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• Victoria Sanabria

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Licenciatura en Derecho Asignatura: Derecho constitucional Nombre del Docente: Abog. Irina Pineda Nombre alumna: Olivia Alejandra Reyes Pereira

Ensayo Juicio Político El juicio político es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, la condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos, la sanción o sus efectos depende de la constitución del país. En nuestra Constitución, existe diferentes controles entre los poderes del Estado, que permiten balancear el poder. El Juicio Político es un mecanismo positivo para hacer justo ese balance y control de poder, siempre y cuando se siga el proceso debido establecido en la Constitución y en la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013), respetando las garantías mínimas del debido proceso, como el recurso de defensa y la posibilidad de presentar un recurso judicial y siguiendo lo establecido en la Etapa de Investigación y de Defensa; y, Etapa de Discusión y Votación. El Juicio Político sólo produce el efecto de destituir de su cargo al funcionario enjuiciado. La responsabilidad administrativa, civil o penal en su caso, serán deducidas de conformidad a la legislación nacional y ante las autoridades competentes según hallazgos en el expediente del Juicio Político. En la constitución hondureña en el artículo 234, se establece la figura de Juicio político contra el Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.La implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo Una de las recomendaciones de Comisión de la Verdad y Reconciliación, producto de la crisis política o golpe de Estado del 2009, estaba orientada a establecer los procedimientos o mecanismos específicos para el tratamiento de los casos violatorios a la Ley de altos servidores del Estado, ya que aunque se identifica en nuestra constitución el juicio político, no hay antecedentes sobre su aplicación en el país y antes de la ley no había claridad sobre esta figura y su aplicación, lo que en la crisis causó una grave división y crisis para el país, ya que al no seguir procedimientos no se estableció un juicio político, sino un golpe legislativo para la destitución del Presidente de la República. Con esta Ley de Juicio Político, además, se abre la puerta para que, a través de la Iniciativa ciudadana, los hondureños puedan hacer uso de su derecho de solicitar la destitución de los servidores públicos, cuando en su contra existan fuertes y contundentes evidencias que han transgredido la ley y nuestra constitución, con esto se refuerza la noción de control político propio del sistema democrático, reduciendo así la posibilidad de la ruptura del orden constitucional.