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"LIMITACIONES EN LA APLICACION DEL PLAN DE SEGURIDAD COMO INSTRUMENTO PARA REDUCIR LA DELINCUENCIA EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, DURANTE EL PERIODO 2011‖ SUMARIO PLAN NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA - 1993 PRESENTACIÓN I.

ANTECEDENTES A. B.

II.

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA A. B. C.

III.

LA

LUCHA

CONTRA

LA

EL ACUERDO NACIONAL LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO OBJETIVO Y POLÍTICAS

DESARROLLO DEL PLAN EN EL CORTO PLAZO A. B. C.

V. VI.

REFERENTE INTERNACIONAL SITUACIÓN DELINCUENCIAL EN ELPERU DEMANDA CIUDADANA POR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

CONCEPCIÓN ESTRATEGICA PARA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA 11 A. B. C.

IV.

MARCO LEGAL MARCO CONCEPTUAL

PRINCIPIOS RECTORES ESTRATEGIAS ACCIONES Y RESPONSABILIDADES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA - 2,003 – PRESENTACION La espiral de violencia cuya raíz es el delito común no es solamente un problema de Lima o de las principales ciudades del país; se trata de una cuestión mundial y muy especialmente de América Latina, que en las tres últimas décadas se ha convertido en la región de más alto índice de criminalidad del planeta. En nuestro país, según las conclusiones del Informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, instituida por el Gobierno en septiembre del 2,001, no existía una política de Estado y un sistema de seguridad ciudadana que articule vínculos intersectoriales entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las Regiones, las Municipalidades y la sociedad organizada para hacer frente a la criminalidad y violencia delictiva.

Señala asimismo que la solución a esta problemática no es exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar políticas preventivas y de control que cuenten con la participación activa de la comunidad. Por lo expuesto y lo señalado en la séptima política de Estado del Acuerdo Nacional que precisa como necesidad prioritaria la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana, el Gobierno promulgó en febrero del presente año la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana -, para institucionalizar las relaciones fluidas y permanentes entre organismos del Estado y la comunidad organizada, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad ciudadana, y a reducir la criminalidad y delincuencia común, mediante una adecuada política multisectorial de prevención y control de la violencia que permita a las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. Este esfuerzo no solo debe sustentarse en la Ley y sus respectivo reglamento, sino, sobre todo, en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ponemos a consideración, el mismo que constituye el instrumento base para diseñar objetivos, políticas y estrategias a corto plazo, a nivel regional, provincial y distrital, con la finalidad de mejorar los niveles de orden y seguridad mediante un trabajo integral y sostenido de los órganos que conforman el Sistema. I.

ANTECEDENTES A.

MARCO LEGAL

1.

Constitución Política a. Art. 166. ―La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia...‖ b. Art.195 (5). Los gobiernos locales tienen competencia para...‖organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad‖. c. Art. 197. ―Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley‖.

2.

Leyes a. Ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades. Art.85: Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana. b. Ley 27238. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Art.70: La Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en esta materia. DS 008-IN que instituye su Reglamento.

Art.9(4): La Policía Nacional organiza y capacita a la comunidad en seguridad ciudadana. c. Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

B.

3.

Decretos y Resoluciones Supremas

a.

DS. 105-2,002-PCM, del 17 OCT 2002, que institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional.

b.

RS 0965, de OOCT 2001, que crea la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional.

c.

RS. No. 0120-2002-IN 17 Marzo 2003 que designa a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

MARCO CONCEPTUAL La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existe riesgos o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello. La Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacio público. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que adoptada el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.

II.

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A.

REFERENTE INTERNACIONAL

Los gobiernos y las sociedades de la mayoría de los países del mundo, y particularmente de Latinoamérica, están preocupados por la existencia de altas tasas de criminalidad y por la tendencia ascendente de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Medellín, Cali, Guatemala, El Salvador, Caracas y Rio de Janeiro revelan una preocupante incidencia de delitos contra la vida el cuerpo y la salud 2,

en cambio en el Lima y principales ciudades del Perú, las autoridades y sociedad civil están más bien preocupadas por el incremento desmesurado de delitos contra el patrimonio. 1 Tesis INAEP.1966.-Servicio Policial Integrado de Seg. Ciudadana en la Comisaría de San Borja. 2 IDÉELE.- Perú. 2003. Inseguridad Ciudadana y delito común. Percepciones y realidades. Basombrío Iglesias, Carlos Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en ciudades de América Latina (circa 1995) Ciudad Medellín Cali Ciudad de Guatemala Salvador Caracas Río de Janeiro Sao Paulo Lima México Santiago

Tasa 248.00 112.0 101.0 95.4 76.0 49.2 48.2 25.0 19.6 2.2

Alcaldes y funcionarios de policía de Latinoamérica, en conferencias organizadas por el Programa de Gestión Urbana del Banco Mundial y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (1995), así como el Foro Europeo de Seguridad Ciudadana y Federación Canadiense de Municipalidades (1996), coinciden en tener una visión común: ―Para una reducción eficaz del delito, las acciones policíacas y la justicia penal deben llevar aparejadas políticas activas de prevención al alcance de todos y que den resultados en el corto y largo plazos. De otro lado, los funcionarios en todos los niveles deben utilizar su autoridad política y asumir la responsabilidad en la lucha contra la delincuencia urbana. Sin este compromiso, nuestra confianza en la comunidad, la calidad de vida de nuestras ciudades y los derechos humanos se encontrarán amenazados‖3 Los congresos de las Naciones Unidades sobre Prevención de Delito y Tratamiento del Delincuente, señalan en una de sus conclusiones, que ―las estrategias de lucha contra el delito que recurren simplemente a la contratación de un mayor número de policías, la introducción de mayores métodos de represión, la imposición de sentencias más severas y la construcción de más Delitos y seguridad de los habitantes. Tendencias y Retos para la Seguridad Ciudadana prisiones, han dado resultados desalentadores. Las estadísticas de policía, las encuestas entre la población sobre actos en que han sido víctimas, y los sondeos que tratan de evaluar la sensación de seguridad en las personas, todo indica que la situación no ha dejado de deteriorase durante los tres últimos decenios‖.4

Por tanto, las políticas de seguridad contra la criminalidad y delincuencia han dejado de ser patrimonio de las instituciones públicas y han pasado a formar parte del interés de la sociedad civil. En este sentido, las estrategias para luchar contra la violencia deben incluir necesariamente cuatro aspectos: prevención, represión, cooperación institucional y participación comunitaria. B.

SITUACION DELINCUENCIAL EN EL PERU La criminalidad y violencia en el Perú constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir la violencia urbana en Lima y principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población. Esta violencia obedece a muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana. La formación de una ciudadanía competente comienza en el hogar, continúa y se fortalece mediante una educación de calidad en las instituciones educativas, se consolida en la comunidad mediante la práctica cotidiana; pero la crisis de valores que en nuestro país tiene una raigambre social muy compleja, viene dando lugar a manifestaciones preocupantes en el comportamiento social y que se manifiestan sobre todo en la intolerancia, la corrupción, la agresividad, el atropello del orden social establecido, la falta de respeto a los derechos humanos; y sobre todo, el incremento de la delincuencia común y organizada. La información estadística sobre denuncias por delitos registrada por el Departamento de Estadística de la Policía Nacional en el periodo 19942002, revela una tendencia decreciente de 1,994 a 1,995, mostrando luego un progresivo incremento hasta 1998, para luego descender hasta el 2001 y retomar nuevamente el ascenso a partir del 2,002. Esta tendencia señala un decrecimiento promedio anual del –2.11% de las denuncias de delitos mayores registradas en las dependencias policiales a nivel nacional.

4

Delito y seguridad de los habitantes. Pag.61 DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP Período : 1994 - 2002 AÑO 1994 1995 1996 1997 1998

CANTIDAD REGISTRADOS 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000

DE

DELITOS

1999 2000 2001 2002 Santiago

200 000 210 000 220 000 230 000 240 00

En cuanto a tipo de delitos, las estadísticas revelan que del total de delitos registrados por la Policía Nacional entre 1994 al 2,002, el 59.3% se encuentran tipificados como delitos Contra el Patrimonio; es decir, en nuestro país, los delitos más frecuentes son aquellos que atentan contra la propiedad de las personas, entre los que se distinguen en primer lugar, el robo (39.7%), luego el hurto (39.0%), seguido de lejos por las estafas (7.2) y la apropiación ilícita (7.1%). DISTRIBUCION MEDIA PORCENTUAL DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP Período 1994 - 2002 TIPO DE DELITOS Contra la Seguridad Ciudadana Contra la Vida, el cuerpo y la Salud Contra el Patrimonio Contra la Libertad Delitos Tributarios Otros Delitos

PORCENTAJE 6.2 14.1 59.3% 3.8% 5.4% 10.7

Cedro señala que la comercialización y el consumo de drogas entre la población urbana de 12 a 50 años va en aumento. En el caso de la pasta básica de cocaína (PBC) entre 1,997 y el 2,000 subió el consumo en un 4.7%. Si bien se aprecia una progresiva disminución de delitos mayores registrados por la Policía Nacional en el periodo señalado, con ligero repunte el año 2,002, existe de otro lado un apreciable número de delitos menores y faltas que no forman parte de dicha estadística y que se encuentran en el rubro de la denominada delincuencia común, y que se sintetiza en robos a domicilios, robos y asaltos en la vía pública, ―pandillaje‖, venta y consumo de drogas, secuestros al paso, violencia familiar, entre otros, que han convertido a muchas ciudades del país en jurisdicciones peligrosas. Este tipo de delincuencia, por su masificación, por su cantidad cada día mas creciente y por las connotaciones sociales que la originan, es mucho mas preocupante que otro tipo de delitos, y porque su control ha escapado a la capacidad de la policía para hacerle frente. Las estadísticas policiales al respecto no reflejan en toda su dimensión la gravedad del problema porque la mayor parte de los agraviados no acuden a las comisarías a registrar su denuncia por una serie de factores, como la poca confianza que la ciudadanía tiene de la policía para solucionar su problema, a decir

de los resultados de las encuestas de victimización que reflejan con mayor precisión esta problemática. A la fecha, en el país se han realizado tres encuestas de victimización – Instituto Apoyo (1966 y 1998) e Instituto Nacional de Estadística (1997) -, que fueron desarrolladas con metodologías distintas; sin embargo, dichas encuestas permiten establecer la siguiente caracterización de la delincuencia en la ciudad de Lima: 5

5

1.

La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia de cierto tipo de delitos, como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos.

2.

Los robos y asaltos tienen como principal objetivo la apropiación de los bienes de las víctimas más que dañar su integridad física (poco uso de armas y bajo registro de agresiones graves).

3.

En la mayor parte de casos, los atacantes son varones jóvenes.

4.

Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales que según estudios parecen obedecer a falta de alternativas recreativas y laborales.

Instituto APOYO.-Seguridad Ciudadana. Agenda para la Primera Década El centro de la actividad delictiva es la ciudad de Lima que exhibe el índice de inseguridad más alto del país. Entre 1981 y el 2001, la población de Lima se ha incrementado en un 67% pasando de 4,6 millones a un total de 7,7 millones de habitantes, en una urbe con condiciones de vida precarias. El 32% de la población vive en situación de pobreza y el 2,3 % en situación de extrema pobreza. La tasa de desempleo asciende a 7,9% y la de subempleo a 37,4%. La inseguridad que existe en Lima y en las principales ciudades del país por la incidencia de la delincuencia común, se incrementa aún mas con la sensación subjetiva que tiene la ciudadanía de que la delincuencia aumenta de manera más acelerada de la que en realidad se registra. La gente, por ejemplo, siente especial temor de ser víctima de un asalto cuando sale o regresa a su casa en horas de la noche, al caminar por barrios populosos o calles poco alumbradas. Es evidente que la percepción de la delincuencia no se basa tanto de las experiencias individuales de los ciudadanos, sino de un conjunto de elementos externos, donde las crónicas rojas de los medios de comunicación juegan un papel importante.

C.

DEMANDA CIUDADANA POR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD La evolución de los recursos humanos en la Policía Nacional revela un progresivo decrecimiento, al pasar de 120,000 efectivos que existían en

1985 durante la unificación de las Fuerzas Policiales, a 92,000 policías que tiene en la actualidad; es decir, en 18 años la institución policial ha sufrido una disminución del 24%, mientras que la población se a incrementado en 59.7% (27’148,101 hab.); lo que permite inferir que la demanda de la población por protección y seguridad es cada vez mayor en comparación a la oferta de servicios policiales. Considerando en la actualidad inviable una adecuada relación de la demanda con la oferta de servicios policiales, se hace imperativo encontrar alternativas que compensen esta brecha. En este contexto, la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y la participación de la comunidad organizada, para apoyar el esfuerzo de la policía nacional para controlar la criminalidad y delincuencia, constituye una necesidad prioritaria que es necesario alentar y fortalecer. El esfuerzo de los municipios y de la sociedad civil en apoyo a las comisarías de sus jurisdicciones se viene realizando en forma aislada en varias provincias y distritos del país, pero sin criterios orientadores que posibiliten un trabajo más eficiente, que posibilite una acción integral en diferentes frentes. III.

CONCEPCIÓN ESTRATEGICA PARA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA.

LA

LUCHA

CONTRA

LA

A.

EL ACUERDO NACIONAL El Acuerdo Nacional firmado el 22 de Julio del 2,002 por las principales organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, en cuyo contexto se aprobaron 29 políticas de Estado, correspondiendo a la séptima la ―Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana‖. Con este objetivo el Estado: 1.

Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada;

2.

Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos;

3.

Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres;

B.

4.

Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;

5.

Fomentará la cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación;

6.

Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana;

7.

Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución; y

8.

Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía.

LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO El Gobierno, en base a la séptima política del Acuerdo Nacional, viene impulsando a partir de octubre de 2001 por intermedio del Ministerio del Interior, la reorganización y modernización de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los servicios policiales, acercar más la policía a la comunidad y dignificar la función policial mejorando los niveles de vida del personal; proceso que ha sido retomado en la actualidad. En Septiembre de 2002 se constituyó la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Primer Vicepresidente de la República, con la finalidad de elaborar en el lapso de un mes un Informe de Seguridad Ciudadana. Cumplido el plazo, la Comisión puso a disposición del Jefe de Estado el documento correspondiente, en una de cuyas conclusiones señala la ausencia de una política integral del Estado para tratar el problema, cuya solución no es exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar con mucha decisión políticas preventivas y de control, metas en las que la participación ciudadana es fundamental. De las propuestas remitidas por el ejecutivo al Congreso de la República siete se convirtieron en leyes: 1. 2. 3. 4. 5.

Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la legítima defensa Ley 27939, que establece el procedimiento e n casos de faltas. Ley 27935, de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

6. 7.

Ley 27934, que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda.

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, prevé la conformación de las siguientes instancias integrantes del sistema: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Comités Regionales de Seguridad Ciudadana Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es el conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia común a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. Este esfuerzo multisectorial no solo debe sustentarse en la Ley y sus respectivo reglamento, sino, sobre todo, en un Plan que articule el accionar de los órganos componentes del Sistema, con la finalidad de neutralizar o reducir la criminalidad y violencia, mediante un trabajo integral y sostenido. C.

OBJETIVO Y POLÍTICAS 1.

OBJETIVO

“ARTICULAR LOS ESFUERZOS DE LOS DIFERENTES ORGANOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD SOCIAL Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA COMUN EN TODAS SUS MODALIDADES, MEDIANTE UN TRABAJO INTEGRAL Y SOSTENIDO DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL.

IV.

2.

POLITICAS

a.

Dar unicidad y organicidad a las instituciones públicas y entidades de la sociedad civil integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

b.

Sentar las bases para una progresiva participación multisectorial que asegure mejores niveles de orden y seguridad ciudadanas.

DESARROLLO DEL PLAN EN EL CORTO PLAZO

B.

A.

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

1.

Legalidad.- Sus actividades se realizarán en el marco de la Constitución Política del Perú, las leyes de la República, con absoluto respeto a los derechos humanos.

2.

Coordinación e integración.- Para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del Sector Público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes e integradas.

3.

Supervisión y control ciudadano.- Para desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.

4.

Transparencia funcional.- Para mantener una total transparencia en las actividades del Sistema, evitando injerencias políticopartidarias o de otra índole.

5.

Participación Ciudadana.- Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.

6.

Prevención.- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.

7.

Solidaridad.- Las instancias y organismos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines y objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda mutua.

ESTRATEGIAS 1.

Implementar a nivel nacional Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y alentar el desarrollo de sus actividades.

2.

Afianzar el trabajo de la Secretaría Técnica del CONASEC instituyendo una Oficina de Investigación y Estadística; y estableciendo Secretarías Técnicas en los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.

3.

Concebir acciones específicas a desarrollar por los órganos y sectores integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco de un trabajo integral y multisectorial.

4.

Enfatizar la comunicación para motivar la participación proactiva de los integrantes del Sistema.

C.

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES A DICIEMBRE 2,003 ACCIONES RESPONSABLES OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Implementar a nivel nacional Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y alentar el desarrollo de sus actividades 1.

Conformar 25 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana y el mayor número posible de Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana a nivel a nacional. Para el efecto: a.

La Secretaría Técnica del CONASEC, se comunicará con los presidentes regionales, Alcaldes provinciales y distritales para coordinar acciones.

b.

Intervenir en foros y conversatorios para hacer conocer los alcances de los dispositivos sobre seguridad ciudadana.

c.

Editar y difundir mediante un compendio, la Ley, Reglamento y Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana y distribuirlo hasta nivel distritos en forma gratuita.

d.

Editar y difundir, con apoyo multisectorial, trípticos, separatas y guías donde se haga conocer los aspectos principales del esfuerzo de seguridad ciudadana.

2.

Diseñar un módulo único de capacitación y distribuirlo a nivel regiones, provincias y distritos, así como realizar visitas a jurisdicciones que lo soliciten con equipos especializados de instrucción y capacitación. - Desarrollar actividades de capacitación a distancia.

3.

Firmar convenios con entidades del sector público y de la sociedad civil para facilitar la implementación y capacitación de los Comités de Seguridad Ciudadana. Dicho apoyo deberá implementarse en distritos urbanos y rurales del país con características diferentes y que sirvan de modelos para difundir sus experiencias.

4.

Promover y desarrollar acciones seguimiento y monitoreo de las actividades que realicen.

5.

Motivar la productividad de los Comités de Seguridad Ciudadana que se implementen, mediante un concurso de proyectos con premios a los que cumplan mejor los objetivos establecidos en la Ley y su Reglamento. Para el efecto: CONASEC - SEC. TCA.

a. Se solicitará la participación de una entidad de la sociedad civil para que lleve a cabo el proyecto, elaborando los instrumentos de medición, la convocatoria y difusión, la evaluación y la premiación. b. Sistematizar toda la información recibida para la elaboración de una base de datos. c. Llevar a cabo visitas de campo a los proyectos ganadores para evaluar sus resultados. 6.

El CONASEC coordinará permanentemente con las instituciones que conforman el Sistema para implementar acciones específicas en sus áreas de responsabilidad, que permita coadyuvar al logro de los objetivos diseñados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.Afianzar el trabajo de la Secretaría Técnica del CONASEC, implementando una unidad de investigación y estadística; y creando Secretarías Técnicas en cada uno de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. 1.

2.

Implementación de una Unidad de Investigación y Estadística. a.

Para conocer el comportamiento de la delincuencia común a nivel nacional en función a estratos sociales, culturales y territoriales, así como focalizar grupos y zonas de riesgo.

b.

Desarrollar formatos y modelos estadísticos para el envío de la información relevante.

c.

Difundir dicha información a los órganos de gobierno y sociedad civil que lo requieran.

Secretarías Técnicas a.

Las Secretarías Técnicas son dependencias que ejecutan las decisiones de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales respectivamente. Realizan el seguimiento y e valuación de las acciones aprobadas.

b.

El Secretario Técnico del Comité Regional será propuesto por el Presidente del Comité Regional en coordinación con el Jefe Policial de mayor graduación, debiendo ser preferentemente un funcionario de la Presidencia Regional o un Oficial Superior de la Policía Nacional en situación de retiro, que tengan pleno conocimiento de la problemática de seguridad ciudadana.

c.

Las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana estarán conformadas por personal especializado propuesto por el Presidente, preferentemente de la oficina de Seguridad Ciudadana o Participación Vecinal del Municipio y de la Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarías de su jurisdicción, este último, mediante la modalidad de doble asignación. CONASEC - SEC. TCA.

d.

Las funciones, responsabilidades, actividades y tareas de las secretarías técnicas serán dispuestas mediante Directiva por el Secretaría Técnica del CONASEC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.Concebir acciones específicas a desarrollar por los órganos y sectores integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco de un trabajo integral y multisectorial. Los órganos integrantes del Sistema, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tienen que trabajar coordinadamente y en equipo en la ejecución de actividades integrales a nivel Consejo Nacional, comités regionales, provinciales y distritales. Las acciones que a continuación se mencionan constituyen algunas medidas de carácter general que los sectores integrantes del Sistema deben enfatizar en el cumplimiento de sus actividades multisectoriales, al margen de otras acciones que los respectivos Comités implementarán de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción. 1.

Sector Justicia

a.

Brindar asesoría legal en la elaboración del proyecto de Reglamento de la Ley No.27937 de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres.

b.

Brindar asesoría legal en la elaboración del proyecto de reglamento de la Ley No.27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en caso de delitos de secuestro contra el patrimonio, cometidos en banda.

c.

Apoyar en el diseño del Plan Piloto destinado a ubicar Jueces de Paz Letrados en una de las comisarías de Lima Metropolitana, de conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley No.27939.

d.

Elaborar una relación de las provincias, distritos y localidades donde el INPE no cuente con oficinas de ejecución de penas limitativas de derechos, dentro del marco de la Ley No.27935, que modifica artículos de la Ley 27030.

e.

Conducir progresivamente el cambio de administración y control de los establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario.

d.

Otros aspectos que considere pertinentes

2.

Sector Educación a.

Elaborar una propuesta curricular concerniente a la formación cívica y la educación para la ciudadanía, referida a los diversos niveles del sistema educativo para su aplicación en el año 2,005.

b.

Las Direcciones Regionales alentarán y apoyarán a las Unidades de Servicios Educativos y a los centros educativos de sus jurisdicciones para que fortalezcan acciones preventivas y de proyección social que vienen desarrollando, sobre todo: -

-

Campañas de alfabetización Fortalecer el desarrollo de la Escuela de Padres y Actividades de educación familiar. Alentar, con apoyo de la Policía Nacional, la formación de la Policía Escolar, estableciendo un manual único para su aplicación en todos los centros educativos del país. Desarrollar el programa de ―autoprotección escolar‖, en coordinación con las comisarías y asociaciones de padres de familia.

-

Facilitar los sábados y domingos la infraestructura deportiva de los centros educativos de su jurisdicción para desarrollar acciones de proyección social.

-

Promover y/o participar en programas integrales preventivos y de reinserción de jóvenes y adolescentes en riego integrantes de pandillas y barras bravas.

-

Participar activamente, junto con la asociación de padres de familia en programas contra la microcomercilización y consumo de drogas.

-

Coordinar con el IPD de sus demarcaciones para desarrollar actividades deportivas Inter. Escolares.

c.

Otros aspectos que considere pertinentes.

3.

Sector Salud

4.

a.

Por intermedio de las áreas de salud y puestos sanitarios, extender los servicios de salud a las poblaciones carentes de estos servicios.

b.

Participar en las campañas preventivas, de control sanitario y de saneamiento ambiental que promuevan los Comités de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, las municipalidades y la Policía Nacional.

c.

Capacitar y desarrollar acciones informativas sobre prevención y control de enfermedades infecto contagiosas, lactancia y nutrición.

d.

Participar en campañas de cuidado del medio ambiente, de saneamiento y fumigación en los puntos críticos de la jurisdicción.

Sector Economía y Finanzas Apoyar el esfuerzo que realizan los órganos del Sistema. El CONASEC hará conocer en qué aspectos de seguridad ciudadana se considera prioritario su apoyo.

5.

Corte Suprema de Justicia a.

Desarrollar acciones tendientes a la implementación de una política sobre laJusticia de Paz, basada en la actualización y formulación de normas integrales de la misma.

b.

Establecer oficinas de capacitación y apoyo a los jueces de paz.

c.

Por intermedio de los juzgados penales y los jueces de paz letrados, apoyar decididamente a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana en su esfuerzo por reducir la criminalidad y delincuencia de sus demarcaciones.

d.

Por intermedio de los juzgados especializados de la familia y de menores, apoyar las acciones de los Fiscales de Prevención del delito y de la Policía Nacional en acciones preventivas a favor de jóvenes y adolescentes en riesgo y violencia familiar.

e.

Formular una directiva que promueva a nivel de los Juzgados la aplicación de penas de prestación de servicios a la comunidad y se establezca un procedimiento o mecanismo coercitivo que coadyuve al cumplimiento por parte de los sentenciados a este tipo de penas.

6.

7.

Fiscalía de la Nación a.

Apoyar a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, a través de las Fiscalías de Prevención del Delito y Fiscalías Penales y Mixtas, en las acciones de prevención, investigación y control del delito, a fin de reducir la criminalidad y delincuencia en sus correspondientes jurisdicciones.

b.

Formular una Directiva con acciones específicas de prevención y represión para la lucha contra la delincuencia.

c.

Realizar evaluaciones periódicas a fin de implementar nuevas estrategias, medidas o acciones para la lucha contra la delincuencia.

d.

Otras acciones que estime pertinentes.

Defensoría del Pueblo organizada e integrantes del SINASEC en materia de seguridad y justicia, con respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, se promoverá la realización descentralizada de talleres conjuntos. de las juntas vecinales, rondas campesinas y comités de seguridad ciudadana, en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC. Sistematización de la información recogida mediante la aplicación de la Ficha Única del Detenido en el primer semestre 2003. us oficinas especializadas y de los oficinas defensoriales a nivel regional, las acciones de difusión y sensibilización de la política, planes y programas que desarrolle el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. proceso de recojo de información relevante del SINASEC.

penitenciario a las exigencias constuitucionales. 8.

Sector Interior: a.

Policía Nacional.

Afianzar las actividades preventivas y de investigación policial a nivel local, así como de capacitación del personal policial en

materia de seguridad ciudadana, como una de las mejores formas de mejorar las relaciones ciudadano policía. Enfatizar las campañas locales, tanto preventivas como de control del delito en coordinación con las Fiscalías de Prevención del Delito y municipalidades en lo que corresponda, a fin de reducir la criminalidad y delincuencia en sus correspondientes jurisdicciones. En aspectos de prevención policial: -

Fortalecer el servicio policial de las comisarías.

-

Evaluar los resultados de las comisarías piloto para implementar sus resultados en las demás dependencias policiales de este tipo.

-

Mejorar el servicio de patrullaje motorizado propendiendo a la descentralización de sus unidades a nivel distritos.

-

Mejorar el sistema de comunicaciones de las comisarías, con la finalidad de establecer una central unificada a nivel distrital.

-

Diseñar nuevos criterios de patrullaje distrital por sectores o cuadrantes que permitan una comunicación directa del policía con los vecinos.

-

Potenciar la Dirección de Participación Ciudadana, para que impulse programas preventivos y de reinserción a nivel policial, en especial: de Seguridad Ciudadana. escolar‖, ―clubes amigos del policía‖, ―colibrí‖, ―gaviota‖, ―radio taxis‖.

torial. -

Diseñar en coordinación con las autoridades competentes, medidas preventivas y campañas para disminuir la inseguridad vial.

-

Fortalecer el accionar de la Policía de Menores y las comisarías de la mujer, así como el trabajo del personal policial de tránsito.

-

Facilitar los sábados y domingos la infraestructura deportiva de las comisarías para desarrollar acciones de proyección social multisectoriales. Investigación:

-

Afianzar el trabajo especializado de las unidades de investigación criminal propendiendo a la desconcentración de sus actividades a nivel sectores y distritos.

-

Establecer un mecanismo de intervención rápida ante el requerimiento de las comisarías.

Capacitación:

b.

9.

-

Mejorar la capacitación del personal de las comisarías que permita mejorar la eficiencia y su trato con el público.

-

Internalizar en el personal policial la filosofía de la policía comunitaria.

-

Implementar y apoyar el desarrollo de las Unidades Móviles de Instrucción como una de las formas mas adecuadas para motivar y capacitar al personal policial.

-

Desarrollar la recompensas:

-

Retomar los concursos ―Policía del Año‖ y ―Comisaría del Año‖

-

Establecer incentivos profesionales para el personal policial que trabaja en las comisarías.

-

Establecer criterios profesionales para la selección de comisarios.

capacitación

a

distancia.

Incentivos

y

Dirección General de Gobierno Interior. -

Disponer que las autoridades políticas que forman parte de los comités regionales, provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana apoyen decididamente el trabajo de seguridad ciudadana, respetando las competencias funcionales de las instituciones que forman parte del Comité.

-

Que la DGGI-MIN formule una directiva al respecto.

Regiones Políticas -

Apoyar, impulsar y facilitar el esfuerzo de seguridad ciudadana que realizan los Comités Provinciales y distritales para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad

y delincuencia comun de sus jurisdicciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamentación. 10.

Municipalidades Provinciales y Distritales Apoyar el trabajo de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y sus reglamentación, particularmente en los siguientes aspectos: -

Promover la participación vecinal en materia de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones que conforman su respetivo comité.

-

Desarrollar actividades de prevención y de educación ciudadana que coadyuven a la seguridad local.

-

Firmar convenios con organismos internacionales para dicha finalidad.

-

Coordinar con las comisarías de su jurisdicción para desarrollar un trabajo conjunto que permita potenciar el servicio de patrullaje motorizado.

-

Apoyar y coordinar con las comisarías de su jurisdicción para mejorar el sistema de comunicaciones de la policía local con los vecinos y la municipalidad.

-

Elaborar Planes, Programas y campañas preventivas, en coordinación con las autoridades competentes, en materia de Seguridad Vial.

-

Establecer modalidades de convenios con la Policía Nacional para la prestación de ―servicios policiales individualizados‖ con efectivos de vacaciones de las comisarías de sus jurisdicciones.

-

Motivar al empresariado para que apoye el esfuerzo de seguridad ciudadana de la jurisdicción.

nacionales

e

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.Enfatizar la comunicación para motivar la participación proactiva de los integrantes del Sistema. 1.

Editar y difundir una Revista informativa que responda a los fines y objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo las parámetros siguientes:

-

-

V.

Que se constituya en el órgano oficial del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A.

VI.

Que difunda los logros y las oportunidades en seguridad 0 ciudadana. Que sirva como instrumento de capacitación y educación para la seguridad ciudadana.

A la recepción del presente Plan y luego de la conformación de las Sub- Secretarías Técnicas de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, estos órganos realizarán las acciones siguientes: 1.

Formularán sus respectivos Planes Locales de Seguridad Ciudadana, remitiendo una copia a la Secretaría Técnica del CONASEC.

2.

Remitirán al CONASEC la relación de los integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana.

3.

El CONASEC, por intermedio de la Secretaría Técnica, brindará asesoramiento y orientación a los órganos del sistema que lo soliciten.

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO A.

El CONSEC, por intermedio de la Secretaría Técnicas, apoyará acciones de capacitación, evaluación y monitoreo de las actividades que desarrollen los órganos del Sistema.

B.

Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales desarrollarán sus actividades con sus propios recursos, con los que comprometan las instituciones y sectores del Estado componentes del sistema y con los que provengan de donaciones, legados, recursos de la cooperación internacional, o de actividades que desarrollen con la sociedad civil.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CAPITULO I Consideraciones Generales Luego del primer contacto con ustedes, estimados amigos, a través de mi libro ―Seguridad Ciudadana: 14 Lecciones Fundamentales‖, era necesario conectarnos nuevamente para tratar en detalle un tema cuyos aspectos genéricos están

insertos en la Lección IX del referido texto. Me refiero a la necesidad de desarrollar ampliamente el Plan Local de Seguridad Ciudadana. Sin lugar a dudas, el Plan Local de Seguridad Ciudadana constituye el instrumento básico para reducir planificadamente la delincuencia a nivel provincial y distrital. En nuestro medio, es un elemento nuevo que surge luego de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como una forma de combatir el delito en forma multisectorial. Por cierto, en años anteriores, existieron esfuerzos de alcaldes, comisarios y autoridades locales, para mejorar la seguridad de sus demarcaciones territoriales. Pero, estas iniciativas fueron independientes entre sectores y no correspondieron a un esfuerzo conjunto debidamente estructurado. Debemos admitir por tanto, que la constante en estos últimos años, ha sido la falta de coordinación entre autoridades locales y comunidad para desarrollar una labor conjunta. El proceso de reorganización del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del 2001 al 2003, trató de liderar una corriente de reforma en la que participe activamente el Estado y la sociedad civil. Lamentablemente, este esfuerzo no continuó con el mismo empeño en los años posteriores, por lo cual no existe todavía una política de Estado que sea clara y consistente en el tiempo y que permita garantizar un trabajo sostenido. La actual gestión al frente del Ministerio del Interior, avizorando esta problemática, viene impulsando una serie de cambios, como la descentralización en Lima de los servicios policiales de prevención y de investigación básica a nivel distrital, que debemos apoyar, por tratarse de acciones cuyo propósito es poner al alcance de todos los ciudadanos mejores condiciones de seguridad. Precisamente, para encontrar un espacio de trabajo integrado para luchar contra la delincuencia, se dio la ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que crea los comités provinciales y distritales como los niveles ejecutivos del sistema, encargados de dirigir y conducir las acciones contra la inseguridad a nivel local. La ley y su reglamento, consideran la necesidad de contar con un Plan Local de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, los planes que actualmente están en ejecución, han sido formulados por cada comité local a su buen criterio y entender, sin una relación de objetivos y metas comunes, dificultando todo intento de coordinación entre ellos. Estas diferencias en la formulación de planes -aparte de generar un escaso nivel de coordinación a nivel local- contribuye igualmente a entorpecer todo intento de recojo de información para fines estadísticos. Por cierto, los esfuerzos que realicen el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los comités regionales y los observatorios del delito que se implementen, encontrarán estas dificultades para el desarrollo de sus estudios y evaluaciones. Conscientes de esta situación, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (28 al 30 de abril del 2,004) y la Defensoría del Pueblo (11 de noviembre del 2,005) realizaron dos seminarios taller para secretarios técnicos regionales, provinciales y

distritales. En ambas convocatorias, los participantes manifestaron la necesidad de contar con un esquema uniforme, que oriente la formulación de los planes locales a nivel nacional. Incluso, en el último taller, que contó con la participación de los comisionados defensoriales, se formuló un modelo, que sin duda constituye un primer esfuerzo para tener un instrumento local consensuado. Nosotros consideramos que el éxito del Plan Local de Seguridad Ciudadana depende en gran medida de quién y cómo se formule. Y, esta responsabilidad, recae en el Secretario Técnico y en el Comisario. En cuanto al primero, su buen desempeño no sólo depende de una buena capacitación, sino en la medida que se dedique a tiempo completo para cumplir con su cometido. Actualmente, la mayor parte desarrolla esta función con retención de su cargo principal (jefes de Defensa Civil de los gobiernos regionales, directores de seguridad ciudadana, directores de asuntos comunales y jefes de serenazgo de los municipios). Por tanto, las funciones de la Secretaría Técnica, son asumidas en forma complementaria. Si el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tuviese presupuesto para remunerar a los secretarios técnicos distritales de Lima Metropolitana y provinciales en el interior del país, se podría implementar un eficiente sistema bajo la supervisión directa del CONASEC y los cargos podrían ser cubiertos por personal idóneo, tanto de la sociedad civil como por oficiales superiores en situación retiro de la Policía Nacional. A.

REFERENTES LEGALES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD CIUDADANA La necesidad de contar con un mecanismo que asegure un compromiso integral en la lucha contra el delito se inició el año 2002 con la instalación del Acuerdo Nacional, espacio de diálogo creado para que el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil encuentren acuerdos mínimos de gobernabilidad, para desarrollar un proyecto a largo plazo, que le dé consistencia a la democracia. En el Foro del Acuerdo se propuso el cumplimiento de 29 políticas de Estado. La séptima política está orientada a la ―Erradicación de la Violencia y al Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana‖. Para hacerla efectiva, el Estado se fijó, entre otros objetivos, la creación de un sistema de seguridad en la totalidad de provincias y distritos del país. Este objetivo dio lugar a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana por Ley 27933, entendida como el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a reducir el delito, mediante una adecuada política de prevención intersectorial y control de la violencia. La Ley 27933, prevé como instancias del Sistema, al Consejo Nacional, comités regionales, provinciales y distritales. Estos dos últimos, son los niveles ejecutivos que bajo la presidencia de los alcaldes están encargados de diseñar las políticas y estrategias específicas contra el delito a nivel local. De otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. 85, precisa que, las municipalidades provinciales deben establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional.

Ambas leyes no se contraponen, por el contrario, afianzan la necesidad de contar con un mecanismo que armonice esfuerzos en torno a una necesidad apremiante: la seguridad. Todos estos dispositivos prescriben, por primera vez, la necesidad de trabajar en forma integrada en un tema, que en épocas pasadas, se creía era sólo responsabilidad de la Policía. B.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA DELINCUENCIA EN NUESTRA COMUNIDAD? Especialistas en la materia señalan que, la clave del del crimen es la planificación. Se dice que ésta es que arrastra el tren de las estrategias y actividades propósito fundamental es facilitar el logro de organización.

éxito en la prevención como una locomotora de la organización. El los objetivos de la

La planificación para la seguridad ciudadana, es el instrumento que nos permitirá estudiar ordenadamente los problemas y necesidades de los vecinos para luchar contra el delito. Por ello, es fundamental la selección de las estrategias y actividades por realizar y cuáles deben ser sus características para que sean realmente efectivas. ¿Cómo vamos a saber si estamos reduciendo el delito en nuestra demarcación territorial, si no realizamos una adecuada planificación de nuestras actividades? ¿Cómo vamos a medir las acciones que venimos implementando si éstas no están adecuadamente sistematizadas? La planificación nos muestra cómo se deben aplicar las estrategias en el quehacer diario: tienen que ser flexibles y adaptarse a condiciones cambiantes. La planificación es un círculo continuo que nunca debe terminar, por lo que debe ser vigilada periódicamente, revisada y modificada de acuerdo con los resultados internos y externos de los hechos. Según Claudio Valdivia en su Manual para la Acción: ―La respuesta dependerá de cuáles sean los problemas de seguridad ciudadana existentes en la comuna (municipio) en cada uno de sus sectores y, de cuántos recursos están disponibles para este fin. En tal sentido, será fundamental la participación de la comunidad en el análisis de los problemas, además del compromiso que asuma en la planificación y ejecución de las acciones propuestas‖. ―La comunidad debe ser partícipe no sólo de las soluciones, sino también de la identificación y descripción de los problemas, pues nadie mejor que la propia comunidad para tener un real conocimiento de estos hechos. Por otra parte, la prevención del crimen supone una mirada integral, ya que la delincuencia no es la simple ocurrencia de ciertos delitos, por lo que es necesario abordar este problema con políticas orientadas a los jóvenes, a las familias, a la comunidad y a la prevención del consumo de drogas…‖.

El Plan Local de Seguridad Ciudadana, es el principal instrumento de gestión que se tiene a nivel provincial o distrital, para reducir planificadamente la criminalidad y delincuencia común desde una óptica integral y multisectorial. Tiene la ventaja que operativiza las políticas del Plan Nacional y Regional de Seguridad Ciudadana mediante la ejecución de estrategias y actividades concretas. Está orientado al cumplimiento de los objetivos a corto plazo (un año). El plan que se propone, consta de siete partes: ·

Introducción, con su base legal y los alcances del Plan.

·

Situación actual de la criminalidad y delincuencia.

·

Misión

·

Diagnóstico

·

Objetivo general y objetivos específicos.

·

Estrategias, actividades, indicadores y responsables.

·

Criterios de Gestión. Esta última parte tiene que ver con aspectos operativos relacionados a la implementación de mapas y observatorios del delito; y, de tipo administrativo, relacionados al presupuesto, evaluación, rendición de cuentas, y al control, supervisión y monitoreo del Plan.

En el Plan Nacional y los planes regionales, se dan a conocer las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional y/o regional. En cambio, corresponde a los Planes Provinciales y Distritales establecer estrategias, actividades y tareas concretas a la realidad específica de sus respectivas demarcaciones territoriales. C.

¿QUÉ ES ELPLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA? Cumplido el año, es necesario reformular el plan, en base a la evaluación de los objetivos y estrategias respondiendo, entre otras, a las siguientes interrogantes: ¿Se consiguieron los objetivos trazados?, ¿es necesario reajustar algunos aspectos o continuar con los objetivos del año pasado?, ¿qué estrategias y actividades se han cumplido a cabalidad y qué otras no?. Las respuestas a estos y otros requerimientos serán la base para la formulación del nuevo plan local. Según Hugo Acero, consultor internacional de PNUD en los temas de convivencia y seguridad ciudadana ‖Uno de los instrumentos más importantes para la gestión local de la seguridad… son los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, los cuales se deben elaborar y ejecutar en todos las (provincias y distritos del país)‖. Un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con dicho especialista, es:

1.

Un documento elaborado de manera conjunta por las autoridades territoriales… de seguridad, de justicia, etc. que operan en una jurisdicción específica, mediante el cual se garantiza atender -a partir de una serie de estrategias, acciones y programas específicos- de manera integral las problemáticas que se presentan en convivencia y seguridad ciudadana.

2.

El Plan que se confeccione debe guardar relación con un diagnóstico verídico de la situación del (distrito)… el cual debe ser construido con el concurso de todas las entidades del estado encargadas del tema que operen en la jurisdicción, con la comunidad; y debe ser validado por el Consejo de Seguridad, instancia que hace el seguimiento y la evaluación.

3.

Teniendo en cuenta que mediante el Plan se determinan las estrategias y las acciones a seguir, es fundamental que cuente con indicadores a ser evaluados en un tiempo específico.

Los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, para Valerie Sagant, Directora General de CIPC*, se caracterizan por:    D.

Un acercamiento territorializado, mediante la articulación de los niveles nacional, regional y local (municipios, barrios, sectores). Un enfoque de colaboración entre actores (comités locales de seguridad ciudadana, sector privado, comunidad organizada, organismos no gubernamentales, etc). Un enfoque transversal, que compromete a diferentes sectores públicos (educación, salud, urbanismo, transporte público…)

¿POR QUÉ ES NECESARIO FORMULAR UN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA? Nosotros consideramos necesario que en todos los distritos y provincias del país se deben formular y ejecutar planes locales de seguridad ciudadana para que la delincuencia ―no se nos escape de las manos‖. Basamos esta afirmación, que no tiene nada de alarmista, en el hecho de que la incidencia delictiva y la percepción sobre el crimen se están incrementando rápidamente. Por tanto, si no tomamos a tiempo acciones integrales debidamente planificadas; y, por el contrario, desarrollamos nuestras actividades improvisadamente y sin objetivos claramente definidos, entonces, es factible que en pocos años, el delito rebase nuestras posibilidades para combatirla. Para corroborar nuestra percepción sobre el incremento delictivo recurrimos al Compendio de dispositivos legales del año 2,005 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que precisan que los delitos contra el patrimonio son las infracciones penales que más se han producido a nivel nacional con (112,915 hechos -71%), seguido muy lejos por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud 19,325 (12%), contra la libertad 10,507 (7%) y contra la familia 3,849 (2%), entre otros casos.

En marzo del 2005, la empresa Apoyo-Opinión y Mercado dio a conocer un ―Estudio de Victimización‖ formulado con una muestra de 10,300 hogares de las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Huamanga, Iquitos y Trujillo. En cuanto a la percepción sobre el crimen, los encuestados, entre otros aspectos, señalan lo siguiente: ·

Que los principales problemas del país son el desempleo (85%), la delincuencia/falta de seguridad (50%) y el consumo de drogas (34%);

·

Para el 89% de los encuestados, el delito ha aumentado en los últimos años y consideran como las infracciones más graves a las violaciones (72%), los asaltos a mano armada (60%) y los secuestros (56%)

·

Manifiestan que el delito se ha incrementado en sus barrios, por el consumo de drogas (52%), desempleo (45%), pérdida de valores (20%) y el consumo de alcohol (20%).

·

El 91% de los ciudadanos no acude a las dependencias policiales para asentar su denuncia por robos y hurtos, el 80% no denuncia robos con agresión física y el 61% no denuncia robos a sus viviendas.

·

En Lima, de 7 mil personas entrevistadas, 1,472 fueron víctimas de robo. Para revertir esta realidad y disminuir la sensación de inseguridad que tiene el ciudadano frente al delito, es necesario actuar antes que se produzcan los hechos. Es decir, tratar el accionar delictivo desde sus inicios. El delito nace, crece y se desarrolla en el barrio, en la cuadra, en el sector. Por tanto, no podemos ni debemos esperar que el delincuente ocasional se convierta en prontuariado a través del tiempo, sin que existan mecanismos para romper la acelerada ―carrera del delito‖. Intentar resocializar al delincuente cuando éste ya se habituó a través de los años, resulta difícil y oneroso, tanto para la sociedad como para el Estado.

Si esto es así, entonces debemos desarrollar acciones preventivas y disuasivas en cada distrito y provincia, pero planificada y ordenadamente con políticas y estrategias uniformes, con criterios integradores y en forma coordinada, y la mejor manera de hacerlo es formulando planes locales que comprometan en esta tarea a las autoridades, a la comunidad y a las demás fuerzas vivas de la localidad. Hacer lo contrario, es decir, intentar combatir el delito en forma separada, policías por un lado, alcaldes por otro, autoridades indiferentes y ciudadanos inermes y paralizados por el temor o por la desidia, son razones suficientes para que la delincuencia se multiplique rápidamente y escape a todos los intentos para enfrentarla. Experiencias internacionales demuestran que cuando la delincuencia, sobre todo la juvenil, se desborda, las medidas para corregirlas son muchas veces estériles y logran constituirse para los gobiernos en problemas de difícil solución.

No existen diferencias sustanciales entre ambos planes por cuanto los objetivos son similares. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana diseña su plan para el distrito sede, lugar donde el alcalde provincial ejerce función ejecutiva. En el resto de los distritos el comité provincial de seguridad ciudadana, tiene una labor técnica normativa mas no operativa, porque dicha función le corresponde a los comités distritales. Precisamente, para evitar confusiones hemos creído por conveniente titular a ambos como ―Planes Locales de Seguridad Ciudadana‖. Sin embargo, en el acápite correspondiente a los criterios de gestión, (cap. Nº V), el plan provincial debe contener necesariamente aspectos específicos de coordinación con los comités distritales, como por ejemplo, en cuanto a la centralización de la información estadística para conformar observatorios del delito a nivel provincial, en aspectos relacionados a intercambio de información, o facilitar la coordinación entre distritos que permita ponerse de acuerdo sobre temas puntuales bajo el liderazgo del alcalde provincial. El plan provincial de seguridad ciudadana, debe recoger, por tanto, los problemas más apremiantes de sus distritos, como el alcoholismo, la microcomercialización y el consumo de drogas y los accidentes de tránsito, para apoyar con recursos y medios, a fin de reducir su incidencia. Pero sobre todo, el alcalde provincial, debe ejercer liderazgo para aglutinar esfuerzos distritales, ejerciendo una labor de coordinación y de intercambio de información. Asimismo, no existe ninguna diferencia entre planes locales urbanos con planes locales de provincias o distritos rurales. El modelo que se propone en el presente texto, se presta para ser utilizado por cualquier comité local, debiendo cada cual utilizar la información del esquema que le sea útil. E.

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE UN PLAN PROVINCIAL Y UN PLAN DISTRITALDE SEGURIDAD CIUDADANA? Los niveles de responsabilidad y competencia en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana están claramente definidos, entre las instancias que ejercen funciones técnico normativas y responsabilidades ejecutivas, con algunas excepciones en los que se superponen funciones y responsabilidades, como en el caso de Lima y el Callao. El Alcalde de Lima, asume funciones ejecutivas en el Centro de Lima. Al mismo tiempo, tiene funciones técnico normativas, de coordinación y de liderazgo como Presidente del Comité Provincial y Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana. En el caso del Callao, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana comparte la misma demarcación territorial del Comité Provincial, por tanto, las autoridades que deben formar parte de ambos comités son las mismas. En este caso, a mi criterio, corresponde resolver este impase a los respectivos presidentes, en el marco de las buenas relaciones que deben existir entre dichas instancias.

En la formulación del Plan Local en la parte correspondiente al diagnóstico, deben participar todos los actores sociales: los miembros de las entidades públicas integrantes del Comité Local, la comunidad organizada y otras organizaciones cuya participación sea pertinente. Además, para su formulación, tienen dos responsables principales: el secretario técnico y el comisario de policía. El primero para recolectar la información relevante del comportamiento delictivo y de nuestras fuerzas y el comisario, para delinear junto con el Secretario Técnico los objetivos, estrategias y actividades más adecuadas resultantes de las reuniones participativas. Cuanta más participación ciudadana se obtenga en la formulación del diagnóstico, más identificados estarán los actores sociales con la misma. Esto quiere decir el compromiso no es sólo de los miembros del comité local, sino, sobre todo, de la comunidad organizada y de aquellos sectores, que sin ser integrantes del comité, tengan ascendencia y relevancia social, como por ejemplo, el párroco, los pastores evangélicos, los medios de comunicación, el empresariado, etc. La participación de todos los agentes sociales permitirá establecer:

F.

·

Un auténtico compromiso en la formulación e implementación del plan

·

Una fuerte identificación con los fines y objetivos del comité local

·

Una perceptible mejora de la imagen del alcalde y de la policía, pues se estaría permitiendo a la comunidad una participación abierta y democrática en temas ―reservados‖ que antes eran restringidos sólo para ―especialistas‖.

·

Una progresiva participación social por parte de las autoridades públicas en la supervisión y control de las actividades.

¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR EN LAFORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL? La participación ciudadana tiene, por tanto, el propósito de obtener información útil sobre la problemática de inseguridad de sus barrios y que ellos, los vecinos, conocen más que nadie. La forma recomendada para recoger esta valiosa información es mediante el método de ―Lluvia de Ideas‖. Es una técnica para generar muchas ideas en un grupo de personas durante un corto periodo de tiempo. Requiere la participación espontánea de todos. Con la utilización de este método se alcanzan nuevos criterios y soluciones creativas, rompiendo paradigmas establecidos. El clima de participación y motivación generado por la "Lluvia de Ideas" asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos.

1.

Identificar cuáles son los problemas más importantes

2.

Analizar estos participantes

3.

Seleccionar y agrupar los problemas prioritarios en áreas focales

4.

Identificar posibles soluciones y seleccionar los programas más adecuados

1.

¿Cómo fortalecer el trabajo policial de seguridad ciudadana?

2.

¿Cómo debe ser la participación de los sectores públicos en temas preventivos, educativos y de reinserción?

3.

¿Cómo debe ser la participación de la comunidad organizada?

4.

¿Cómo debe ser la relación del policía con el ciudadano?

5.

Otros aspectos locales que sean importantes determinar

problemas

prioritarios

con

los

ciudadanos

En la técnica de ―Lluvia de Ideas‖, se deben usar tarjetas para consignar en ellas la participación de los concurrentes. Para tal efecto, el director de debates debe colocar dichas tarjetas con las ideas del grupo en un panel o papelógrafo, tratando de encontrar temas comunes y desarrollar un diálogo buscando consensos. Se debe evitar críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas, estimulando todas las ideas, por muy "malas" que ellas puedan parecer. Las etapas básicas de una sesión de "Lluvia de ideas" son las siguientes: LLUVIADE IDEAS Para identificar los problemas y comprender a su comunidad, se necesita: Los principales problemas prioritarios de seguridad ciudadana, por lo general, deben estar circunscritos a los siguientes temas: 1.

Introducción

2.

Generación de ideas

3.

Revisión de las tarjetas expuestas en el panel

4.

Análisis y selección

5.

Ordenando las ideas ·

Inicie la sesión explicando los objetivos, las preguntas o los problemas que van a ser discutidos y las reglas de juego.

·

Dé uno o dos minutos para que los participantes piensen en el problema. Solicite, en secuencia, una idea a cada participante.

·

·

En caso de que algún participante no tenga nada que aportar, podrá hacerlo más adelante. Se pueden hacer varios turnos para que todos tengan oportunidad de participar.

·

Pregunte si alguien tiene alguna duda y, si fuera el caso, pida aclaración a la persona que la generó.

·

Lleve al grupo a discutir las ideas y a escoger aquellas que vale la pena considerar.

·

Utilice el consenso en esta selección preliminar del problema o solución.

·

Solicite el análisis de las tarjetas que permanecerán en el panel.

Promueva la priorización de las ideas, solicitando a cada participante que escoja las tres más importantes. ·

· · · · · · · · · ·

Promueva un clima tranquilo y agradable. Esté seguro de que todos han entendido el tema que va a ser tratado. Redefina el problema si fuera necesario. No se olvide que todas las ideas son importantes, evite enjuiciarlas. ·Incentive al grupo a dar un mayor número de ideas. Mantenga un ritmo rápido en la recolección y registro de las ideas. Coloque las fichas que registran las ideas en el orden de aparición. El objetivo de esta etapa es tener claros todos los conceptos vertidos, sin juzgarlos. Ideas semejantes deben ser agrupadas, ideas sin importancia o impracticables deben eliminarse. Cuide que no haya monopolio o imposición por parte de algún participante.

La votación debe ser usada sólo cuando el consenso no sea posible. ·

G.

Finalizado el Taller, las conclusiones serán evaluadas por el Secretario Técnico y el Comisario y presentados luego al Comité Local. Los resultados, de seguro mostraran una serie de eventos de mucho interés, desconocidos quizás por las autoridades locales. Esta información debe ser contrastada con otras fuentes, para que sirva como insumo principal para la elaboración de las estratégias y actividades.

¿QUÉ CLASIFICACIÓN DEBEN TENER LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA?

H.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE ÉXITO PARA UN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA? Respecto a la clasificación de los documentos por su contenido, nosotros consideramos que el plan nacional y los planes regionales, como documentos técnico normativos, no deben tener clasificación, por cuanto las políticas y estrategias que contienen son genéricas y responden a criterios amplios que todos los ciudadanos tienen el derecho de conocer. En cambio, los planes locales de seguridad ciudadana, tanto provinciales como distritales, tienen dos campos de acción claramente definidos. El primero, señala actividades preventivas, educativas y de reinserción que los vecinos deben tener acceso, sin restricciones, por el carácter multisectorial de las mismas. El segundo, está orientado a la intervención y a la investigación policial, que debe tener, a nuestro criterio, el carácter de ―reservado‖, para evitar que su contenido sea conocido por grupos delincuenciales afectados por el desarrollo de nuestras formas de acción. Este campo, contiene estrategias y actividades específicas respecto a cómo vamos a combatir la delincuencia en nuestras demarcaciones, qué operativos policiales y del serenazgo vamos a diseñar, qué refuerzos se van a requerir para incursionar sobre los puntos críticos y vulnerables, qué estrategias se deben emplear para elaborar una buena investigación, etc, Por tanto, creemos que el acceso al plan local, en la parte correspondiente al campo de la intervención e investigación policial, debe ser restringida, sólo a los integrantes de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, según corresponda. Valerie Sagant, Directora General del Centro de Prevención del Crimen*, menciona como requisitos fundamentales las siguientes condiciones: 1.

Compromiso político del alcalde y de los dirigentes, entendiéndose esto último en nuestro caso, a los jefes de sectores integrantes del Comité Local.

2.

Construcción de confianza entre los actores, particularmente entre el alcalde y las autoridades, y éstos a su vez, con los ciudadanos.

3.

Sostenibilidad de la acción, es decir, que los objetivos y estrategias del Plan, mantengan vigencia en el tiempo y no se interrumpan por el cambio de autoridades; y,

4.

La evaluación e intercambio con otras municipalidades. Es esencial que el plan de acción, luego de ejecutarse en todo o en parte, sea periódicamente evaluada para verificar los resultados.

Los resultados deben ser compartidos entre Comites Locales de Seguridad vecinos, para tener una visión más certera de las posibilidades de la delincuencia y el potencial de nuestras fuerzas.

I.

¿CUÁL ES EL DISEÑO MÁS ADECUADO PARA FORMULAR UN PLAN LOCAL? No existe una fórmula que nos señale con claridad cómo diseñar un Plan Local de Seguridad Ciudadana. Este texto intenta precisamente salvar esta brecha y constituirse en una guía para que cada Comité formule el suyo. Luego de obtener la información relevante de los actores sociales, es necesario contrastarla con otro tipo de datos que se obtenga de los sectores integrantes del comité local, así como de la estadística sobre el comportamiento delictivo. Una vez seleccionada la información relevante por el secretario técnico y por el comisario, ésta debe trasladarse a un modelo de plan. Si no trabajamos bajo una orientación uniforme, cada Comité Local desarrollará sus planes con criterios distintos. Para solucionar esta problemática es necesario tener un esquema único a nivel nacional que permita trabajar bajo objetivos y estrategias similares. Sin embargo es necesario remarcar, que este esquema no es un ―traje a medida‖ o un ―traje único‖, que desconozca las realidades específicas y que los comités locales deban utilizarlo ―obligatoriamente‖, sin ninguna modificación, bajo el peligro de que a unos les quede bien y a otros no.* Igualmente el modelo de plan que ponemos a su consideración, no se contrapone con las recomendaciones o las directivas que el CONASEC formule sobre el particular. Por el contrario, contribuye a enriquecerlas, porque el propósito que perseguimos es, precisamente, fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En este sentido, recoge las prescripciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana contenidas en la ―Guía metodológica para formular Diagnósticos Participativos y Planes Locales de Seguridad Ciudadana‖ de octubre 2006. De igual manera, para conocer el comportamiento del delito, hemos tomado en cuenta los principales tipos y modalidades de delitos y faltas contempladas en el Código Penal vigente; tratando de ser específicos para abarcar el mayor número de hechos punibles que se producen cotidianamente en las diferentes realidades del país. Incluso se, considera algunas infracciones que corresponden al orden público y al orden interno, como son los delitos contra la paz pública y el terrorismo. Finalmente, este modelo recoge diferentes puntos de vista, tanto de alcaldes, comisarios, secretarios técnicos, comisionados defensoriales, líderes vecinales, autoridades locales y participantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional. El esquema es el siguiente:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&& La seguridad ciudadana en el peru Partes: 1, 2 1.

Introducción

2.

Marco teórico

3.

Definición de términos

4.

Conclusiones

5.

Bibliografía

CAPITULO I Introducción La Seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las Políticas de Estado, pues se está viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizá la problemática específica en este tema de Seguridad Ciudadana está en lo urbano más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital Humano. Por esta razón nos parece interesante plantear un tema de esta magnitud, realizando así un análisis de la Delincuencia Común, sus principales actores, su dinámica, y sus consecuencias. Con el presente trabajo pretendemos contribuir al mejor conocimiento de la situación delincuencial en el Perú, a pesar de las limitaciones y posibles errores de este proyecto de investigación. 1.-

TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

1.2.- Descripción del Problema: 1.2.1- Situación Problemática 1.2.1.1.- Planteamiento del Problema: La criminalidad y violencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas Concretas para disminuir la violencia urbana en las principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población.

Esta violencia obedece a muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana. La criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia contemporánea. Las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido. Históricamente las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevado sus índices tornándose más agresivas y temerarias.

1.3.- Formulación del Problema: ¿Cuál es el impacto de la participación de la ciudadanía en la seguridad ciudadana en el Perú?

1.3.1.- Identificación de variables. VARIABLE INDEPENDIENTE: PARTICIPACION CIUDADANA VARIABLE DEPENDIENTE: SEGURIDAD CIUDADANA

1.4.- Objetivos: 1.4.1.-Objetivo General: • Demostrar que a través de los nuevos enfoques de prevención del delito, en los que prevalece la participación de la sociedad, existe una mayor probabilidad de éxito en el combate a la delincuencia. 1.4.2.-Objetivos Específicos: • Analizar si la participación ciudadana, forma parte de una nueva política criminal. • Comparar, los métodos tradicionales de procuración de justicia con los nuevos modelos de seguridad ciudadana. •Criticar, los modelos tradicionales de procuración de justicia.

1.5.- Justificación e Importancia Actualmente la participación en las estructuras sociales como lo es la previsión contar la delincuencia es de vital importancia, ya que se trata de una necesidad histórica pues refleja que el hombre es actor y artesano de su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho fundamental, sin el cual no podrá hablarse de democracia.[1] Dicha participaciones ha traducido en la aparición de nuevos enfoques de seguridad que se distinguen de los sistemas tradicionales de prevención y represión, pues en los primeros se encuentra una participación activa de la sociedad y en los segundos se trata de las soluciones clásicas establecidas únicamente por las autoridades. Por lo que es importante fomentar esta participación ciudadana como parte de una política criminal, a fin de disminuir los índices de delincuencia y eliminar el sentimiento de inseguridad pero principalmente para regular los alcances de la participación ciudadana, evitando la justicia por propia mano, a fin de reguardar los derechos fundamentales mediante la preservación de un estado de derecho, beneficiando a todos y cada uno de los individuos ya que la seguridad es pilar fundamental para la sobrevivencia y progreso de toda sociedad civilizada y la razón de la existencia del estado.

CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1.- En el mundo: Con el advenimiento de la crisis económica en la década del ochenta, se cierra una época, en la cual el crecimiento económico y las características del estado de bienestar permitieron un incremento de la participación de ciertos segmentos importantes de la población. Hoy, la situación es diametralmente opuesta. Frente a la crisis económica, a las políticas de ajuste implantadas, a los procesos de modernización estatal y a la apertura económica, se observa el aumento de las violencias urbanas y el deterioro ambiental, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social y económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y ambiental. En este contexto, América Latina se ha convertido en uno de los continentes más violentos del mundo, si nos atenemos a las tasas de homicidios. La violencia crece en las ciudades a un ritmo superior a la urbanización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la calidad de vida de la población urbana. No hay dominio de la vida citadina donde las violencias no hayan penetrado dejando efectos devastadores. El mundo urbano es el modo de vida fundamental para la mayoría de los latinoamericanos y, en este contexto, la violencia comienza a marcar las relaciones entre sus habitantes: inseguridad, desamparo, agresividad,

autodefensa, etc., con lo cual la población restringe su condición de ciudadanía y la ciudad disminuye su cualidad de espacio público por excelencia. 2.2.- América del Sur: América del sur es la región donde se presenta un índice de criminalidad bastante alto. Este índice se mide por la tasa de homicidios ya que es una cifra relativamente fácil de registrar. La criminalidad alta, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, se da en ciudades de El Salvador, Brasil, Colombia, Guatemala, México. Otros de criminalidad baja, con 0.5 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes como las ciudades de Costa Rica, Chile, y Uruguay. 2.3.- En el Perú: En el Perú, como en el resto de América Latina, buena parte del debate público acerca de cómo enfrentar la inseguridad gira en torno de cómo hacer más eficaz y más severa la pena de los hechos delictivos. Como si la única respuesta posible fuese encerrar a un número cada vez mayor de jóvenes; como si las cárceles no estuvieran ya abarrotadas y sobre pobladas. No cabe duda de que cualquier política de seguridad pública debe contemplar el fortalecimiento del sistema penal, para hacer que las instituciones que lo integran sean más eficientes. Pero restringir las políticas públicas de seguridad al ámbito de lo penal, y, peor aún, pretender resolver los problemas incrementando las penas para que el mayor número de conductas se castiguen con cárcel (y con el mayor número posible de años de encierro), es un grave error. Es el error al que conducen las llamadas políticas de "mano dura". 2.4.- Tres son las principales formas de prevención: La primera, la situacional, tiene por objeto reducir los incentivos para el delito al aumentar las dificultades y los riesgos para el delincuente. Un candado, una reja, una alarma son los típicos instrumentos a través de los cuales se hace prevención situacional. También se logran similares propósitos cuando se ilumina una calle peligrosa, se clausura un local donde se expenden bebidas alcohólicas ilegalmente y se restablece el orden en el escenario urbano La segunda es la social, y persigue actuar sobre las condiciones que dan pie a los hechos delictivos, los llamados factores de riesgo. Mientras que la prevención situacional actúa sobre el entorno, la social lo hace sobre las circunstancias que pueden llevar a alguien a delinquir. Los factores de riesgo más conocidos son el alcohol, las drogas y las armas de fuego. El trabajo con jóvenes o niños de la calle es otra forma de hacer prevención social. En el Perú, Cedro tiene una experiencia muy rica y alentadora con estos grupos especialmente vulnerables; sin embargo, la acción del Estado es casi inexistente. La tercera forma de prevención es la comunitaria, que combina aspectos de las dos primeras, pero que lo hace desde el involucramiento de la comunidad. Es gracias al papel que esta juega que se identifican las circunstancias del entorno que favorecen el delito y los factores de riesgo, así como a los grupos vulnerables que es necesario atender prioritariamente. Para enfrentar estos problemas, tanto en lo social y preventivo cuanto en lo represivo, se requiere no solo liderazgo es decir, ganas de ejercer la autoridad de

que se está investido—, sino también más y no menos Estado. Por donde uno va se encuentra con comisarías abandonadas, patrulleros malogrados, policías desmotivados y desinformados, jueces desprotegidos y sobrecargados de trabajo, maestros exclusivamente preocupados por la negociación del próximo pliego de reclamos. Sin funcionarios e instituciones públicas no puede haber políticas públicas; sin ellos no puede haber Estado, y sin este no hay prevención y persecución posible del delito. Extremos, es decir, personas que tienen un gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo. La comparación de las cifras de la pobreza entre el 2006 y 2007, permite constatar una disminución de la tasa de pobreza en 5,2 puntos porcentuales, al haber pasado de una incidencia de 44,5% al 39,3%. Durante estos años, la extrema pobreza se redujo en 2,4 puntos porcentuales, al pasar de 16,1% a 13,7%. 2.5.- Situación actual de la delincuencia en el Perú El Perú tiene un índice de criminalidad de 12,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, menos que en Brasil que tiene entre 24 y 24.9 homicidios por cada 100.000, que en México que tiene entre 20 y 20.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y que en Colombia que tiene el índice de criminalidad más alto del mundo, con 77 a 77.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes La sensación de inseguridad que experimentamos por el aumento del crimen y la delincuencia y por las dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad de nuestra vida personal y familiar, así como a nuestras democracias. 2.6.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 2.7.- SEGURIDAD CIUDADANA: 2.7.1. Origen y definición 2.7.1.1.- Origen: El Termino "Seguridad Ciudadana", ha sido muy extraño en la doctrina cristiana y legislación política, hasta la última Constitución Política del año 1999. Esta expresión de Seguridad Ciudadana es originaria de España. Donde existen normas y leyes como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que tiene por objetivo la protección, prevención, garantía que se tenga que dar a los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, y con las garantías correspondientes a fin de tener una tranquilidad, paz y seguridad tanto de los bienes, como de las personas que representa la vida en la comunidad. En este País la policía tiene a su cargo la seguridad pública y la seguridad ciudadana es parte de ella, donde tiene la responsabilidad, el control de diversos problemas sociales.

2.7.1.2.- conceptos: El concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado. Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad: Primero, se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona "como un objetivo a perseguir"[4] por ejemplo, define la seguridad ciudadana como "la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros."[5] Segundo, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes. 2.7.2.- Causas: "La causa por la cual se origina la seguridad ciudadana es por la INSEGURIDAD CIUDADANA, La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas"[6]. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.[7] Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia. También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.

La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación. Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.[8] En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad. 2.7.3.- Limitaciones: Una de las herramientas más importantes para controlar y prevenir la violencia y la criminalidad, es una policía eficiente, cercana a la ciudadanía, transparente y democrática, en este aspecto el gobierno ha venido trabajando; sin embargo, en los actuales momentos no se cuenta con una Policía Nacional, solamente poseemos el marco jurídico (Ley de Policía Nacional) y contamos con una policía desarticulada distribuida en policía Estatal y Municipal coordinada por el MPPRIJ, que presenta una serie de limitaciones en articular los diferentes cuerpos policiales existentes en el país, entre estas limitantes tenemos: •

La politización de la Seguridad.

•

Los Narco – Policías.

•

Escasos recursos con los que cuentan algunos entes policiales.

•

Altos niveles de corrupción dentro de los Organismos Policiales.

•

Inadecuados mecanismos de rendición de cuentas.

•

Falta de apertura a la comunidad.

•

Malas relaciones con los gobiernos locales.

•

Desconfianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales.

El Gobierno consciente de esta problemática ha realizado una serie de planes y programas dirigidos a minimizar esta situación tales como: •

Depuración de los cuerpos policiales.

•

Dotación de armas y equipos.

•

Coordinación entre los diferentes cuerpos policiales.

•

Formación, capacitación e instrucción de los funcionarios.

•

Unificación de criterios.

•

Servicio telefónico del Sistema de Emergencia Nacional 171.

•

Entrega de la Policía Metropolitana (PM), por parte de la Alcaldía Mayor al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.

2.7.4. Consecuencias por la falta de la seguridad social: 2.7.4.1.

Criminalidad y delincuencia

El registro, sistematización, procesamiento y análisis de información sobre criminalidad y delincuencia, es parte del conjunto de elementos fundamentales para el desarrollo de una política de Seguridad Ciudadana, ya que sin informaciones de calidad, es imposible obtener un diagnóstico serio de la magnitud del problema, ni planificar o evaluar las diferentes políticas públicas. Por ello, un diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y de los factores criminógenos en los diferentes Estados y Municipios de Venezuela, debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y variables, además de las estadísticas delictivas. 2.7.4.2.

La (in)seguridad es ahora la principal preocupación

CIUDADANA En una ciudad como Lima y Callao, lo previsible es que cuando se pregunte en una encuesta de opinión pública cuál es el principal problema que afecta a la ciudad, salga en primer lugar el desempleo o la pobreza. Sin embargo, la (in)seguridad ciudadana ha desplazado a estos históricos problemas en la preocupación de las personas según la encuesta aplicada en junio del 2010. A la pregunta "¿Cuáles cree que son los tres principales problemas que afectan a la ciudad de Lima ó Callao?" el 74% contestó "La delincuencia/la falta de seguridad ciudadana", en tanto que el 60% contestó "El desempleo/La falta de trabajo". En nuestra opinión, este es otro indicador del deterioro de la seguridad en Lima y Callao en los últimos años. Al respecto, el "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma esta tendencia no sólo en el Perú sino también en América Latina: "Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la Población…".[9] Al respecto, cabe recordar que el "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" de la CIDH ha señalado que "27. Preocupa especialmente a la Comisión que entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/ 100.000. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo"[10]

2.7.5. Participación Ciudadana 2.7.5.1.

Definición:

La Participación Ciudadana es cuando nosotros los ciudadanos intervenimos en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado, Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir "tomar parte" o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea mediante la información, el control, la participación en la gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes partes, "ser partícipe de Si (administración/administrados,...) la relación dependerá del poder que tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será muy difícil. Algo que se "otorga graciosamente" por los que ostentan el poder. En definitiva, un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más sujetos. 2.7.5.2.

Objetivos:

El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo que se conoce como "democracia participativa". En contraposición, cuando en un país sólo se practican algunas de las libertades básicas (voto cada cuatro años, libertad de expresión)[11] podemos hablar de "democracia formal". En las sociedades complejas la participación persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos. Requisitos para poner en marcha un proceso de participación Desde un órgano de gobierno, a cualquier nivel (ya sea una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, o, incluso, la Junta Directiva de una Asociación) tenemos que tener en cuenta que, si queremos poner en marcha un proceso participativo, para que la participación sea sostenible, se dé a lo largo del tiempo, se deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer (Equipo Claves, 1994). Condiciones para la participación: -

Poder. Crear cauces que la permitan, normas, mecanismos, estructuras, organización. Es el primer paso imprescindible para poner en marcha cualquier proceso de fomento de la participación.

-

Saber. Capacidad, conocer cómo, habilidades, destrezas,... lo cual exige aprendizaje, saber unas técnicas.

-

Querer. Incentivar la participación, mostrar que participar es algo satisfactorio, creativo. Explicar las razones, los motivos para participar, qué es algo útil para la sociedad y para nosotros mismos. Crear motivación, interés, deseo... es tal vez lo más difícil o lo que más fácil se nos olvida de explicar a los que estamos acostumbrados a participar en los asuntos públicos.

Por lo tanto y para que los ciudadanos quieran la participación, debe de ser eficaz, que la ciudadanía la vea como algo que les es útil, que sirve en lo concreto y que se tienen en cuenta sus opiniones y los compromisos acordados, que hay resultados públicos verificables y evaluables. 2.7.6. Democracia y participación El principio de una "persona igual a un voto"[12] es básico para todo sistema que quiera ser democrático, para cualquier sociedad y, en la actualidad, para cualquier lógica. Eso no quita que dicho principio haya sido utilizado para eliminar la acción colectiva o, incluso, para evitar la discusión: si ante un problema colectivo lo que se hace desde el ámbito del Poder (institución pública o estructura administrativa) es forzar la votación, sin un debate previo. Siempre que se vota se está eligiendo entre varias posibilidades, siempre reducidas, escasas y excluyentes. "Eso no evita que, ante un problema existente en la sociedad, que se puede solucionar mediante una acción o una actividad, después del debate habrá que optar y elegir cual es la actividad a realizar más adecuada, y para ello el sistema más democrático es, en última instancia, votar"[13]. Por lo que no existiría otra lógica más democrática diferente a ésta, a menos que se obligue al voto sin más. Si se "obliga" ya deja de ser democrática, si se impide el debate y la acción colectiva, no existe posibilidad de voto democrático. Democracia implica considerar a cada persona como un universo distinto y, a la vez, con los mismos derechos y obligaciones que los demás (supone también, una persona = un voto). Históricamente podemos decir que las sociedades tienen su origen en una organización local simple, con existencia sólo de sistemas autoritarios y/o de democracia comunal, directa y participativa, sin necesidad de la democracia representativa (que aparece con posterioridad). Pero esto ya es historia. También hoy en día puede existir la democracia "sin representantes" en el interior de grupos y colectivos e, incluso, en núcleos de población (comunidades y municipios pequeños) que se rigen por el sistema del Concejo Abierto, reconocido por nuestra legislación, pero no son un universo aislado del resto de la sociedad. Las sociedades complejas necesitan mecanismos de representación para funcionar democráticamente, más allá de la democracia directa que se puede dar para determinados ámbitos y procesos concretos. 2.7.7. Niveles [14] Es habitual, desde los ámbitos del poder institucional, confundir participación con información. Sin embargo, la información es sólo el primer nivel, o requisito previo, por el que se abren vías para la participación. Así podemos distinguir los siguientes niveles: 1.

Información/Formación Tener información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible para que pueda existir la participación de los afectados por dichas actuaciones. Información implica también Formación: la información

que no es entendida no sirve, por lo tanto a veces es necesaria una labor previa de formación. Por ejemplo, para iniciar un proceso de participación ciudadana en urbanismo es necesario informar no sólo de lo que el ayuntamiento quiere realizar sino, previamente, de las diferentes posibilidades existentes con arreglo a las normativas legales, las repercusiones económicas y sociales de los procesos urbanísticos, etc. 2.

Consulta y Debate Significa que los afectados den su opinión, realicen sugerencias y alternativas, y se abra una fase de diálogo entre administración y ciudadanos. Esta segunda fase es la continuidad natural de la anterior. Después de la información entendida los ciudadanos darán su opinión de una forma madura. Desde el principio la ciudadanía opina. Mediante la Información y la Consulta podremos posibilitar llegar a propuestas de consenso que, a la larga, serán más eficaces y útiles que las realizadas sin participación.

3.

Participar en la gestión La gestión compartida o trabajo en común (Cogestión). Toma de decisiones conjunta y ejecución compartida por los miembros de una colectividad. Es el nivel de la participación que tiende hacia formas de cogestión y autogestión ciudadanas"[15] (hablaba de ocho niveles de participación, incluyendo los tres citados. La participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. "Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político"[16]. 2.7.7.1.

Planificando la participación ciudadana

"Para que la participación pública tenga éxito y sea eficiente, debe estar bien planificada tal y como se recoge en el "Manual Europeo sobre Toma de Decisiones y participación pública", en cuya elaboración el Consorcio Regional de Transportes de Madrid tuvo un papel relevante)."[17] Figura. Esquema de planificación de participación pública Análisis previo La preparación de un proceso de participación exige un análisis detallado de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones, qué agentes pueden estar interesados y cómo pueden incorporarse en su participación y comentarios en el proceso, para lo cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a la larga producirá un mejor análisis. •

Integración con la toma de decisiones Una de las características más importantes de una participación eficaz es que forme parte de un proceso integral de toma de decisiones, esto es, que haya una relación clara entre las actividades de participación y toma de decisiones. Por ello, planificar la estrategia de participación resulta de gran utilidad.

•

Revisión de la gestión Una estrategia de participación proporciona al equipo gestor la información necesaria para fijar los recursos necesarios para poder interpretar mejor los aspectos más críticos e identificar cualquier posible problema desde el principio del proyecto.

•

Revisión por los agentes involucrados Una forma de aumentar la credibilidad de un proceso de toma de decisiones potencialmente controvertido consiste en dar a los agentes la posibilidad de revisar la estrategia de participación.

•

Documentación y seguimiento Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una determinada estrategia de participación, es importante que exista un documento de estrategia que fije los motivos de las actividades desarrolladas en este sentido y defina el método de evaluación y seguimiento del proceso de participación.

2.8.

La intervención del estado en la seguridad ciudadana 2.8.1.- El nuevo rol del estado local.

"La pobreza y la falta de oportunidades de trabajo se han convertido en factor de permanente presan sobre el medio ambiente. La ampliación innecesaria de la frontera agrícola, debido a la inadecuada distribución de la propiedad territorial, ha aumentado alarmantemente el proceso de deforestación y desertificación; el manejo inadecuado de recursos naturales como la tierra y las fuentes de agua, han ido erosionando los suelos y agotándolas fuentes hídricas, provocando el aumento en los costos de producción agropecuaria y encareciendo el suministro de agua potable. "Por su parte, la industrialización contaminante, principalmente en los países más ricos (con el consiguiente aumento del parque automotor), han incrementado la emisión de gases, los cuales han ido destruyendo la capa de ozono del planeta, provocando serios desajustes en el comportamiento del clima, lo que a su vez ha provocado el aumento de desastres naturales, altamente costosos en términos económicos y sociales. La respuesta a la relación entre pobreza y medio ambiente pasa, de acuerdo a este enfoque, por la combinatoria de las capacidades y los recursos con que cuentan los individuos y los grupos para procurarse sus medios de vida y progresar, teniendo a las instituciones como los mecanismos básicos a través de los cuales las capacidades y los recursos se actualizan en tanto derechos: "Así, las personas cuentan con sus capacidades individuales y con el acceso a los recursos, naturales y creados, como medios para vivir y progresar, a través de diferentes instituciones que les dan derechos a hacer valer sus capacidades o a utilizar los recursos" Al respecto señalan Jordi Borja y Manuel Castells: "La dificultad para los gobiernos locales es sin embargo, por un lado, su dependencia administrativa y

su escasa capacidad de recursos económicos; por otro lado, el riesgo de derivar hacia el localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en fundamentalismo. La reconstrucción de un estado flexible y dinámico, articulado entre sus diferentes niveles, parece la única posibilidad histórica de superar las tendencias disolventes de la sociedad de la información inscritas en la dicotomía entre los flujos de poder y el particularismo de la experiencia, al introducir una nueva perspectiva en la gestión de las ciudades"[18] 2.8.2.- La promoción económica local Surge como una respuesta a la transformación productiva y tecnológica de comienzos de los años 80 y particularmente como salida frente a la intensidad del ajuste que incrementa notablemente el desempleo. Ante la imposibilidad de influir en las políticas nacionales, condicionadas por los flujos mundiales de poder, los estados locales, luego de aproximadamente una década de inacción y actitudes solo reactivas, comienzan, en la década de los 90, a implementar estrategias de cambio dirigidas por un lado a implementar nuevos modelos de desarrollo económico local y por otro lado a asociarse y conectarse para aumentar así su información y su potencial protagonismo en la economía de flujos y redes[19] El esquema planteado requiere de los directivos locales la asunción de nuevos roles [20] -

Ser estrategas, lo que implica realizar un análisis de la situación local y tener una visión sobre el futuro que permita el diseño de políticas acordes a los objetivos estratégicos planteados. Esta actividad es la que tiende a abrirse, en un abanico innumerable de posibilidades, a través de la descentralización y la participación ciudadana.

-

También se requiere el liderazgo y el consenso necesario para impulsar la estrategia de cambio.

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Por último, se requiere que los gobernantes sean embajadores de la localidad que representan, ello incluye las acciones de buena relación con otros municipios, con el gobierno regional, con el estado nacional y con organismos internacionales y también la capacidad para impulsar acciones de marketing local.

2.8.3. La participación ciudadana en la gestión municipal Font y Gomá [21]señalan que desde los años setenta hasta hoy se refleja en la práctica algún tipo de crisis de confianza ciudadana en el funcionamiento tradicional de las instituciones de la democracia representativa. Por una parte se expresan tendencias hacia la apatía política y el individualismo privatista conectadas con algunas tendencias sociales de fondo: debilitamiento de identidades, desprecio por lo público, decepciones por actos de corrupción, desconcierto ante la caída de referentes políticos, despreocupación una vez conseguidas unas condiciones de vida dignas, etc. Por otra parte empiezan a expresarse nuevas demandas participativas enraizadas en una ciudadanía mucho más formada, con elevadas capacidades críticas y altamente reflexivas. Demandas que no entran en contradicción con la democracia representativa pero tampoco encuentran fácil acomodo en ella. Así la mayoría de los autores

coinciden en la formación de nuevos instrumentos de acción colectiva que se distinguen notoriamente de la estructura tradicional de los partidos políticos, donde el ejemplo más claro son las ONGs (Organizaciones no gubernamentales), con el condimento de ser organizaciones que tienen mayor facilidad de adaptación al intangible y fluctuante mundo de los flujos de poder y la informatización. También, señalan Font y Gomá, el engarce de estas articulaciones y valores de nuevo tipo con el proceso político no se realiza por la vía electoral sino por medio de la generación de espacios participativos en los procesos de definición de problemas, de conformación de agendas, de diseño de políticas, de toma de decisiones y de gestión de servicios. Espacios que, por una cuestión básica de escala y proximidad, han tenido sus primeras configuraciones en la esfera política local. Definición de términos •

Seguridad ciudadana La Seguridad Ciudadana es la condición, la situación social que permite y asegura el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas y la percepción por parte de estas de tal situación. Gran parte de los datos disponibles permite sostener, con alto grado de certeza, que la sensación de inseguridad es mayor de lo que pueda acreditarse objetivamente, en gran medida, producto del papel que desempeñan los medios de comunicación social.

•

Participación Ciudadana La Participación Ciudadana es cuando nosotros los ciudadanos intervenimos en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado, Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir "tomar parte" o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea mediante la información, el control, la participación en la gestión

•

Rol del Estado El debate, tanto en aspectos normativos como positivos sobre el papel del Estado en la economía moderna, se ha intensificado en la última década, dando lugar a acuerdos en algunas áreas. La discusión ha evolucionado desde la concepción a favor de que el Estado debía intervenir en todos los ámbitos de la actividad económica -bajo la óptica de un Estado paternalista y perfecto-, hacia favorecer las bondades del libre mercado -calificando al Estado como un mal asignador de recursos.

CONCLUSIONES •

Una primera conclusión que salta a la vista es el desigual desarrollo de criterios en torno a lo que es la seguridad ciudadana. En las entrevistas realizadas tanto al personal de la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana como de FLACSO se evidencia una preocupación por superar el concepto de seguridad pública y avanzar hacia el de seguridad ciudadana, donde la Policía, juntamente con la ciudadanía,

los órganos encargados de la justicia, el sistema carcelario, los medios, instituciones municipales y otras, confluyan en una visión integral del problema y participen activamente en las soluciones. En cambio, en las personas entrevistadas de la Policía predomina un concepto de seguridad pública: la seguridad está a cargo de la Policía; la participación ciudadana no tiene otro propósito que el de coadyuvar para que la Policía cumpla con su misión; la articulación con otros sectores, como el Municipio, es una oportunidad desde el punto de vista de la generación de recursos para la mejor dotación de equipos. •

La Corporación de Seguridad y Convivencia Ciudadana incorpora el concepto de seguridad ciudadana en sus planes. Sin embargo, no aparece como una estrategia clara la formación del personal de Policía en esta manera de ver la seguridad. No se entiende de otra manera el que el Comandante General y otros altos oficiales que están en relación directa con la Corporación sigan manteniendo discursos que tienen que ver más con la seguridad pública.

•

La Corporación tiene clara la misión de dotar a la Policía de instrumentos tecnológicos que permitan luego evaluar si es un cuerpo eficiente y confiable. Hay una percepción en la Corporación de que la población ha juzgado negativamente a una Policía desprovista de posibilidades para realizar una labor eficiente, y que hay que darle la oportunidad.

4.

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES Hay cosas que se pueden hacer y que son razonablemente eficaces.

En primer lugar, hay que tener un buen diagnóstico y entender el problema. Dejar atrás lo más emocional, lo más primitivo, lo más intuitivo; el linchamiento, por decirlo de alguna manera. Un segundo tema es que el Estado debe tener una política pública, y este tiene que ser fruto de una discusión nacional; tiene que haber coherencia entre el Congreso y el Ejecutivo; tiene que haber estrategias de largo y mediano plazo; tiene que haber asignación de recursos acorde con prioridad que se le quiera dar. Tiene que haber una política pública, y como ciudadanos es necesario que tengamos capacidad de fiscalización de estas políticas públicas. Y no estamos en cero: desde el Ministerio del Interior avanzamos mucho al respecto, y esos avances podrían ser retomados. En tercer lugar, se debe continuar y profundizar la reforma de la Policía Nacional, hoy abandonada a su suerte. La Policía no es la única institución importante para enfrentar el problema, pero es sin duda clave. Si no es eficiente, cercana a la población, profesional y honesta, todo lo demás se cae. En cuarto lugar, hay que redefinir las prioridades internas en la Policía. Por muchas razones, la Policía ha tenido como última prioridad la seguridad ciudadana. Con una aguda escasez de efectivos y dado lo imperioso de las amenazas o el impacto político inmediato de los acontecimientos, sus prioridades han estado

vinculadas a otros temas; antes al terrorismo y hoy al mantenimiento del orden público. Bibliografía Libros: •

Alberich,T. 2002, 2004) Ya S. R.Arnstein en 1969

•

Andrés Bello Seguridad Ciudadana, cuadernos universitarios de Rafael Blanco, universidad, año 1997.

•

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•

BASOMBRÍO, Carlos. "¿Linchamientos o soluciones?" . En: Ideele, N° 176. pp. 51-54.

•

Constitución Política de la República año 1993

•

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, Diciembre 2009, p. IX.

•

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, diciembre 2009, p. 10.

•

De Joan Font y Ricard Gomá: La participación ciudadana: Diagnóstico, experiencias y perspectivas. Universitat Autónoma de Barcelona. 1999 pag. 3

•

De Borja Jordi y Castells Manuel, Global y local, La gestión de las Ciudades en la era de la información,Editorial Taurus, Madrid, 1999, página 31.

•

Fernando Barreiro Cavestany: Las políticas locales de promoción económica: reflexiones e innovación. Fundación CIREM. Barcelona

•

(González 2003: 17). El PNUD (2006: 35),

•

José maría rico y Laura Chinchilla. Libro. Seguridad ciudadaba en america latina.edic. siglo XXI buenos aires, 2002 p. 37.

Páginas webs: •

http://blog.pucp.edu.pe/item/6096/definicion-y-causas-de-la-inseguridadciudadana-en-el-peru

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LANDÁEZ, Nelly. "Inseguridad ciudadana". http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/cuestloc3/3-9.pdf. 30/10/06 10:30 a.m. horas

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http://www.seguridadidl.org.pe/un-paseo-ciudadano.htm

•

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesis/41_orso.pdf •

En:

http://www.municaj.gob.pe/webmpc/index.php?option=com_content&view= article&id=76&Itemid=6

Autor: Pérez Cayo Walter Martin Alfredo. Chincha - Perú (2010) estudiante de la universidad privada san Juan bautista quien cursa el octavo ciclo en la carrera de administración de negocios, quien presenta este trabajo cuyo curso es realidad nacional. Ciudad: ICA País: Perú Año: 2010 [1] José Maria Rico y Laura Chinchilla. Libro. Seguridad ciudadana en América latina. Edic. siglo XXI buenos aires, 2002 p. 37. [2] http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesis/41_orso.pdf [3]http://www.municaj.gob.pe/webmpc/index.php?option=com_content&view=articl e&id=76&Itemid=6 [4] (González 2003: 17). El PNUD (2006: 35), [5] (González 2003: 17). El PNUD (2006: 35), [6] http://www.seguridadidl.org.pe/un-paseo-ciudadano.htm [7] BASOMBRIO, Carlos. ??Linchamientos o soluciones?? . En: Ideele, N? 176. pp. 51-54. [8] LANDAEZ, Nelly. ―Inseguridad ciudadana‖. En: http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/cuestloc3/3-9.pdf. 30/10/06 10:30 a.m. horas [9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, Diciembre 2009, p. IX. [10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, diciembre 2009, p. 10.

[11] Constitución Política de la República año 1993 [12] Seguridad Ciudadana, cuadernos universitarios de Rafael Blanco, universidad Andrés Bello, año 1997. [13] http://seguridadciudadana2009.blogspot.com/ [14] http://www.monografias.com/trabajos27/seguridad-ciudadana/seguridadciudadana.shtml [15] Alberich,T. 2002, 2004) [16] Ya S. R.Arnstein en 1969 [17] http://blog.pucp.edu.pe/item/6096/definicion-y-causas-de-la-inseguridadciudadana-en-el-peru [18] De Borja Jordi y Castells Manuel, Global y local, La gestión de las Ciudades en la era de la información, Editorial Taurus, Madrid, 1999, página 31. [19] Fernando Barreiro Cavestany: Las políticas locales de promoción económica: reflexiones e innovación. Fundación CIREM. Barcelona [20] Barrerio Cavestany, pág. 17. [21] De Joan Font y Richard Goma: La participación ciudadana: Diagnóstico, experiencias y perspectivas. Universidad Autónoma de Barcelona. 1999

http://www.monografias.com/trabajos82/seguridad-ciudadana-peru/seguridadciudadana-peru2.shtml &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && http://www.seguridadidl.org.pe/seguri.htm

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& SEGURIDAD CIUDADANA INDICE PRESENTACIÓN I.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ

II.

SEGURIDAD CIUDADANA: PREVENCIÓN Y CONTROL?

¿PREVENCIÓN

VS

CONTROL

O

III.

•

Control, represión y privatización de la seguridad

•

Prevención, gobernabilidad y políticas de protección ciudadana

•

Medidas de control y medidas Complementariedad fijando prioridades

ESTADO, LEGISLACIÓN CIUDADANA

Y

POLÍTICAS

PARA

de LA

prevención: SEGURIDAD

•

La Constitución y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

•

El Acuerdo Nacional, la legislación reciente y los proyectos de ley

IV.

CONCLUSIONES Y PARLAMENTARIA

V.

BIBLIOGRAFÍA

VI.

ANEXOS

RECOMENDACIONES

PARA

LA

•

ANEXO N° 1 - Estadística: Delitos registrados

•

ANEXO N° 2 - Opinión Pública: Percepción ciudadana

•

ANEXO N° 3 - Opinión Pública: Percepción ciudadana

•

ANEXO N° 4 - Legislación

•

ANEXO N° 5 - Proyectos de ley presentados

LABOR

SEGURIDAD CIUDADANA PRESENTACIÓN

La seguridad ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas y del debate público en los países de la región.2 En el Perú, la percepción de inseguridad está creciendo y requiere de políticas que den respuestas adecuadas. En este contexto, los problemas de seguridad ciudadana, hoy en día, forman parte de la agenda pública peruana y por lo tanto de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y de la Agenda Priorizada Parlamentaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad ciudadana? El concepto de seguridad ciudadana está relacionado con los derechos humanos vinculados a la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas y su patrimonio; responde a la necesidad de estar libres de temor y amenazas y está consignado en Constituciones y leyes, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y, en el caso de América Latina, en la Declaración de la OEA en Montrouis.3

En el caso peruano, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su artículo segundo, señala que se entiende por Seguridad Ciudadana, la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la contribución a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Este trabajo recoge el interés del Congreso de la República -expresado en el pedido de la Presidencia al Centro de Investigación Parlamentaria- en resolver el problema, e intenta apoyar el rol que le toca cumplir al Parlamento en esta labor. Este papel puede significar promover el debate entre los implicados, fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior) y los Gobiernos Locales para lograr el cumplimiento de la ley y por lo tanto, una mejora de la seguridad ciudadana, y también el planteamiento de ajustes a la legislación y nuevas propuestas de ley. En la primera parte, se evalúan los principales problemas de seguridad ciudadana, haciendo uso de la estadística de los delitos registrados y el resultado de estudios de opinión pública. En la segunda parte, planteamos el debate conceptual entre control y prevención y las medidas que surgen de estas opciones, así como el cambio de las prioridades basadas en un concepto multidimensional de la seguridad ciudadana. En la tercera parte se hace una revisión de los avances en la normatividad existente y se explora la relación entre las propuestas de la sétima política de Estado del Acuerdo Nacional con las leyes recientes y los proyectos de ley pendientes de aprobación. 1

Este informe ha sido elaborado por Rocío del Pilar Verástegui Ledesma, Investigadora Principal del Área de Estudios Sociales, Centro de Investigación Parlamentaria, 20 de Mayo de 2005.

2

América Latina tiene el mayor índice de criminalidad a nivel mundial, el cual se mide por la tasa de homicidios. El Perú está ente los países catalogados con criminalidad alta, aun cuando no llega a niveles alarmantes de otros países -mientras Brasil tiene entre 24 y 25 homicidios por cada 100, 000 habitantes, Perú tiene un índice de 12.5-. Más información en: IDL. Proyectos Piloto de Comités para la Seguridad Ciudadana: El ABC de la seguridad ciudadana. IDL, Centro de Promoción Social para la seguridad Ciudadana: Lima, 2003.

3

Mayor información se puede encontrar en: Valle, Marco. Notas sobre seguridad ciudadana. En: http://www.iigov.org/seguridad/?p=8_02

Finalmente este documento culmina con algunas conclusiones y recomendaciones para aportar a un debate parlamentario que, estamos seguros, se profundizará en los próximos meses, y por lo tanto planteará al CIP nuevos retos. I.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ Para identificar los principales problemas de seguridad ciudadana que existen en el país, hemos recurrido a dos tipos de información: una

estadística4, que nos da la tasa efectiva de los delitos registrados a nivel nacional, y la otra relativa a la opinión pública 5, que brinda información sobre la percepción de inseguridad en la población de Lima. De ambos datos, podemos concluir que el principal problema de seguridad ciudadana son los delitos contra el patrimonio (se incluye hurto, robo, apropiación ilícita y estafas entre otros), esto es, según los datos estadísticos el 70% de los delitos registrados. Según la percepción de la opinión pública, el 44% de los entrevistados piensa que es el principal tipo de violencia en la ciudad de Lima, lo dice con otras palabras, calificándolo como delincuencia común, es decir, robos, hurtos y otros. Según los datos de los delitos registrados6, en segundo lugar están los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (12%), que incluyen el homicidio, aborto, lesiones y exposición a peligro o abandono de personas en peligro; en tercer lugar están los delitos contra la libertad (6.2%), que se refieren a la violación de libertad sexual, violación de la libertad personal, ofensas al pudor público, violación de la intimidad, violación de domicilio, violación del secreto de comunicación y secreto profesional; en cuarto lugar, figuran los delitos contra la seguridad pública (3.5%) que se refieren a la microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas; y en quinto lugar, están los delitos contra la familia (3.3%), de los cuales el principal es la violencia familiar. Según la percepción de los tipos principales de violencia en la ciudad de Lima7, la violencia juvenil y el pandillaje serían el segundo problema importante (27%) con respecto a la seguridad ciudadana, sin embargo si volvemos a los datos de los delitos registrados, éstos no le dan ni un 1 % al pandillaje pernicioso, por ejemplo, se han registrado sólo 131 casos en el año 2004. El tercer problema según la percepción en Lima sería el crimen organizado (secuestros y robos con armas de fuego), 25% de los encuestados lo vería como uno de los principales tipos de violencia. Si vamos a los datos de los delitos registrados, podemos afirmar que en este tercer problema percibido por los limeños, se integran los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, contra la libertad y contra la seguridad pública. 4 Se toma como fuente: -

El Compendio Estadístico 2001 del Ministerio del Interior;

-

Datos otorgados por la Oficina De Investigación Y Estadística/StConasec; EMG-PNP.5

Se toma la información de: Basombrío, Carlos. Seguridad Ciudadana y Actuación del Estado: Análisis de tendencias de Opinión Pública. Lima: IDL, 2004. 6 Ver Anexo N° 1 y gráfico. 7 Ver Anexo N° 2. Ambos tipos de información no llegan a reflejar la realidad del problema en su totalidad: en el caso de la percepción de la delincuencia, ésta podría no estar basada tanto en las experiencias individuales de los ciudadanos, sino de un conjunto de elementos externos, como por ejemplo las crónicas rojas de los medios de comunicación. Mientras que en el caso de las estadísticas según la CONASEC, en su Plan Nacional del Sistema de Seguridad

Ciudadana, éstas no reflejarían en toda su dimensión la gravedad del problema, porque la mayor parte de los agraviados no denuncian los delitos, y esto se debe en muchos casos a la falta de confianza en la policía y en el sistema de justicia. El CONASEC8 menciona también -en el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana- que los resultados de las encuestas de victimización podrían reflejar con mayor precisión la problemática de la seguridad ciudadana. Este organismo dice que a la fecha se han realizado tres encuestas de victimización, las últimas han sido en 1998 -Instituto Apoyo- y en 1997 Instituto Nacional de Estadística-. Dichas encuestas permiten establecer una caracterización de la delincuencia en Lima que nos permite un diagnóstico 9: 1.

La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia de cierto tipo de delitos, como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos.

2.

Los robos y asaltos tienen como principal objetivo la apropiación de los bienes de las víctimas más que dañar su integridad física (poco uso de armas y bajo registro de agresiones graves).

3.

En la mayor parte de casos, los atacantes son varones jóvenes.

4.

Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales que según estudios parecen obedecer a falta de alternativas recreativas y laborales.‖10

Además de los problemas de seguridad ciudadana contemplados, creemos importante tomar en cuenta la percepción ciudadana sobre qué es lo que explica la violencia y la inseguridad11. Un 77% la atribuye a la pobreza y la falta de empleo, un 34% a la situación de las familias, 33% a la falta de oportunidades de los jóvenes, 28% al fácil acceso a las drogas y al alcohol, 22.2% a problemas de la policía12 (ineficiencia y falta de recursos), un 21.8% (que varía de acuerdo al estrato socioeconómico) a las leyes blandas y un 17% a la problemática de la justicia. 8 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 9

Según Gino Costa y Carlos Basombrío, otras maneras de diagnosticar serían la georreferencia técnica así como canales rápidos de colaboración entre la ciudadanía y la policía.

10

CONASEC. PLAN NACIONAL DEL SISTEMA CIUDADANA – 2003. Lima: MININTER, 2003. p. 26.

11

Ver Anexo N° 3 y gráfico.

12

Según Costa y Basombrío, el debilitamiento de la policía podría deberse a la importancia dada a la lucha antisubversiva en desmedro de la lucha contra otro tipo de criminalidad, a que su número se redujo en un 28% en

DE

SEGURIDAD

12 años, a un proceso inadecuado de unificación de las fuerzas policiales y al deterioro de las condiciones de bienestar del personal. La pregunta que queda planteada y que puede motivar la reflexión es: ¿En qué variables puede incidir el Parlamento para responder con soluciones efectivas a la problemática de la seguridad ciudadana? Si se respondiera en el orden de prioridad establecido por la encuesta citada, el Congreso debería impulsar, en primer lugar, políticas de prevención: de lucha contra la pobreza, de promoción del empleo, de fortalecimiento de a la familia y juventud, así como políticas que limiten el acceso a las drogas y al alcohol. En segundo lugar, estarían las políticas de control relacionadas a: mejorar la labor de la policía, revisar la legislación y la justicia. II.

SEGURIDAD CIUDADANA: PREVENCIÓN Y CONTROL?13

¿PREVENCIÓN

VS

CONTROL

O

Existen dos tipos de propuestas para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana a nivel de los países latinoamericanos, una tiene que ver con medidas de control y represión, que en algunos casos se combina con la privatización de la seguridad ciudadana; la otra busca la prevención y gobernabilidad desde el diseño de políticas sociales, urbanas y de control que se orienten hacia la protección del ciudadano. Pasaremos a detallar un poco más a qué se refiere cada una y las consecuencias que han tenido en el objetivo deseado. Control, represión y privatización de la seguridad Un estudio de la CEPAL14 señala que en la región latinoamericana se ha enfrentado generalmente a la violencia y delincuencia a través de la acción punitiva, esto significa que el problema se ha abordado desde una perspectiva ―policía-justicia-prisión‖, enfatizando el control y la represión y en menor medida la prevención. Esta visión exige, por ejemplo, una reforma a los códigos penales para modificar los tipos de delito e incrementar las penas, al aumentar las penas de algunos delitos, se crean nuevos tipos de delincuentes (niños, jóvenes) y las cárceles deben estar preparadas para recibir mayor cantidad de internos. Estas medidas, según el estudio de la CEPAL, no han logrado reducir la criminalidad, la tasa de homicidios ha crecido en la región latinoamericana. Además, la impunidad ha avanzado debido a deficiencias en los sistemas policiales, judiciales y la saturación de las cárceles -éstas tienen un porcentaje muy alto de personas sin sentencia o inocentes-. A esta situación se puede agregar que al verse desbordado el Estado, surgen empresas que privatizan la seguridad, y ésta termina siendo patrimonio exclusivo de los que pueden adquirirla15. Las críticas que se hacen a este enfoque tienen que ver con el tratamiento exclusivamente policiaco del problema y el no tomar en cuenta otros factores que inciden en la violencia. 13

Para mayor información ver los textos citados en la bibliografía de Carrión y Arriagada.

14

Arriagada, Irma; Godoy, Lorena. Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. CEPAL. Agosto de 1999.

15

Carrión, Fernando. Op. Cit. p.158.

Consecuencias de la penalización en el Perú: Sobre el tema de los penales es importante citar una entrevista reciente a Wilfredo Pedraza16, director del INPE, quien manifiesta que en el 2004 la tasa promedio de crecimiento ha sido del 12 % (durante la década de 1990 fue del 4%) y esto podría deberse a nuevos delitos. Asimismo, llama la atención sobre la responsabilidad compartida de los poderes del Estado. Por un lado pregunta ¿qué hace el Poder Judicial con el 69% de internos que aún no están sentenciados? y por otro, cuestiona la respuesta del Legislativo, que desde 1992 sigue una política de aumentar penas y prohibir beneficios penitenciarios. Prevención, gobernabilidad y políticas de protección ciudadana En los últimos años, existe un creciente reconocimiento a la necesidad de enfrentar el problema con medidas integrales17. El comprender la violencia delictiva como un fenómeno con múltiples dimensiones promueve la implementación de estrategias que incidan en los distintos factores. Se diseñan así, políticas sociales, urbanas y de control descentralizadas que se orientan a proteger al ciudadano desde una perspectiva que da prioridad a la prevención. La experiencia de Cali- Colombia y la vertiente epidemiológica han logrado que se tengan estrategias nacionales, regionales y locales y un marco institucional relacionado con la familia, escuela, juventud y mujer; a la prevención a través del empleo, educación y participación, además de medidas para mejorar el sistema policial, judicial y penitenciario. Algunos de los efectos de esta experiencia son: la disminución de los homicidios, en Cali fue de 30% en un periodo de 5 años y en Bogotá 50%18; se contribuyó a evaluar políticas relacionadas a la legislación sobre el uso de armas de fuego, restricción del consumo de alcohol, así como estudios específicos sobre la violencia cuyos resultados son utilizados para plantear soluciones. En el caso peruano, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el marco del Acuerdo Nacional, podría avanzar hacia este modelo integral descentralizado. Hace falta, sin embargo fortalecer un marco institucional y estratégico adecuado a nuestra realidad. Este marco, en combinación con la voluntad política, nos puede permitir realizar los ajustes necesarios para que sea así. Medidas de control y medidas de prevención: Complementariedad fijando prioridades Las propuestas del segundo modelo integran alternativas de control que son complementarias a las medidas de prevención, dándole prioridad a la prevención. En ese sentido, esbozamos en el cuadro siguiente las medidas que se proponen en el estudio de la CEPAL19, así

como algunas medidas y ejemplos complementarios tomados de otros estudios: 16

Willer, Hildegard. Entrevista con Wilfredo Pedraza: Necesitamos un nuevo paradigma de cárcel. En: IDEELE, abril del 2005. Pp.72-74.

17

La CEPAL lo constata en una encuesta realizada en 1999 a alcaldes y gobernadores de las principales ciudades latinoamericanas.

18

Villaveces, Andrés y Concha-Eastman, Alberto. Guías para el diseño, implementación y evaluación de sistemas de vigilancia epidemiológica de violencia y lesiones. Washington D.C.:OPS, 2001. P.38. Medidas de Prevención Medidas de Control a)

b)

c)

Educación: •

Reducir deserción escolar

•

Educación para la paz y resolución de conflictos

Reformas del sistema policial: •

Profesionalizar la policía

•

Incorporar nuevas tecnologías

•

Fortalecer relaciones con la comunidad

Organización de la comunidad: •

d)

Comités vecinales de seguridad ciudadana.

Reformas Judiciales: •

Mejorar procedimientos

• Evaluar la proporcionalidad de las penas y la posibilidad real de ser aplicadas para evitar la impunidad. e)

Combatir la pobreza y desigualdad: •

Políticas de empleo (especialmente para jóvenes y mujeres)

•

Programas para niños y jóvenes (tanto para los que están en riesgo como para los que han delinquido por primera vez)

•

Políticas de fortalecimiento de la familia Reformas en sistema penitenciario:  

Uso del tiempo para la educación, el trabajo y el apoyo psicosocial Promover sistemas de penas alternativas en libertad.

 f)

Control de la venta de alcohol, tráfico de drogas y porte de armas

Creación de mecanismos de justicia alternativa: *

Programas de justicia cercanos a la ciudadanía basados en la resolución pacífica.

*

Coordinar con los Medios de Comunicación el mejor tratamiento de los temas de seguridad ciudadana20

19

Arriagada, Irma; Godoy, Lorena. Op. Cit.

20

CELADE, OIJ. Adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe: Problemas, oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo. Serie Población y Desarrollo: Santiago de Chile, 2000. Desarrollar Sistemas de Estadísticas Criminales Algunas experiencias son:

III.

•

Enfoque epidemiológico- Programa DESEPAZ y Plan Estratégico de Seguridad, Colombia.- Sistemas de registro de delitos a través de observatorios locales de violencia a nivel municipal para permitir actuar sobre las causas reales y diseñar estrategias de intervención.

•

Sistema Unificado de Estadísticas Delictuales SUED, Chile.- Sistema de registro de información que integra información policial, judicial y penitenciario, con el objetivo de identificar variables relevantes y zonas geográficas críticas.

•

Sistema de estadística comparada propuesto en las recomendaciones del Plan de acción para la ciudad de Lima del grupo Bratton21.- Esta propuesta requiere datos exactos sobre los hechos delictivos y de ser posible el mapeo computarizado de éstos; así como foros de estadística comparada en los que se evalúe los problemas delictivos.

•

Comité técnico intersectorial de información permanente sobre lesiones, violencia intrafamiliar y delitos contra la propiedad para el Centro Histórico de Quito.- Esta experiencia luego se extendió a la ciudad y permite definir proyectos preventivos con sustento en información generada.22

•

Comité Intersectorial de prevención de violencia, Honduras.- El objetivo es mejorar los sistemas de información y generar proyectos de prevención.23

ESTADO, LEGISLACIÓN CIUDADANA

Y

POLÍTICAS

PARA

LA

SEGURIDAD

Luego de haber analizado los principales problemas de la seguridad ciudadana y las respuestas dadas desde la región, nos toca evaluar los

avances a nivel nacional expresados en la normatividad y las propuestas planteadas en el Acuerdo Nacional. La Constitución y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana24 La Constitución Política del Perú, en sus artículos 1 y 2 establece los derechos fundamentales de la persona, las bases de un sistema de seguridad ciudadana son estos derechos, especialmente los relacionados con la vida, la tranquilidad, la libertad y seguridad personales. Los artículos analizados a continuación definen específicamente las labores que debe ejecutar la policía, cuál es su misión y función, así como la de las municipalidades, sobre todo en lo referente a la participación vecinal, que resultará siendo clave para las políticas de seguridad ciudadana. 21

Bratton Group LLC. Seguridad Ciudadana: Plan de Acción para la ciudad de Lima-Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima: 2002. Pp.22, 27 y sgtes.

22

Villaveces, Andrés y Concha-Eastman, Alberto. Guías para el diseño, implementación y evaluación de sistemas de vigilancia epidemiológica de violencia y lesiones. Washington D.C.:OPS, 2001. p.20.

23

Villaveces, Andrés y Concha-Eastman, Alberto. Op. Cit. p.20.

24

Los Cuadros han sido elaborados con información del libro: Yépez Dávalos, Enrique. Seguridad Ciudadana: 14 lecciones fundamentales. Instituto de Defensa Legal: Lima, 2004.

Art. 166 Art. 195 Art. 197 La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. Se presentan a continuación algunas leyes que establecen funciones específicas: Lo más resaltante y central es la interrelación y coordinación propuesta, entre la Policía Nacional y la sociedad civil en sus distintas formas de organización a nivel provincial, distrital y de centros poblados.

Ahora la seguridad ciudadana ya no es un asunto que sólo compete al Estado, sino también a la sociedad en su conjunto. Ley 27238- Ley Orgánica de la PNP Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27933-Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana En su Art. 70 señala que la Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en esta materia. En su Art. 85 señala que las Municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana. Las Municipalidades provinciales tienen como función: Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial. Esta ley tiene por finalidad establecer una alianza permanente y sistemática entre entidades públicas y sociedad civil con la finalidad de contribuir a garantizar la paz y tranquilidad, así como reducir la delincuencia mediante una política de prevención multisectorial. Se crea el CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) y comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Decretos y Resoluciones Supremas complementan las leyes antes citadas. En primer lugar, el DS. 105-2002-PCM otorga al problema de seguridad ciudadana rango de Política de Estado dentro del Acuerdo Nacional, eso lo sitúa en primer orden de prioridad nacional para la planificación de políticas públicas. En segundo lugar, la RS. 0965 y el DS. 012-2003-IN están destinados a brindar una adecuada fuerza de seguridad y una estructura de organización de la seguridad que le permita a la sociedad interactuar con la fuerza policial. 12 DS. 105-2002-PCM, que institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional RS. 0965, que crea la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional. DS.012-2003-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para garantizar el objetivo de Democracia y Estado de Derecho, uno de los compromisos del Acuerdo Nacional es el de ―Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada‖. Por otra parte se establece como sétima Política de Estado: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, para ello el Estado implementará una serie de acciones entre las cuales la más importante podría ser la de promover un sistema nacional de

seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país presidido por los alcaldes y conformado por representantes del sector público y de la ciudadanía. El Gobierno, con RS. 0965-2001-IN de octubre de 2001 creó la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los servicios policiales, acercar más la Policía a la comunidad y dignificar la función policial mejorando los niveles de vida del personal. Tanto la Ley como el Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establecen cuatro instancias integrantes del sistema: a)

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. (CONASEC) Que es el máximo organismo del sistema, presidido por el Ministerio del Interior, e integrada por los Ministros o sus representantes de las carteras del Interior, Justicia, Educación, Salud, Economía, Corte Suprema, fiscalía de la Nación, Defensor del Pueblo, dos presidentes regionales y alcaldes de las dos provincias con mayor número de electores; como función principal entre otras está el de establecer la política y formular el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Cuenta con una Secretaría Técnica que se encarga de ser el órgano ejecutivo y de coordinación del CONASEC.

b)

Comités Regionales de Seguridad. Formulan la política regional de seguridad ciudadana en el marco de la política establecida por el CONASEC, lo integran los similares en las regiones de las autoridades nacionales.

c)

Los comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. Formulan la política provincial de seguridad ciudadana, una de sus funciones importantes es la de promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y/o las Oficinas de participación ciudadana de las comisarías. Lo integran los similares en las provincias de las autoridades regionales.

d)

Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. Los integran la autoridad política de mayor rango del distrito, el Comisario distrital de la PNP, un representante del Poder Judicial, dos alcaldes de centros poblados menores, un representante de juntas vecinales, un representante de rondas campesinas

El CONASEC, creado por la ley N°27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ha elaborado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las disposiciones transitorias y finales de dicha ley. En ese marco ya se han instalado comités de seguridad ciudadana a nivel nacional: El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana Dentro de las políticas del plan se prevé:

1.

Dar unicidad y organicidad a las instituciones públicas y entidades de la sociedad civil integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

2.

Sentar las bases para una progresiva participación multisectorial que asegure mejores niveles de orden y seguridad ciudadanas.

Estas actividades están enmarcadas en determinados principios: •

Legalidad: Dentro del marco de la Constitución, las leyes y el irrestricto respecto a los derechos humanos.

•

Coordinación: Para unificar esfuerzos con la finalidad de lograr el desarrollo de acciones comunes e integradas.

•

Supervisión y control ciudadano: Desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana.

•

Transparencia funcional: Para evitar injerencias político-partidarias o de otra naturaleza.

•

Participación Ciudadana: Para motivar a la comunidad para que apoye el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.

•

Prevención: Priorizar y desarrollar políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.

•

Solidaridad: Instancias y organismos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida con sus fines y objetivos, en plena colaboración y ayuda mutua.

CONSOLIDADO SEGURIDAD

DE

LA

INSTALACIÓN

DE

LOS

COMITÉS

CIUDADANA A NIVEL NACIONAL AL 26 DE ABRIL DEL 2005 Instalación de Comités COMITÉS REGIONALES COMITÉS PROVINCIALES COMITÉS DISTRITALES TOTAL INSTALADOS 26 181 1117 1324 14 NO INSTALADOS 0 12 518 530 TOTAL 26 193 1635 1854 Fuente: CONASEC

DE

Como podemos apreciar, la normatividad nos da un marco para contar con un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Si se aprovecha bien, éste nos puede llevar a un modelo integral descentralizado de prevención y control de la seguridad ciudadana. La pregunta que habría que hacerse es si está funcionando 14 adecuadamente el cuerpo legal y qué es lo que pasa una vez que la ley ha salido del Parlamento, ¿se está cumpliendo la ley?, ¿qué es lo que limita su cumplimiento? El Acuerdo Nacional, la legislación reciente y los proyectos de ley pendientes El Acuerdo Nacional recoge, en su sétima política de Estado ―Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana‖, una visión integral de la seguridad ciudadana, como decíamos antes, el marco del Acuerdo Nacional puede servir de base para plantear políticas que respondan a la dimensión múltiple del fenómeno. Lo que habría que preguntarse es, si esta visión se expresa en la legislación existente y en los proyectos de ley que se encuentran en debate en las Comisiones Ordinarias. Sétima política de Estado25 ―Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana‖ ―Nos comprometemos a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. Con este objetivo el Estado: (a)

consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada;

(b)

propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos;

(c)

pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres;

(d)

garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;

(e)

fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación;

(f)

desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana;

(g)

promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución; y

(h)

promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía.‖ 26

25

Lo resaltado en negritas es nuestro.

26

SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO del Acuerdo Nacional. En: http://www.acuerdonacional.gob.pe/Foros/ForosTematicos/gobernabilidad/t extog7.htm Si nos centramos estrictamente en los puntos planteados por el Acuerdo Nacional, una revisión rápida de las leyes promulgadas27 y de los proyectos de ley28 que están en comisiones, nos sugiere que se ha avanzado en: el establecimiento de un sistema nacional de seguridad ciudadana –al cual se le siguen planteando modificaciones- , y en la extensión de mecanismos legales relacionados a la prevención del maltrato familiar y prácticas violentas en contra de la niñez; pero en comparación con el número de iniciativas relativas al control, hacen falta iniciativas que prioricen la prevención y que estén relacionadas por ejemplo, con el fomento de la cultura cívica y de paz, tanto en la ciudadanía como en los funcionarios públicos y policías. También se requiere políticas de especialización en los organismos públicos responsables o relacionados a la seguridad ciudadana. Se nota además, una inclinación por el control y la penalización en desmedro de la prevención en la mayoría de los casos. Si vamos más allá del Acuerdo Nacional o ampliamos el item (a), especificando otras políticas de prevención, necesitaremos propuestas que respondan a la relación entre seguridad ciudadana y pobreza, falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes.

IV.

CONCLUSIONES Y PARLAMENTARIA

RECOMENDACIONES

PARA

LA

LABOR

Conclusiones 1.

Los problemas principales de seguridad ciudadana en el Perú son: •

De acuerdo a los delitos registrados, los delitos contra el patrimonio, los que se dan contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la libertad.

•

De acuerdo a la percepción ciudadana, la delincuencia común, la violencia juvenil y el crimen organizado.

2.

Hace falta encuestas de victimización para reflejar la realidad del problema.

3.

En la región latinoamericana se ha pasado de priorizar el control y la represión hacia un creciente reconocimiento de la necesidad de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana de manera integral.

4.

Existe evidencia de que el desarrollo de sistemas de estadísticas del delito puede favorecer el reconocimiento de los problemas de seguridad ciudadana y la forma de prevenirlos y controlarlos.

5.

El Perú cuenta con un marco legislativo relacionado a la seguridad ciudadana que se adecua a la necesidad de atender el problema desde una visión integral, lo que hace falta, además de pequeños ajustes, es garantizar su cumplimiento.

6.

La legislación reciente y los proyectos de ley pendientes, priorizan iniciativas de control y no logran cubrir todas las propuestas planteadas en el Acuerdo Nacional.

27

Ver Anexo N° 4.

28

Ver Anexo N° 5. Recomendaciones Tal como lo dijimos en la presentación, el Parlamento tiene un rol que cumplir en la solución de los problemas de seguridad ciudadana. Puede incidir en el tema desde sus diversas funciones: •

Desde su función de representación, puede convocar a un debate entre las entidades relacionadas con la seguridad ciudadana para conocer los avances realizados al respecto.

•

Desde su función de legislación, tiene la posibilidad de plantear propuestas de ley y modificaciones a la legislación existente, para mejorar la organización de la labor relacionada con la seguridad ciudadana.

•

Desde su función de fiscalización, está en la potestad de evaluar el cumplimiento de la ley (un seguimiento a la labor del Ministerio del Interior y los Gobiernos Locales para saber si se aplica la ley, si ésta es eficaz, qué problemas no consideró, qué nuevas experiencias se dan y sin embargo no están contempladas en la ley).

Tomando en cuenta que tenemos un marco legal que nos puede conducir hacia un modelo integral descentralizado de prevención y control de la seguridad ciudadana, y tratando de evaluar el cumplimiento de la ley, nuestra recomendación es priorizar las funciones de representación y fiscalización, las cuales en combinación lleven al Parlamento a liderar el debate sobre la seguridad ciudadana y a trabajar en un análisis ―ex post‖ de la ley. Este análisis podría iniciarse como un proyecto piloto que nos conduzca más adelante a poder evaluar el cumplimiento de otras leyes prioritarias. El efecto de este proyecto piloto podría acercar la labor parlamentaria al ciudadano, que percibe generalmente al Estado y a la ley lejanos de sus problemas. Paralelamente podrían realizarse algunos ajustes a las leyes y promover proyectos de ley relacionados a la juventud y niñez, la mujer, el problema del empleo, la educación para la paz, el conocimiento de los derechos y la

importancia de la ley para el ciudadano; también la capacitación y profesionalización de la policía y los funcionarios relacionados a las tareas de seguridad ciudadana. V.

29

BIBLIOGRAFÍA29 1.1

Estudios en la Región Latinoamericana Arriagada, Irma; Godoy, Lorena. Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. CEPAL. Agosto de 1999. Carrión, Fernando. La Inseguridad ciudadana en la comunidad andina. En: Nueva Sociedad, Caracas, 2004 CELADE, OIJ. Adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe: Problemas, oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo. Serie Población y Desarrollo: Santiago de Chile, 2000. Londoño, Juan Luis; Guerrero,Rodrigo. Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos. BID, Agosto de 1999. M.Buvinic´, A. Morrison y M.B. Orlando. Violencia, Crimen y Desarrollo Social en América Latina y el Caribe.En: Sojo, Carlos y otros. Desarrollo Social en América Latina: temas y desafíos para las políticas públicas. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica 2002. Villaveces, Andrés y Concha-Eastman, Alberto. Guías para el diseño, implementación y evaluación de sistemas de vigilancia epidemiológica de violencia y lesiones. Washington D.C.:OPS, 2001.

1.2.

Estudios en países de la región latinoamericana Consejo Nacional de Seguridad Pública. La prevención de la delincuencia juvenil en El Salvador: hacia la formulación de una Política Social Integral. San salvador, marzo de 1998. Dammert, Lucía. Violencia criminal y seguridad pública en América Latina: la situación en Argentina. CEPAL. Noviembre de 2002. López Regonesi, Eduardo. Reflexiones acerca de la seguridad ciudadana en Chile: visiones y propuestas para el diseño de una política. CEPAL. Noviembre de 2002.

1.3

Estudios sobre seguridad ciudadana en el Perú Alegría Varona, Ciro. Seguridad y Defensa Ciudadana en Manos de la Democracia Peruana. En: Cuestión de Estado N° 30, 2002. Instituto de Diálogo y Propuestas: Lima, 2002. APOYO. Seguridad ciudadana. Lima: Instituto APOYO. Enero de 2000. Basombrío, Carlos. Seguridad ciudadana y Actuación del Estado: Análisis de tendencias de opinión pública. . IDL: Lima, 2004.

Se puede revisar la sumilla de estos textos en la página web del CIP. Basombrío, Carlos. ¿Linchamientos o soluciones? En: IDEELE N° 167, Lima, diciembre de 2004. Bratton Group LLC. Seguridad Ciudadana: Plan de Acción para la ciudad de Lima- Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima: 2002. CONASEC. Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana – 2003. Lima: MININTER, 2003. Comisión Andina de Juristas. Seguridad Ciudadana: cambios necesarios. Lima: CAJ, julio de 1999. Costa, Gino y Basombrio, Carlos. Liderazgo civil en el Ministerio del Interior: Testimonio de una experiencia de reforma policial y gestión democrática de la seguridad en el Perú. IEP: Lima, 2004. IDL. Proyectos Piloto de Comités para la Seguridad Ciudadana: El ABC de la seguridad

ciudadana. IDL, Centro de Promoción Social para la seguridad Ciudadana: Lima, 2003. IDL. Guía Práctica para los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana IDL, Centro de Promoción Social para la seguridad Ciudadana: Lima, 2004. Reyna, Carlos; Toche, Eduardo. La inseguridad en el Perú. CEPAL. Marzo de 1999. Salazar, Antonio y Juan Carlos Ruiz. Semana de la Justicia en San Martín: Entre el calor y la búsqueda de justicia.En: IDEELE N° 167, Lima, diciembre de 2004. Soberón, Ricardo. Lima norte: Primera Mesa de diálogo distrital. En: IDEELE N° 167, Lima, diciembre de 2004. Willer, Hildegard. Entrevista con Wilfredo Pedraza: necesitamos un nuevo paradigma de cárcel. En: IDEELE, abril del 2005. Pp.72-74. Yépez 14 Dávalos, Enrique (Gral). Seguridad Ciudadana: lecciones fundamentales.Instituto de Defensa Legal: Lima, 2004 1.

Enlaces de Interés

• http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus.htm La del CERIAJUS, cuyo Plan Nacional para la Reforma Integral de la Justicia toma en cuenta dos áreas relacionadas a la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la reforma penal. • http://www.seguridadidl.org.pe/ La del Instituto de Defensa Legal (IDL), que tiene un proyecto de monitoreo y desarrollo de aportes con respecto a la seguridad ciudadana. ANEXOS 20 ANEXO N° 1 Estadística: Delitos registrados PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN EL PERIODO 2001-2004 2001 2002 2003 2004 Contra la vida el cuerpo y la salud 27,880 29,423 19,325 19,260 Contra la familia 1,683 5,487 3,849 5,433 Contra la libertad 9,674 9,777 10,507 10,160 Contra el patrimonio 97,689 103,668 112,915 114,574 Delitos Económicos 404 473 694 1,868 Delitos Tributarios 315 262 234 671 Contra la fe pública 2,155 1452 1766 2114 Terrorismo agravado 182 362 221

Contra la Seguridad Pública 13,486 5,003 4,759 5,719 Contra la tranquilidad Pública 374 390 372 471 Contra la Administración Pública 949 1,050 1,184 1,389 Otros Delitos 6,366 894 1,339 1,444 TOTAL 161,157 158,241 157,165 163,103 Fuente: Compendio Estadístico Investigación Y Estadística/St-

2001

Ministerio

del

Interior;Oficina

Conasec; EMG-PNP. Grafico : Delitos Registrados por la PNP, por Tipo a Nivel Nacional Periodo : 2002-2004 27,880 1,683 9,674 97,689 13,486 10,745 29,423 5,487 9,777 103,668 5,003 4,883 19,325 3,849 10,507 112,915 4,759 5,810 19,260 5,433

De

10,160 114,574 5,719 7,957 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2001 2002 2003 2004 Otros Delitos Contra la Seguridad Pública Contra el patrimonio Contra la libertad Contra la familia Contra la vida el cuerpo y la salud 21 ANEXO N° 2 Opinión Pública: Percepción ciudadana Tomado de: Basombrío, Carlos. Seguridad Ciudadana y Actuación del Estado: Análisis de tendencias de Opinión Pública. Lima: IDL, 2004. 22 ANEXO N° 3

Opinión Pública: Percepción ciudadana Tomado de: Basombrío, Carlos. Seguridad Ciudadana y Actuación del Estado: Análisis de tendencias de Opinión Pública. Lima: IDL, 2004. Pp23,24 23 ANEXO N° 4 Legislación30 Ley N° Fecha Título Relación con el Acuerdo Nacional Ley N° 28236 29/05/2004 Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar c(prevención) Ley N° 28190 18/03/2004 Ley que protege a los Menores de edad de la Mendicidad c(prevención) Ley N° 28179 24/02/2004 Ley que regula la incorporación de niñas, niños o adolescentes en Villas o Aldeas Infantiles y juveniles. c(prevención) Ley Nº 28117 10/12/2003 Ley de Celeridad y Eficacia Procesal

Penal a(control) Ley N° 28002 06/2003 Modificando el Código Penal en materia de tráfico ilícito de drogas a(control: sanción) Ley N° 27982 05/2003 Modificando el texto único ordenado de la ley N° 26260 "ley de protección frente a la violencia familiar" c(prevención) Ley N° 27939 01/2003 Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los artículos 440º, 441° y 444° del Código Penal a(control -disuasión Ley N° 27938 01/2003 Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda otros Ley N° 27937 01/2003 Ley que modifica los artículos 366° y

367° del Código Penal a(control: sanción) Ley N° 27936 01/2003 Ley de condiciones del ejercicio de la legítima defensa a(control: sanción) Ley N° 27935 01/2003 Ley que modifica artículos de la ley N° 27030, ley de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres b(control:disuasión) Ley N° 27934 01/2003 Ley que regula la intervención de la policía y el ministerio público en la investigación preliminar del delito F (control) Ley N° 27933 01/2003 Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana H (integral) ANEXO N° 5 30 Se toma como base la legislación sobre seguridad ciudadana que figura en la página web del IDL: http://www.seguridadidl.org.pe/norma1.htm 24

Proyectos de Ley Presentados a) Proyectos de Ley sobre seguridad ciudadana en agenda de la Comisión de Gobiernos Locales: P.L. N° Fecha presentación Título del Proyecto Sumilla Relación con el Acuerdo Nacional 12311 31/01/2005 SEGURIDAD CIUDADANA:PAGO FRACCIONADO DERECHOS ARANCELARIOS Propone autorizar el Pago Fraccionado de Derechos Arancelarios e Impuesto General a las Ventas a las Municipalidades, para adquisición de Bienes de Seguridad Ciudadana. (MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA) d(control) 12284 26/01/2005 PNP:PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Propone la creación del Programa de Seguridad Ciudadana en el Centro de Instrucción de la Policía Nacional del Perú. (MUNICIPALIDAD DE LINCE) b,g (prevención) 12170 15/12/2004 MUNICIPALIDAD:L.2 7972/ATRIBUCIONE S DEL CONSEJO MUNICIPAL Propone modificar el artículo 9° de la Ley núm. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referente a las atribuciones del Consejo Municipal de aprobar el Sistema de Seguridad Ciudadana y crear el Serenazgo Municipal. h 11951 16/11/2004 SEGURIDAD CIUDADANA:DECLA RA EN EMERGENCIA LA... Propone declarar en emergencia la Seguridad Ciudadana en toda la República. d (control) 11857

04/11/2004 MUNICIPALIDADES: ADQUISICIONES DE BIENES DE SEGURIDAD CIUDADANA Propone declarar de interés nacional la adquisición de vehículos y bienes destinados para fines de seguridad ciudadana en el ámbito municipal. d(control) 7726 05/08/2003 MUNICIPALIDAD:SE GURIDAD CIUDADANA/IMPLE MENTA SERVICIOS Propone declarar de interés nacional la modernización e implementación de los servicios de seguridad ciudadana en las municipalidades. f(control) 9738 Dictame n 17/02/2004 MUNICIPALIDAD:FU NCIONES EN MATERIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA Propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de seguridad ciudadana, precisando las funciones de las municipalidades. h 25 b) Proyectos de Ley sobre seguridad ciudadana en agenda de la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia: P.L. N° Fecha presentación Título del Proyecto Sumilla Relación con el Acuerdo Nacional 12311 31/01/2005 SEGURIDAD CIUDADANA:PAGO FRACCIONADO DERECHOS ARANCELARIOS Propone autorizar el Pago Fraccionado de Derechos Arancelarios e Impuesto General a las Ventas a las Municipalidades, para adquisición de Bienes de

Seguridad Ciudadana.(MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA) d(control) 12284 26/01/2005 PNP:PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Propone la creación del Programa de Seguridad Ciudadana en el Centro de Instrucción de la Policía Nacional del Perú.(MUNICIPALIDAD DE LINCE) b,g (prevención) 11951 16/11/2004 SEGURIDAD CIUDADANA:DECLARA EN EMERGENCIA LA... Propone declarar en emergencia la Seguridad Ciudadana en toda la República. d(control) 11888 08/11/2004 PNP:PRÃCTICAS PREPROFESIONALESEN SEGURIDAD CIUDADANA Propone disponer que los cadetes y alumnos de las

Escuelas de Oficiales y SubOficiales de la Policía Nacional realizan prácticas preprofesionales en seguridad ciudadana en las municipalidades. g (prevención) 11533 23/09/2004 SEGURIDAD:CIUDADA NA/L.27933/MIEMBRO S DEL CONSEJO Propone modificar la Ley núm. 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, respecto de los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana. h 8989 13/11/2003 POLICÃA NACIONAL DEL PERÚ :SEGURIDAD CIUDADANA,LEY ORGÃNICA DE... Propone modificar el artículo 7° inciso 3) de la Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, respecto a garantizar la seguridad ciudadana en cooperación con las municipalidades.

h 7826 13/08/2003 SEGURIDAD:CIUDADA NA/PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO DE... Propone la creación del Programa del Voluntariado de Seguridad Ciudadana en las municipalidades. b (prevención y control) 7811 12/08/2003 SEGURIDAD:CIUDADA NA/EXONERA DE IMPUESTOS EN Propone disponer que las Municipalidades gozan de d(control) 26 IMPORTACIÃ―N exoneración del pago de arancel de aduanas, impuesto general a las ventas y servicios de almacenaje, en Instituciones Públicas; en la importación de bienes nuevos o usados destinados para uso exclusivo del sistema de seguridad ciudadana por el plazo de 300 días calendario. 7726 05/08/2003 MUNICIPALIDAD:SEGU RIDAD

CIUDADANA/IMPLEME NTA SERVICIOS Propone declarar de interés nacional la modernización e implementación de los servicios de seguridad ciudadana en las municipalidades. f(control) 7491 04/07/2003 SISTEMA:NAC.DE SEGURIDAD CIUDADANA/MIEMBRO S DEL CONSEJO Propone incluir un último párrafo al artículo 7° y modifica el artículo 9° de la Ley No. 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana referente a que en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana participa el Director General de la Policía Nacional del Perú para que pueda informar de manera oportuna en la toma de decisiones. h 7343 27/06/2003 SEGURIDAD CIUDADANA:L.27933/F UNCIONES DEL

CONSEJO Propone modificar el artículo 9° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, respecto a las funciones del Consejo en tanto tiene la facultad de coordinar y brindar asesoría en proyectos de Seguridad Ciudadana a los Comités Regionales. h 7139 11/06/2003 MINISTERIOS:DEFENS A,INTERIOR/CAPACITA EN SEG.CIUDADANA Propone disponer que los ministerios de Defensa e Interior en el marco de proyección social e interinstitucional brindan capacitación y asesoramiento a los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. b(prevención y control) 6881 22/05/2003 SISTEMA:NAC.DE SEGURIDAD CIUDADANA/MIEMBRO S DEL CONSEJO Propone modificar el artículo 7°

de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incorporando al Director General de la Policía Nacional del Perú o su representante como miembro del consejo. h 27 6843 20/05/2003 SEGURIDAD:CIUDADA NA/APOYO AL SISTEMA DE... Propuesta de Ley de Apoyo al Sistema de Seguridad Ciudadana. h 5723 25/02/2003 SEGURIDAD:CIUDADA NA/L.27933MIEMBROS COMITÉ DISTRITAL Propone modificar el artículo 16° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, referente a los miembros del Comité Distrital. h 07811 03/09/2003 SEGURIDAD:CIUDADA NA/EXONERA DE IMPUESTOS EN

IMPORTACIÓN Propone disponer que las Municipalidades gozan de exoneración del pago de arancel de aduanas, impuesto general a las ventas y servicios de almacenaje, en Instituciones Públicas; en la importación de bienes nuevos o usados destinados para uso exclusivo del sistema de seguridad ciudadana por el plazo de 300 días calendario. d(control) c) Proyectos de Ley sobre seguridad ciudadana en agenda de la comisión de Justicia y Derechos Humanos: d) P.L. N° Fecha presentación Título del Proyecto Sumilla Relación con el Acuerdo Nacional 12594 17/03/2005 SEGURIDAD CIUDADANA:14º,L.27 030-INCUMPLIMIENTO DE LAS PENAS Propone modificar el artículo

14º de la Ley núm. 27030, Ley de Ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, relacionados con el incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de faltas; asimismo, modifica los artículos 55º e inciso 3 del 440º del Código Penal, referente a las penas limitativas; e igualmente, modifica el artículo 3º de la Ley núm. 27939, Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los arts 440º, 441º y 444º del Código Penal, referente al inicio del proceso. a (control: disuasión) 12100 06/12/2004 CÃ―D.PENAL:46,185,18 6,189,440,444/GARAN TIZAR SEGURIDAD CIUDADANA Propone el inciso 12) al artículo 46° y modifica los artículos 46°A, 185°, 188°, 189°, 440° y 444° del Código Penal, a fin de garantizar la seguridad ciudadana.

a (control: sanción http://www12.georgetown.edu/sfs/clas/pdba/Security/citizensecurity/peru/evaluacio nes/seguridadciudadanacip.pdf