• Author / Uploaded
• Humberto Fuenzalida Cañete

Citation preview

Historia del Catastro en Chile Diego Alfonso Erba

El proceso de ocupación del territorio que actualmente corresponde a Chile inició con la atribución de “mercedes de tierras” por parte del Rey de España. Estas unidades eran administradas por los gobernadores, quienes representaban al monarca. Con la independencia del país, el nuevo Estado asumió la función de crear los organismos de la administración pública y conformar el marco legal que le permitiese, entre otras funciones, delimitar y ordenar el territorio. La primera institución a tratar la cuestión de tierras en Chile fue el Ministerio de Educación, Cultura y Colonización, el cual tuvo como principal objetivo fomentar la posesión y legalizar los dominios de los particulares. En el año 1888, la Segunda Ley Orgánica de los Ministerios de Chile, incorporó las actividades referentes a la colonización y propiedad fiscal en el Ministerio de Relaciones Exteriores Culto y Colonización. A inicios del siglo XX se creó el Ministerio de Tierras y Colonización el cual acabó fusionándose en la década del 20 con el Ministerio de la Propiedad Austral[1]. El 31 de octubre de 1929 se creó el Ministerio de la Propiedad Austral con la finalidad atender la aplicación de la Ley de Propiedad Austral de fecha 4 de octubre del mismo año, establecida para constituir el dominio de la propiedad raíz en esa zona del país. La reorganización de la Administración del Estado del año 1931 estableció la creación del Ministerio de Tierras y Colonización al cual, en líneas generales, le cupieron las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República. En 1969 un Decreto con Fuerza de Ley estableció el Rol Único Tributario – RUT, sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país. Su confección, manutención y permanente

actualización se encomendó a la Dirección Nacional del Servicio. Años más tarde, en 1972, siguiendo las recomendaciones de la Misión norteamericana Kemmerer, un Decreto del Ministerio de Hacienda organizó la Dirección General de Impuestos Internos. A nivel superior se crearon las Inspecciones Generales de Renta, Bienes Raíces, Alcoholes, Especies Valoradas y Asesoría Jurídica, especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias vigentes. Se estableció también el Cuerpo de Visitadores y las Oficinas de Contabilidad, Personal y de Secretaría[2]. A partir de la regularización de las ocupaciones y del asentamiento de habitantes a lo largo del territorio, el Estado pasó a preocuparse con la administración de los bienes inmuebles fiscales y en 1977 creó el Ministerio de Tierras y Colonización a través del Decreto-Ley No. 1939. Entre sus principales funciones se encontraban las de confeccionar el catastro de los bienes raíces del Estado, realizar la enajenación de bienes raíces fiscales prescindibles, regularizar la posesión de propiedades (Decreto Ley 2.695/79, DFL 5/69, entre otros) y de la tenencia de la tierra en la Isla de Pascua, y ejercer el control superior sobre los bienes nacionales de uso público. El 5 de junio de 1980 el Decreto Ley No. 3.274 cambió su nombre para Ministerio de Bienes Nacionales y redefinió sus funciones, adaptándolas a la nueva realidad social, económica y política del país. Desde la creación del Ministerio de Bienes Nacionales se realizaron algunos esfuerzos para estructurar el catastro, entre ellos el Plan Piloto que en 1984 contempló las zonas de Arica (I Región) y Chiloé (X Región). En el mismo año comenzó el estudio de la tenencia de la tierra en Aysén (XI Región) con el objetivo de conocer cuáles eran las propiedades fiscales y dónde se localizaban. Posteriormente, en 1986 se realizó la actualización de la base catastral que tenía el ministerio de la Región de Antofagasta[3]. Durante estos procesos la falta de eficiencia de la legislación derivó en deficiencias en la constitución del dominio de minifundios rurales y pequeñas parcelas urbanas, y generó problemas de índole socioeconómica y de crecimiento pues impedía que gran parte de las parcelas sean incorporadas al proceso de producción por la falta de titulación.

En 1979 la Junta de Gobierno dictó el Decreto-Ley No. 2.695 con el objetivo de regularizar la pequeña propiedad y en 1981 se aprobó el Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales a través del D.S. 386 del 16 de julio de 1981, el cual creó la División de Catastro Nacional de los Bienes del Estado. De acuerdo con el Art. 22º, la División asumía la responsabilidad de proponer las normas relacionadas a la formación, conservación y actualización del catastro nacional de los bienes inmuebles del Estado. Años mas tarde, en 1995, uno de los capítulos mas importantes de la historia de esta División de Catastro comenzó a ser escrito cuando la administración decidió iniciar el proceso de reorganización del catastro de bienes inmuebles públicos e implementó el Plan de Trabajo Catastral – PTC, poniendo en marcha 37 proyectos ejecutados conjuntamente entre la citada División y las Secretarias Regionales Ministeriales – SEREMI. Fue un proceso de descentralización de los trabajos. Los proyectos se ejecutaron con fondos propios del MBN y con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR. La segunda etapa del Plan enfocó la propiedad pública no inscripta en el Conservador de Bienes Raíces, concentrándose los esfuerzos entre las Regiones de Atacama y de Los Lagos. Otro organismo que participa del sistema de publicidad inmobiliaria en Chile es el Servicio de Internos – SII. La institución tuvo su origen en la Administración de los Impuestos sobre el Alcohol creada el 18 de enero de 1902 por la Ley Nº 1.515, la cual se transformó en Dirección General de Impuestos en 1912 y finalmente en Dirección General de Impuestos Internos en 1916. La misma Ley No. 3.091 que cambió su nombre estableció la contribución de haberes que grababa a la propiedad inmueble y fue modificada en 1927. En 1969 un decreto con fuerza de ley establece el Rol Único Tributario – RUT, el cual pasó a constituir el sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país. En 1972 se organizó la Dirección General de Impuestos Internos y se le dio una determinada estructura con su primer reglamento orgánico. A nivel superior se crearon las Inspecciones Generales de Renta, Bienes Raíces, Alcoholes, Especies Valoradas y Asesoría Jurídica, especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias

vigentes. Con los años, diversos decretos fueron estableciendo nuevas unidades técnicas, departamentos y oficinas y la institución paulatinamente reformó su estructura y acortó su nombre a Servicio de Impuestos Internos- SII[4]. El SII mantiene el catastro de los bienes particulares y actualiza el RUT pero, como su nombre lo indica, los datos registrados tienen fines tributarios, encontrándose entre ellos el avalúo fiscal, la información general de la propiedad (como dirección del predio, nombre y RUT del propietario), destino del inmueble y su condición de afecto o exento al pago de contribuciones (Impuesto Territorial), los cuales están disponibles mediante el Certificado de Avalúo Fiscal que puede ser obtenido directamente en Internet. En 1975 se realizó un reavalúo que entró en vigencia en 1977. Desde esa fecha se produjo un período de casi 20 años sin actualización de valores. Un nuevo avalúo entró en vigencia el 1995 después de haber abortado el de 1990 realizado por el SII. La Ley de Rentas II No. 20.033 aprobada en junio de 2005 y en vigencia desde julio del mismo año confirmó la aprobación del mas reciente reavalúo del país. Además de estos dos grandes organismos responsables por los catastros de inmuebles públicos y privados debe ser mencionado también el Centro de Información de Recursos Naturales – CIREN, institución que también se encuentra involucrada en el proceso de publicidad inmobiliaria. Su historia se remonta al Proyecto Aerofotogramétrico – PAF creado en 1960 junto a la Organización de los Estados Americanos – OEA después de un terremoto que afectó gran parte del territorio chileno y cuyo epicentro estuvo en la ciudad de Valdivia. El propósito de este proyecto fue suministrar una cobertura cartográfica sobre la base de fotografías aéreas, la que serviría de plataforma para los diversos estudios de recursos naturales y para apoyar la reconstrucción de la información parcelaria del país. La importancia que adquirió este proyecto validó la necesidad de crear una institución destinada a cautelar e incrementar el patrimonio generado por el PAF y así nació el Instituto de Recursos Naturales – IREN en 1964. El país presentaba un marcado impulso hacia el desarrollo productivo sin embargo, ya a mediados de la década de los 80, la Corporación de Fomento de la Producción – CORFO constató que muchas decisiones de

inversión, tanto en el sector público como privado, no se concretaban debido a que los interesados no tenían suficiente información ni la calidad necesaria como para evaluar sus proyectos. En realidad estos antecedentes sí existían, pero dispersos en múltiples instituciones, algunas de las cuales no tenían ni la vocación ni la misión de atender directamente al público. En definitiva, muchos proyectos abortaban sin siquiera haber iniciado. En ese contexto, CORFO decidió transformar al IREN en el CIREN para servir de puente entre los inversionistas y las diferentes fuentes de información. La creación de esta institución permitió alcanzar los objetivos citados y emprender una nueva empresa, además de fomentar la generación de nuevos proyectos. En su corta historia el CIREN también ha facilitado las mediciones de impacto ambiental, ha planteado formas de mejorar el ordenamiento territorial y ha promovido la explotación racional de los recursos[5]. En 2001, el Instructivo Presidencial Nº 14 del 25 de septiembre impartió instrucciones para la creación del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), en el contexto del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, estableciendo las bases de coordinación y cooperación del aparato público dependiente del Poder Ejecutivo, orientado a implementar una Nueva Política de Gestión de la Información Territorial. Se asignó en dicho instructivo la responsabilidad política del proceso al Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio (presidido por la Ministra de Bienes Nacionales), y la Coordinación Técnica a este ministerio. Con fecha 2 de septiembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo No. 28, que fundó el Sistema Nacional de Coordinación de la Información Territorial. Este decreto, representó una etapa superior desde el punto de vista administrativo e institucional, estableciendo un Comité de Ministros de la Información Territorial, presidido por la Ministra de Bienes Nacionales, un Secretario Ejecutivo para las labores de coordinación, asigna responsabilidades en los Intendentes Regionales y genera el ordenamiento institucional para el desarrollo del trabajo.