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PROYECTO DE GRADO TEMA MACRO: VULNERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS TIEMPO DE PANDEMIA

ESTUDIO DE CASO Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia.

Trabajo de investigación previo a la obtención del titulo de Bachillerato en ciencia

Autor: Ashlee Guillermina Quiñonez Sanchez Tutora: Dipl. Debora Peñafiel Leon Profesor Guia: Debora peñafiel Leon GUAYAQUI – ECUADOR 2021

DELIMITACION DEL ESTUDIO DE CASO

INTRODUCCION

Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. En Ecuador es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad Recordando que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia

ANTECEDENTES Ante el devastador impacto del COVID-19 en Ecuador, cualquier medida de austeridad que no respete los derechos humanos pondrá aún más en riesgo la vida y la salud de las personas, especialmente aquellas más vulnerables frente a la pandemia El 16 de abril de 2020, un mes después de haber declarado el estado de excepción ante la pandemia, el presidente presentó dos proyectos de ley con calidad de urgentes ante la Asamblea Nacional, que debe tratarlos en un plazo máximo de 30 días. El proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 plantea ajustes fiscales para obtener recursos para atender la pandemia, como la creación de un impuesto a los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas, la modificación de las condiciones laborales, y otras medidas para obtener ingresos estatales y mitigar la crisis producida por la pandemia. Todo compromiso futuro en torno a la deuda de Ecuador no debe menoscabar la capacidad del gobierno de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional pide al gobierno y a la Asamblea Nacional evaluar el impacto que estas medidas podrían tener en los derechos humanos antes de adoptarlas, en particular en el derecho a la salud y los derechos de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, incluidas personas que viven en la pobreza, personas con ingresos más bajos, personas con discapacidad, personas desempleadas, personas que no tienen seguro, personas con enfermedades crónicas y personas mayores. La evaluación debe incluir además la perspectiva de género. Asimismo, debe garantizar la participación real de las personas y grupos afectados en su diseño e implementación, incluidos los pueblos indígenas.

DEFINNICION DEL PROBLEMA

En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de Ecuador tanta en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos A su vez, la pandemia genera impactos diferenciados e intersecciones sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin discriminación A la fecha no se tiene conocimiento de intervenciones farmacéuticas viables para luchar contra el COVID-19 y muchos países han introducido medidas de contención que incluyen cuarentena, distanciamiento o aislamiento social, cierre de escuelas y negocios, limitaciones de circulación a nivel nacional e internacional, así como orientaciones preventivas de higiene personal y comunitaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad de Expresión, en ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

JUSTIFICACION DEL ESTUDO

La pandemia del COVID-19 ocasionada por el coronavirus por síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) se ha extendido a 187 países, con 3.529.408 casos confirmados a fecha 4 de mayo del 2020, siendo Ecuador el tercer país con mayor número de casos en Sudamérica. Según datos oficiales, a fecha 3 de mayo de 2020 se han registrado 20.937 muestras positivas para SARS-CoV-2 en todo el país, de las cuales 9.291 corresponden a Guayaquil, ciudad con mayor número de afectados. Las variables de estudio se presentan en la Tabla, Considerando que Guayaquil tiene una dotación de 4.877 camas hospitalarias, los 6 centros participantes hasta el momento representan 24,2% de camas disponibles en la ciudad (60,7% del total de camas de cuidados intensivos). A nuestro conocimiento, este es el primer estudio multicéntrico puesto en marcha en Ecuador desde inicios de la pandemia. Los resultados esperados podrían diferir respecto a los de otras series ya que, primero, en Ecuador un 7% de la población tiene edad mayor a 65 años (China e Italia, de donde provienen varios registros, tienen un 11% y 23% de población mayor a 65 años, respectivamente),segundo, las enfermedades cardiovasculares previas se han identificado como comorbilidades asociadas a COVID-19 y la población ecuatoriana presenta una pobre salud cardiovascular ,y tercero, Ecuador presenta una capacidad asistencial sanitaria menor a la de otros países mencionados.

OBJETIVO GENERAL : “Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud”.

OBJETIVO GENERAL

. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia. . Enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen.