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En 2009, cuando Ricardo Martinelli –hoy detenido en Estados Unidos– llegó a la Presidencia, traía un ambicioso plan de construcción de obras públicas. Sin embargo, se dio cuenta de que las arcas del tesoro nacional no contaban con el dinero para respaldar sus ideas. Para esto, se debían aumentar los ingresos del quinquenio, pero el problema era que los contribuyentes arrastraban una morosidad que rozaba el 70%. Con este panorama, no muy favorable para Martinelli, surgió la idea de contratar a una compañía especializada que se dedicara a gestionar los pagos (tercerización de los servicios), la cual se vendió como una solución efectiva y viable. Expandir Imagen Cobranzas del Istmo La idea se concretó el 25 de agosto de 2010, cuando se firmó el contrato con CISA, el cual fue avalado por la contralora Gioconda Torres de Bianchini (fallecida el 9 de julio de 2016) y el entonces director de Ingresos, Luis Cucalón. Bajo esta estructura se amparaba un entramado de presunta corrupción, que habría ocasionado una lesión patrimonial de $30 millones, según la Contraloría General de la República. UN NEGOCIO LUCRATIVO La gran mayoría de los ingresos recibidos por CISA entre 2011 y 2014 se debieron a gestiones de cobro de impuestos morosos de larga duración, y por las que la empresa recibiría un mayor porcentaje de comisión. Un informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que la empresa cobró $47.1 millones por recuperar para el Estado cuentas morosas con un valor total de $172.9 millones. El contrato entre la DGI y CISA vinculaba el monto de la comisión de la empresa a la antigüedad de la cuenta recuperada. Cuanto más antigua fuera la cuenta, mayor la comisión. La escala comenzaba con una comisión de 15% por las cuentas morosas que tenían entre 12 y 18 meses, y terminaba con una comisión de 30% para aquellas cuentas con más de 30 meses de antigüedad. Según el informe del MEF, en un principio la DGI asignó a CISA cuentas morosas superiores a $50 mil, principalmente correspondientes al impuesto de inmuebles y con ciertos parámetros que buscaban cumplir con el contrato.

No obstante, en un momento dado la DGI empezó a trasladar todo tipo de cuentas a CISA, incluso algunas que ya eran gestionadas por la propia entidad, añade el citado

El rompecabezas de Cobranzas del Istmo, S.A. Vallarino, Cucalón, De La Guardia, Torres de Bianchini, Frank De Lima y Cristóbal Salerno son piezas clave para entender este tema

Luis Cucalón, exdirector de ingresos; Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; Dulcidio De La Guardia, exvice ministro de Finanzas y actual ministro de la cartera de Economía y Finanzas; Gioconda Torres de Bianchinia, excontralora de la República, Frank De Lima, expresidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., y Cristobal Salerno; propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A,, son las piezas clave para armar el rompecabeza en el que se ha convertido la trama del cobro tercerizado de impuestos morosos durante la pasada administración, que ocasionó al Estado una lesión patrimonial de al menos $47 millones. CONTRATACIÓN IRREGULAR

Los nombres señalados están todos relacionados directamente con la contratación de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 actuó como gestora de cobros de impuestos morosos y de la que se conoce ganó comisiones por $21.8 millones por un supuesto que no figuraba en contrato y contra una empresa estatal. Las contradicciones en el proceso de contratación son las primeras trampas del laberinto en el que se ha convertido seguir la pista a una empresa que se creó en 2003, según su inscripción en el Registro Público. De La Guardia ha denunciado que el exdirector de ingresos insertó un documento falso para favorecer la contratación directa de la empresa CISA. El contrato omitió trámites expresos en materia de contratación pública provocando un perjuicio al Estado panameño, en concepto de comisiones pagadas a CISA, establece una querella penal interpuesta por el titular de Economía y Finanzas, lo que implicaría entre cuatro y ocho años de prisión para el exdirector de ingresos. La pieza que no encaja es que la contratación directa de la empresa se produjo cuando De La Guardia era viceministro de Finanzas y jefe directo de Cucalón en la administración de Ricardo Martinelli. Por encima de ellos en el organigrama institucional se encontraba Alberto Vallarino, entonces ministro responsable de la cartera de Economía y Finanzas. Cucalón advirtió, a su vez, que la ley que permitió la tercerización de los cobros de impuestos ‘fue propuesto por el viceministro de Finanzas, De La Guardia; y el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino en 2009'. Irónicamente, el propio exministro Vallarino llevó a Cucalón y a De La Guardia al Ministerio de Economía y Finanzas cuando asumió su dirección en 2009. Vallarino también es responsable de fijar en agosto de 2010 la fianza para contratar, de forma directa y por una cuantía indeterminada, a la empresa que se iba a encargar de los cobros y que, en menos de quince días, resultó ser CISA. COMISIONES ILEGALES El contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con el cual CISA., sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, imagen 1, inició su labor como gestor de cobros morosos estatales fue firmado por la contralora Gioconda Torres de Bianchini y el exdirector de ingresos como lo establece el decreto Ejecutivo 22 del 17 de marzo de 2010. El contrato establecía que la empresa cobraría una comisión de acuerdo con el tiempo transcurrido tras el vencimiento —morosidad— del pago de

impuestos. En caso de cuentas vencidas entre 12 a 18 meses antes, se cobraría un 15% de comisión; si la morosidad era de entre 18 a 24 meses, la comisión sería del 20% y si fuera entre 24 y 30 meses, la comisión sería del 25%. Solo si el vencimiento superaba los 30 meses, la comisión era del 30%. Entre 2010 y 2014, la empresa facturó al Estado comisiones millonarias por tramitar deudas morosas. Para realizar esta función la dirección de ingresos le otorgó poder y mando al punto que le dio acceso a todas las cuentas de los contribuyentes, según han informado las autoridades actualmente a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) . El caso de Tocumen, S.A., empresa cuyas acciones son 100% estatales, debió hacer saltar todas las alarmas. CISA se ganó $21 millones sin realizar ninguna gestión para cobrar una cartera morosa de $72 millones, según denunció Joseph Fidanque III, gerente de la empresa estatal con el actual gobierno. Fue Frank De Lima, entonces presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., quien autorizó el traspaso de los $72 millones a las arcas de la Autoridad Nacional del Ingresos (ANIP), para cancelar los impuestos morosos de la principal terminal aérea del país. Cucalón, en su calidad de director de ingresos, fue el responsable de que se enviará a cobrar la cuenta y se establecieran las comisiones que ganó la empresa privada CISA, que tenía un capital autorizado de 500 acciones, propiedad e Limacri Holding, S.A y cuya dueña es María Alessandra Salerno Gómez, hija de Cristobal Humberto Salerno. Salerno a su vez compartió puestos directivos en distintos negocios con Cucalón. El exdirector de ingresos fue miembro de la junta directiva de e ‘IDS Holdings Corporation', un conglomerado de negocios dedicado a la compra y venta de bienes inmuebles, mientras Cristobal Salerno era secretario. No fue el único negocio en el que ambas figuras coincidieron en puestos directivos. En ese mismo conglomerado de negocios fue director suplente Alberto Vallarino, pero renunció a su cargo el 27 de abril de 2000, poco antes de que Cucalón formara parte de la junta directiva. ‘Ni Vallarino, ni ninguna de sus empresas, tienen o han tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo, o con Salerno', aseguró, a este diario el empresario sobre su aparente relación. Sin embargo, a juicio del abogado tributarista José Javier Rivera y otros expertos consultados, tanto Cucalón como Vallarino deben responder por la lesión patrimonial que se le ha causado al Estado. El jurista recalcó que Cucalón estaba bajo la plena jerarquía de Vallarino.

ACCIONES A TOMAR ¿Quién o quiénes son los accionistas de la empresa? ¿Recibieron dividendos? ¿Declararon el recibo de estos dineros en sus declaraciones de impuestos? Es al Ministerio Público (MP) a quien le compete investigar el destino final de las comisiones pagadas a la empresa CISA, consideran juristas. La respuesta se esconde detrás de un entramado de sociedades anónimas y de recovecos legales. Encaminado a develar este misterio, Vallarino ha solicitado una acción legal contra CISA para que se revele quienes son los accionistas de la empresa privada y quienes se beneficiaron de las millonarias comisiones. En tanto esto se resuleve, el Gobierno puede ejercer distintas acciones para recuperar lo que ganó ilegalmente la empresa. De acuerdo con el abogado Alvin Weeden, corresponde al contralor de la República hacer un informe preliminar de la lesión patrimonial incurrida para que, entonces, el fiscal de Cuentas pida a los magistrados la autorización para cautelar la empresa y a los accionistas, la familia Salerno, y quienes resulten vinculados. ‘Esto se hace en 24 horas', dijo Weeden. ‘A través de la devolución voluntaria del dinero o mediante secuestros, embargos o retenciones de bienes', también se puede recuperar el dinero dijo Rivera. El gobierno puede asumir estas acciones así como ha tomado otras decisiones para suspender proyectos de la pasada administración que consideró de alto riesgo. La última ficha del rompecabezas la pone el Ejecutivo. COMO PUBLICÓ LA NOTICIA LA ESTRELLA DE PANAMÁ En más de doce publicaciones La Estrella de Panamá reveló los detalles más sobresalientes del escándalo que involucra a importantes figuras públicas. 23 MARZO 2015 Luis Cucalón aseguró que Dulcidio De La Guardia aprobó Cobranzas del Istmo. 24 DE MARZO 2015 Un iInforme revela que CISA recibió comisiones fuera de lo que establecía la norma. 25 DE MARZO 2015 Luis Cucalón asegura que De La Guardia le pedía que ‘borrará cuentas'.

26 DE MARZO 2015 El Estado pagó $47 millones a la empresa CISA entre 2010 y 2014. 16 DE ABRIL Un documento revela que Alberto Vallarino fijó la fianza para la contratación directa. 17 DE ABRIL Expertos piden que Vallarino y Cucalón respondan por el caso CISA. 21 DE ABRIL Cucalón reitera que Vallarino y Dulcidio aprobaron el contrato con CISA. 22 DE ABRIL Expertos piden al Ministerio Público rastear los accionistas de CISA. 23 DE ABRIL 2015 Joseph Fidanque III aseguró que CISA ganó comisiones sin hacer ninguna gestión. 24 DE ABRIL 2015 MEF revela que CISA manejó tenía acceso a todos los datos de contribuyentes.

Descongelan más de 37 millones a Cristóbal Salerno El fallo, dispuesto por la jueza Águeda Rentería, establece que se descongele la cifra millonaria depositada en diversas cuentas bancarias que tienen relación con Cristóbal Salerno. 

José Chacón  / 

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- Actualizado: 19/9/18 - 10:58 am

Cristóbal Salerno ha había sido condenado a 4 años de prisión, pero la pena fue reemplazada por una fianza de 300 mil dólares. Foto: Víctor Arosemena.

 Dirección General de Ingresos / Luis Cucalón / Ministerio Público / Organo Judicial / Cobranzas del Istmo

Una jueza ordenó el desbloqueo de 37.3 millones de dólares de Cristóbal Salerno y que estaban congelados a raíz de las investigaciones del caso Cobranzas del Istmo S.A. (CISA).

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El fallo, dispuesto por la jueza de lo penal Águeda Rentería, establece que se descongele la cifra millonaria depositada en diversas cuentas bancarias que tienen relación con Cristóbal Salerno. VEA ADEMÁS: Caso Cosca: ubican una nueva pista en el balcón del hotel El Panamá El dictamen, con fecha del 14 de septiembre, es el mismo en el que se condenó a ocho años de prisión a Luis Cucalón, ex jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), por los delitos de peculado y corrupción. Águeda Rentería argumentó en su fallo que ya Cristóbal Salerno tiene una sentencia condenatoria de cuatro años por el mismo proceso. Esa pena fue reemplazada por 500 días multas a razón de 600 dólares por día; es decir que debió saldar 300 mil dólares al fisco en cuatro meses, tal como lo estableció la jueza Águedo en enero de este año. La funcionaria judicial también expuso que a Salerno se le decomisaron 20.6 millones de dólares al inicio del proceso, como parte mediante un acuerdo de pena logrado con el Ministerio Público. Según la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial por el caso Cobranzas del Istmo, es de 29.5 millones de dólares.

A la decisión de la jueza Águeda, se opuso Adecio Mojica, fiscal anticorrupción de descarga. No obstante, con la devolución de los 20.6 millones de dólares de Salerno, más los 6 millones 128 mil dólares decomisados a Cucalón se recupera la mayor parte del dinero del Estado, según el alegato de la jueza. ___________________

Le dan 8 años de prisión a Cucalón

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 lunes 17 de septiembre de 2018 - 5:34 p.m.

Redacción Digital El Siglo [email protected]

Cucalón también cumple una pena de 16 meses por el delito de abuso de autoridad e infracción de servidores públicos. El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Cucalón fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos por el caso Cobranzas del Istmo. Cucalón también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por igual término, y se ordenó el comiso de $6 millones 128 mil 451  más los intereses generados. La investigación dio inicio en 2015 tras una auditoría de la Contraloría que evidenció que hubo una lesión patrimonial de $29 millones. Luego, el Ministerio de Economía y Finanzas reveló que CISA recaudó $47 millones en recuperación de cuentas morosas que ascendían $173 millones. El MP ha logrado decomisar $20 millones por parte de Cristóbal Salerno (dueño CISA e implicado) bajo un acuerdo de pena por aceptar los cargos en su contra.