Ecuador se está tratando de construir un nuevo sistema democrático partiendo de cero como se hizo con el Municipio de Guayaquil (asesor jurídico), pero sin embargo se quiere sembrar un caos para convertirnos en una especie de Angola sudamericana, los crímenes públicos y el narcotráfico están ganando espacio en el país, situación que es manejada por los altos círculos del poder oculto que están vinculados con ciertas autoridades que han permitido su existencia, por lo que debemos luchar como sociedad civil para terminar con dicho poder y establecer un ambiente de progreso y bienestar ciudadano. La educación política ecuatoriana sigue estacionaria, se continúa con la misma práctica electorera que no ha variado en absoluto en los últimos años, sin que se haya incrementado la independencia política, solo varían quienes dan los consabidos encendidos discursos contra sus mayores opositores políticos y no para nada la solución de los problemas del país y de la ciudadanía, en el campo de la práctica y de la realidad nacional. Deben resolverse los problemas políticos estructurales de la democracia ecuatoriana, para lograr un mejor nivel de desarrollo económico y social, que permita superar la pobreza y garantizar el progreso sostenido del país y su bienestar ciudadano. Reflexiones: ¿En democracia debe existir independencia de los pobres del Estado? ¿Deben cumplirse transparentemente los procesos electorales y judiciales para que exista una democracia libre, independiente y soberana? ¿Deben existir libertades humanas en una democracia independiente y libre? ¿En una democracia se debe respetar los derechos humanos, laborales y la vida privada de la ciudadanía? ¿En una democracia debe haber libre competencia de empresa y mercado? ¿En democracia el pueblo decide a través de su voto el destino del país y el bienestar ciudadano? ¿En democracia se sanciona a los responsables que violan las leyes y la Constitución de la República? ¿En democracia prevalecen los intereses del país y de la ciudadanía sobre los políticos y personales? ¿En democracia la fuerza pública debe ser obediente y no deliberante? ¿En democracia debe informarse anualmente el monto de lo presupuestado de lo civil y no civil financiado por el Estado? ¿En democracia debe informarse anualmente los resultados de la situación económica, política y social del país? Atentamente

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LA DEMOCRACIA EN ECUADOR Publicado el febrero 3, 2005de Andres ABA | 2 comentarios Nunca hemos tenido un sistema democratico verdadero ni transparente. Hoy mas que nunca la poca institucionalidad que tenemos esta desapareciendo. Se esta tratando de destruir el sistema para construir uno desde cero como hizo Leon en el Municipio o se quiere sembrar un caos para peremnizar pillerias, robos y convertirnos en una especie de Angola Sur Americana. Los crimenes publicos como robos, secuestros y violaciones esta cediendo su espacio en el periodico a un tipo de crimenes menos violentos pero mas peligrosos: ataques a personajes publicos, ataques armados contra consejales, empleados de municipios y diputados. Estos crimenes " sin victimas mayores" pueden ser el principio de un gran esfuerzo desestabilizador que viene de altos circulos de poder. No se quien esta involucardo: FARC, Carteles del Narcontrafico o "ciertas" autoridades. No podemos permitir que estos intentos de desestabilizar la poca democracia e institucionalidad que tenemos continuen. En el articulo de Francisco se menciona la falta de involucramiento de parte de todos nosotros, como ecuatorianos que somos. Es necesario, se vuelve imprescindible que nos comencemos a organizar como sociedad civil, en Quito, Guayaquil, Cuenca y demas lugares de la patria para luchar contra algo mas grande que la corrupcion. Estamos en manos de hombres sin moral y peor, sin educacion, metas y menos nobleza, estan tratando de resolver las disputas como se hace en el cuartel y no en un lugar civilizado. Temo lo que pueda pasar a nuestro Ecuador si no se le pone un punto final a este grupo que apoya a las FARC, que tiene en su sequito a una gran cantidad de matones y que busca el enriquecimiento sobre todas las cosas. Podemos discutir eternamente si son producto de la desigualdad y resentimiento, fruto de nuestro corrupto sistema, pero eso no le da a nadie la libertad para violar los derechos de los demas, menos aun los de un pueblo, que tiene derecho a vivir en paz y buscar mejores dias. Hoy mas que nunca hay que rechazar de frente a este tipo de violencia y ser firmes con aquellos que atentan a las democracias. Si 100 o 500 insurgentes, paramilitares y Pseudo Terroristas tienen que morir para que el Ecuador este en paz. QUE ASI SEA!!!

La capacidad de un sistema político para promover acuerdos democráticos depende de la bondad de las instituciones y los incentivos que estas ofrezcan, y de la conducta de los actores políticos y la ciudadanía En el cuarto de siglo transcurrido, la democracia ha hecho importantes aportes al desarrollo nacional, en parte gracias al petróleo. El analfabetismo fue reducido, disminuyó la mortalidad, aumentó la esperanza de vida, se extendió la cobertura de los servicios públicos, el pueblo indígena recuperó su identidad, progresaron las ciudades y fue resuelto el atávico problema territorial. En cambio, fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los niveles de pobreza continuaron altos, se deterioró la calidad de los servicios de educación y salud, se mantuvo la injusta distribución de la riqueza y el país se estancó con respecto a otros de América Latina. En estos resultados negativos influyeron pérdidas económicas causadas por catástrofes, caídas de las exportaciones, crisis internacionales, guerras, sequías y plagas. Hechos que deben ponderarse porque sus efectos fueron ocasionales y transitorios y porque hubo años de altos precios del petróleo y el conflicto fronterizo fue resuelto en 1998. En cambio los problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, por ser estructurales, han conspirado contra todos los gobiernos. A ellos se debe el fracaso de costosos programas de estabilización económica, la interrupción de promisorios procesos de crecimiento, el desperdicio de oportunidades económicas externas, la deficiente respuesta a crisis internacionales, el empeoramiento de la equidad social y el atraso y frustración en los que el país se ha debatido durante 25 años.

Los acuerdos políticos han sido el talón de Aquiles de la democracia. Una de las pocas veces en que presidente, ex presidentes y vicepresidente se han renunido fue, como registra esta histórica foto, por la unidad nacional en la Guerra del Cenepa Fragmentación política Ilustra la extrema fragmentación del sistema de partidos el hecho de que, de diez presidentes del Ecuador, solo dos han pertenecido a la misma organización política (DP).

Debilidad que no ha podido corregirse en razón de que partidos en vías de extinción han manipulado en el Congreso y en el TSE las normas que los inhabilitaban, y de que los propios ciudadanos han incentivado la fragmentación política con la dispersión de sus votos en los comicios. A lo que ha contribuido la generalizada defensa de minorías no representativas, olvidando que las democracias exitosas se asientan en sólidos partidos mayoritarios. Por estos motivos no produjeron efectos las reformas constitucionales y legales con las que se buscó promover un sistema de partidos que garantice la estabilidad política, propicie la continuidad económica, otorgue seguridad jurídica y lidere la democracia ecuatoriana, requisitos sin los cuales no es posible el progreso socioeconómico. Tampoco fue posible que los gobiernos contaran con una mayoría legislativa que respaldara sus iniciativas y moderase la desestabilizadora oposición que sufrieron en el Congreso Nacional. Conflictividad La democracia es un sistema político en el que el diálogo y la negociación permiten acercar posiciones, convenir acuerdos, facilitar decisiones e impulsar iniciativas de interés nacional, consensos indispensables en un país políticamente fragmentado como el Ecuador. La capacidad de un sistema político para promoverlos no sólo depende de la bondad de las instituciones y de los incentivos que ofrezcan, sino también de la forma en que actúan los actores políticos. Líderes dogmáticos y apasionados, empecinados en imponer sus posiciones, reacios a valorar el punto de vista del adversario y proclives a la violencia verbal, cierran las puertas al diálogo político constructivo. Varias son las consecuencias de estas conductas. No fue posible la formación de alianzas perdurables y la adopción de políticas de Estado. Quienes pretendían acceder al poder realizaron una oposición intransigente y desleal, sin tener en cuenta que el progreso del país dependía del éxito del gobierno. En el debate sobre los asuntos públicos, no se buscó esclarecerlos, a través de un intercambio razonado de puntos de vista, sino descalificar al adversario mediante ataques personales. Todos los presidentes, con una excepción, entregaron a su sucesor la economía desestabilizada, y uno llegó a tomar decisiones con el deliberado propósito de agravar su condición crítica. Ilegalidad Gobiernos, congresos, partidos, organizaciones sociales, sectores económicos y la generalidad de los ciudadanos, en lugar de encuadrar sus actividades diarias dentro de los ámbitos establecidos por los preceptos jurídicos, tienden a interpretarlos maliciosamente o simplemente a ignorarlos. Por este motivo, y no por falta de normas, no existe en el Ecuador el imperio de la ley, elemento del que depende la correcta operación de las instituciones democráticas y el progreso de las sociedades. Por ejemplo, mediante toda suerte de subterfugios se ha impedido que se aplique la disposición que, desde 1979, establecía que los partidos perdían el registro electoral si no alcanzaban el 5% de votos en dos elecciones consecutivas. El Congreso Nacional ha violado reiteradamente el artículo de la Constitución que le prohibe tomar iniciativa en leyes que creen gasto público, desacato paradójicamente avalado por los tres últimos presidentes de la República. Y en cuanto a los ciudadanos, solo hay que mirar la forma en que cotidianamente violan la Ley de Tránsito en

calles y carreteras o recordar que, para una amplia mayoría, cumplir con la obligación de pagar impuestos es una mezcla de ingenuidad y tontería. LOS HECHOS

Populismo

El país cambió por el petróleo En el cuarto de siglo de democracia, se redujo el analfabetismo, disminuyó la mortalidad, aumentó la esperanza de vida, se extendió la cobertura de los servicios públicos, el pueblo indígena recuperó su identidad, progresaron las ciudades y fue resuelto el problema territorial.

Tal es la fuerza del populismo que su retórica y sus prácticas no solo marcan la conducta de partidos de tal orientación, como PSC, PRE, Prian y MPD, sino de casi todos los líderes políticos ecuatorianos. El dispendioso gasto público de gobiernos y congresos (especialmente en períodos electorales), la oposición a leyes y decisiones necesarias para la salud de las finanzas públicas y la reticencia a tomar medidas “impopulares”, impidieron que el país tuviera una administración ordenada de la economía y provocaron devastadoras crisis económicas y sociales. Su desinterés por programas que promueven la equidad social cortó la posibilidad de que pudiera mejorarse la calidad de la deteriorada educación pública. Sus prédicas paternalistas, el ejercicio clientelar del poder y la irresponsable demagogia degradaron las instituciones democráticas, ocasionaron el desperdicio de recursos e impidieron que el pueblo adquiriera conciencia de sus responsabilidades. Buena muestra del generalizado carácter populista de la sociedad ecuatoriana fue la forma en que diputados, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación discutieron el reciente aumento de pensiones a los jubilados. Exclusión social Los altos porcentajes de pobreza y de indigencia, las hirientes injusticias sociales, la abusiva presencia de privilegios y una sociedad que no ofrece iguales oportunidades, han provocado un sentimiento de exclusión social que ha llevado a ciertos sectores a adoptar posiciones políticas extremas. Los movimientos de protesta contra aquellas inequidades, en los años ochenta fueron liderados por organizaciones sindicales que conformaron el FUT y en los últimos 15 años por indígenas agrupados en la Conaie. Mediante huelgas, paros y levantamientos, impidieron que los gobiernos tomaran medidas para preservar la estabilidad económica, garantizar el crecimiento y modernizar el Estado, a pesar de que de ellas dependía el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Incluso llegaron a descalificar la democracia y a conspirar contra su permanencia, como sucedió el año 2000 cuando la Conaie, junto a militares insubordinados, desconoció el gobierno constitucional y proclamó e integró una dictadura. Patrimonialismo Frente a los bienes públicos, existe una actitud deshonesta en amplios sectores de la sociedad, y no solo en políticos y funcionarios públicos, ya que el común de los ciudadanos confunde lo público con lo privado y tiende a subordinar el interés general al interés particular. El Estado y la autoridad no son vistos por los individuos como instancias a las

que corresponde proteger el patrimonio público, garantizar derechos, exigir obligaciones y defender el interés colectivo, sino como instrumentos a través de los cuales personas y grupos pueden enriquecerse, obtener favores, recibir prebendas y consagrar privilegios. El carácter permisivo de la cultura ecuatoriana ha impedido que la corrupción pueda ser combatida, a pesar de leyes expedidas para perseguirla, de organismos creados para controlarla y de la acción de ciertas autoridades. De lo cual es un ejemplo la alianza colusoria de funcionarios y particulares para el robo de energía eléctrica, tiempo telefónico y petróleo mediante conexiones fraudulentas. Como también la existencia de partidos políticos que operan como verdaderas mafias sin que su conducta importe a sus numerosos seguidores. En ocasiones el interés público ha sido defendido por el FMI, el BM y el BID y no por el Gobierno o el Congreso Nacional. Osvaldo Hurtado

El autor de este ensayo Osvaldo Hurtado fue presidente constitucional del Ecuador de 1981 a 1984. Profesor universitario e investigador, es autor de numerosos libros como Dos mundos superpuestos y El poder político en Ecuador

Izquierdismo Mientras en Europa y en otros países América Latina el pensamiento tradicional de izquierda ha perdido influencia y electores, y en China, Vietnam y Cuba ha sido modificado para adaptarlo a las nuevas realidades del mundo, en el Ecuador continúa inspirando los actos de partidos, organizaciones sociales y sindicatos públicos. Sus seguidores menosprecian la estabilidad macroeconómica, ponen reparos a la inversión extranjera y atribuyen al Estado la responsabilidad de explotar recursos naturales y administrar servicios públicos. Debido a estas rígidas posiciones no ha sido posible mantener el equilibrio fiscal, acelerar el crecimiento económico, reformar empresas públicas corruptas, ineficientes y subsidiadas, mejorar la calidad de sus servicios, suplir con capital extranjero el bajo ahorro nacional, multiplicar el empleo, abatir la inflación y elevar el bienestar general. Ni siquiera el hecho de que en el presente período democrático el gobierno de uno de tales partidos (ID) exhiba los peores resultados sociales, ha servido para que quienes defienden aquellas políticas adviertan que son contrarias a los intereses populares.

Regionalismo El antiguo conflicto entre Quito y Guayaquil ha sido usado por el PSC y sus dirigentes, como también por sectores empresariales, articulistas y periodistas, para aupar intereses económicos de sus allegados. Alegando una supuesta afectación de Guayaquil han impedido que el Congreso apruebe reformas legales de interés nacional y que gobiernos tomen providencias para proteger el interés público, o han conseguido leyes y resoluciones favorables a los intereses particulares de sus protegidos. En la crisis financiera de 1998-99 neutralizaron la acción del Gobierno mediante la imputación de que “centralistas quiteños” se proponían “acabar con la banca guayaquileña”, lo que ocasionó que no fueran cerrados bancos insolventes, que se contaminaran bancos que habrían podido salvarse, que

banqueros corruptos culminaran sus atracos y destruyeran evidencias, que se multiplicara el número de depositantes perjudicados y que se echara sobre las espaldas del pueblo mayores cargas. Reformas que buscaban moralizar las aduanas y perseguir el contrabando fueron archivadas bajo el argumento de que “querían llevarse las aduanas a Quito”. Conclusión Dos conclusiones pueden extraerse de este análisis. Primera, que mientras no se resuelvan los anotados problemas políticos estructurales de la democracia ecuatoriana, no será posible que el Ecuador logre un nivel de desarrollo económico y social que le permita eliminar la pobreza y garantizar el progreso sostenido del país. Segunda, que la responsabilidad de políticos y partidos en el relativo fracaso de la democracia la comparten, aunque en menor grado, sectores económicos, sociales y mediáticos, como también los ciudadanos si es cierto que los políticos no son otra cosa que el espejo en el que se retratan las virtudes y defectos de los pueblos

Ecuador: De la democracia a la dictadura Es difícil explicarle a extranjeros cómo se destruyó la democracia desde adentro en Ecuador entre 2007 y 2012. No obstante, el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado hace un excelente resumen en la segunda parte de su ensayo titulado “De la democracia a la dictadura”. Consideremos este extracto donde se relatan los atropellos al Estado de Derecho en tan solo los primeros 6 meses del gobierno de Rafael Correa en 2007: “Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada „revolución ciudadana‟. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes”. En el resto del ensayo Hurtado señala que en el Ecuador de hoy no existe la división de poderes y cita ejemplos de la falta de independencia de la justicia, la Asamblea Nacional y los órganos de control. El ensayo termina con un importante recordatorio de que esta tremenda concentración de poder en el Ejecutivo, incluso para “meter las manos en la justicia”, se logró con apoyo popular en las urnas.

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Quienes visitan el Ecuador se sorprenden por la prodigiosa diversidad que adquiere la naturaleza en su pequeña geografía. Sus numerosos y bellos nevados no se repiten en otro país latinoamericano. La geología de las islas Galápagos y su asombrosa fauna es única en el planeta. Es uno de los doce países del mundo con el mayor número de especies vegetales y animales. La riqueza artística de Quito, su colonial capital, es de las más importantes del continente. En apenas cuatro horas de automóvil o treinta minutos de avión se puede llegar a playas tropicales, montañas de nieves perpetuas o al bosque húmedo amazónico. El país produce una sorprendente variedad de alimentos los doce meses del año, por lo que sólo es necesario importar trigo. Las caídas de agua que bajan de las montañas andinas permitirían abastecer de energía barata a todos los habitantes. Si a tantas riquezas se suman abundantes recursos naturales y un clima sin temperaturas extremas, podría pensarse que nada le falta al país para asegurar a su habitantes un generalizado bienestar. Si bien el Ecuador sufrió muchas dictaduras, nunca fue gobernado por sanguinarios tiranos, y algunas del presente siglo más bien fueron progresistas y tolerantes. Tempranamente, en los albores del siglo XX, la Revolución Liberal introdujo la libertad de conciencia y el Estado laico y puso fin al enclaustramiento que había vivido el país por siglos, a lo que también contribuyó la apertura del Canal de Panamá en 1914. Los ecuatorianos no han sufrido los flagelos de la guerrilla y del narcotráfico que azotaron a sus vecinos, por lo que llegó a decirse que era una isla de paz en la convulsionada América Latina de los años 80. Fue el primer país de la región que recuperó la democracia (1977-79) mediante un acuerdo civil militar, modelo de transición pacífica que luego siguieron otros países latinoamericanos. ¿Por que un país con riquezas y virtualidades tan importantes fue uno de los más atrasados de América Latina, condición de la que comenzó a salir recién en 1972, no por su esfuerzo sino por la aparición milagrosa del petróleo? ¿Por qué una democracia, inaugurada apenas dos años después que la española, durante un largo cuarto de siglo ha marchado en su propio terreno, mientras España ha conseguido un prodigioso progreso económico, social y político? La respuesta es siempre la misma, para el siglo XIX, para antes de 1979 y para los últimos veinticinco años. El país no ha progresado y los ecuatorianos no han mejorado sus condiciones de vida, en los términos que habrían sido posibles, por causas originadas en el campo de la política. Desde que se constituyó la República, en 1830, hasta 1979 los gobiernos dictatoriales superaron en número a los democráticos, y, en conjunto, la duración que tuvieron, en promedio, fue de menos de dos años. En el presente período, si bien el país no ha tenido dictaduras, aunque sí gobiernos presididos por autócratas que han atropellado la

Constitución o por presidentes que asumieron el cargo mediante golpes “constitucionales”, su duración promedio fue de un poco más de dos años. En condiciones de tan extrema inestabilidad política, resultado de crónicos e insalvables conflictos de la más variada naturaleza, fue imposible que el Ecuador pudiera desarrollarse. Mientras los países que progresaron tuvieron gobiernos que perseveraron en el logro de determinados objetivos a lo largo de décadas, especialmente en los campos de la economía y la educación, no son pocos los presidentes ecuatorianos que inauguraron sus mandatos con la promesa de “refundar” la República, ilusión que les llevó a cambiar incluso lo bueno que sus predecesores habían hecho. A diferencia del país más próspero del mundo, que en más de doscientos años ha conservado una sola constitución siempre respetada por presidentes y congresistas, el Ecuador ha tenido tantas (19) que con sus volúmenes podría llenarse un anaquel de biblioteca, constituciones que poco contaron en la vida diaria de la democracia ecuatoriana, cuando ella existió. Resultados de la democracia El año pasado (2004) la democracia ecuatoriana cumplió veinticinco años, que sumados constituyen el más prolongado período constitucional de su historia. En el cuarto de siglo transcurrido ha hecho importantes aportes al progreso del país y al mejoramiento del bienestar colectivo, en parte gracias a los recursos generados por el petróleo. El analfabetismo fue reducido al 8%, disminuyó significativamente la mortalidad infantil y general, aumentó a 70 años la esperanza de vida, se extendió la cobertura de los servicios de educación y salud a casi toda la población, el pueblo indígena recuperó su identidad y consiguió una importante participación en la vida pública, en las aulas de escuelas, colegios y universidades el número de mujeres se equiparó al de los hombres, gracias a la descentralización las ciudades registraron un notable progreso, y fue resuelto el atávico problema territorial que mantuvo en riesgo permanente la seguridad del Ecuador y tan costoso fue para la economía y el desarrollo nacional. Gracias a la democracia los derechos humanos fueron protegidos y el pueblo ha podido disfrutar de un ambiente de tolerancia y libertad, participar en la elección de las autoridades mediante el sufragio y expresar sus opiniones a través de medios de comunicación, manifestaciones públicas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Pero la democracia, como institución, ha sido afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años, en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli, de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de Derecho por gobiernos y congresos. A pesar de los progresos conseguidos, la democracia fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador y constituir una sociedad equitativa que ofreciera iguales oportunidades a todos. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los porcentajes de pobreza continuaron altos y más bien empeoraron en los años de las recurrentes crisis económicas. Se deterioró la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado, particularmente la educación pública, a la que concurren niños y jóvenes de las clases sociales de menores recursos. No cambió la injusta distribución de la riqueza y el país, por no perseverar en la

búsqueda de la estabilidad y del crecimiento económico, se rezagó con respecto a otros de América Latina que 25 años atrás compartían su nivel. En estos resultados negativos influyeron causas ajenas al país como el deterioro del valor de las exportaciones, las crisis mundiales, conflictos armados en la frontera Sur, terremotos, inundaciones, sequías y plagas que implicaron cuantiosas pérdidas económicas. Desafortunados sucesos que deben ponderarse en cuanto a sus consecuencias, porque las catástrofes y los embates internacionales fueron ocasionales y transitorios, el conflicto fronterizo fue resuelto en 1998 y más bien hubo años en los que el país disfrutó de altos precios en sus productos de exportación, como fue el caso del petróleo. La principal causa se ubicó en el terreno de la política y se expresó en el hecho de que los gobiernos no pudieron perseverar en políticas que garantizaran una estabilidad macroeconómica y aseguraran un crecimiento suficiente y sostenido de la economía, de lo que dependía la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida. Limitaciones de la gestión gubernamental originadas en problemas de gobernabilidad que, habiendo afectado a la democracia ecuatoriana en los cinco lustros transcurridos, no han podido enmendarse a pesar de que, en 1979 mediante un referendo y en 1998 a través de una Asamblea Constituyente, se realizaron importantes reformas políticas, desarrolladas en las constituciones que se expidieron en esos años. Los problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, por ser estructurales, han conspirado contra todos los gobiernos, cualesquiera sea su ideología y orientación política. A ellos se debe el fracaso de costosos programas de estabilización macroeconómica, la interrupción de promisorios procesos de crecimiento, el desperdicio de oportunidades ofrecidas por la economía internacional, la deficiente respuesta a crisis mundiales, la poca atención que se ha dado a programas destinados a mejorar la calidad de la educación, el mantenimiento de la pobreza, la permanencia de la inequidad social, el atraso del país respecto a otros del continente, la vulnerabilidad de las instituciones democráticas y la frustración sufrida por el pueblo ecuatoriano en los fatídicos años de fin de siglo. Ocho son los problemas estructurales de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, a los que se debe que el buen gobierno haya sido un hecho excepcional en el período materia de este análisis. Fragmentación Política En los veinticinco años transcurridos el número de partidos representados en el Congreso Nacional ha bordeado la docena, y aquellos que desaparecieron, o se debilitaron, fueron sustituidos por nuevas fuerzas fundadas por políticos empeñados en terciar en elecciones presidenciales. De los once presidentes que ha tenido el país sólo dos han pertenecido a la misma organización política (Democracia Popular), y ninguna ha logrado ganar más de una elección presidencial. En todos los períodos legislativos se han constituido bloques parlamentarios “independientes”, integrados por diputados que abandonaron las tiendas políticas en las que fueron elegidos para ponerse al utilitario servicio del Gobierno a cambio de prebendas. Los partidos que en diversos años fueron mayoritarios nunca llegaron a representar el 50% de la votación nacional.

Las instituciones constitucionales, diseñadas en 1979 y en 1998, con las que se buscó corregir esta fragmentación del sistema de partidos mediante la exigencia del 5% de los votos, requisito que debían llenar para que pudieran subsistir, no operaron en razón de que las organizaciones en vías de extinción consiguieron, en diversos momentos, que el Congreso derogara tal disposición, la Corte Suprema la declarara inconstitucional o el Tribunal Supremo Electoral no la aplicara. Algo parecido sucedió con la norma de la Ley de Elecciones que buscaba controlar el gasto electoral, tempranamente establecida en 1979, declarada inconstitucional en 1983 a pedido de los medios de comunicación y de un candidato presidencial y repuesta en la Constitución de 1998. También incentivó la fragmentación política el volátil comportamiento electoral de los ciudadanos y su tendencia a dispersar los votos en múltiples candidatos, cuando concurrieron a sufragar en elecciones presidenciales y legislativas. A lo que se sumó un utilitario discurso a favor de las “minorías”, aun de las no representativas, sin tener en cuenta que las democracias estables y exitosas se asientan en sólidos partidos mayoritarios. Por estos motivos no produjeron efectos las reformas constitucionales y legales con las que se buscó promover un sistema de partidos simple y representativo, que fortaleciera el sistema democrático, garantizara la estabilidad política, propiciara la continuidad económica, otorgara seguridad jurídica, acordara políticas de Estado y liderara los cambios que requería el país para adaptarse a las nuevas realidades y desafíos del mundo globalizado. Tampoco fue posible que los gobiernos contaran con una mayoría legislativa que respaldara sus iniciativas y moderara la desestabilizadora oposición que habitualmente sufrieron los presidentes en el Congreso Nacional. Conflictividad La democracia es un sistema político en que el diálogo y la negociación permiten acercar posiciones, convenir acuerdos, facilitar decisiones e impulsar iniciativas de interés nacional, prácticas que suelen ser inherentes a una sociedad democrática y que en un país políticamente fragmentado, sin partidos mayoritarios, constituían una necesidad insoslayable. La capacidad de un sistema político para promover consensos no sólo depende de la bondad de las instituciones y de los incentivos que ofrezcan para que puedan producirse, también de la forma en que actúan los actores políticos, comportamiento que en el Ecuador no ha sido compatible. La influyente presencia en la vida pública de líderes dogmáticos y apasionados, empecinados en imponer sus posiciones, reacios a valorar el punto de vista del adversario y proclives a la violencia verbal, cerró las puertas del diálogo constructivo e interpuso toda suerte de obstáculos a la negociación política. Tan conflictiva y mezquina ha sido la vida pública que políticos y partidos que cuando estuvieron en la oposición criticaron y combatieron la política económica ejecutada por el Gobierno, al ganar las elecciones la aplicaron sin modificaciones o con cambios menores. Estas conflictivas relaciones políticas fueron perjudiciales para la institucionalidad democrática y el desarrollo del país. No fue posible la formación de alianzas perdurables que fortalecieran la acción de los gobiernos, permitieran la adopción de políticas de Estado y facilitaran su ejecución en el largo plazo a través de sucesivas administraciones. Quienes pretendieron acceder al poder realizaron una oposición intransigente y desleal, sin tener en

cuenta que el progreso del país dependía del éxito del presidente de la República. En el debate sobre los asuntos públicos no se buscó esclarecerlos, mediante un intercambio razonado de puntos de vista y el sustento técnico de las discrepancias; en su lugar se buscó liquidar el debate e invalidar iniciativas desacreditando al adversario con ataques personales. Tan conflictivas fueron las relaciones políticas que, en los últimos veinticinco años, con dos excepciones, los presidentes al concluir sus mandatos entregaron la economía desestabilizada; uno llegó a decir que no veía porqué debía dejar “la casa en orden”, y otro tomó decisiones maliciosas con el deliberado propósito de agravar los problemas económicos y, de este modo, perjudicar la gestión de su sucesor. Conflictos políticos irresolubles provocados por civiles convirtieron a los militares en deliberantes, como fueron los casos de tres presidentes separados de su cargo no cuando el Congreso tomó la decisión correspondiente, sino al ser notificados por las Fuerzas Armadas que les habían “retirado su apoyo”. Hace pocos meses, con una moción inconstitucional que promovieron en el Congreso para que fuera enjuiciado el presidente de la República, dos ex presidentes desencadenaron el conflicto que llevó a la arbitraria destitución de la Corte Suprema de Justicia y a que, por tercera vez, un jefe de Estado no terminara su mandato. Ilegalidad Gobiernos, congresos, partidos, organizaciones sociales, sectores económicos, y muchos ciudadanos, en lugar de encuadrar sus actividades diarias y el ejercicio de sus funciones dentro de los ámbitos establecidos por los preceptos jurídicos, más bien tienden a interpretarlos maliciosamente, o simplemente a ignorarlos. Por este motivo, y no por falta de normas, no existe en el Ecuador el imperio de la ley, elemento del que depende la correcta operación de las instituciones democráticas, la posibilidad de que se ofrezca iguales oportunidades a los ciudadanos, la seguridad jurídica que tanto importa a los agentes económicos y la confianza en la que se sustenta el progreso de las sociedades contemporáneas. Tres presidentes fueron cesados en sus cargos sin que se siguieran los procedimientos constitucionales. En la Constitución de 1998, para preservar la estabilidad fiscal, se introdujo un artículo que reservaba para el presidente de la República, de manera exclusiva, la iniciativa en proyectos de ley que impliquen la creación de gasto público. En numerosas ocasiones el Congreso Nacional ha violado esta disposición, incumplimiento paradójicamente avalado por los tres últimos presidentes de la República, temerosos de perder las simpatías de quienes se habían beneficiado con las nuevas asignaciones presupuestarias. En los últimos meses el Congreso destituyó a la Corte Suprema de Justicia y nombró otra en su reemplazo, que luego cesó para encargar a organizaciones de la sociedad civil la nominación de una tercera, en los cuatro casos sin que el órgano legislativo tenga facultad constitucional para hacerlo. No es diferente la conducta de la población. Es frecuente el incumplimiento de leyes y contratos, el desconocimiento de acuerdos formales y la elusión de deudas, como también la cotidiana violación de las normas de tránsito en que incurren conductores y peatones en calles y carreteras y el hábito de copiar tareas y exámenes que tienen los estudiantes. A lo

que se suma la presencia de una justicia poco confiable, tanto en juzgados y cortes como en instancias administrativas del Estado, por lo que no siempre los derechos de personas y sociedades son reconocidos y sus obligaciones establecidas. Populismo Quizá no existe en América Latina un país con una cultura populista tan arraigada en el común de los ciudadanos como Ecuador, expresada en el hecho de que los más influyentes líderes políticos de la segunda mitad del siglo XX fueron populistas. Tal es la fuerza del populismo que su retórica y sus prácticas no sólo marcan la conducta de partidos que se confiesan populistas (Partido Social Cristiano, Partido Roldosista del Ecuador, Partido Renovador Institucional Acción Nacional y Movimiento Popular Democrático), sino también la de otras organizaciones políticas y de buena parte de los dirigentes políticos ecuatorianos contemporáneos. Resulta apenas obvio concluir que la proclividad populista de los políticos es una respuesta a sentimientos y demandas de sus electores, pues los partidos citados, y otros que los antecedieron, en el presente período democrático han obtenido una votación que ha bordeado el 50% del padrón electoral. El dispendioso gasto público de gobiernos, congresos y municipios populistas, especialmente en períodos electorales, su reticencia frente a decisiones “impopulares” necesarias para restablecer la estabilidad fiscal, la oposición a leyes y medidas que eran convenientes para preservar la salud de la economía y propiciar el crecimiento y el desperdicio de recursos en programas asistenciales, impidieron que el país tuviera una administración ordenada de la economía y, a la larga, terminaron provocando devastadoras crisis económicas y sociales de las que los peores perjudicados fueron los pobres, cuyos intereses los líderes populistas decían defender. Su desinterés por programas de largo plazo, dirigidos a mejorar la atención de la salud y la calidad de la educación, cortó la posibilidad de que pudiera reducirse la pobreza y mejorar la equidad social. Dos hechos recientes ilustran el carácter populista de la sociedad ecuatoriana. Diputados, líderes políticos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil discutieron un aumento de pensiones, reclamado por los jubilados, que finalmente fue aprobado por el Congreso y el Gobierno, exclusivamente desde la perspectiva de las justas necesidades de los pensionistas, sin tener en cuenta el financiamiento necesario y los efectos en el futuro económico del Seguro Social. Los mismos actores apoyaron entusiastamente una ley, aprobada unánimemente por el Congreso, en la que se ordenaba la devolución de los fondos de reserva depositados por trabajadores y empleados en la seguridad social, a pesar de que implicaba la eliminación del seguro médico para el o la cónyuge e hijos menores de seis años, la reducción a la mitad de las pensiones de los futuros jubilados y el fin del seguro de cesantía, bajo el argumento de que lo que importaba era atender hoy las necesidades de la gente, porque las de mañana podían esperar y de alguna manera se solucionarían en el futuro. Los partidos populistas también son responsables de la constante degradación de las instituciones democráticas. Su ejercicio clientelar del poder les ha llevado a poner a su utilitario servicio las instituciones públicas, a multiplicar una burocracia innecesaria, a bajar su nivel de competencia y, con ello, a crear condiciones para que prospere la corrupción.

Finalmente, sus prédicas paternalistas y su incontinente demagogia han impedido que el pueblo adquiriera conciencia de sus responsabilidades y, con ello, la construcción de ciudadanía, requisito del que depende la correcta operación de las instituciones de la democracia y el progreso de las naciones. Exclusión Social Los altos porcentajes de pobreza y de indigencia, las hirientes injusticias sociales, la abusiva presencia de privilegios y la ausencia de iguales oportunidades, particularmente para los que más las necesitan, han provocado un sentimiento de exclusión social que ha llevado a sectores que se consideran preteridos a cuestionar el sistema democrático y a descalificar la política económica de estabilidad y crecimiento. Sentimientos exacerbados en razón de los modestos resultados ofrecidos por los gobiernos democráticos, particularmente al finalizar el siglo, cuando a las devaluaciones y a las altas tasas de inflación siguieron dolorosos ajustes, círculo vicioso que el país no ha logrado romper y que se apresta a recorrer, una vez más, como consecuencia de las decisiones tomadas en materia fiscal por el Gobierno y de seguridad social por el Congreso. Los sentimientos de exclusión y reivindicación social en los años 80 fueron liderados por organizaciones de trabajadores, agrupadas en el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), que con sus huelgas nacionales tuvieron en jaque a los gobiernos de la época. Papel que, por la pérdida de adhesiones y representatividad del movimiento sindical, en los últimos quince años ha sido asumido por indígenas agrupados en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y en el partido Pachakutik, cuyas protestas se expresaron en levantamientos que paralizaron provincias enteras, a los que sumaron tomas de la capital. Movilizaciones con las que consiguieron frenar o desvirtuar decisiones que los gobiernos debían tomar para preservar la estabilidad macroeconómica, reactivar el crecimiento, modernizar el Estado, abrir la economía a la competencia y recuperar la credibilidad internacional. Con frecuencia descalificaron la democracia y conspiraron contra su permanencia, como sucedió en el año 2000, cuando la CONAIE, junto a militares insubordinados, desconoció el Gobierno constitucional y proclamó e integró una dictadura. Patrimonialismo Frente a los bienes públicos existe una actitud permisiva en amplios sectores de la sociedad, y no sólo en políticos y funcionarios estatales, pues ciudadanos, empresas, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil, cuando está de por medio su beneficio, tienden a subordinar el interés general al interés particular. Como los linderos de lo público y de lo privado frecuentemente se confunden, el Estado y la autoridad no son vistos como instancias a las que corresponde proteger el patrimonio nacional, exigir obligaciones, defender el bien común y atender derechos legítimos, sino como instrumentos a través de los cuales personas y grupos pueden obtener favores, recibir prebendas, defender privilegios e incluso enriquecerse. No son pocos los que tienen diferentes actitudes frente a bienes y dineros de particulares y de propiedad del Estado, en el sentido de considerar que los primeros tienen dueño y los segundos son de nadie.

Esta ausencia de una virtuosa cultura ética, en amplios sectores de la población, explica que la corrupción no haya podido eliminarse a pesar de leyes expedidas para perseguirla, de organismos creados para controlarla, de la acción punitiva de ciertas autoridades y de las promesas de extinguirla que, a su tiempo, realizaron la decena de partidos que se han alternado en el Gobierno. En esta débil cultura de la honestidad se encuentra la explicación de que el Ecuador figure, desde hace viarios años, en el grupo de países más corruptos del mundo en el índice que elabora Transparencia Internacional. De los muchos ejemplos que pueden citarse cabe mencionar la alianza colusoria de particulares, políticos y funcionarios públicos para el contrabando de toda clase de bienes y el robo, mediante conexiones fraudulentas, de energía eléctrica, tiempo telefónico, agua potable y petróleo, delitos que ha resultado imposible extirpar por la tupida red de intereses que han tejido a su alrededor. Como también el hecho de que, para una amplia mayoría, cumplir con la obligación de pagar impuestos es una infantil candidez, pues son pocos los que la ven como el más importante compromiso que un ciudadano tiene con su país. Existen partidos políticos que no sólo están al servicio de intereses particulares, sino que además operan como verdaderas mafias (PSC y PRE), conducta que parece no importar a sus numerosos seguidores, ya que en cada elección vuelven a entregarles generosamente sus votos en lugar de sancionarlos. La degradación que ha sufrido el concepto de interés público ha llegado a tal punto que, para defenderlo, en ocasiones han debido intervenir el FMI, el BM y el BID, para con su condicionalidad frenar decisiones lesivas que se aprestaban a tomar gobiernos y congresos. Izquierdismo Mientras en Europa y en otros países de América Latina el pensamiento tradicional de izquierda ha perdido vigencia, influencia y electores, y los partidos comunistas que gobiernan China, Vietnam y Cuba lo han modificado para adaptarlo a las nuevas realidades económicas y políticas del mundo que emergieron luego de la caída del Muro de Berlín, en Ecuador sigue siendo fuente de inspiración de partidos, organizaciones sociales, sindicatos públicos y del movimiento indígena. A pesar de que el sistema político y el modelo económico elaborados por Lenin, Mao y sus seguidores ha dejado de existir en los países que los adoptaron, de que los movimientos de liberación del Tercer Mundo han abandonado sus ideas revolucionarias y de que los partidos de izquierda que gobiernan Chile, Brasil y Uruguay han asumido la economía de mercado y redefinido el papel del Estado, aquellos partidos y organizaciones, incluso las que se dicen de centroizquierda, menosprecian la estabilidad macroeconómica, se oponen a la inversión extranjera, ponen reparos a la apertura internacional, desdeñan el mercado y se empeñan en mantener las responsabilidades que el Estado tenía en la explotación de recursos naturales y en la administración de servicios públicos. Debido a estas rígidas posiciones ideológicas, desde el Gobierno, el Congreso o la calle, las nombradas organizaciones políticas y sociales han desechado, u obstaculizado, la ejecución de políticas económicas encaminadas a mantener el equilibrio fiscal, reformar empresas públicas ineficientes, subsidiadas y corruptas y suplir con capital extranjero el bajo ahorro nacional; políticas que en el caso de ejecutarse habrían redundado en el abatimiento de la inflación, mayores tasas de crecimiento económico, incrementos de puestos de trabajo y

reducción de la pobreza. Ni siquiera el hecho de que, en el presente período democrático, uno de aquellos partidos (Izquierda Democrática) exhiba los peores resultados sociales (en salario real, gastos social y pobreza), por los desequilibrios económicos que no consiguió corregir en su administración, ha servido para que la conservadora izquierda ecuatoriana tome conciencia de sus equivocadas posiciones. Los indígenas de la CONAIE han combatido aquellas políticas, a pesar de haberse beneficiado con la reducción de la pobreza que la estabilidad y el crecimiento económicos han traído consigo en los últimos años. Regionalismo El centenario conflicto entre Quito y Guayaquil ha sido usado por dirigentes del PSC y de las cámaras de la producción, como también por articulistas y periodistas, para aupar intereses económicos de personas y grupos con los que se hallan relacionados. Alegando una supuesta afectación de Guayaquil han impedido que el Congreso aprobara reformas legales de interés nacional y que los gobiernos tomaran providencias para proteger el interés público, y el bien del país, o han conseguido que se expidieran leyes y se adoptaran resoluciones que favorecieran intereses económicos particulares de sus protegidos. Por este motivo el país no ha podido contar con instrumentos jurídicos que eran necesarios para promover el desarrollo nacional, y el Estado ha sido forzado a incurrir en cuantiosas erogaciones fiscales que erosionaron las finanzas públicas, causaron crisis económicas y terminaron pagando los contribuyentes. Reformas que buscaban moralizar las aduanas y perseguir el contrabando fueron archivadas bajo el argumento, exhibido por líderes políticos ligados a tales intereses, de que "querían llevarse las aduanas a Quito". En la crisis financiera de los años 1998 y 1999, en la que quebró el 70% del sistema bancario, con alegatos regionalistas aquellos sectores neutralizaron la acción del Gobierno y de quienes llamaban a tomar medidas contra bancos insolventes en los que sus administradores habían cometido cuantiosos atracos, cuya consecuencia fue el empeoramiento de los costos de la crisis bancaria. Mediante la imputación de que "centralistas quiteños" se proponían "acabar con la banca guayaquileña" consiguieron que no fueran cerrados bancos quebrados, que se contaminaran instituciones que habrían podido salvarse y que banqueros corruptos, al ser mantenidos en sus puestos, dispusieran de tiempo para culminar sus fraudes y destruir las evidencias de sus delitos. Omisiones que además provocaron una multiplicación del número de depositantes perjudicados y que se echara sobre las espaldas del Estado un costo aproximado de 4.000 millones de dólares, equivalente al 25% del PIB del año 2000. A modo de conclusión La franca exposición de debilidades y limitaciones políticas atribuibles a las ideas y a las conductas de los ciudadanos busca llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de que los ecuatorianos, de mediana fortuna, pobres y ricos, tomen conciencia de sus errores y omisiones, enmienden conductas inconvenientes y asuman sus propias responsabilidades. No pueden los ecuatorianos seguir buscando en “los otros”, o fuera de las fronteras nacionales, chivos expiatorios de culpas individuales y colectivas, cuando la otrora influyente teoría de la dependencia no la defienden ni siquiera sus creadores, los países que

más progresan son los integrados al mundo internacional y se ha demostrado que el desarrollo de las naciones es el resultado del constante esfuerzo de sus habitantes. Los problemas de la política ecuatoriana señalados en las páginas precedentes, excepto la fragmentación partidista, no podrán resolverse mediante reformas de las instituciones políticas si a ellas no se suman cambios en los modos de ser y de pensar de los ciudadanos, esto es en sus costumbres, ideas, actitudes y comportamientos. Mientras no se modifiquen los valores culturales nacionales, cambio que dependerá de lo que hagan autoridades, educadores, líderes y comunicadores con tal propósito, las reformas de las instituciones políticas seguirán produciendo resultados limitados y el desarrollo del país continuará postergándose. La responsabilidad de los partidos por el relativo fracaso de la democracia ecuatoriana, en su misión de gestionar eficazmente el desarrollo del país y la mejora constante del bienestar de las personas, la comparten sectores económicos, sociales y mediáticos, como también ciudadanos de todas las condiciones sociales. En Ecuador, igual que en otros países latinoamericanos, es frecuente atribuir a los partidos todos los males nacionales, sin tener en cuenta que los políticos no son otra cosa que el espejo en que se retratan los pueblos, con sus virtudes y defectos. Si bien el análisis contenido en estas páginas se refiere al Ecuador, algunas reflexiones pueden ser pertinentes para otros países latinoamericanos, en los que, mutatis mutandis, se repiten problemas políticos estructurales, limitaciones ideológicas y hábitos culturales de la naturaleza anotada.

La democracia Ecuador es el primer país de América Latina que retorna a la democracia tras la generalización de gobiernos militares en la región durante la década de los sesentas, producto de la ola anticomunista inspirada en la doctrina de la seguridad nacional alentada desde Washington. . El régimen militar, en especial durante su primera fase conducida por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1975), llevó adelante una activa política de defensa de los recursos naturales en el contexto de la búsqueda de un nuevo orden económico internacional y en concordancia con los postulados del no alineamiento. Luego de un proceso de retorno a la democracia dirigido por el gobierno militar, que incluyó la aprobación de una Constitución y una Ley de Partidos mediante referéndum (1978), las elecciones presidenciales de 1979 fueron ganadas por el binomio Jaime Roldós Osvaldo Hurtado, quienes asumieron el Gobierno en agosto del mismo año. La muerte de Jaime Roldós en un accidente aéreo en 1981 llevó a la presidencia a Osvaldo Hurtado, demócrata-cristiano, quien concluyó el período en 1984. Se suceden los gobiernos de León Febres Cordero, conservador (1984-88); Rodrigo Borja Cevallos, socialdemócrata (198892); Sixto Durán Ballén, conservador (1992-96); Abdalá Bucaram, populista (1996-97); Fabián Alarcón (1997-98); Jamil Mahuad, demócrata-cristiano (1998- enero 2000); Gustavo Noboa, binomio de Mahuad (2000- enero 2003); Lucio Gutiérrez, populista (20042005); y Alfredo Palacio, binomio de Gutiérrez (abril 2005 a la fecha). En la actualidad observamos los mismos puntos de enfoque: Como vemos, en nuestro proyecto de la democracia los partidos políticos diferenciales fundamentalmente para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno, son los candidatos para su realización, y las voces de control que todo poder necesita. Son electos por el voto popular que ejerce el voto ciudadano a su Presidente y al Parlamento. Los partidos políticos en la actualidad en Ecuador están disueltos ya que la Constitución les obliga a volver a inscribirse. Tradicionalmente los partidos políticos han sido la fuente de personas que han estado en las elecciones populares, ellos han sido lo que han manejado la política del país. El voto es una manera en la cual los ciudadanos tienen participación en el pueblo de una nación, de esta manera puede ejercer el derecho a favor. Es un acto personal, un derecho y deber de todos los ciudadanos. Existen varias maneras de expresar el voto tales como: público, verbal, secreto, escrito, gestual. En la democracia el voto envuelve generalmente la elección, por ejemplo cuando se va a escoger un líder para un cargo entre algunos candidatos, de esta manera el voto es una manera de demostrar lo que desea como representante. El acto de votar es opcional en la mayoría de países, pero en otros como Bélgica o México es una obligación que debe cumplir el ciudadano. Mediante este proceso

siendo elegido presidente Rafael Correa durante los últimos dos periodos debido a su reelección por voto popular.

La democraica 2 En el Ecuador se ha dado un periodo de corrupción de varios años, puesto que en los diferentes gobiernos ha habido fraudes, extorsiones, robos de dinero y mal manejo de la economía ecuatoriana que han conllevado a graves consecuencias como son los feriados bancarios, inflación y hasta congelamientos bancarios y por ende se han incrementado deudas del estado. Todas acciones generan consecuencias como las antes mencionada que principalmente afectan a los ciudadanos, es decir estos son los más afectados por el manejo de la economía del país y por la corrupción de los gobiernos. Por eso los ciudadanos ya están tomando medidas y cayendo en cuenta de el abuso que existe en los gobiernos, y uno de estos ciudadanos es también el presidente Rafael Correa que en su mandato realizo otra constitución en el año 2008 en donde se realiza cambios para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Una de las razones por las que se ha fortalecido la democracia con la constitución del 2008 es porque esta defiende los derechos de los ciudadanos y porque garantiza la participación ciudadana en los asuntos políticos del país.

creó con el fin de establecer una igualdad y democracia en el país, por tal motivo desde el primer artículo de la constitución esta defiende la democracia en el Ecuador, garantizando el buen vivir de los ciudadanos y el cual define a su gobierno como republicano. Uno de los principales puntos establecidos en la constitución es la garantía de los derechos ciudadanos, ya sean estos derechos del buen vivir, libre comunicación y libre información, de vivienda, salud, trabajo, educación y además establece el derecho a las diferentes nacionalidades y pueblos que coexisten en el Ecuador. Esto genera una igualdad de derechos y por ende una democracia entre todas las personas sin importar edad, etnia o clase social. Para que se pueda dar un fortalecimiento de la democracia y un proceso de cambios, estos deben estar sujetos a leyes que garanticen una igualdad social y justicia entre los ciudadanos, por tal razón la constitución del 2008 permite que los ciudadanos y ciudadanas participen en forma colectiva o individual en la planificación, toma de decisiones y gestión de los asuntos públicos y también que participen en el control de las

LA DEMOCRACIA3

instituciones del Estado y según en el artículo 95 del capítulo primero “La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”. Un ejemplo de la libertad de la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos públicos son las elecciones para los presidentes y trabajadores públicos, puesto que dichas elecciones se realizan de forma democrática, es decir cada ciudadano tiene derecho a elegir a su candidato de mayor agrado sin penalidad alguna y sin prejuicios ni molestias por parte de ningún funcionario público o privado. En conclusión la democracia en el Ecuador si se ha fortalecido gracias a la creación de una nueva constitución que garantiza ante todo los derechos ciudadanos y también permite la participación del pueblo en los asuntos públicos, un claro ejemplo de que se está produciendo igualdad y justicia entre el estado y los ciudadanos. Bibliografía Cueva, Dr. Fernando Cordero. Constitucion de la Republica del Ecuador. Montecristi, 24 de julio del 2008. wikipedia. «Constitucion de Ecuador 2008.» 2008.