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• Eliana De Gennaro

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La prevención de la violencia como su atención, tratamiento y recuperación tienen que ser abordados de manera integral, considerando simultáneamente tanto los factores de riesgo que operan en el nivel individual, como en el hogar, en la comunidad y en la sociedad en general.

  De las estrategias preventivas
La prevención es una vertiente estratégica no sólo para reducir la incidencia de la VBG entre los grupos con mayor riesgo, sino para lograr erradicarla en el largo plazo, por medio de la actuación sobre los determinantes socioculturales y estructurales que la generan. Consiste en identificar los factores de riesgo que la potencian en cada uno de los niveles del Modelo y, por esa vía, tratar de impedir su reproducción, elevando aquellos factores que pueden contribuir a la protección de los grupos con mayor incidencia o riesgo de victimización.

La prevención implica, también, crear espacios urbanos seguros y amigables para las mujeres, los niños y niñas y los jóvenes, a través del uso creativo del tiempo libre, el embellecimiento y la recuperación de parques y deportivos, entre otros. Los centros escolares son un espacio estratégico para la prevención de todas las formas de violencia, ante el elevado acaecimiento que la influencia temprana de las prácticas de violencia tiene en niños, niñas y adolescentes de ambos sexos. No debe perderse de vista el incremento que ha tenido la práctica de la VBG en los planteles escolares7 mediante conductas como el bullying, el acoso, el vandalismo, el agobio y la intimidación de los mayores sobre los menores, que pueden ir desde lesiones físicas y psíquicas, hasta agresiones sexuales (SEP / Unicef, 2010). Como resultado, los programas de prevención son situacionales. Es decir, deben responder a cada situación en particular, a cada espacio, a cada barrio, a cada escuela y ciudad. Y requieren ser de tipo multisectorial para que aborden los distintos aspectos y niveles como se presentan los factores de riesgo en todos los espacios. Es necesario que estos factores sean previamente identificados en los diferentes planos y variantes de las relaciones sociales que se exponen en la comunidad, los barrios y los vecindarios, en las familias y, por supuesto, en cada grupo de individuos (niños, niñas, adolescentes, indígenas, migrantes, personas con discapacidades, adultos mayores, etcétera). A nivel individual es preciso identificar los patrones de socialización que estructuran las formas de la masculinidad o las prácticas de la autoridad basadas en el uso de la violencia, así como las conductas adictivas, que favorecen la expresión de comportamientos y prácticas violentas. Igualmente, se debe poner atención a las formas de relación de los individuos de los grupos en riesgo, ya que para el caso concreto de la VBG el aislamiento

y la falta de redes sociales constituyen obstáculos para enfrentarla. En el aspecto de las familias, la falta de poder y la sobrecarga de tareas y responsabilidades domésticas colocan a las mujeres en situación de desventaja para negociar en los conflictos intrafamiliares, pues les impiden agenciar su autonomía económica, tornándolas dependientes y sin capacidad para enfrentar situaciones de violencia.

En lo comunitario, la presencia de formas diversas de violencia institucional y la glorificación o la simbolización heroica de las figuras de los delincuentes y criminales en los sectores pobres o depauperados –donde la ilegalidad y la criminalidad son casi los únicos medios de ascenso social– hacen que se extiendan prácticas de emulación delictiva entre los jóvenes, principalmente de sexo masculino, con lo que se favorece su participación y reclutamiento en bandas u organizaciones criminales. En el plano social, la inestabilidad laboral, la pobreza o los procesos migratorios masivos –que no se acompañan de políticas y acciones deliberadas para favorecer la integración social de los recién llegados– no favorecen el desarrollo de mecanismos virtuosos de cohesión social ni la construcción de confianza, aspectos necesarios para reemprender la vida en comunidad, desde una perspectiva ciudadana que incremente la exposición, sobre todo de las generaciones más jóvenes, a situaciones de riesgo por violencia social y criminal. Desde estas perspectivas, la prevención es toda una vertiente de políticas que supera la acción de difundir información sobre riesgos, derechos o servicios de atención, en la que normalmente se enmarca este tipo de acciones. Se abre paso a todo un conjunto de intervenciones multisectoriales, dirigidas a trabajar sobre los contenidos culturales que sustentan la VBG, tomando

en cuenta los factores estructurales y sociales que ponen en riesgo de sufrir o ser generadores de violencia social a poblaciones y grupos especialmente vulnerables. Es preciso subrayar que las acciones preventivas que se definan y elijan deben tener como punto de partida la realización de estudios epidemiológicos de la violencia,8 que permitan identificar dónde, cómo, cuándo y en qué condiciones aparecen y se reproducen los comportamientos violentos y los delitos que afectan la seguridad de la población. En el nivel comunitario, el objetivo es generar condiciones de cooperación y confianza entre vecinos y comunidades y autoridades locales, para disminuir dinámicas sociales de exclusión y marginación que suscitan violencia estructural y que se expresan posteriormente en violencia social y de género. La prevención es una estrategia dirigida a fortalecer los derechos, la comunicación y la convivencia pacífica, así como las prácticas ciudadanas sobre el uso y disfrute del territorio. Inscribe en el espacio social los derechos humanos de mujeres y hombres, y

procura la construcción de nuevas identidades ciudadanas y de género. La perspectiva estratégica de la prevención es, en suma, la cultura de la legalidad, de la paz, de la diversidad y del fortalecimiento a la cohesión social. De los servicios de atención
En este componente hay una doble tarea. Por un lado, se deben mejorar, sustantivamente, los servicios que se ofrecen en la actualidad a las mujeres víctimas de VBG. Y, por el otro, incluir a nuevos grupos de atención (indígenas, personas con capacidades diferentes, homosexuales, migrantes, etcétera) hasta ahora no atendidos, entre ellos a los testigos o quienes ejercen los actos violentos. Se trata de diseñar nuevos servicios para las víctimas de la VBG en las instituciones de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública, y de

actuar en los centros de trabajo y las escuelas. Actualmente, los servicios para las víctimas de violencia incluyen la atención médica, tanto en la detección como en el tratamiento. Pero se requiere el cumplimiento puntual de la “NOM-046-SSA22005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”; así como hacer efectiva la protección y albergue oportuno para las víctimas y sus familiares afectados. Casi todos los servicios también contienen la asesoría jurídica para la procuración de justicia y el tratamiento psicológico especializado para las víctimas directas. Con todo, en la mayoría de los casos son servicios fragmentados y sin el adecuado seguimiento. En ese sentido, es importante poner en marcha alternativas de atención como las desarrolladas en los Centros de Justicia Familiar, donde se reúne al conjunto de instituciones involucradas en la atención –procuradurías, sistema de salud, instancias de desarrollo social, albergues, etcétera– para brindar un servicio integral y completo. La atención de la VBG requiere una intervención territorializada en los espacios comunitarios y en los centros educativos y laborales, para contar con todos los servicios de atención in situ. Esto supone que las instituciones y organizaciones sociales lleven a cabo estrategias integrales y concurrentes, que contemplen las especificidades de la población-objetivo y que estén direccionadas a las problemáticas específicas de violencia que afectan a las localidades.

Asimismo, se precisa de la introducción de una serie de mejoras para hacer más competentes y eficientes los servicios de atención que actualmente se prestan, con miras a garantizar el acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia. Algunas de estas mejoras tienen que ver con:

1) Garantizar la atención permanente, las 24 horas, en todas las instituciones que brindan servicios a las víctimas. 2) Desarrollar protocolos de detección y atención de acuerdo con los distintos niveles de riesgo y tipos de violencia. 3) Fortalecer la capacitación del personal encargado de brindar los servicios.
4) Implementar un único registro sistematizado de personas atendidas por parte de las instancias de educación, salud y justicia, con información que permita monitorear la referencia y contrarreferencia, así como la aplicación de las estrategias de atención que se brindan, para conocer mejor los perfiles socioeconómicos y situacionales tanto de las víctimas como de los victimarios. 5) Contar con una infraestructura adecuada, suficiente, segura y equipada.
6) Acompañar al personal involucrado en la atención con programas terapéuticos de contención; ofrecer las condiciones de seguridad laboral y procurar reducir la movilidad que afecta la consolidación de equipos competentes y experimentados. 7) Crear redes de albergues –cercanas a las localidades atendidas– para resguardo y protección de las víctimas. De las estrategias de sanción
En lo que refiere a la sanción, se requiere la aplicación de la penalización existente en los códigos penales que así lo indican, de suerte que se castiguen todas las formas de violencia tipificadas y se enjuicie a los responsables, con el fin de reducir la impunidad. De igual forma, es necesario promover la tipificación de la VBG en los códigos penales y civiles de las entidades del país, de acuerdo con lo que establecen las convenciones internacionales. La impunidad en los casos de violencia en contra de las mujeres es uno de los más grandes incentivos sociales a los agresores

dados por las propias instituciones de justicia. En el caso de México, esta impunidad se basa en tres problemas fundamentales: 1) el bajo nivel de denuncias registradas por parte de las víctimas, desalentadas por el poco crédito y atención que reciben, lo que lleva a la

subestimación de los niveles de violencia sexual y doméstica; 2) la existencia de un marco legal inadecuado para la prevención, protección y el castigo; y 3) una laxa implementación de los estándares legales existentes por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley. Estos tres factores se refuerzan mutuamente: una implementación laxa de la legislación vigente hace que las víctimas tengan una menor propensión a denunciar los delitos que padecen, mientras que el bajo nivel de denuncias registradas reduce el grado de presión social requerido para llevar a cabo las reformas legales necesarias. Además de la obligación del castigo a los victimarios, los gobiernos de las entidades, al igual que el federal, deben otorgar recursos justos y efectivos a las mujeres sometidas a la violencia. Esto comprende el acceso a la justicia, la reparación de los daños sufridos, la restitución, la compensación, la rehabilitación y la garantía de la no repetición.9 Como lo han mostrado diversas investigaciones (Olamendi, 2007; Salinas, 2004; Castro y Riquer, 2003; Angulo, Incháustegui y Riquer, 2009), el garantismo jurídico que se ha construido en México a lo largo de casi 20 años, en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, está lejos de ser homogéneo en toda la república, ya que persisten grandes diferencias entre las legislaciones de cada estado, sobre todo en lo que hace a violencia sexual, donde están en juego múltiples criterios, omisiones graves y preocupantes retrocesos. Ese es el

caso de la penalización sobre el aborto, inclusive en casos de violación, riesgo de salud de la madre y malformación fetal, que se habían permitido mediante la opinión de médicos facultativos, desde los años cuarenta, en casi todas las entidades del país. Es medular redoblar los esfuerzos para lograr que las víctimas de la violencia, efectivamente, accedan a la justicia sin ser revictimizadas al enfrentarse al proceso judicial. Y es que, además de sufrir las debilidades y vicios del sistema de justicia, las víctimas deben hacer frente a actos de discriminación y prejuicios, que incrementan las posibilidades de que desistan del proceso de denuncia, puesto que el tránsito por el sistema judicial lesiona su seguridad y derechos. Habría que decir que la violencia intrafamiliar se encuentra tipificada como delito en todas las entidades federativas, pero aun así existen dos importantes problemas para su probanza como delito:

a. En algunas entidades federativas el delito se configura por la reiteración de los hechos. Es decir, las personas que denuncian violencia intrafamiliar deben probar que ésta ha ocurrido varias veces.10 b. Los Ministerios Públicos carecen de la capacitación para reconocer y dar probanza a formas de violencia diferentes a las lesiones físicas. Así, en los numerosos casos de violencia psicológica, económica, patrimonial o cuando las mujeres no tienen lesiones, se enfrentan a una importante incapacidad para hacer un trabajo técnico-jurídico: no se sabe cómo probar y, por tanto, no se puede integrar de manera diligente una averiguación previa. Una alternativa que podría coadyuvar en la mejora de los servicios y mecanismos de sanción sería la creación de agencias especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia, como

existen en varios países (Brasil, España, Colombia). Estas agencias garantizarían la seguridad física de las víctimas y coadyuvarían a mejorar su acceso a la justicia, siempre y cuando contaran con personal especializado en brindar contención, comenzando con Ministerios Públicos con capacidad para integrar el delito; y abogados y abogadas con conocimiento de las implicaciones de la legislación, que brindaran una asesoría jurídica en favor del sostenimiento de las denuncias por parte de las víctimas. Adicionalmente, hay otros agentes implicados en la procuración de justicia que juegan un rol fundamental en lo que refiere a la VBG. Es el caso de los cuerpos policiales que son, con frecuencia, la primera ventana de atención a las víctimas y que no cuentan con la capacidad necesaria para asistirla, pues carecen de la información más elemental sobre el fenómeno y argumentan, con frecuencia, que los conflictos violentos intrafamiliares o de pareja son pleitos del orden privado y no problemas que violenten el orden público y que, en consecuencia, les competa atender. De igual forma se requieren estudios que den cuenta de la respuesta del poder Judicial y que permitan conocer el discurso y la jurisprudencia que utilizan los juzgadores para sancionar a los agresores, o para dejar de hacerlo, además de contar con la estadística judicial correspondiente a los casos. Así sería posible valorar los mecanismos para subsanar a las víctimas en casos de sentencias condenatorias, como lo exigen la Convención de Belém do Pará y la propia LGAMVLV.

III.2. Ámbitos de intervención Las acciones integradas para erradicar la VBG deben implementarse en los niveles en que se manifiestan los diversos factores de riesgo. Según el Enfoque Ecológico retomado en esta propuesta, se pueden diseñar y aplicar una serie de acciones en

cuatro de los cinco niveles identificados por él: En el nivel individual: En este nivel se busca actuar sobre las motivaciones y circunstancias individuales que colocan a las personas en riesgo de participar en prácticas violentas, ya sea como víctimas o como perpetradoras de comportamientos violentos o actividades criminógenas. Las intervenciones en este ámbito se dirigen, fundamentalmente, a fortalecer las capacidades y los recursos individuales para romper patrones de socialización enmarcados por la violencia en general y la VBG, desde temprana edad. Un componente de intervención muy importante es el tratamiento de las adicciones y la prevención de riesgos psicosociales, así como el desarrollo de programas de autoprotección y fortalecimiento de la autoestima. En el nivel familiar: Este nivel se refiere a las relaciones más importantes en la vida de las personas, pues en las familias se modela el futuro comportamiento y la identidad de los sujetos, además de pautar sus expectativas y oportunidades de vida. Es reconocido como uno de los planos estratégicos para la intervención preventiva, ya que se ha demostrado que la expresión o prevalencia de relaciones violentas entre los miembros de la familia se transmite o hereda conductualmente, a partir de la socialización primaria.11 Las estrategias de intervención en este nivel pueden ayudar a transformar los patrones de socialización basados en relaciones violentas y orientarse a empoderar a las personas con menos recursos de poder en la familia, mediante la promoción de sus capacidades para

la negociación y la toma de decisiones, en un marco de

resolución pacífica de conflictos. Se trata de emprender intervenciones orientadas a transformar los patrones sexistas, machistas y violentos en la relación padreshijos/as- hermanos/as; esposos y parejas en general, promoviendo la igualdad, la equidad en la distribución de tareas y el respeto entre mujeres y hombres de la familia, además de incrementar la sensibilidad del grupo familiar ante las diversas formas de violencia (física, emocional o psicológica, patrimonial o económica e, incluso, sexual) que se practican no con poca frecuencia entre los miembros de ésta. En el nivel comunitario: Este ámbito es crucial en la generación de localidades seguras y libres de violencia, porque es donde se gestan las redes de relación más próximas, que contribuyen al sostenimiento cotidiano de las relaciones humanas basadas en el reconocimiento mutuo. Es, también, donde se articulan determinadas relaciones económicas, sociales y cívicas, que son las que dan sustento a la vida de los vecindarios, unidades habitacionales, barrios y colonias. Desde el punto de vista de las políticas públicas, las intervenciones en este nivel pueden coadyuvar a reforzar y/o a consolidar lo que se hace en favor de las personas, en el plano individual y de las familias. La sociabilidad de los espacios comunitarios puede llegar a ser un activo –capital social– para la resolución de problemas comunes (servicios urbanos, inseguridad, regularización de la tenencia de la propiedad, desarrollo urbano, recreación; acciones para compatibilizar la vida doméstica-familiar y las actividades extradomésticas o laborales de las mujeres y otros miembros de la familia). El quid pro quo es si este capital social se basa en la confianza, la ayuda mutua, la solidaridad y el respeto a los otros. O, por el contrario, si la sociabilidad construida en los vecindarios sobre sistemas machistas y autoritarios de relación y liderazgo es un lastre porque se ha construido o replanteado sobre prácticas de violencia en el territorio por vandalismo, pandillerismo,

deterioro urbano, explotación, corrupción o, aun, el predominio de mafias.

Desde la perspectiva del Modelo de intervención aquí propuesto, se trata de detonar un proceso de reconstrucción de la solidaridad y propiciar el fortalecimiento de los derechos y la ciudadanía en el territorio, a partir de intereses u objetivos compartidos en la comunidad, bajo el principio de favorecer la cohesión y lograr la reconstrucción o rehabilitación de un tejido social más virtuoso en comunidades ciudadanas, pacíficas, diversas y apropiadas de su propio proceso de reconstrucción. Los principios del trabajo comunitario son: la participación social; la promoción de la cultura de la legalidad; el fortalecimiento de la conciencia ciudadana (deberes y derechos); la resolución pacífica de conflictos mediante la negociación asistida; y la difusión y mayor conciencia de los derechos humanos y del principio de la no discriminación. Las intervenciones deben aplicar estos principios a partir de la organización de los diversos grupos que integran las comunidades (mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas), así como del establecimiento de redes entre los servidores públicos y las agencias gubernamentales y sociales que trabajen de manera coordinada en favor de la seguridad ciudadana y la no violencia. En el nivel social: El propósito de las intervenciones en este nivel –que corresponde a gobiernos de ciudad o municipio, entidad federativa o zona metropolitana– es, de entrada, trabajar para modificar las condiciones sociales y la infraestructuras de las comunidades barriales y de los vecindarios o zonas. De esa manera se reducirá la desigualdad social y territorial en los equipamientos y servicios, propiciando mayores oportunidades de bienestar social para la población, especialmente para los grupos en mayor riesgo de ser

afectados por la VBG. Consiste en ofrecer a la población alternativas educativas, de capacitación y empleo, así como mejorar la oferta de servicios de justicia, salud, deporte, actividades artísticas, oficios y rehabilitación de adicciones, sobre todo para la población joven. En esta vertiente preventiva se incluyen ayudas y asesoría para apoyar el rol que juegan, actualmente, las mujeres en las familias como generadoras de ingresos. También son indispensables programas culturales para promover cambios en los estereotipos sociales de género, los cuales propician la violencia en todas sus variantes. Asimismo, se requiere fortalecer el trabajo de comunicación y difusión en torno a los cambios económicos, jurídicos y culturales que se presentan en las relaciones entre los géneros, a fin de facilitar la asimilación de los tránsitos en curso, producto de las transformaciones en los roles de mujeres y hombres, tanto en la economía como en lo social. VEASE Modelo Ecológico para una Vida Libre de

Violencia de Género en Ciudades Seguras PG. 36

Estrategias de prevención del maltrato infantil Las estrategias de prevención del maltrato infantil tienen por objeto reducir las causas últimas y los factores de riesgo y reforzar los factores de protección, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos de maltrato. Aunque los conocimientos científicos sobre la efectividad de tales estrategias provienen, en su mayoría, de países con alto nivel de ingresos, el conocimiento de las líneas de actuación seguidas para hacer frente a las causas últimas y a los factores de riesgo facilitaría la

planificación de intervenciones en los países con menores ingresos. Los servicios de protección infantil y de otros tipos (por ejemplo, de asesoramiento o de terapia familiar), que aparecen descritos en el capítulo 4, intervienen una vez identificado el maltrato infantil. Aunque su objetivo es dar una respuesta a los casos de maltrato conocidos, son también preventivos, ya que pueden evitar la aparición de nuevos casos. Ciertas características comunes – en términos de epidemiología y de factores de riesgo – a diferentes formas de maltrato parecen indicar que podrían adoptarse meto- dologías de prevención similares en los casos de abuso físico, sexual o emocional y de desatención. Es útil disponer de una tipología de estrategias de prevención que aborden este problema en toda su complejidad. En el presente documento se propone una tipología basada en las etapas del desarrollo humano y en el modelo ecológico expuesto en el capítulo 1. En el cuadro 3.1 se describe una tipología de estrategias de prevención, tanto si su eficacia ha quedado demostrada como si es sólo prometedora o dudosa. Los ejemplos no son exhaustivos, pero permiten ilustrar las distintas posibilidades. Además, ponen de relieve la necesidad de abordar el maltrato infantil simultáneamente en diferentes etapas del desarrollo humano y en diferentes contextos sociales. En muchos casos, una intervención puede repercutir en diferentes tipos de maltrato. En el momento de redactar estas líneas, se carece de datos acerca de la efectividad de la mayoría de esas intervenciones; los casos en que se dispone de datos suficientes provienen, en su mayo- ría, de países con alto nivel de ingresos. Los pormenores concretos con respecto a la definición y aplicación de las distintas estrategias de prevención han sido expuestos en varias publicaciones y en Internet. Por ello, la presente sección está dedicada a los elementos y principios esenciales de tales intervenciones. CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

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Estrategias sociales y comunitarias

A nivel social, la gestación de un medio propicio a los maltratos depende de factores tales como: • políticas económicas, sociales, sanitarias y educativas que perpetúan o acentúan las desigualdades económicas y sociales; • normas sociales y culturales que admiten el recurso a la violencia; • políticas infantiles y familiares ineficaces o inexistentes; • servicios de salud preventiva deficientes; • prestaciones sociales inadecuadas; • sistemas de justicia penal endebles. 
 El nivel comunitario abarca los distintos contextos en que se desenvuelven las relaciones sociales; por ejemplo, el barrio, la escuela, el lugar de trabajo u otras instituciones. En ellos, la concentración de pobreza, el cambio frecuente de residencia y el desempleo, el hacinamiento y la deficiencia de capital social son factores que incrementan el riesgo de maltrato. 
 En el cuadro 3.1 se exponen cuatro grupos de estrategias de prevención del maltrato infantil válidas para todas las etapas del desarrollo, y un grupo de estrategias especifico para la edad adulta. Los cinco grupos serán probablemente eficaces para distintos tipos de maltrato infantil. La eficacia preventiva de las estrategias comunitarias puede poten- ciarse vinculando los programas de prevención a otros programas de ámbito comunitario que lleguen a los grupos de “alto riesgo”. Por ejemplo, los servicios de rehabilitación de alcohólicos o drogadictos, los programas para niños con discapacidades, o los servicios de salud mental. 
 Introducción de reformas legales y promoción de los derechos humanos 
 Los marcos jurídicos constituyen un punto de partida importante para hacer frente al maltrato infantil en todas sus vertientes y para conformar las normas sociales sobre este particular. 
 Los sistemas judiciales estrictos aspiran a prohibir todas las formas de violencia con- tra los niños. Su adopción en un

país dado no tiene por objeto conseguir la detención de gran número de padres progenitores, sino dar a entender claramente a los padres y otros miembros de la familia que no tienen derecho a abusar de sus niños. Las leyes contra el maltrato infantil pueden tener también un efecto disuasorio y contribuir, de ese modo, a la prevención. 
 Los países signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño se comprome- tieron a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para evitar la violencia contra los niños y para protegerlos de ella. Su plasma- ción en leyes nacionales, y la conformación de los sistemas policial y judicial de modo que hagan cumplir tales legislaciones, son estrategias generalmente recomendadas. Su eficacia, sin embargo, es dudosa, ya que no se han evaluado rigurosamente sus efectos preventivos. Con todo, la prohibición de los castigos físicos rigurosos y la obligatoriedad de comunicar los casos de maltrato infantil han sido decisivos para sacar a la luz pública estas cuestiones, desafiando la idea de que el maltrato infantil es un asunto familiar privado. En este respecto, las leyes han sido elementos importantes de transformación de las normas sociales. 
 Los derechos sociales, económicos y culturales, en tanto en cuanto estén realmente vigentes, influyen de manera directa en los factores últimos de riesgo de maltrato infan- til. Algunos de estos derechos son: 


PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL: QUé

HACER, Y CÓMO OBTENER EVIDENCIAS

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. el derecho a un nivel de vida adecuado; . el derecho a una seguridad social; . el derecho a la educación; . el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. 
 La adopción por los gobiernos de estrategias que hagan respetar, proteger y cumplir esos derechos reducirá probablemente en gran medida las tasas de

maltrato infantil aunque, como sucede con la observancia de las leyes contra el maltrato infantil, no existen hasta la fecha estudios que evidencien su efecto preventivo. 
 Adopción de políticas sociales y económicas beneficiosas 
 El cumplimiento de los derechos humanos puede mejorar si se aplican unas políticas sociales y económicas acertadas que permitan un acceso igualitario y un nivel adecuado de ciertos elementos básicos, como la atención sanitaria, la educación, el empleo, la vivienda o las prestaciones sociales. Una mejora cualitativa de estos aspectos permitirá hacer frente a algunos de los principales factores de riesgo del maltrato infantil, lo cual redundaría en un descenso de las tasas de tales comportamientos. Algunas de las políti- cas sociales y económicas que pueden ayudar a evitar el maltrato infantil son: • educación y servicios de atención para la primera infancia; • educación primaria y secundaria universal; • medidas contra el desempleo; • sistemas de protección social sólidos que contemplen, por ejemplo, la prestación de 
 beneficios a los discapacitados, seguros sanitarios, cuidados infantiles, suplementos monetarios o alimentarios, y beneficios por desempleo. 
 Modificación de las normas sociales y culturales 
 Las normas sociales y culturales son factores que contribuyen en gran medida al mal- trato infantil. Frecuentemente, sirven para justificar la violencia contra los niños. La reforma de las leyes puede influir en las normas, aunque es improbable que surta por sí sola un efecto apreciable si no va acompañada de un cambio de las normas en lo referente a la consideración debida a los niños, la aceptabilidad y eficacia del castigo violento, los roles de género y la privacidad del ámbito familiar. Un medio muy útil para ayudar a modificar las normas sociales y culturales son las campañas de concienciación del público y las emprendidas en los medios de comunicación. Gracias a ellas se puede dar a conocer el

alcance y la naturaleza del maltrato infantil, fomentando la prestación de servicios a los niños y a las familias. 
 No hay todavía pruebas fehacientes de que los esfuerzos por modificar las normas consigan reducir la incidencia del maltrato infantil. Sin embargo, algunos estudios basados en intervenciones de gran escala han observado cambios en las actitudes y normas con respecto a la utilización de la violencia contra lactantes y niños. En los Estados Unidos se aplica, para evitar el abuso sexual de los niños, un tipo de programa que ofrece ayuda a los perpetradores en potencia. Además, incita a los adultos a estar alerta – y, si se diera el caso, actuar – frente a posibles indicios de abusos sexuales en niños antes de que se cometa la ofensa. En tales programas, algunas personas se prestan voluntariamente al tratamiento, evitando con ello posibles abusos. 
 Reducción de las desigualdades económicas 
 Numerosos estudios evidencian que el maltrato infantil es más frecuente en las comuni- dades y hogares más pobres, y en las sociedades con grandes desigualdades económicas. 


CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

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Así pues, las medidas adoptadas para reducir la pobreza y las desigualdades económicas deberían tener un efecto apreciable en la reducción del maltrato infantil. Los programas que favorecen la movilidad residencial son un ejemplo de este tipo de medidas. Tales programas tienen por objeto reducir la concentración de pobreza en un área determinada entregando a las familias con escasos ingresos vales para la vivienda o subsidios de alquiler que les permitan cambiar de residencia. Aunque no se ha evaluado todavía el efecto de esos programas en el maltrato infantil, parecen prometedores, ya que han permitido constatar efectos positivos en el rendimiento escolar y académico, en las pautas de comportamiento conflictivas y en la salud mental y física. Parecen ser también eficaces en la prevención del delito en los barrios y en la prevención de agresio- nes

y desórdenes sociales. Las políticas y programas económicos que reducen con carácter más general los efectos de la desigualdad de ingresos pueden ser útiles para prevención del maltrato infantil, aun- que todavía no se ha demostrado científicamente la utilidad de tales intervenciones. Reducción de los factores de riesgo ambientales Son factores de riesgo ambientales la densidad habitacional, la dificultad de acceder a lugares de recreo no peligrosos, la presencia de plomo u otras toxinas en el medio ambiente, y ciertas sustancias nocivas, como el alcohol o los estupefacientes. El consumo inapropiado de alcohol por los adultos está claramente asociado al sín- drome alcohólico fetal y a un mayor riesgo de abusos físicos y sexuales del niño por parte de los padres u otros miembros de la familia. Sería, pues, de esperar que un menor acceso al alcohol tuviera un efecto preventivo, y parece haber indicios de que los impuestos sobre el alcohol pueden ser eficaces en la reducción del maltrato infantil. La presencia de niveles excesivos de plomo en el medio ambiente está asociada a la aparición de lesiones cerebrales en el feto y de los consiguientes trastornos cognitivos – por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad-, que son factores de riesgo del mal- trato infantil. Así pues, reduciendo los niveles de plomo en el medio ambiente debería disminuir también el número de lactantes expuestos al maltrato infantil. Creación de centros de acogida y de crisis Ciertos estudios, principalmente de países con alto nivel de ingresos, indican que la vio- lencia en la pareja y el maltrato infantil suelen ser concurrentes. Cuando existe un riesgo de maltrato vinculado a la violencia en la pareja, la existencia de centros de acogida y de crisis para las mujeres golpeadas y sus hijos podría ayudar a evitar esos maltratos. Sin embargo, no se han realizado todavía estudios de evaluación que permitan establecer la utilidad preventiva de ese tipo de medidas. Es más, ciertos datos aislados obtenidos en centros de acogida de mujeres agredidas y de sus hijos indican que, a menos que reciban un apoyo y

supervisión adecuados, las propias mujeres pueden llegar a maltratar a sus hijos durante su estancia en el centro. Formación de profesionales de atención sanitaria Sólo un pequeño porcentaje de víctimas de maltrato infantil cometen maltratos en su edad adulta. En cualquier caso, sería útil identificar a los posibles perpetradores, con la ayuda de profesionales sanitarios, y remitirlos a los servicios terapéuticos apropiados para ayudar a romper el ciclo de la violencia y reducir el número de nuevos casos de maltrato. Esta estrategia ha de someterse todavía a estudios de evaluación de resultados, y su utilidad preventiva es aún incierta. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL: QUé HACER, Y CÓMO OBTENER EVIDENCIAS

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Estrategias relacionales Algunos de los factores de riesgo comprobados en relación con el maltrato infantil son: • un rol parental inadecuado, particularmente cuando no se establecen vínculos entre el progenitor y el lactante; • unas expectativas irreales con respecto al desarrollo del niño; • la creencia de que el castigo físico severo es eficaz y socialmente aceptable; • la imposibilidad de cuidar satisfactoriamente del niño cuando el progenitor está 
 ausente. 
 Hay, en cambio, otras estrategias que han resultado eficaces en la prevención del mal- trato infantil; éstas fomentan el establecimiento de vínculos sólidos entre los padres y el niño y los métodos de disciplina no violentos, y crean en el seno de la familia las condiciones adecuadas para un desarrollo mental positivo del niño. 
 Hay evidencias de que los programas orientados a mejorar y apoyar el rol parental son eficaces en la prevención del maltrato infantil. Los dos modelos más evaluados y

utilizados para la aplicación de esas estrategias son los programas de visita a los hogares y la formación para el ejercicio de la función parental. 
 Implantación de programas de visita al hogar 
 Los programas de visita al hogar, que llevan los recursos de la comunidad a las fami- lias en el propio hogar, han resultado eficaces en la prevención del maltrato infantil. Recientemente, un inventario sistemático de los estudios de evaluación de resultados, principalmente de Estados Unidos, revela en promedio una disminución del 40% en el maltrato infantil infligido por padres u otros miembros de la familia que participan en los programas de visita al hogar. Estos programas parecían ser también prometedores en la prevención de la violencia juvenil. Durante las visitas al hogar se ofrece información y apoyo, además de otros servicios encaminados a mejorar el funcionamiento de la familia. Se han desarrollado y estudiado varios modelos diferentes de visitas al hogar.1 En algunos, las visitas recaen en todas las familias, con independencia del nivel de riesgo. En otros, se circunscriben a las familias en que existe riesgo de violencia, como en el caso de los padres primerizos o solteros, o de los padres adolescentes que viven en comunidades pobres. Las investigaciones actuales sobre la eficacia de estos diferentes modelos indican que los programas más efectivos contienen los elementos siguientes: . un interés especial por las familias más necesitadas de servicios (frente a los pro- gramas en que se visita a todas las familias, sea cual sea su nivel de riesgo), parti- cularmente cuando en ellas hay:
 — lactantes de bajo peso al nacer y prematuros; 
 — niños con enfermedades crónicas y discapacidades; — madres solteras muy jóvenes y con escasos ingresos; — un historial de consumo inapropiado de sustancias; . intervención social ya desde el embarazo hasta, como mínimo, el segundo y, posi- blemente, hasta el quinto año de edad del niño; . flexibilidad en la duración y frecuencia de las visitas y en los tipos de servicios prestados, con el fin de adaptarlos a las necesidades y

niveles de riesgo a que esté expuesta la familia; 1

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. First reports evaluating the effectiveness of strategies for preventing violence: early childhood home visitation. Findings from the Task Force on Community Preventive Ser- vices. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52:1–9. disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/rr5214a1.htm (visitado el 7 de junio de 2006). CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

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• fomento activo de comportamientos positivos con respecto a la salud física y men- tal, y de determinadas características de los cuidados dispensados al lactante; • diversificación de las perspectivas adoptadas para abordar las necesidades específi- cas de la familia, en lugar de centrarse en un aspecto concreto, como el aumento de peso del recién nacido o la reducción de los abusos al niño; • medidas encaminadas a aliviar la tensión en el seno de la familia mediante una mejora del entorno social y físico; • utilización de enfermeras o de semiprofesionales con formación. 
 Puesta en marcha de programas de formación parental 
 Los programas de formación parental tienen por objeto educar a los padres en el desa- rrollo de sus hijos y ayudarlos a mejorar su aptitud para controlar el comportamiento de éstos. Los programas pueden aplicarse en el hogar o en otros lugares (por ejemplo, escuelas o clínicas) en los que sea posible entrar en contacto con los padres futuros y recientes. Aunque tales programas están orientados, en su mayoría, a familias de alto nivel de riesgo o en las que ya ha habido maltratos, crece la impresión de que la educación y formación de todos los padres o futuros padres podría ser beneficiosa. 
 La evaluación de los programas de formación destinados a los padres ha arrojado resultados prometedores en cuanto a la eficacia de esos programas en la reducción de la violencia juvenil, pero son pocos los estudios que han abordado

específicamente sus efectos sobre las tasas de maltrato infantil. En muchas de esas intervenciones, por el contrario, la eficacia se ha determinado en base a resultados indirectos – por ejemplo, la competencia y aptitud de los padres, los conflictos entre padres e hijos o la salud mental de los progenitores. Diversos estudios de los programas de formación parental que han resultado eficaces revelan que éstos contienen los elementos siguientes: • están orientados a los padres de niños preadolescentes de 3 a 12 años; • los padres examinan el material didáctico destinado a sus hijos, y se comprueba 
 que lo recuerdan y lo han comprendido; • la enseñanza de los cuidados del niño procede paso a paso, y cada enseñanza 
 aprendida sirve de base para la siguiente. 
 Además, se ha constatado que tales programas contienen los elementos básicos de unas pautas apropiadas de cuidados al niño, en la medida en que: • identifican y registran los comportamientos problemáticos en el hogar; • utilizan técnicas de reforzamiento positivo, por ejemplo mediante elogios y siste- 
 mas de puntuación; • aplican métodos de disciplina no violentos, como la supresión de privilegios o de 
 permisos para salir; • supervisan y monitorizan el comportamiento infantil; • utilizan estrategias de negociación y de resolución de problemas. 
 Estrategias individuales 
 A nivel individual, las estrategias de prevención del maltrato infantil tienen por objeto modificar directamente las actitudes, convicciones y comportamientos de determinada persona, y pueden utilizarse en cualquier contexto. 
 Disminución de los embarazos no deseados 
 Los embarazos no deseados parecen estar vinculados a factores tales como: niveles de

atención prenatal deficientes, bajo peso al nacer, mayor riesgo de mortalidad infantil, 


PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL: QUé HACER, Y CÓMO

OBTENER EVIDENCIAS

42

RECUADRO 3.1

Intervención en múltiples vertientes: el Programa Parental Positivo (también conocido como “Triple P”) Un programa puede abarcar estrategias de prevención en distintas vertientes, vinculadas entre sí por una com- pleja trama de relaciones. Tal es el caso del “Programa Parental Positivo (“Triple P”) desarrollado en Australia. El programa, estructurado en varios niveles, tiene por objeto orientar la prestación de información, asesoramiento y apoyo profesional a las necesidades de determinadas familias, teniendo presente que tales necesidades pueden ser muy diversas. Las intervenciones del programa Triple P suelen actuar en los niveles siguientes: — Nivel 1: Difusión en los medios de comunicación de mensajes positivos sobre la función parental; — Nivel 2: Recursos informativos, por ejemplo en forma de consejos impresos y vídeos; — Nivel 3: Intervenciones ante problemas de comportamiento muy específicos, a cargo de profesionales de aten- ción primaria; — Nivel 4: Programas de formación más intensivos para los padres; — Nivel 5: Problemas familiares de carácter más general, como los conflictos de pareja, la depresión parental, la ira o el estrés. 
 Varias evaluaciones independientes de los resultados del programa Triple P han evidenciado que mejoran eficaz- mente las técnicas de organización familiar, la confianza de los padres en su propia capacidad para cuidar de los niños, y los comportamientos ulteriores, particularmente en relación con la salud y la agresividad. El programa – o, en algunos casos, ciertas partes de él – ha sido aplicado en China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Alemania, Nueva zelandia, Singapur, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América. 


Fuente: Sanders MR, Markie-Dadds C,

Turner KMT. Theoretical, scientific and clinical foundations of the Triple-P Positive Parenting Program: a popula- tion approach y the promotion of parenting competence. Santa Lucía, The Parenting and Family Support Centre, University of Queensland, 2003. (Parenting Research and Practice Monograph No. 1). Disponible en: http://www.triplep.net/files/pdf/Parenting_Research_and_Practice_ Monograph_No.1.pdf

maltrato infantil, o carencias en el desarrollo del lactante y del niño. La disminución de los embarazos no deseados podría ayudar a reducir el maltrato infantil, aunque la eficacia de tales programas a ese respecto no ha sido adecuadamente evaluada. 
 Mejora del acceso a los servicios prenatales y postnatales 
 Los programas que dispensan – y alientan a las mujeres a recibir – cuidados prenatales y postnatales adecuados parecen prometedores en la prevención del maltrato de niños de hasta tres años. El objetivo es reducir la proporción de recién nacidos prematuros, o que presenten bajo peso, enfermedades o minusvalías físicas o mentales, ya que todos esos aspectos pueden dificultar el establecimiento de vínculos y hacer al niño más susceptible al maltrato. Se considera, pues, que promover la prestación de cuidados prenatales y postnatales adecuados es esencial para la obtención de buenos resultados con posterio- ridad al parto. Aunque estas intervenciones no han sido aún adecuadamente evaluadas, es posible que constituyan una buena forma de prevención, especialmente si se tiene en cuenta que son aplicables al conjunto de la población con independencia de sus niveles de riesgo, tanto en términos individuales como colectivos. La prestación de cuidados prenatales y postnatales ofrece también la oportunidad de atraer a los padres recientes y futuros a los programas de visitas al hogar y de formación parental, que son dos tipos de intervención relacional probadamente efectivos en la prevención del maltrato infantil. 
 Preparación a los niños para evitar situaciones de abuso 
 Este tipo de programas tiene por objeto enseñar a los niños a reconocer las situaciones peligrosas y prepararlos para protegerse de ellas. Se trata de enseñar a los niños que su cuerpo es suyo, que la posibilidad o no de tocarlo depende de ellos o de ellas, y que hay 
 CAPÍTULO 3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (visitado el 7 de junio de 2006). 


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diferentes tipos de contacto físico. Así, los niños aprenden cómo reaccionar ante un adulto cuando éste les pida hacer algo que les desagrade. Los investigadores están de acuerdo en que los niños pueden adquirir conocimientos teóricos y prácticos para pro- tegerse de los abusos. Sin embargo, no se tienen la seguridad de que esos conocimientos vayan a perdurar, ni de que realmente protejan al niño en todo tipo de situaciones de abuso, particularmente si el perpetrador es alguien que el niño conoce y en quien confía. Es, pues, necesario demostrar científicamente que los conocimientos adquiridos son verdaderamente eficaces en la prevención de los maltratos en la vida real. 3.3 Evaluación de resultados de los programas de prevención del maltrato infantil Un examen de la evidencia disponible con respecto a la eficacia real o potencial de las estrategias de prevención ayudará a determinar estrategias posiblemente efectivas frente al maltrato infantil. Por ello,

será importante ampliar el acervo de evidencias científicas y, a tal efecto, planificar y realizar la intervención de modo que permita evaluar sus resultados. Es ésta una tarea científica que convendría planificar antes de iniciar el pro- yecto. Abarca las etapas siguientes: • asegurarse de que hay capacidad científica suficiente para el proyecto, por ejemplo colaborando con una institución docente o de investigación; • decidir los objetivos de la prevención; • desarrollar un modelo lógico; • seleccionar los resultados y las fuentes de los datos resultantes; • planificar la realización y la evaluación de la intervención; • efectuar la intervención y la evaluación de sus resultados; • analizar las conclusiones y difundir los resultados. 
 Decidir los objetivos de la prevención 
 Un buen punto de partida consistiría en decidir los objetivos de la prevención. En ese sentido, lo más importante es asegurarse de que es posible alcanzar los objetivos de la prevención, teniendo en cuenta la capacidad de la organización para influir en los correspondientes factores de riesgo y de protección. Su consecución dependerá de los recursos propios de la organización y de su capacidad para capitalizar otros recursos. 
 Así, por ejemplo, es probable que solamente un organismo estatal de ámbito nacional pueda realmente conseguir el objetivo de “reducir de 6’5 por 100.000 a 6’0 por 100.000 las tasas de homicidio en niños de 0 a 14 años”. Hay, en cambio, ejemplos de organi- zación comunitaria que, en colaboración con instituciones gubernamentales y docentes de ámbito local, consiguen evaluar satisfactoriamente intervenciones emprendidas en entornos de escasos recursos, como las visitas al hogar o los programas de formación parental. 
 Desarrollo de un modelo

lógico1 
 Una herramienta de trabajo habitualmente utilizada para aprender a conocer un pro- grama (qué actividades emprender y cuándo, y qué se espera conseguir) es el denomi- nado “modelo lógico”. El modelo lógico es una descripción sinóptica de la estructura de un programa. Describe las relaciones entre: 1

El texto de esta sección ha sido adaptado de un libro sobre modelos lógicos publicado por Innovation Network. El libro puede descargarse de http://www.innonet.org/ (visitado el 19 de enero de 2006). PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL: QUé HACER, Y CÓMO OBTENER EVIDENCIAS

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• las aportaciones de las que se nutre el programa: los recursos; • las actividades y resultados del programa; • los resultados del programa a corto y largo plazo. 
 El modelo lógico suele representarse en forma gráfica o tabular. Un modelo lógico res- ponde a varias finalidades, entre ellas: • Planificación del programa. Un modelo lógico puede utilizarse a medida que se desarrolla el programa. Ayuda a analizar la estrategia de principio a fin, y a averiguar en qué punto se encuentra uno y en qué punto debería encontrarse. • Gestión del programa. Dado que conjuga los recursos con las actividades y los resultados, un modelo lógico puede ayudar a desarrollar un plan más detallado para administrar las actividades. Cuando se utiliza conjuntamente con los datos de la evaluación, el modelo lógico ayuda a analizar paso a paso el desarrollo de las operaciones. • Evaluación. Un modelo lógico es útil para determinar los aspectos que hay que evaluar y en qué momento hay que hacerlo, con objeto de hacer un uso efectivo y eficaz de los recursos. • Comunicación. Un modelo lógico es una potente herramienta para dar

a conocer las actividades y resultados del programa, que pone de relieve la relación entre ambos. • Capacidad de consensuación. El modelo lógico permite a todos los participan- tes, tanto internos como externos, llegar a un acuerdo acerca del significado y funcionamiento del programa, y de sus objetivos. 
 Aunque un modelo lógico incluye los componentes esenciales del programa, es necesa- rio simplificarlo. El modelo no es estático; puede y debe cambiar a lo largo del tiempo a medida que se acumulan experiencia y conocimientos acerca del programa. 
 Los componentes del modelo lógico son: • metas: la finalidad general del programa; • recursos: los medios necesarios para llevarlo a término; • actividades: iniciativas que se adoptarán para cumplir el programa; • resultados inmediatos: resultados directos y tangibles de las actividades del pro- 
 grama; • resultados generales: cambios que se espera conseguir gracias al programa. 
 Como se indica en la figura 3.1, los componentes del modelo lógico están conectados mediante una serie de relaciones de tipo “antecedente-consecuente”: si se dispone de recursos para el programa, sus actividades podrán llevarse a cabo; si se llevan a cabo las actividades del programa, cabrá esperar ciertos resultados inmediatos y generales. Es importante analizar en todas sus etapas el modelo lógico para cada objetivo programá- tico y para el programa en su conjunto. VEASE PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL PG 45

L

as acciones preventivas se deben llevar a cabo en todos los estratos de

la sociedad, la familia, el entorno comunitario, la escuela y las insti- tuciones

del Estado. Además, se debe trabajar en los tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, explicados a continuación.

Prevención primaria La prevención primaria tiene por objeto reducir la aparición de nuevos casos de violencia sexual. Se centra en la enseñanza de cómo evitar la violencia sexual y qué medidas tomar ante determinadas situaciones. Se recomienda involucrar en los alcances de este nivel de prevención a los niños, niñas, adolescentes y personas adultas. El papel educativo de padres, madres, maestros y maestras es fundamental y debe estar encaminado a fomentar valores asociados con el respeto por el cuerpo y por la sexualidad, la convivencia en democracia en los vínculos familiares, los Derechos de los Niños y Niñas y el autocuidado de la salud. La familia y la comunidad educativa cumplen un papel fundamental en la detección, reducción y eliminación de factores de riesgo y en el estímulo de factores protectores. Los programas educativos deben estar enfocados hacia los siguientes temas: • Desarrollo humano. • Conocimiento de los Derechos de los Niños y 
 las Niñas (Convención sobre los Derechos del 
 Niño) • Conocimiento de los Derechos Humanos, 
 Sexuales y Reproductivos • La equidad y la igualdad de oportunidades 
 entre mujeres y hombres • Respeto y valoración por el cuerpo: •••

Prevención de la violencia sexual - Diferencias entre caricias y manoseo o manipulación indebida de los genitales y del cuerpo Diferencias entre secreto apropiado y no apropiado
 Enseñar a decir NO ante situaciones ame- nazantes o desagradables (asertividad) Técnicas de autoprotección.

35 Para romper el silencio sobre la violencia sexual, en especial contra las niñas y los niños, es importante que toda la comunidad conozca que: . La violencia sexual es una vulneración de Derechos Humanos . La violencia sexual es un delito castigado por la ley . Los agresores temen a la ley . La violencia sexual no es normal . La violencia sexual es intolerable . La violencia sexual afecta la salud sexual y 
 reproductiva y la salud mental, y su impacto sobre la calidad de vida presente y futura es grave . La comunidad tiene la responsabilidad de velar por el sano desarrollo de los niños y las niñas . A los niños y las niñas debe enseñárseles a discriminar los actos cariñosos de los abusivos, y a saber defenderse de estos últimos . Las instituciones tienen competencia para atender a las víctimas de violencia sexual . Existen mecanismos para poner en cono- cimiento a las autoridades sobre cualquier caso detectado . Finalmente, la comunidad debe conocer cómo detectar casos y factores de riesgo de violencia sexual. 
 La violencia sexual es una problemática que compete al conjunto de la sociedad. Todas las personas pueden .

contribuir a la prevención y a la detección y deben poner en conocimiento a las autoridades de los casos de violencia sexual; de esta manera, podrá brindarse atención integral, oportuna y eficaz, protegiendo así a otros niños y niñas de la comunidad.

. .

Prevención secundaria Se refiere a la intervención oportuna en niñas, niños, personas adultas y familias, para superar el riesgo a ser víctimas de violencia sexual, antes de que ocurra el hecho; además, al manejo oportuno de los

factores de riesgo y garantía de derechos para quienes ya han sido víctimas de violencia sexual.

Prevención terciaria Tiene como objetivo evitar la repetición de la violencia sexual o la revictimización, ofrecer servicios de calidad para tratar adecuadamente a las víctimas y a sus familias, disminuyendo las secuelas psíquicas y físicas. Los agresores deben ser tenidos en cuenta para incorporarlos a procesos de resocialización y a tratamientos encaminados a evitar que se perpetúen los delitos sexuales. Como respuestas protectoras en el tercer nivel de prevención se consideran: • Seguimiento de casos a corto, mediano y largo plazo • Denuncia e investigación de casos • Manejo multidisciplinario e intersectorial de 
 víctimas, familias y agresores Restablecimiento de derechos, protección y 
 compensación a las víctimas y sus familias. 


Prevención desde los servicios de salud


 Los servicios de salud deben promover acciones preventivas a través de todo contacto con la comunidad, ya sea individual o colectivo, forta- leciendo los hábitos protectores y las conductas adecuadas. 
 Así mismo, el componente del Buen Trato debe estar inserto en todos los programas de promoción y prevención, a lo largo del proceso de atención de víctimas de violencia sexual, durante la consulta, la hospitalización y en la atención en urgencias. En este sentido, todo el personal del Sector Salud debe estar sensibilizado en torno a esta problemática y capacitado para la detección, manejo y adecuada canalización de casos. VEASE PROTOCOLO

PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL PG. 37

B. INTERVENCIÓN Tras la evaluación integral se hace necesaria la planificación de la intervención. Planificar una adecuada intervención, implica como requisito previo haber puesto

fin a la exposición del/la menor a la situación de violencia, proporcionando en la medida de lo posible un entorno seguro alejado del abuso y el maltrato. Desgraciadamente esto no siempre es posible ya que en ocasiones el maltrato hacia la madre no cesa tras la separación o el/la menor de- ben seguir viendo o conviviendo con el padre en atención al régimen de visitas dictado tras la separación o divorcio lo que puede provocar que se ejerza sobre él/ella mani- pulación y coacción. Ello puede llegar a constituir un serio hándicap para el éxito de la intervención. Teniendo en cuenta la gran variabilidad intersujetos en cuanto a las tasas características de disfunción que se pueden presentar, la intervención ha de personalizarse con el fin de que se adecúe al grado de afectación, en lugar de aplicar el programa considerando únicamente las cir-cunstancias a que ha estado expuesto el/la menor. Los niños y niñas asintomáticos, con características resilientes pueden no resultar beneficiados por las intervenciones terapéuticas, sin embargo, aún en estos casos conviene trabajar el componente cognitivo relativo a los modelos patriarcales presenciados y los posibles estereotipos de género interiorizados. En sintonía con el primero de los aspectos evaluados, las características del maltrato presenciado y padecido, uno de los objetivos iniciales ha de centrarse en trabajar la necesidad de que el/la menor rompa el silencio, exprese, ponga nombre y de sentido al abuso vivido. Peled y Davis (1995), citados por Patró y Limiñana (2005), describen, como uno de los objetivos fundamentales, romper el silencio sobre la violencia vivida, definiendo los comportamientos abusivos, compartiendo las experiencias y trabajando sobre los sentimientos y emociones expe- rimentadas. Además, trabajar este aspecto posee una doble fun- cionalidad: desde el punto de vista de la intervención, lograr que el/la menor elabore el trauma, y, desde el punto de vista preventivo, impedir la reproducción de estos modelos en las relaciones futuras al abordar gran parte de las creencias y estereotipos sexistas interiorizados. Con frecuencia el/la menor se encuentra confundido/a, lo que le lleva a cometer errores de identificación, concep- tualización y/o atribución causal del abuso y maltrato al que ha estado expuesto/a (Ramos, 2007). VEASE ANALUCIA INTERVIENE

Aspectosconceptuales Si bien los servicios de apoyo y de atención a las víctimas son

importantes para mitigar las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia interpersonal y para reducir la vulnera- bilidad de las personas (véase la Parte 5), antes de nada es preciso prestar una gran aten- ción a prevenir el desarrollo y la perpetración de los comportamientos violentos. Fomentar la prevención primaria de la violencia interpersonal significa estimular y respaldar el desa- rrollo, la aplicación y la evaluación de programas diseñados específicamente para detener la perpetración de violencia. Para asegurar que las enseñanzas aprendidas de la experiencia y enraizadas en las realidades locales, produzcan el máximo beneficio, es preciso trasladar los resultados de tales esfuerzos al proceso de las políticas. Por otra parte, el éxito de los programas de prevención primaria contribuirá a los esfuerzos por desalentar la violencia interpersonal basados en la promoción de la igualdad y la equidad social y entre los sexos (véase la Parte 4). Desde la perspectiva del enfoque basado en la salud pública (véase la Introducción), la promoción de la prevención de la violencia interpersonal es una meta general y a la vez específica, en particular en relación con los pasos tres (desarrollo y eva- luación de intervenciones preventivas) y cuatro (aplicación de las intervenciones eficaces y prometedoras en una amplia variedad de entornos). Prevenir la perpetración de la violencia La efectividad de una determinada estrategia de prevención primaria dependerá de la combinación del tipo de intervención, el ritmo de ejecución y la población de riesgo. Muchas intervenciones son específicas de alguna etapa del desarrollo (por ejemplo, infancia, adolescencia, edad adulta, vejez) y su ritmo de ejecución tiene una importancia decisiva. Los programas de visita domiciliaria y de educación parental, por ejemplo, son eficaces para prevenir el maltrato de los niños y la posterior violencia entre adolescentes y varones jóvenes si se ejecutan durante la infancia (de 0 a 3 años de edad), pero no están diseñados para aplicarse en ciclos biológicos posteriores. Como muestra la TABLA TRES, para que la prevención primaria de la violencia sea eficaz se requiere un conjunto de estrategias que actúan en las distintas etapas del desarrollo y a través de los diversos niveles del modelo ecológico. Han de promoverse aquellas estrategias que hayan

demostrado ser de eficacia probada o cuanto menos prometedora. Los recursos destinados a la prevención de la violencia no deben invertirse en programas basados en estrategias que hayan demostrado no ser eficaces para reducir la violencia interpersonal y los factores de riesgo, ni siquiera aunque en un principio parecieran prometer rápidos efectos preventivos a un costo relativamente bajo o cuando sean populares desde un punto de vista político. Ejemplos de ello serían proporcionar a los adolescentes información sobre el abuso del alcohol, enseñar a los jóvenes a utilizar las armas de forma «segura», y la mediación y el asesoramiento entre iguales. Por la promesa inicial que despiertan, es muy probable que estos enfoques poco eficaces para prevenir la violencia se apliquen a gran escala, lo cual suscitará la cuestión del despilfarro de los ya de por sí escasos recursos destinados a la prevención. En base a la literatura científica relacionada con la epidemiología, la etiología y la prevención de la violencia, se han identificado varios enfoques de carácter general a la prevención primaria de la violencia, a saber: • Invertir en las intervenciones tempranas Las expectativas de los programas de prevención de la violencia dirigidos a los niños o que influyen en ellos en las prime- ras etapas de su desarrollo son más prometedoras que las de los programas dirigidos a los adultos. Las intervenciones tempranas tienen la posibilidad de moldear las actitudes, los conocimientos y el comportamiento de los niños en el momento en el que éstos están más abiertos a las influencias positivas, y de dejar así en su com- portamiento unas huellas que les acompañarán toda la vida. Se ha demostrado, por 41 PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL TABLATRES

Lasestrategiasdeprevenciónporetapadedesarrollo,contextoecológicoyeficacia1 Las estrategias en fondo negro han demostrado ser eficaces en la reducción de la violencia o de sus factores de riesgo. Las estrategias en fondo gris han demostrado ser prometedoras en la reducción de la violencia o de sus factores de riesgo. Las estrategias en cursiva han demostrado no ser eficaces en la reducción de la violencia o de sus factores de riesgo.

ejemplo, que los programas de enriquecimiento preescolar y de visita domiciliaria, así como los programas de desarrollo social en el ámbito escolar que enseñan a los niños habilidades sociales y de resolución de conflictos, son eficaces para reducir, tanto a corto como a largo plazo, la violencia juvenil y sus factores de riesgo (como el abuso de las drogas). • Aumentar la participación de los adultos Es bien sabido que las deficiencias en la supervisión, la vigilancia y el compromiso de los padres en las actividades de los niños y los adolescentes son factores de riesgo para la violencia juvenil. A la inversa, se ha demostrado que una relación afectuosa y de apoyo con los padres u otros adul- tos es una protección contra el comportamiento antisocial. Dados estos factores, cabe esperar que la violencia juvenil sea mayor cuando la estructura familiar esté desintegrada a causa de guerras, epidemias o cambios sociales rápidos. También existen ciertos indicios, si bien no se han evaluado en profundidad, que los progra- mas de tutoría, que emparejan a los niños y jóvenes de alto riesgo con un adulto que actúa como modelo positivo, podrían ser eficaces para reducir la violencia juvenil. Parece ser que la participación de personas adultas positivas en la vida de los niños y jóvenes es un elemento importante en la prevención primaria de la violencia. • Fortalecer las comunidades La comunidad es el ambiente en el que interactúan las personas y las familias, y su grado de tolerancia o de censura respecto de los actos violentos y los comportamientos de riesgo asociados (como la embriaguez) tendrá gran importancia en los esfuerzos de prevención. Aunque a este nivel aún se requiere más investigación y evaluación, se han identificado algunas intervenciones de base comunitaria que parecen prometedoras para reducir los niveles de perpe- tración de actos graves de violencia física y sexual y de otros delitos; por ejemplo, intervenciones que intentan dificultar el acceso al alcohol mediante la imposición de restricciones a las campañas de marketing que buscan aumentar el consumo de alcohol por medio de la rebaja de los precios. Además, aumentar la accesibilidad y la calidad de los centros de salud infantil puede ayudar a fomentar el desarrollo saludable y facilitar el buen desempeño escolar, y la creación de rutas seguras para los

niños en el camino de su casa a la escuela y a otros centros de actividades de la comunidad puede prevenir la victimización. 
 • Modificar las normas culturales El contexto cultural juega un importante papel en el comportamiento violento. La tradición cultural y las normas sociales a menudo se utilizan para justificar prácticas tales como la mutilación genital feme- nina, el maltrato de las mujeres, los castigos físicos severos a los niños y la violencia física como un medio de resolución de conflictos entre los jóvenes varones. Las normas culturales también pueden ser una fuente de protección contra la violencia, como es el caso de las antiguas tradiciones que promueven la igualdad de la mujer o el respeto a los ancianos. Para prevenir la violencia es especialmente importante combatir las pautas que asocian el comportamiento violento con la masculinidad y aquellas que fomentan el racismo, el clasismo y el sexismo. Y, por otra parte, han de promoverse aquellas pautas que protejan contra la violencia. 
 • Reducir la desigualdad en los ingresos Aunque no parece que la pobreza en sí misma esté asociada de forma coherente con la violencia, la yuxtaposición de extrema pobreza y extrema riqueza sí parecería estar universalmente asociada con la violencia interpersonal y colectiva. Es posible, por tanto, que los programas y las políticas que reducen o minimizan el impacto de la desigualdad en los ingresos puedan ser valiosos en la prevención de la violencia, si bien aún no se ha establecido la base científica de tales intervenciones. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

• Mejorar los sistemas de justicia penal y de bienestar social Estudios transnacionales indican que la eficacia y la fiabilidad de las instituciones de justicia penal, así como la existencia de programas que proporcionen redes de seguridad económica están asociados con menores tasas de homicidio. Desde la perspectiva de la prevención primaria de la violencia, el mantenimiento de un sistema de justicia penal justo y eficiente contribuye a la disuasión general de la violencia. Del mismo modo, las instituciones de bienestar social que proporcionen apoyo básico a las per- sonas y familias que se encuentran en situaciones

económicas de extrema necesidad pueden mitigar los efectos de la desigualdad en los ingresos. La mejora y la reforma de estos sistemas debe considerarse un aspecto potencialmente importante de las políticas y los programas de prevención de la violencia a nivel de país (véase también la Parte 4). Intervalos de tiempo de la prevención primaria El tiempo que transcurre entre la aplicación de una intervención y los subsiguientes cam- bios en las tasas de violencia que produzca, varía en función de las etapas del desarrollo y los niveles ecológicos a los que se dirija la intervención. Es preciso, por tanto, concep- tualizar, diseñar y aplicar los programas de prevención primaria en base a un calendario realista que tenga en cuenta los recursos de políticas, financieros, técnicos, etc., de los que deberá disponerse de forma regular a lo largo de todo el programa y hasta alcanzar los resultados. La clasificación de los efectos de las estrategias de prevención primaria en rápidos, semirretardados y retardados es útil para calcular el intervalo de tiempo probable entre la aplicación y el impacto: • Efectos rápidos se producen ya sea simultáneamente a la intervención o bien en un periodo de tres meses a partir de la iniciación de ésta. Se ha demostrado que se obtienen efectos rápidos de las intervenciones que emplean circuitos cerrados de televisión en los espacios públicos para vigilar que no se cometan actos de violen- cia; de las intervenciones en infraestructuras que abordan factores tales como la iluminación de las calles, la visibilidad y el espacio defendible; y las intervenciones orientadas hacia las armas (como reducir la portación de armas en público). Algu- nos programas de prevención primaria, como la iniciativa DESEPAZ en Colombia (Parte 1, CUADRO CUATRO), han abordado al mismo tiempo la combinación de la portación de armas de fuego con la venta y el consumo de alcohol, obteniendo reducciones rápidas y estadísticamente significativas de las tasas de homicidios. Estas y otras intervenciones con efectos en principio rápidos son fundamentales para que la prevención dé enseguida resultados alentadores que puedan utilizarse para presentar a las partes interesadas de la clase política y de la sociedad civil una prueba de que la violencia puede prevenirse, y para abogar por el aumento y el mantenimiento de

las inversiones dedicadas a la prevención. Los inconvenientes de la mayoría de las intervenciones que producen resultados rápidos son que éstas abordan sólo las formas más visibles de la violencia y que los beneficios obtenidos de la prevención tienden a ser efímeros e ir desapareciendo conforme desaparece la intervención. • Efectos semirretardados tienen efecto entre 4 y 36 meses después de la aplica- ción. En comparación con los conocimientos existentes acerca de las intervenciones de prevención con efectos rápidos o retardados, es poco lo que se sabe acerca de las intervenciones de esta categoría. La limitada literatura disponible y las consideracio- nes teóricas sugieren que cabría esperar efectos semirretardados de aquellas inter- venciones de prevención orientadas a los jóvenes que ofrezcan tutorías y fomenten la participación de los padres; de las intervenciones económicas que reduzcan con prontitud las desigualdades económicas, y de las intervenciones que refuercen la eficacia del sistema de justicia penal y lo hagan más justo. Se ha comprobado que 45 PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

Valor económico de la prevención de la violencia interpersonal

Las evaluaciones económicas de intervenciones preventivas dirigidas a la violencia interpersonal que se han publicado son pocas y en su mayoría corresponden a los Estados Unidos, pero todas ellas muestran que tales intervenciones cuestan mucho menos dinero del que ahorran, siendo la diferencia en algunos casos de varios órdenes de magnitud. Según las estimaciones, el programa Prenatal/Early Infancy Project (PEIP) de visitas domiciliarias para familias de alto riesgo de Elmira, Nueva York, reportó al sector público
 un ahorro total de US$ 27 854 por niño por la menor utilización de los servicios de salud y sociales, y ahorros también para los sistemas de justicia penal y tributario. Según otras evaluaciones, el costo del PEIP para el sector público se calculó en US$ 6550 por participante, mientras que los ahorros del sector público se calcularon en

US$ 26 200, lo que supone un ahorro neto de US$ 19 650 por participante. Un estudio de Rand Corporation comparó cuatro tipos de intervención para reducir la delincuencia juvenil (incluidos los delitos con violencia) en los Estados Unidos: oferta
 de incentivos a los estudiantes de secundaria para que terminen sus estudios; educación parental; programas de supervisión de delincuentes; y visitas domiciliarias
 y asistencia ambulatoria. Se demostró que todas las intervenciones, excepto las visitas domiciliarias, eran más costoeficaces que la ley del estado de California conocida como «three strikes and you’re out », en virtud de la cual la tercera condena por un delito grave es de 25 años de prisión o a perpetuidad. En Australia se creó un modelo de los efectos de un programa de tratamiento para presos encarcelados
 por delitos sexuales, empleando datos obtenidos
 de programas similares que estaban aplicándose en Nueva Zelandia y Australia. Se demostró que la eficacia del programa dependía del índice de repetición de delitos sexuales una vez excarcelados los presos, y las estimaciones indicaron una razón costo-beneficio de
 5,0 (con un 14% de reincidencia) a 0,7 (con un 25% de reincidencia). En general, las predicciones indicaban que el programa sería eficaz y supondría un ahorro neto de US$ 26 698 por cada preso tratado. El análisis incluía los costos de encarcelamiento y psicológicos que se evitaban por medio del programa. En Arizona se calculó que proporcionar vivienda a las víctimas de la violencia doméstica supondría un beneficio social neto de US$ 3,4 millones al año, siendo la relación beneficiocosto de entre 6,8 y 18,4. Un análisis de costo-beneficio de la Ley de Violencia contra las Mujeres promulgada en 1994 en los Estados Unidos, que prevé graves penas para las condenas por acoso y actos de violencia contra la pareja, demostró que la ley reportaba un beneficio neto de US$ 16 400 millones, con inclusión de US$ 14 800 millones de costos por víctimas evitados.

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las intervenciones tempranas para prevenir el maltrato de los niños y su abandono por parte de padres y cuidadores producen efectos apenas 24 meses después del comienzo de los programas. • Efectos retardados son aquellos que se producen tres o más años después de la intervención, si bien los estudios de evaluación sugieren que sería más realista hablar de un intervalo de entre 15 y 20 años. Las intervenciones tempranas, entre ellas las visitas domiciliarias y la educación parental, la formación en desarrollo social y los programas de

enriquecimiento preescolar destinados a niños de 0 a 5 años de edad, se han asociado con reducciones significativas en la perpetración de actos de violencia entre adolescentes y adultos jóvenes entre 10 y 15 años después de su exposición a las intervenciones. También cabe esperar efectos retardados de las intervenciones de prevención que abordan las normas sociales, la desigualdad económica, el entorno social y el sistema de justicia penal. En un clima político y económico que favorece los «parches rápidos», un intervalo de más de uno o dos años entre la aplicación de una intervención y sus beneficios en cuestión de prevención representa un grave obstáculo conceptual para la adopción de dicha estrategia. Probablemente los políticos y los planificadores económicos, quienes trabajan con magros recursos financieros y sometidos a fuertes presiones para satisfacer al elec- torado, argumentarán que las estrategias de prevención de efectos retardados sólo pueden tenerse en consideración al precio de recortar los programas que prometen efectos rápidos; y éste es un costo de oportunidad que muy pocos de ellos aceptarán. En consecuencia, es primordial destacar que si bien el intervalo entre la ejecución y los efectos de tales intervenciones es en verdad prolongado, también es verdad que son las medidas de prevención de la violencia de mayor efectividad y costoeficacia que se hayan identificado hasta la fecha, por lo cual los ahorros que producen son mayores que sus costos en varios órdenes de magnitud Alcance de la prevención primaria Las iniciativas vecinales y de base comunitaria, así como los programas a gran escala que cuentan con la participación de sociedades enteras, son un medio de alcanzar niveles de prevención de la violencia eficaces e interesantes desde el punto de vista económico. Mien- tras que algunas intervenciones universales1 (que suponen básicamente reformas legales y de políticas) pueden tener un costo más bien bajo, muchas estrategias universales de prevención que han dado resultados buenos o prometedores exigen altos niveles de inver- sión, tanto en recursos financieros como humanos, los cuales se recuperan sólo al cabo de muchos años, a la par que el dinero adicional del ahorro que supone para la sociedad la prevención eficaz. En los entornos con pocos recursos en los que es económicamente imposible contemplar siquiera la aplicación de programas universales de prevención de la violencia, las

intervenciones selectivas2 pueden ser una buena opción. Los entornos con escasos recursos deben considerar seriamente la posibilidad de realizar intervenciones selectivas entre los subgrupos de población y las comunidades geográficas en las que exista el mayor riesgo de violencia interpersonal. Estas intervenciones selectivas, diseñadas, aplicadas y evaluadas de forma adecuada, serán asequibles y capaces de produ- cir efectos apreciables que podrán luego utilizarse para propugnar por aumentar la escala de las intervenciones e ir cubriendo proporciones cada vez mayores de la población. Evaluación de los programas de prevención primaria La parte central del paso tres del enfoque de salud pública mencionado con anterioridad (y en la Introducción) es la evaluación de los programas, que puede definirse como el proceso sistemático de recopilación y análisis de los datos mediante una metodología científica, con el fin de determinar si un programa está logrando los objetivos planteados. Evaluar de forma correcta los programas de prevención primaria es esencial para docu- mentar la aparición y la magnitud del impacto de una intervención y su costoeficacia, mediciones ambas de gran valor para poder influir en las prioridades en cuestión de políticas y financiación. La evaluación, además, identifica los puntos fuertes y los puntos débiles de los programas, abriendo la posibilidad a las mejoras internas, y contribuye al caudal de conocimientos sobre estrategias de prevención de la violencia interpersonal y reproducción de los modelos de prevención eficaces. Los expertos en prevención y las instancias normativas por lo general reconocen y aceptan la importancia de la evaluación, y todos los programas de prevención primaria deberían incluir un elemento de evaluación, por limitado que sea. En los países con ingre- sos bajos o medios es notoria la ausencia de la documentación y evaluación adecuadas en relación con los programas de prevención primaria. Entre las dificultades para llevar a cabo una evaluación científicamente rigurosa de los programas cabe citar las siguientes: •

a) confusión acerca de la finalidad, utilidad y necesidad de evaluar los programas, a menudo motivada por la percepción, por parte del

personal, de que su programa es evidentemente eficaz y por tanto no necesita ser evaluado; •

b) resistencia a la evaluación por parte del personal y los gestores del programa, que la perciben como una posible amenaza a sus carreras;

c) renuencia del gobierno y de los organismos de financiación bilaterales a invertir en la evaluación, dado que se considera una actividad de «investigación» y no indispensable; .

1

Las intervenciones universales se aplican a la totalidad de la población, con independencia de las diferencias de riesgo que pueda haber entre los subgrupos de la misma. Las leyes que rigen los permisos de distribución y venta de bebidas alcohólicas y los elementos de prevención de la violencia integrados en los planes de estudios de todas las escuelas primarias son dos ejemplos de intervención universal.

.

2

Las intervenciones selectivas operan sobre subgrupos de población con un elevado riesgo de cometer o padecer actos de violencia interpersonal. Algunos ejemplos de intervención selectiva son las visitas domiciliarias a las parejas que están por tener un hijo o acaban de tenerlo y viven en comunidades de alta delincuencia y bajos ingresos; o los incentivos para que los jóvenes de alto riesgo terminen sus estudios secundarios y aspiren a seguir estudios superiores.

47 PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

48

d) falta de conocimientos técnicos para llevar a cabo una evaluación de programa apro- piada y provechosa, en especial en cuanto a las iniciativas de base comunitaria, vecinal o local; e) falta de recursos humanos para completar las actividades de evaluación, porque el personal suele estar sobrecargado con las tareas propias del programa y puede no tener tiempo para realizar actividades de «evaluación» separadas. Aunque esta problemática es común, puede superarse. Para evitar

sobrecargar al personal y asegurar la asignación de los recursos adecuados, tanto humanos como financieros, es conveniente integrar las herramientas y actividades de evaluación en el diseño del pro- grama y en el plan de trabajo desde el mismo momento en que comience a planificarse el programa. Las alianzas de cooperación con centros de investigación o académicos pueden proporcionar la asistencia y el apoyo técnicos necesarios para diseñar y aplicar la evalua- ción del modo adecuado. Por último, la participación activa del personal del programa en la planificación, la división del trabajo y la difusión de los resultados puede minimizar la resistencia a la evaluación y quitarle la posible apariencia amenazadora. Compartir los resultados oportunos de la evaluación y las respuestas positivas resultantes del proceso de evaluación (como, por ejemplo, un cambio en las políticas a consecuencia de la eficacia del programa, un aumento de fondos o la repetición del programa en algún otro lugar) tam- bién puede ser para los empleados una demostración de la importancia de la evaluación. Los sistemas de información descritos en la Parte 1 son una herramienta de evaluación esencial que proporciona a los responsables del desarrollo de programas, a los investiga- dores y a las instancias normativas los datos necesarios para realimentar el proceso de las políticas y asegurar así el mantenimiento de los recursos y la influencia en el cambio de la política general. Para sacar el máximo partido de los sistemas de información utilizados para supervisar las defunciones, lesiones y otros indicadores de la violencia y sus factores de riesgo que en sí mismos no inciden en las tasas reales de violencia, dichos sistemas deben establecerse antes de que comiencen las actividades de la intervención. El acceso a los datos y su análisis en periodos previos a la intervención permitirá establecer tasas de violencia de referencia muy precisas; luego, el análisis continuo de los datos recopilados con regularidad durante y después de la intervención pondrá de manifiesto las tenden- cias y detectará el momento exacto en el cual se producen los cambios en las tasas de traumatismos relacionados con la violencia, en los comportamientos violentos o en los factores de riesgo. La capacidad de determinar cuándo empieza el cambio es primordial para establecer una correlación entre una intervención o una medida de política general y el efecto que ésta ejerce.

3.2 Cuestionesdepolíticas Con algunas excepciones, en la mayoría de los países no existen instrumentos de política general y legales diseñados de forma explícita para promover los programas destinados a la prevención primaria de la violencia interpersonal. La formulación de este tipo de instrumen- tos debe considerarse, por lo tanto, como un objetivo a alcanzar, a mediano o largo plazo, a través de la sensibilización derivada de las experiencias de los programas de prevención primaria desarrollados y de la aplicación continuada de un plan nacional de acción para la prevención de la violencia interpersonal (véase la Parte 6). Dado que las estrategias de prevención probadas y prometedoras a fomentar abarcan una variedad de sectores diferentes, en la mayoría de los países serán numerosas las políticas y las leyes que, indirectamente, estarán relacionadas con la prevención primaria de la violencia. Para lograr un compromiso inicial y apoyo para los programas piloto de prevención primaria, se puede recurrir a instrumentos de política general y legales de otros sectores, como, por ejemplo, los siguientes: • Políticas de atención de salud reproductiva • Leyes sobre la violencia doméstica y familiar PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

• Normas de los medios de comunicación y de difusión • Políticas de bienestar y protección social • Políticas y leyes de distribución y venta de bebidas alcohólicas • Políticas educativas • Políticas de empleo • Leyes de protección y atención de la infancia • Leyes que regulan la tenencia y portación de armas de fuego. Para defender la inversión en programas de prevención primaria puede

ser de utilidad tra- zar una cartografía de los programas propuestos y de los instrumentos de política general y legales existentes. Tener disponible esta información reforzará de manera considerable la argumentación en favor de la prevención primaria, y el ejercicio proporcionará una sólida base sobre la cual planificar el proceso de formulación de nuevos instrumentos específicos para la prevención primaria de la violencia. Niveles nacional, provincial y municipal Mientras que el apoyo a los programas de prevención primaria mediante políticas y leyes por lo general existe y se formula a nivel de país, es muy frecuente que el trabajo práctico de aplicación de los programas sea responsabilidad de las autoridades municipales y pro- vinciales (CUADRO SIETE). La cartografía de las estrategias de prevención primaria en los instrumentos de política general y legales antes mencionada habrá de completarse con procedimientos similares realizados a nivel provincial y municipal.

3.3 Líneasdeacciónparafomentarlaprevenciónprimaria La promoción de la prevención de la violencia, en su dimensión práctica, se centra en la descripción, aplicación y evaluación de programas de prevención seleccionados de forma estratégica. La finalidad que se persigue es proporcionar una fuente local de datos consta- tados y experiencia, la cual se utilizará para abogar por la intensificación de la prevención primaria, la integración de ésta en el trabajo sistemático del gobierno, y la formulación de leyes y políticas dirigidas explícitamente a la prevención primaria. Las líneas de acción para el fomento de la prevención primaria son, por tanto, las siguientes: .

3.1 Trazarlacartografíadelosprogramasdeprevenciónprimariaexistentes

.

3.2 Apoyar y evaluar los programas experimentales de prevención primaria

.

3.3 Difundirlasexperienciasencuestionesdeprevenciónespecíficasdecad apaís

.

3.4 Abogar porlaprevenciónprimaria

.

3.5 Integrarlaprevenciónprimariaeneltrabajosistemáticodelosgobiernos localesy 
 nacionales

.

3.6 Crear mecanismos de sostenibilidad

VEASE GUIA PARA APLICAR LAS RECOMENDACIONES DEL… .

.

¿Cómo se puede prevenir la violencia? Los dos primeros pasos del modelo de salud pública brindan información importante sobre las poblaciones que requieren intervenciones preventivas, así como sobre los factores de riesgo y protectores que es necesario abordar. Poner este conocimiento en práctica es una meta central de la salud pública. Tipos de prevención Las intervenciones de salud pública se clasifican tradicionalmente en tres niveles de prevención: 

Prevención primaria: intervenciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra.



Prevención secundaria: medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia, como la atención prehospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual después de una violación.



Prevención terciaria: intervenciones centradas en la atención a largo plazo con posterioridad a los actos violentos, como la rehabilitación y reintegración, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de larga duración asociada con la violencia.

Estos tres niveles de prevención se definen por sus características temporales; es decir, si tienen lugar antes de que se produzca el acto violento, inmediatamente después o a un plazo más largo. Aunque tradicionalmente se dirigen a las víctimas de la violencia y dentro de los ámbitos de asistencia sanitaria, las intervenciones de prevención secundaria y terciaria también son pertinentes para los perpetradores de actos violentos, y se aplican en ámbitos judiciales en respuesta a la violencia. Los investigadores en el campo de la prevención de la violencia se inclinan cada vez más por una definición de la prevención de la violencia centrada en el grupo al que va destinada. Esta definición agrupa las intervenciones del siguiente modo (59):



Intervenciones generales: están dirigidas a ciertos grupos o a la población general sin tener en cuenta el riesgo individual; por ejemplo, las enseñanzas de prevención de la violencia impartidas a todos los alumnos de una escuela o a los niños de determinada edad, y las campañas de ámbito comunitario en los medios informativos.



Intervenciones seleccionadas: están dirigidas a las personas consideradas en mayor riesgo de padecer o cometer actos de violencia (es decir, las que presentan uno o varios factores de riesgo); por ejemplo, la capacitación en materia de crianza de los hijos ofrecida a los jefes de hogares monoparentales.



Intervenciones indicadas: están dirigidas a las personas con antecedentes de comportamiento violento, por ejemplo, el tratamiento para los perpetradores de actos de violencia doméstica.

A la fecha, muchas tentativas tanto en países industrializados como en desarrollo se han centrado en las respuestas secundarias y terciarias a la violencia. Naturalmente, a menudo se asigna prioridad a tratar las consecuencias inmediatas de la violencia, prestando ayuda a las víctimas y castigando a los agresores. Aunque estas respuestas son importantes y es necesario fortalecerlas, es preciso invertir mucho más en la prevención primaria de la violencia. Una respuesta integral a la violencia no solo protege y ayuda a quienes la padecen, sino que también promueve la no violencia, reduce la perpetración de actos violentos y cambia las circunstancias y condiciones que dan origen a la violencia.

Respuestas polifacéticas Dado que la violencia es un problema polifacético con raíces biológicas, psíquicas, sociales y ambientales, debe afrontarse en varios niveles diferentes a la vez. El modelo ecológico se utiliza para un doble fin en este sentido: cada categoría del modelo representa un grado de riesgo y también puede concebirse como un punto clave para la intervención. Afrontar la violencia en varios niveles implica ocuparse de todo lo siguiente: 

Abordar los factores individuales de riesgo y adoptar medidas para modificar los comportamientos de riesgo individuales.



Influir en las relaciones personales cercanas y promover ambientes familiares saludables, así como proporcionar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales.



Vigilar los espacios públicos, tales como escuelas, lugares de trabajo y vecindarios, y adoptar medidas para resolver los problemas que pueden conducir a comportamientos violentos.



Corregir las desigualdades por razón de género y las actitudes y prácticas culturales perjudiciales.



Encarar los grandes factores culturales, sociales y económicos que contribuyen a la violencia y adoptar medidas para cambiarlos, incluidas las destinadas a achicar las brechas entre ricos y pobres y asegurar el acceso equitativo a los bienes, servicios y oportunidades.

Documentación de las respuestas eficaces Una norma básica general del enfoque de salud pública frente a la violencia es que todas las iniciativas, sean grandes o pequeñas, deben evaluarse en forma rigurosa. Documentar las respuestas existentes y promover una evaluación estrictamente científica en diferentes ámbitos es valioso para todos. Resulta sobre todo necesario para quienes intenten determinar las respuestas más eficaces contra la violencia y las estrategias que tienen probabilidades de lograr un cambio. Reunir todas las pruebas y experiencias es también una parte sumamente útil de la lucha contra la violencia, pues esa información muestra a los encargados de adopar las decisiones que algo puede hacerse. Lo que es aún más importante, les proporciona una orientación valiosa sobre las medidas que tienen más probabilidades de reducir la violencia. Una acción equilibrada de salud pública La investigación rigurosa tarda en producir resultados. El impulso de invertir solo en estrategias comprobadas no debe ser un obstáculo para apoyar iniciativas prometedoras. Por tales se entiende aquellas que se han evaluado pero requieren más pruebas en diversos ámbitos y con diferentes grupos de población. También es prudente ensayar y someter a prueba una variedad de programas, y usar las iniciativas e ideas de las comunidades locales. La violencia es un problema demasiado urgente para demorar la acción de salud pública a la espera de adquirir el conocimiento perfecto. Abordar las normas culturales En diversas partes del mundo, la especificidad cultural y la tradición se dan a veces como justificaciones de prácticas sociales particulares que perpetúan la violencia. La opresión de las mujeres es uno de los ejemplos más ampliamente citados, pero hay muchos otros. Las normas culturales se deben tratar de manera inteligente y respetuosa en todas las actividades preventivas; lo primero, porque las personas suelen tener nexos apasionados con sus tradiciones, y lo segundo, porque la cultura suele ser una fuente de protección contra la violencia. La experiencia ha revelado que, cuando se diseñan y aplican los programas, es importante efectuar consultas tempranas y constantes con líderes religiosos y tradicionales, grupos de legos y figuras prominentes de la comunidad, como los curanderos.

Medidas contra la violencia a todos los niveles Los resultados exitosos a largo plazo en la prevención de la violencia dependerán cada vez más de intervenciones integrales a todos los niveles. Nivel local A este nivel, los copartícipes pueden ser los prestadores de asistencia sanitaria, la policía, los educadores, los asistentes sociales, los empleadores y los funcionarios del gobierno. Es mucho lo que puede hacerse aquí para promover la prevención de la violencia. Los programas de demostración y los proyectos de investigación en pequeña escala pueden proporcionar un medio para ensayar ideas y —quizá lo más importante— pueden servir para que diferentes sectores asociados se acostumbren a trabajar juntos. Estructuras tales como los grupos de trabajo o las comisiones que reúnen a diferentes sectores y mantienen contactos tanto formales como informales son indispensables para que este tipo de colaboración resulte exitosa. Nivel nacional Las asociaciones multisectoriales son sumamente aconsejables a nivel tanto nacional como local. Diversos ministerios del gobierno —no solo los que se encargan de velar por el cumplimiento de la ley, los servicios sociales y la salud— pueden hacer grandes aportes para prevenir la violencia. Evidentemente, los ministerios de educación son socios que no pueden faltar, dada la importancia de intervenir en las escuelas. Los ministerios de trabajo pueden hacer mucho para reducir la violencia en los lugares de trabajo, especialmente en colaboración con los sindicatos y los empleadores (recuadro 1.3). Los ministerios de defensa pueden influir positivamente en las actitudes hacia la violencia de los numerosos jóvenes que están bajo su control, fomentando la disciplina, promoviendo códigos de honor y creando una clara conciencia de la índole mortífera de las armas. A los líderes y las organizaciones religiosas les compete desempeñar un papel en su trabajo pastoral y, si corresponde, ofrecer sus buenos oficios para mediar en problemas concretos. Nivel mundial Según se ha mostrado, por ejemplo, en la respuesta internacional al SIDA y en el campo de la asistencia ofrecida en casos de desastre, la cooperación y el intercambio de información entre organizaciones a nivel mundial trae consigo beneficios considerables, del mismo modo que sucede con las alianzas forjadas en los planos nacional y local. A la Organización Mundial de la Salud le compete claramente desempeñar un papel destacado en este sentido, por tratarse del organismo de las Naciones Unidas que tiene a su cargo la salud. Sin embargo, hay otros organismos internacionales que también tienen mucho que ofrecer en sus campos de especialización. Cabe mencionar entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en relación con los derechos humanos), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (los refugiados), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (el bienestar de los niños), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (la salud de la mujer), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (el desarrollo humano), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (la delincuencia) y el Banco Mundial (financiamiento y condiciones de buen gobierno). Diversos donantes internacionales, programas

bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas ya participan en actividades de prevención de la violencia en todo el mundo. Recuadro Un enfoque integral para prevenir la violencia en el trabajo

1.3

La violencia en el lugar de trabajo es una de las principales causas de muertes y lesiones en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas oficiales el homicidio representa la segunda causa de muerte en el lugar de trabajo para los hombres -después de las lesiones por accidentes de tráfico- y la primera para las mujeres. En la Unión Europea, unos 3 millones de trabajadores (2% de la fuerza laboral) han sido sometidos a alguna forma de violencia física en el trabajo. Los estudios sobre trabajadoras migrantes de Filipinas han revelado que muchas de ellas, en especial las que laboran en el servicio doméstico o en la industria del entretenimiento, se ven afectadas desproporcionadamente por la violencia en el lugar de trabajo. La violencia en el trabajo incluye no solo el maltrato físico sino también psíquico. Muchos trabajadores son sometidos al maltrato, el acoso sexual, las amenazas, la intimidación y otras formas de violencia psíquica. En investigaciones efectuadas en el Reino Unido se ha comprobado que 53% de los empleados han sufrido intimidación en el trabajo, y 78% han presenciado dicho comportamiento. En Sudáfrica, las agresiones en el lugar de trabajo se han notificado como algo anormalmente elevado y un estudio reciente mostró que 78% de los encuestados habían experimentado en algún momento intimidación en el lugar de trabajo. Los actos repetidos de violencia -desde la intimidación, el acoso sexual y las amenazas hasta la humillación y el menosprecio de los trabajadores- pueden convertirse en casos muy graves por efecto acumulativo. En Suecia, se calcula que tal comportamiento ha sido un factor en 10% a 15% de los suicidios. Los costos La violencia en el lugar de trabajo trastorna de inmediato, y a menudo por tiempo prolongado, las relaciones interpersonales y el ambiente laboral en su totalidad. Entre los costos de este tipo de violencia cabe mencionar: 

Costos directos, que provienen entre otras cosas, de: o

accidentes;

o

enfermedades;

o

discapacidad y muerte;

o

ausentismo;

o 



recambio del personal.

Costos indirectos, que incluyen: o

mengua del rendimiento en el trabajo;

o

descenso de la calidad de los productos o el servicio y una producción más lenta;

o

disminución de la competitividad.

Costos más intangibles, como: o

daño a la imagen de la institución;

o

mengua de la motivación y la moral de los empleados;

o

menor lealtad a la institución;

o

niveles inferiores de creatividad;

o

un ambiente que no propicia el trabajo.

Las respuestas Al igual que sucede con otros ámbitos, para abordar la violencia que se produce en el lugar de trabajo se requiere un enfoque integral. La violencia en el trabajo no es sencillamente un problema individual que sucede en forma esporádica, sino un problema estructural con causas socioeconómicas, culturales e institucionales mucho más generales. La respuesta tradicional a la violencia en el trabajo, basada exclusivamente en el cumplimiento de los reglamentos, no logra resolver muchas de las situaciones que se presentan. Un enfoque más integral se centra en las causas de este tipo de violencia. Su objetivo es lograr que la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores sean parte integrante del desarrollo de la institución. Entre los métodos sistemáticos y específicos que se están aplicando cada vez más para prevenir la violencia en el lugar de trabajo cabe mencionar los siguientes: 

impulsar la colaboración activa de organizaciones de trabajadores y de empleadores para la elaboración de normas claras y programas contra la violencia laboral;



apoyar la sanción de leyes y la implantación de normas por el gobierno nacional y local;



difundir los estudios de casos de prácticas adecuadas para prevenir la violencia en el trabajo;



mejorar el ambiente laboral, los estilos de gestión y la organización del

trabajo; 

brindar mayores oportunidades de capacitación;



orientar y apoyar a las personas afectadas.

Al vincular directamente la salud y la seguridad con la gestión y el desarrollo de una institución, este enfoque integral ofrece medios de actuación inmediata y sostenible para eliminar la violencia en el lugar de trabajo.

Problemas para los que toman las decisiones en el ámbito nacional

Si la violencia es en gran parte prevenible, surge la pregunta: ¿por qué no hay más iniciativas para prevenirla, en particular a nivel nacional o provincial y estatal? Un gran obstáculo es, sencillamente, la falta de conocimientos. Para muchos responsables políticos, la idea de que la violencia es un problema de salud pública es nueva; a decir verdad, va muy en contra de su convicción de que es un problema de índole delictiva. Esto es lo que sucede en particular en relación con las formas menos visibles de la violencia: el maltrato de los niños, las mujeres y las personas mayores. La idea de que la violencia puede prevenirse también les resulta nueva o dudosa a los encargados de adoptar decisiones. Para muchos que ocupan cargos de autoridad, una sociedad sin violencia es algo inalcanzable; parece mucho más realista un nivel "aceptable" de violencia, especialmente en las calles donde ellos viven. Hay otros que, paradójicamente, creen lo contrario: como gran parte de la violencia está oculta y es distante o esporádica, les parece que lo que prevalece es la paz y la seguridad. De la misma manera que el aire limpio se da por sentado hasta que el cielo se llena de smog, a la violencia solo se le presta atención cuando se presenta en el umbral de la propia casa. No es sorprendente que algunas de las soluciones más innovadoras hayan provenido de los ámbitos comunitario y municipal del gobierno: es decir, precisamente de los que están más cerca del problema diariamente. Otro problema tiene que ver con la factibilidad de las opciones de política para encarar el problema. Aún no es suficiente el número de responsables políticos informados de que muchas formas de violencia son prevenibles. Siguen siendo muchos los que opinan que los métodos tradicionales del sistema de justicia penal son los únicos que "funcionan". Tal criterio pasa por alto la variedad de los actos de violencia que se cometen en la sociedad. Además, hace que la atención se concentre siempre en ciertas formas sumamente visibles de la violencia —sobre todo la violencia juvenil—, al tiempo que se presta mucha menos atención a otros tipos de violencia, como la infligida por la pareja y el maltrato de los menores y de las personas mayores, frente a los cuales el sistema de justicia penal es menos receptivo y eficaz. Un tercer problema es el de la determinación. En efecto, la violencia es un tema sumamente emocional y numerosos países se muestran renuentes a tomar iniciativas que pongan en tela de juicio actitudes o prácticas que llevan mucho tiempo de establecidas. Probar nuevas estrategias en

ámbitos tales como la vigilancia policial y la seguridad pública puede requerir gran valentía política. Frente a estos tres problemas, los profesionales de la salud pública, las instituciones académicas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel sobresaliente ayudando a los gobiernos a aumentar sus conocimientos y a depositar su confianza en las intervenciones factibles. Una parte de ese papel es promover la lucha contra la violencia mediante la educación y la información científica. La otra parte consiste en actuar como aliados o consultores para ayudar a elaborar políticas y diseñar o aplicar intervenciones. Conclusiones La salud pública se ocupa de la salud y el bienestar de las poblaciones en su totalidad. La violencia impone una carga importante a ese bienestar. El objetivo de la salud pública es crear comunidades seguras y sanas en todo el mundo. Una prioridad importante hoy en día es persuadir a los diversos sectores, tanto a escala mundial como nacional y comunitaria, de que se comprometan con este objetivo. El personal de salud pública puede hacer mucho para establecer planes y políticas nacionales de prevención de la violencia, forjar alianzas importantes entre los sectores y velar por la asignación adecuada de los recursos a las iniciativas de prevención. Si bien el liderazgo de salud pública no necesita y de hecho no puede dirigir todas las acciones para prevenir la violencia y responder a ella, le toca desempeñar un papel importante. Los datos puestos a disposición de los organismos de salud pública y otros organismos afines, los conocimientos y la comprensión obtenidos mediante el método científico, y la dedicación para encontrar respuestas eficaces son aportaciones importantes que el campo de la salud pública hace a la respuesta mundial contra la violencia. Propuestas de prevención VIOLENCIA DE GENERO

Para evitar el desarrollo del género basado en estereotipos que están en sintonía con la emergencia de conductas violentas es necesario que la sociedad abogue por construir un nuevo concepto de masculinidad que no esté unido a la fuerza y a la agresividad. Se trata pues de interiorizar estereotipos y prejuicios sexistas para evitar la violencia de género y construir así un nuevo modo de ver y comprender la realidad. Es entonces cuando desde la niñez, hombre y mujer están influenciados por mensajes que forman parte de la vida cotidiana y modelan rasgos de personalidad y pautas de comportamiento. Todo esto forma parte de un proceso de identidad determinado por el aprendizaje. Igualmente, es necesario romper los estereotipos que promueven un modelo masculino tradicional y para ello se debe tomar conciencia de la influencia que ejercen los mismos, intercambiar información de los mensajes sociales, buscar referentes o modelos con características positivas y pensar en el modo de cambiar los comportamientos estereotipados. Los estereotipos influyen en la concepción de la realidad, en las creencias y en 9 La violencia contra la mujer en la sociedad actual: análisis y propuestas de prevención.

los valores. Se trata entonces de promover modelos de género que eliminen las jerarquías, el poder y el dominio de un sexo sobre otro, y eliminar tanto modelos masculinos que se sustenten en el dominio y desprecio hacia la mujer, como modelos femeninos que promuevan la sumisión y la dependencia.

Como ya hemos comentando anteriormente, la violencia de género es fruto del aprendizaje; por eso, hay que prevenir desde el momento en que se están aprendiendo los modelos sociales, ya que desde los modelos sociales se consolidan actitudes en los hombres como la intolerancia, la escasa empatía y la invulnerabilidad.

Para prevenir las conductas violentas se debe actuar en la familia, en la escuela y en los medios de comunicación. En este sentido, la prevención debe valorar la cultura feminista, saber solucionar conflictos sin violencia, ayudar a expresar sus sentimientos, educar para lo maternal y doméstico, promover formas de identidad masculina no basadas en el poder y la violencia, educar en la empatía, fomentar las relaciones interpersonales, desarrollar una adecuada comunicación, promover actividades educativas, preventivas y de sensibilización dirigidas a niños y adultos para desarrollar comportamientos respetuosos, luchar por transformar estructuras desigualitarias y autoritarias desfavorables para las mujeres, condenar social y legalmente la violencia de género en todas sus formas, entender que la violencia no es la vía para resolver conflictos, redefinir el modelo de masculinidad tradicional cambiando los paradigmas de fuerza y de poder, reeducar y rehabilitar a los hombres que agredan a las mujeres, favorecer la construcción de la identidad propia, incluir la lucha contra el sexismo en el currículum escolar favoreciendo cambios cognitivos, afectivos y conductuales, integrar la lucha contra el sexismo apelando al respeto de los derechos humanos, intervenir en la escuela, tener experiencias de discusión y aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, orientar para que afronten la incertidumbre y desarrollen habilidades que luchen contra la violencia y la exclusión, comprender la naturaleza de la violencia y desarrollar alternativas a la conducta violenta. Junto a estas propuestas no podemos olvidar la presencia de campañas de sensibilización que permitan coordinar los recursos y servicios públicos, concienciando de la violencia en el trabajo y sensibilizando a los profesionales. La situación actual reclama con urgencia la presencia política que permita otorgar coherencia a los programas de intervención, tanto para la víctima como para el agresor, tener un mayor compromiso con el sector de la salud, dar una respuesta óptima desde el sistema judicial, capacitar a los profesionales, velar para que se cumplan las medidas cautelares, y disponer de recursos materiales y humanos. VEASE La violencia contra

la mujer en la sociedad actual: análisis y propuestas de prevención. PG. 9

VEASE Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Capítulo 3: Acciones clave para poner fi n a la violencia contra los niños y niñas ......................................................................... 21 Fortalecer el compromiso y las acciónes nacionales y locales .............. 21 Prohibir toda violencia contra los niños y niñas, garantizar la responsabilización y poner fi n a la impunidad ...................................... 24 Dar prioridad a la prevención ............................................................... 32 6 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Promover valores no violentos y generar conciencia; aumentar la capacidad de todos los que trabajan con y para los niños y niñas ........ 34 Prestar servicios de recuperación y reinserción social .......................... 36

Garantizar la participación de los niños y niñas ................................... 38 Crear sistemas de denuncia y servicios accesibles y adecuados para los niños y niñas ......................................................... 41 Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños y niñas ...................................................................... 44 Crear y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recolección de datos e investigación ............................................... 45 Capítulo 4: Acciones clave para prevenir la violencia contra los niños y niñas en ámbitos específi cos .................................. 48 Violencia contra los niños y niñas en el hogar y la familia ..................... 48 Violencia contra los niños y niñas en la escuela ................................... 53 Violencia contra los niños y niñas en los sistemas de protección y de justicia ........................................................................................ 57 Violencia contra los niños y niñas en el trabajo ..................................... 62 Violencia contra los niños y niñas en la comunidad .............................. 65

Familia, padres, madres y representantes legales de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años: Énfasis en la corresponsabilidad sobre el cumplimiento del derecho a la educación: la familia debe priorizar y velar por la educación de los menores de 18 años, asegurar su matriculación, velar por y apoyar el buen trato en la escuela y en la comunidad que aprende como parte del ámbito educativo, participar en la toma de decisiones sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes y denunciar violaciones de sus derechos Familia como el entorno protector y proveedor de las necesidades básicas: alimentación, refugio, vestimenta, higiene, cariño, afecto, motivación, descanso, estimulación, aprendizajes significativos en la familia, cultura de paz, respeto y equidad Familia como parte de la sociedad civil: velar por y apoyar el buen trato en la escuela y en la comunidad que aprende, participar en la toma de decisiones sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes, denunciar violaciones del derecho a la educación Comunidad, barrio (sociedad civil): Velar por y apoyar el buen trato y protección de los niños, niñas y adolescentes en la escuela y en la comunidad que aprende. Organizar y apoyar las actividades culturales y recreativas de niños, niñas y adolescentes: teatro, danza, música, artes plásticas, deportes etc. Pueblos y nacionalidades: Velar por el derecho colectivo a una educación culturalmente y lingüísticamente pertinente que garantiza el buen trato y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de los pueblos y nacionalidades en el sistema educativo, desde la modalidad de EIFC hasta bachillerato Organizarse para apoyar el cumplimiento del derecho a la educación y coordinar con otros actores para exigir, vigilar y participar en la garantía del derecho a una educación completa de todos y todas, denunciar violaciones del derecho a la educación y la exclusión

del sistema educativo a los CCNAs y juntas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia

Juntas parroquiales: Organizarse para apoyar, coordinar y financiar el cumplimiento del derecho a la educación, garantizando junto a los municipios el transporte y vías escolares, equipamiento e infraestructura (incluyendo a los útiles escolares como son los cuadernos, colores, pinturas de uso personal de cada estudiante) adecuados de los centros educativos, recreación para los NNA, denunciar violaciones del derecho a la educación, exclusión del sistema educativo a los CCNAs y juntas de protección de los derechos de la NA Municipios: Organizarse para apoyar, coordinar y financiar el cumplimiento del derecho a la educación garantizando junto a los municipios el transporte y vías escolares, equipamiento e infraestructura (útiles escolares), higiene y sanidad adecuados de los centros educativos y recreación para los niños, niñas y adolescentes; denunciar violaciones del derecho a la educación y la exclusión del sistema educativo a los CCNAs y juntas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia Circuitos educativos: Diagnosticar la situación de inclusión y exclusión de toda la población del sistema educativo como la primera estrategia de constitución de un circuito educativo Elaboración de un Plan educativo del circuito sobre la base de indicadores3 desde la garantía del derecho a la educación Organizarse para apoyar, coordinar y monitorear el cumplimiento del derecho a la educación, garantizándolo junto con los GADs y el Sistema Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia Distritos educativos: Organizarse para apoyar, coordinar y monitorear el cumplimiento del derecho a la educación, garantizándolo junto con los GADs y el Sistema Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia Brindar acompañamiento y asesoría pedagógica oportuna para apoyar el cumplimiento de los PEIs de cada circuito educativo Gobiernos provinciales: Afirmar y reivindicar el rol de los gobiernos provinciales como garantes de los derechos en el territorio: Proveer espacios de coordinación, apoyar el financiamiento de iniciativas de inclusión social, priorizar la inversión en la niñez, adolescencia y juventud, apoyar la inclusión de emprendimientos y oportunidades laborales en la educación de los adolescentes y jóvenes, apoyar iniciativas de comunicación masiva sobre el derecho a la educación a nivel provincial

Coordinaciones zonales de educación: Organizarse para apoyar, coordinar, monitorear y financiar el cumplimiento del derecho a la educación en el territorio de la Zona desde los principios de universalidad, gratuidad y equidad, velando por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en su totalidad, en coordinación con otras instituciones VEASE TOOL KIT EDUCACION. PAG. 24-25

Identificación de los actores

Objetivo El objetivo de este paso de trabajo es la identificación de los actores relevantes para cada uno de los campos de problema elegidos en el paso anterior. Aquí son relevantes aquellos actores que tengan una influencia positiva o negativa sobre los factores de riesgo resumidos en los campos de problema, es decir también los Otros Significantes y actores clave (véase Parte 1, pág. 11-12). Aquí no sólo se han de identificar los actores disponibles sino reconocer también los faltantes. Los campos de problema seleccionados en el Paso 4 forman la base para la identificación de los actores. Así nacen a lo largo de los campos de problema mapas de actores que van desde los jóvenes en el centro, los Otros Significantes hasta los actores clave a nivel de relación, comunidad y sociedad.21 Procedimiento Los participantes del taller apuntan en tarjetas de presentación inicialmente los actores asociativos para cada campo de problema elegido. Las tarjetas son unidas en mapas de actores como muestra ejemplarmente la siguiente visualización. Aquí se debe tener en cuenta que los actores sean ubicados directamente en el nivel correcto. Los actores pueden proceder de los siguientes grupos: Nivel de relación: • Amigos y conocidos (Peers) • Familia • Cónyuge Nivel de comunidad: • Colegio • Trabajo • Vecindad • Trabajadores sociales • Administración municipal • Fuerzas de seguridad • Justicia VEASE GUIA PREVENCION VIOLENCIA JUVENIL PAG.23

ACCIÓN CLAVE: DAR PRIORIDAD A LA PREVENCIÓN Los Estados están obligados no sólo a dar respuesta a la violencia contra los niños y niñas, sino también a prevenirla. Además, hay fuertes argumentos sociales y económicos a favor de la inversión en prevención. En todos los países, la violencia contra niños y niñas obstaculiza y frena el progreso hacia

las metas nacionales de desarrollo, así como, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre otros, ayudaría a prevenir la violencia contra los niños y niñas. La prevención de la violencia contra los niños y niñas exige una cuidadosa atención de los factores de riesgo de la violencia. Algunos de los grupos de niños y niñas especialmente vulnerables a la violencia son los niños y niñas discapacitados, los niños y niñas sin cuidado parental (incluidos millones de niños y niñas que han perdido a sus padres a causa del SIDA), los niños y niñas indígenas o pertenecientes a otros grupos marginados, los niños y niñas que viven y/o trabajan en las calles, los niños y niñas que se encuentran en instituciones de acogida y centros de detención, los niños y niñas refugiados, los niños y niñas migrantes y los niños y niñas internamente desplazados. Las niñas corren especial riesgo de violencia en algunos ámbitos, y los varones en otros. Además de identifi car factores de riesgo de violencia, es esencial identifi car factores positivos que pueden proteger a los niños y niñas contra este fl agelo. Los niños y niñas suelen mostrar una capacidad de recuperación asombrosa ante la violencia. El desarrollo de vínculos fuertes entre padres e hijos y el cultivo de relaciones con niños y niñas de familias estables donde no exista la violencia ni la humillación son poderosos factores de protección. 33 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

La prevención de la violencia exige una inversión y planifi cación a largo plazo por parte de los gobiernos. Para los parlamentarios y los parlamentos, presionar a los gobiernos para que tomen en serio la prevención e inviertan en programas y políticas basadas en evidencias puede ser un gran desafío.

ACCIÓN CLAVE: FORTALECER EL COMPROMISO Y LAS ACCIÓNES NACIONALES Y LOCALES

Las estrategias nacionales o planes de acción sobre la violencia contra los niños y niñas deberían incluir los siguientes componentes: prevención de la violencia en todos los ámbitos, atención y rehabilitación de los niños y niñas víctimas, concienciación y creación de capacidad, e investigación y recopilación de datos. La aplicación debería contar con el apoyo de recursos humanos y fi nancieros sufi cientes y ser evaluada sistemáticamente, de acuerdo con los objetivos y cronogramas establecidos. Crear la fi gura del defensor de la infancia En la última década, cada vez más países han creado instituciones nacionales de derechos humanos para la infancia. Tales instituciones independientes existen en todas las regiones del mundo bajo la forma de defensores de la infancia, comisionados o procuradores para los derechos de la infancia, en el marco de instituciones nacionales de derechos humanos o en las ofi cinas del defensor general. Este concepto ha sido ampliamente adoptado en Europa, que en 1997 creó la Red Europea de Defensores para los Niños y niñas (ver www.ombudsnet.org).

Muchas de estas instituciones tienen el mandato de recibir e investigar denuncias de violaciones de los derechos de la infancia presentadas por los propios niños y niñas o por otras personas. Otras han tomado parte en la promoción de reformas legales y de medidas contra el castigo físico y otras formas de violencia contra los niños y niñas. En general, tales instituciones se crean a través de leyes y deben rendir cuentas al parlamento. Además, estas instituciones siempre deben crearse de acuerdo con los mismos principios aplicables al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para las instituciones nacionales de derechos humanos. 6

ACCIÓN CLAVE: PROHIBIR TODA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS, GARANTIZAR LA RESPONSABILIZACIÓN Y PONER FIN A LA IMPUNIDAD De las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos se deduce claramente que se deben prohibir todas las formas de violencia contra los niños y niñas, en todos los ámbitos. Esto incluye todas las formas de castigos físicos, prácticas tradicionales perjudiciales –como los matrimonios precoces y forzados, la mutilación genital femenina–, los llamados “crímenes de honor”, la violencia sexual, la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. El Informe del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y niñas también urge a prohibir la pena de muerte y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad por delitos cometidos por menores de 18 años. 25 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

La violencia contra los niños y niñas persiste en sus diversas formas porque en muchos casos es legal y también en muchos casos es aceptada socialmente. Con demasiada frecuencia, las leyes que protegen a la infancia se aplican solo a ámbitos específi cos o a perpetradores específi cos de violencia. En algunos países, por ejemplo, las leyes contra el abuso sexual infantil se aplican a la violencia sexual ejercida por hombres contra niñas, pero no contra niños y niñas, o no contemplan la violencia sexual ejercida por miembros de la familia. Además, muchos países todavía carecen de protección legal contra prácticas tradicionales perjudiciales, el matrimonio precoz y la violación dentro del matrimonio. Otras leyes, o la falta de ellas, pueden tener un efecto indirecto sobre la violencia contra los niños y niñas, como las leyes y políticas relacionadas con el acceso a bebidas alcohólicas, el derecho a servicios de planifi cación familiar, y el acceso a servicios de salud mental y al tratamiento del abuso de sustancias adictivas. De manera similar, las leyes o políticas inadecuadas en materia de educación, primera infancia, licencia de paternidad, atención de la salud, desempleo y seguridad social pueden dejar a los niños y niñas sin redes de seguridad económica ni social, exacerbar el estrés y el aislamiento socio familiar, y contribuir a la violencia contra los niños y niñas. Prohibir los castigos violentos contra los niños y niñas La forma más común de violencia física deliberada contra los niños y niñas es el castigo físico físico. Todos los países cuentan con leyes que penalizan la agresión física, pero en la mayoría de ellos las leyes no otorgan a los niños y niñas el mismo grado de protección que a los adultos.

El Comité de los Derechos del Niño defi ne de la siguiente forma el castigo físico o físico: “...todo castigo en el que se emplea la fuerza física con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad, por leve que sea. La mayoría consiste en golpear (dar “bofetadas”, “palmadas”, “zurras”) a los niños y niñas con la mano o con algún objeto (látigo, vara, cinto, zapato, cuchara de madera, etc.). Pero también pueden consistir, por ejemplo, en patear, sacudir o lanzar a los niños y niñas; arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del cabello o de las orejas, obligarlos a permanecer en posiciones incómodas, quemarlos, escaldarlos o forzarlos a la ingestión de alguna sustancia (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar condimentos picantes). A criterio del Comité, el castigo físico es siempre degradante”. (Comité de los Derechos del Niño, Comentario General nº 8, párrafo 11). 26 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Los argumentos tradicionales en defensa de los castigos violentos sostienen que los padres y otras personas tienen el derecho de aplicar “castigos razonables” o “corregir legítimamente” a los niños y niñas. En algunos países, estas justifi caciones o defensas están consagradas por ley; en otros, la ley guarda silencio pero igualmente se acepta el castigo físico y solo se llevan a juicio las agresiones graves que causan lesiones físicas. La prohibición de todo tipo de violencia contra los niños y niñas exige la eliminación explícita de toda defensa o justifi cación de ese tipo. Existe una tendencia creciente a prohibir los castigos físicos en las escuelas y otras instituciones. Solo unos pocos países permiten todavía que los niños y niñas sean azotados o fl agelados por decisión judicial. Sin embargo, hasta enero de 2007, casi 20 países habían prohibido todo tipo de violencia, incluidos los castigos físicos, en todos los ámbitos, incluido el familiar. Además, otros 20 países se han comprometido a la prohibición total de la violencia contra los niños y niñas a corto plazo. Asamblea Parlamentaria promueve “zona libre de castigo físico ” en Europa En 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, integrada por parlamentarios de los 46 países miembros del Consejo, aprobó la recomendación de abolir el castigo físico de niños y niñas en Europa. “La Asamblea considera que todo castigo físico hacia niños y niñas infringe el derecho fundamental de éstos a la dignidad humana y la integridad física. El hecho de que esos castigos físicos todavía sean legales en ciertos países miembros viola su derecho igualmente fundamental a la misma protección legal que los adultos. Golpear a un ser humano está prohibido en la sociedad europea, y los niños y niñas son seres humanos. Debe ponerse fi n a la aceptación social y legal del castigo físico de niños y niñas. ...Por lo tanto, la Asamblea invita al Comité de Ministros del Consejo de Europa a iniciar una campaña coordinada y concertada en todos los países miembros para la abolición total del castigo físico de niños y niñas. La Asamblea resalta el éxito del Consejo de Europa en cuanto a la abolición de la pena de muerte, y ahora lo exhorta a convertir a Europa, lo antes posible, en una zona libre de castigo físico hacia los niños y niñas”. - Recomendación 1666, “Prohibición en toda Europa del castigo físico a niños y niñas”, aprobada por la Asamblea el 23 de junio de 2004 (21ª sesión).

Poner fi n a la impunidad La impunidad de los perpetradores de la violencia contra niños y niñas suele persistir porque en la mayoría de los casos esa violencia no se denuncia ni se investiga. En algunos casos, los niños y niñas no denuncian la violencia por temor a las posibles consecuencias, por ejemplo represalias de los perpetradores o procesos e intervenciones que podrían agravar su situación. Los gobiernos deben elaborar procedimientos que tengan en cuenta a los niños y niñas como medida para poner fi n a esa impunidad. Los procedimientos de investigación no deben someter a los niños y niñas víctimas de violencia a entrevistas y exámenes innecesarios. Los procesos judiciales deben ser respetuosos de la privacidad de los niños y niñas y garantizar que los niños y niñas testigos no sean sometidos a extensos procedimientos en los tribunales. El estrés que provocan estos procedimientos puede reducirse, por ejemplo, obteniendo la prueba grabada en video, usando pantallas en la sala del tribunal y ofreciendo programas de preparación de testigos y acceso a asesoramiento legal adecuado para los niños y niñas. 7 Cuando los padres u otros miembros de la familia son los perpetradores de la violencia, las decisiones sobre intervenciones formales y procesamientos deben tomarse de acuerdo con el interés superior del niño. Si el perpetrador es otro niño, la respuesta debe concentrarse en la rehabilitación, garantizando la protección del niño afectado. Se debe alentar a los gobiernos a revisar la situación de los perpetradores que actualmente cumplen condenas, a fi n de determinar si su sentencia o tratamiento está reduciendo el riesgo de reincidencia, y realizar recomendaciones apropiadas para que las sentencias y los tratamientos futuros tiendan a ese objetivo.

UN MARCO LEGAL PARA PROTEGER A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TODA FORMA DE VIOLENCIA La siguiente es una lista de medidas legales para proteger a los niños y niñas de la violencia. Los parlamentarios pueden usarla para elaborar una lista de verifi cación nacional e identifi car las áreas en que se precisan reformas legales. Obsérvese que esta enumeración no es exhaustiva y debería revisarse para garantizar que abarque todas las formas de violencia contra los niños y niñas en cada país. ✓ Prohibir la tortura y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes a los niños y niñas, en toda circunstancia. ✓ Prohibir la pena de muerte, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad y todo castigo o sentencia cruel, inhumana o degradante, 29 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

incluido todo castigo físico, para los menores de 18 años que infrinjan la ley. ✓ Garantizar que las leyes que castigan la agresión física se apliquen por igual a los niños y niñas, dondequiera que se encuentren y quienquiera que sea el perpetrador. ✓ Eliminar toda justifi cación de la violencia contra los niños y niñas, incluso como forma de “disciplina” o “control” (por ejemplo, eliminar de las leyes estatutarias y consuetudinarias toda defensa

del “escarmiento razonable” o de la corrección “legítima” o “moderada”). ✓ Prohibir explícitamente el castigo físico y otras formas de castigo o tratos crueles, inhumanos o degradantes para los niños y niñas (en el código penal y/o civil, en el derecho de menores o de familia, y en las leyes y normas sectoriales aplicables a las escuelas, los sistemas penales y todas las formas de atención institucional y alternativa de niños y niñas). ✓ Prohibir el descuido deliberado o trato negligente de los niños y niñas. ✓ Exigir por ley el registro, la regulación y la inspección o revisión periódica independiente de todas las instituciones y centros formales de cuidado alternativo, con el deber estatutario de los inspectores de escuchar directamente a los niños y niñas. ✓ Exigir que se registren todos los incidentes de violencia en las escuelas, otras instituciones y centros de cuidado alternativo, y que se informe sobre ellos de manera centralizada. ✓ Proteger a quienes denuncian la violencia contra niños y niñas. ✓ Exigir la revisión regular de los establecimientos de atención o tratamiento y de los centros de detención para niños y niñas, incluso de todas las circunstancias relevantes, respetando el derecho de los niños y niñas a que sean escuchados y sus opiniones sean debidamente consideradas. ✓ Exigir que ciertos grupos profesionales denuncien actos de violencia contra los niños y niñas a los servicios que tienen el deber de investigarlos. 30 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

✓ Exigir que se investiguen de forma pública e independiente las muertes o lesiones graves de niños y niñas que puedan estar relacionadas con la violencia. ✓ Establecer una edad legal de consentimiento sexual, sin discriminación de género u orientación sexual, para garantizar que los niños y niñas por debajo de esa edad no sean sancionados por actividades sexuales no coercitivas ni de explotación. ✓ Prohibir todas las formas de abuso y acoso sexual. ✓ Establecer la edad mínima para el matrimonio a los 18 años y prohibir la negociación, la oferta, la obligación o la celebración del matrimonio de menores de esa edad. ✓ Prohibir la violación dentro del matrimonio y toda forma de violencia doméstica. ✓ Crear leyes penales que prohíban: toda forma de esclavitud infantil; la venta y trata de menores de 18 años; la servidumbre por deudas u otros motivos; el trabajo forzoso o obligatorio; el uso, la búsqueda u oferta de menores de 18 años para actividades ilícitas (por ejemplo, la producción o el tráfi co de drogas); toda forma de explotación sexual de menores de 18 años, incluida su iniciación en actividades sexuales y acoso por Internet u otros medios; la búsqueda u oferta de niños y niñas para la prostitución o la participación en actividades pornográfi cas, y la posesión, producción, difusión, distribución, importación o exportación,

oferta y venta de pornografía infantil. ✓ Crear leyes penales que prohíban la mutilación genital femenina y cualquier otra práctica tradicional dañina que se identifi que, como también el arreglo o la oferta de tales prácticas, en los casos en que estas actividades no estén comprendidas efectivamente en las leyes penales sobre lesiones. ✓ Crear leyes de trabajo que determinen una edad mínima de admisión al empleo y prohíban formas de trabajo peligrosas o que puedan ser perjudiciales para la educación, la salud o el desarrollo del niño, penalizando el empleo o la oferta de empleo de niños y niñas en tales condiciones. 31 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

✓ En todos los casos, garantizar que: • los niños y niñas y sus representantes dispongan de medios claros, difundidos y accesibles para hacer frente a todas esas formas de violencia, incluidos los procedimientos apropiados de denuncia y el acceso directo a los tribunales cuando sea necesario; • no sea necesario el permiso de los padres para presentar una denuncia de violencia o iniciar una acción judicial; • exista una reparación y compensación adecuada para los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia; • los niños y niñas víctimas de cualquier forma de violencia no sean ellos mismos sancionados por su participación; • existan penas proporcionales y apropiadas para los perpetradores de violencia contra niños y niñas; • la ley permita el procesamiento extraterritorial de ciudadanos que perpetren actos de violencia contra niños y niñas en otras jurisdicciones y que viajen con ese propósito; • existan leyes y procedimientos que tengan en cuenta a los niños y niñas para que se respete el interés superior de los niños y niñas víctimas a lo largo de los procesos de protección de la infancia, incluidos los procesos judiciales, y garantizar que esos niños y niñas no sean revictimizados, y que la opinión del niño sea una consideración primordial en cualquier evaluación de su interés superior; • la ley exija que los niños y niñas tengan derecho a expresar sus opiniones y que se dé a éstas la debida importancia en todos los procesos de protección de la infancia, incluidos los procesos judiciales; • las exigencias legales de pruebas no constituyan obstáculos innecesarios o no razonables para el juicio de delitos contra la infancia, con la debida consideración de los derechos de los acusados; • los procesos de investigación y judiciales sean conformes a las normas internacionales pertinentes, incluidas las Directrices de las Naciones Unidas relativas a la justicia en asuntos 32 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

concernientes a. los niños y niñas que sean víctimas o testigos de delitos;

• quienes

trabajan con niños y niñas víctimas de la violencia tengan una capacitación adecuada, en particular formación legal y psicológica; • se eviten las demoras innecesarias en la instrucción de casos y la ejecución de sentencias que otorguen compensación a niños y niñas víctimas de violencia.

ACCIÓN CLAVE: PROMOVER VALORES NO VIOLENTOS Y GENERAR CONCIENCIA; AUMENTAR LA CAPACIDAD DE TODOS LOS QUE TRABAJAN CON Y PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS “Si los adultos que rodean a los niños y niñas, sus padres y otros familiares, maestros y cuidadores no comprenden el signifi cado de la Convención y sobre todo su confi rmación de la condición de los niños y niñas como iguales de los adultos en tanto sujetos de derecho, es muy improbable que los derechos establecidos en la Convención se realicen para muchos niños y niñas”. – Comité de los Derechos del Niño, Comentario General nº 5, sobre medidas generales para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, párrafo 66

La aceptación social de la violencia cotidiana contra los niños y niñas es un factor importante para su persistencia. Deben crearse entornos positivos, no violentos, para y con los niños y niñas, en sus hogares, escuelas, otras instituciones y comunidades por medio de campañas de educación pública y sensibilización y capacitación de maestros y otros funcionarios públicos. Los gobiernos a diferentes niveles deben promover y apoyar programas y campañas para educar al público y a los padres sobre los derechos del niño en general, y en particular sobre cómo mantener relaciones positivas, no violentas, con los niños y niñas dentro de la familia. En este aspecto, los medios de comunicación también pueden desempeñar un papel clave. De manera similar, la capacitación inicial y durante su desempeño como docentes, asi como también otras personas que trabajan con y para los niños y niñas debe transmitir mensajes no violentos y promover la resolución no violenta de confl ictos. Dada la vulnerabilidad de los niños y niñas hacía la violencia en sistemas judiciales y de atención social, en instituciones y en centros de detención, debe prestarse especial atención a la capacitación de policías, abogados, jueces y todos aquellos que estén en contacto con niños y niñas dentro del sistema de protección. El Artículo 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a “dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención 35 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

por medios efi caces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños y niñas”. El Comité de los Derechos del Niño subraya la importancia de comunicar los principios y las disposiciones de la Convención a todos los sectores de la población y sugiere que dicho tratado debe incorporarse a los planes de estudio escolares y a la capacitación de todas las personas que trabajan con o para niños y niñas. Los parlamentarios pueden formular preguntas a los gobiernos sobre la elaboración de programas de capacitación, planes de estudio y apoyo a padres, además de guiar a la opinión pública en debates, discursos y a través de los

medios de comunicación.

LEER ARTICULO VP-ARRAYA. EN PDF DONDE HABLA DE LAS CREENCIAS COMO ASPECTO TEORICO. PG 6 A LA 10 MUY INTERESANTE TAL VEZ ANALIZARLO DESDE EL MARCO CONCEPTUAL EN LA VIOLENCIA.

ACCIÓN CLAVE: PRESTAR SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL Todos los niños y niñas que son víctimas de violencia en alguna de sus diversas formas tienen derecho a las medidas necesarias para alcanzar su recuperación física y psicológica y su reintegración social. Los servicios centrados en la rehabilitación y la reinserción también pueden ayudar a reducir el riesgo de que los niños y niñas víctimas de violencia continúen el ciclo de violencia. La violencia contra los niños y niñas tiene consecuencias graves y costosas en la salud y en la sociedad, tanto para los individuos como para la sociedad, y minimizar estas consecuencias exigirá una variedad de tratamientos y servicios de apoyo. Los niños y niñas víctimas pueden tener una amplia gama de necesidades de atención, incluida la prevención de infecciones de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, en el caso de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Los trabajadores de la salud tienen la responsabilidad de priorizar la salud física del niño y derivarlo a servicios de asistencia psicosocial, bienestar infantil y protección. Deben recibir capacitación para detectar la violencia y para documentar y denunciar actos violentos. Los actos violentos detectados fuera del sector de la salud deben ser derivados a un trabajador de la salud para su evaluación y atención adecuada. Para conocer más detalles, lea las secciones del Capítulo 4 sobre el tratamiento y el apoyo a niños y niñas víctimas en los diversos ámbitos en que ocurre la violencia.

ACCIÓN CLAVE: GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS “Si tienes que pintar, consultas a un pintor; si tienes que comer, consultas a un cocinero, y si quieres conocer los problemas de los niños y niñas, debes preguntarles a los niños y niñas”. – Joven integrante del Grupo Asesor de ONG para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y niñas 8

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a garantizar el derecho del niño a opinar libremente en todos los asuntos que lo afecten y a tener debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del niño. El artículo menciona específi camente el derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. El artículo 25 de la Convención menciona el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fi nes de atención, protección o tratamiento a un examen periódico del tratamiento que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación. De acuerdo con el artículo 12, este examen debe dar la debida importancia a las opiniones del niño. Por lo tanto, los gobiernos deben garantizar que se tomen en serio las opiniones del niño en cada etapa de su participación en procedimientos de protección de la infancia. Esto se aplica del mismo modo dentro de la familia y en todos los aspectos de la prevención de la violencia y la respuesta a la misma. Las investigaciones no deberían proseguir a menos que los deseos y sentimientos del niño se hayan aclarado y considerado debidamente. Si las autoridades no pueden determinar directamente cuáles son los deseos y sentimientos del niño, los motivos de esta imposibilidad deben registrarse por escrito, sujeto a un examen independiente. Esta obligación debe promoverse mediante la capacitación de todos los que participan en la protección de la infancia y trabajen con niños y niñas y familias. El artículo 12 establece que las opiniones del niño se deben tener en cuenta en función de su edad y madurez, pero esto no signifi ca que los niños y niñas de más edad tengan más derecho a ser escuchados ni que sus opiniones necesariamente tengan más peso. Los procedimientos deben tener en cuenta que los niños y niñas se comunican de maneras muy diferentes, incluso mediante el juego, por lo tanto la interpretación de sus “opiniones” debe ser lo más amplia posible. En especial, se debe dar tiempo y espacio a los niños y niñas pequeños para que expresen sus sentimientos, preferencias, preocupaciones y dudas. Los niños y niñas con experiencia en sistemas de protección de la infancia y los jóvenes adultos que sufrieron la violencia durante su infancia pueden desempeñar papeles esenciales en la planifi cación, la vigilancia y la mejora de tales sistemas, y hacerlos realmente sensibles y accesibles para los niños y niñas. Sus experiencias pueden usarse para transformar sistemas y procesos, como también para dar un sentido de urgencia a la reforma legislativa y política. Parlamentos de todas las regiones están empezando a interactuar con los niños y niñas. En las escuelas y en otros ámbitos se celebran audiencias parlamentarias en las que los niños y niñas pueden expresar sus ideas y preocupaciones. Comisiones parlamentarias recogen pruebas de los niños y niñas en el curso de investigaciones sobre sistemas judiciales y de atención al niño, explotación sexual comercial y trata, y acoso en las escuelas. Se han creado parlamentos

de niños y niñas que son formalmente consultados por los gobiernos de varios países; a veces las sesiones se realizan en la sede de parlamentos nacionales. Mediante este compromiso activo con los niños y niñas, los parlamentos pueden establecer un modelo para el gobierno. Parlamentarios consiguen derecho de los niños y niñas a ser escuchados en el sistema de protección de la infancia En Inglaterra y Gales, la aprobación parlamentaria de la Ley de la Infancia (2004) hizo que los niños y niñas implicados en investigaciones de protección de la infancia ganaran el derecho a la debida consideración de sus opiniones. La ley se aprobó tras la horrenda muerte de una niña de ocho años, Victoria Climbié, a manos de su tía y del compañero de ésta. La investigación pública realizada tras la muerte de Victoria reveló que ningún trabajador social se había comunicado directamente con la niña, aunque se habían realizado denuncias de graves abusos sexuales y físicos contra ella. Tras el cabildeo de la Alianza por los Derechos del Niño ante el Parlamento de Westminster y una fuerte presión sobre ambas cámaras parlamentarias, el Ministerio de Asuntos de la Infancia aceptó una enmienda a la ley de protección de la infancia, redactada por la Alianza por los Derechos del Niño de Inglaterra, que exigiría a los trabajadores sociales escuchar directamente el testimonio de los niños y niñas.

Asimismo, los parlamentos pueden vigilar el cumplimiento de la obligación de los Estados de respetar las opiniones de los niños y niñas y tratar de garantizar que esas opiniones tengan una infl uencia real. El Comité de los Derechos del Niño emitió la siguiente orientación en su Comentario General número 5, párrafo 12: “...es relativamente fácil aparentar que se escucha a los niños y niñas, pero para atribuir la debida importancia a la opinión de los niños y niñas se necesita un auténtico cambio. El escuchar a los niños y niñas no debe considerarse como un fi n en sí mismo, sino más bien como un medio de que las interacciones de los Estados con los niños y niñas y las medidas que aquéllos adopten a favor de los niños y niñas estén cada vez más orientadas a la puesta en práctica de los derechos de los niños y niñas”.

ACCIÓN CLAVE: CREAR SISTEMAS DE DENUNCIA Y SERVICIOS ACCESIBLES Y ADECUADOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS En todas las localidades y en todos los ámbitos habitados por niños y niñas debe haber servicios mediante los cuales tanto los niños y niñas como otras personas puedan denunciar actos o indicios de violencia contra los niños y niñas. Tales servicios deberían publicitarse ampliamente y ser de fácil acceso para el público; debería haber lugares adonde los niños y niñas pudieran acudir y hablar en confi anza sobre cualquier problema que tubiesen. Pero crear tales sistemas de denuncia es todavía un desafío en todos los países. 42 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Gran parte de la violencia contra los niños y niñas no se denuncia, ya se trate de violencia en el hogar, en la escuela, en otras instituciones o en la calle.

Algunos estudios retrospectivos en los que se entrevistó a adultos jóvenes sobre sus experiencias de la infancia revelaron que la mayoría de los niños y niñas víctimas de la violencia no hablaron con nadie ni acudieron a servicios de protección de la infancia durante su niñez, ni siquiera en países con sistemas muy desarrollados. Los motivos eran, entre otros, no saber a quién pedir ayuda, falta de servicios, falta de confi anza en los servicios y, en algunos casos, temor a represalias del perpetrador. Ofrecer servicios confi denciales a los niños y niñas –es decir, servicios que garanticen que no divulgarán la información que se les confía ni tomarán medidas sin el consentimiento del niño, a menos que éste se encuentre en riesgo inmediato de muerte o daño grave– es polémico en muchos países, porque contraría el concepto de “propiedad” parental de los niños y niñas. Sin embargo, el conocimiento actual de la violencia intrafamiliar exige que los niños y niñas tengan el mismo derecho que los adultos de acceder asesoramiento legal y ayuda confi dencial. En muchos países, ciertos grupos de profesionales están obligados legalmente a denunciar si sospechan que un niño es víctima de violencia, en virtud de un sistema de denuncia obligatoria. En algunos países, el público tiene la misma obligación legal. Las opiniones sobre si esas denuncias deben o no ser obligatorias están divididas. Es esencial que cada gobierno revise sus sistemas de denuncia vigentes, y que en esta revisión participen los niños y niñas o jóvenes con experiencia reciente en servicios de protección de la infancia.

ACCIÓN CLAVE: ABORDAR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS La violencia contra los niños y niñas tiene una dimensión de género, porque las niñas y los niños y niñas corren diferentes riesgos de sufrir diferentes formas de violencia en distintos ámbitos. Por ejemplo, las niñas tienen más probabilidades de padecer violencia sexual que los niños. Además, prácticas tradicionales como la mutilación genital femenina y la preferencia por los hijos varones afectan exclusivamente a las niñas: la mutilación genital hace que millones de niñas y mujeres sufran riesgos de salud y consecuencias potencialmente fatales, además las niñas tienen más probabilidades de sufrir descuido grave en aquellas sociedades donde la preferencia por los hijos varones es muy pronunciada. En algunas sociedades, los niños parecen tener más probabilidades de ser víctimas de castigos violentos que las niñas, y más niños que niñas son detenidos en sistemas penitenciarios juveniles y además sufren castigos violentos. Todos los estudios sobre la violencia contra los niños y niñas y las estrategias para prevenirla y darle respuesta deberían tomar en cuenta la dimensión de género. Es especialmente necesario que los hombres adultos y niños y niñas tengan papeles activos e iniciativa en los esfuerzos por superar la violencia. Es necesario desafi ar los estereotipos de género que promueven directa o indirectamente la violencia.

ACCIÓN CLAVE: CREAR Y APLICAR SISTEMÁTICAMENTE SISTEMAS NACIONALES DE RECOLECCIÓN

DE DATOS E INVESTIGACIÓN En la mayoría de los países hay muy pocos datos sobre la prevalencia de la violencia contra los niños y niñas en todos los ámbitos, y además es insufi ciente la investigación sobre los factores de riesgo y de protección que infl uyen en la violencia, el efecto de la violencia en los niños y niñas y la efi cacia de las diferentes estrategias para prevenir la violencia contra los niños y niñas y darle respuesta. Todos los gobiernos deben revisar y mejorar sus sistemas de recolección, registro y declaración central de datos. El registro y la declaración de nacimientos, matrimonios y niños y niñas sin cuidados parentales–en instituciones, en ámbitos de cuidado alternativo y en centros de detención– es esencial y debe hacerse universal. Los gobiernos también deben establecer sistemas para la investigación rigurosa y obligatoria de las muertes de niños y niñas en las que pueda haber habido violencia y sistemas que obliguen a los profesionales de la salud a observar de cerca y registrar lesiones producidas a niños y niñas. 46 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Ningún país puede medir el progreso hacia la eliminación de la violencia contra los niños y niñas sin realizar estudios periódicos para estimar la magnitud y la naturaleza de la violencia no fatal en el hogar y otros ámbitos. Tales estudios deben basarse en entrevistas con niños y niñas, padres y otros cuidadores, y realizarse en un ambiente de confi anza y confi dencialidad. Se necesitan planes de trabajo nacionales sobre violencia contra los niños y niñas en todos los ámbitos para desarrollar conocimientos, mejorar la elaboración de programas y medir el progreso. La elaboración de un plan de trabajo nacional debería incluir una variedad de métodos tales como encuestas, sistemas de denuncia y registro mejorados y procedimientos de investigación, con especial atención en el estudio de la experiencia de los grupos de niños y niñas vulnerables. Los niños y niñas, padres y proveedores de servicios deberían participar en estos procesos. En los países donde se haya progresado en cuanto a la identifi cación de estrategias efi caces para prevenir algunas formas de violencia contra los niños y niñas, es necesario hacer investigaciones adicionales para identifi car y evaluar políticas y programas, a fi n de hacerlos apropiados y efi caces para la prevención de toda forma de violencia contra los niños y niñas.

Capítulo 2

La violencia contra los niños y niñas y las leyes y normas internacionales sobre derechos humanos La Convención sobre los Derechos del Niño

Y

a en las primeras etapas de la historia de las Naciones Unidas, la comunidad internacional reconoció la necesidad de proteger los derechos humanos de los niños y niñas. La Declaración sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, estableció 10 principios dirigidos a proporcionar salvaguardias especiales a

los niños y niñas. En 1989, la Asamblea General adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que desde entonces ha sido ratifi cada por 193 Estados Miembros. Entre los muchos derechos consagrados en la Convención se encuentran los relacionados con la protección del niño frente a toda forma de violencia. De la Convención sobre los Derechos del Niño: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos efi caces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identifi cación, notifi cación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. – Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 19. 16 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

La Convención sobre los Derechos del Niño establece elevadas normas para la protección de los niños y niñas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de la familia. Por ejemplo, el artículo 28(2) establece el derecho del niño a ser protegido de los castigos físicos en la escuela, mientras que los artículos 32 a 36 disponen el derecho del niño a ser protegido de la explotación, ya sea económica o sexual. Otros artículos protegen al niño de la tortura, la pena capital o la prisión perpetua, mientras que otros promueven la recuperación física y psicológica de los niños y niñas víctimas de la violencia. Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño Dos protocolos facultativos de la Convención disponen una protección más detallada para los niños y niñas frente a formas particulares de violencia. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografía exige que los Estados Partes clausuren toda instalación utilizada para la explotación sexual comercial y la pornografía infantil y que confi squen y se incauten de las utilidades derivadas de tales actividades y los medios empleados para facilitarlas. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños y niñas en los confl ictos armados limita el reclutamiento de menores de 18 años en confl ictos armados y obliga a los Estados Partes a prestar a los niños y niñas que hayan participado en confl ictos armados toda la asistencia necesaria para su recuperación física y psicológica y su reintegración social. Cada uno de los protocolos facultativos, adoptados en 2000, ha sido ratifi cado por más de 100 países. El Comité de los Derechos del Niño El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa el progreso de los países en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Examina los exhaustivos informes sobre la aplicación de la Convención que los Estados deben presentar periódicamente después de la ratifi cación y emite observaciones fi nales. Al examinar un informe, el Comité puede formular preguntas a una delegación gubernamental y alentar a los Estados a que revisen sus informes y debatan las observaciones fi nales

en el parlamento. El Comité se reúne tres veces al año; sus 18 miembros son elegidos por los Estados Partes de la Convención.

Compromisos mundiales La violencia contra los niños y niñas ha sido tema de conferencias mundiales de las Naciones Unidas y de períodos extraordinarios de sesiones de su Asamblea General. Se incluyó una sección importante sobre la violencia contra los niños y niñas en el documento fi nal del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Infancia (2002), “Un mundo apropiado para los niños y niñas” (disponible en Internet en www.unicef.org/specialsession/ docs_new/documents/A-RES-S27-2S.pdf). La Declaración del Milenio adoptada por la Cumbre del Milenio en 2000 y el Documento fi nal de la Cumbre Mundial de 2005 también incluyen acuerdos relativos a la eliminación de la violencia contra los niños y niñas (ver www.un.org/spanish/millenniumgoals/). Organismos especializados y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas también han adoptado resoluciones y políticas no vinculantes acerca de la violencia contra los niños y niñas, entre ellas resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno de la Organización Mundial de la Salud (ver www.who.int/ es/index.html) y el UNICEF (ver www.unicef.org/spanish/). El Comité Ejecutivo de la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también ha elaborado políticas y directrices sobre la protección y atención de los niños y niñas refugiados (ver www.acnur.org). En los anexos A, B y C que comienzan en la página 87 se pueden encontrar referencias a instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la protección de los niños y niñas frente a toda forma de violencia; leyes internacionales aplicables en materia penal, humanitaria, laboral y de refugiados, como también instrumentos y tratados regionales de derechos humanos relativos a la violencia contra los niños y niñas. Capítulo 4: Acciones clave para prevenir la violencia contra los niños y niñas en ámbitos específi cos .................................. 48 Violencia contra los niños y niñas en el hogar y la familia ..................... 48 Violencia contra los niños y niñas en la escuela ................................... 53 Violencia contra los niños y niñas en los sistemas de protección y de justicia ........................................................................................ 57 Violencia contra los niños y niñas en el trabajo ..................................... 62 Violencia contra los niños y niñas en la comunidad .............................. 65

L

os niños y niñas pueden experimentar violencia en muchos ámbitos: en el hogar y la familia, en la escuela, en los sistemas de protección y de justicia, en el lugar de trabajo y en la comunidad. El Capítulo 4 del manual examina la violencia contra los niños y niñas en cada uno de estos ámbitos y realiza sugerencias para la acción parlamentaria. Estas acciones incluyen preguntas para hacer a los gobiernos y posibles iniciativas para tomar en el parlamento y en los distritos electorales. Al fi nal del Capítulo 4 se resumen las recomendaciones específi cas del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y niñas para prohibir, prevenir y dar respuesta a la violencia en diferentes ámbitos.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL HOGAR Y LA FAMILIA “Creo que el maltrato a los niños y niñas ocurre mucho más de lo que creemos. Los niños y niñas son golpeados en el hogar y temen contárselo a otra persona. Es difícil detener algo que ocurre a puertas cerradas”. – Niño, 12, América del Norte 9

Una familia estable es uno de los factores más importantes de protección de los niños y niñas frente a la violencia. Las familias también pueden empoderar a los niños y niñas para que se protejan a medida que maduran y se acercan a la edad adulta. Pero el hogar también puede ser un lugar peligroso para los niños y niñas. La prevalencia de la violencia contra los niños y niñas por parte de los padres y otros familiares solo ha comenzado a reconocerse y documentarse en las últimas décadas. 49 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

La violencia doméstica contra los niños y niñas –en el hogar– probablemente resulte de una combinación de factores personales, familiares, sociales, económicos y culturales, con consecuencias permanentes para la salud y el desarrollo de los niños y niñas. Las consecuencias aparentes más inmediatas de la violencia doméstica contra los niños y niñas son lesiones fatales y no fatales, defi ciencia cognitiva, atrofi a del crecimiento y daño psicológico y emocional. Tipos de violencia en el hogar y la familia • Maltrato físico y psicológico: Los tipos más frecuentes de violencia física consisten en golpear, dar puntapiés, sacudir, dar palizas, morder, quemar, estrangular, envenenar y asfi xiar, a veces con objetos como látigos, varas, cintos y zapatos. El maltrato psicológico puede incluir amenazas, insultos, menosprecio, aislamiento o rechazo. • Abuso sexual: La violación y otras formas de abuso sexual de niños y niñas parecen ser perpetradas principalmente por familiares cercanos, otros parientes o adultos que residen en el hogar del niño o lo visitan. Habitualmente son personas en las que el niño confía y con frecuencia son responsables de su cuidado. La tasa de violencia sexual denunciada en todos los estudios parece ser más alta para las niñas que para los niños y niñas. • Abandono y prácticas tradicionales perjudiciales: El abandono puede defi nirse como la falta de atención de las necesidades físicas y emocionales de un niño por parte de sus padres o cuidadores. En muchas sociedades, la discriminación de género provoca un abandono desproporcionado de las niñas. Las prácticas tradicionales perjudiciales incluyen la mutilación genital femenina, la escarifi cación, la marca a fuego y el tatuaje. Respuestas a la violencia Los parlamentarios pueden instar a los gobiernos a que cumplan sus obligaciones legales de prevenir y dar respuesta a la violencia en la familia. Menos de uno de cada diez gobiernos han prohibido la violencia contra los niños y niñas, incluidos todos los castigos físicos, dentro de la familia. En los países donde la violencia contra los niños y niñas no está prohibida en el hogar, algunos parlamentarios han tomado la iniciativa al presentar sus propios proyectos de ley. 50 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Los gobiernos temen a veces ofender a su electorado con la propuesta de leyes y otras medidas contra la violencia intrafamiliar. Por este motivo, es esencial que el parlamento revise la legislación (vigente y propuesta) y la acción gubernamental, y que cuestione la inacción. Los parlamentarios pueden solicitar a los gobiernos que encarguen investigaciones sobre la violencia en el hogar. Los parlamentarios pueden ayudar a corregir la caracterización errónea de la Convención sobre los Derechos del Niño como “contraria a la familia”. Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos convenios internacionales que la precedieron, la Convención proclama a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y el entorno natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños y niñas. Asimismo, obliga a los Estados a respetar las responsabilidades y los derechos de los padres, a apoyar la actuación de éstos (artículos 3, 5 y 18) y a garantizar que la educación esté encaminada, entre otros objetivos, a inculcarles el respeto hacia los padres (artículo 29). La Convención exige a los Estados velar por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando tal separación sea necesaria en virtud del interés superior del niño (artículo 9). Las leyes y otras medidas necesarias para proteger la dignidad de los miembros de la familia de toda forma de violencia no amenazan los valores ni los derechos de la familia. Por el contrario, el potencial de la familia para proteger a los niños y niñas de la violencia solo puede alcanzarse plenamente una vez que se ha aceptado que los niños y niñas tienen el mismo derecho que los adultos a la protección dentro de la familia. La visión persistente de los niños y niñas como propiedad y no como personas individuales con los mismos derechos que los adultos se refl eja en leyes de muchos países que consideran que la violencia contra los niños y niñas por parte de sus padres es una forma de “disciplina”. Cambiar estas leyes es un asunto delicado, dada la dependencia de los niños y niñas y la fragilidad de las relaciones familiares. Aunque no puede haber impunidad para los perpetradores de violencia contra niños y niñas, la ley debe aplicarse de manera que se concentre en el interés superior de los niños y niñas afectados. El procesamiento judicial de los padres rara vez está de acuerdo con el interés superior del niño, salvo en casos extremos. Las intervenciones formales en la familia y el procesamiento de los padres solo deben realizarse cuando sea necesario para proteger a los niños y niñas de perjuicios signifi cativos y defender su interés superior.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA “He vivido la rudeza de los maestros en escuelas y otros institutos. Todos los días hay duros castigos, por eso tenemos miedo en la clase. Muchas veces el maestro hace que un alumno se ponga de pie, lo regaña de manera insultante y se burla de él por su indisciplina o porque no aprende las lecciones. Es algo vergonzoso y doloroso”. – Adolescente varón, 17 años, Asia meridional y central 10

Los castigos físicos y otros castigos humillantes, el acoso y la violencia sexual se encuentran entre las numerosas formas de violencia que se practican comúnmente en ámbitos educativos. La violencia en la escuela suele estar arraigada en la cultura escolar, además de contar con la tolerancia

pública y ofi cial y de no ser denunciada. Frecuentemente se la señala como una razón del ausentismo, la deserción y la falta de motivación de los escolares. El castigo físico es la forma más común de violencia física experimentada por los niños y niñas en la escuela. La Convención sobre los Derechos del Niño exige que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para que la disciplina escolar se administre con respeto hacia la dignidad humana del niño y hacia la Convención en general. Es obligación de todos los Estados proteger efi cazmente a los niños y niñas de toda forma de violencia en la escuela, ya sea ésta privada o pública. Las escuelas están en condiciones únicas de romper ciclos de violencia mediante la enseñanza a los niños y niñas, a sus padres y a las comunidades de estrategias para comunicarse, negociar y resolver confl ictos de manera más constructiva. Tipos de violencia en la escuela • Violencia física y psicológica: Los perpetradores de la violencia física y psicológica en la escuela pueden ser maestros, otros funcionarios o estudiantes. Habitualmente el castigo físico se administra con cintos de cuero, varas o “paletas” de madera. Estos castigos son legales y autorizados por el Estado en casi 100 países. 54 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

• Violencia sexual: Gran parte de la violencia sexual que ocurre en ámbitos educativos está dirigida por maestros y compañeros de clase varones contra las niñas. Un estudio realizado por el UNICEF en África Occidental y Central halló que esta es una de las principales razones de la deserción escolar en las niñas. Pero los alumnos varones también pueden ser victimizados. Las revelaciones desde la década de 1990 sobre el frecuente abuso sexual de niños y niñas por parte de sus maestros (con frecuencia clérigos) en escuelas religiosas de Europa y América del Norte sacaron a la luz este problema. En muchos países, la violencia sexual en las escuelas también está dirigida contra adolescentes homosexuales, bisexuales y transexuales de ambos sexos. • Acoso escolar: El acoso, generalmente verbal, es un patrón de conducta que, si no se controla, puede conducir a la violencia extrema. Cerca de la mitad de los niños y niñas que participan en el acoso escolar son tanto víctimas como perpetradores. La Internet y los teléfonos móviles ofrecen nuevas oportunidades para acosar a través del correo electrónico, salas de chat virtual, páginas web personales, mensajes de texto y transmisión de imágenes. • Peleas, ataques físicos, pandillas: Los varones en particular pueden verse envueltos en altercados físicos, porque buscan estar a la altura de los estereotipos masculinos tradicionales. Algunas encuestas sobre el porte de armas en las escuelas de Estados Unidos revelaron que entre el 3 y el 10 por ciento de los estudiantes portan armas dentro de la escuela, y entre el 12 y el 25 por ciento lo hacen fuera de la escuela. Respuestas a la violencia en la escuela Aunque las estrategias para contrarrestar la violencia en la escuela deben adaptarse a circunstancias particulares, todas las respuestas deben basarse en los derechos de los niños y niñas establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Las escuelas que adoptan un enfoque basado en derechos para prevenir la violencia son “amigas de los niños y niñas”: deben promover

y proteger el bienestar emocional, psicológico y físico de los niños y niñas, brindándoles un clima educativo saludable y protector, que incluya a todos, niños y niñas por igual. 55 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Parlamento de Mongolia aprueba reformas educativas y prohíbe violencia en la escuela El 8 de diciembre de 2006, el parlamento de Mongolia aprobó importantes reformas a la ley de educación. La nueva ley prohíbe toda forma de violencia, incluidos los castigos físicos, en ámbitos educativos, e introduce un Código de Conducta que responsabiliza a los administradores escolares y a los maestros por el respeto a la dignidad inherente de los estudiantes y su derecho a la privacidad. Se establecerán mecanismos para vigilar y regular infracciones del Código. En una conferencia de prensa tras la aprobación de la ley, el parlamentario más destacado del país reconoció al equipo de Save the Children Reino Unido en Mongolia por su trabajo en la promoción de los cambios. Un grupo de cabildeo parlamentario también participó en la difusión de las enmiendas. El Comité de los Derechos del Niño, al examinar los informes de los Estados, ha recomendado siempre la prohibición de los castigos físicos en las escuelas. La Iniciativa mundial para poner fi n a todos los castigos físicos de niños y niñas realiza un seguimiento de este asunto. En julio de 2006, informó que 106 países y territorios (de un total de 223 registrados) tenían leyes que prohibían el castigo físico en todas las escuelas, y otros siete solo lo habían prohibido en ciertas áreas o en escuelas públicas. 11

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN SOCIA Y DE JUSTICIA “A veces, un día en prisión parece un año. Pero después de diez días, te acostumbras y no lloras tanto”. – Adolescente detenido, Medio Oriente 12

Se estima que en todo el mundo hay al menos ocho millones de niños y niñas institucionalizados, y que al menos un millón de ellos están privados de libertad. Sin embargo, muchos países carecen de estadísticas sobre la cantidad de niños y niñas que se encuentran en sistemas de atención social o de justicia, lo que indica un aislamiento y una falta de supervisión que ponen a estos niños y niñas en especial riesgo de abuso. Como esas instituciones y los centros de detención suelen estar cerrados al público, la violencia puede demorar años en salir a la luz. La violencia contra los niños y niñas y adolescentes detenidos está ampliamente legitimada por antiguas actitudes punitivas hacia los niños y niñas y la aceptación de los castigos violentos. Parte de esta violencia puede contar con la autorización del Estado o incluso ser administrada por funcionarios del Estado. También es posible que los gobiernos no den prioridad a esos niños y niñas. Los niños y niñas que se encuentran en centros de acogida o de detención son responsabilidad directa del Estado, y el parlamento cumple un papel esencial como garante del cumplimiento de todas las obligaciones del Estado hacia los niños y niñas en instituciones de protección o de justicia. Los parlamentarios pueden reformar leyes, políticas y presupuestos. Pueden iniciar debates, realizar investigaciones y solicitar una auditoría completa de la población infantil en instituciones de acogida y en centros de detención. Pueden visitar estas

instituciones por sí mismos y garantizar que las opiniones de los niños y niñas que se encuentran en esos sistemas sean escuchadas. Tipos de violencia en sistemas de atención social y en los sistemas judiciales • Pena de muerte: La forma más extrema de violencia autorizada por el Estado, la pena capital, todavía se aplica en varios países por delitos cometidos por menores de 18 años, aunque está prohibida tanto 58 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

por la Convención sobre los Derechos del Niño como por el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Desde 1990, Amnistía Internacional ha registrado 39 ejecuciones de adolescentes infractores en ocho países. La cadena perpetua sin posibilidad de liberación para niños y niñas también está prohibida por la Convención, pero al menos 15 países la permiten. En 31 países, todavía se permite condenar a niños y niñas a latigazos, fl agelación o azotes con vara. • Castigo físico: En muchos países, el castigo físico y otras formas de castigo crueles o degradantes siguen siendo legales y aprobadas en instituciones de acogida y penitenciarias. • Violencia contra niños y niñas con discapacidad: Especialmente vulnerables en instituciones de acogida son los niños y niñas con discapacidad, que a veces son víctimas de violencia disimulada como tratamiento. En algunos casos, los niños y niñas son sometidos a tratamiento electroconvulsivo sin previo suministro de relajantes musculares o anestesia. • Acoso: El acoso ocurre en todo tipo de instituciones, en particular cuando las condiciones y la supervisión del personal son defi cientes y cuando los niños y niñas mayores y más agresivos no son separados de los más pequeños o vulnerables. En ocasiones, el personal permite o alienta el maltrato de niños y niñas por otros niños y niñas. Parlamento investiga acoso de jóvenes reclutas de las fuerzas armadas En el Parlamento del Reino Unido, el Comité Electo de Defensa realizó en 2004-2005 una investigación sobre las acusaciones de hostigamiento y acoso de jóvenes reclutas en las fuerzas armadas. El Comité investigó cómo las fuerzas armadas cumplían sus responsabilidades de protección de los nuevos reclutas; cómo evaluaban los riesgos y respondían a éstos, y qué mejoras y supervisión se necesitaban. Entre otras pruebas, escuchó testimonios de familiares de reclutas que habían muerto en dos cuarteles del ejército. El Comité concluyó que el hostigamiento y el acoso sexual y racial existían y eran poco denunciados. “Recomendamos que las Fuerzas Armadas, y el Ejército en particular, considere formas de promover una cultura que desaliente el acoso y aliente a todo el per59 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

sonal del Servicio a tomar medidas para reducir el acoso y el hostigamiento”. El Comité recomendó que el Ministerio de Defensa estudiara el posible efecto del aumento de la edad de reclutamiento para todos los servicios a 18 años, y entretanto formulara una política para proteger a los reclutas menores de esa edad. – Parlamento del Reino Unido, período de sesiones 2004-2005, Comité Electo de Defensa, Tercer Informe. Respuestas a la violencia en sistemas

de atención social y en los sistemas de justicia Gran parte de la violencia contra los niños y niñas en centros de detención es perpetrada por adultos. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a separar a los niños y niñas de los adultos en los centros de detención. La elaboración y aplicación de tales medidas puede reducir el riesgo de violencia física y sexual. Una parte importante de la violencia ocurre también cuando los niños y niñas están bajo custodia de la policía o fuerzas de seguridad, por ejemplo durante el arresto y el interrogatorio. Aparentemente, los niños y niñas suelen permanecer retenidos por la policía por largos períodos, sin la debida notifi cación a sus padres o tutores. En los países donde existen leyes que exigen la rápida transferencia de los niños y niñas de la custodia policial a una instalación apropiada para niños y niñas, dichas leyes deben hacerse aplicar, y en los países donde no existen, deben crearse. La creación de capacidad institucional y la selección de los funcionarios son otras formas de respuesta. La relación entre un personal no cualifi cado y mal remunerado y la violencia dentro de las instituciones es reconocida ampliamente. Relativamente pocos funcionarios de instituciones de acogida están capacitados sobre el desarrollo del niño o asuntos de derechos humanos, y muy pocos reciben información sobre cuestiones de violencia. Además, es posible que individuos con antecedentes de abuso físico y sexual contra niños y niñas busquen empleos que les faciliten el acceso a niños y niñas. En muchos países no se exigen certifi cados de antecedentes penales a los funcionarios de instituciones de acogida de menores.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TRABAJO “Violencia es cuando se hace trabajar a niños y niñas como animales”. – Niños y niñas urbanos, América Latina 13

En todas las regiones, la violencia física, sexual y psicológica afecta a millones de niños y niñas que trabajan, tanto legal como ilegalmente. La violencia puede usarse para obligar a los niños y niñas a trabajar o para castigarlos o controlarlos en el trabajo. Algunas formas de trabajo, califi cadas como “las peores formas de trabajo infantil”, son violentas en sí mismas. Según ciertos instrumentos internacionales y la mayoría de las leyes nacionales, los niños y niñas por debajo de cierta edad (en general 15 años, pero a veces menos) no deberían trabajar en ninguna circunstancia, mucho menos en un trabajo donde puedan ser víctimas de violencia. Sin embargo, más de 200 millones de niños y niñas y adolescentes trabajan, a edades tanto inferiores como superiores a la edad mínima legal, y muchos padecen malos tratos, violencia física y sexual y abuso verbal o sexual. Muchos parlamentos ya planifi can tener un papel activo en contra del trabajo infantil mediante la promoción de la ratifi cación de los instrumentos internacionales pertinentes, la aprobación de leyes nacionales apropiadas, la vigilancia de su cumplimiento, el debate político y la creación de conciencia 63 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

en el público. Pero la dimensión de la violencia dentro del trabajo infantil es en gran medida invisible, lo que la convierte en una cuestión de prioridad para los parlamentarios. Tipos de violencia en el trabajo • Violencia física, psicológica y sexual: Gran parte de la violencia

física, psicológica y sexual contra los niños y niñas en el trabajo es infl igida por “empleadores”, aunque los perpetradores también pueden ser compañeros de trabajo, capataces, clientes, policías, bandas criminales y, en el caso de la explotación sexual comercial, proxenetas. La violencia física incluye golpizas, puntapiés, bofetadas, azotes, quemaduras y, en casos extremos, el asesinato. La violencia psicológica se comete mediante gritos, reprimendas, insultos, amenazas, lenguaje obsceno, hostigamiento, acoso, aislamiento y marginación. La violencia sexual incluye acoso sexual, tocamientos y violación. • Explotación sexual comercial de niños y niñas: Se estima que al menos 1,8 millones de niños y niñas son explotados sexualmente en la prostitución y la pornografía, muchos de ellos obligados, secuestrados y vendidos para estos fi nes. Además de la violencia sexual, que es intrínseca a la explotación sexual comercial, las niñas y los niños y niñas víctimas sufren con frecuencia violencia física y psicológica, además de abandono. En muchos casos no pueden pedir ayuda, o corren el riesgo de ser tratados como delincuentes si lo hacen. • Trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre: El trabajo infantil en condiciones de servidumbre se practica en muchas partes del mundo. Los niños y niñas sometidos a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre raramente pueden protegerse de sus empleadores y de otros trabajadores. Testimonios de niños y niñas sugieren que todas las formas de violencia son endémicas en el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre. Respuesta a la violencia en el trabajo La respuesta más obvia a la violencia contra los niños y niñas en el trabajo esque no trabajen. Pero para muchos niños y niñas, esta no es una opción fácil. Los programas para apartar a los niños y niñas de trabajos violentos deben 64 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

abordar simultáneamente las razones económicas, sociales y culturales. Los programas también deben colaborar con los niños y niñas trabajadores y sus familias para poder apartar a los niños y niñas defi nitivamente de una vida laboral de explotación.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD “Si eres un niño de la calle, es fácil que te golpeen. Pueden violarte. Un hombre puede golpear a un niño y violarlo. No hay nada que puedas hacer sino escapar, si tienes suerte”. – Niño de 12 años que vive en la calle, África Oriental y Austral 14

Las comunidades son más que espacios físicos; son entornos sociales. Cuando las comunidades se ven sujetas a presiones como la urbanización rápida, la 66 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

inestabilidad política y la inseguridad ambiental, la protección disponible para los niños y niñas puede disminuir drásticamente. Para los niños y niñas, el riesgo de padecer violencia es mucho mayor en ciertas comunidades que en otras. La violencia puede adquirir dimensiones pavorosas en entornos urbanos pobres donde hay gran circulación de armas o donde hay confl ictos o disturbios, entre otros. También se registran niveles alarmantes de violencia en sociedades comparativamente ricas y estables que se caracterizan por claras desigualdades.

La vulnerabilidad de los niños y niñas a la violencia en la comunidad aumenta a medida que crecen. Para algunos niños y niñas, el viaje desde y hacia la escuela puede ser su primera exposición independiente en la comunidad, y también puede ser su primera exposición a los riesgos de la misma. Los niños y niñas pueden exponerse a la violencia cuando realizan tareas domésticas, por ejemplo ir por agua, combustible, alimentos o forraje para los animales. Estas tareas, que pueden exigir el recorrido a pie de distancias considerables, habitualmente se asignan a las niñas en las zonas rurales del mundo en desarrollo. La violencia contra los niños y niñas en la comunidad también adopta la forma de una creciente exposición a imágenes violentas y pornográfi cas a través de los medios globalizados y de la nuevastecnologías de la información y las comunicaciones. Tipos de violencia en la comunidad • Violencia de las fi guras de autoridad: Los países con altos niveles generales de violencia registran brutalidad policial hacia los niños y niñas, con frecuencia ejercida impunemente y dirigida contra los niños y niñas que viven o trabajan en la calle. Sin sistemas independientes de defensoria, los niños y niñas no tienen a quién denunciar la violencia policial sin ser la propia policía. A veces, los niños y niñas son sometidos a violencia por las personas responsables de supervisarlos, como entrenadores deportivos, autoridades religiosas o empleados de clubes juveniles. • Violencia de pandillas: El crimen organizado y la violencia de pandillas en la comunidad ha llevado a algunos gobiernos a adoptar duras medidas de represión contra los jóvenes integrantes de pandillas. Pero el aumento de medidas punitivas como las redadas de 67 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

supuestos pandilleros, a menudo asociadas a una aplicación arbitraria, inefi ciente y violenta de la ley, contribuyen a la estigmatización de los adolescentes pobres y al aumento de la violencia. • Violencia entre pares: La violencia física entre pares tiende a ser más común en zonas urbanas caracterizadas por la falta de empleo, educación, servicios sociales y vivienda digna, donde la población joven y en rápido crecimiento expresa su frustración, enojo y tensión contenida mediante peleas y conducta antisocial. Gran parte de la violencia consiste en disputas personales entre amigos y conocidos, y está estrechamente asociada con el consumo de drogas y alcohol. Cuando hay disponibilidad de pistolas y otras armas, muchas peleas terminan en lesiones graves o muerte. Las diferencias de género en las tasas de homicidio de adolescentes sugieren que la socialización masculina y las normas de la masculinidad contribuyen a la violencia. • Violencia en comunidades de refugiados y desplazados: En todo el mundo, millones de niños y niñas refugiados, repatriados y desplazados internos corren especial riesgo de padecer violencia física y sexual. La Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados halló que una alta proporción de los delitos y disputas registrados en campamentos pertenecían a la categoría de violencia sexual y de género, incluso intrafamiliar. La protección o las reparaciones formales disponibles son escasas. • Violencia sexual: La violencia sexual contra niños y niñas es perpetrada en general por alguien que el niño conoce, pero también pueden ocurrir ataques de extraños en la comunidad. La violencia sexual

puede ser acompañada de secuestro o trata. En algunas regiones, los ataques están especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes homosexuales, bisexuales y transexuales. • Trata: La trata es un fenómeno complejo relacionado con la pobreza, la migración laboral, la demanda de mano de obra barata y las percepciones o la mala información sobre una posible vida mejor en otra parte. La mayoría de las víctimas caen víctimas de la trata en situaciones violentas: explotación sexual comercial, matrimonio forzado y trabajo doméstico o agrícola en condiciones de esclavitud, sometimiento o servidumbre por deudas. La OIT estima que 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata cada año. 68 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

• Internet y sus amenazas: El acceso a la información es derecho de todo niño, pero cuando los padres u otros cuidadores no controlan de manera adecuada el acceso de los niños y niñas a estos medios, en particular a los medios electrónicos, los niños y niñas pueden quedar expuestos a material violento y pornográfi co. En particular, Internet parece haber aumentado la difusión de pornografía infantil. Se han denunciado solicitudes de servicios sexuales y también se han inducido a niños y niñas (obtención de su confi anza para arrastrarlos a posibles situaciones perjudiciales). Estas actividades son muy difíciles de restringir, tanto dentro de una jurisdicción determinada como a través de fronteras internacionales. • Explotación sexual: El turismo asequible y de precios razonables ha incrementando el “turismo sexual”, que con frecuencia implica la victimización de niños y niñas. En los últimos años, Internet se ha usado cada vez más como forma de contacto con niños y niñas por parte de adultos. Algunas grandes empresas internacionales están adoptando el Código de Conducta para la Protección de Niños y Niñas, y Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en el Turismo. Parlamentarios actúan para eliminar la explotación sexual comercial de niños y niñas en Brasil La colaboración entre el Grupo Parlamentario para la Infancia y la sociedad civil de Brasil fue el punto de partida en 2003 para una investigación nacional de una comisión parlamentaria sobre la explotación sexual comercial de niños y niñas. En el transcurso de la investigación, la Comisión recibió más de 800 denuncias, visitó 22 de los 27 estados de Brasil, escuchó testimonios de 280 personas y analizó casi 1.000 documentos. El informe fi nal de la investigación solicitó el procesamiento de más de 200 personas, realizó recomendaciones de políticas públicas y propuso cinco nuevos proyectos para reformar la legislación nacional. En el Congreso se creó una comisión de seguimiento para controlar la aplicación de las recomendaciones mediante informes anuales sobre los progresos realizados. Hasta la fecha, tres de los cinco proyectos han sido aprobados por el Senado y aguardan la consideración de la Cámara de Representantes; los otros dos fueron introducidos en la Cámara y posteriormente pasarán al Senado. Mientras, el grupo parlamentario ha participado en campañas nacionales para sensibilizar al público sobre la explotación sexual comercial y la violencia contra los niños y niñas. 69 Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas

Respuesta a la violencia en la comunidad

Los tipos de violencia en la comunidad son numerosos, igual que las formas en que las comunidades pueden responder a ese problema. Los esfuerzos de prevención de largo plazo que integran diversos aspectos, por ejemplo estrategias legales, sociales, educativas y económicas, han logrado efi cazmente reducir los factores de riesgo y fortalecer la protección a nivel del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Las estrategias de prevención jerárquicas o “de arriba a abajo”, que infl uyen en los factores de riesgo y protección de toda la sociedad, deberían equilibrarse con estrategias participativas o “de abajo a arriba”, que pongan de relieve las necesidades locales y asignen a las comunidades responsabilidad en la prevención. A nivel familiar, los programas de desarrollo de la primera infancia que incluyen tanto a los niños y niñas como a los padres han demostrado ser uno de los medios más efi caces para prevenir la violencia por y entre adolescentes. A nivel comunitario, las intervenciones que apoyan la educación y socialización de los niños y niñas de alto riesgo tienen un gran potencial para prevenir la violencia. Estas intervenciones incluyen programas para reducir el ausentismo escolar, reincorporar a la escuela a los niños y niñas que han desertado y proporcionar oportunidades informales de aprendizaje tales como actividades de instrucción con tutoría, programas para niños y niñas en situación de calle, actividades deportivas y juveniles y educación basada en habilidades para la vida. Son indispensables la reforma y capacitación policial, la promoción de normas y valores para la resolución pacífi ca de confl ictos, la obligación de rendir cuentas y el acceso a la justicia, la organización comunitaria contra la trata, los entornos físicos seguros y la prestación de servicios para las víctimas de la violencia. Las intervenciones a nivel de la sociedad pueden tener un efecto importante en la prevención o reducción de la violencia interpersonal. Los enfoques más importantes incluyen la creación de oportunidades e igualdad económica, el control del acceso al alcohol y a drogas ilegales, la reducción del acceso a las armas y la demanda de éstas, y la reducción de la exposición a la violencia en los medios de comunicación. Los niños y niñas deben ser parte de todos los esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia, y debe fortalecerse la recopilación de datos por parte del sistema de salud y judicial.

Definir las prioridades de la investigación en materia de prevención de la violencia Los campos de investigación prioritarios enumerados abajo reflejan las necesidades de investigación para inspirar la acción en respuesta a cada una de las otras recomendaciones expuestas en esta guía, y pueden servir de modelo para desarrollar un programa de política de investigación en materia de prevención de la violencia interpersonal. Las prioridades PARTE 2. INVESTIGAR LA VIOLENCIA: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PREVENCIÓN

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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

de investigación de los distintos países dependerán de la etapa de desarrollo y madurez en que se encuentren las actividades de investigación en prevención de la violencia existentes. Se pueden identificar cuatro etapas, que se enumeran más abajo, las cuales representan cada uno de los cuatro pasos del enfoque de salud pública reseñado en la Introducción; para que las tareas de prevención de la violencia a nivel de país vayan avanzando, en cada etapa será preciso abordar temas de investigación específicos. • Definir el problema Al comienzo, las investigaciones se centrarán en la definición

del problema, atendiendo a cuestiones como la magnitud, los tipos y los costos de la violencia interpersonal. Por ejemplo, se podrían utilizar los datos de la vigilancia para preparar informes epidemiológicos descriptivos de la violencia interpersonal mortal y no mortal, o se podrían estudiar los costos económicos y sociales de la violencia interpersonal. • Identificar los factores de riesgo y de protección Conforme se vaya estableciendo una base de investigación descriptiva más sólida, se podrá poner mayor énfasis en la identificación de los factores de riesgo y de protección. Algunos de ellos podrán modificarse a través de intervenciones y es en éstos donde han de concentrarse los esfuerzos de las instancias normativas y los responsables del desarrollo de programas. Como ejemplo se pueden citar los estudios de casos y controles personales o familiares para determinar el papel que juegan las toxicomanías en la violencia interpersonal, o los estudios acerca de cómo afectan las tasas de desempleo a las tasas de violencia en distintas comunidades. • Identificar y evaluar las intervenciones posibles Las intervenciones en cuestión de servicios de prevención primaria y de atención y apoyo a las víctimas se pueden desarrollar, aplicar y evaluar a nivel local, de la comunidad, regional o nacional. Cualquiera que sea el nivel del programa, éste deberá adaptarse a las circunstancias y a las características de la población en la que vaya a aplicarse, y deberá dirigirse específicamente a uno o más de los factores de riesgo o de protección modificables identificados en la etapa anterior. En este punto son útiles los proyectos de demostración, que permiten probar la eficacia de un modelo de programa específico en un entorno determinado y cuyos resultados podrán incorporarse en la etapa siguiente, al aplicar el modelo a mayor escala. Durante esta etapa, el desarrollo de programas y políticas puede beneficiarse en especial de las investigaciones centradas en adaptar las intervenciones basadas en pruebas de un entorno a otro diferente (por ejemplo, de los países con ingresos elevados a los países con ingresos reducidos); de la evaluación de los programas de prevención primaria existentes; de la evaluación de los servicios de atención y de apoyo a las víctimas; y de las relaciones costo-beneficio y costo-eficacia. • Aplicar los programas probados y los prometedores Los programas basados en constataciones y que, tras una atenta evaluación, arrojen resultados prometedores, pueden adaptarse a distintos entornos y adoptarse a través de una labor de aplicación generalizada. En esta etapa, la supervisión y la evaluación de la investigación tiene como objetivo ajustar los programas a cada entorno individual; supervisar el proceso de aplicación en su conjunto, así como los efectos de los factores de riesgo y de protección identificados; y, por último, calibrar el impacto, la relación costobeneficio y la costoeficacia de la aplicación generalizada. Aquí, la investigación puede nuevamente ser de utilidad para examinar y determinar el grado de éxito o fracaso de la aplicación a gran escala de un programa y de su trasplante de un entorno a otro. Otro ejemplo del buen empleo de la investigación sería el análisis de series temporales, que en esta etapa podría ser útil para determinar el impacto de la promulgación, la reforma o la entrada en vigor de las políticas. 33

Canalizar las investigaciones sobre prevención de la violencia El enfoque estratégico al desarrollo de las prioridades de investigación en materia de prevención de la violencia llevará a «canalizar» la labor de los investigadores en prevención de la violencia, es decir, a integrar sus investigaciones en los programas nacionales de investigación sanitaria y de otras disciplinas científicas. A nivel de país, el diálogo entre políticas e investigación normalmente se realiza a través de mecanismos formales

que establecen las prioridades de investigación y de su financiación, y que proporcionan canales de comunicación que enlazan políticas, acción e investigación. Por ejemplo, para establecer sus prioridades en cuestión de investigación sanitaria, muchos países en desarrollo han adoptado el Essential National Health Research (ENHR), un marco aceptado a nivel internacional para la promoción de la salud y el desarrollo. El sistema integrado del ENHR refleja la entrada proporcionada por las partes interesadas, un grupo interdisciplinario e intersectorial, combinando los resultados de la investigación y el análisis con la participación de la comunidad, lo cual permite que amplios y variados sectores de la población se identifiquen y se sientan implicados en el programa. Los mecanismos como el ENHR identifican las prioridades de investigación a las que el gobierno prestará apoyo en función de la probabilidad que tengan los estudios de producir resultados capaces de influir en las instancias normativas sanitarias (véase el CUADRO CINCO). La integración de las investigaciones correspondientes a las cuatro etapas presentadas más arriba en los mecanismos del país que determinan las prioridades en cuestión de investigación sanitaria, puede dar más notoriedad a las investigaciones sobre violencia interpersonal, contribuir al aumento de la financiación gubernamental para hacer más sostenibles las tareas de investigación, y asegurar que las constataciones influyan en las políticas. Si bien el sector sanitario es el principal destinatario de las investigaciones sobre la prevención de la violencia, la complejidad y la naturaleza multisectorial de las causas y las consecuencias de ésta también pueden abordarse de forma positiva en otros foros de investigación a nivel de país. Los consejos nacionales de investigaciones científicas e industriales pueden estar interesados, por ejemplo, en desarrollar sistemas de información geográfica empleando los datos descriptivos y epidemiológicos sobre la violencia; en desarrollar nuevos sistemas de seguridad de las armas que puedan contribuir a las investigaciones relacionadas con la prevención de las heridas por armas de fuego, o en manipular el medio urbano para calibrar su efecto en el número y la intensidad de los determinantes situacionales de la violencia. Con frecuencia ya habrá algunos consejos científicos – en particular los que se ocupen de las ciencias económicas, sociales y humanas – que estén realizando grandes inversiones en investigación estratégica sobre muchos factores de riesgo y estrategias de prevención relacionados con la violencia interpersonal. En muchos países, por último, existen institutos de investigación sin fines de lucro con intereses variados y conocimientos especializados que también podrían participar en el diálogo para canalizar la investigación en materia de prevención de la violencia. Si bien los servicios de apoyo y de atención a las víctimas son importantes para mitigar las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia interpersonal y para reducir la vulnerabilidad de las personas (véase la Parte 5), antes de nada es preciso prestar una gran atención a prevenir el desarrollo y la perpetración de los comportamientos violentos. Fomentar la prevención primaria de la violencia interpersonal significa estimular y respaldar el desarrollo, la aplicación y la evaluación de programas diseñados específicamente para detener la perpetración de violencia. Para asegurar que las enseñanzas aprendidas de la experiencia y enraizadas en las realidades locales, produzcan el máximo beneficio, es preciso trasladar los resultados de tales esfuerzos al proceso de las políticas. Por otra parte, el éxito de los programas de prevención primaria contribuirá a los esfuerzos por desalentar la violencia interpersonal basados en la promoción de la igualdad y la equidad social y entre los sexos

(véase la Parte 4). Desde la perspectiva del enfoque basado en la salud pública (véase la Introducción), la promoción de la prevención de la violencia interpersonal es una meta general y a la vez específica, en particular en relación con los pasos tres (desarrollo y evaluación de intervenciones preventivas) y cuatro (aplicación de las intervenciones eficaces y prometedoras en una amplia variedad de entornos). Prevenir la perpetración de la violencia La efectividad de una determinada estrategia de prevención primaria dependerá de la combinación del tipo de intervención, el ritmo de ejecución y la población de riesgo. Muchas intervenciones son específicas de alguna etapa del desarrollo (por ejemplo, infancia, adolescencia, edad adulta, vejez) y su ritmo de ejecución tiene una importancia decisiva. Los programas de visita domiciliaria y de educación parental, por ejemplo, son eficaces para prevenir el maltrato de los niños y la posterior violencia entre adolescentes y varones jóvenes si se ejecutan durante la infancia (de 0 a 3 años de edad), pero no están diseñados para aplicarse en ciclos biológicos posteriores. Como muestra la TABLA TRES, para que la prevención primaria de la violencia sea eficaz se requiere un conjunto de estrategias que actúan en las distintas etapas del desarrollo y a través de los diversos niveles del modelo ecológico. Han de promoverse aquellas estrategias que hayan demostrado ser de eficacia probada o cuanto menos prometedora. Los recursos destinados a la prevención de la violencia no deben invertirse en programas basados en estrategias que hayan demostrado no ser eficaces para reducir la violencia interpersonal y los factores de riesgo, ni siquiera aunque en un principio parecieran prometer rápidos efectos preventivos a un costo relativamente bajo o cuando sean populares desde un punto de vista político. Ejemplos de ello serían proporcionar a los adolescentes información sobre el abuso del alcohol, enseñar a los jóvenes a utilizar las armas de forma «segura», y la mediación y el asesoramiento entre iguales. Por la promesa inicial que despiertan, es muy probable que estos enfoques poco eficaces para prevenir la violencia se apliquen a gran escala, lo cual suscitará la cuestión del despilfarro de los ya de por sí escasos recursos destinados a la prevención. En base a la literatura científica relacionada con la epidemiología, la etiología y la prevención de la violencia, se han identificado varios enfoques de carácter general a la prevención primaria de la violencia, a saber: • Invertir en las intervenciones tempranas Las expectativas de los programas de prevención de la violencia dirigidos a los niños o que influyen en ellos en las primeras etapas de su desarrollo son más prometedoras que las de los programas dirigidos a los adultos. Las intervenciones tempranas tienen la posibilidad de moldear las actitudes, los conocimientos y el comportamiento de los niños en el momento en el que éstos están más abiertos a las influencias positivas, y de dejar así en su comportamiento unas huellas que les acompañarán toda la vida. Se ha demostrado, por PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

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ejemplo, que los programas de enriquecimiento preescolar y de visita domiciliaria, así como los programas de desarrollo social en el ámbito escolar que enseñan a los niños habilidades sociales y de resolución de conflictos, son eficaces para reducir, tanto a corto como a largo plazo, la violencia juvenil y sus factores de riesgo (como el abuso de las drogas). • Aumentar la participación de los adultos Es bien sabido que las deficiencias en la supervisión, la vigilancia y el compromiso de los padres en las actividades de los niños y los adolescentes son factores de riesgo para la violencia juvenil. A la inversa,

se ha demostrado que una relación afectuosa y de apoyo con los padres u otros adultos es una protección contra el comportamiento antisocial. Dados estos factores, cabe esperar que la violencia juvenil sea mayor cuando la estructura familiar esté desintegrada a causa de guerras, epidemias o cambios sociales rápidos. También existen ciertos indicios, si bien no se han evaluado en profundidad, que los programas de tutoría, que emparejan a los niños y jóvenes de alto riesgo con un adulto que actúa como modelo positivo, podrían ser eficaces para reducir la violencia juvenil. Parece ser que la participación de personas adultas positivas en la vida de los niños y jóvenes es un elemento importante en la prevención primaria de la violencia. • Fortalecer las comunidades La comunidad es el ambiente en el que interactúan las personas y las familias, y su grado de tolerancia o de censura respecto de los actos violentos y los comportamientos de riesgo asociados (como la embriaguez) tendrá gran importancia en los esfuerzos de prevención. Aunque a este nivel aún se requiere más investigación y evaluación, se han identificado algunas intervenciones de base comunitaria que parecen prometedoras para reducir los niveles de perpetración de actos graves de violencia física y sexual y de otros delitos; por ejemplo, intervenciones que intentan dificultar el acceso al alcohol mediante la imposición de restricciones a las campañas de marketing que buscan aumentar el consumo de alcohol por medio de la rebaja de los precios. Además, aumentar la accesibilidad y la calidad de los centros de salud infantil puede ayudar a fomentar el desarrollo saludable y facilitar el buen desempeño escolar, y la creación de rutas seguras para los niños en el camino de su casa a la escuela y a otros centros de actividades de la comunidad puede prevenir la victimización. • Modificar las normas culturales El contexto cultural juega un importante papel en el comportamiento violento. La tradición cultural y las normas sociales a menudo se utilizan para justificar prácticas tales como la mutilación genital femenina, el maltrato de las mujeres, los castigos físicos severos a los niños y la violencia física como un medio de resolución de conflictos entre los jóvenes varones. Las normas culturales también pueden ser una fuente de protección contra la violencia, como es el caso de las antiguas tradiciones que promueven la igualdad de la mujer o el respeto a los ancianos. Para prevenir la violencia es especialmente importante combatir las pautas que asocian el comportamiento violento con la masculinidad y aquellas que fomentan el racismo, el clasismo y el sexismo. Y, por otra parte, han de promoverse aquellas pautas que protejan contra la violencia. • Reducir la desigualdad en los ingresos Aunque no parece que la pobreza en sí misma esté asociada de forma coherente con la violencia, la yuxtaposición de extrema pobreza y extrema riqueza sí parecería estar universalmente asociada con la violencia interpersonal y colectiva. Es posible, por tanto, que los programas y las políticas que reducen o minimizan el impacto de la desigualdad en los ingresos puedan ser valiosos en la prevención de la violencia, si bien aún no se ha establecido la base científica de tales intervenciones. 45 • Mejorar los sistemas de justicia penal y de bienestar social Estudios transnacionales

indican que la eficacia y la fiabilidad de las instituciones de justicia penal, así como la existencia de programas que proporcionen redes de seguridad económica están asociados con menores tasas de homicidio. Desde la perspectiva de la prevención primaria de la violencia, el mantenimiento de un sistema de justicia penal justo y eficiente contribuye a la disuasión general de la violencia. Del mismo modo, las instituciones de bienestar social que proporcionen apoyo básico a las personas y familias que se encuentran en situaciones económicas de extrema necesidad

pueden mitigar los efectos de la desigualdad en los ingresos. La mejora y la reforma de estos sistemas debe considerarse un aspecto potencialmente importante de las políticas y los programas de prevención de la violencia a nivel de país (véase también la Parte 4). Intervalos de tiempo de la prevención primaria El tiempo que transcurre entre la aplicación de una intervención y los subsiguientes cambios en las tasas de violencia que produzca, varía en función de las etapas del desarrollo y los niveles ecológicos a los que se dirija la intervención. Es preciso, por tanto, conceptualizar, diseñar y aplicar los programas de prevención primaria en base a un calendario realista que tenga en cuenta los recursos de políticas, financieros, técnicos, etc., de los que deberá disponerse de forma regular a lo largo de todo el programa y hasta alcanzar los resultados. La clasificación de los efectos de las estrategias de prevención primaria en rápidos, semirretardados y retardados es útil para calcular el intervalo de tiempo probable entre la aplicación y el impacto: • Efectos rápidos se producen ya sea simultáneamente a la intervención o bien en un periodo de tres meses a partir de la iniciación de ésta. Se ha demostrado que se obtienen efectos rápidos de las intervenciones que emplean circuitos cerrados de televisión en los espacios públicos para vigilar que no se cometan actos de violencia; de las intervenciones en infraestructuras que abordan factores tales como la iluminación de las calles, la visibilidad y el espacio defendible; y las intervenciones orientadas hacia las armas (como reducir la portación de armas en público). Algunos programas de prevención primaria, como la iniciativa DESEPAZ en Colombia (Parte 1, CUADRO CUATRO), han abordado al mismo tiempo la combinación de la portación de armas de fuego con la venta y el consumo de alcohol, obteniendo reducciones rápidas y estadísticamente significativas de las tasas de homicidios. Estas y otras intervenciones con efectos en principio rápidos son fundamentales para que la prevención dé enseguida resultados alentadores que puedan utilizarse para presentar a las partes interesadas de la clase política y de la sociedad civil una prueba de que la violencia puede prevenirse, y para abogar por el aumento y el mantenimiento de las inversiones dedicadas a la prevención. Los inconvenientes de la mayoría de las intervenciones que producen resultados rápidos son que éstas abordan sólo las formas más visibles de la violencia y que los beneficios obtenidos de la prevención tienden a ser efímeros e ir desapareciendo conforme desaparece la intervención. • Efectos semirretardados tienen efecto entre 4 y 36 meses después de la aplicación. En comparación con los conocimientos existentes acerca de las intervenciones de prevención con efectos rápidos o retardados, es poco lo que se sabe acerca de las intervenciones de esta categoría. La limitada literatura disponible y las consideraciones teóricas sugieren que cabría esperar efectos semirretardados de aquellas intervenciones de prevención orientadas a los jóvenes que ofrezcan tutorías y fomenten la participación de los padres; de las intervenciones económicas que reduzcan con prontitud las desigualdades económicas, y de las intervenciones que refuercen la eficacia del sistema de justicia penal y lo hagan más justo. Se ha comprobado que PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CUADRO SEIS

las intervenciones tempranas para prevenir el maltrato de los niños y su abandono por parte de padres y cuidadores producen efectos apenas 24 meses después del comienzo de los programas. • Efectos retardados son aquellos que se producen tres o más años después de

la intervención, si bien los estudios de evaluación sugieren que sería más realista hablar de un intervalo de entre 15 y 20 años. Las intervenciones tempranas, entre ellas las visitas domiciliarias y la educación parental, la formación en desarrollo social y los programas de enriquecimiento preescolar destinados a niños de 0 a 5 años de edad, se han asociado con reducciones significativas en la perpetración de actos de violencia entre adolescentes y adultos jóvenes entre 10 y 15 años después de su exposición a las intervenciones. También cabe esperar efectos retardados de las intervenciones de prevención que abordan las normas sociales, la desigualdad económica, el entorno social y el sistema de justicia penal. En un clima político y económico que favorece los «parches rápidos», un intervalo de más de uno o dos años entre la aplicación de una intervención y sus beneficios en cuestión de prevención representa un grave obstáculo conceptual para la adopción de dicha estrategia. Probablemente los políticos y los planificadores económicos, quienes trabajan con magros recursos financieros y sometidos a fuertes presiones para satisfacer al electorado, argumentarán que las estrategias de prevención de efectos retardados sólo pueden tenerse en consideración al precio de recortar los programas que prometen efectos rápidos; y éste es un costo de oportunidad que muy pocos de ellos aceptarán. En consecuencia, es primordial destacar que si bien el intervalo entre la ejecución y los efectos de tales intervenciones es en verdad prolongado, también es verdad que son las medidas de prevención de la violencia de mayor efectividad y costoeficacia que se hayan identificado hasta la fecha, por lo cual los ahorros que producen son mayores que sus costos en varios órdenes de magnitud (véase CUADRO SEIS).

Valor económico de la prevención de la violencia interpersonal Las evaluaciones económicas de intervenciones preventivas dirigidas a la violencia interpersonal que se han publicado son pocas y en su mayoría corresponden a los Estados Unidos, pero todas ellas muestran que tales intervenciones cuestan mucho menos dinero del que ahorran, siendo la diferencia en algunos casos de varios órdenes de magnitud. Según las estimaciones, el programa Prenatal/Early Infancy Project (PEIP) de visitas domiciliarias para familias de alto riesgo de Elmira, Nueva York, reportó al sector público un ahorro total de US$ 27 854 por niño por la menor utilización de los servicios de salud y sociales, y ahorros también para los sistemas de justicia penal y tributario. Según otras evaluaciones, el costo del PEIP para el sector público se calculó en US$ 6550 por participante, mientras que los ahorros del sector público se calcularon en US$ 26 200, lo que supone un ahorro neto de US$ 19 650 por participante. Un estudio de Rand Corporation comparó cuatro tipos de intervención para reducir la delincuencia juvenil (incluidos los delitos con violencia) en los Estados Unidos: oferta de incentivos a los estudiantes de secundaria para que terminen sus estudios; educación parental; programas de supervisión de delincuentes; y visitas domiciliarias y asistencia ambulatoria. Se demostró que todas las intervenciones, excepto las visitas domiciliarias, eran más costoeficaces que la ley del estado de California conocida como «three strikes and you’re out », en virtud de la cual la tercera condena por un delito grave es de 25 años de prisión o a perpetuidad. En Australia se creó un modelo de los efectos de un programa de tratamiento para presos encarcelados

por delitos sexuales, empleando datos obtenidos de programas similares que estaban aplicándose en Nueva Zelandia y Australia. Se demostró que la eficacia del programa dependía del índice de repetición de delitos sexuales una vez excarcelados los presos, y las estimaciones indicaron una razón costo-beneficio de 5,0 (con un 14% de reincidencia) a 0,7 (con un 25% de reincidencia). En general, las predicciones indicaban que el programa sería eficaz y supondría un ahorro neto de US$ 26 698 por cada preso tratado. El análisis incluía los costos de encarcelamiento y psicológicos que se evitaban por medio del programa. En Arizona se calculó que proporcionar vivienda a las víctimas de la violencia doméstica supondría un beneficio social neto de US$ 3,4 millones al año, siendo la relación beneficio-costo de entre 6,8 y 18,4. Un análisis de costo-beneficio de la Ley de Violencia contra las Mujeres promulgada en 1994 en los Estados Unidos, que prevé graves penas para las condenas por acoso y actos de violencia contra la pareja, demostró que la ley reportaba un beneficio neto de US$ 16 400 millones, con inclusión de US$ 14 800 millones de costos por víctimas evitados.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA COMUNIDAD Del mismo modo que los desafíos que los niños y niñas enfrentan son multifacéticos, las posibles respuestas por parte de las comunidades también lo son. Buena parte de las investigaciones se enfocan en el nivel individual y el énfasis excesivo en este nivel ubica muchas veces el problema en el niño o niña en vez de examinar el con- texto más amplio de la familia, la comunidad y otras relaciones. En términos del modelo ecológico, la comu- nidad facilita la interacción en muchos niveles diferen- tes y las estrategias y los servicios deben prestar atención al potencial de prevención además de a los riesgos.182 En los países de ingresos medios y altos, algunos sistemas de salud y de justicia penal tienen datos confiables y com- prehensivos con respecto a las muertes y lesiones por vio- lencia atendidas en las urgencias hospitalarias. El análisis de estos datos ha demostrado que las tasas de homicidio y de lesiones por violencia no letal en jóvenes (incluyendo al grupo de edad de 15 a 18 años) son particularmente sensi- bles a cambios en los factores de riesgo social y comunita- rio. Estos factores incluyen: el acceso al alcohol; el tráfico de drogas; el acceso a armas de fuego; el tipo e intensidad de la vigilancia o presencia policial; las oportunidades de educación y empleo y las desigualdades económicas.

Los esfuerzos por prevenir la violencia contra y por parte de los niños y niñas en los entornos comunitarios, han sido tema de un número considerable de estudios de eva- luación de resultados dirigidos a proporcionar evidencias científicas de la efectividad de los programas. La mayoría de estos estudios han sido realizados en países de ingresos altos y pocos se han enfocado exclusivamente en niños y niñas (hasta los 18 años). A pesar de estas limitaciones, se han podido extraer lecciones importantes acerca de las po- líticas e intervenciones que pueden ser empleadas por paí- ses de ingresos bajos y medios para prevenir la violencia contra los niños y niñas en los entornos comunitarios. Al- gunas lecciones prácticas del campo de la prevención y de la salud pública sugieren que: • No todas las estrategias de prevención funcionan y, ciertamente, no en todas las comunidades. Las evidencias identifica varias estrategias que parecen ser efectivas y otro grupo mayor que son prometedoras pero requieren ser ensayadas más. Algunas no son efectivas en absoluto y otras parecen empeorar las cosas. • Son necesarios (aunque difíciles de lograr) esfuerzos de prevención integrados y prolongados en el tiempo que vinculen las contribuciones de diferentes sectores. Es más probable que se logre una prevención efectiva a través de una gama de enfoques coordinados. Enfoques que integren estrategias legales, sociales, educativas y económicas para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección a nivel del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad; con objetivos a corto y largo plazo. • Se requieren enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Los enfoques de prevención de arriba hacia abajo que pueden influir en los factores de riesgo y protección en toda la sociedad deben tener el contrapeso de enfoques de abajo hacia arriba. Se trata de lograr que estos últimos resalten las necesidades locales y asignen la responsabilidad de la prevención a las comunidades.183

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

Teniendo en cuenta estas lecciones, la sección siguiente trata las estrategias para prevenir la violencia contra los niños y niñas en entornos comunitarios en los cuatro niveles del modelo ecológico: el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad.

A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR En sintonía con las evidencias de que una proporción sig- nificativa de la violencia adolescente tiene sus raíces cau- sales en las experiencias del desarrollo temprano, se ha demostrado que los programas dirigidos a bebés y niños y niñas pequeños están entre los más efectivos para la prevención de violencia entre y por parte de adolescentes. De manera más específica, las intervenciones orientadas a la familia para cambiar los estilos de crianza (hacer que sea más predecible la acción de los progenitores, mejorar la supervisión y reducir los métodos de crianza negativos), así como mejorar las relaciones dentro de la familia (cercanía, declaraciones positivas, cohesión emocional y clari- dad de comunicación) muestran evidencias fuertes y con- sistentes de reducción del riesgo de que los niños y niñas tengan posteriormente comportamientos antisociales y violentos graves.184 Cuanto más temprano acceda a estos programas un niño o niña mayores son los beneficios, aunque también se han demostrado beneficios significati- vos cuando los programas se ofrecen a adolescentes que ya han sido arrestados por comportamiento violento o delin- cuencial.185,186 (véase también el capítulo relativo a la vio- lencia contra los niños y niñas en el hogar y la familia).

A NIVEL COMUNITARIO Apoyo para la educación y la socialización Muchas intervenciones a nivel individual y familiar se llevan a cabo en entornos comunitarios o emplean recur- sos comunitarios. Las siguientes son intervenciones que han mostrado ser efectivas en algunos entornos o bien se cree que tienen fuerte potencial para prevenir la violen- cia, apoyando la educación y la socialización de los niños y niñas en alto

riesgo.

Reducción del absentismo escolar y devolución de los niños y niñas a la escuela La educación es para la mayoría de los niños y niñas su segundo entorno más importante de socialización (des- pués de la familia). La investigación sugiere que uno de los medios más efectivos para prevenir la violencia y el crimen entre ciertos niños y niñas en alto riesgo es ofrecerles incentivos para que completen su educación, ob- tengan capacitación vocacional y continúen con la edu- cación superior. Las comparaciones de diferentes intervenciones para reducir la violencia y el crimen juve- nil en los EE.UU., han mostrado de forma consistente que brindar a los estudiantes de secundaria incentivos para graduarse era la intervención más efectiva en térmi- nos costo-beneficio.187,188 Los programas en las escuelas son una estrategia impor- tante tanto para liberar a las escuelas mismas de la cultu- ra pandillera y de la violencia interpersonal como para prevenir la violencia entre jóvenes en la comunidad. En el Caribe, un estudio de nueve países desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) halló que el absentismo escolar era uno de los factores de riesgo más potentes para la participación de niños y ni317 “Bajo el liderazgo de Su Majestad la Reina Rania de Jordania y partiendo del trabajo de la red regional árabe de ISPCAN, las barreras para discutir y entender

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la violencia contra los niños y
 niñas en nuestra región se están derrumbando. Además del excelente trabajo de creación de
 conciencia y de prestación de servicios a niños

víctimas, queremos ampliar nuestro enfoque en los
 próximos años a la prevención de la violencia contra los niños.” Dr. Hussein Abdel-Razzak Al Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, OMS

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

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ñas de 10-18 años en la violencia. Los factores protecto- res más importantes eran la afiliación positiva con la es- cuela, incluyendo simpatizar con los maestros, la religión y la asistencia a la iglesia.189 El desarrollo de tal vínculo puede comenzar con programas de enriquecimiento preescolares, habiéndose demostrado que fortalecen los vín- culos con la escuela y

enseñan a los niños y niñas desde pequeños las habilidades sociales y de comportamiento necesarias para el éxito en la escuela.190,191,192,193 Unos pocos estudios de seguimiento a largo plazo han encontra- do beneficios positivos, incluyendo menor participación en violencia y otros comportamientos antisociales.194,195,196 La educación de calidad, que abarca aprendizaje, apoyo para la no discriminación y actividades para apoyar la protección del niño y la niña en la comunidad, es un elemento esencial para fomentar un entorno amigable (véase el capítulo relativo a la violencia contra los niños y niñas en las escuelas y en otros entornos educativos).

Oportunidades de aprendizaje no formales Los niños y niñas procedentes de entornos desfavoreci- dos y grupos que sufren discriminación tienen mayor probabilidad de estar involucrados en comportamiento antisocial; además también tienen mayor probabilidad de ser excluidos de la escuela o de abandonarla pronto. Los programas basados en la comunidad pueden llegar a ellos y devolverlos a la educación formal a través de pro- gramas no formales o de “recuperación.” Estos progra- mas también pueden tener asesores adultos para niños y niñas con problemas familiares, que pueden hacer mu- cho

para reorientarles por un camino de desarrollo segu- ro, no agresivo y de satisfacción personal.197 Programas de mentores. Estos programas a veces pueden vincular a niños o jóvenes en alto riesgo con adultos de confianza, por ejemplo pares mayores, tutores, consejeros, agentes de policía u otros miembros de la comunidad. Las relaciones positivas de este tipo pueden mejorar la asistencia escolar y el desempeño académico, reducir la probabilidad de uso de drogas y mejorar las relaciones con los progenito- res.198,199 Estos programas pueden ser particularmente valio- sos para niños y niñas de grupos minoritarios o en circuns- tancias difíciles como refugiados y desplazados.200 Programas con, y para niños y niñas que viven en la calle. Ejemplos de estos programas son los centros de visita o de paso, los refugios y otros lugares seguros don- de puede haber adultos de confianza, alimentos, instala- ciones para el aseo personal, educación y fortalecimiento de habilidades, así como otro tipo de apoyo. Muchos niños y niñas que asisten a estos centros han sufrido daño o han sido traumatizados por su experien- cia de vida. Sin embargo, muchos programas educativos están dirigidos principalmente a niños y niñas que viven en la calle y pretenden sacarles de ella y llevarles a la es- cuela o a que accedan a programas de capacitación voca- cional. Se puede considerar que todos estos programas ayudan a los niños y niñas vulnerables a tener más segu- ridad y les brindan protección contra diferentes factores de riesgo, tanto en sentido inmediato como en términos de oportunidades de vida y trabajo en el futuro. Actividades deportivas y otras actividades para jóve- nes. Estas actividades y otro tipo de descanso y esparci- miento estructurado son esenciales para el desarrollo. Aunque hay poca investigación del tema a nivel interna- cional, se cree que las actividades para niños y niñas debidamente supervisadas y basadas en la comunidad (des- de clubes deportivos y juveniles hasta grupos sociales, culturales y religiosos) pueden ser útiles para fortalecer factores protectores, como la confianza en sí mismo y ayudan a desarrollar el potencial de los niños y niñas para

prevenir la violencia.201 También se les puede ofre- cer lugares para realizar actividades deportivas y recreati-

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

vas junto con actividades educativas y programas para reducir la violencia. En términos generales, se obtendrán mejores resultados cuando estos programas se imple- mentan junto con otras estrategias efectivas en vez de como programas independientes. La investigación cita varios ejemplos de cómo las activida- des basadas en la comunidad pueden apoyar el desarrollo y la resiliencia (por ejemplo, la capacidad de resistirse a la presión para unirse a pandillas o participar en violencia entre pares) de los niños y niñas, por medio del asesora- miento y las tutorías, fomentando el desarrollo de la iden- tidad, y ofreciendo oportunidades para interactuar con adultos de confianza y modelos positivos.202,203,204 La supervisión apropiada y otras medidas son importan- tes para evitar la violencia en el contexto de actividades juveniles. Por ejemplo, desde mediados de los años no- venta algunos países europeos como Francia, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido han aumentado la protec- ción de los niños y niñas en el deporte. En el año 2000, el Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo de Europa adoptó una resolución relativa a la prevención del acoso y el abuso sexual de mujeres, jóvenes, niños y niñas en el deporte recreativo y de competición. Hay muchas medidas que se pueden tomar, por ejemplo: la adopción de políticas de protección de la infancia y códigos éticos; la revisión del historial delictivo de los adultos (por ejem- plo, entrenadores y directores técnicos); la sensibilización y capacitación de los atletas, de los progenitores, de los directores técnicos y de otros funcionarios; el nombra- miento de funcionarios de protección de la infancia en clubes y federaciones deportivas; la creación de líneas te- lefónicas de ayuda e investigar más sobre la protección de los niños y niñas en los asuntos deportivos.205 La educación basada en habilidades para la vida

Dentro de los programas educativos formales y no for- males, la educación basada en habilidades para la vida puede ser efectiva para reducir la violencia, especialmente como parte de un esfuerzo comprehensivo.206,207,208,209,

Dirigida a habilitar a los niños y niñas para adoptar comportamientos de auto-protección, la educación ba- sada en habilidades para la vida puede incluir una am- plia variedad de temas, por ejemplo: aprender cómo evitar contactos sexuales no deseados; formular opinio- nes y expresarlas; desarrollar habilidades de resolución de conflictos y de negociación (incluida la resolución pacífica de conflictos) y mejorar la interacción entre los niños y niñas y las autoridades comunitarias (la policía y al sistema judicial, trabajadores de salud y asuntos socia- les) y otras personas con los que pueden tener que rela- cionarse.212,213,214 Estos programas también han dado resultados positivos para tratar la violencia en las rela- ciones íntimas y de pareja. 210,211

El proyecto Safe Dates (citas seguras) en los EE.UU., es una intervención exitosa basada en la escuela que pre- tendía cambiar las actitudes con respecto a la violencia en las citas en la escuela y en la comunidad. Esta inter- vención adoptó un enfoque holístico, trabajando con niños y niñas en edad adolescente acerca del papel de las relaciones de género y las relaciones intimas positivas. Incorporó también la capacitación de maestros, miem- bros de la comunidad y grupos de progenitores. Desa- rrolló un plan de estudios de diez semanas que pretendía aumentar los conocimientos y sensibilizar sobre las rela- ciones saludables y no saludables; los papeles de género; las agresiones sexuales y la comunicación, todo ello para prevenir la violencia en las citas. Después de cuatro años, hubo una evidente reducción de la violencia física y sexual en las relaciones o citas entre adolescentes que ha- bían participado en la intervención.219 319

7 LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

320

Algunos programas de habilidades para la vida cuentan con pares como facilitadores. Estos programas cuentan con niños, niñas y jóvenes de la misma edad o mayores que el grupo objetivo, que participan en programas diseñados para mejorar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento. Si bien la participación activa de ni- ños, niñas y jóvenes es un principio importante desde una perspectiva basada en derechos, no está claro que los programas facilitados sólo por pares reduzcan la violen- cia, especialmente cuando se aplican aislados de otras estrategias.220,221 Muchos de estos programas sufren una carencia de apoyo adecuado (y parece que el nivel de apoyo requerido es muy alto). Además, los líderes jóve- nes constantemente están saliendo del grupo porque crecen, cambian de situación y pasan a otras cosas.

Prevención situacional a nivel comunitario La promoción de normas y valores que promueven el respeto y la resolución pacífica de conflictos Una parte importante de los esfuerzos para prevenir la violencia contra los niños y niñas (y por parte de éstos) en la comunidad, se realizan por medio de campañas de información pública o prevención. Las campañas están dirigidas a cambiar las actitudes, creencias y nor- mas de la

comunidad con respecto al empleo de la violencia. Se han hecho múltiples campañas de pre- vención con múltiples componentes para tratar la vio- lencia juvenil, la violencia pandillera, el acoso y la violencia sexual.222,223,224,225,226,227 Las campañas pueden hacer que el clima social sea más favorable al cambio al romper tabúes y crear debate público al respecto. Sin embargo, el cambio sostenible requiere una combinación de esfuerzos que va más allá de las campañas. En términos generales, estos tipos de campaña pare- cen ser más efectivos para aumentar el conocimiento y la conciencia, así como para cambiar normas sociales referentes a algunos tipos de violencia y relaciones de género. En algunos casos han provocado un aumento de la denuncia de delitos sexuales.228 Sin embargo, al ser implementadas aisladamente, no han provocado cam- bios en el comportamiento ni una reducción de la vio- lencia de manera consistente y sostenible. La reforma de la policía y la capacitación a nivel comunitario En los lugares donde la “cultura” policial es extremada- mente negativa y discriminatoria contra los niños y ni- ñas, la violencia física y sexual – entre otras violaciones de los derechos humanos– puede ser un hecho cotidia- no y absolutamente impune. A menudo la violencia se dirige contra ciertos grupos como los niños y jóvenes que son pobres o que viven en la calle, los refugiados, los retornados o los desplazados internos. En tales casos, hay que sensibilizar a las fuerzas policiales sobre los de- rechos humanos en general y los derechos de la infancia y los temas de protección en particular, en el contexto global de la reforma de todo el sistema. Con capacitación y motivación, la policía puede con- tribuir a crear un cambio positivo en la vida de los ni- ños y niñas, en vez de estar entre los que más abusan de ellos. En Mumbai, India, por ejemplo, la mejora de las relaciones entre la policía y los niños y niñas que trabajan en el sector informal ha llevado a que algunos niños mayores obtengan un empleo como ayudantes para el control del tráfico en horas punta.230 El Consorcio para Niños en Situación de Calle, llevó a cabo una investigación internacional sobre progra- mas de capacitación en

derechos de la infancia para la policía. Con la cooperación de las autoridades lo- cales y ayuda de algunos donantes, documentó pro“Antes creía que siendo niña no tenía derecho a protestar cuando los niños y hombres actuaban mal conmigo. Pero después de entrar en el club llegué a saber que tengo derecho a sentirme segura todo el tiempo. Me puedo proteger y protestar cuando alguien quiera tratar de acosarme o abusar de mí. Mi cuerpo es mío y tengo derecho a protegerlo.” Niña, 13 años, sur de Asia, 2005VI

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

gramas de capacitación dirigidos a reducir la violen- cia contra los niños y niñas que viven en la calle en un gran número de países, la mayoría de ellos desa- rrollados por ONGs. Después de identificar una variedad de buenas prácticas el Consorcio elaboró un manual de capacitación. El documento comenta que: “El cambio real, consistente, a largo plazo y sostenible, sólo será posible cuando los derechos del niño y su protección sean formalmente reconocidos e incluidos en los planes de estudios, en los manua- les y en los acuerdos de colaboración oficiales.” 231 Sin embargo, capacitar a la policía ha mostrado ser ineficaz para cambiar su comportamiento cuando no está acompañado o reforzado por esfuerzos por cambiar las actitudes y la cultura de la organiza- ción.232 En términos de los profesionales de la salud, la capacitación frecuentemente influye en cambios en el conocimiento y la sensibilización a corto plazo, pero es difícil traducir estos cambios en cambios de comportamiento o de prácticas.233,234,235,236 Para que la capacitación tenga más impacto para reducir la violencia, tiene que formar parte de una estrate- gia más amplia que incluya reforma legal y cambio de actitudes y comportamientos. Otras medidas que tienen potencial para prevenir la violencia poli- cial incluyen, entre otras: aumentar el número de mujeres que trabajan como agentes de policía, crear mecanismos de queja independientes y mejorar la remuneración y el status de los agentes de policía. Rendición de cuentas y acceso a la justicia

La violencia estatal y la corrupción son dos factores asociados directamente con los niveles de violencia en las comunidades. La confianza de la comunidad en los sistemas de seguridad y justicia locales es fundamental para la efectividad de las políticas públi- cas. Los instrumentos internacionales hacen énfasis en la importancia de garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Además de mejorar la capacitación, reformar la legis- lación y asegurar que esté alineada con las normas internacionales, es fundamental asegurar el monito- reo independiente y la investigación minuciosa de todos los casos de violencia estatal. Aparte de ser una obligación básica de derechos humanos, asegurar la rendición de cuentas del Estado es crucial para gene- rar confianza y mejorar la eficiencia de las políticas de seguridad. La impunidad de la violencia policial con- tra los niños y niños de la calle perpetúa el abuso. Muchos agentes de policía, autores de violencia con- tra niños y niñas, nunca son investigados ni enjuicia- dos. Hay que establecer mecanismos para asegurar que los agentes de policía y otro personal de seguri- dad implicados en violencia rindan cuentas. La crea- ción de mecanismos permanentes (como defensores del pueblo o juntas de revisión civiles) para recibir e investigar de manera independiente casos de violen- cia por parte de las fuerzas de seguridad, puede con- tribuir a asegurar la rendición de cuentas. También se requieren medidas especiales para ase- gurar el acceso a la justicia de todas las comunida- des, particularmente las más pobres y con niveles altos de actividad delictiva. Es esencial garantizar el acceso a la asistencia legal independiente y cualifica- da. También se pueden crear mecanismos para faci- litar el acceso de grupos marginados a la justicia: desde servicios especiales en los tribunales hasta ser- vicios para facilitar la mediación en la resolución de conflictos pequeños dentro de las comunidades. 321 “La violencia contra los niños tiene costos incalculables para las generaciones

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actuales y futuras y debilita el desarrollo humano. Reconocemos que

virtualmente todas las formas de violencia están ligadas a papeles y desigualdades de género arraigados, y que la violación de los derechos de los niños y niñas está ligada a la condición de la mujer.” The African Declaration on Violence against Girls, 2006VII

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

ALZANDO LA VOZ EN UGANDA

Más de 1.400 niños y niñas participaron en una investigación en cinco distritos de Ugan investigación se enfocó en los distintos tipos de violencia que experimentaban en el hog les hacía sentir y sus ideas con respecto a la niñez libre de violencia. También participar percepciones sobre el castigo y la disciplina, el maltrato, y sus sensaciones acerca de est campaña de abogacía basada en evidencias que se lanzó en 2006. La campaña estaba dir de los niños y niñas a una vida libre de violencia. El objetivo era aumentar el debate púb intervenir. La campaña contribuyó a la iniciativa del Ministerio de Educación y Deporte en las escuelas.229 322

Organizaciones comunitarias contra la trata Las actividades a nivel comunitario pueden ser efec- tivas para prevenir la trata, particularmente cuando trabajan en cooperación con las fuerzas policiales y otras autoridades. En África Oriental ha habido al- gún éxito

para prevenir la trata y las violaciones de la legislación sobre trabajo infantil con sistemas de vigilancia basados en la comunidad. Por ejemplo, en Benin los comités de las aldeas, respaldados por el gobierno provincial, han ayudado a reducir la trata mediante la educación de las familias con res- pecto a sus peligros y trabajando con la policía cuando un niño o niña de la aldea desaparece.237 Otro ejemplo es el de la organización Society to Help Rural Empowerment and Education (STHREE, por sus siglas en inglés) en el Estado de Andra Pradesh del sur de la India. La organización fue creada en 1998 para luchar contra la trata de mujeres y niños de áreas rurales. STHREE hace énfasis en el papel de la comunidad y ha apoyado la creación de Gru- pos de Autoayuda (GAs), Comités contra la Trata (CCTs) y un Comité Móvil de Carretera (CMC). Cuando se sabe que a una mujer o a una niña le han ofrecido un trabajo fuera de la comunidad, el CCT local pide verificación del nombre, dirección y nú- mero de contacto del empleador. En el caso de las mujeres o niños y niñas que se envían a Kuwait o el Golfo, los CCTs intentan verificar las condiciones de la visa, ayudan a educar a las comunidades para que tengan en cuenta que es importante verificar cual será la remuneración esperada y también com- parten con ellos casos de vecinos que han sido enga- ñados. Mientras los CCTs y el CMC trabajan direc- tamente para prevenir la trata de niñas y mujeres de la región, los GAs trabajan en las causas subyacentes de la trata a través de actividades educativas y de sensibilización, así como brindando a los miembros de la comunidad otros medios de vida. Una evalua- ción realizada por UNICEF en Andhra Pradesh, ha- lló que el número de niñas y mujeres objeto de trata en el área del proyecto disminuyó entre 2000 y 2004. STHREE también ha logrado rescatar a niñas y mu- jeres de lugares tan lejanos como Delhi, Pune y Mumbai, ayudando a las familias o CCTs a presentar denuncias ante la policía y a hacer el seguimiento con la policía y las redes de ONGs en otros Estados.238 “Los niños están atrapados entre el odio y la furia de dos grupos: los delincuentes locales y las fuerzas policiales (un fenómeno bien mundial). Esto refuerza la sensación de impotencia en las comunidades más pobres; y, entre los jóvenes, refuerza la idea de que el uso de la violencia es aceptable y algo muy generalizado.”

Nancy Cardia, Junta Editorial del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

Otras iniciativas importantes para reducir la vulnerabi- lidad de los niños y niñas a la trata, se centran en medi- das para disminuir las presiones económicas que en- frentan las familias en situaciones difíciles. En Albania, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, financia la capacitación vocacional de jóvenes en riesgo de trata para dotarlos de habilidades que les permitan encontrar trabajo en su entorno. En los países del Me- kong, OIT/IPEC ha trabajado en esta línea ofreciendo micro créditos, capacitación vocacional, asesoramiento para buscar empleo y para el desarrollo de empresas pe- queñas a familias en riesgo. Todas estas iniciativas re- fuerzan los mecanismos de manejo de situaciones de crisis de las familias y los adolescentes, reduciendo así la probabilidad de que tengan que dejar su casa en busca de trabajos dudosos o de que caigan en manos de perso- nas que se aprovechen de su situación de necesidad.239 Creación de entornos físicos seguros Como se describió anteriormente, existen evidencias considerables que demuestran la relación entre el en- tono físico y la violencia, particularmente en los en- tornos urbanos. Hay varias medidas que se pueden tomar para mejorar el entorno físico de las comuni- dades y reducir el riesgo de violencia contra y por parte de los niños y niñas, entre ellas: mejorar la ilu- minación; reducción del número de lugares “ciegos” (callejones, pasos subterráneos, etc.) donde se puede actuar sin ser visto y crear rutas seguras para los ni- ños y niñas que van o vuelven de la escuela y de otras actividades comunitarias. En lugares como los su- burbios marginales y los campamentos de refugia- dos, hay que poner un énfasis particular en crear rutas seguras para acceder a las fuentes de agua pota- ble y para ir a los baños y letrinas. A largo plazo, se deben hacer esfuerzos por mejorar la vivienda y la

infraestructura básica (escuelas, ser- vicios de salud, etc.) en los entornos urbanos preca- rios y hacinados. Hay una gama amplia de enfoques posibles. Algunos expertos sostienen que la manera más efectiva de tratar el hacinamiento severo en áreas urbanas pobres es desconcentrar la vivienda siempre que sea posible, cambiar las normas locales para permitir un uso más lógico del espacio y mejo- rar la calidad del ambiente.240 Al mismo tiempo, hay que crear lugares para lavarse y para lavar la ropa, inodoros, espacios de recreación para los niños y ni- ñas e instalaciones comunitarias como guarderías y centros deportivos. Desde el punto de vista político, parte de esto puede ser difícil de lograr si las autoridades municipales no tienen voluntad de mejorar los asentamientos urba- nos “ilegales” por temor a que esto actúe como un aliciente para incentivar la migración rural-urbana; por lo tanto, se necesita un buen trabajo de abogacía para informar a las autoridades sobre la necesidad de adoptar estas medidas tanto desde el punto de vista de los derechos humanos (o sea, la necesidad de vivienda decente y comunidades saludables) como para lograr el objetivo concreto de reducir la violencia. También hay que sensibilizar a los profe- sionales que asesoran a las autoridades y realizan el trabajo (arquitectos, planificadores urbanos e inge- nieros) porque muy pocos son conscientes del im- pacto de las condiciones de vida en el desarrollo in- fantil. En este sentido, la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (véase el recuadro) ofrece una herra- mienta útil para cambiar actitudes y colocar las ne- cesidades de los niños y niñas en el centro de la agenda urbana. 323 “Los líderes y las comunidades religiosas están bien posicionados para confrontar la violencia contra

7

los niños y niñas y trabajar para mitigar sus efectos.

Religiones por la Paz ayuda a las diversas
 comunidades religiosas del mundo a unirse, sumando su fortaleza moral para detener la violencia
 contra los niños y niñas en sus hogares y sus sociedades.” Dr. William F. Vendley, Secretario General, Consejo Mundial de Religiones por la Paz

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

LA CREACIÓN DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia fue lanzada en 1996. Su objetivo: cumplir Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habita habitables y colocar a “los niños primero.” La Conferencia declaró que el bienestar de lo de un hábitat saludable, una sociedad democrática y un buen gobierno.

Todos los niños y niñas que viven en las ciudades tienen derecho a acceder a los servicio de desarrollo. La iniciativa aboga por la adopción de enfoques participativos de gobierno promuevan la materialización de los derechos de los ciudadanos más jóvenes. En concor a reinventar los servicios, instalaciones y calidad de vida que ofrecen.

En la práctica, el movimiento Ciudades Amigas de la Infancia ha visto a los jóvenes ciud decisiones municipales y ayudar a los planificadores a diseñar “la ciudad que ellos quier calidad sensibles a los niños y niñas para medir el progreso de las metas enfocadas en la creada en el año 2000, está en el Centro de Inves- tigaciones Innocenti de UNICEF.

Fuente: UNICEF (2006). Ciudades Amigas de la Infancia. Florencia, Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF.

324

Servicios para las víctimas de violencia Mejorar los sistemas de atención primaria y los ser- vicios de emergencias. En contraste con la mayoría de los otros entornos tratados en este informe, la vio- lencia contra y por parte de niños y niñas en entornos comunitarios incluye mayoritariamente ataques con armas de

fuego, cuchillos y otras armas. Por lo tanto, es responsable de la mayor proporción de homicidios en el período de los 0 a los 18 años, y de una propor- ción significativa de las discapacidades físicas y menta- les a largo plazo en los niños y niñas que sobreviven a lesiones graves relacionadas con la violencia. Es probable que los esfuerzos por mejorar las res- puestas médicas ambulatorias y de urgencia sean particularmente valiosos para reducir la mortalidad y las discapacidades debidas a la violencia contra los niños y niñas, y por parte de éstos en los entornos comunitarios. Estos esfuerzos deben estar ligados a una gama de servicios para apoyar la rehabilitación física y psicológica de los niños y niñas una vez se han atendido sus necesidades médicas inmediatas (véase el recuadro). Servicios de recuperación, reintegración y rehabilita- ción. Para tratar a los niños y niñas víctimas o testigos de hechos violentos y traumáticos se requieren una variedad de servicios. Entre ellos, rehabilitación física y servicios de asesoramiento y seguimiento por parte de trabajadores so- ciales para ayudar a la reintegración social. Cuando se trate de víctimas de violencia doméstica, trata o explotación sexual se necesitarán “casas seguras o refugios;” sin embargo, es importante que estos refugios satisfagan las necesida- des de los niños y de su madre o cuidador/a. Dar a conocer ampliamente la disponibilidad de estos servicios, especial- mente entre los grupos vulnerables, es un aspecto impor- tante para la creación de confianza comunitaria y para 325

asegurar el acceso oportuno. Los Centros Thuthuzela, Su- dáfrica, representan un ejemplo emergente de la impor- tancia de la integración de todos los servicios pertinentes en favor de la mejora de la calidad y rapidez en la aten- ción. Aunque frecuentemente se teme que los niños y niñas que han estado involucrados en grupos armados y que come- tieron actos de violencia,

pueden continuar con ese patrón de violencia en sus comunidades después del conflicto, las investigaciones sugieren que no es necesariamente cierto. Un estudio longitudinal de antiguos niños soldados en Mozambique, muestra que los que tienen acceso a servi- cios de rehabilitación y son aceptados de vuelta en sus fa- milias y comunidades, son capaces de convertirse en adul- tos productivos, responsables y afectuosos, si reciben la atención debida de los trabajadores de protección de la in- fancia cuando son desmovilizados. Los componentes im- portantes de la rehabilitación exitosa incluyeron: el cuida- do y el contacto con adultos de confianza; prácticas tradicionales como los rituales de purificación; oportuni- dades educativas; contratos de aprendizaje proyectos de generación de ingresos y de suministro de semillas y herra- mientas.243

A NIVEL SOCIAL Las intervenciones sociales pueden tener un efecto significa- tivo en la prevención y reducción de la violencia interperso- nal, así como para evitar que se tolere o aliente.248 Por esta razón, la prevención de violencia entre la población joven debe tenerse en cuenta en las estrategias nacionales de re- ducción de la pobreza; las políticas sectoriales para reducir la vulnerabilidad social; las políticas para la reforma de los gobiernos locales y la descentralización administrativa; en la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud, educa- ción e infraestructuras comunitarias; así como en las inicia- tivas específicas para fomentar los derechos de la mujer y de la infancia. Es especialmente importante prestar atención a la forma en que estas políticas se adaptan e implementan a nivel local a través de enfoques basados en la comunidad o en grupos que requieren una atención especial.

Oportunidades e igualdad económica Dos de los desafíos más importantes que afectan directa- mente a los niños, niñas y jóvenes, particularmente a los que están en entornos de alto riesgo, son: el acceso a oportunidades de generación de ingresos y alternativas de vida y la posibilidad de lograr sus aspiraciones sin recurrir a actividades delictivas. Si sienten que tienen un interés personal en la creación de un entorno seguro y que pueden lograr sus aspiraciones

en el marco de la ley, la frustración personal y la tensión social que alimentan la violencia pueden reducirse notablemente. Por lo tan- to, se requiere crear un marco nacional de políticas eco- nómicas y sociales que dé prioridad al crecimiento, la equidad y la sostenibilidad en el uso de los recursos na- turales y humanos y que reemplace y reconstruya los déficit de seguridad social que se han creado.249 Existe alguna evidencia de que las políticas que reducen la concentración de la pobreza en áreas urbanas, por ejemplo, mejorando las oportunidades de empleo y educación, pue- den ser efectivas para reducir el comportamiento violento de los jóvenes.250 En un estudio pionero en los EE.UU., los jóvenes de familias que recibían subsidios de alquiler y ayu- da para mudarse de vecindarios pobres, tenían una proba- bilidad significativamente menor de comportarse de mane- ra violenta que aquellos que tenían ese apoyo.251 La fuerte y evidente relación entre altos niveles de desigual- dad económica y mayores tasas de homicidio entre adoles- centes y adultos jóvenes, indica que las políticas que reduz-

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA COMUNIDAD

can la desigualdad económica o minimicen sus efectos pueden ser muy útiles para prevenir dicha violencia. Esto parece ser especialmente pertinente en el caso de los hom- bres, ya que las investigaciones indican que la relación entre la desigualdad económica y el homicidio es mucho más fuerte entre los hombres que entre las mujeres.252

Reducción del acceso al alcohol y a las drogas ilegales Se ha demostrado que las intervenciones que reducen el acceso al alcohol o aumentan sus precios, disminuyen tanto los niveles de consumo como las tasas de violencia juvenil dentro de la comunidad. En Diadema, Brasil, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas después

de las 11 p.m. evitó un número estimado de 273 asesinatos (de todas las edades) durante un período de dos años.253 En algunos lugares de EE.UU., restringir el acceso de los menores de edad al alcohol ha reducido las infracciones de alteración del orden público entre adolescentes de 15-17 años.254 Al contrario, a mediados de los años ochenta, el fin de un programa que limitaba la oferta de bebidas alcohólicas, así como la crisis socioeconómica que siguió a la caída de la Unión Soviética, fue seguido por un notable aumento de homicidios entre rusos menores de 20 años a comienzos de los años no- venta.255,256 También hay evidencias de que los programas que inci- den en los hábitos de consumo de alcohol y otras nor- mas sociales, pueden reducir los niveles perjudiciales de consumo entre los jóvenes y ser útiles para reducir la violencia. Incidir en los establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas como los bares y clubes también puede ser efectivo. Por ejemplo, mejorar la práctica ad- ministrativa y de los empleados por medio de programas de capacitación, implementar códigos de buena práctica y aplicar la legislación relativa a licencias de manera estricta, crea entornos que favorecen menos la violen- cia.257,258,259 En los ambientes nocturnos, la presencia de grandes cantidades de personas borrachas al final de la noche aumenta la posibilidad de que se produzcan pe- leas violentas.260 Se ha demostrado que medidas como ofrecer transporte seguro por la noche, mejorar el alum- brado público y el uso de circuitos cerrados de televisión, ayudan a reducir la violencia relacionada con el alcohol alrededor de lugares con licencia para venderlo.261 Una gran proporción de las bebidas alcohólicas que se consumen en

muchas sociedades de ingresos bajos a me- dios se producen en casa o se venden en lugares sin licen- cia.262 Por ejemplo, se calcula que entre el 80-90% de los establecimientos que venden alcohol en Sudáfrica no tienen licencia. En tales entornos, aumentar el precio de las bebidas alcohólicas puede ser menos efectivo que otros enfoques, por ejemplo, mejorar la legislación relativa a la edad mínima legal para poder comprar alcohol y mejo- rar los controles de los establecimientos que lo venden.

Reducción del acceso a, y demanda de, armas Como se señaló anteriormente, el acceso a armas de fue- go y a otras armas letales es un factor importante que contribuye a los homicidios y a las lesiones graves de los niños y niñas en las comunidades. Las intervenciones para reducir el acceso a ellas incluyen: la prohibición de ciertos tipos de armas de fuego, períodos de espera, can- jeo de armas de fuego, normas de licencias y registro, control más estricto de la posesión ilegal y tráfico de ar- mas y normas para almacenarlas de manera segura. En muchos lugares, hay un creciente reconocimiento de la necesidad de tratar también la tenencia y uso de cuchillos y otras armas blancas. Hasta la fecha, relativamente pocas intervenciones para reducir el acceso a armas han inclui- do componentes de evaluación lo suficientemente rigo329

rosos como para poder formular conclusiones acerca de su impacto en las tasas de homicidio263 o para identificar específicamente sus efectos en los niños y niñas. Sin em- bargo, ejemplos de Australia y Colombia, que han sido correctamente evaluados, sugieren que reducir el acceso a las armas y su demanda puede ser un medio efectivo para prevenir la violencia entre, y por parte de niños y niñas en entornos comunitarios.264,265 El recuadro siguiente describe cómo una combinación de intervenciones para prevenir que se porten armas de fuego en lugares públicos y para reducir el consumo de alcohol, ha ayudado a dis- minuir las tasas de homicidio en Cali, Colombia.

Reducción de la exposición a la violencia en los medios de comunicación

La prevención de la violencia contra los niños y niñas a través de los medios de comunicación requerirá coope- ración a nivel individual y comunitario, pero también la formulación de estrategias nacionales. Muchas de las contribuciones que se hicieron al Estudio sugirieron el empleo de campañas educativas para los niños y sus pro- genitores. Campañas que les informen de los problemas relacionados con la violencia en y a través de los medios masivos de comunicación y en particular acerca de los riesgos de Internet y su uso seguro. Otras estrategias en- focadas específicamente en el uso de Internet incluyen la creación de organizaciones de vigilancia que monitorean sitios Web y la regulación y autorregulación de la indus- tria de Internet. También es necesario mejorar la aplica- ción de la ley, incluyendo el enjuiciamiento penal de personas que emplean Internet para hacer daño a los ni- ños y niñas; el seguimiento de los infractores conocidos una vez hayan sido enjuiciados; programas para evitar que las personas se conviertan en infractores y progra- mas de tratamiento para los infractores.267 LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TODOS LOS NIVELES La investigación ha mostrado que el silencio es la respuesta casi universal de los niños y niñas que su- fren abusos.268 En tales circunstancias, se requieren esfuerzos especiales por hacer que se sientan segu- ros para hablar. Los sistemas de gobierno locales pueden desempeñar un papel particularmente im- portante en este sentido; ya sean sistemas centrali- zados, descentralizados o estén privatizados, necesi- tan incluir las opiniones de los niños, niñas y jóvenes. Un proyecto del Consejo de Europa relativo a la inclusión social de jóvenes, halló que el em-
 poderamiento de los jóvenes era fundamental para
 formular estrategias comunitarias de prevención de
 violencia.269 La creación de asociaciones para gru-
 pos específicos, como los niños que viven en la calle
 o los supervivientes del abuso infantil, con el obje-
 tivo de crear una identidad común y solidaridad
 alrededor de sus propios problemas, puede ser

una
 experiencia que sirva para empoderarles. También
 puede ser el punto de partida para que actúen en
 favor de sus propias agendas, incluyendo la promo-
 ción de otros derechos de la infancia, así como en
 favor de otros pares vulnerables que sufren violen-
 cia doméstica, riesgo de matrimonio infantil, dis-
 criminación o exclusión en la escuela.270 331 Por lo tanto, la participación es un principio clave que debe aplicarse en todos los esfuerzos por preve- nir y eliminar la violencia contra, y por parte de los niños y niñas en la comunidad. LA RECOPILACIÓN DE DATOS Y LA INVESTIGACIÓN Como en todos los escenarios de violencia analiza- dos por el Estudio, existe la necesidad urgente de mejorar la recopilación de datos y los sistemas de información, así como de desarrollar más investiga- ciones, particularmente en los países y regiones en desarrollo. En los sectores de salud y justicia penal hay que crear sistemas para recopilar y monitorear los datos, prestando atención a la edad y sexo de los autores y de las víctimas. Las fuentes de informa- ción incluyen: los certificados de defunción, regis- tros de estadísticas vitales, informes médicos, registros hospitalarios, registros policiales y judiciales y la información facilitada por las víctimas en en- cuestas y estudios especiales.

Alcance de la prevención primaria Las iniciativas vecinales y de base comunitaria, así como los programas a gran escala que cuentan con la participación de sociedades enteras, son un medio de alcanzar niveles de prevención de la violencia eficaces e interesantes desde el punto de vista económico. Mientras que algunas intervenciones universales1 (que suponen básicamente reformas legales y de políticas) pueden tener un costo más bien bajo, muchas estrategias universales de prevención que han dado resultados buenos o prometedores exigen altos niveles de inversión, tanto en recursos financieros como humanos, los cuales se recuperan sólo al cabo de muchos años, a la par que el dinero adicional del ahorro que supone para la sociedad la prevención eficaz. En los entornos con pocos recursos en los que es económicamente imposible contemplar siquiera la aplicación de programas universales de prevención de la violencia, las intervenciones selectivas2 pueden ser una buena opción. Los entornos con escasos recursos deben considerar seriamente la posibilidad de realizar

intervenciones selectivas entre los subgrupos de población y las comunidades geográficas en las que exista el mayor riesgo de violencia interpersonal. Estas intervenciones selectivas, diseñadas, aplicadas y evaluadas de forma adecuada, serán asequibles y capaces de producir efectos apreciables que podrán luego utilizarse para propugnar por aumentar la escala de las intervenciones e ir cubriendo proporciones cada vez mayores de la población. Evaluación de los programas de prevención primaria La parte central del paso tres del enfoque de salud pública mencionado con anterioridad (y en la Introducción) es la evaluación de los programas, que puede definirse como el proceso sistemático de recopilación y análisis de los datos mediante una metodología científica, con el fin de determinar si un programa está logrando los objetivos planteados. Evaluar de forma correcta los programas de prevención primaria es esencial para documentar la aparición y la magnitud del impacto de una intervención y su costoeficacia, mediciones ambas de gran valor para poder influir en las prioridades en cuestión de políticas y financiación. La evaluación, además, identifica los puntos fuertes y los puntos débiles de los programas, abriendo la posibilidad a las mejoras internas, y contribuye al caudal de conocimientos sobre estrategias de prevención de la violencia interpersonal y reproducción de los modelos de prevención eficaces. Los expertos en prevención y las instancias normativas por lo general reconocen y aceptan la importancia de la evaluación, y todos los programas de prevención primaria deberían incluir un elemento de evaluación, por limitado que sea. En los países con ingresos bajos o medios es notoria la ausencia de la documentación y evaluación adecuadas en relación con los programas de prevención primaria. Entre las dificultades para llevar a cabo una evaluación científicamente rigurosa de los programas cabe citar las siguientes: a) confusión acerca de la finalidad, utilidad y necesidad de evaluar los programas, a menudo motivada por la percepción, por parte del personal, de que su programa es evidentemente eficaz y por tanto no necesita ser evaluado; b) resistencia a la evaluación por parte del personal y los gestores del programa, que la perciben como una posible amenaza a sus carreras; c) renuencia del gobierno y de los organismos de financiación bilaterales a invertir en la evaluación, dado que se considera una actividad de «investigación» y no indispensable; PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL 1 Las intervenciones universales se aplican a la totalidad de la población, con independencia de las diferencias de riesgo que pueda haber entre los subgrupos de la misma. Las leyes que rigen los permisos de distribución y venta de bebidas alcohólicas y los elementos de prevención de la violencia integrados en los planes de estudios de todas las escuelas primarias son dos ejemplos de intervención universal. 2 Las intervenciones selectivas operan sobre subgrupos de población con un elevado riesgo de cometer o padecer actos de violencia interpersonal. Algunos ejemplos de intervención selectiva son las visitas domiciliarias a las parejas que están por tener un hijo o acaban de tenerlo y viven en comunidades de alta delincuencia y bajos ingresos; o los incentivos para que los jóvenes de alto riesgo terminen sus estudios secundarios y aspiren a seguir estudios superiores.

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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

d) falta de conocimientos técnicos para llevar a cabo una evaluación de programa apropiada y provechosa, en especial en cuanto a las iniciativas de base comunitaria, vecinal o local; e) falta de recursos humanos para completar las actividades de evaluación, porque el personal suele estar sobrecargado con las tareas propias del programa y puede no tener tiempo para realizar actividades de «evaluación» separadas. Aunque esta problemática es común, puede superarse. Para evitar sobrecargar al personal y asegurar la asignación de los recursos adecuados, tanto humanos como financieros, es conveniente integrar las herramientas y actividades de evaluación en el diseño del programa y en el plan de trabajo desde el mismo momento en que comience a planificarse el programa. Las alianzas de cooperación con centros de investigación o académicos pueden proporcionar la asistencia y el apoyo técnicos necesarios para diseñar y aplicar la evaluación

del modo adecuado. Por último, la participación activa del personal del programa en la planificación, la división del trabajo y la difusión de los resultados puede minimizar la resistencia a la evaluación y quitarle la posible apariencia amenazadora. Compartir los resultados oportunos de la evaluación y las respuestas positivas resultantes del proceso de evaluación (como, por ejemplo, un cambio en las políticas a consecuencia de la eficacia del programa, un aumento de fondos o la repetición del programa en algún otro lugar) también puede ser para los empleados una demostración de la importancia de la evaluación. Los sistemas de información descritos en la Parte 1 son una herramienta de evaluación esencial que proporciona a los responsables del desarrollo de programas, a los investigadores y a las instancias normativas los datos necesarios para realimentar el proceso de las políticas y asegurar así el mantenimiento de los recursos y la influencia en el cambio de la política general. Para sacar el máximo partido de los sistemas de información utilizados para supervisar las defunciones, lesiones y otros indicadores de la violencia y sus factores de riesgo que en sí mismos no inciden en las tasas reales de violencia, dichos sistemas deben establecerse antes de que comiencen las actividades de la intervención. El acceso a los datos y su análisis en periodos previos a la intervención permitirá establecer tasas de violencia de referencia muy precisas; luego, el análisis continuo de los datos recopilados con regularidad durante y después de la intervención pondrá de manifiesto las tendencias y detectará el momento exacto en el cual se producen los cambios en las tasas de traumatismos relacionados con la violencia, en los comportamientos violentos o en los factores de riesgo. La capacidad de determinar cuándo empieza el cambio es primordial para establecer una correlación entre una intervención o una medida de política general y el efecto que ésta ejerce.

Cuestiones de políticas

Con algunas excepciones, en la mayoría de los países no existen instrumentos de política general y legales diseñados de forma explícita para promover los programas destinados a la prevención primaria de la violencia interpersonal. La formulación de este tipo de instrumentos debe considerarse, por lo tanto, como un objetivo a alcanzar, a mediano o largo plazo, a través de la sensibilización derivada de las experiencias de los programas de prevención primaria desarrollados y de la aplicación continuada de un plan nacional de acción para la prevención de la violencia interpersonal (véase la Parte 6). Dado que las estrategias de prevención probadas y prometedoras a fomentar abarcan una variedad de sectores diferentes, en la mayoría de los países serán numerosas las políticas y las leyes que, indirectamente, estarán relacionadas con la prevención primaria de la violencia. Para lograr un compromiso inicial y apoyo para los programas piloto de prevención primaria, se puede recurrir a instrumentos de política general y legales de otros sectores, como, por ejemplo, los siguientes: • Políticas de atención de salud reproductiva • Leyes sobre la violencia doméstica y familiar 49

• Normas de los medios de comunicación y de difusión • Políticas de bienestar y protección social • Políticas y leyes de distribución y venta de bebidas alcohólicas • Políticas educativas • Políticas de empleo • Leyes de protección y atención de la infancia • Leyes que regulan la tenencia y portación de armas de fuego. Para defender la inversión en programas de prevención primaria puede ser de utilidad trazar

una cartografía de los programas propuestos y de los instrumentos de política general y legales existentes. Tener disponible esta información reforzará de manera considerable la argumentación en favor de la prevención primaria, y el ejercicio proporcionará una sólida base sobre la cual planificar el proceso de formulación de nuevos instrumentos específicos para la prevención primaria de la violencia. Niveles nacional, provincial y municipal Mientras que el apoyo a los programas de prevención primaria mediante políticas y leyes por lo general existe y se formula a nivel de país, es muy frecuente que el trabajo práctico de aplicación de los programas sea responsabilidad de las autoridades municipales y provinciales (CUADRO SIETE). La cartografía de las estrategias de prevención primaria en los instrumentos de política general y legales antes mencionada habrá de completarse con procedimientos similares realizados a nivel provincial y municipal.

3.3 Líneas de acción para fomentar la prevención primaria

La promoción de la prevención de la violencia, en su dimensión práctica, se centra en la descripción, aplicación y evaluación de programas de prevención seleccionados de forma estratégica. La finalidad que se persigue es proporcionar una fuente local de datos constatados y experiencia, la cual se utilizará para abogar por la intensificación de la prevención primaria, la integración de ésta en el trabajo sistemático del gobierno, y la formulación de leyes y políticas dirigidas explícitamente a la prevención primaria. Las líneas de acción para el fomento de la prevención primaria son, por tanto, las siguientes: 3.1 Trazar la cartografía de los programas de prevención primaria existentes 3.2 Apoyar y evaluar los programas experimentales de prevención primaria 3.3 Difundir las experiencias en cuestiones de prevención específicas de cada país 3.4 Abogar por la prevención primaria 3.5 Integrar la prevención primaria en el trabajo sistemático de los gobiernos locales y nacionales 3.6 Crear mecanismos de sostenibilidad. En el CUADRO DE RECURSOS TRES se enumeran directrices técnicas y otros recursos que pueden ser de utilidad para la aplicación de estos pasos. LÍNEA DE ACCIÓN 3.4

Abogar por la prevención primaria

La promoción es fundamental para fomentar la prevención primaria de la violencia interpersonal y será preciso poner en práctica como mínimo los tres enfoques descritos a continuación. Promoción orientada hacia el gobierno Los grupos de promoción ajenos al gobierno pueden desempeñar un papel muy influyente en el fomento de la prevención primaria. Los supervivientes de actos de violencia, por 53

PARTE 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

ejemplo, y los familiares de las personas que han sido asesinadas, violadas o sometidas a maltrato o abandono, pueden constituir asociaciones de víctimas. En muchos países estos grupos participan con regularidad en iniciativas para establecer controles más estrictos sobre las armas de fuego, para impedir el maltrato de los niños y para proteger a las personas contra la violencia sexual. Los incidentes trágicos, como los tiroteos en centros escolares o la muerte violenta de una celebridad de gran notoriedad pública, suelen ser catalizadores del interés colectivo y éste, si es canalizado adecuadamente por los grupos de promoción no gubernamentales, puede producir unos réditos rápidos y duraderos para la

prevención primaria en términos de voluntad política y compromiso. Promoción desde el gobierno hacia el público Las campañas de promoción patrocinadas por el gobierno deben tener como objetivo corregir las ideas equivocadas del público acerca de las causas de la violencia interpersonal y la posibilidad de prevenirla, y deben coordinarse con cambios políticos y legislativos para mejorar el conocimiento público de las nuevas leyes y políticas. Las campañas de este tipo fomentan y popularizan la idea de que la violencia se puede prevenir y lanzan a todos a la labor de conseguirlo. Promoción dentro del departamento de salud y hacia otros departamentos gubernamentales Es probable que en muchos ministerios y departamentos técnicos del gobierno a los que se requiera su colaboración para cambiar las políticas y aplicar los programas, la idea de aplicar los principios de la prevención primaria al problema de la violencia interpersonal les resulte enteramente nueva. La promoción dentro del gobierno estará dirigida a explicar el enfoque de la prevención de la violencia interpersonal basado en la salud pública a través de seminarios, talleres y boletines que informarán a las personas competentes sobre la prevención de la violencia, invitándolas a reflexionar sobre la posibilidad de participar de algún modo y asumir alguna responsabilidad. LÍNEA DE ACCIÓN 3.5

Integrar la prevención primaria en el trabajo sistemático de los gobiernos locales y nacionales

La integración de la prevención primaria de la violencia en los planes de desarrollo social y en los proyectos educativos y de renovación urbana puede alcanzarse exigiendo que dichos planes incluyan la prevención de la violencia como un objetivo explícito y dispongan de indicadores adecuados para medir los niveles de violencia interpersonal antes y después de la aplicación del proyecto. Asimismo, en la planificación de todos los principales proyectos nuevos de desarrollo social ha de tenerse en consideración la reducción de los factores de riesgo de violencia interpersonal. Los análisis de impacto social permitirán identificar los efectos potenciales de dichos proyectos sobre la violencia interpersonal y sus factores de riesgo; sólo deberían aprobarse aquellos proyectos que demuestren una elevada probabilidad de reducir la violencia interpersonal.

4.1 Aspectos conceptuales

Si bien los efectos de la igualdad y la equidad social y entre los sexos sobre la violencia interpersonal no constituyen la única ni la principal razón de su importancia, el fomento tanto de la igualdad como de la equidad es un componente esencial en la prevención de la violencia. Las desigualdades y las inequidades sociales y entre los sexos, tal como muestra la FIGURA DOS de la Introducción de esta guía, están relacionadas con muchos de los principales factores de riesgo comunes a diversos tipos de violencia interpersonal y actúan como factores de riesgo en sí, en especial al nivel de sociedad del modelo ecológico. Esas desigualdades e inequidades pueden exacerbar otros factores de riesgo a todos los niveles ecológicos y propiciar las condiciones en las que puede prosperar la violencia. Por el contrario, mayores grados de igualdad y equidad pueden tener un efecto multiplicador en los factores de protección que reducen los niveles de violencia. Por sí solo, el fomento de la igualdad1 social y entre los sexos no es suficiente para influir en las condiciones subyacentes que alientan la violencia interpersonal. Podría

suceder, por ejemplo, que dos grupos de una misma sociedad consiguieran un estado de igualdad ante la ley y protección legal contra la discriminación pero, a pesar de ello, la inequidad persistiera debido a las diferentes posiciones de los distintos grupos para sacar provecho de las oportunidades. Tomemos el ejemplo hipotético de una fundación que desea conceder subvenciones para desarrollar 10 proyectos de prevención de la violencia en una región específica. La convocatoria de propuestas se envía a todos los países de dicha región que aceptan convocatorias: existe igualdad de oportunidades. Sin embargo, aquellos países que han desarrollado su capacidad en materia de prevención de la violencia y que tienen experiencia en la redacción de escritos de solicitud de subvenciones elaborarán propuestas sólidas y tendrán, por lo tanto, más probabilidades de recibir las subvenciones que aquellos otros países que elaboran una propuesta de esta índole por primera vez. Un proceso de este tipo posiblemente dará como resultado una distribución no equitativa de las subvenciones, que tenderá a favorecer a los países en los cuales ya existe una mayor capacidad. Para evitar esta situación (es decir, para promover la equidad) la fundación debería ofrecer asistencia para la elaboración de propuestas a aquellos países con poca experiencia. Este ejemplo sugiere que la igualdad no siempre es suficiente para asegurar situaciones equitativas y que para alcanzar la equidad a menudo se requiere un trato diferenciado que favorezca a los grupos históricamente desfavorecidos. Desarrollar y aplicar políticas es un medio importante, si bien no el único, de contribuir a alcanzar la igualdad y la equidad social y entre los sexos. Las políticas pueden ofrecer protección legal contra la discriminación (fomento de la igualdad) y, al mismo tiempo, mejorar el acceso de los grupos a las oportunidades y los recursos (fomento de la equidad). Aunque las medidas políticas positivas son un paso clave hacia unas condiciones sociales equitativas, es importante recordar que las desigualdades no son consecuencia sólo de políticas deficientes, sino también de actitudes y normas sociales discriminatorias. El cambio en las políticas tendrá cierta repercusión en las normas sociales, pero para generar esfuerzos continuados que conduzcan a un cambio social suele ser necesario contar con la adhesión y el compromiso de los líderes y de las instancias normativas, así como con campañas de sensibilización pública, mercadotecnia social y otras estrategias de comunicación.

Cuestiones de políticas Política social La política social puede aumentar el grado de igualdad social y de equidad mejorando el acceso a los servicios esenciales, a saber, salud, educación, vivienda de calidad y servicios sociales, y su justa distribución. Además de satisfacer los derechos humanos básicos (véase el CUADRO OCHO), tales mejoras abordan algunos de los principales factores de riesgo transversales de la violencia interpersonal y darán lugar a una reducción de los niveles de violencia. No existe una definición estándar de lo que sería una «política social», y las instancias normativas y los investigadores tienden a utilizar el término con distintos significados. Aquí lo estamos utilizando en referencia a aquellas políticas que establecen programas de asistencia y protección social para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y que pueden estar dirigidas al público en general o bien a grupos determinados (como ser, los jóvenes o los ancianos). La política social puede ser un instrumento estratégico para modelar las condiciones sociales subyacentes que determinan el bienestar y que, en ese sentido, comprenden la educación, el empleo, la protección social (por ejemplo, a través de pensiones asistenciales o subsidios de desempleo), la vivienda y la salud. Generalmente se considera que las políticas económicas y fiscales son diferentes de las

políticas sociales, aun cuando sus resultados (por ejemplo, distribución de los ingresos, salarios y niveles de empleo) tienen importantes consecuencias sociales. Los ajustes a las políticas fiscales y económicas diseñados para fortalecer la economía no conducen necesariamente a una mejora de la equidad social, sino que pueden incluso agravar la situación de los ciudadanos más pobres de un país. Y allí donde la política económica y fiscal no han logrado asegurar que los residentes satisfagan sus necesidades sociales básicas, la política social puede contribuir en parte a llenar el vacío. Los resultados que las políticas sociales pretenden obtener tienen especial relevancia para la prevención de la violencia, porque atañen a factores de riesgo transversales, entre ellos los siguientes: • Facilitar el acceso a la educación y la atención durante la primera infancia, y mejorar la calidad de las mismas

Los derechos humanos y la prevención de la violencia interpersonal Si bien varias formas de violencia interpersonal (entre ellas, la violencia contra las mujeres y el maltrato de los niños y los ancianos) se reconocen como violaciones de los derechos humanos, no se comprende tan bien que el grado de protección y cumplimiento de los derechos humanos tiene una influencia directa en las condiciones que dan lugar a dicha violencia. Los Estados que han ratificado los instrumentos internacionales que proclaman dichos derechos están obligados a respetarlos (lo cual significa que los gobiernos se abstendrán de violarlos de forma directa); protegerlos (lo cual significa que los gobiernos habrán de aplicar medidas razonables para impedir la violación de esos derechos y, en su caso, ponerle remedio); y garantizarlos (dando los pasos apropiados que aseguren su cumplimiento y no su mera protección). Específicamente en cuanto atañe a la violencia, los Estados han de asegurarse de no estar cometiendo actos de violencia contra las personas; de que las víctimas de la violencia tengan acceso a servicios y reparaciones en caso de que se produzcan violaciones (sea por parte de actores pertenecientes al sector público o al privado); y que las personas, las comunidades y la sociedad disfruten de paz y seguridad. Las políticas sociales y de género pueden ser mecanismos para cumplir con las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y, a la inversa, las obligaciones relacionadas con los derechos humanos de conformidad con la legislación internacional son una justificación para progresar en estas esferas de las políticas. Los derechos humanos básicos incluyen el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al nivel de salud más alto posible, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos derechos económicos, sociales y culturales están directamente relacionados con la pobreza, la desigualdad económica y entre los sexos, el desempleo, el abuso de sustancias, y las redes sociales y de seguridad deficientes, es decir, con los mismos factores transversales sobre los que se sustenta la violencia interpersonal, tal como ilustra la FIGURA DOS (en la Introducción). Cuando se respetan, se protegen y se garantizan los derechos humanos, es probable que los

niveles de violencia interpersonal disminuyan.

Abordar la pobreza y la desigualdad para prevenir la violencia interpersonal La pobreza y la desigualdad económica son importantes factores de riesgo de violencia interpersonal, tanto en el nivel de la comunidad como de la sociedad. Muchos estudios han confirmado que elevados niveles de pobreza y desigualdad pueden crear condiciones en las que la violencia crezca con fuerza. La mayoría de los estudios que han explorado los efectos de estos factores de riesgo sobre la violencia interpersonal se centraron en los homicidios. En términos de pobreza absoluta, se ha demostrado que los mayores niveles de pobreza y los menores niveles de desarrollo económico se asocian con mayores tasas de homicidios; y los estudios de pobreza relativa demostraron que la desigualdad económica es un mecanismo aún más potente para predecir las tasas de violencia interpersonal. Este último efecto probablemente se produce cuando la desigualdad económica se asocia a otros factores de riesgo, como desempleo, redes de seguridad económica y social deficientes, privaciones económicas y desintegración social. Dado que estos factores, a su vez, intervienen en la situación de los hogares y de las personas, no es de sorprender que en el nivel correspondiente a las relaciones se haya establecido el bajo nivel socioeconómico del hogar como un factor de riesgo de la violencia. Teniendo en cuenta estas asociaciones, no cabe duda de que las medidas para aliviar la pobreza y reducir la desigualdad económica contribuirán a la prevención a gran escala de la violencia interpersonal. Los principales actores internacionales en el ámbito de la salud y el desarrollo ya han reconocido la importancia de la reducción de la pobreza (por ejemplo, el Banco Mundial, en sus documentos estratégicos de lucha contra la pobreza; la OMS, con su labor en cuanto a los determinantes macroeconómicos de la salud, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio), y ya hay un gran volumen de trabajo en curso. Estudios correlativos sugieren que la tasa general de crecimiento o declive de la economía de un país predice cambios en las tasas de homicidios. Los rápidos cambios que se están produciendo en las sociedades y las economías de todo el mundo a raíz de la globalización pueden exacerbar la desigualdad y dar lugar a mayores niveles de violencia aun en un contexto general de reducción de los niveles de pobreza. Las mayores ganancias en la prevención de la violencia se obtendrán cuando la reducción de la pobreza y el desarrollo económico vayan acompañados de políticas que fomenten una distribución equitativa de los beneficios derivados del crecimiento económico y reduzcan al mínimo los efectos negativos de la rapidez con que se producen los cambios sociales y económicos.

Facilitar el acceso (en condiciones de igualdad) a la educación primaria y secundaria, incluida la asignación de los recursos apropiados para la educación • Reducir las tasas de desempleo • Fortalecer los sistemas de protección social (por ejemplo, la seguridad social para los

ancianos y las personas discapacitadas; el seguro de enfermedad; la atención a los niños; las pensiones asistenciales y alimenticias, y los subsidios de desempleo). La capacidad que tienen los países de alcanzar estos resultados está determinada por factores tales como la economía nacional, los recursos disponibles, y el contexto y las prioridades de las políticas. Está fuera del ámbito de esta guía recomendar políticas sociales específicas que sean oportunas y eficaces en todos los contextos. En cambio, seguidamente se resumen algunas líneas de acción preliminares para abordar la violencia interpersonal mediante políticas sociales. Puesto que la política social abarca tantas esferas diferentes, es importante tomar una decisión estratégica respecto de cuáles de ellas se abordarán de buen principio. En una situación ideal, esta decisión se basaría en los datos nacionales que indiquen qué factores sociales están más estrechamente relacionados con la violencia interpersonal. En la mayoría de las situaciones, sin embargo, tales datos no existen. En caso de que no se disponga de datos contundentes que permitan orientar las prioridades, esta guía recomienda empezar por la política en materia de educación, protección social y empleo (CUADRO NUEVE). Para que la política económica y la política social ofrezcan el máximo beneficio para el desarrollo humano, han de apoyarse la una sobre la otra y, por los tanto, estar muy bien coordinadas entre sí. Como ya han expresado en diversos documentos estratégicos y políticos varios órganos regionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Consejo de Europa, una buena política social no sólo es buena para la equidad social sino que también contribuye al crecimiento y fortalecimiento de la economía. A la inversa, el crecimiento económico asegura el desarrollo humano mediante la satisfacción de los derechos sociales básicos, como son el derecho a un nivel PARTE 4. FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD SOCIAL Y ENTRE LOS SEXOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

Abordar la pobreza y la desigualdad para prevenir la violencia interpersonal La pobreza y la desigualdad económica son importantes factores de riesgo de violencia interpersonal, tanto en el nivel de la comunidad como de la sociedad. Muchos estudios han confirmado que elevados niveles de pobreza y desigualdad pueden crear condiciones en las que la violencia crezca con fuerza. La mayoría de los estudios que han explorado los efectos de estos factores de riesgo sobre la violencia interpersonal se centraron en los homicidios. En términos de pobreza absoluta, se ha demostrado que los mayores niveles de pobreza y los menores niveles de desarrollo económico se asocian con mayores tasas de homicidios; y los estudios de pobreza relativa demostraron que la desigualdad económica es un mecanismo aún más potente para predecir las tasas de violencia interpersonal. Este último efecto probablemente se produce cuando la desigualdad económica se asocia a otros factores de riesgo, como desempleo, redes de seguridad económica y social deficientes, privaciones económicas y desintegración social. Dado que estos factores, a su vez, intervienen en la situación de los hogares y de las personas, no es de sorprender que en el nivel correspondiente a las relaciones se haya establecido el bajo nivel socioeconómico del hogar como un factor de riesgo de la violencia. Teniendo en cuenta estas asociaciones, no cabe duda de que las medidas para aliviar la pobreza y reducir la desigualdad económica contribuirán a la prevención a gran escala de la violencia interpersonal. Los principales actores internacionales en el ámbito de la salud y el desarrollo ya han reconocido la importancia

de la reducción de la pobreza (por ejemplo, el Banco Mundial, en sus documentos estratégicos de lucha contra la pobreza; la OMS, con su labor en cuanto a los determinantes macroeconómicos de la salud, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio), y ya hay un gran volumen de trabajo en curso. Estudios correlativos sugieren que la tasa general de crecimiento o declive de la economía de un país predice cambios en las tasas de homicidios. Los rápidos cambios que se están produciendo en las sociedades y las economías de todo el mundo a raíz de la globalización pueden exacerbar la desigualdad y dar lugar a mayores niveles de violencia aun en un contexto general de reducción de los niveles de pobreza. Las mayores ganancias en la prevención de la violencia se obtendrán cuando la reducción de la pobreza y el desarrollo económico vayan acompañados de políticas que fomenten una distribución equitativa de los beneficios derivados del crecimiento económico y reduzcan al mínimo los efectos negativos de la rapidez con que se producen los cambios sociales y económicos.

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de vida adecuado y el derecho a la educación. La coordinación de la política económica y la política social para asegurar los derechos económicos y sociales básicos, reducirá los niveles de pobreza y las inequidades de la sociedad. Las políticas eficaces, al intervenir en los factores de riesgo transversales clave, también originarán una disminución de los niveles de violencia interpersonal, aun cuando la prevención de la violencia no sea uno de sus objetivos declarados. Política de género El fomento de la igualdad y la equidad entre los sexos, además de ser esencial para la satisfacción de los derechos humanos básicos, en particular los que conciernen a la mujer, es un componente decisivo en la prevención de la violencia. La discriminación basada en las diferencias entre los sexos y la distribución injusta de las oportunidades, el poder y los recursos entre los hombres y las mujeres, son causas subyacentes de la violencia interpersonal. Las políticas de género ayudan a combatir las desigualdades resultantes de la discriminación basada en las diferencias entre los sexos, porque aseguran igual tratamiento ante la ley, iguales derechos e igual acceso a las oportunidades por parte de hombres y mujeres, y propician una distribución más justa de los beneficios (por ejemplo, el acceso al crédito) y las responsabilidades (por ejemplo, el trabajo doméstico) entre los hombres y las mujeres. Las medidas políticas para fomentar la equidad deben centrarse en las disparidades que existan entre las mujeres y los hombres y que sean injustas, innecesarias y evitables. La estrategia conocida como «incorporación de una perspectiva de género» persigue lograr la integración de las cuestiones de género en todas las políticas. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas define la incorporación de la perspectiva de género con las palabras siguientes: ... el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros.

E/1997/L.30, adoptado por el ECOSOC el 14 de julio de 1997

El análisis de género, tanto de las políticas como de sus resultados, forma parte del proceso de incorporación de una perspectiva de género. El enfoque más eficaz en pos de la igualdad y la equidad entre los sexos será uno de doble vertiente, que adopte las políticas exclusivamente de género a la vez que preste atención a la igualdad y la equidad entre los sexos en aquellas otras políticas que por lo general se consideran neutrales desde el punto de vista del género. En la sociedad, la desigualdad y la inequidad entre los sexos funcionan por lo general a favor de los hombres; la salvaguarda de los derechos humanos de la mujer y su igualdad de condición es, por lo tanto, de suma importancia y puede exigir un trato diferenciado a favor de la mujer para corregir las inequidades y desigualdades a las que ha dado lugar la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995 por los gobiernos participantes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, destaca diversos objetivos y metas de las políticas para mejorar la condición de la mujer, entre ellos asegurar el acceso de las mujeres a los mecanismos y las instituciones de crédito; eliminar el analfabetismo femenino; facilitar el acceso de las mujeres a la atención de salud; garantizar el acceso de las mujeres a los puestos directivos y a las estructuras de poder; y prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Para formular y evaluar las políticas de género y la incorporación de la perspectiva 61

de género deben utilizarse como guía las normas establecidas en los documentos finales de la conferencia de Beijing y las reuniones complementarias celebradas posteriormente. La violencia contra la mujer es transversal a todos los tipos de violencia interpersonal y debe abordarse como un componente de la desigualdad y la inequidad entre los sexos. La violencia contra la mujer no sólo es una manifestación de las desiguales relaciones de poder entre el hombre y la mujer, sino que es un mecanismo de perpetuación de la desigualdad. La violencia dirigida contra las mujeres y las niñas, a menudo sólo por su pertenencia al sexo femenino, puede impedirles alcanzar una posición de igualdad y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Tal como se enunció en la Plataforma de Acción de Beijing, el miedo a esta violencia puede actuar como una barrera y limitar el acceso de la mujer a las oportunidades y los recursos. Todas las estrategias destinadas a fomentar la igualdad y la equidad entre los sexos deben incorporar medidas específicas para combatir y eliminar la violencia contra la mujer. Si bien las estrategias de prevención de la violencia interpersonal deben prestar especial atención a la violencia contra la mujer, no se deben soslayar las repercusiones que tiene sobre los hombres la distribución irregular de los factores de riesgo y sus consecuencias. La violencia interpersonal es la principal causa de muerte masculina en todas las regiones del mundo. Los hombres tienen mayor riesgo de sufrir actos de violencia con resultado de muerte o lesiones graves perpetrados por extraños o conocidos, mientras que las mujeres tienen más probabilidad de padecer actos de violencia no mortal perpetrados por familiares, amistades y parejas íntimas. Es preciso investigar las causas de estas diferencias, prestando atención tanto a prevenir la violencia contra la mujer como a reducir las tasas de homicidios y de lesiones graves e intencionales entre los hombres. Mediar en favor de los niños víctimas de maltrato El alcance de las consecuencias

de la violencia en la salud y en la sociedad va mucho más allá de la muerte y las lesiones, e incluye daños muy graves en la salud física y mental de las víctimas y en su desarrollo, particularmente en el caso de los niños. Hay estudios que indican que la exposición durante la infancia a malos tratos y otras formas de violencia

está asociada a factores y comportamientos de riesgo que se presentarán en etapas posteriores de la vida, como la victimización y la perpetración de actos de violencia, depresión, tabaquismo, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no buscados, y consumo de alcohol y drogas. Es entonces cuando estos factores y comportamientos de riesgo pueden llevar directamente a algunas de las causas principales de muerte, enfermedad y discapacidad, como son las cardiopatías, el cáncer, el suicidio y las enfermedades de transmisión sexual. El maltrato de los niños, por lo tanto, ocasiona una amplia variedad de resultados sanitarios adversos, tanto para los niños como para la sociedad, a lo largo de toda la vida de la víctima, y las intervenciones terapéuticas para terciar y mediar en estos resultados deben considerarse componentes importantes en los esfuerzos destinados a la prevención. Un plan nacional de acción para la prevención de la violencia interpersonal y la mejora del apoyo y la atención a las víctimas es un modelo que proporciona a los diversos sectores que en él participan un conjunto de metas comunes, un calendario compartido, una estrategia de coordinación de las actividades y un marco de evaluación. Un plan nacional de esta índole es clave para organizar intervenciones a nivel de país y a nivel de comunidad que comprendan más de un objetivo y que dependerán de las aportaciones de participantes procedentes de muchos y variados sectores. En la mayoría de los países la responsabilidad principal de la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud recae en las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. Por este motivo, es muy probable que éstas dispongan de los recursos humanos y la capacidad técnica necesarios para coordinar los programas multisectoriales de prevención de la violencia y los servicios de atención y apoyo a las víctimas preconizados en esta guía. Siempre que sea posible, es preferible que el desarrollo del plan nacional de acción sea liderado por el ministerio de salud, el cual, a la vez, facilitará la participación multisectorial con los demás grupos de interés identificados en la Introducción de la presente guía. La formulación de un plan nacional de acción para la prevención de la violencia interpersonal puede concebirse tanto en términos de contenido del plan como de su estructura. Un plan nacional de acción eficaz probablemente será multisectorial y, por ello, el Informe mundial sobre la violencia y la salud recomienda explícitamente desarrollar a todos los niveles del programa capacidad de liderazgo intersectorial en materia de prevención de la violencia. Para facilitar una colaboración eficaz y significativa, el plan de acción habrá de identificar con claridad las funciones y responsabilidades de los distintos sectores y disciplinas que participen en todas y cada una de las esferas de actividad. Además, habrá de incorporar expresamente las finalidades y objetivos propios específicos de la colaboración y el liderazgo intersectorial. Por ejemplo, podría formarse un grupo interministerial especial para la prevención de la violencia, mediante un acuerdo que obligara a distintos ministerios a colaborar en la prevención de la violencia interpersonal bajo el liderazgo del ministerio de salud. Las iniciativas a nivel de país son vitales para determinar los fines, las normas y la dirección general de las políticas; pero quienes llevan a cabo la ejecución de las intervenciones preventivas y la prestación de los servicios de apoyo y atención a las víctimas PARTE 6. REUNIR TODO: DESARROLLAR UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

propiamente dichos son los gobiernos provinciales y municipales y, cada vez más, los organismos no gubernamentales. En consecuencia, el plan de accióm debe contemplar actividades de prevención y de atención a las víctimas tanto a nivel de país como a nivel local, pudiendo incluir, por ejemplo, la creación de autoridades provinciales que tengan bajo su responsabilidad un número específico de programas de prevención de la violencia a nivel municipal en las ciudades y poblaciones de su jurisdicción. En cada esfera de actividad se pueden detallar mecanismos destinados a fomentar campañas internas de promoción y a recibir y dar respuesta a las aportaciones de promoción que puedan hacer los grupos de la sociedad civil (véase la línea de acción 3.4). Son numerosos los países en los que el programa nacional de prevención de la violencia experimentó significativos avances gracias a las aportaciones de los grupos de promoción, que habitualmente participan poniendo la cuestión de la prevención de la violencia en la agenda de los órganos decisorios de los parlamentos nacionales y provinciales. Las esferas de actividad también pueden incluir procedimientos que permitan identificar las partes interesadas a nivel nacional, regional y, quizás, incluso internacional, y para identificar un conjunto básico de mensajes e información a transmitir. Algunos ejemplos de partes interesadas son los medios nacionales de comunicación; los colaboradores en cuestiones de prevención con otros departamentos, gubernamentales o no; los organismos de las Naciones Unidas y los países donantes.

Conclusiones Cada una de las seis partes de esta guía corresponde a una de las seis recomendaciones a nivel de país formuladas en el Informe mundial sobre la violencia y la salud y la resolución correspondiente de la Asamblea Mundial de la Salud instando a los Estados Miembros de la OMS a aplicar dichas recomendaciones (véase la Introducción de la presente guía). Cada parte proporciona una serie de actividades sugeridas en las áreas de formulación de políticas, desarrollo de sistemas y aplicación de programas, cuya puesta en práctica ayudará a los países a cumplir dichas recomendaciones y así prevenir la violencia interpersonal y mejorar los servicios de atención a las víctimas. El mensaje central que la presente guía aspira a transmitir es que para que los esfuerzos para prevenir la violencia que se lleven a cabo a nivel nacional, municipal y comunitario sean fructíferos, es de primordial importancia contar tanto con participación multisectorial como con un claro liderazgo. Es sumamente recomendable que el organismo que lidere la labor sea el ministerio de salud, puesto que sobre éste recae mayormente la responsabilidad de la atención a las víctimas de la violencia y es el principal responsable de la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. También es recomendable establecer mecanismos formales que especifiquen con claridad los roles y las funciones de las partes interesadas, lo cual facilitará la participación interministerial y multisectorial. Tal como sucede siempre que se presenta un nuevo problema que afecta a la salud pública, es probable que los primeros intentos por aplicar las sugerencias de esta guía encuentren resistencia, con el argumento de que saldrán demasiado caros y no pueden asumirse mientras existan prioridades sanitarias más importantes, como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. A pesar de ello, incluso aunque se carezca de recursos para poner en práctica algunos aspectos de las recomendaciones, la información que proporciona esta guía será útil a efectos de planificación. Dado que a las acciones normalmente les preceden planes (que a menudo se utilizan para generar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones), esta guía será de utilidad incluso en los contextos en los que en la actualidad los

recursos para destinar a la prevención de la violencia sean escasos. Además de los beneficios que una eficaz prevención de la violencia puede reportar a la calidad de vida de las personas, las familias, la comunidad y la sociedad, también puede reportar cuantiosos ahorros financieros. Los costos derivados del tratamiento de las consecuencias de la violencia, que en algunas ocasiones duran toda la vida, son asombrosos, por no mencionar los costos indirectos ocasionados por la pérdida de productividad. Con el dinero que actualmente se gasta en tratar las consecuencias de la violencia interpersonal y tomando las medidas de prevención efectivas en línea con las sugerencias de esta guía, podrían mejorarse muchos aspectos de la vida de la población. Prestando mejores servicios de atención a las personas que se convierten en víctimas de la violencia se puede minimizar en gran parte la gravedad de los daños físicos y psicológicos que sufren estas personas y aumentar la probabilidad de que vuelvan a tener una vida productiva y satisfactoria como auténticos supervivientes que son. La violencia afecta a todos los continentes, todos los países, y casi todas las comunidades. Aunque aparece en todos lados, la violencia no es un rasgo ineludible de la condición humana, ni es un problema irresoluble de la «vida moderna» que no pueda ser vencido por la determinación y el ingenio del ser humano.