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• AnIbal GonzaLez

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El papel del abogado litigante

María Inés Bergoglio

Capítulo en La justicia latinoamericana. El papel de los actores, Luis Pásara (editor), Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, pp. 57-85. ISBN 978-84-7800-376-1.

Abstract

The article analyzes recent changes in the legal profession in Latin America, showing how inequality is deepening among lawyers. Increasing stratification of the population, the emergence of big law firms and new forms of professional practice are the sources of these growing inequalities. Reviewing results of empirical research in different countries of the region, the article depicts the trend to stratification in the profession and its regional scope. From this perspective, the styles of work typical of different professional strata are described. The meaning of these trends is discussed in connection to changes in regional legal culture.

Resumen El artículo analiza cambios recientes en la profesión jurídica en América Latina, mostrando cómo la desigualdad entre los abogados se está profundizando. La agudización de la estratificación entre la población general, la emergencia de las grandes firmas de abogados y de nuevas formas de práctica profesional son las fuentes de estas desigualdades crecientes. Revisando los resultados de investigaciones empíricas en diferentes países de la región, el artículo describe las tendencias a la estratificación profesional y su alcance regional. Igualmente se presentan los estilos de trabajos típicos de diferentes grupos dentro de la profesión. Se discute el significado de estas tendencias en conexión con los cambios en la cultura jurídica regional.

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El papel del abogado litigante* María Inés Bergoglio**

1. Introducción Comprender el sistema de justicia como una construcción humana requiere entender el rol que allí cumplen los abogados litigantes. Como muchos de los códigos de ética de la región lo proclaman, su papel profesional se orienta hacia la realización del derecho y el afianzamiento de la justicia, que se estiman sus misiones esenciales. Sin embargo, el modo en que realizan esta tarea en las presentes circunstancias regionales viene cambiando, y este artículo intenta dar cuenta de ello. Antes de analizar el papel que cumplen en la región como auxiliares de la justicia, corresponde discutir sin embargo, hasta dónde puede considerarse conjuntamente este colectivo que supera hoy al millón de personas1 diseminado en los treinta y tres estados de la región. Este conjunto profesional comparte, sin duda, muchos rasgos comunes. La referencia a la tradición jurídica romanista, la influencia de la legislación española, y la herencia del pasado colonial marcan las bases de una cultura compartida. Por otra parte, a lo largo de la historia nuestras naciones han vivido procesos similares: las luchas por la independencia, los esfuerzos para la organización nacional, la búsqueda del desarrollo económico social, y esto genera una base común de experiencias en los principales actores sociales. Durante esos diversos ciclos, los abogados han desempeñado un papel significativo en la construcción de los estados nacionales, y en consecuencia, las peculiaridades nacionales se perciben claramente en ellos. Estas singularidades no niegan sin embargo las semejanzas que las experiencias compartidas han ido plasmando en ellos. Es posible, por eso hablar de los abogados latinoamericanos como un conjunto, tal como lo ha documentado Pérez Perdomo (2004: 5) en su análisis histórico de los abogados latinoamericanos. Hoy, las transformaciones económico sociales asociadas a las políticas neoliberales, así como los impactos de la internacionalización de la economía refuerzan esos rasgos comunes, y nuevamente los abogados viven procesos similares. Las tendencias a la creciente heterogeneidad social que experimenta el continente, así como los cambios en la organización social de la profesión introducen entre ellos desigualdades crecientes, tanto en las formas de trabajo como en los ingresos que su ocupación les proporciona. *

Capítulo en La justicia latinoamericana. El papel de los actores, Luis Pásara (editor), Ed. Universitaria de Salamanca, 2007. **

Doctora en Ciencia Política (UCC) y Especialista en Sociología Política (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid). Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Correspondencia relativa a este artículo a [email protected] 1 Sólo la Orden brasileña de Abogados tiene actualmente 500.564 afiliados (ver http://www.oab.org.br/relatorioAdvOAB.asp). En México, los titulados en Derecho que ejercen la profesión eran 191.000 (2004); en Argentina, el último censo económico consigna la existencia de 148.306 abogados matriculados en los colegios profesionales. El Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas (2005) informa 135.785 para Colombia, 111.805 en Venezuela y 70.000 en Perú.

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Utilizando como fuentes investigaciones realizadas en diversos países de la región, este artículo sistematiza lo que sabemos hasta ahora de esta tendencia a la segmentación, su alcance regional y los procesos que la alimentan. Este panorama brinda una perspectiva general desde la cual es posible describir los principales estilos contemporáneos de ejercicio profesional, y permite sugerir algunas hipótesis sobre los procesos de cambio contemporáneos en la cultura jurídica en la región.

2. Diversidad y desigualdad entre los abogados La profesión jurídica se está volviendo en América Latina más variada y diversa. Los cambios en la educación superior, que han ampliado los contingentes de abogados y extendido su origen social, y la creciente diversificación de las inserciones ocupacionales de los abogados concurren para quebrar la homogeneidad entre estos profesionales. En América Latina, la expansión de la educación superior en las últimas décadas ha sido notable, ampliando los contingentes de jóvenes que se acercan a las aulas universitarias. Las principales beneficiarias de este proceso de ampliación de las oportunidades educativas, han sido las mujeres, que hoy en muchos países de la región superan en logros a los varones. Pese al crecimiento de oportunidades educativas, subsisten graves desigualdades en razón de los ingresos y geográficas (CEPAL 2004). Consecuentemente, ha aumentado el número de graduados en derecho en la mayoría de los países latinoamericanos, a un ritmo muy superior al del crecimiento general de la población, tal como lo expone Pérez Perdomo en este mismo volumen. Esta disponibilidad de graduados en Derecho, muchas veces mayor que la corriente en los países europeos, resulta apropiada para una época en que el escaso aprecio de la legalidad, rasgo compartido por varias culturas jurídicas latinoamericanas2, empieza a ser percibido como un serio obstáculo en los procesos de democratización. El crecimiento en el número de profesionales ha estado asociado también a cambios en su composición interna. La presencia de las mujeres entre los abogados tiende a acentuarse. Ha mejorado también los últimos años la accesibilidad geográfica de la educación jurídica, con el surgimiento de programas universitarios más allá de las grandes ciudades, lo cual reduce los costos educativos y facilita el acceso a las aulas de sectores de clase media. Así ha ocurrido por ejemplo en Colombia (Fuentes Hernández, 2003; 11), Méjico (Fix-Fierro y López Ayllón, 2003: 6), y Brasil (Junqueira, 2003: 7). Estas tendencias no deben dar lugar a evaluaciones exageradamente optimistas. Aunque no tenemos estudios sobre las desigualdades en términos étnicos3 y económicos – sobre las que resulta mucho más difícil obtener datos – probablemente éstas persisten entre los estudiantes de Derecho así como en el resto del sistema educativo, tal como lo sugieren las contundentes cifras del documento de CEPAL ya citado. Podría resumirse la situación diciendo que la expansión de la educación universitaria ha contribuido a diversificar los contingentes de 2

Para una discusión sobre la cultura de la ilegalidad, centrada en Argentina y con referencias a otros países latinoamericanos, ver Bergoglio (2003: 61). 3

Una excepción es el estudio de Junqueira y Vianna Veras (2001) para Brasil, en el que se informa que el 83% de quienes se presentan al examen final de la carrera de abogado se consideran blancos. Esta fuerte presencia de los blancos en la cima del sistema educativo contrasta con su peso en la población total, que era del 52% según el Censo 2000.

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estudiantes de Derecho en términos geográficos y de género, aunque queda mucho por hacer aún respecto a las desigualdades de raíz más claramente económica. No obstante, si bien los cambios pueden considerarse modestos desde la perspectiva de la equidad educativa, resulta claro que los tradicionales perfiles de la profesión jurídica, como un grupo dominantemente masculino, de fuerte anclaje en las élites, se han ido modificando. Hoy encontramos en ella abogados y abogadas provenientes de diversos sectores sociales. La heterogeneidad social de los estudiantes se extiende a la esfera del trabajo profesional, donde pueden observarse fuertes asimetrías en las oportunidades de que disponen diferentes grupos de abogados. Estas tendencias a la desigualdad creciente dentro de la profesión vienen siendo observadas en varios países de la región. En Chile, De la Maza (2001: 142) observa en las últimas décadas un aumento de la estratificación interna de la profesión jurídica, asociado al avance de la especialización profesional y al desarrollo de servicios jurídicos orientados especialmente a las empresas. Hablando de la profesión jurídica en Colombia, Silva García (2001: 230, T.I) informa la existencia de “una intensa estratificación y fragmentación profesional, que incide sobre las distribuciones de poder y prestigio, así como sobre la práctica del derecho”. Estos fenómenos resultan observables igualmente en Perú. Estudiando a los abogados de Lima, Pásara (2005: 12) sostiene que “Existe una marcada estratificación en la oferta de servicios profesionales de abogado, que se agrupa en torno a dos polos: uno minoritario, de alta calidad profesional, que atiende a sectores sociales económicamente poderosos, y otro mayoritario, caracterizado por una calidad profesional de grados decrecientes, que atiende a los sectores medios y bajos.” Cuadro 1. - Ingresos medios de los abogados Año

Campo de trabajo Público Privado

Ingresos profesionales 1607,76 1538,00 1544,66 1492,82 1549,68 1405,09 1106,59 1077,37 1678,95 1218,84

Firmas hasta 50 * Firmas más de 50* Ingreso promedio de los abogados Público Privado Firmas hasta 50 * 2003 Firmas más de 50 * Ingreso promedio de los abogados Fuente: EPH Nacional, Mayo 95 y Mayo 03. Datos expresados en pesos argentinos. En 1995, un peso equivalía a un dólar; en 2003, un dólar se cotizaba a 2,92 pesos. * El dato sobre tamaño incluye abogados y personal administrativo. 1995

En Argentina, Bergoglio y Carballo (2005: 217) han documentado las diferencias de ingresos entre distintos segmentos de la profesión. Empleando datos de las encuestas de hogares, comparan la situación ocupacional y los ingresos de los abogados argentinos en 1995 y 2003. En el período observado, el ingreso profesional promedio percibido por quienes han obtenido un título universitario en Derecho, que era de de 1.549$ en 1995, descendió a 1.218$ en 2003,

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en el contexto de la severa crisis económica vivida por el país. Esta caída, superior al 20% en términos absolutos, resulta mayor si se considera el aumento del costo de vida4. Como se observa en la tabla adjunta, en 1995 las diferencias en los ingresos promedio de los profesionales trabajando en diferentes áreas no excedían el 5%. La crisis económica asociada a la salida de la convertibilidad amplió la brecha entre las remuneraciones de quienes trabajan en el campo público y en el privado, que se estiró hasta el 20% en 2003. En el interior del campo privado, el proceso de pérdida de las remuneraciones afectó especialmente a quienes trabajan en firmas medianas o pequeñas, que vieron recortarse sus ingresos en más de un 30%. En cambio, los que prestan servicios en las firmas grandes lograron aumentar sus entradas en un 15%. Así, el contraste entre los estilos de vida que pueden llevar distintos segmentos de la profesión se acentuó. Por su parte, Pérez Perdomo (2003b, p.12) considera que la desigualdad entre los abogados, presente en los diversos países de la región, se acentuará en el futuro: “….la profesión de abogado será cada vez más estratificada. Ya lo está. Hay abogados de negocios con clientes que generan un flujo grande de asuntos y que tienen enormes ingresos y prestigio social. Hay abogados con enorme prestigio social, político o académico (aunque sin ingresos comparables al primer grupo). Hay quienes están en una carrera judicial o en la burocracia del sistema jurídico. Hay abogados que ocupan cargos en una burocracia sin que pueda decirse que ejercen profesionalmente el derecho (aunque los conocimientos jurídicos les sean útiles). Y hay abogados que tienen que arreglárselas para sobrevivir. Todo hace pensar que vamos en la dirección de incrementar las diferencias.”

3. Porqué se profundizan las disparidades entre los abogados? Cómo entender el alcance regional de la creciente estratificación de los abogados? La literatura de investigación ha apuntado diferentes procesos que apuntan en esta dirección. Algunos de ellos ocurren en el campo educativo, como la diversificación del origen social de los estudiantes y la segmentación de la calidad de la educación universitaria. Otros, en cambio se vinculan con la tendencia a organizar empresarialmente el trabajo jurídico en las sociedades contemporáneas, que redunda en un crecimiento del tamaño de los bufetes, así como en un proceso de salarización de los abogados. También el contexto social de la región –donde la concentración del ingreso y la pobreza han avanzado en las últimas décadas – presiona en este sentido. Comenzando a analizar lo que ocurre en el campo educativo, podría sostenerse que la creciente diversidad de orígenes sociales de los estudiantes de Derecho es una de las raíces de la desigualdad entre los profesionales. No se trataría, pues, de un proceso nuevo, sino la simple consecuencia lógica de la ampliación social de las oportunidades de obtener una educación jurídica: los abogados serían más desiguales hoy, porque ya lo son los estudiantes en la facultad. Vale la pena recordar que no ocurría así en el pasado. En la primera mitad del siglo XX, cuando el proceso de apertura de oportunidades educativas en la universidad comenzó suavemente, los estudios jurídicos funcionaban como un canal de movilidad social 4

Los datos sobre ingresos están expresados en pesos argentinos. En 1995, un peso equivalía a un dólar; en 2003, un dólar se cotizaba a 2,92 pesos. La caída de los ingresos es por lo tanto mucho mayor si se la expresa en moneda constante.

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ascendente. Agulla (1968: 99 y ss) ha descripto detalladamente cómo el título de abogado obtenido en la tradicional Universidad de Córdoba, Argentina, garantizaba el acceso a la élite política en la primera mitad del siglo XX. De la Maza (2001: 127) ha señalado cómo la educación jurídica chilena generaba oportunidades de movilidad social en las primeras décadas del siglo XX. El hecho de que se registre creciente desigualdad entre los abogados, mientras al mismo tiempo el origen social de los estudiantes se vuelve más variado, indica que nuestras facultades de Derecho han dejado de jugar ese papel de estímulo de la movilidad social característico de las primeras décadas del siglo XX. Para entender estos cambios en las relaciones entre la estructura social y la educación superior, es necesario observar otros procesos tanto en el campo educativo como en el laboral, que estimulan la desigualdad. Cabe recordar que en muchos países de la región, la expansión de la matrícula universitaria de las últimas décadas ha implicado un crecimiento descontrolado de instituciones orientadas a la educación jurídica. Se encuentran entre ellas escuelas innovadoras que ofrecen estudios especializados en derecho de los negocios, así como instituciones de claro sesgo comercial, que realizan escasas inversiones, ofrecen cursos masivos y titulaciones rápidas. En otras naciones, la masificación de la enseñanza en las universidades públicas ha tenido asimismo efectos negativos. El resultado ha sido, en no pocos casos, un acusado deterioro de la calidad de la formación de los abogados5. La preocupación por este estado de cosas ha alentado el crecimiento de los posgrados jurídicos en las más diversas disciplinas, mediante los cuales se intenta compensar el déficit de la educación de grado. También ha impulsado, aunque a ritmos diferentes en los distintos países, el desarrollo de programas de acreditación y evaluación educativa, a través de los cuales se intenta garantizar estándares básicos de calidad en todas las instituciones. No obstante, los posibles efectos correctivos de estas medidas serán observables recién a largo plazo. Estos comentarios indican que la expansión de la enseñanza jurídica es, finalmente, un fenómeno difícil de evaluar, en tanto llega más gente a la universidad para recibir una dx