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• Christopher Brock

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Examen 2 1. Sobre los conflictos entre normas del sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) La norma anterior de igual o mayor rango, prima sobre norma posterior de igual o menor rango. b) Un tratado posterior, deroga una ley anterior. c) Para resolver los conflictos entre normas reglamentarias, primero, se debe preferir a la norma emitida por el funcionario de mayor jerarquía y, en defecto de este criterio, se prefiere a la norma posterior. d) En todo conflicto entre normas del sistema jurídico peruano, primero debe atenderse a la competencia, en su defecto a la jerarquía y, en defecto de ambos criterios a la temporalidad. 2. Sobre la situación de los tratados en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) El sistema jurídico peruano asume la teoría dualista sobre la incorporación de tratados. b) Según el Tribunal Constitucional, todos los tratados tienen el rango legal pues se controlan mediante la acción de inconstitucionalidad. c) La sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional un tratado implica que el Estado Peruano deja de estar obligado ante los Estados con los que se había comprometido mediante dicho tratado. d) Los tratados que versen sobre la Defensa Nacional deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. 3. Sobre la validez de los Decretos Leyes en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b) Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c) Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d) Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular. 4. Sobre la validez de los decretos de urgencia en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) Siendo una norma emitida por el Presidente de la República, tiene rango reglamentario. b) Según el Tribunal Constitucional, su vigencia no puede ser mayor a seis meses. c) Pueden contener materia tributaria siempre que beneficie al contribuyente. d) Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el Presidente de la República y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y, en los casos en los que corresponda, por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia esté referido.

5. Sobre la aplicación de la aplicación temporal de las normas en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) Las normas jurídicas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la propia norma anticipe o postergue su vigencia en todo o en parte. b) La Constitución reconoce los derechos adquiridos de los pensionistas. c) En ningún caso tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal. d) Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. 6. Sobre los derechos laborales que la Constitución reconoce, marque la opción correcta: a) Señala la Constitución que el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. b) La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma es un principio constitucionalmente reconocido. c) El derecho de huelga no está constitucionalmente reconocido aunque forma parte de nuestro sistema jurídico por estar reconocido en un tratado internacional suscrito por el Perú. d) La Constitución asume un modelo de estabilidad laboral absoluta. 7. Sobre el referéndum en el Perú, marque la opción correcta: a) No puede someterse a referéndum la reforma de la Constitución. b) Fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1979. c) Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número legal de congresistas. d) Es el procedimiento por el cual es posible revocar autoridades. 8. Sobre la reforma de la Constitución, marque la opción correcta: a) La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. b) El Defensor del Pueblo cuenta con iniciativa de reforma constitucional. c) Es necesario someter la reforma constitucional a un referéndum. d) Siendo de rango constitucional, contra una ley de reforma constitucional no cabe una acción de inconstitucionalidad. 9. Sobre los principios de la función jurisdiccional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) El principio de unidad de la función jurisdiccional implica que el Poder Judicial es el único encargado de la función jurisdiccional en el Estado Peruano. b) En su vertiente positiva, el principio de exclusividad de la función jurisdiccional implica que los jueces no pueden desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, salvo la docencia universitaria. c) El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de

extraños a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso d) El que la Constitución no determine un límite de edad para el ejercicio de la función jurisdiccional, se deriva que los magistrados judiciales en el Perú pueden ejercer el cargo de manera vitalicia 10. Sobre el bloque de constitucionalidad, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) Cualquier norma, sin importar su rango, puede formar parte del bloque de constitucionalidad. b) El parámetro de control de la acción de constitucionalidad puede comprender fuentes distintas a la Constitución, siempre que deriven directamente de ella, adquiriendo la condición de normas sobre la producción jurídica respecto a la forma y el contenido. c) El bloque de constitucionalidad constituye un mecanismo de interpretación para la validez constitucional de normas. En ese sentido, la infracción directa al Bloque, determinará una infracción directa a la jerarquía normativa de la Constitución. d) En el ámbito municipal, el bloque para apreciar la validez de sus normas lo integran, exclusivamente, la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. 11. Sobre el proceso de inconstitucionalidad, marque la opción correcta: a) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada podrá declarar la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia, mientras sea de rango legal. b) La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley no conceden derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo los casos penales, tributarios y laborales. c) Por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado. d) La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para que esta sea demandada ulteriormente por razones de fondo. 12. Sobre la acción popular, marque la opción correcta: a) Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. b) El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los tres años contados desde el día siguiente de publicación de la norma. c) Al igual que el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular se resuelve en instancia única. d) No procede solicitar una medida cautelar en ninguna etapa del proceso. 13. Sobre los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) Cabe interponer un recurso de agravio constitucional contra la sentencia estimatoria de segunda instancia que contraviene un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. b) Uno de los presupuestos básicos que deben observar las sentencias del Tribunal Constitucional para la aprobación de un precedente vinculante es la comprobación de

interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al bloque de constitucionalidad. c) Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional requieren unanimidad de todos sus magistrados para ser aprobados. d) Sólo se pueden dictar precedentes vinculantes en los procesos de inconstitucionalidad mas no en los de hábeas corpus, amparo o hábeas data. 14. Sobre el amparo contra laudos arbitrales, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) Procede el amparo contra un laudo arbitral que vulnera directamente los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. b) Procede el amparo arbitral cuando se cuestiona la falta de un convenio arbitral. c) Procede el amparo arbitral cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible. d) Los tribunales arbitrales no pueden ejercer, en ningún caso, el control difuso de constitucionalidad de las normas. 15. Sobre el estado de cosas inconstitucionales, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) El Tribunal Constitucional solo lo ha empleado en los procesos de tutela de derechos fundamentales mas no en los de inconstitucionalidad. b) Su declaración no evita que otros ciudadanos afectados por los mismos comportamientos violatorios tengan que imponer sucesivas demandas con el fin de obtener lo mismo que lo resuelto en el proceso en el que se declaró el estado de cosas inconstitucional. c) Está expresamente normada en el Código Procesal Constitucional. d) Para que dicha declaración pueda realizarse es preciso que la violación de un derecho fundamental se derive de un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración de estado de cosas inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. 16. Sobre los actos lesivos homogéneos, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) Para calificar un acto lesivo homogéneo se requiere que el sujeto pasivo o afectado sea la misma persona que interpuso la demanda original aunque el nuevo acto lesivo no se origine en la misma entidad, autoridad, funcionario o persona que fue obligada a dar, hacer o dejar de hacer algo a través de la sentencia de condena establecida en un proceso constitucional. b) Este instituto solo puede ser utilizado en un proceso de amparo. c) Solo procede invocar este mecanismo cuando la sentencia emitida en el primer proceso haya sido cumplida. d) Es una creación jurisprudencial pues no esta figura no está expresamente prevista en el Código Procesal Constitucional. 17. Sobre el denominado amparo contra amparo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta:

a) Pueden ser objeto de una demanda de amparo las sentencias de amparo emitidas por el Tribunal Constitucional donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. b) Procede una demanda de amparo contra la resolución denegatoria, en segundo grado, cuando por razones que no le sean imputables al demandante, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional. c) El juez que conoció el primer amparo deberá conocer la nueva demanda de amparo contra la sentencia del primer proceso. d) Se puede interponer todas las veces que sea necesario hasta obtener la protección del derecho invocado. 18. Sobre los procesos constitucionales, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a. La competencia de los procesos de amparo se rige por el Código Procesal Constitucional, salvo los amparos sobre temas concursales, que se rige por normas distintas a dicho código. b. El proceso de cumplimiento no puede ser empleado para ordenar la reglamentación de una ley. c. En los procesos de tutela de derechos fundamentales, las sentencias estimatorias en primer grado no pueden ser inmediatamente ejecutadas pues ello se dará recién con la conclusión total del proceso. d. Según la interpretación actual del Tribunal Constitucional, el plazo de treinta días para la interposición de una demanda de amparo contra una resolución judicial se inicia desde la notificación de la resolución que ordena que se cumpla con lo decidido en la resolución judicial firme. 19. Sobre el proceso de hábeas corpus, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la opción correcta: a) El hábeas corpus instructivo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. b) En el proceso de hábeas corpus no cabe desistimiento. c) Una demanda de hábeas corpus puede ser presentada verbalmente. d) El hábeas corpus reparador se puede utilizar en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra. 20. Sobre el proceso de cumplimiento y competencial, marque la opción correcta: a) Sólo se puede iniciar un proceso de cumplimiento en relación con normas con rango de ley, siempre que no se demande el ejercicio de potestades expresamente calificadas como discrecionales. b) En el proceso competencial no cabe solicitar medidas cautelares. c) Cabe el proceso competencial en relación con un conflicto que verse sobre una competencia o atribución expresada en un norma con rango de ley. d) La Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento. 21. Para que el Convenio 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y protección del derecho de sindicación sea aplicable en el Perú, se requiere que:

a) Sea celebrado sólo por el Poder Ejecutivo. b) El Perú sea miembro de la OIT. c) Sea aprobado por el Poder Ejecutivo mediante resolución legislativa y ratificado por el Congreso de la República. d) Sea celebrado sólo por el Congreso de la República. 22. En relación con el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a. La negociación colectiva debe seguir procedimientos de negociación voluntaria. b. Protege a los representantes de los trabajadores sólo contra los traslados y despidos motivados en su actividad sindical. c. La negociación colectiva, a través de los contratos colectivos, sirve para reglamentar las condiciones de empleo. d. No se aplica a los funcionarios públicos. 23. Marque la respuesta correcta: a. Un Convenio OIT que no se encuentre en vigor en el ámbito internacional podría incorporarse a nuestro ordenamiento sólo si los miembros de la OIT lo permiten. b. De acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú se incorporan automáticamente al derecho interno y rigen en él desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. c. Los Convenios Internacionales del Trabajo aprobados por el Presidente de la República tienen rango infraconstitucional. d. Los Convenios OIT que contengan cláusulas contrarias a la Constitución peruana pueden incorporarse a nuestro ordenamiento si siguen el mismo procedimiento que se utiliza para reformar la Constitución. 24. Marque el derecho en el trabajo que tiene por fuente normativa sólo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos: a. b. c. d.

Derecho a una jornada máxima de trabajo. Derecho al trabajo que contiene el de estabilidad en el empleo. Derecho a la promoción o el ascenso según la capacidad y tiempo de servicios. Derecho al descanso y a las vacaciones pagadas.

25. En relación con las fuentes del Derecho del Trabajo, diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a. La denuncia de un Tratado Internacional se realiza conforme a las reglas especificadas en el mismo Tratado. b. En caso de conflicto entre un tratado sobre derechos humanos y una ley interna siempre prevalece esta última. c. Los derechos constitucionales laborales son programáticos, pues necesitan de desarrollo legislativo para ser efectivos. d. Según la Convención de Viena, si el Tratado Internacional no contempla la denuncia o retiro del mismo, ninguna de las partes podrá denunciarlo.

26. Cuál de las siguientes opciones no contiene Convenios Fundamentales de la OIT (denominados así en la Declaración de 1998):

a. Convenios 87 sobre libertad sindical y 98 sobre negociación colectiva. b. Convenios 1 sobre las horas de trabajo (industria) y 115 sobre la protección contra las radiaciones. c. Convenios 138 sobre la edad mínima y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. d. Convenios 29 sobre el trabajo forzoso y105 sobre la abolición del trabajo forzoso. 27. Sobre el poder de dirección que ejerce el empleador en el contrato de trabajo se puede decir lo siguiente: a) Puede ser objeto de renuncia parcial por parte del empleador. b) Para probar su existencia es necesario que el trabajador cumpla un horario c) Está integrado sólo por el poder de organización y fiscalización de la prestación de servicios. d) Supone una dependencia jurídica y económica. 28. Sobre aplicación de las normas en el tiempo: a) En materia laboral se admite la aplicación retroactiva de las normas cuando favorecen al trabajador. b) La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos como regla general de vigencia de normas en el tiempo. c) La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos para el caso de pensiones del régimen público. d) La teoría de los derechos adquiridos sólo se aplica a los contratos de trabajo de naturaleza intermitente. 29. Sobre el despido sin causa, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, marque la alternativa incorrecta: a. Vulnera el derecho constitucional al trabajo. b. Si el trabajador despedido sin causa cobra su compensación por tiempo de servicios, no tiene derecho a la reposición. c. El personal de dirección despedido no tiene derecho a la reposición. d. El trabajador no puede demandar el pago de “remuneraciones caídas” en el proceso de amparo. 30. Sobre las modalidades de contratación laboral, señale la alternativa correcta: a. El plazo máximo de duración del contrato de obra, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, es de 5 años. b. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no tienen los mismos derechos que los trabajadores contratados a tiempo completo. c. La duración máxima del contrato de suplencia es de 6 meses al año. d. El contrato por necesidades del mercado se sustenta en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, incluyendo las variaciones de carácter cíclico o de temporada. 31. De las siguientes afirmaciones, cuál no es la correcta:

a) El régimen laboral agrario excluye de sus alcances a los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, aceites y cerveza. b) Los trabajadores del régimen laboral de microempresas no cuentan con protección contra el despido arbitrario. c) Las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores de construcción civil se regulan principalmente por convenios colectivos de rama de actividad. d) Según la ley peruana, la relación de los futbolistas profesionales con sus clubes es laboral y siempre de plazo fijo. 32. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: a. El bono de cierre de pliego pactado en un convenio colectivo es un concepto remunerativo. b. La posibilidad de pactar una Remuneración Integral Anual sólo procede respecto de trabajadores extranjeros cuyas remuneraciones mensuales superen el valor de 2 Unidades Impositivas tributarias. c. Cualquier forma de participación de las utilidades en la empresa es un concepto no remunerativo. d. La remuneración de un trabajador es embargable por obligaciones alimentarias hasta el 50% de su monto mensual, siempre y cuando supere el valor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. 33. Sobre las facultades de los inspectores de trabajo, marque la respuesta correcta: a. Los inspectores auxiliares, con prescindencia del número de trabajadores con que cuente la empresa, se encuentran facultados para realizar actuaciones de vigilancia y control de todas las normas del orden sociolaboral. b. Los inspectores de trabajo no pueden paralizar las labores ni siquiera cuando exista riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. c. Los inspectores de trabajo se encuentran facultados para realizar funciones inspectivas de vigilancia y control en la micro, pequeña, mediana y gran empresa. d. Los inspectores auxiliares se encuentran facultados para ingresar a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, pero sólo cuando se trate de una gran empresa. 34. Sobre el principio de indubio pro operario, señale la alternativa incorrecta: a) Está reconocido expresamente en la Constitución, aunque limitado a casos de duda insalvable. b) Tiene su equivalente en el indubio contra stipulatorem del derecho civil. c) Se aplica tanto a normas como a hechos cuando estos sean ambiguos. d) No puede aplicarse en beneficio de un sindicato. 35. Sobre las entidades de intermediación laboral: a) Su objeto social puede no estar relacionado de modo exclusivo con la intermediación laboral. b) No es necesario registrarse ante la Autoridad de Trabajo para el inicio de sus actividades. c) La intermediación laboral por empresas de servicios temporales sólo se admite para cubrir personal con contratos de naturaleza ocasional o de suplencia.

d) La responsabilidad solidaria de la empresa usuaria también cubre las deudas de seguridad social de las empresas de intermediación laboral. 36. La empresa X es una empresa puntera en el ramo de la lavandería. Al interior de ella, se formó una organización sindical de nivel empresarial. En enero del 2012, se firmó por el plazo de un año el primer convenio colectivo entre la empresa X y el sindicato de sus trabajadores. Resulta que el día de hoy, el dueño de la empresa X ha decidido venderla a un grupo empresarial que le hizo una muy buena oferta. Una de las empresas del grupo va a absorber a la empresa X. En esta línea, podemos decir que el convenio colectivo firmado por la empresa X luego de la absorción: a. Se extingue. b. Los trabajadores pasa con los derechos nacidos del convenio que tengan naturaleza permanente. c. Impediría la venta. d. Es una decisión del grupo empresarial. 37. Respecto a las gratificaciones legales, marque la afirmación correcta: a. Las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad están reconocidas expresamente como beneficio laboral en la Constitución. b. El trabajador que cesa antes de la oportunidad del pago de las gratificaciones de julio o diciembre, tiene derecho a este beneficio. c. Las gratificaciones legales no se devengan (se generan) desde el primer mes de servicios del trabajador. d. La remuneración computable para las gratificaciones se aparta de los criterios que la ley de CTS señala para calcular este beneficio. 38. Una conocida empresa de telefonía ha decidido tercerizar el servicio de conexión telefónica en la casa de los clientes. Como es lógico, la empresa tercerizadora destaca o desplaza a sus trabajadores no al centro de trabajo de la principal, sino a las casas de clientes que la empresa principal le asigna. Pregunta: ¿Estos trabajadores desplazados podrían demandar solidariamente a las dos empresas? a. Sí, porque en nuestra ley no es necesario el desplazamiento del trabajador. b. No, porque la legislación peruana se refiere sólo al desplazamiento en el centro de trabajo de la principal. c. Sí, porque la legislación peruana se refiere al desplazamiento de trabajadores al centro de trabajo o de operaciones de la principal. d. No, porque no se trata de un desplazamiento continuo de trabajadores. 39. En el caso anterior, la empresa tercerizadora ha suscrito con sus trabajadores un convenio colectivo en el que se otorga una bonificación por cierre de pliego de 5,000 nuevos soles. Y adicionalmente, uno de los trabajadores desplazados se queja porque tras su renuncia no le han abonado la última gratificación de navidad. ¿Cuál sería el actuar correcto de este trabajador renunciante? a. b. c. d.

Reclamaría a la tercerizadora el pago sólo de los 5,000 nuevos soles por la bonificación. Reclamaría solidariamente a las 2 empresas el pago de su gratificación de navidad. No podría reclamar a la empresa de telefonía, ya que no es su empleadora. Reclamaría solidariamente a las 2 empresas el pago de la bonificación y la gratificación de navidad.

40. Sobre la protección de la remuneración: a) Conforman el crédito privilegiado sólo las remuneraciones, los beneficios sociales y las indemnizaciones. b) Los aportes impagos a los sistemas pensionarios también integran, entre otros conceptos, el crédito privilegiado. c) La remuneración es inembargable frente a cualquier acreencia, distinta a obligaciones alimentarias, cuando exceda de 5 URP. d) El empleador puede reducir unilateralmente el monto de la remuneración. 41. Respecto de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), no se puede afirmar lo siguiente: a) En el régimen de MYPES procede el pago de media remuneración por concepto de CTS b) La CTS se deposita semestralmente en los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre de cada año. c) Están excluidos de la CTS los trabajadores que laboran una jornada de trabajo diaria menor a 4 horas. d) No son computables para la CTS las liberalidades otorgadas por el empleador al trabajador. Caso. Responda las siguientes seis (6) preguntas. Hugo, Paco y Luis trabajan en la empresa El Relajo S.A., y mantienen un vínculo laboral a plazo indeterminado. Luego de haber cumplido un año completo en su centro de labores, decidieron utilizar su derecho al descanso vacacional simultáneamente para viajar a Cancún, para lo cual, solicitaron a su empresa la programación de dichas vacaciones. Ante ello, la empresa accedió y decidió programar las mismas y pagarles por adelantado cumpliendo con los dispositivos legales al respecto. Luego de algunos meses, los señores Hugo, Paco y Luis, desean demandar a la empresa, alegando que en realidad nunca disfrutaron de su descanso vacacional, y por ello demandan el pago correspondiente al trabajo que realizaron más la indemnización correspondiente. 42. ¿Los señores pueden demandar a la empresa de manera conjunta? a) No, ya que de hacerlo estarían vulnerando el Derecho de Defensa de la empresa, quien tendría que efectuar 3 defensas en un solo proceso, cuando en realidad las defensas deben plantearse por separado. b) Sí, ya que en realidad es una sola pretensión, que va a afectar a los tres, toda vez que se encuentran en la misma situación. c) Sí, ya que sus pretensiones tendrían conexidad objetiva, porque solicitan lo mismo. d) Sí, porque sus pretensiones tendrían conexidad causal, ya que la causa de pedir se origina en los mismos hechos. 43. ¿En este caso podríamos estar frente a la figura recogida por el artículo 8.2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; es decir, estamos frente a un proceso colectivo? a) Sí, toda vez que, reúne a más de una persona en el proceso. b) No, ya que, si bien es cierto es una pretensión que afecta a todos los demandantes, estos comparecen al proceso en su propio nombre, sin necesidad de representación.

c) No, ya que, nos encontramos con tres pretensiones distintas que no se refieren ni a intereses individuales homogéneos ni a derechos colectivos. d) Sí, ya que, independientemente de la cantidad de sujetos, lo importante es la cantidad de pretensiones a ser planteadas. 44. ¿Qué tipo de litisconsorcio se da en el presente caso? a) Necesario, ya que, debido a la posibilidad de sentencias contradictorias es necesario que todos comparezcan al mismo proceso. b) Mixto, ya que, por un lado el objeto de las pretensiones son las mismas y por el otro, la causa también. c) Facultativo, ya que no es necesario que todos acudan al proceso, al tener cada uno un derecho propio. d) Cuasi-necesario, ya que, no es imprescindible que estén en el proceso pero una vez que están son indispensables, al ser una sola pretensión. 45. Teniendo en cuenta las cargas probatorias en el caso, según la Nueva Ley Procesal del Trabajo: ¿Quién debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales? a) El empleador, ya que, se encuentra en mejores condiciones para hacerlo y por ello la ley le traslada esa carga. b) Los trabajadores, ya que, ellos fueron quienes alegaron el hecho en primer término. c) El empleador, ya que, se debe presumir históricamente que no cumple con sus obligaciones. d) Los trabajadores, ya que el empleador no lo va a hacer porque no le conviene. 46. Teniendo en cuenta las cargas probatorias en el caso: ¿Quién es el llamado a probar el trabajo efectivo durante el periodo vacacional? a) Los empleadores, ya que, tenían la obligación legal de que los trabajadores gocen de sus vacaciones. b) No se encuentra establecido, razón por la cual deberá ser materia de una prueba de oficio. c) Los empleadores, ya que, tienen el control de quien ingresa o sale de su empresa. d) Los trabajadores, ya que, no solamente están obligados a probar su prestación personal, sino que además se encuentran en mejor posición para hacerlo. 47. Al momento de valorar los medios probatorios, el juez debe hacer lo siguiente: a) Tener presente a quien le correspondía la carga probatoria y de acuerdo a ello fallar. b) Tener presente a quien le correspondía la carga probatoria, siguiendo un orden determinado, si el demandante no cumplió con acreditar lo alegado, no hay necesidad de valorar los medios probatorios del demandado, la demanda será siempre infundada. c) Si bien es cierto la regla general es la contenida en la respuesta anterior, en el caso del proceso laboral, debe primero revisarse los medios probatorios del demandado, ya que suele ser el empleador. d) Se debe realizar una valoración conjunta de todos los medios probatorios, las cargas probatorias solo sirven en caso el juez no se haya generado la convicción suficiente respecto de los hechos materia de controversia.

48. Según lo dispuesto en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a. En el proceso abreviado laboral se ventilan todas las pretensiones referidas a violación de la libertad sindical b. La demanda de anulación de laudo arbitral se presenta ante el juez especializado de trabajo. c. La medida cautelar de asignación provisional conlleva la reincorporación temporal del trabajador despedido por las causales previstas del despido nulo. d. Los actos de discriminación y el cese de hostilidad, incluido el acoso moral, se ventilan en el proceso abreviado. 49. Cuando se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros pueden: a) Iniciar un nuevo proceso para que se declare que dicha afectación les corresponde, al caso concreto. b) Iniciar un nuevo proceso de liquidación, siempre y cuando la sentencia en que se basan haya sido emitida por la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional. c) Iniciar un nuevo proceso de liquidación, siempre y cuando la sentencia en que se basan haya sido emitida únicamente por la Corte Suprema, ya que, no hay manera que acudamos al Tribunal Constitucional en procesos ordinarios. d) Integrarse al mismo proceso, y solicitar que se les pague, luego de acreditar su vínculo. 50. Según la nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados de trabajo son competentes para: a) Conocer en proceso ordinario laboral, el nacimiento, el desarrollo mas no la extinción de la prestación personal de servicios, ya que, esta última debe ser dilucidada en un proceso de amparo. b) Conocer en proceso sumarísimo, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. c) Conocer en proceso ordinario laboral, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad socia, de derecho público, así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo. d) Conocer en proceso ordinario laboral, la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. 51. En la audiencia de conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo: a) Se puede conciliar parcialmente, luego de ello, el juez fijará que pretensiones son las conciliadas y cuales no, para continuar únicamente respecto de las últimas. b) El juez si se da cuenta que la conciliación es muy factible, puede obligar al demandante a conciliar, siempre teniendo en cuenta el test de disponibilidad de derechos. c) El demandante y el demandado pueden solicitar al juez, prescindir de la audiencia de conciliación de acuerdo a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. d) Finalizada la audiencia de conciliación, se presentan alegatos y se sentencia en el acto en todos los casos. 52. En la audiencia de juzgamiento en la Nueva Ley Procesal del Trabajo:

a) Las declaraciones de parte se actúan al final, esto para que las partes respondan a todo lo dicho anteriormente. b) Las inspecciones judiciales deben ser realizadas mediante audio/video, lo importante es que el juez pueda verlas al menos en un medio electrónico. c) La regla general es que finalizados los informes orales, se dicte el fallo, sin embargo, excepcionalmente se puede diferir por 5 días hábiles posteriores. d) Los testigos deben estar presentes durante toda la actuación probatoria. 53. Juan ha trabajado en una empresa durante más de 15 años y acaba de ser despedido. Nunca estuvo en planilla y, luego de dejar de laborar, ha presentado una demanda contra la empresa solicitando que se le reconozcan todos los beneficios sociales porque, en realidad, siempre fue un trabajador. Marque la alternativa correcta: a) Dado que la empresa sostiene que tiene con Juan una relación de carácter civil, el juez competente no puede ser el juez laboral. b) Según la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el juez competente es el juez laboral toda vez que la demanda se sustenta en un encubrimiento de relación laboral. c) Pueden ser competentes el juez civil o el laboral indistintamente. d) Según la Nueva Ley Procesal del Trabajo, es competente el juez civil. Sin embargo, las partes podría prorrogar la competencia al juez civil. 54. Marque la alternativa correcta: a) Los asuntos no contenciosos en materia laboral los conocen los jueces especializados. b) Según la Nueva Ley Procesal del Trabajo existe un único proceso: el proceso ordinario. c) Los jueces de paz conocen el proceso abreviado laboral en el que se discutan pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. d) El proceso de anulación de laudo que resuelve un conflicto laboral es conocido, en primera instancia, por una Sala Laboral de la Corte Superior correspondiente. 55. Marque la alternativa correcta: a) Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes, afiliados y cualquier trabajador en general sin la necesidad de presentación de poder especial. b) Los menores de edad pueden comparecer al proceso laboral sin necesidad de representante legal. c) El sindicato necesariamente requiere presentar un poder especial para actuar válidamente en un proceso en defensa de un trabajador afiliado. d) Los dirigentes sindicales necesariamente deben actuar en un proceso judicial siendo representados por el sindicato. 56. Marque la alternativa correcta: a) En el proceso laboral, el juez no puede ordenar la actuación de una prueba de oficio. b) Es una exigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que el representante de una persona jurídica que preste una declaración se encuentre informado sobre los hechos del caso.

c) Los peritos deben acudir al desarrollo de toda la audiencia de pruebas a efectos de poder contrastar información y señalar lo que estimen pertinente al momento de exponer sus informes. d) La declaración de partes y testigos se realiza contestando las preguntas de un pliego interrogatorio presentado en la demanda o contestación. Para los siguientes dos (2) casos tomar en cuenta el informe de la CVR con relación a que se aprecia una situación de practica generalizada y sistemática de violación de los derechos humanos entre los años 1983-1986 y 1989- 1992. 57. En noviembre del año 1988, un grupo de miembros del Ejercito incursionó en el caserío X de la Provincia de Y (declarada en estado de emergencia) y procedió a detener a Mariano Pérez (50 años) por ser sospechoso de estar vinculado a una organización terrorista que en dicha zona había cometido una serie de atentados. Durante los cinco días que permaneció detenido se le colocó en diversos momentos instrumentos incandescentes en partes de las extremidades lo que produjo intensos dolores. Como consecuencia de dichas prácticas Pérez tuvo el quinto día un infarto coronario lo que motivo que dos miembros del grupo lo llevaran subrepticiamente a la unidad de emergencia de un hospital nacional y lo dejaran en la puerta sin identificarse. Gracias a la eficacia de los médicos, Pérez fue estabilizado y posteriormente recuperado. Los familiares presentaron una denuncia la misma que al prolongarse fue archivada debido a la Ley de amnistía. En el año 2002, luego que la referida ley fue declarada invalida, la investigación fiscal se reabre por delito de lesiones graves, pero los abogados de los miembros del Ejercito imputados solicitan al fiscal el archivamiento de la investigación por haber prescrito la acción penal. Frente a esta solicitud válidamente se puede sostener que: a) De acuerdo con el Derecho Penal Internacional se trata de un crimen de lesa humanidad y por lo tanto su persecución no prescribe (según normas ius cogens – art. 53 de la Convención de Viena). b) De acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH (Caso Bulacio vs Argentina, caso Cantoral Benavides Vs Perú, entre otros) se trata de delitos comunes que implican graves violaciones de los derechos humanos por lo que no cabe oponer obstáculos procesales como la prescripción. c) De acuerdo a la tipificación del delito de tortura en el año 1998 correspondería adecuar la investigación fiscal como un delito de tortura (art. 321) y declarar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben (según normas ius cogens – art. 53 de la Convención de Viena). d) No se trata de hechos que califiquen como un crimen de lesa humanidad ni como graves violaciones de los derechos humanos. Se trata sólo de simples delitos comunes. La acción penal habría prescrito. 58. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de marzo de 2011 (Exp. Nº 0024-2010-PI/TC) que declaró inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1097, la medida que dispone la aplicación de la regla de la imprescriptibilidad recién desde la entrada en vigencia para el Perú de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998 (noviembre de 2003) fue declarada: a) Constitucional en el extremo indicado en la medida que respeta el principio de irretroactividad de la ley penal.

b) Inconstitucional dado que resulta contrario al principio de proporcionalidad una medida que dispone la prescripción para un delito de lesa humanidad. c) Constitucional en el extremo indicado en la medida que se respeta el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable. d) Inconstitucional dado que la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad no limitan temporalmente su aplicación. 59. Sobre los tratados de derechos humanos en el sistema jurídico peruano, señale la respuesta correcta: a) Para el Tribunal Constitucional, en tanto que se controlan mediante el proceso de inconstitucionalidad, los tratados de derechos humanos tienen rango legal. b) El Tribunal Constitucional no considera que los tratados, y en particular los de derechos humanos, deban ostentar un rango en tanto que es una categoría pensada solo para las normas creadas por las autoridades políticas del Estado peruano. c) Para el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que el Estado es parte, no solo integran el ordenamiento jurídico sino que, además, detentan rango constitucional. d) Para el Tribunal Constitucional, los tratados de Derechos Humanos ostentan un rango legal, no por el mecanismo de control (el proceso de inconstitucionalidad) sino por su procedimiento de aprobación análogo al de las leyes: aprobación por el Congreso y ratificación por el Presidente de la República. 60. Sobre las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta: a) Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo emite sentencias vinculantes, la Comisión Interamericana solo emite Opiniones Consultivas que no tienen efectos vinculantes. b) Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Corte pude emitir Opiniones Consultivas de oficio. c) Las sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en tanto que interpretan la Constitución del Perú, tienen rango constitucional. d) Las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en la forma de sentencias o de opiniones consultivas, son vinculantes para el Estado Peruano, en tanto que suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.