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1 ENSAYO SOBRE SANCIONES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO COLOMBIANO POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y POLITICAS PARA PRESERVAR LAPRIVACIDAD DEL USUARIO

Yanyra Liseth Trujillo Pardo Agosto de 2019.

SENA VIRTUAL.

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El lavado de activos es un flagelo que a través de la historia ha afectado a la economía mundial, desafortunadamente Colombia no es la excepción y se ha visto fuertemente afectada por este delito, a raíz de actividades como: el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, trata de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, evasión fiscal.

Ante este flagelo, las entidades financieras se han visto en la necesidad de protegerse, para lo cual han tenido que plantear, implementar y ejecutar procedimientos que les permita administrar adecuadamente el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, no obstante, los delincuentes tienen diferentes formas de lavar sus activos, es por esto, que las entidades financieras están constantemente expuestas a ser usadas para tratar de dar legalidad a los dineros productos de sus actividades ilícitas, por tal razón las entidades financieras tienen el deber de calcular este tipo de riesgo originados no solo del trato con los consumidores y demás factores de riesgo, sino de todos aquellos que la entidad a su juicio considere pueden ser un factor de riesgo ante este delito, es por esto que es de gran relevancia el lograr determinar claramente cuál es la procedencia de los recursos que la entidad bancaria está captando, sin perder de vista la relación que hay con los clientes o usuarios.

Para tener una adecuada y efectiva implementación del SARLAFT, las entidades financieras deben determinar estrategias necesarias para tener un adecuado conocimiento del cliente, ya que es el principal actor en las actividades financieras, de tal forma que permita poder hacer un seguimiento oportuno a los movimientos financieros u operaciones a las que están sujetos y la procedencia de los recursos con que cuenta, por ende, las entidades bancarias que operen en Colombia deben tener un sistema para valorar el riesgo al que están expuestas para el LA.

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Con la aplicación de este tipo de medidas, no solo se busca ejercer un control más efectivo a la amenaza latente que representan para la economía colombiana estos fenómenos, sino también se pretende inculcar a las entidades financieras una cultura enfocada a la prevención y mitigación de los mismos, evitando que sean utilizadas para el lavado de activos, en miras de alcanzar este objetivo, las entidades deben establecer sus propios órganos de control como: Revisoría Fiscal, Auditoría Interna u Oficial de Cumplimiento, cuya responsabilidad es la de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes, por consiguiente, si no se cuenta con un sistema que garantice la protección de la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, está en riesgo de ser un negocio para los lavadores.

En síntesis, el Estado colombiano es el ente encargado de dictar normas y constituir los organismos encargados de hacer cumplir la ley a todas aquellas personas y entidades que comentan actos delictivos, por consiguiente si la entidad financiera omite información, procesos, condiciones y requisitos parametrizados dentro

de la aplicación del SARLAFT en el desarrollo de sus operaciones

financieras, cabe mencionar que ante este tipo de sucesos la entidad puede ser multada por tener falencias y fallas en su proceso de prevención, e incurrir en sanciones de diferente índole como son:

Sanciones penales: Quien realice o ejecute conductas ilícitas con referencia al LA/FT, podrá ser condenado a pagar penas de prisión que van desde los 6 hasta los 15 años.

Sanciones económicas: Quien incurra en hecho delictivo en lo referente al LA/FT, será sancionado con multas que van desde los 500 hasta los 50.000 smmlv.

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Sanciones administrativas: Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Cancelación definitiva de matrícula mercantil, Perdida de la calidad de comerciante.

Como se puede evidenciar, los entes de control han establecido

una gran

variedad de leyes, normas y decretos que tienen como objeto ser una herramienta útil para hacer frente a este flagelo del lavado de activos y financiación del terrorismo, dentro de todo este proceso también se presenta un aspecto de gran relevancia como es la privacidad, protección de datos y protección de información personal, es decir, que las entidades en general tiene la obligación de proteger el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

Teniendo en cuanta la relevancia e importancia de crear mecanismos que permitan lograr la adecuada protección de los datos personales y la privacidad de los mismos, Colombia cuenta con la Ley 1581 de 2012, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación, esta ley se aplica a las bases de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales.

No obstante, desde el año 2008 Colombia ya contaba en su ordenamiento jurídico con normas legales sobre protección de datos personales como la Ley 1266 que regula el derecho de hábeas data con énfasis exclusivo en la protección de datos de carácter financiero y comercial reportados en los bancos de datos o también

5 conocidas centrales de riesgo, en definitiva, son deberes y obligaciones a los que están sujetas las empresas en general tratamientos de datos de carácter personal.

Dentro de un contexto actual, podemos evidenciar que se presenta una desconfianza hacia las empresas digitales (Facebook y otras), por el inadecuado manejo que han hecho de esta información tan vital como son los datos personales, sin embargo hay sectores como el financiero que al tener el derecho fundamental de informar, recibir información, recolectar datos pertenecientes a sus clientes con el fin de evitar operaciones riesgosas, han tenido un mejor desempeño por cuanto son estrictos y están comprometidos en la vigilancia no solo de los recurso de sus clientes, sino de toda la información que se va recopilando en el desarrollo de sus procesos comerciales con sus clientes