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Roberto Carlos Avilés Corcuy Abogado 16 de mayo de 2011 Ensayo Sobre Seguridad Ciudadana Resumen Ejecutivo Ha ocurrido un delito muy grave en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el Gobernador del departamento ha sido herido, esto ha generado un movimiento en torno al problema de la Seguridad Ciudadana, que se traduce en soluciones de Incremento de la Policia o de la Protección Privada (con leyes que autoricen el uso de armas de fuego), soluciones meramente inocuizantes que aumentan la pena y los contenidos de los delitos y Soluciones Operativizantes que aumentan el poder de los operadores de “justicia” en detrimento de los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Ninguna de estas soluciones tiene ninguna base científica, no se basa en datos, ni tiene sustento teórico, por tanto hace que cualquiera de estas acciones individuales se torne inservible para la solución del Problema de Seguridad Ciudadana en el País. Por tanto se propone un Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, con tres acciones definidas, en primer lugar el diagnóstico, buscar la causa del problema de la Seguridad Ciudadana, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, con la participación de todos los actores sociales y de los destinatarios la Seguridad Ciudadana, vale decir la Sociedad en su conjunto y en especial de la víctima y del propio delincuente (especialmente del reincidente), la segunda accion es la generación de políticas transversales de seguridad ciudadana en los niveles central, departamental y municipal, y la implementación de acciones con los propios actores identificados en el diagnótico a través de una nueva

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forma de implementación en redes; y por último la Evaluación de las políticas de acuerdo a los objetivos cuantitativos y cualitativos trazados en el diagnóstico para otorgar continuidad a las acciones cuantitativa o cualitativamente más exitosas y la reformulación de aquellas que deban ajustarse a las nuevas realidades de la Seguridad Ciudadana. Introducción Muchas son las voces y muchas las advertencias de que lo que aquí se va a decir no debe ser dicho y mucho menos discutido en forma abierta para evitar la etiqueta o peor aún sufrir la desdicha de todo inventor que es la de sufrir el propio invento, sin embargo con Mounsieur Guillotine en la mente, es evidente que el debate sobre la Seguridad Ciudadana en Bolivia y especialmente en Santa Cruz de la Sierra es una realidad que se ha tornado plenamente vigente a partir de los acontecimientos en los cuales el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas fuera herido con un disparo en la cabeza y que este infortunado hecho haya puesto en la primera plana de la política un hecho que es innegable, El Sistema de Seguridad Ciudadana está en Crisis. Esta crisis no sólo es una crisis de una serie de obejtivos incumplidos y suplicados por la sociedad en su conjunto sino también una crisis profundamente ontológica y gnoseológica que han desembocado en una serie de afirmaciones alejadas de la realidad y de los paradigmas positivistas que al día de hoy hacen imposible poder considerarla científica. No sólo no podemos encontrar las respuestas en materia de seguridad ciudadana sino que tampoco estamos en la capacidad de encontrar la preguntas, ese es el verdadero problema. Por este motivo el presente ensayo pretende retomar algunos criterios científicos relacionados con el tema de Seguridad Ciudadana y su hermano

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siamés el Sistema Penal, entendiendo este último como toda acción de la sociedad para procurarse una mayor seguridad o sensación de seguridad en su seno. De las Repercuciones Demagógicas con relación al hecho Concreto El 13 de abril de 2011 el Gobernador Rubén Costas ve un atraco a una mujer que está siendo cometido por dos personas en una motocicleta y procede a perseguir a los atracadores en su movilidad particular, en esta persecución uno de los atracadores a bordo de la motocicleta se da la vuelta y realiza varios disparos contra el vehículo perseguidor, acertando uno de los disparos en la sien izquierda del Gobernador, y de pronto, a partir de este momento, el circo mediático levanta la función, el Secretario de la Gobernación habla del heroísmo del Gobernador y el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales es sorprendido por un periodista que le da la noticia e inmediatamente expresa su solidaridad y el repudio a este acto, y a él se le suman todos los actores políticos afines y opositores. A mediano plazo el Gobernador llama a un “Encuentro por la Vida y la Seguridad” en el que de manera improvisada todos los actores del Sistema Penal van exponer sus puntos de vista y a presentar sus excusas por la ausencia de resultados en los Planes de Seguridad Ciudadana que reciben tanta publicidad y que devuelven tan exiguos resultados. En este Encuentro entre estrechamientos de manos y abrazos con fotografías se proponen básicamente: La re apertura del tristemente célebre Centro Penitenciario de Espejos; la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad; el aumento de efectivos policiales y la creación de nuevas leyes con penas más duras para los delitos y con procedimientos más expeditos para el juzgamiento de los que los cometen.

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Ante este actitud propositiva (aunque tímorata y completamente miope) del “Encuentro por la Vida y la Seguridad” el Gobierno Central no puede quedar impasible y anuncia un paquete de leyes que incluyen una “Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público” un “Nuevo Código Penal” entre otras leyes, y los trístemente célebres “Movimientos Sociales” saltaron a la palestra pública proponiendo la legalización de la posesión y uso de Armas de Fuego para proteger “a las mujeres y a los niños”. De las Falencias Teóricas de cada una de las Repercuciones Por una cuestión estrictamente metodológica es necesario agrupar estas soluciones de forma inductiva en tres grupos, el primero, aquellas soluciones que proponen un aumento en el nivel de violencia para la solución del problema de la Seguridad Ciudadana; Las Soluciones Inocuizantes (de inflación penal) y las Soluciones Operativizantes (De restricción de Derechos y Garantías en favor de una mayor celeridad procesal). Aumento del Nivel de Violencia En todo momento y en toda oportunidad la Policía Boliviana y todas las policías continentales aprovechan todas las oportunidades para expresar su “falta de recursos” humanos y materiales, considerando que una mayor fuerza policial es la panacea para todos los problemas de Seguridad Ciudadana planteados por la sociedad. De forma inmediata surge la respuesta: “No hay más recursos disponibles”, entonces surgen las otras formas de violencia institucional en respuesta y resguardo de la solución policial, la creación de policías paralelas, que siempre tienen unas fuerte oposición por parte de la propia Policía Nacional que recalca que la “Policía Nacional es única, integral e indivisible” (Freddy Soruco), es entonces cuando aparecen las soluciones de incremento

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de violencia no institucional, entre ellas aquellas que requieren la legalización del uso de armas de fuego, los ajusticiamientos privados y las venganzas privadas. En primer lugar de forma absolutamente empírica se puede afirmar que los recursos que tiene la Policía son siempre cuantitativa o cualitativamente insuficientes para una efectiva lucha en contra de los generadores de delitos, siempre el ingenio humano encontrará la forma de cometer delitos y de tratar de burlar la acción de la justicia. Esta afirmación se hace más patente cuando tomamos en consideración la verdadera utilidad de la Policía en los temas de Seguridad Ciudadana, tomando en cuenta además otros aspectos como aquellos relacionados con los temas transversales de dicha Institución: Corrupción, Falta de Capacitación y Estructura arcaica. La Corrupción de la Policía Nacional es tan visible, institucional, generalizada, degradante, efectiva y lucrativa que hace eco inclusive en el Cine, donde un James Bond con sorojchi no tiene mejor idea que sobornar a la Policía Boliviana para lograr sus objetivos y lo logra. La Corrupción de la Policía es un factor institucional sumamente importante para la reducción de la efectividad de la solución policial al tema de Seguridad Ciudadana, inicia cuando el cadete de la Policía tiene que tomar contacto con el mercado negro de armas para conseguir su propia arma “reglamentaria”, sigue con los pagos y las cuotas que se encuentran “generalizadas” en todos los niveles de la policía, por los cuales los efectivos que prestan sus servicios en determinadas unidades deben pagar a sus superiores como cuota de lo que ellos perciben de manera ilegal, que implica a su vez que “tienes que morder para pagar tu ‘destino’” y por lo tanto todos los policías le deben a alguien (de dudosa calaña) su propio sueldo, lo cual trasunta en una protección inviolable que afecta a los más altos rangos en la Policía Nacional, ya que los cabos pagan a los

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sargentos, los sargentos a los tenientes, los tenientes a los coroneles y los coroneles al general. Esta estructura Policial es el verdadero eje troncal de la Corrupción de la Policía Nacional y sin importar cuantos nuevos efectivos se introduzcan en sus filas, mientras exista una red de corrupción-protección, nunca existirá una efectiva solución policial. Pero las repercusiones de la corrupción Policial van más allá, porque la ausencia total de frenos inhibitorios éticos o morales, unido al “monopolio de la fuerza pública” se convierten en una bomba de tiempo constantemente a punto de explotar, a la primera oportunidad de un ingreso extra estos funcionarios policiales cometen los más aterradores crímenes dentro de la sociedad, los atracos más feroces, los asesinatos más desalmados, los transportes más grandes de sustancias controladas, tal es el caso del General Sanabria o la Banda de Blas Valencia, donde los más altos mandos policiales se vieron involucrados. Desde este punto de vista los otros dos factores, parecen ser menos importantes, sin embargo esto no es evidente, la falta de capacitación en la Policía Nacional hace que cada uno de los funcionarios policiales no sea más que un civil con disfraz, eliminando cualquier posibilidad de que actúe eficientemente frente a un problema tan complejo como es la Seguridad Ciudadana. Las academias de policía en esto tienen una enorme responsabilidad, pues el enfoque de las mismas tiene que cambiar de forma radical hacia la especialización en una sola rama de la actividad policiaca, donde podamos contar con verdaderos funcionarios policiales profesionales, hábiles en diversas técnicas criminalísticas y conocedores del marco jurídico y político en el que se desenvuelven.

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Así el tercer gran tema transversal de la Policía es su propia estructura arcaica, la Unidad de Mando, los grados y los ascensos, las “promociones”, la división administrativa y operativa de la Policía Nacional así como lo amplio de sus competencias es un problema que genera una institución plagada de burocracia y ausente de operatividad, no otra cosa significa que el 50% de todos los funcionarios policiales de todo el país se encuentren en la ciudad de La Paz, que tiene menos del 25% de la población total a la que sirven. Es obvio que un gran número de recursos humanos y materiales están siendo utilizados en labores administrativas no relativas a las verdaderas funciones de la Policía Nacional, verbi gratia otorgando cédulas de identidad, permisos de conducir y labores financieras, secretariales y contables. Adicionalmente a esto la eficiencia de la policía responde a un factor de atraso tecnológico que impide a las diferentes unidades operativas contar con la información de manera inmediata para tomar acciones conjuntas, así, cualquier persona sobre la cual pese un mandamiento de aprehensión podrá perfectamente transitar por todo el territorio nacional, sin ningún inconveniente y completamente seguro del desconocimiento de la existencia de esta orden por parte de los Funcionarios Policiales. En este momento absolutamente nadie conoce el número de personas que se encuentran con orden de captura, mucho menos la identidad de las personas buscadas por la policía ya que no existe una base de datos coordinada en esta Institución. La Policía Nacional ha creado su propio Sistema Penal, que no está reconocido por el Sistema de Legislación Penal en Bolivia, no responde al Código Penal y ha creado un Sistema Procesal Administrativo – Penal, el mismo que es completamente arbitrario y se encuentra al Servicio de la propia Policía y no en beneficio de la Sociedad.

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El Verdadero Problema de la Seguridad Ciudadana, de la Policía Nacional y de cualquier otra entidad policial que se intente crear dentro del territorio Nacional es la existencia per se de el Régimen de “Faltas y Contravenciones”, que entra dentro del concepto de Sistema Penal de Excepción. El tamaño de este Sistema Penal Excepcional y de su impacto en cualquier Plan de Seguridad Ciudadana se detalla a continuación.

Por cada Delito que llega a conocimiento del Ministerio Público y que es tramitado dentro de un Proceso Penal, 9.52 Faltas y Contravenciones son resueltas por el sistema informal penal de las Faltas y Contravenciones, esto significa que el 90% de los hechos penales son resueltos en sede Policial. Parte del Problema de todas las soluciones al problema de Seguridad Ciudadana se encuentran precisamente en haber menospreciado y dejado de lado la realidad del Sistema Penal Informal reinante en las sedes Policiales.

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La posibilidad de abrir nuevas instituciones policiales, dada la tendencia de la última década lo único que haría sería motivar e incrementar el sistema penal informal de faltas y contravenciones, disminuyendo la efectividad de cualquier solución de política criminal formal que se intente llevar adelante en nuestro país. Respecto a las posiciones que plantean la legalización del uso de armas de fuego existen una serie de estudios, realizados en distintos países de la región que concluyen que la proliferación en el uso de armas de fuego aumenta la probabilidad de que hechos delictivos terminen con la vida de las personas. "La utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia cualquiera durante el año 2000, murieron en una relación cuatro veces mayor en comparación con aquellas personas que no intentaron defenderse. Por su parte, las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse específicamente de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto" (Informe "Armas de Fuego y Violencia", PNUD, San Salvador, 2003)” Las Soluciones Inocuizantes (Soluciones de Inflación Penal) A cada crisis de Seguridad Ciudadana indefectiblemente ha surgido una propuesta de inflación Penal, en dos sentidos, aquellas que crean nuevos tipos penales o que amplían de manera ostensible los presupuestos criminalizantes independientemente de los bienes jurídicos protegidos y aquellas que aumentan los períodos de privación de libertad.

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El mejor ejemplo de la creación de nuevos tipos penales y de la ampliación de los presupuestos criminalizantes es precisamente la denostada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz No. 004, que en la búsqueda de la aplicación arbitraria de la Ley Penal ha creado una serie de nuevos tipos penales, cuyo elemento típico no responde al principio de taxatividad por tanto no protege un bien jurídico socialmente relevante, sino por el contrario permite el más amplio albedrío en los operadores penales para adecuar conductas totalmente disímiles y subsumirlas en estos tipos penales que se han convertido en una verdadera Ley Penal en Blanco. Por otro lado, diferentes Leyes han ido progresivamente incrementando las penas privativas de libertad sin nunca haber tenido ningún efecto cuantitativo en la seguridaad ciudadana demostrando nuevamente la total ineficacia de la pena como factor de prevención general del delito, tal es el caso de Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual. Jesús María Silva Sanchez señala: “Esta tendencia incriminadora, que es muy pluriforme en su interior y, por tanto, dificilmente reconducible a un juicio unitario, adopta en ocasiones la forma de una legislación cláramente simbólica o retórica, sin posibilidades de reales de aplicación útil. Tal legislación expansiva, que constituye el distintivo fundamental de nuestro tiempo, y a veces conlleva la aparición del denostado Derecho excepcional, choca con dos tendencias, asimismo claras: La que aboga por un Derecho Penal Mínimo, resaltando la vertiente garantista del Derecho Penal y la que pone de manifiesto un total excepticismo ante la eficacia preventivo-especial (resocializadora, en concreto) del mecanismo punitivo más característico: la pena privativa de libertad. Pero asimismo choca con una realidad del propio sistema de penas privativas de libertad, espina dorsal del sistema penal: en efecto las modernas instituciones de la política

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criminal y el derecho penitenciario -partiendo de aquella idoneidad para la reinsercióntienden a favorecer una permanencia mínima en prisión, lo que propicia que los efectos del Derecho Penal, en muchos casos, en realidad se centren en el poder estigmatizador del sometimiento a un proceso penal y en el hecho simbólico de la imposición de la pena. Esto resulta ser lo único cierto y lo único que puede intimidar.” Es por este motivo que la Detención Preventiva se ha convertido en la más efectiva acción de prevención especial y general del delito, duplicando y triplicando las personas que se encuentran con Detención Preventiva a las personas que se encuentran con Sentencia de Primera Instancia, tal como se demuestra por la siguiente gráfica:

Por tanto la pena per se no gravita de ninguna manera con el comportamiento de las personas que cometen delitos, sino que por el contrario, la aplicación de penas más severas eleva el nivel de violencia en la comisión de estos delitos y de los medios utilizados para evitar sus consecuencias penales. La afirmación se hae más patente y empíricamente comprobable de acuerdo a la máxima: “el delincuente no comete delitos con el Código Penal bajo el brazo”,

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simplemente lo desconoce, a través de un complicado sistema psicológico abstrae la idea de la consecuencia de sus actos en el momento de cometerlos, esperando evitar sus resultados al no ser descubierto o lograr huir de la sanción si es encontrado. La promulgación de nuevas leyes penales, con mayores penas no ha sido relevante en el número de denuncias presentadas a la Policía Nacional en la última década, sin embargo se puede observar un descenso en el nivel de incidencia de denuncias a nivel de la Policía Nacional desde el año 2000 hasta el 2005 con una caída paulatina de los delitos denunciados mientras avanzaban los procesos de institucionalización y capacitación del Ministerio Público y ha ido in crescendo a partir del año 2006, por un debilitamiento paulatino del aparato institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial, tal como se puee apreciar en el cuadro siguiente:

Sin embargo, a pesar de que lo antes acuotado es probable que demuestre su validez empírica, no es menos cierto que cae en un simplismo monocausal inadmisible en una problemática como la Seguridad Ciudadana, pero sirve para descartar la solución inflacionaria penal como solución unidimesional de este problema.

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Es imprescindible dejar cláramente establecido que las prácticas de políticas de seguridad ciudadana y los estudios que las respaldan en otros países como Suecia en el 1979 han establecido con claridad meridiana que “el quantum de la pena no es relevante como prevención general negativa de la actividad delictiva sino que la variable repesentativa tiene una doble valoración cantitaiva/cualitativa referida a la certeza del procesamiento” como mayor desmotivador criminal. Vale decir que la magniftud de la pena, su aumento o disminución, no tienen una relación directa con el número de delitos, así como tampoco con la sensación de Seguridad o de Inseguridad en la población, sin embargo la eficiencia de los organismos encargados de su persecución que se traduscan en el procesamiento rápido y eficiente de los “verdaderos culpables”, sin que exista la posibilidad cierta y probable de evadir ese procesamiento si tiene un valor gravitante en las decisiones que toman las personas para encausar las causas criminógenas a un acto determinado. Esto nos lleva a la siguiente solcuión errada al problema de la Seguridad Ciudadana de disminución de las garantías para procedimientos sumarios penales. Soluciones Operativizantes De Restricción de Derechos y Garantías a Favor de una Mayor Celeridad Procesal Si uno de los paradigmas identificados como elemento de prevención general negativa es la certeza de la aplicaciónm de la Ley la solución a corto plazo parece vislumbrarse de manera simple y unívoca, hay que aumentar el poder de las instituciones policiales disminuyendo las posibilidades de defensa de aquellos que sean denunciados por un delito, respondiendo de esta forma a cada delito con un proceso y a cada proceso con una sentencia condenatoria.

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Esto implica necesariamente el retorno hacia sistemas más inquisitivos, donde el poder se encuentre centralizado en el aparato policial y en la fiscalía, aumentando el número de personas inmersas en un sistema policial sin garantías que en este momento atraviesa una severa crsis interna de corrupción que ha conducido a una grave crisis externa de credibilidad en la solución policial. Todas las voces son unisonas en el sentido de que la solución policial no es la solución indicada, ya que no hace más que preservar sistemas de criminalidad arraigadas en la sociedad y no responde a las necesidades de la nueva criminalidad, con las nuevas formas que va tomando en cada una de las ciudades. La priorización del criterio policial y fiscal de prosecución penal genera un estado de excepción legal, por el cual el poder político dominante emplea estos medios para la mterialización de sus proyectos políticos sin que existan frenos que equilibren la actividad acusadora de la actividad defensiva, teniendo personas procesadas sin que hayan cometido delitos. Por otro lado los sistemas inquisitivos o inquisitivos reformados han demostrado que no sólo no son eficientes para luchar contra la criminalidad existente en la sociedad sino por el contrario han demstrado un fracaso práctico en la preservación de los bienes jurídicos protegidos sin nombrar la propia vulneración por parte de los acusadores de bienes jurídicos de mayor entidad con la reacción adversa de la sociedad hacia la aplicación de la pena por un órgano alejado en sus fines a los de la propia sociedad. SOLUCION AL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Es imprescindible crear un plan de largo aliento para tocar el tema de seguridad ciudadana que debe tener no sólo una aplicación práctica con resultados mesurables sino que también debe tener una sólida base teórica que respalde estos indicadores para

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hacer sustentables las acciones y demostrables a los organismos financiadores para su réplica en cualquier cúmulo humano. En este sentido es imprescindible trazar un plan que contample tres fases, las mismas que no son consecutivas ni cuantitativas, sino fases cualitativas en la implementación de un plan de Seguridad Ciudadana, estas fases son: a) Diagnóstico, b) Generación de Políticas e Implementación de Acciones y c) Evaluación. Todas estas fases tienen que estar bajo el control de una Secretaría General a nivel Gubernamental de Seguridad Ciudadana, la misma que debe tener participación de los delegados de los Tres Poderes del Estado con plenas facultades para coordinar, decidir e implementar políticas y acciones, así como supervisarlas y replicarlas en los nieveles departamental y municipal. a) Diagnóstico Es la fase más importante para trazar el Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, no se refiere sólo a un diagnóstico cuantitativo de Seguridad Ciudadana, sino por el contrario requiere la creación de un enfoque cuantitativo y cualitativo del problema de Seguridad Ciudadana, donde la participación preponderante debe ser la de la ciudadanía. Fuera de la utopía de la participación espontánea de la ciudadanía en el Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, se requiere la participación de las personas individuales que componen la sociedad más allá de las frías estadísticas que nos dan información errada de los indicadores de criminalidad, hay que buscar los factores criminógenos que aportana a la aparición de la criminalidad dentro de cada grupo social. Precisamos la entrevista de los Policías que están todos los días en la lucha contra la Criminalidad, se precisan las entrevistas a los Fiscales que están realizando su labor todos los días, a los jueces, pero también a los detenidos, a los reos rematados, a los

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reincidentes, a las víctimas, a los grupos vulnerables para ser víctimas, a los grupos que están en situación de riesgo criminal, a los proveedores de servicios básicos y todos y cada uno de ellos debe brindar información sobre el problema de Seguridad Ciudadana y de sus causas desde su propia óptica, buscando involucrar a estas personas en el diseño de nuevas políticas de Seguridad Ciudadana. Es preciso conocer las prácticas exitosas llevadas a cabo en otras ciudades de Latinoamérica, para opder conocer las acciones y los resultados evitando las acciones que han demostrado su ineficiencia o la imposibilidad de su implementación. El diagnóstico además debe buscar involucrar a los organismos sociales, a los movimientos sociales, a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la problemática de Seguridad Ciudadana o con algunos servicios emergentes y que a través del diagnóstico se identifiquen como relevantes para influir en la Seguridad Ciudadana. Por último queda el análisis y la tabulación cuantitativa y cualitativa de todos los datos recolectados mediante el diagnóstico, con el marco teórico respectivo para ir conociendo las mejores alternativa de las acciones a tomar y los obejtivos de cada acción. El diagnóstico es una actividad a nivel de departamental y Municipal a cargo de las Secretarías respectivas. b) Generación de Políticas e Implementación de Acciones Al mismo tiempo se deben ir diseñando a nivel Municipal, Departamental y Nacional Políticas transversales de Seguridad Ciudadana, no sólo en los temas clásicos de seguridad ciudadana, sino por el contrario, la aplicación de criterios de Seguridad Ciudadana debe abarcar todos los temas de Seguridad, a nivel Municipal Todos los

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sistemas y subsistemas, de educación, de salud, de servicios básicos, produtivo, de urbanismo, etc. etc., ya que “usando las palabras de Jordi Borja es la no-ciudad, es decir, el modo mediocre de realizar la urbanización que es responsable del deterioro humano y, en particular, de la delincuencia pero no es de por sí la ciudad que por definición es integradora y fuente de civilización. ” A nivel Departamental el gobierno en redes, obligado a negociar, a quebrar la rigidez institucional, a coproducir la seguridad, a trabajar con actores e instituciones con culturas diversas, son algunas manifestaciones de est e Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana. A nivel de Gobierno Central se pasa de hecho en materia de prevención, como en otros campos (ambiente, pobreza, inclusión social), de una política centralizada a nivel de gobierno central a una política urbana que supera la gestión focalizada únicamente sobre costos y beneficios o en términos populistas de promesas irrealistas a un tipo de gobierno local en redes. Se trata de gobiernos locales no solo sensibilizados al problema de la violencia, sino también capaces de captar la

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importancia de construir coaliciones estables donde el protagonismo es compartido . Para esto es imprescindible la reformulación de la Policía Nacional y el paso a una Policía Municipal, de una Policía-Ejercito a una Policía-Civil-especializada, en la que la unidad de mando no interfiera en la adopción de las prácticas requeridas para cada una de las ciudades y para cada una de las manifestaciones criminales y las circunstancias criminógenas de cada ciudad y de cada región. Es también imprescindible la reformulación de la Pena, dentro de términos garantistas, no sólo de los derechos de los condenados sino también de los derechos de la víctima a su resarcimiento y de la sociedad a su auto protección racional positiva. Esto implica no sólo la modificación de las penas, sino también de un re-evaluación de los bienes jurídicos protegidos a partir de los diagnósticos y de las nuevas necesidades de la sociedad y de todos los grupos que la componen. Es deseable la eliminación de las penas cortas de prisión para delitos de escasa relevancia social y su modificación por penas alternativas más eficaces en la atención de los elementos criminógenos que produjeron el acto delictivo, con procedimientos también menos complicados, pero igual de garantistas, así como la liberación de recursos humanos y materiales por parte de las instituciones policiales, fiscales y judiciales de preciosos recursos para la atención oportuna y eficiente de los delitos de mayor entidad. c) Evaluación Los resultados de un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana deben estar dados por los objetivos que se tracen dentro del diagnóstico de la Seguridad Ciudadana, pero al mismo tiempo la evaluación no debe detenerse en los aspectos cuantitativos de costo-beneficio para determinar el éxito o el fracaso de una determinada acción o de una determinada

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política, sino por el contrario, debe trascender hacia la percepción de Calidad de Vida de cada uno de los ciudadanos y de cada uno de los grupos que componen la sociedad para poder determinar si ha existido un cambio positivo o negativo en materia de Seguridad Ciudadana. La Evaluación es un factor determinante para la demostración objetiva de los resultados del Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana y mantener las acciones que lo integran renovándose y adecuándose a cada nueva realidad que se le plantee, para conseguir un Plan Perpetuo de Seguridad Ciudadana, donde no cambie la visión ni el objetivo general, sino las políticas y las acciones que lo componen. En última instancia debemos partir de dos constantes, Siempre Habrán Conductas Contrarias a los Valores de la Sociedad, pero al mismo tiempo la Sociedad buscará el Equilibrio Dialéctico que la preserve, este es en última instancia el Plan de Seguridad Ciudadana, que siempre ha existido y que queremos mejorar. Bibliograf 982 jsdah.h   