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“DEMOCRACIA SOCIAL” Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires

Análisis histórico, doctrinario, económico, institucional y gubernamental de las Democracias Sociales.

Profesor: Dr. Gregorio Halaman. Alumno: Jorge Ignacio Fiorentino.

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CUESTIONARIO: 1. El contexto Histórico. 1.1 Características de la situación social y económica en los países industrializados luego de la 1º Guerra Mundial, luego de la crisis de 1929 y en la segunda posguerra. 1.2 Brevísima referencia al origen del laborismo inglés y australiano, de la socialdemocracia alemana y sueca, del New Deal de EE.UU. y de la democracia cristiana. 2. Aspectos Doctrinarios: La combinación de la democracia liberal con la justicia social. 2.1 Antecedentes filosóficos. )a De todas estas corrientes: El liberalismo clásico y su concepción democrática representativa; el socialismo no marxista del siglo XIX y su concepción sobre la necesidad de enfrentar problemas sociales. )b Del Laborismo: La Sociedad Fabiana de Londres y sus ideas sobre el rol económico y social del Estado. )c De la Socialdemocracia: Las ideas de Louis Blanc sobre el rol económico y social del Estado. )d De la Democracia Cristiana: La doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus ideas sobre el rol del Estado y de la propiedad y su concepción del trabajo. 2.2 Aspectos doctrinarios propiamente dichos. )a Sus críticas al Liberalismo y al Marxismo. )b Su concepto de justicia social: diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva; concepto de las corrientes políticas y concepto católico. )c Sus ideas sobre la seguridad social: El Código de Malinas y otros antecedentes. )d Su concepto de Estado de Bienestar. 3. Aspectos Económicos: El Estado como impulsor y equilibrador del mercado. 3.1 Sus concepciones económicas. )a Keynes y su Teoría General: La función del gasto público, la moneda, el interés y el pleno empleo. )b Roosevelt y su concepto sobre el gasto público como activador del ciclo económico. 3.2 Sus políticas económicas. )a La expansión del gasto público: Nuevos alcances y nuevos aspectos. )b Actividades económicas asumidas por el Estado en Gran Bretaña, Australia, Francia y Estados Unidos en el Siglo XX. 4. Políticas Universales para el Estado de Bienestar. 4.1 Sus concepciones. )a Su idea de universalidad de las políticas sociales. )b Su idea de intervención positiva. 4.2 Políticas Públicas. )a Políticas educativas: Educación e igualación; objetivos en los distintos niveles. )b Políticas de salud: Los seguros universales de salud. 2

)c Políticas de trabajo y previsión: El pleno empleo y la solidaridad previsional. )d Políticas de población: La inclusión de inmigrantes y la planificación familiar. 5. Aspectos institucionales. 5.1 Sus concepciones. )a El constitucionalismo social. )b Los derechos sociales. 5.2 Sistema institucional. )a Organización constitucional: La preferencia por el parlamentarismo y el protagonismo de los partidos políticos. )b Participación política: El sufragio universal, libre y secreto; inclusión de nuevos sectores.

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INDICE: El contexto Histórico....................................................................................5 Aspectos Doctrinarios.................................................................................16 Aspectos Económicos.................................................................................30 Políticas Universales para el Estado de Bienestar......................................50 Aspectos Institucionales.............................................................................60

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1. El contexto Histórico. 1.1 Características de la situación social y económica en los países industrializados luego de la 1º Guerra Mundial, luego de la crisis de 1929 y en la segunda posguerra. 1.2 Brevísima referencia al origen del laborismo inglés y australiano, de la socialdemocracia alemana y sueca, del New Deal de EE.UU. y de la democracia cristiana.

1. 1. // Características de la situación social y económica en los países industrializados luego de la 1º Guerra Mundial, luego de la crisis de 1929 y en la segunda posguerra:  Consecuencias económicas y sociales en los países desarrollados después de la 1er guerra mundial: En el plano económico la guerra supuso una destrucción material extrema. Debido a que los combates más violentos se desarrollaron en sus territorios, Francia y Bélgica fueron los países más afectados por la guerra. Igualmente fueron duramente castigadas Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria. Los campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria. Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. Los distintos estados sufrieron un gran descenso de su riqueza, entre ellos Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25 %, el Reino Unido el 32%, Italia el 26%. El menos afectado fue Estados Unidos y su economía se colocaría a la cabeza del mundo. Una vez finalizada la guerra fue necesario reconvertir las industrias que habían estado destinadas durante años a la producción de guerra. El proceso fue lento y se vio entorpecido por una crisis que se alargó hasta 1924. La "economía de guerra" dislocó el sistema productivo y eliminó de la política económica los principios del liberalismo. La tendencia se consolidó durante la posguerra fruto de las políticas de los gobiernos de izquierda, especialmente los socialdemócratas. El intervencionismo económico del Estado fue la pauta seguida durante el período de entreguerras salvo en el caso de Estados Unidos, hasta la llegada a la presidencia de F. D. Roosevelt. El gasto bélico se financió en parte acudiendo a las reservas de oro y al endeudamiento mediante la emisión de deuda pública, complementado con el recurso a créditos exteriores, especialmente de origen estadounidense. Se produjo una fuerte inflación debido a la fabricación del papel moneda, la cual fue agravada durante la posguerra por el desequilibrio entre producción y demanda. Sin embargo hubo países a los que la guerra benefició económicamente. Principalmente quienes permanecieron neutrales durante la guerra y pasaron a ser proveedores de materias primas y alimentos para los países contendientes, como por ejemplo Brasil, Argentina y España.

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A la vez la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias: Estados Unidos y Japón, cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en detrimento de las potencias tradicionales de Europa, que debido a la guerra perdieron sus mercados exteriores y sufrieron la fragmentación de su economía. Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Se convirtió en el mayor acreedor (más de 250 mil millones de dólares) de los países europeos, que en adelante entraron en una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos para hacer frente a la reconstrucción económica. El dólar se convirtió junto a la libra esterlina en el principal instrumento de cambio en las transacciones internacionales y la bolsa de Nueva York consiguió el liderazgo mundial. En 1919 se firmo el Tratado de Versalles, un tratado de paz firmado por las potencias europeas para poner fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, después de meses de negociación, en la ciudad de Paris. El Tratado de Versalles fue firmado como continuación al armisticio de noviembre de 1918, en Compiègne, que había puesto fin a los enfrentamientos. El principal punto del Tratado de Versalles determinaba que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por causar la Gran Guerra (así se conocía a la Primera Guerra Mundial antes de que aconteciera la Segunda Guerra Mundial) y que sobre los términos de los artículos 231-247, que fijaba indemnización de guerra para las potencias vencedoras "La Triple entene". Los términos impuestos a Alemania incluían la pérdida de una parte de su territorio para un número de naciones fronterizas, de todas las colonias en el océano y sobre el continente africano, y una restricción al tamaño de su ejército. Alemania también tuvo que reconocer la independencia de Austria. El ministro del exterior alemán, Hermann Müller, firmo el Tratado de Versalles en el 28 de junio del año 1919. El tratado fue ratificado por la Liga de Naciones (o Sociedad de Naciones) el 10 de enero de 1920. En Alemania el Tratado de Versalles causo estupor y humillación en la población, o que contribuyo a la caída de la República de Weimar en el año 1933 y la ascensión del Nazismo con Adolf Hitler como líder o Führer del III Reich alemán. Socialmente, el incorporar a la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces habían ejercido en él los hombres, modificando de esta manera los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Durante la guerra la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Quienes salieron empobrecidas de la guerra fueron las clases medias, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Los obreros sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de huelgas que se hicieron eco de la revolución bolchevique rusa. Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de dinero.

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Otra de las grandes consecuencias de la guerra fue el voto. Poco después del final de la guerra, Alemania les dio el derecho al voto a las mujeres. En Inglaterra en 1918 las mujeres mayores de 30 años obtuvieron el derecho a votar, sin embargo, no fue hasta 1928 que las mujeres mayores de 21 años pudieron hacerlo; de hecho, casi todos los países recién creados tras la Gran Guerra, permitieron a las mujeres votar (excepto Yugoslavia), y entre los países ganadores, solo Francia no lo hizo.  Consecuencias económicas y sociales después de la crisis del 29: El crack de la bolsa de Nueva York de 1929 tuvo graves consecuencias en la economía norteamericana: creó expectativas pesimistas respecto al futuro que comprimieron el consumo y la inversión; destruyó el ahorro de muchas familias y las empobreció; interrumpió la financiación de unas empresas que se enfrentaban a una demanda declinante; perjudicó a la viabilidad de instituciones financieras que habían prestado a los inversores institucionales y particulares para comprar valores, etc. Pero no fue la única causa, tampoco la principal, de la Gran Depresión de la economía internacional durante los años treinta. Nunca se había vivido una crisis de tal extensión en el tiempo y con esa intensidad. Afectó principalmente a los países más avanzados económicamente y, en particular, a sus sectores industriales y exterior. Ningún país pudo escapar de la crisis, si bien no todos fueron afectados con igual intensidad. Paradójicamente, los países menos desarrollados –con un peso mayor del sector agrario en sus estructuras económicas, por tanto- y más cerrados a las transacciones internacionales -esto es, con un grado menor de globalización- salieron no tan perjudicados de la crisis, lo que no equivale a indemnes. Los hasta entonces desconocidos niveles de desempleo en los sectores industriales y exportadores que acompañaron a la Gran Depresión constituyen también una de sus manifestaciones más llamativas. En 1932, la producción industrial del mundo no llegaba a los dos tercios de la de 1929, pero, mientras que la de Europa había caído algo por debajo del 75%, la de Estados Unidos apenas superaba el 50%. La producción de alimentos apenas experimentó cambios. No así la de materias primas, que se contrajo en medida sólo algo menor que la de productos industriales. En 1934, el valor del comercio mundial era poco más de un tercio del correspondiente a 1929. No llegaba todavía al 50% en 1937. El desempleo alcanzó cifras record. Especialmente en Estados Unidos, donde el desempleo pasó del 3% en 1929 al 25% en 1933, y en Alemania, donde se elevó desde el 4,3 al 30,1% entre 1929 y 1932. La contracción del producto per capita fue también significativa. Aunque no todos los países se vieron afectados en idéntica medida ni lograron salir de la crisis al mismo tiempo. En Estados Unidos resultó especialmente intensa y duradera. En Alemania, algo menos. Suecia o Japón apenas experimentaron una suave recesión. En Francia no fue especialmente profunda, pero sí muy duradera. Países, como Argentina, cuyo nivel de actividad económica era muy dependiente de la coyuntura internacional se vieron también afectados en no pequeña medida y tardaron en salir de la crisis. Ni Argentina ni

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Estados Unidos se habían recuperado plenamente, y Francia apenas, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Para poder comprender la gran dimensión de esta crisis, hay que tener en cuenta diferentes factores. En 1930, las autoridades de la mayor economía del mundo, los Estados Unidos, aprobaron el extremadamente proteccionista arancel Smoot-Hawley, que pretendía defender los intereses nacionales norteamericanos frente al exterior. Este ejemplo de política del “sálvese quien pueda” fue rápidamente imitado por las restantes economías importantes. Lo que llevo a una espiral a la baja del comercio mundial que intensificó la depresión. La falta de una salida colectiva negociada a los problemas internos individuales amplificó la crisis. El patrón oro fue otro factor de intensificación de los problemas. Su manejo durante este nuevo período de vigencia, en el que las condiciones políticas y económicas que lo habían hecho eficaz durante el período 1870-1914 habían desaparecido o cambiado, no estuvo exento de problemas. De hecho, se convirtió en un mecanismo de extensión de los problemas monetarios de un país a otro. Además dejaba una escasa capacidad de actuación a los gobiernos para contrarrestar la depresión. Así, para conseguir salir de la Gran depresión, era necesario abandonar el patrón oro. En 1931, el Reino Unido suspendía la convertibilidad en oro de la libra esterlina. De nuevo, sin coordinación alguna entre unos y otros países, pese a estar estrechamente interconectados por relaciones económicas, su ejemplo fue emulado en 1933, por Estados Unidos y poco después por otros países. Para 1936, cuando Francia se suma a esta corriente, el patrón oro había dejado prácticamente de existir. Tenemos aquí otro ejemplo de medidas adoptadas para mejorar la competitividad de cada economía frente a las restantes. La rigidez de los salarios a la baja, a la que no dejaban de contribuir los cambios institucionales (sindicatos, negociación colectiva, regulaciones salariales, etc.) experimentados por el mercado de trabajo, explican también por qué el desempleo alcanzó tan altos niveles mientras que los salarios de los ocupados sufrían pocas modificaciones. Los Estados cometieron repetidos errores de política económica. En buena parte, su deficiente actuación se debió a un nacionalismo corto de miras. Pero también a la ausencia de un nuevo conjunto de ideas económicas bien fundamentadas. Sin ellas, resultaba imposible interpretar correctamente las nuevas circunstancias políticas y económicas que se hallaban detrás de la Gran Depresión. En ausencia de una profunda renovación del pensamiento económico, tampoco se podría orientar adecuadamente la política para salir de la crisis.  Consecuencias económicas y sociales después de la segunda guerra mundial: En el aspecto económico, el conflicto se estimo un total de más del billón de dólares, convirtiendo a esta guerra en la más onerosa y costosa de toda la historia de la humanidad, e incluso más cara que las demás guerras anteriores en su conjunto. Los bombardeos de ciertos países fueron factores que impidieron el progreso de Europa durante mucho tiempo. Alemania perdió 20% de sus viviendas y Gran Bretaña el 9%. La falta de materias primas y recursos financieros en la industria tradicional, fueron

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tremendamente dañinos para la economía europea. En Europa Oriental, las destrucciones fueron incluso peores. En la disuelta URSS, 17.000 ciudades y 70.000 pueblos fueron arrasados, y este país perdió en total 20% de su potencial industrial. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre las décadas de 1950 y 1970, algunos países experimentaron un crecimiento nunca antes visto en la economía. Entre ellos, Estados Unidos se perfiló como líder, debido a que su territorio (a diferencia del de las naciones europeas) no fue dañado por la guerra en infraestructura urbana ni industrial, lo que le permitió potenciar el desarrollo de los sectores primarios de producción como la agricultura y la industria. Por otro lado, la producción de armamento bélico que generó este país siguió en curso aún llegada la paz, esta vez estimulada por la Guerra Fría y la Guerra de Corea. A su vez, la población siguió aumentando y demandando los nuevos productos de consumo y tecnologías que comenzaban a ofrecerse. Utilizaban el dinero ahorrado en los años austeros que vivieron mientras duró la guerra, y más tarde aprovecharon la tendencia de aumentos salariales del periodo, destacándose en este sentido la proliferante clase media. Otro factor que permitió a los Estados Unidos expandir su economía, fueron las empresas transnacionales que comenzaron a operar en distintos países de acuerdo a los intereses de corporaciones norteamericanas. Estas nuevas empresas movilizaron la industria, el consumo y el trabajo en sectores que se habían visto afectados por la guerra. Destacan aquellas dedicadas a la minería e hidrocarburos como el petróleo, corporaciones bancarias, farmacéuticas, automotriz y otras más diversas como las de consumo masivo entre ellas McDonald’s y Coca-Cola. La inversión y la facilidad de crédito son otro eje que explica la prosperidad económica de la posguerra. Para la Europa destruida, Estados Unidos proporcionó un plan de ayuda monetaria: el Plan Marshall que a través de una serie de medidas, además de pretender frenar la simpatía con los sectores comunistas, favoreció el crecimiento económico de la región. En 1948, a fin de administrar los recursos obtenidos de parte de Estados Unidos, algunos de los países europeos se agruparon en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), predecesora de la actual OCDE. Al recuperar su industria, la sociedad europea estimuló la demanda de bienes de consumo y del estilo de vida norteamericano que se vislumbraba a través de la industria cinematográfica y la televisión. Estos factores permitieron que el escenario de prosperidad se asentara más allá de las fronteras estadounidenses. Tanto en el caso norteamericano como en el europeo, la estimulación de la industria así como el desarrollo de las transnacionales jugaron un rol importante en la bonanza económica, pero no debe desestimarse el papel del consumo en esta ecuación. En este aspecto, los aumentos en los salarios, duplicados en comparación con cifras anteriores, fueron decisivos para aumentar la demanda a la industria y propagar la sensación de prosperidad económica. En el aspecto social, tuvieron lugar deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo forzado, organizados en Europa por Alemania (contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, Testigos de Jehová, comunistas, españoles

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republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc.), que se convertirían en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto; también en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa. Hubo masacres masivas de población y de prisioneros enemigos, perpetrada por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia. Tras la guerra, los prisioneros de guerra fueron sometidos a malos tratos, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Se produjeron violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas, y experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses, que solían acabar con la muerte del individuo. Al final de la guerra se planteaba en Europa otra grave problemática: los desplazamientos de las personas debido a las vicisitudes del conflicto armado. Entre estos grupos, se encontraban ex prisioneros de los campos de concentración tratando de volver a su lugar de origen, ex colaboracionistas que esperaban huir de las represalias y los castigos, y millones de personas que debían abandonar sus hogares, debido a que estos estaban situados en lugares anexionados a los vencedores. 1. 2. // Brevísima referencia al origen del laborismo inglés y australiano, de la socialdemocracia alemana y sueca del New Deal de EEUU y de la democracia cristiana:  Laborismo ingles: La Sociedad Fabiana, fundada en 1884, teniendo en consideración el peso de sus miembros (intelectuales de primer nivel), va a ser sin dudas la precursora de lo que en el futuro iba a ser el laborismo, a través de su filosofía política que defendía la transformación paulatina y no violenta de las estructuras sociales, en una suerte de “socialismo administrativo”, respetuoso con las reglas democráticas y del parlamentarismo. Los fabianos proporcionarían el sello intelectual a la izquierda británica. El derecho al sufragio ya había sido alcanzado por la masa de obreros, sin embargo, solo podían votar por el partido liberal o por candidaturas destinadas al fracaso. Debido a esto, regiones de fuerte concentración industrial deciden tener disputados obreros. Este sería el caldo de cultivo, a finales de la década de los ochenta del XIX, donde se iría fraguando la creación de partidos políticos obreros británicos. La primera iniciativa directa partió del mundo sindical. Keir Hardie era un minero escocés que en 1888 fundó el Scottisch Labour Party (Partido Laborista Escocés). En 1893 nació el Independent Labour Party (Partido Laborista Independiente), con una gran implantación en Escocia y en el norte de Inglaterra, aunque no pudo desarrollarse en el resto de Gran Bretaña. En el año 1899 se celebró el Congreso de las Trade Unions que fue clave para cambiar la tradicional tendencia favorable de los sindicatos hacia el Partido Liberal, ya que se decidió que había que tratar de promover una acción política independiente obrera. De ahí surgió la creación del Labour Representation Committee en 1900, constituido en el

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Memorial Hall de Farrington Street de Londres. En este Comité había representantes de los sindicatos, pero también contaba con miembros de la S.D.F. y con fabianos, y se pretendía concurrir a las elecciones. El éxito electoral llegaría en las elecciones de 1906 cuando se consiguieron veintinueve escaños. Ahí está el origen del Labour Party, el Partido Laborista. En ese año ya tenía un millón de militantes, cifra que se duplicó en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Los primeros líderes del laborismo fueron Keir Hardie y Arthur Henderson, aunque desde los primeros momentos comenzó a destacar la figura de Ramsay Mac Donald, que entró en el Parlamento en 1906, y que con el tiempo, después de la Gran Guerra, sería el primer ministro laborista en la Historia. En el período de entreguerras el laborismo desbancaría al Partido Liberal en el sistema bipartidista británico.  Laborismo australiano: El Partido Laborista Australiano es el partido político más antiguo de Australia fundado en 1891, aunque no se hace oficial hasta el año 1901 cuando se elige el primer Parlamento Federal Australiano. Los partidos laboristas coloniales disputaron escaños parlamentarios propios desde 1891, y los escaños federales que se originaron a raíz de la formación de la federación, desde la elección federal de 1901. El laborista fue el primer partido político en Australia en ganar la mayoría de los escaños en cada una de las cámaras del Parlamento australiano, en la elección federal de 1910. El partido antecede al Partido Laborista Británico y al Partido Laborista de Nueva Zelanda en formación, acceso al gobierno e implementación de políticas públicas. Es el partido gobernante actualmente en Australia mediante su secretaria general Julia Gillard, quien resulto ganadora de las elecciones de 2007 con el 40% de los votos. El Partido Laborista Australiano se presenta como partido de centro-izquierda, en oposición a su principal adversario por el poder en Australia, el Partido Liberal. Es miembro de la Internacional Socialista.  Socialdemocracia alemana: En los años sesenta del siglo XIX nacieron en Alemania distintas asociaciones obreras. Entre ellas, destacaría la Asociación General de Trabajadores Alemanes, creada en 1863 y liderada por Ferdinand Lassalle. Esta organización socialista, implantada en Prusia, era de tendencia reformista y no marxista; de hecho, sus dirigentes entablaron relaciones con Bismarck, intentando que el Estado adoptara políticas sociales. En 1869, se creo el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP) gracias a un grupo de asociaciones obreras implantadas en Sajonia. Sus dos máximos líderes fueron Wilhelm Liebknecht y August Bebel. En ese mismo congreso se aprobó el Programa de Eisenach, adoptando el marxismo y vinculando la formación a la AIT. En el programa se exigía la separación entre la Iglesia y el Estado, el sufragio universal masculino, la abolición del trabajo infantil, la creación de una milicia popular, la reducción de la jornada laboral, la implantación de un sistema fiscal progresivo y el apoyo del Estado al movimiento cooperativista.

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A pesar de las claras divergencias de origen geográfico y, sobre todo, ideológicas, las dos organizaciones se acercaron ante el hecho de que, recién creado el Imperio alemán, la represión contra los obreros creció. Pero, además, la aproximación se vio facilitada porque Lasalle había fallecido y en la Asociación General de Trabajadores iba creciendo la presencia de los socialdemócratas. El proceso concluyó en el Congreso de Gotha, celebrado en la primavera de 1875. Allí se fusionaron ambas organizaciones y nació el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, el SAPD. Se adoptó el conocido como Programa de Gotha. En dicho programa pesaron más las ideas marxistas que las de Lassalle, pero eso no impidió que Marx y Engels criticaran el texto de forma contundente porque consideraban que no atendía al sindicalismo, no incidía en el internacionalismo y, sobre todo, porque el programa defendía que Estado era un instrumento neutral por encima de la lucha de clases. El nuevo partido fue perseguido por Bismarck. En el año 1878, “el canciller de hierro” consiguió aprobar en el parlamento una ley de excepción poniendo fuera de ley al partido. Pero Bismarck era consciente que, en pleno proceso de expansión industrial, la fuerza del movimiento obrero no se podía despreciar, por lo que emprendió una política social para intentar frenar los conflictos sociales, atraerse a los obreros y que se alejaran de los socialistas, desde un acusado paternalismo. Promulgó leyes sobre las enfermedades, accidentes y jubilación. Esta política le granjeó la crítica de los sectores políticos y sociales más conservadores porque creían que iba a crear una especie de socialismo de estado pero, en realidad, fueron medidas muy epidérmicas. Sin embargo, al contrario de lo que se proponía, aumentaron las huelgas, y en la clandestinidad los socialistas no dejaron de crecer. El partido fue legalizado al retirarse Bismarck del poder. El año clave para el partido fue 1891 cuando se celebró el Congreso de Erfurt. La formación adoptó el nombre que conserva hoy en día, SPD. El Programa de Gotha fue sustituido por el de Erfurt. El nuevo programa del partido era claramente marxista, pretendiéndose el cambio revolucionario del capitalismo, como formalmente defendió uno de sus principales líderes, Karl Kautsky, con el apoyo mayoritario de la formación. Pero, en la práctica, el SPD se encaminó hacia un claro reformismo. Las principales luchas del partido se dirigían a las mejoras de las condiciones laborales y de vida de los obreros alemanes, participando activamente en el ámbito político electoral y el parlamentario. El partido se burocratizó y terminó en manos de unos cuadros que defendieron la organización antes que emprender acciones que hicieran peligrar su existencia, pero también fueron innegables las conquistas sociales ganadas gracias a su creciente influencia política. Eduard Bernstein, uno de los teóricos del partido, pretendió acomodar, a través del revisionismo, el programa oficial del partido, claramente marxista, con la práctica real del mismo, pero no tuvo éxito frente al sector mayoritario. Por fin, otro grupo deseaba reorientar al partido en un sentido claramente revolucionario. En esta idea se encontraban Karl Liebcknecht y Rosa Luxemburgo. Estaríamos ante el origen del posterior partido comunista alemán. En las primeras elecciones legislativas en las que el partido participó se obtuvieron 35 diputados. En la última década del siglo XIX se expandió con mucha fuerza. Publicaba diversos periódicos y seminarios, puso en marcha organizaciones sindicales, asociaciones culturales, clubs deportivos, teatros, coros, etc.., casi una sociedad paralela en Alemania, sirviendo como modelo para todo el socialismo occidental. A principios del siglo XX, llegó a los 400.000 afiliados, cifra que se elevó a 1.700.000 militantes en

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1912. En ese mismo año se convirtió en la primera fuerza parlamentaria. Aunque el socialismo había condenado la guerra en la II Internacional, el SPD apoyó la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, votando en el parlamento los créditos necesarios para poner en marcha la maquinaria militar.  Socialdemocracia sueca: El Partido Socialdemócrata Sueco es el partido más antiguo de Suecia, fundado en 1889 en Estocolmo por August Palm, un sastre radical del sur del país. Este nuevo partido se inspiró en el modelo alemán. En 1896 llegó el primer socialdemócrata al parlamento sueco, Hjalmar Branting. En 1898 se creó la Confederación de Sindicatos, vinculada a la socialdemocracia. A partir del año 1902 el número de escaños que consiguió el Partido comenzó a subir. En 1911 alcanzaron casi el 29% de los votos. Su progresión fue enorme a partir de entonces, dominando la vida política a partir de 1932. En los años sesenta especialmente, y durante mucho tiempo, el Welfare State sueco se ha presentado como el ejemplo más logrado de la «tercera vía», del camino medio entre socialismo y capitalismo, como aquel sistema que conseguía las más altas cotas de bienestar e igualdad de sus ciudadanos sin renunciar al capitalismo. La expansión del Estado de bienestar ha sido fuente de satisfacción y orgullo para los propios suecos; la «vía sueca» hacia la prosperidad económica y el bienestar social ha sido un prototipo para otros países durante varias décadas. El inspirador de la política social sueca, Gustav Móller, no pretendía que se estableciera un sistema de prestaciones universales, sino elevar el nivel de vida y ofrecer un poco de seguridad a los ciudadanos. Por otra parte, como muy bien ejemplifica el Acuerdo de Saltsjóbaden de 1938, en Suecia el origen del Estado de bienestar está en los diversos «compromisos históricos» que se dan en la sociedad, entre campesinos y obreros, entre trabajadores y empresarios, entre obreros y empleados y entre las élites del movimiento obrero y los funcionarios de alto y medio nivel. Esto es lo que ha estado en la base del modelo institucional sueco.  New Deal de EEUU: La Gran Depresión, considerada una de las crisis económicas más grandes del siglo XX, comenzó el jueves 24 de octubre de 1929 con el crac de la Bolsa de Nueva York, hundiendo a esta para expandirse progresivamente por todos los sectores económicos y posteriormente por la totalidad de los países industrializados, con la excepción de la Unión Soviética de Iósif Stalin. Estados Unidos, «país de origen» de la crisis, fue lógicamente el primer afectado tras el crac y tocó fondo en 1932, con una tasa de desempleo del 25 %. Lo cierto es que la economía estadounidense sufría diversos desequilibrios, principalmente en el reparto de la riqueza y los recursos: se estima que treinta y seis familias ricas poseían unos ingresos equivalentes a los del 42 % de la población. Igualmente, de 27,5 millones de familias, 21,5 no poseían ninguna clase de ahorros.

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Durante los años 1920, las empresas estadounidenses habían incrementado sus ventas de forma considerable gracias a la expansión del consumo por parte de una emergente clase media, apoyada por un crecimiento del crédito por parte de los bancos. Paralelamente, la rápida industrialización que siguió a la reconversión de fábricas de armamento en fábricas civiles tras la Primera Guerra Mundial condujo a una sobreproducción de bienes industriales y de consumo por parte de muchas empresas. Igualmente, el sector agrícola vivió una serie ininterrumpida de excelentes cosechas entre 1925 y 1928, lo que condujo a un exceso de oferta de bienes agrícolas. Este excedente monetario en circulación condujo a una espiral inversionista en la bolsa: millones de pequeños y medianos ahorradores invirtieron su dinero en la especulación bursátil, por lo que tras el crac, multitud de ahorradores llevados por el pánico acudieron a las entidades bancarias para retirar su dinero, generado la quiebra en cadena de estos. Por otra parte, los fondos de los bancos, invertidos en la especulación, disminuyeron progresivamente. Debido a la deflación, los agricultores comenzaron a pasar dificultades al ver mermado su poder adquisitivo: 15 millones de campesinos estaban al borde de la ruina. En la industria, la crisis se manifestó con la quiebra de empresas y la reducción de la producción a un 38 %. El New Deal es el nombre dado por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crac de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena. Comúnmente, se distinguen dos New Deals. Un primero, marcado particularmente por los «Cien Días de Roosevelt» en 1933, que apuntaba a una mejoría de la situación a corto plazo. Se pueden encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo, o incluso programas agrícolas. El Gobierno realizó así inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la situación mejoró. El «Segundo New Deal» se extendió entre 19353 y 1938, poniendo por delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con leyes sindicales de protección, la Ley de Seguridad Social, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. No obstante, la Corte Suprema determinó como inconstitucionales numerosas reformas legales, pero algunas partes de los programas fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938. Esta nueva política económica se fundamentaba en el intervencionismo estatal y en la firme creencia en las teorías del subconsumo. Entre las medidas llevadas a cabo destacan:  Devaluación del dólar.  Recuperación del valor adquisitivo del sector agrícola.

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 Reactivación de la producción industrial aumentando los salarios, reduciendo la jornada laboral y con una subida de precios para corregir descensos provocados por la depresión.  Política de subvenciones a fondo perdido a los bancos en dificultades.  Política dirigida para luchar contra el desempleo. Para contrarrestar el ciclo económico depresivo existente en Estados Unidos, Keynes propuso políticas económicas anticíclicas. Keynes sostenía los principios del liberalismo económico clásico, pero proponía la intervención del Estado en aquellos casos en que se viera perjudicado. Creía que una redistribución de los ingresos y el aumento de la tasa de empleo, reactivaría la economía. Estas políticas anticíclicas consisten en una intervención masiva del Estado en la economía. Esta intervención se dio a partir de 1933, cuando en marzo gana las elecciones el demócrata Roosevelt.  Democracia cristiana: Ya en las primeras décadas del siglo XIV se advertirá que un grupo significativo de cristianos se abocará a una tarea de atento discernimiento entre los postulados políticos y los socio-económicos que la ideología liberal, a la postre predominante, sustentara. En cuanto a los políticos, serán compartidos, entendiendo incluso que debían de ser profundizados y universalizados en su aplicación a todos los ciudadanos, en razón de que la Revolución Francesa en su aplicación concreta sólo resultó beneficiosa para la burguesía que en definitiva resultó la triunfante. En lo que a los principios y políticas socio-económicas se refiere, adoptarán una línea acérrimamente crítica, en virtud de la filosofía que les daba sustento, y consecuencias que ello acarreaba fundamentalmente para el trabajador, su familia y los pobres en general. De entre las variadas corrientes que entonces surgirán en el seno de lo que luego habrá de denominarse el "social-cristianismo" emergerá a mediados del siglo pasado la "Democracia Cristiana". Aún cuando no exclusivamente, el movimiento principalmente tendrá sus inicios en Francia. De entre sus representantes más descollantes, destácanse Federico Ozanán (1813- 1853), y Philippe Buchez (1796- 1865). Aún cuando ambos respondan a una matriz común, sus ideas y propuestas tendrán un perfil diferente. Ozanán, abogado y profesor de la Universidad de Lyon, catedrático de Historia y Literatura en la Sorbona, desde sus clases en la Facultad de Derecho, defenderá la necesidad de que la ley reglamente el salario según las necesidades de la familia del trabajador, la intervención de los gobiernos en materia socio-económica cuando la justicia y el bien común así lo exigieran, y el derecho de los obreros a la creación de asociaciones gremiales. Apartándose de las concepciones liberales que propiciaban una democracia censitaria, -en la cual se excluía a la mayor parte del pueblo-, Ozanán propugnará por una democracia participativa, en donde el pueblo se convierta en su verdadero protagonista, "ese pueblo", -afirmará-, "que tiene demasiadas necesidades sin atender y pocos derechos reconocidos, que reclama con razón, una mayor parte en la gestión de los asuntos públicos, garantías para el trabajo y contra la miseria".

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2. Aspectos Doctrinarios: La combinación de la democracia liberal con la justicia social. 2.1 Antecedentes filosóficos. )a De todas estas corrientes: El liberalismo clásico y su concepción democrática representativa; el socialismo no marxista del siglo XIX y su concepción sobre la necesidad de enfrentar problemas sociales. )b Del Laborismo: La Sociedad Fabiana de Londres y sus ideas sobre el rol económico y social del Estado. )c De la Socialdemocracia: Las ideas de Louis Blanc sobre el rol económico y social del Estado. )d De la Democracia Cristiana: La doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus ideas sobre el rol del Estado y de la propiedad y su concepción del trabajo. 2.2 Aspectos doctrinarios propiamente dichos. )e Sus críticas al Liberalismo y al Marxismo. )f Su concepto de justicia social: diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva; concepto de las corrientes políticas y concepto católico. )g Sus ideas sobre la seguridad social: El Código de Malinas y otros antecedentes. )h Su concepto de Estado de Bienestar.

2. 1. a) // De todas estas corrientes. El liberalismo clásico y su concepción democrática representativa; el socialismo no marxista del siglo XIX y su concepción sobre la necesidad de enfrentar problemas sociales: Cuando se habla de “Liberalismo clásico”, generalmente, hacemos referencia al término empleado para designar la ideología que defiende la propiedad privada, una economía de mercado no intervenida basada en el libre comercio. Aproximadamente hasta 1900, esta ideología se conocía simplemente como liberalismo. A menudo se contrapone el liberalismo clásico con un nuevo liberalismo social, que se supone que se desarrolla a partir de la variedad clásica alrededor del 1900. Pero el liberalismo social se desvía esencialmente de su denominación en su raíz teórica en que niega la capacidad auto-regulatoria de la sociedad: se acude al estado para corregir el desequilibrio social en cada vez más ramificaciones. A poco de iniciarse la segunda mitad del siglo XVIII, Rousseau expuso en el Contrato Social su sistema filosófico y político al formular la teoría de que el pueblo es el único soberano y de que por tanto sólo el puede dictar las leyes, las que son de ese modo la expresión pura de la voluntad general. O sea que Rousseau abogó por la democracia directa, la que tiene vida cuando el pueblo se reúne y da a conocer qué es lo que desea. Esa tesis revolucionaria, dueña de un inmenso poder de seducción, tenía como marco

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una ciudad pequeña, Ginebra, de la cual Rousseau se declaraba "ciudadano", en la que era posible que todos los habitantes se congregaran en un solo sitio a formular sus determinaciones, que el gobierno se encargaría de ejecutar. El autor del Contrato Social fue siempre enemigo de la democracia representativa, en la que una entidad, el Congreso, dicta las leyes. Esa enemistad venía de que la voluntad general, según él, es inalienable, indivisible y absoluta, y de que sólo pertenece al pueblo. La evolución social, y sobre todo la magnitud de los Estados nacionales, hacen imposible que el conjunto del pueblo se reúna, y determinan por tanto la impracticabilidad de la construcción rousseauniana, por lo cual el liberalismo hizo suya la fórmula de la democracia representativa, basada en el sufragio, tal como Locke la había diseñado en forma incompleta, que después Montesquieu habría de redondear. Ese tipo de democracia, con la consiguiente separación de poderes, funcionaba ya en Inglaterra, y fue allí donde Montesquieu la vio en aplicación. Así pudo él publicar en 1748 su obra capital, El espíritu de las leyes, que habría de asegurarle puesto de honor en la historia del pensamiento. En el S. XIX, la discusión en torno a la democracia se da a través del enfrentamiento del liberalismo y el socialismo. Lo que se refiere a la relación con la concepción liberal del estado, es la libertad individual, mientras que la libertad de los antiguos es la expansión de los mercados. De esta manera se afirma que la única forma de democracia compatible con el estado liberal es la democracia representativa o parlamentaria. No pueden llamarse propiamente liberal a un estado que no reconozca algunos derechos fundamentales de libertades que posibilitan una participación política. En general la línea de desarrollo de la democracia en los regímenes representativos debe ser buscada en 2 direcciones: en la gradual ampliación del derecho de voto, el cual antes era restringido a una parte de los ciudadanos y en la multiplicación de los órganos representativos que en un primer tiempo estaban limitados a las asambleas. En ambas direcciones el proceso de democratización se inserta en la estructura del estado liberal entendido como estado garantista. Pero el proceso de hoy en día consiste en una transformación más cuantitativa que cualitativa. El ideal democrático representa un elemento integrante porque una de las metas del socialismo ha sido el refuerzo de la base popular del estado, otro elemento es que sea necesario porque sin este refuerzo nunca se alcanzaría la transformación de la sociedad y por ultimo tiene un elemento que es No constitutivo porque la esencia del socialismo siempre ha sido la idea de revolucionar de las relaciones sociales, políticas y económicas. Lo que identifica la doctrina socialista es la manera de entender el proceso de democratización del estado. En esta teoría el voto constituye el punto de partida del proceso de democratización. La profundización del proceso de democracia por parte de las doctrinas socialistas se produce de dos modos: A través de la crítica de la democracia representativa y democracia directa; y por otro lado a través de la demanda de que la participación popular se extienda de los órganos de decisión política a las decisiones económicas.

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2. 1. b) // Del Laborismo. La Sociedad Fabiana de Londres y sus ideas sobre el rol económico y social del Estado: La Sociedad Fabiana es un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo democrático mediante reformas graduales. Es también conocida por formar los cimientos de lo que más tarde sería el Partido Laborista británico. Afirman que el sistema competitivo asegura la felicidad y la comodidad de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos y la sociedad que debe ser reconstituido de tal manera que se garantice el bienestar general y la felicidad. Los fabianos se asociaron para la difusión de las siguientes opiniones mantenidos por ellos y discutir sus consecuencias prácticas. A continuación se detallarán algunas de éstas:  Que en las circunstancias actuales la riqueza no puede ser disfrutada sin deshonor o no es percibida sin miseria. Ese es el deber de cada miembro del Estado, proveer a sus necesidades por el trabajo de su propia cuenta.  Que un interés de por vida en la tierra y el capital de la nación es el derecho natural de todo individuo nacido dentro de sus límites y que el acceso a este derecho de nacimiento no debe depender de la voluntad de cualquier persona privada que no sea la persona solicitante.  Que puesto que la competencia entre los productores ciertamente asegura al público los productos más satisfactorios, el Estado debe competir con todas sus fuerzas en cada departamento de producción.  Que tales restricciones en la libre competencia como las sanciones por infringir el monopolio postal, y la retirada de asilo y trabajo penitenciario de los mercados, debe ser abolido.  Que ninguna rama de la industria debería llevarse a cabo en un beneficio por la administración central.  Que la Hacienda Pública debe ser impuesta por un impuesto directo, y que la administración central no debería tener ningún poder legal para detener la reposición de la Hacienda Pública sobre cualquier porción de los ingresos de las industrias administradas por ellos  Que el Estado debe competir con los padres en la prestación de hogares felices a los niños, para que cada niño pueda tener un refugio contra la tiranía o el descuido de sus custodios naturales. Que los hombres ya no tienen privilegios políticos para protegerlos contra la mujer, y que a partir de ahora los sexos deben gozar de iguales derechos políticos. Que ninguna persona debe de ningún privilegio en consideración a servicios prestados al Estado por sus padres u otros parientes.  Que el Estado debe garantizar una educación liberal y una parte igual en la industria nacional de cada una de sus unidades. La Sociedad fue fundada con el propósito de "reconstruir la sociedad", basada en el sistema competitivo, de tal manera que se garantice el bienestar general y la felicidad. Vale la pena señalar que la palabra "socialismo" no había aparecido todavía en sus registros, y no es sino hasta la su sexta sesión, celebrada el 21 de marzo de 1884, que la palabra aparece por primera vez en el acta, como el título de un artículo de La señorita Caroline Haddon: "Los dos socialismos".

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La Sociedad, de hecho, comenzó su carrera con el que el desconocimiento de meros nombres que siempre la ha distinguido. Las resoluciones que abogan por la reconstrucción de la sociedad sobre una base no competitiva con el objeto de poner remedio a los males de la pobreza, encarnan la esencia del socialismo. 2. 1 c) // De la Socialdemocracia. Las ideas de Louis Blanc sobre el rol económico y social de Estado: Aclaración previa. Todas las citas provienen de: Cole, G. H. D. (1980). Historia del pensamiento socialista. I: Los precursores, 1789-1850. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. La traducción es de Rubén Landa. En números romanos se indico el número de volumen, y en arábigos la página.  Louis Blanc (1811-1882): Ocupó el centro de la escena en el socialismo francés luego de la derrota del levantamiento parisino de 1839. Su libro Organisation du travail (1839), fue una de las obras más leídas en la década de 1840 entre los militantes e intelectuales socialistas. El influjo de Blanc se extendió hasta la derrota de la Revolución de 1848. Blanc nació en España, hijo de un emigrado francés y de madre española. Fue a Francia durante la Restauración. Se hizo abogado y periodista. Fue director de LE BONS SENS, luego de LA REVUE DU PROGRÈS. Exiliado en Gran Bretaña luego de la Revolución de 1848. En 1870 regresó a Francia. Se opuso a la Comuna de París. Según Cole, "terminó como representante de una reforma social moderada, actuando generalmente en los radicales-socialistas. Desde el principio hasta el fin fue, en realidad, esencialmente un moderado que no creía en las virtudes de una revolución violenta." (I: 171). "Puede ser considerado como un precursor del socialismo democrático moderno. Influido por los sansimonianos, atribuía al Estado la posición principal en la planificación económica y en el desarrollo de los servicios sociales." (I: 171). Apoyaba la democracia representativa basada en el sufragio universal. Creía que se lograría la transformación del Estado en instrumento de progreso y bienestar. Rechazaba la lucha de clases; proponía la tesis de la verdadera "solidaridad" entre todos los miembros de la comunidad. Quería que el reemplazo del capitalismo se produjera sin violencia, mediante la apelación a la razón. Creía, como Condorcet (1743-1794), que son las ideas las que hacen la historia y que el desarrollo de la inteligencia humana llevaría adelante todos los cambios sociales. La República Social representaba la concreción de una sociedad sin lucha de clases, en la que imperara la solidaridad. Rechazaba el Socialismo de Estado (y en lo que sigue Cole ve la influencia de los furieristas): "No quería que el Estado dirigiese la industria, pero sí que ayudase a establecer organismos autónomos mediante los cuales los obreros la dirigieran por sí mismos, eligiendo sus propios jefes y repartiéndose la retribución en forma que se ajustase a una serie general de reglas destinadas a asegurar la distribución justa y la provisión adecuada para mantener el capital disponible y para hacer nuevas inversiones.

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Quería que de los servicios sociales (...) no estuviese encargado el Estado, sino estas asociaciones obreras, que se reservarían parte de sus ingresos para sostenerlos. El Estado, después de haber establecido las leyes necesarias para poner en marcha el nuevo sistema, en general debía mantenerse al margen, dejando que los nuevos organismos económicos dirigiesen los asuntos por sí mismos." (I: 172). Proponía (seguía en esto a los sansimonianos) la creación de un banco de propiedad pública, que concedería la mayor parte de los créditos. También era partidario de la planificación nacional de la producción. Sin embargo, deberían ser los organismos obreros y no el Estado quienes llevaran adelante la producción. (I: 173) Ahora bien, dejando de lado la cuestión de la vía para llegar al socialismo (la defensa de la democracia representativa no es el camino - por lo menos eso es lo que indica la experiencia histórica -, independientemente de que el movimiento obrero necesite de las libertades democráticas), corresponde resaltar el papel otorgado a las organizaciones de trabajadores en la producción. Reemplazar la autoorganización de los trabajadores verdadera escuela de autogobierno - por la dirección estatal, implica limitar severamente la posibilidad de construir una sociedad socialista. En este sentido, el planteo de Blanc es importante, pues rescata la defensa de la organización de la producción por los trabajadores. Y reconoce, implícitamente, el carácter político del proceso productivo, es decir, niega que se trate de un ámbito técnico, aislado de la política.  ¿Cómo poner en práctica el derecho al trabajo?: La respuesta se encuentra en “Organisation du travail” de Blanc: El Estado debe asegurar empleo razonablemente bien remunerado a todos los ciudadanos. Pero esto tenía que aportar capital para poner en marcha los Ateliers Nationaux (Talleres Nacionales), cuyos primeros directores serían nombrados por el Estado por el término de un año. Después de esto los obreros elegirían sus propios directores. "El Estado daría estatutos a los talleres, los cuales se agruparían en corporaciones industriales; pero cada taller se gobernaría a sí mismo dentro de una estructura general coordinadora. El capital que fuese suscrito para el desarrollo de los talleres produciría un rédito de interés fijo. No habría ganancia; el salario al principio sería desigual, pero Blanc pensaba que esta desigualdad desaparecería gradualmente a medida que mejorase la moral de los hombres. Su objetivo final era una sociedad en la cual prevaleciese una igualdad completa tanto económica como social. Bajo el nuevo sistema la herencia desaparecería también poco a poco." (I: 173). "Blanc pensaba que el derecho al trabajo con un salario mínimo garantizado, buenas condiciones de empleo y un régimen industrial autónomo haría que todos los obreros mejores acudiesen a los talleres nacionales, de tal manera que los capitalistas, viendo que se les marchaban sus mejores obreros, se verían obligados a transferir sus negocios al nuevo sistema. Creía que la agricultura podría reorganizarse poco a poco siguiendo líneas análogas. Para el campo aconsejaba un sistema de talleres rurales, empezando con uno por cada departamento del país. Éstos serían a la vez granjas colectivas, explotadas con arreglo a las últimas técnicas científicas, y centros de la industria rural. A través de ellos el conocimiento de las mejoras agrícolas se difundiría entre los aldeanos, hasta que el nuevo sistema desterrase al antiguo." (I: 174). Blanc rechazaba la lucha de clases. "No se proponía (...) acabar con el Estado, que consideraba órgano indispensable del poder, sino transformarlo en el agente de la clase trabajadora, y deseaba realizar estas transformación mediante el consentimiento y la

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razón y no por la fuerza de una clase social. Su llamamiento era esencialmente ético." (I: 175). Creía que la caída del capitalismo estaba próxima, como resultado de las crisis y del desempleo. El socialismo era la "consecuencia natural de las revoluciones de 1789 y de 1830; era la forma de armonizar el sistema económico con las ideas de democracia que la Revolución Francesa había puesto en marcha." (I: 175). En 1848, luego de la Revolución de Febrero, pasó a formar parte del Gobierno Provisional como representante del ala socialista de los republicanos, junto con el dirigente obrero Albert (1815-1895). El resto del Gobierno Provisional era partidario del laissez faire, pero toleró la presencia de Blanc y de Albert con el propósito de calmar a los obreros. Se constituyó la Comisión de Luxemburgo, con Blanc de presidente y Albert como vicepresidente. Integrada por representantes de los patrones y de los obreros, así como también por economistas y personas dedicadas a estudiar la cuestión social. Formada por diversos comités, tenía que analizar los distintos proyectos de reforma social. Carecía de poder para actuar y de dinero. Desde el punto de vista del Gobierno Provisional cumplió dos funciones básicas: a) apartar a los dirigentes obreros de la participación activa en el Gobierno Provisional; b) contentar a los sectores moderados del movimiento obrero, que reclamaban cambios sociales. En los hechos, Blanc actuó como mediador entre obreros y patronos, contribuyendo a evitar numerosas huelgas. (I: 175-176). 2. 1. d) // De la Democracia Cristiana. La doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus ideas sobre el rol del Estado y de la propiedad y su concepción del trabajo: La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo, a través de las numerosas intervenciones del Magisterio sobre temas sociales. La doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral. No se puede definir según parámetros socioeconómicos. No es un sistema ideológico o pragmático, que tiende a definir y componer las relaciones económicas, políticas y sociales, sino una categoría propia: es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrenal y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Con su doctrina social la Iglesia se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación: se trata de su fin primordial y único. No existen otras finalidades que intenten arrogarse o invadir competencias ajenas, descuidando las propias, o perseguir objetivos extraños a su misión. Esta misión configura el derecho y el deber de la Iglesia a elaborar una doctrina social propia y a renovar con ella la sociedad y sus estructuras, mediante las responsabilidades y las tareas que esta doctrina suscita.

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Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, cuanto sobre todo en secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Para la promoción del derecho al trabajo es importante que exista realmente un libre proceso de auto-organización de la sociedad. Se pueden encontrar significativos testimonios y ejemplos de auto-organización en las numerosas iniciativas, privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, que revelan la fusión de energías solidarias. Estas iniciativas se ofrecen al mercado como un variado sector de actividades laborales que se distinguen por una atención particular al aspecto relacional de los bienes producidos y de los servicios prestados en diversos ámbitos: educación, cuidado de la salud, servicios sociales básicos, cultura. Las iniciativas del así llamado «tercer sector» constituyen una oportunidad cada vez más relevante de desarrollo del trabajo y de la economía. El Magisterio social de la Iglesia estructura la relación entre trabajo y capital también respecto a la institución de la propiedad privada, al derecho y al uso de ésta. El derecho a la propiedad privada está subordinado al principio del destino universal de los bienes y no debe constituir motivo de impedimento al trabajo y al desarrollo de otros. La propiedad, que se adquiere sobre todo mediante el trabajo, debe servir al trabajo. Esto vale de modo particular para la propiedad de los medios de producción; pero el principio concierne también a los bienes propios del mundo financiero, técnico, intelectual y personal. Los medios de producción no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer. Su posesión se vuelve ilegítima cuando o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su limitación, de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. La propiedad privada y pública, así como los diversos mecanismos del sistema económico, deben estar predispuestos para garantizar una economía al servicio del hombre, de manera que contribuyan a poner en práctica el principio del destino universal de los bienes. En esta perspectiva adquiere gran importancia la cuestión relativa a la propiedad y al uso de las nuevas tecnologías y conocimientos que constituyen, en nuestro tiempo, una forma particular de propiedad, no menos importante que la propiedad de la tierra y del capital. Con el trabajo y la laboriosidad, el hombre, partícipe del arte y de la sabiduría divina, embellece la creación, el cosmos ya ordenado por el Padre; suscita las energías sociales y comunitarias que alimentan el bien común, en beneficio sobre todo de los más necesitados. El trabajo humano, orientado hacia la caridad, se convierte en medio de contemplación, se transforma en oración devota, en vigilante ascesis y en anhelante

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esperanza del día que no tiene ocaso. En esta visión superior, el trabajo, castigo y al mismo tiempo premio de la actividad humana, comporta otra relación, esencialmente religiosa, que ha expresado felizmente la fórmula benedictina: ¡Ora et labora! El hecho religioso confiere al trabajo humano una espiritualidad animadora y redentora. Este parentesco entre trabajo y religión refleja la alianza misteriosa, pero real, que media entre el actuar humano y el providencial de Dios. El trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva y subjetiva. En sentido objetivo, es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la tierra, según las palabras del libro del Génesis. El trabajo en sentido subjetivo, es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su vocación personal: El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque, como “imagen de Dios”, es una persona, es decir, un ser subjetivo capaz de obrar de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. Como persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo. 2. 2. a) // Sus críticas al Liberalismo y al Marxismo:  En el siguiente fragmento se exponen los argumentos por los cuales la Iglesia, en la Encíclica CENTESIMUS ANNUS de Juan Pablo II, defiende el derecho a la propiedad privada (ésto, desde un punto de vista comparativo, contradice al ideal marxista, el cual asevera que el hombre se encuentra “alienado económicamente” por esta propiedad privada): (…) León XIII afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el carácter natural del derecho a la propiedad privada, en contra del socialismo de su tiempo. Este derecho, fundamental en toda persona para su autonomía y su desarrollo, ha sido defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días. Asimismo, la Iglesia enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano lleva inscrita la propia limitación. (…) Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. (…) Ésta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. Ahora bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo: he ahí el origen de la propiedad individual. Obviamente le incumbe también la responsabilidad de no impedir que otros hombres obtengan su parte del don de Dios, es más, debe cooperar con ellos para dominar juntos toda la tierra.  El siguiente fragmento representa un claro ejemplo de la postura opuesta, en las palabras episcopales de León XIII, a las ideologías marxistas y liberales, respecto de las sociedades contemporáneas; (corresponde a las “alienaciones” propuestas por Marx de carácter social, político y religioso):

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(…) León XIII escribía: ‘La solución de un problema tan arduo requiere el concurso y la cooperación eficaz de otros’. Estaba convencido de que los graves problemas causados por la sociedad industrial podían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas. Esta afirmación ha pasado a ser un elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia, (…) El Papa León XIII, sin embargo, constataba con dolor que las ideologías de aquel tiempo, especialmente el liberalismo y el marxismo, rechazaban esta colaboración. Desde entonces han cambiado muchas cosas, especialmente en los años más recientes. El mundo actual es cada vez más consciente de que la solución de los graves problemas nacionales e internacionales no es sólo cuestión de producción económica o de organización jurídica o social, sino que requiere precisos valores ético-religiosos, (…) La Iglesia siente vivamente la responsabilidad de ofrecer esta colaboración (…)  El siguiente fragmento corresponde a la postura de la Iglesia en contra de la ideología liberal económica: Da la impresión de que, tanto a nivel de Naciones, como de relaciones internacionales, el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo, esto vale sólo para aquellas necesidades que son ‘solventables’, con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son ‘vendibles’, esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos. (…)  A continuación, un fragmento evidencia nuevamente la oposición al marxismo, pero en este caso se tocará la base del mismo: el materialismo, tomado de Feuerbach: Otra forma de respuesta práctica, finalmente, está representada por la sociedad del bienestar o sociedad de consumo. Esta tiende a derrotar al marxismo en el terreno del puro materialismo, mostrando cómo una sociedad de libre mercado es capaz de satisfacer las necesidades materiales humanas más plenamente de lo que aseguraba el comunismo y excluyendo también los valores espirituales. En realidad, si bien por un lado es cierto que este modelo social muestra el fracaso del marxismo para construir una sociedad nueva y mejor, por otro, al negar su existencia autónoma y su valor a la moral y al derecho, así como a la cultura y a la religión, coincide con el marxismo en el reducir totalmente al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las necesidades materiales.  Críticas a las ideas marxistas acerca de la propiedad privada en la Encíclica «Rerum Novarum» de León XIII: Preciso es descender concretamente a algunos casos particulares de la mayor importancia. Lo más fundamental es que el gobierno debe asegurar, mediante prudentes 24

leyes, la propiedad particular. De modo especial, dado el actual incendio tan grande de codicias desmedidas, preciso es que las muchedumbres sean contenidas en su deber, porque si la justicia les permite por los debidos medios mejorar su suerte, ni la justicia ni el bien público permiten que nadie dañe a su prójimo en aquello que es suyo y que, bajo el color de una pretendida igualdad de todos, se ataque a la fortuna ajena. Verdad es que la mayor parte de los obreros querría mejorar su condición mediante honrado trabajo y sin hacer daño a nadie (…). 2. 2. b) // Su concepto de justicia social. Diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva; concepto de las corrientes políticas y concepto católico: La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario: “Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución: “Si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo” (Lc 19, 8). Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo, o que se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto.

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2. 2. c) // Sus ideas sobre la seguridad social. El Código de Malinas y otros antecedentes:  La Democracia Social o Social Democracia: De acuerdo con Eduard Bernstein es: “Partido político reformista, socialista y democrático que lucha por el progreso social y la conquista de la democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo de la sociedad hacia el socialismo”.  Ideología: “La esencia de la socialdemocracia ha sido y es la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar las mayores cuotas de libertad, igualdad y bienestar entre los miembros de toda la sociedad”  La Democracia Social plantea:  Una economía mixta.  Un sistema de seguridad social.  Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada.  Ecologismo.  Sistemas de impuesto progresivo.  Política social secular y progresista.  Inmigración y multiculturalismo.  Comercio justo en libre comercio.  Promoción de justicia social y derechos humanos.  La Democracia Social Contemporánea: En los últimos tiempos, diversos socialdemócratas mantienen que no existe un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición de una sociedad de bienestar mientras el Estado posea atribuciones suficientes para garantizarles a los ciudadanos una debida protección social.  Código de Malinas: Como consecuencia de la Encíclica de León XIII (v.) Rerum Novarum, se despertó en todos los medios católicos gran interés por los estudios de doctrina social cristiana; en este ambiente se organizó en 1920 la Unión internacional de Estudios sociales, con sede en Malinas y dirigida sucesivamente por los cardenales. Mercier (v.) y Van Roey. La Unión se proponía estudiar los problemas sociales a la luz de la moral católica; comunicar a los católicos sus conclusiones para que ellos las pusiesen en práctica; crear un órgano consultivo para responder a los problemas concretos que se les planteasen. El fruto más consistente de su actividad fue la elaboración de un Código Social publicado en 1927. Consta de una introducción y siete capítulos: familia, vida cívica, 26

profesión, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional y, finalmente, vida sobrenatural como coronación de la vida terrena. Redactado en francés, fue traducido a numerosos idiomas (castellano, italiano, alemán, inglés, portugués, holandés, polaco y chino) y su influencia entre los estudiosos de los temas sociales fue considerable desde el momento de su aparición. Como complemento y bajo el título La Hiérarchie Catholique et la Probléme Social (París 1931), se publicó una colección de cerca de 1.500 documentos pontificios y episcopales a partir de 1891. Más adelante se publicaron nuevos códigos que vinieron a ampliar algunos aspectos ya contenidos en el primero: Código de moral internacional (1937); Código de la familia (1951); Código de moral y política (1957). La traducción castellana de todos ellos fue realizada por el jesuita Ireneo González (Santander 1959).  Democracia Cristiana: La doctrina demócrata cristiana no surge por una decisión voluntarista, consecuencia de una mera especulación intelectual. Es por el contrario, en sus orígenes, una respuesta a la situación que a mediados del siglo XIX, genera la aplicación de la doctrina liberal al campo económico y social en la Europa decimonónica, ya impactada anteriormente por los cambios provocados por la revolución industrial.  Encíclica Rerum Novarum: A fines del siglo XIX la Iglesia Católica, con el Papa León XIII a la cabeza, redacta la Encíclica Rerum Novarum, con la finalidad de hacer frente a los socialismos y de tomar parte en las problemáticas sociales. De esta carta, los fundadores tomaron los siguientes puntos a la hora de formar el partido Demócrata Cristiano:  Al contrario del socialismo, rechaza los bienes comunes (en su totalidad) y defiende la libre utilización de ellos.  Dios ha entregado al hombre la tierra para su cultivo, y cada uno es libre de utilizarlo como quiera.  Al ser el hombre superior a todos los demás animales, debe usar la inteligencia para disponer de sus recursos y bienes como mejor le parezca.  Rechaza el odio existente entre las clases ricas y las proletarias que proponía Marx.  La familia es anterior al orden social, por tanto, debe estar por delante de los derechos civiles: “He aquí, pues, la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil”.  La familia es el pilar básico de la sociedad.  Las virtudes cristianas son claves para que los proletarios puedan superar la pobreza: solidaridad, humildad, etc.  Respecto al rol del Estado, el documento lo sitúa en un sector intermedio:

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No debe ser invasivo y controlar todos los aspectos de la vida, como propone el socialismo, pero sí debe ser una suerte de velador o cuidador de la sociedad: “No es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros”.  La Seguridad Social: La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como salud, vejez y/o discapacidades. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 denominado "Administración de la Seguridad Social", definió la seguridad social como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.  Objetivos: El objetivo de la seguridad social es tomar en cuenta:  El seguro social, es decir, la entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios que contempla la seguridad social en función del reconocimiento a contribuciones hechas para un esquema de seguro.  Estos servicios o beneficios incluyen generalmente la provisión de pensiones de jubilación, el seguro de incapacidad, las pensiones de viudez y orfandad, los cuidados médicos y el seguro de desempleo.  El mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo.  Los servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social, según el país, pueden incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo social e incluso relaciones industriales.  El término también se usa para referirse a la seguridad básica, un término aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas, tales como comida, educación y cuidados médicos.  Historia de la Seguridad Social: La seguridad social nace en Alemania, en la época del canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883. La expresión "seguridad social" se populariza a partir de su uso por primera vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la Social Security Act de 1935. Posteriormente, el concepto es ampliado por sir William Beveridge en el llamado Informe Beveridge (Social Insurance and Allied Services Report) de 1942 con las

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prestaciones de salud y la constitución del National Health Service británico (Servicio Nacional de Salud) en 1948. Japón, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los principales impulsores mundiales de la seguridad social, al haber creado el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar y su propio sistema de pensiones e incapacidad. 2. 2. d) // Su concepto sobre Estado de Bienestar: Más que un concepto específico, se considera que el término es una categoría práctica para designar ya sea un conjunto de propuestas o una propuesta general acerca de cómo el Estado debe o puede proceder. La noción de "Estado Benefactor" tiene su origen en el año 1945, como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión, que, generalmente, se considera que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Marshall define Estado del Bienestar como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo.  Definición: Es un tipo de pacto social donde se estableció quien reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población con un objeto de evitar el malestar social que llevo a las sociedades europeas a la segunda guerra mundial.  Término de la palabra: Las nociones actuales de "Estado del Bienestar" corresponden al término inglés Welfare State (del que es traducción literal), cuyo uso quedó acuñado a partir de 1945, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.  Puntos de Vista: Desde un punto de vista conservador los beneficios del Estado del Bienestar son dobles: por un lado, la generación de consenso social de forma que el sistema funcione de forma armónica y eficiente. Una función de creación y reforzamiento de valores éticos fundamentales a la existencia y estabilidad de relación sociales, llevando así a una creciente integración social: "la provisión de los beneficios (del Estado del Bienestar) es sobre la base de ayudar a los menos privilegiados a adquirir la disciplina necesaria para adherir a los estándares morales (sociales o comunes).

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3. Aspectos Económicos: el estado como impulsor y equilibrador del mercado. 3. 1 Sus concepciones económicas: a) Keynes y su Teoría General: la función del gasto público, la moneda, el interés y el pleno empleo: b) Roosevelt y su concepto sobre el gasto público como activador del ciclo económico: 3.2 Sus políticas económicas: a) La expansión del gasto público: nuevos alcances y nuevos aspectos: b) Actividades económicas asumidas por el Estado en Gran Bretaña, Australia, Suecia, Francia, y Estados Unidos en el siglo XX:

3. 1. a) // Keynes y su Teoría General. La función del gasto público, la moneda, el interés y el pleno empleo: 

Nacimiento economía keynesiana:

Ésta recibe su nombre, producto de las teorías y principios formuladas por el economista británico John Maynard Keynes (1883–1946), el cual es considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. Su obra más famosa, “La teoría general del empleo, el interés y el dinero”, fue publicada en 1936. Pero su precursora de 1930, “El tratado sobre el dinero”, es a menudo considerada como más importante para el pensamiento económico. Hasta entonces, la ciencia económica analizaba solo condiciones estáticas, esencialmente estudiando en detalle una instantánea de un proceso en rápido movimiento. En su Tratado, Keynes creó un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio del flujo de ingresos y gastos, y abrió nuevas perspectivas para el análisis económico 

La función del gasto público:

El economista británico John Maynard Keynes proponía que el Estado tuviera un papel protagonista en la economía, en antítesis al principio liberal económico en el que éste no debía intervenir, dejando que fueran las libres fuerzas del mercado las que resolvieran los asuntos económicos. Consideraba que era necesario el empleo de los fondos públicos junto a la intervención estatal para lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios. 

Pleno empleo:

Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico que descalificó la idea que el libre mercado automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. 30

Considera que la inversión es determinante del nivel de empleo (dado que el empleo en actividades de inversión sostiene la demanda de consumo) Por lo tanto el desempleo se origina por una cantidad insuficiente de ésta. Por ello, para asegurar el pleno empleo, aconseja la intervención del Estado para estimular el consumo y la inversión. El gobierno debe mantener el monto de sus inversiones fijo y no disminuirlas con el objetivo de evitar que las inversiones privadas disminuyan. A la vez, puede acrecentar las inversiones privadas y consecuentemente los ingresos, bajando, a través de su regulación, la tasa de interés. 

La moneda:

Considera que el dinero desempeña tres funciones: medio de cambio, unidad de cuenta, y acumulador de valor. Los que tienen más renta y riqueza de la que consumen de ordinario pueden acumular exceso de varias formas, entres las que se cuentan atesorar dinero, prestar dinero e invertirlo en algún tipo de bien de capital. Si optan por acumular su riqueza en forma de dinero, no obtienen renta, si prestan su dinero, perciben interés, y si adquieren un capital de inversión, esperan percibir beneficios. Keynes dice que el dinero puede ser la forma más segura para acumular riqueza. Cuando los poseedores de riqueza expresan en general una preferencia por atesorar dinero más bien que por prestarlo o invertirlo, la producción de riqueza social real está en desventaja. Esta preferencia por la posesión de dinero, más bien que por la posesión de riqueza rentable, sólo existe en un grado importante en un mundo en que el futuro económico es incierto. 

El interés:

Es la recompensa por transferir la disposición sobre la riqueza en su forma líquida. El tipo de interés depende de la intensidad del deseo de atesorar, o de lo que Keynes llama preferencia de liquidez, para fines especulativos. Cuando mayor es la preferencia de liquidez, más elevado es el tipo de interés que hay que pagar. Keynes carga el acento sobre el deseo de atesorar. El atesoramiento es uno de los fenómenos que aparecen de una manera completamente diferente cuando se miran desde la posición del individuo a cuando se miran desde el punto de vista de la economía en toda su amplitud. 3. 1. b) // Roosevelt y su concepto sobre el gasto público como activador del ciclo económico: 

Contexto histórico previo a la asunción de Franklin Delano Roosevelt:  Antecedentes de la Crisis de 1929: Luego de la finalización de la primera guerra mundial, la economía norteamericana empezó a disfrutar de un liderazgo absoluto, ocupando un lugar destacado en las finanzas mundiales. Era, por otra parte, la gran 31

beneficiaria de la guerra, debido a su posición acreedora de gran parte de la deuda que los países aliados habían contraído con este país. Durante todos esos años, EE.UU. vivió un periodo de prosperidad y optimismo. El conjunto de la producción industrial aumentó en un 64%, siendo destacables los avances en sectores como el acero, el petróleo, y productos químicos. A la vez, la industria de bienes y consumos al mismo ritmo, el automóvil cuya producción duplicada en 7 años, alcanzo entre en 1928/29 los 5.300.000 vehículos. La prosperidad americana se reflejaba en el aumento de los salarios, la mejora de la capacidad adquisitiva, y la instalación del estilo de vida americano, en el que creció el consumo individual y el optimismo. El liberalismo económico era extremo y salvaje, el estado estaba ausente de cualquier intervención en los mercados.  El crack de la Bolsa de Nueva York: Da su inicio el 24 de Octubre de 1929. Este día es recordado como el “Jueves negro” y supuso el origen de un colapso financiero dramático y de una recesión económica sin precedentes. El mayor mercado de valores del mundo se hundió y llevó a la ruina a miles de inversores desatando una crisis que condujo a la depresión de los años treinta. Ésta se manifestó en todos los campos de la economía y de la sociedad y su principal consecuencia fue la dislocación del sistema económico con la quiebra en cadena de todos los sectores. Se produjo un crecimiento espectacular del paro, y apareció la pobreza en una nación que había vivido años de prosperidad. En un principio la crisis surgió en los Estados Unidos, pero fue exportada a Europa debido a la interdependencia existente entre las relaciones financieras de ambas economías. Esto provoco en el viejo continente efectos semejantes a los de EE.UU. tales como una gran falta de liquidez en bancos e industrias, cierre de empresas, incremento del paro, y baja del consumo. 

Presidencia de Franklin D. Roosevelt:  Inicio: Miembro del partido demócrata, accede a la presidencia el 4 de marzo de 1933, venciendo al ex presidente Hebert Clark Hoover, cuya actuación política y económica había agravado la crisis adoptando medidas que resultaron ser un fracaso. Sus políticas liberales aplicadas para salir de la crisis no dieron resultados positivos, sino que agravaron la recesión con más paro, y más contracción. La elección de Roosevelt se ve como el cambio exigido por el pueblo para poner en marcha nuevas soluciones que pudieran afrontar la crisis. Se inició un nuevo gobierno demócrata y progresista en el que se cuestionarían todas las ideas del modelo económico liberal. El mercado ya no era capaz de resolver por sí mismo los problemas que la libertad económica y la especulación habían provocado. Se necesitan implementar importantes cambios.  New Deal: Se implementa un nuevo programa gubernamental para solventar la crisis existente y socorrer la economía de los Estados Unidos tras la gran depresión. Esto consiste en que el Estado adopte una nueva política intervencionista. Un importante aumento público por parte del gobierno para reanimar la actividad económica estancada y permitir que la rueda retome su funcionamiento. Debe intervenir activamente, que éste coordine y regule la actividad industrial y el nivel adquisitivo de la población.  Concepto del gasto público como activador del ciclo económico: El aumento del gasto público desarrollado durante el New Deal implicaría un importante incremento

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en la contratación directa por parte del gobierno, el control de precios y salarios, subvenciones, y un plan de realización de obras públicas junto a una planificación estatal. Se rompía drásticamente con la filosofía del capitalismo clásico. Estas medidas constituyeron una inyección de confianza e ilusión para la sociedad norteamericana la cual se reflejó a través del mercado de trabajo, aumentando la renta disponible, y el consumo de las familias, lo que afianzaría y determinaría un voto de confianza en el sistema adoptado, generando una reactivación de la economía. Roosvelt aplicando el New Deal se valió del aumento del gasto de dinero del Estado para generar actividad económica y poder adquisitivo, tal como lo propuso John Maynard Keynes, al que siguió en gran parte de sus postulados. 3. 2. a) // La expansión del gasto público. Nuevos alcances y nuevos aspectos: 

Concepto, características y aspectos del gasto público:

Se define como gasto público las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país. Éste comprende las compras y gastos que un estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Dentro del gasto público están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al pago de intereses y amortización de capital. Toda erogación o salida de dinero originada en una empresa o entidad estatal, hace parte de éste. Se incluyen dentro del gasto público inclusive las erogaciones de entidades descentralizadas, tanto nacionales como provinciales y municipales. Los economistas lo consideran dentro de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que realice el estado, así mismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el causante de fenómenos como la inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda. Este elemento también incide en la política impositiva de un país y en el conocido déficit fiscal, fenómeno común a todos los estados. 

Alcances dentro de la economía:

El gasto público tiene un papel protagónico en la economía, en la medida en que le inyecta gran dinamismo al tiempo que puede causarle daño. Es un gran generador de empleo, y en el caso de los países en desarrollo, el estado es el mayor empleador. En muchos municipios y ciudades pequeñas, el estado es casi el único empleador, y todo esto se financia con gasto público. Éste inyecta una cantidad de recursos en la economía mediante la adquisición de bienes y servicios, el empleo, mediante la inversión en infraestructura etc.

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El gasto público suele ser una medida efectiva y muy utilizada cuando el estado intenta empujar una economía ralentizada o en recesión, como está sucediendo precisamente en Estados unidos y Japón, donde se han anunciado millonarias inversiones públicas para generar empleo e inyectar recursos al mercado. Como recientemente ha explicado el mismo Ministro de Finanzas japonés Tarō Asō: “En lo referente a obras públicas, vamos a intentar que el 80% de los contratos reflejados en los presupuestos, con un valor de unos 12,1 billones de yenes (95.781 millones de euros), se ejecuten en la primera mitad del ejercicio” Los proyectos de obras públicas citados por el titular de Finanzas oriental incluyen la mejora de carreteras, puertos o terrenos agrícolas y también de edificios públicos como colegios e implican también acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por las concurrentes catástrofes naturales sufridos. A su vez el mismo Donald J. Trump anunció un plan de obra pública por diez años y un billón de dólares. Cabe destacar que la obra pública fue uno de los pilares que planteó su campaña presidencial, en la cual prometió crear 25 millones de empleos, para dar un empujón a la economía. 3. 2. b) Actividades económicas asumidas por el Estado en Gran Bretaña, Australia, Suecia, Francia, y Estados Unidos en el siglo XX:  Estados Unidos: Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se inició un período de extraordinario desarrollo, favorecido por los recursos naturales del país y las distintas posibilidades para enriquecerse. Durante el lapso de 1860 a 1900 la producción se multiplicó por veinte. El progreso de la industria norteamericana se debió principalmente a los siguientes factores:  Abundancia de recursos naturales.  Gigantesco mercado interior.  Aporte de técnicos capacitados e ingeniosos inventores.  Concentración de capitales financieros. El boom económico convirtió a los Estados Unidos en potencia capitalista, con un auge de los monopolios, los pool y los trusts. Surgieron los “reyes” de la monarquía económica y capitalista: Rockefeller del petróleo, Carnegie del acero, Armour de la carne conservada, Vanderbilt de los ferrocarriles, Duke del tabaco, Ford de los automóviles, etc. La empresa y el libre mercado gobernaban la economía creciente del país. Los obreros se agruparon en asociaciones con fines prácticos y de carácter pacifista, y en general, no adhirieron a posiciones extremas. Después de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), Estados Unidos fue, de las potencias democráticas, la que se llevó la mejor parte frente a una Europa empobrecida. Alejada geográficamente de la guerra, participó en ella casi al término, y sus pérdidas humanas fueron mínimas, en relación con sus aliados. Los norteamericanos conquistaron gran parte de los mercados tradicionales europeos, aumentaron sus inversiones y mejoraron sus industrias. Esta situación originó una época de prosperidad.

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Se vivía un boom a ritmo de rock'n'roll, los americanos gastaban dinero, se iban de fiesta, y compraban coches y acciones. En el año 1929, se produjo en los Estados Unidos una saturación de mercados. Debido a un excesivo desarrollo de la producción, los artículos no encontraban compradores y las existencias se amontonaban en forma alarmante. Esta situación, sumada a un ansia especulativa, hizo prever una grave crisis económica, la cual convulsionó el 24 de octubre del mismo año. Se inició un dramático descenso del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York. En pocas semanas comenzó a faltar el dinero, se paralizaron los negocios y quebraron seis mil Bancos. La Gran Depresión, se prolongó varios años y recién en 1933 los gobiernos pudieron superar los efectos más graves. Ésta crisis se produjo cuando gobernaba los Estados Unidos el presidente Hoover, del partido republicano, quien en las elecciones de 1932 fue vencido por el demócrata Franklin D. Roosevelt. Éste entre los años, 1933 y 1939, al frente del gobierno tomó medidas que significaron cambios fundamentales en la economía norteamericana, por medio de un programa que recibió el nombre de New Deal, expresión inglesa que significó “nueva política económica”. Fue un plan de desarrollo general, con una mayor intervención del Estado en la economía. Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), puede afirmarse que de todas las potencias de Occidente, la vencedora fue Estados Unidos. El país no sufrió los estragos de los bombardeos y al término del conflicto aumentó su expansión política y económica. Bajo la presidencia de Harry Truman (1945-1953) quien sucedió a Roosevelt, y ante la grave crisis que afrontaban los países europeos después de la guerra, se aprobó una ley de cooperación económica, denominada Plan Marshall. Se estableció un aporte de 12.000 millones de dólares a entregar en el período de 1948 – 1952, en forma de préstamo. // Extracto explicativo de un discurso de George Marshall, Secretario de Estado de los Estados Unidos, e impulsor del Plan Marshall, en la Universidad de Harvard, el 5 de junio de 1947: “Yo no tengo necesidad de recordarles, señores, que la situación mundial es muy seria. Una de las dificultades consiste en que el problema es de una tal complejidad que el conjunto de los hechos presentados al público por la prensa y la radio hace extremadamente difícil, para el hombre de la calles, apreciar claramente la situación. Además, las gentes de este país están dejadas de las zonas angustiadas del globo, siendo conveniente para ellos comprender la situación y las reacciones de los pueblos que sufren, y las consecuencias de estas reacciones sobre sus Gobiernos, en relación con nuestros esfuerzos para promover la paz en el mundo. (...) Considerando las necesidades para una puesta en orden de Europa, las pérdidas de vidas humanas, las visibles destrucciones de ciudades, fábricas, minas, ferrocarriles, han sido correctamente estimadas; pero ha llegado a ser evidente durante el transcurso de los últimos meses que esta destrucción aparente es probablemente menos seria que la dislocación de toda la estructura económica europea (…). Los tradicionales lazos comerciales, las instituciones privadas, los bancos, las compañías de seguros y marítimas han desaparecido, por falta de capitales, absorbidos como consecuencia de nacionalizaciones, o por simple desaparición. En gran número de países, la confianza en la moneda nacional ha sido rota (…). La reconstrucción ha sido seriamente retardada por el hecho de que dos años después del fin de las hostilidades un tratado de paz no ha podido ser establecido con Alemania y con Austria. La verdad es que las necesidades de Europa en productos alimenticios y otros productos esenciales —principalmente de

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América— en el curso de los tres o cuatro años próximos excederán en este punto su capacidad de pago, teniendo necesidad de una ayuda suplementaria importante, si se quiere evitar que tenga graves problemas económicos, sociales y políticos (...) Además de los efectos desmoralizadores sobre el mundo en general y de los peligros de desórdenes resultantes de la desaparición de los pueblos en cuestión, las consecuencias sobre la economía americana están claras para todos. Es lógico que los Estados Unidos hagan todo lo posible para favorecer la vuelta del mundo a una salud económica normal, sin la cual no puede haber ni estabilidad política ni paz asegurada. Nuestra política no está dirigida contra ningún país ni doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos (…). Toda asistencia por parte de nuestro Gobierno debe ser, no un paliativo, sino un remedio. Todo Gobierno que consienta en colaborar con nosotros en la tarea de reconstrucción encontrará, estoy seguro, una cooperación completa por parte del Gobierno americano. Todo Gobierno que maniobre para detener la reconstrucción de otros países no puede esperar ayuda de nuestra parte. Además, los Gobiernos, partidos políticos o grupos que intentan perpetuar la miseria humana para su provecho político o de otra clase, encontrarán la oposición de Estados Unidos (…) No sería ni conveniente ni eficaz el poner en aplicación unilateralmente por nuestra parte un programa destinado a restablecer a Europa sobre sus bases, económicamente. Esto es asunto de los europeos. La iniciativa, en mi opinión, debe venir de Europa. El papel de nuestro país deberá consistir en ayudar a los europeos a elaborar tal programa, y seguidamente a aplicarlo, en la medida en que nosotros podamos hacerlo. El programa deberá ser aceptado por la mayoría, si no la totalidad de las naciones europeas (…)” // La situación post segunda guerra fue exitosa para Estados Unidos, ésta se denomina Edad de oro y transcurre desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973. La misma estuvo caracterizada por dos procesos: el crecimiento económico nunca antes alcanzado y el enfrentamiento entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Esta fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue acompañada de una fuerte presencia del Estado, otorgando importancia a cuestiones sociales. En la posguerra se acentuó la tendencia intervencionista del Estado que había comenzado a desarrollarse en la década de 1930 y que dio forma al Estado de Bienestar. Se asumieron tareas activas en relación con las posibilidades de incidir directamente sobre la actividad económica, en cuestiones como el nivel de empleo, de demanda y de inversión, para asegurar las condiciones de reproducción del sistema capitalista. Uno de los nuevos y más destacados rasgos de la economía fue la producción a bajo costo de una enorme y diversificada cantidad de bienes, a raíz del desarrollo de nuevas tecnologías y la introducción de métodos de producción más eficientes. La consecuencia fue la necesidad de dar salida a estos excedentes de producción, para cual el desarrollo de la publicidad condujo a la consolidación de la llamada sociedad de consumo. En este período, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia mundial. La “Edad de oro” de la economía norteamericana e internacional finalizó abruptamente a comienzos de los años setenta. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), presentándolo como represalia por el apoyo occidental a Israel en la guerra del Yom Kippur, decidió incrementar el valor del hasta entonces estable y bajo precio del petróleo. Igualmente EEUU, no fue el más perjudicado ya que contaban con

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un cierto grado de independencia energética, sino que fueron Europa Occidental, Japón y los países menos desarrollados. A la crisis energética vino a sumarse la del sistema de Bretton Woods. El déficit comercial norteamericano y el abandono de la convertibilidad en oro del dólar. Todo esto provocó inestabilidad en el sistema monetario internacional. El desempleo y la inflación se instalaron permanentemente en el escenario económico. Un gran aumento adicional del precio del petróleo en 1979 agudizo los problemas. Un nuevo término económico se hizo popular: “estanflación” (estancamiento con inflación). En 1979-1981, los incrementos del IPC superaron el 10%, lo que, desde 1950, sólo había ocurrido en 1974. Para combatir la inflación, se adoptó una política monetaria restrictiva que acabó venciéndola, pero al precio de un aumento del desempleo, que llegó a casi el 10% en 1982-1983, y de un crecimiento del PIB per cápita negativo (1%) en 1980-1982. A partir de 1983, la economía norteamericana recuperaría la senda del crecimiento. Para entonces, el keynesianismo había sido desplazado por la “regeanomia”, la política económica aplicada por el presidente Reagan: una curiosa combinación de recortes en los impuestos, especialmente para las rentas más altas, desregulación de los mercados y aumento del gasto en defensa junto a control de otras partidas de gasto público. Los cuatros pilares de esta política fueron: Reducir el crecimiento del gasto público; Reducir los tipos marginales de los impuestos que gravaban el trabajo y el capital (Impuesto sobre la renta e Impuesto sobre las ganancias de capital); Reducir la regulación de la actividad económica; Control de la oferta monetaria; y reducir la inflación. Reagan fue sustituido por George H. W. Bush (1988-1992), también republicano, quien tuvo que hacer frente a una fuerte recesión económica, agravada por el enorme déficit que le dejó Reagan. Las dificultades económicas explican que, pese a que Bush contempló como presidente el fin de la URSS, el gran enemigo durante décadas, el presidente republicano fracasara en su intento de ser reelegido en 1992. Los demócratas, con Bill Clinton, retornaron a la Casa Blanca. Durante todo el siglo, como resultado de la creatividad, iniciativa y trabajo arduo que la libre empresa ha fomentado, combinada con controles gubernamentales estatuidos para la protección tanto de los trabajadores como de los consumidores dio resultado a que Estados Unidos se ha convertido en una de las naciones más ricas del mundo.  Gran Bretaña: Durante el siglo XIX el Reino Unido superó en renta per cápita a los demás países europeos, superando ampliamente a Francia y Alemania que tenían rentas similares entre sí. Siendo una de las principales potencias económicas del mundo. La rivalidad entre las potencias industriales europeas por la expansión económica y política condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Por un lado se alinearon los países centrales: Austria-Hungría y Alemania, posteriormente Turquía y Bulgaria y, por otro, los Estados aliados: Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia y Bélgica y, en el curso de la guerra, Italia, Japón, Portugal, Rumania, Estados Unidos y Grecia.

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Pese a la victoria, Inglaterra salió debilitada de la guerra. Invirtió 40.000 millones de dólares en gastos militares, movilizó 7.500.000 soldados, sufrió 1.200.000 bajas y adquirió una enorme deuda externa. La posterior depresión económica reavivó las protestas obreras, cuya máxima expresión fue la huelga general de 1926. El gobierno conservador declaró ilegal la huelga, pero no tomó medidas económicas para revitalizar la industria. En las elecciones de 1929, triunfaron los laboristas regresando al poder, pero fueron arrastrados por la Gran Depresión, durante la cual el gobierno laborista se escindió por las demandas de realizar recortes en el gasto público para mantener el patrón oro. El 3 de setiembre de 1939, dos días después del ataque alemán a Polonia, Inglaterra declaró la guerra a Alemania, iniciando su participación en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En mayo de 1940 se formó un gabinete de coalición presidido por Winston Churchill. De 1939 a 1941 los grandes beligerantes fueron Gran Bretaña y Francia por un lado y, por el otro, Alemania e Italia, esta última desde 1940. Como aliados menores del nazismo participaron Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. En 1941, la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos ingresaron en la contienda. El 8 de mayo de 1945 Alemania firmó su rendición. Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los grandes vencedores. No obstante, la guerra evidenció la declinación del Imperio Británico y consagró la supremacía de Estados Unidos en los campos económico, financiero, tecnológico y militar. La excelente y sólida relación entre Churchill con Roosevelt aseguró el envío de suministros vitales desde los Estados Unidos al Reino Unido a través de las rutas marítimas del Atlántico Norte (casi 10 000 toneladas de ayuda por viaje, que algunas veces hundieron los alemanes ayudándose de la máquina Enigma). La reelección de Roosevelt fue un alivio para Churchill, debido a que estaba a favor de la ayuda a Gran Bretaña. Para ello se creó la ley de Préstamo y Arriendo. Gracias a esta ley el presidente de los Estados Unidos podía autorizar la exportación de material bélico a los países que considerara que eran importantes para la defensa de Estados Unidos. El pago del material se realizaría una vez terminada la guerra. En mayo de 1945, el gobierno laborista de Clement Attlee, que había ganado las elecciones parlamentarias bajo el lema “Hemos ganado la guerra, ahora ganemos la paz”, estatizó las minas de carbón, el Banco de Inglaterra y las industrias de hierro y acero. Además sentó las bases para el establecimiento del estado del bienestar en su país creando, entre otras, la asistencia sanitaria universal y gratuita en Reino Unido. Está considerado como uno de los mejores primeros ministros, y como uno de los más populares. A principios de la década siguiente el gobierno conservador revertiría esta medida. En el período posterior se alternan mayoría de gobiernos conservadores con alguno laborista como el de Harold Wilson (1964 – 1970) Durante su primer mandato la economía británica se encontraba en una situación difícil: tuvo que adoptar medidas para lidiar con un déficit en la balanza de pagos y dificultades monetarias. En noviembre de 1967 el gobierno se vio forzado a devaluar la libra esterlina a pesar de que había declarado previamente que tal medida no iba a ser necesaria. Posteriormente en el gobierno de Edward Heath (1970 – 1974) se tuvo que hacer frente a la crisis del conflicto terrorista en Irlanda del Norte. La crisis económica dio al traste con los intentos por reactivar la economía, lo que constituyó uno de sus fracasos

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fundamentales en política interior durante su gestión. Se enfrentó a huelgas en empresas estatales clave (puertos, minas de carbón y el sistema ferroviario), que desembocaron en la victoria del Partido Laborista en dos elecciones en 1974. Transcurren dos años (1974 – 1976) bajo un segundo mandato de Harold Wilson, el cual finalizó pronto debido a que el 16 de marzo de 1976, anunció su dimisión. La gestión de Leonard James Callaghan (1976 – 1979), concluye en el llamado invierno del descontento, con el país prácticamente paralizado por continuas huelgas sindicales, que dieron munición a la oposición conservadora. Una moción de censura, que Callaghan perdió por un voto, precipitó la convocatoria de las elecciones generales de 1979, en las que ganó el Partido Conservador, con Margaret Thatcher al frente. La nueva gobernante la cual ejerció como Primer Ministra durante los años 1979 – 1990, aplicó duras medidas para bajar la inflación y planes para reducir el papel del Estado en la economía Los ejes de la política económica de Thatcher estuvieron influenciados por los movimientos monetaristas y por economistas como Milton Friedman. Junto con el canciller Geoffrey Howe, disminuyó los impuestos directos sobre la renta e incrementó los impuestos indirectos. También aumentó las tasas de interés para desacelerar el crecimiento de la oferta monetaria y así disminuir la inflación e introdujo límites en efectivo de los gastos públicos y redujo las inversiones en servicios sociales como la educación y la vivienda. La “Dama de Hierro” reformó el sistema de impuestos local al reemplazar los impuestos domésticos basados en el valor nominal de renta de una propiedad con el cargo comunitario o poll tax, en el cual todos los adultos residentes pagaban una misma cantidad. El nuevo impuesto fue introducido en Escocia en 1989 y en Inglaterra y Gales al año siguiente, y pasó a ser una de las políticas más aborrecidas durante todo su mandato. El descontento público culminó en una manifestación de más de 70.000 personas en Londres el 31 de marzo de 1990; las huelgas cerca de Trafalgar Square acrecentaron las protestas por el poll tax con un saldo de 113 personas lesionadas y 340 detenidos. El cargo comunitario fue abolido por su sucesor, John Major. En relación con la industria Thatcher estaba decidida a reducir el poder de los sindicatos ya que acusaba a sus líderes de debilitar la democracia parlamentaria y el desarrollo económico mediante las huelgas y protestas. Varios sindicatos entraron en huelga como respuesta a la nueva legislación creada para disminuir su poder, pero la resistencia luego colapsó. Sólo el 39 % de los trabajadores sindicalizados votaron por los laboristas en las elecciones generales de 1983. La huelga de los mineros de 1984-1985 fue la confrontación más importante entre un sindicato y el gobierno de Thatcher. En marzo de 1984, el Consejo Nacional del Carbón (NCB) propuso el cierre de 20 de las 174 minas propiedad del estado, con el despido de 20 000 de los 187 000 mineros. Dos tercios de los mineros británicos, liderados por la Unión Nacional de Mineros (NUM) bajo el mando de Arthur Scargill, dejaron sus herramientas en protesta. Thatcher se negó a cumplir las demandas de los sindicatos y comparó las disputas con los mineros con el conflicto de las Malvinas, al declarar en un discurso en 1984: “Tuvimos que luchar con el enemigo en el exterior en las Malvinas. Siempre tenemos que estar alerta del enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad”. Después de un año en huelga, en marzo de 1985, el líder del NUM cedió sin lograr ningún acuerdo. El coste para la economía fue estimado en al menos 1500 millones de libras y la huelga fue responsable en gran parte de la caída de la libra esterlina frente al dólar

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estadounidense. En 1985 el gobierno cerró 25 minas de carbón y para 1992, la cifra ya ascendía a 97; y las que continúan funcionando fueron privatizadas. Esto resultó en la pérdida de 10 000 empleos y el efecto económico devastó comunidades enteras. En materia de privatizaciones La política de privatización ha sido denominada como un ingrediente crucial del thatcherismo. Después de las elecciones de 1983, las ventas de las empresas de servicios públicos del Estado se aceleraron; se recaudaron más de 29 mil millones de libras de la venta de las industrias paraestatales y otros 18 mil millones de libras de la venta de las council houses. El proceso de privatización, especialmente la preparación de las industrias paraestatales para su venta, se asoció con una mejoría muy marcada en su desempeño, particularmente en términos de productividad laboral. Algunas de las industrias privatizadas, como las del gas, el agua y la electricidad, eran monopolios naturales donde la privatización hizo poco por incrementar la competitividad. Las industrias privatizadas que demostraron un mejoramiento a menudo lo hicieron mientras aún eran propiedad del Estado. La privatización de las empresas públicas se combinó con la desregulación financiera en un intento por mantener el crecimiento económico. El gobierno de Thatcher alentó el crecimiento de los sectores financieros y de servicios para compensar la débil industria manufacturera británica. Respecto a su política exterior, mantuvo una actitud dura ante la Comunidad Europea y alineamiento con Washington. En 1989, tras la crisis del gobierno de Margaret Thatcher, que acabó con la remodelación del gabinete, fue nombrado John Major como Ministro de Asuntos Exteriores británico y el 25 de octubre de ese mismo año, la primera ministra le nombró Ministro de Economía. En 1990, tras la dimisión de Thatcher, Major pasó a ocupar su cargo, apoyado por ella y continuó en la misma línea que ella, aunque más conciliadora con Europa.  Francia: La Época bella es una expresión para designar el periodo de la historia de Europa comprendido entre el final de la Guerra franco-prusiana en 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.Esta designación respondía en parte a una realidad recién descubierta que imponía nuevos valores a las sociedades europeas (expansión del imperialismo, fomento del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la humanidad) El auge industrial estuvo relacionado en parte con las innovaciones tecnológicas, cuyo ejemplo por excelencia es el automóvil, sector aparecido en la transición de dos siglos y del cual Francia se convirtió en el segundo productor mundial. Fue en esta época que aparecieron las grandes empresas de esta industria, como Peugeot, Berliet o Renault. A pesar de ello, el sector se mantuvo muy disperso: había 155 constructores de automóviles en 1914. Si la innovación data del inicio del período, fue al final de este que se presentó su verdadero boom: 45.000 automóviles fueron producidos anualmente, mientras que solo 107.000 fueron inscritos en Francia. Asimismo, se desarrollaron precozmente otras industrias, tales como la aeronáutica o el cine.

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Entre los sectores industriales recientemente surgidos, el eléctrico tuvo un crecimiento importante en la época: su consumo se quintuplicó entre 1900 y 1913. Vinculadas con la electricidad, se desarrollaron ciertas industrias metalúrgicas (el aluminio, cuya producción se decuplicó entre 1900 y 1913) y químicas. Las industrias tradicionales aprovecharon también la coyuntura: la metalurgia vio agrandarse su mercado por las nuevas industrias, desarrollándose en particular en Lorena. La agricultura, sector donde el crecimiento pasó de una tasa media anual de 0,1% entre 1860 y 1890 a una tasa de 0,9% entre 1890 y 1913, se benefició también de la expansión económica. Para 1914, Francia junto con los otros competidores de Alemania había entrado en una carrera armamentista que, nuevamente, estimuló temporalmente el gasto, a la vez que redujo el ahorro y la inversión. La Primera Guerra Mundial produjo un resultado económico desastroso para todas las partes (excepto para Estados Unidos y Japón), no solo para quienes la perdieron. Como lo predijo John Maynard Keynes en su libro postConferencia de Versalles, las fuertes reparaciones de guerra impuestas sobre Alemania no solo fueron insuficientes para reanimar la recuperación económica francesa, sino que dañaron en gran medida a Alemania que era su gran socio comercial; por tanto, daño también a Francia. El periodo de entreguerras se caracterizo por una diversificación de la producción, así como de intensificación y de racionalización del esfuerzo de inversión en la industria. Gracias a la depreciación del franco, las exportaciones se incrementaron (42% entre 1923 y 1927); sin embargo, las posiciones adquiridas en la exportación fueron temporales y cuando el franco se estabilizó a fines de los años 1920, no se pudieron conservar algunos mercados nuevos (como el automotriz o el de la seda). Se produjo una modificación estructural de las exportaciones con una caída de los productos de lujo, bienes que no son realmente industriales, en beneficio de los productos manufacturados resultante de procesos de fabricación fuertemente capitalistas. Francia debía devolver una deuda colosal a Estados Unidos. Para ello, contaba con las fuertes reparaciones de guerra que había impuesto sobre la Alemania derrotada. Los costos de la reconstrucción en el noreste del país eran considerables, sin embargo, el flujo monetario de Francia hacia Alemania ampliaba mecánicamente el déficit comercial y el franco se depreció. La economía francesa permaneció en un estado vegetativo hasta 1935 debido a malas políticas económicas. La crisis fue, esencialmente, una crisis de la inversión y del ahorro, provocada por la caída de los beneficios a raíz de la deflación (el índice de los precios industriales cayó un 25% entre 1931 y 1935). La crisis afecto de manera diferente a los trabajadores de los sectores expuestos a la competencia internacional y a la población protegida (funcionarios, jubilados, etc.) Empeñados en mantener el mismo valor del franco, el Gobierno redujo el gasto del Estado e impuso disminuciones en las tasas de arrendamiento, con la vana esperanza de que una menor demanda provocaría una disminución de los precios suficiente para restablecer la competitividad-precio. Simultáneamente, los Gobiernos llevaron una política malthusiana y fueron al rescate de empresas en dificultades que no podían permitirse colapsar; de esta manera, surgieron Air France en 1931 y la SNCF en 1937.

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Asimismo, el Estado promovió las alianzas entre empresas que alejaran el riesgo de quiebra, pero que limitaron el alcance de la deflación y perjudicaron los ingresos de los consumidores. El período de entreguerras se caracterizó por la ausencia de todo esfuerzo sistemático de parte del Estado para administrar de manera coherente los nuevos tributos que imponía sobre la economía. Ni el intervencionismo estatal en el sector energético y de los transportes ni las acciones para controlar o mantener ciertos precios se inscribieron en algún plan conjunto. En 1938, el Gobierno decidió realizar fuertes devaluaciones del franco (en mayo de ese año, el franco valía 36% de su valor en 1928) y los Gobiernos de Daladier llevaron a cabo una política económica liberal que aumentó el potencial de producción por medio de una política de oferta que incentivó la inversión privada, liberó los precios, transfirió los gastos de las obras públicas hacia los gastos militares. El cambio fue dramático: la producción aumentó en un 15% entre noviembre de 1938 y junio de 1939, la inflación se detuvo y el franco se estabilizó. Luego de la Segunda Guerra Mundial se tardó muchos años reparar las fuertes pérdidas materiales, ya que las batallas y los bombardeos habían destruido ciudades, fábricas, puente y vías férreas. En total, alrededor de un millón doscientos mil edificios fueron destruidos o dañados. En 1945, el gobierno provisional, presidido por Charles de Gaulle y compuesto de comunistas, socialistas y gaullistas, nacionalizó los sectores claves de la economía (energía, transporte aéreo, bancos de depósitos, aseguradoras) y grandes empresas como Renault, creó la seguridad social y los comités de empresa. Un verdadero Estado de bienestar se puso en funcionamiento. La planificación económica fue emprendida con la creación del Comisariado general del Plan en 1946, cuya dirección fue confiada a Jean Monnet; el primer “Plan de modernización y de equipamiento” para el período 19471952 abarcó las actividades básicas (energía, acero, cemento, transportes, agricultura); Posteriormente el segundo Plan (1954-1957) tuvo objetivos más amplios: construcción de viviendas, acondicionamiento del territorio, investigación científica, e industrias de transformación. El ejemplo francés fue uno de los casos más concretos de implementación de una economía mixta. El líder de la Francia liberada, Charles De Gaulle, compartía con la izquierda la concepción de que el papel del Estado debía ser mucho más activo. Las nacionalizaciones fueron muchas, continuando una tendencia que se había iniciado con la gran depresión en la cual se habían nacionalizado los ferrocarriles, la industria aeronáutica y la de armamentos. En la posguerra fueron la industria automovilística, el transporte aéreo, la minería de carbón, el gas, la electricidad, el Banco de Francia y otros bancos comerciales, las que pasaron en manos del Estado. Así, el Estado se convirtió en el principal productor y empleador del país, pero las nacionalizaciones no implicaron una modificación de la estructura fabril y la mayoría de las empresas conservó su autonomía. El pilar básico de la economía francesa fue la planificación estatal siendo su impulsor Jean Monnet. La misma apuntó a guiar la producción antes que a controlarla. El crecimiento se basó en el desarrollo de seis industrias estratégicas: carbón, acero,

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cemento, electricidad, transportes y maquinaria agrícola; más tarde se les sumaron el petróleo y los fertilizantes. Los sucesivos planes cuatrienales se plantearon objetivos diversos, desde la expansión de la industria pesada hasta la consolidación de beneficios sociales para jubilados y asalariados de bajos ingresos, pasando por el desarrollo científico y tecnológico. El plan Marshall creó las condiciones para la puesta en marcha del primer plan, pudiéndose financiar las importaciones esenciales para el despegue y lo dotaron de capitales para impulsar la industria pesada. El principal factor en la restructuración y el despegue de la industria francesa lo constituyó el ingreso en la Comunidad Económica Europea. La obligación de competir condujo a una transformación tanto de la agricultura como de la industria. El campo completó su reconversión basado en una disminución de la población activa y el aumento de la producción gracias a las mejoras técnicas y de la racionalización de los procesos productivos. También, se abandonaron las zonas menos productivas y aumentaron las exportaciones agrarias. Con respecto a la industria, bajo la tutela del estado, esta se renovó de manera total, aumentado su competitividad en el escenario internacional. Como resultado, entre 1949 y 1969 las exportaciones industriales aumentaron en un 5,5%, para la década del 70, Francia era una potencia industrial de primer orden. En 1973 frente a un escaso crecimiento de la fuerza de trabajo da lugar a una crisis económica, la que se vio acompañado por la reconocida crisis del petróleo. Debido a ésta última Valéry Giscard d'Estaing Presidente de la República Francesa durante esa época necesitó y decidió ahorrar energía, por lo que en 1975 se instauró el cambio de hora en verano, lo que permitió ahorrar un 0,5 % en electricidad, al limitar la necesidad de iluminación. François Maurice Adrien Marie Mitterrand, sucesor de Valery Giscard fue presidente de la República Francesa de 1981 a 1995. Es el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo: catorce años. En los aspectos económicos, este primer mandato se caracterizó en un comienzo momento por unas pocas estatizaciones, entre las que destacan algunos bancos —solo Paribas entre los importantes— y algunos grupos industriales como Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Thomson, y el grupo industrial Suez. También se siguió una política de control de la inflación. Se produjo un significativo aumento del desempleo y del déficit público y se emprendieron medidas impopulares: en el Nord se cerraron o reconvirtieron la mayor parte de las minas de carbón, lo que hizo crecer el descontento social. Durante su segundo mandato se instauro un salario social (RMI) cuyo objetivo era asegurar la supervivencia incluso de los que no trabajan ni tienen derecho a seguro de desempleo. Para finales del siglo la deuda pública francesa aumentaba en grandes niveles, lo que condujo a que actualmente se hayan privatizado grandes empresas, y la presión fiscal sea de las más altas.  Suecia: Durante el período de 1890 a 1930 tuvo lugar en Suecia la Segunda Revolución Industrial. En este período las nuevas industrias evolucionaron, especialmente en

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mercado doméstico: ingeniería mecánica, sector eléctrico, la industria del papel y la textil. En esos años también se presentaron desarrollos interesantes en la minería: se inventaron nuevos métodos para usar y refinar el mineral de hierro. Como resultado, pudo utilizarse mineral con contenido relativamente alto de fósforo; esto llevó a la apertura de minas en Lappland y Grängesberg, en Suecia central. La ingeniería también exhibió desarrollos de alto interés durante este período. Esta fue la época en que los intentos internos de innovación comenzaron a dar dividendos. Las innovaciones internas pasaron a constituir el fundamento de las firmas suecas, que llegarían a ser la piedra angular del desarrollo nacional hasta la actualidad. El Estado fue muy activo durante el período que va de 1870 a 1914. Un aspecto de importancia es que el gobierno y el Riksdag (el Parlamento) crearon diversas instituciones con el propósito de hacer el “inventario” del país con el fin de prospectar y encontrar todas sus riquezas y recursos naturales. Se fundó una organización estatal, SGU, para las prospecciones geológicas, La prospección de minerales llegó a ser una especialidad sueca y tuvo importancia tanto para la industria minera nacional como por sus repercusiones en el exterior. Se creó además una organización para la investigación marina, la hidrografía y la tecnología del agua. También se le asignó su propia organización a la meteorología. La botánica y la zoología también recibieron apoyo, en una búsqueda mixta de objetivos económicos y de ciencia aplicada, La medicina tuvo sus propios estudios. La cooperación entre el Estado y la industria fue amplia e intensa; y siempre se la consideró un asunto natural y exento de complicaciones. El Estado apoyó también la agricultura, estableciendo instituciones para el mejoramiento de semillas y la ampliación del conocimiento de nuevas plantas y métodos de cultivo. Esta fue también una época de grandes transformaciones en el seno de las universidades y en el conjunto de la enseñanza superior. En épocas anteriores las universidades habían estado dominadas por el Derecho y la Teología. Las dos universidades estatales, en Upsala y Lund, eran remolonas y exhibían un claro retraso. Su objetivo era la educación de profesores, burócratas y clérigos luteranos. En la década de 1870 comenzó a observarse un gran cambio. El énfasis se desplazó con rapidez y drásticamente hacia las ciencias. Incluso hubo un pequeño flujo de recursos que se filtró hacia la economía y las ciencias sociales. Se crearon dos universidades privadas en Estocolmo y Gotenburgo. Ambas pretendían ser instituciones modernas de educación.. y rehusaron enseñar Teología y Derecho. En ambas ciudades se pusieron también en marcha universidades politécnicas que pronto adquirieron gran importancia en la formación de ingenieros y administradores de empresas. En Estocolmo se creó una escuela avanzada de negocios, de carácter privado. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y entonces aumentó la demanda de exportaciones de productos suecos que eran estratégicamente importantes como el acero (que sería usado para la industria armamentística). Las partes beligerantes, como Reino Unido, usaron principalmente la impresión de papel de moneda con el fin de financiarse en la guerra, aumentar la inflación y de esta manera conseguir que los precios de las exportaciones de Suecia crecieran rápidamente. La transferencia masiva de moneda

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extranjera como forma de pago en el período de guerra ayudó al país a pasar de ser uno de los mayores deudores del mundo a ser un acreedor neto después de la guerra. Los años entre las dos guerras: al margen de éstas, Suecia logró mantenerse fuera de la Primera Guerra Mundial. Durante los primeros dos años de la conflagración la producción se incrementó muy rápidamente, hasta alcanzar un “peak” en 1916. El superávit de exportaciones fue muy alto. Pero entonces la guerra cambió de carácter, y Suecia fue afectada. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron. La industria se encontró incapaz de adquirir las materias primas y otros insumos necesarios. Hacia 1918 la producción industrial estaba un 25% por debajo del nivel de 1913. No obstante, Suecia tuvo una alta dosis de buena suerte. Al estallar la guerra, el Riksbank había determinado que los billetes de banco no podrían seguir convirtiéndose en oro; en lugar de generarse una salida de oro, lo que se produjo fue un gran flujo de entrada, originado por el gran superávit de la cuenta corriente. De este modo, el considerable monto de deuda externa que se había adquirido durante 40 años de importaciones de capital pudo reembolsarse rápidamente a precios inflacionarios en monedas depreciadas. Antes de la guerra, los pagos de intereses alcanzaban al 10% de las exportaciones totales; al pagarse la deuda internacional, después de la guerra, los intereses se hicieron insignificantes. Así, la neutralidad y la inflación internacional aportaron a Suecia ganancias inesperadas, que sirvieron para incrementar el bienestar en el período entre las dos guerras. En 1919 empezó a producirse una cierta recuperación económica, tendencia que se quebró con la crisis deflacionaria que se desencadenó en 1921. Entre 1921 y 1922 los precios se redujeron a la mitad. Esto derivó en la desorganización de la producción y en un abrupto crecimiento del desempleo. Hacia 1923 aún no se había vuelto a alcanzar el nivel de la producción de 1913. A partir de entonces, el proceso de crecimiento se puso nuevamente en marcha. La producción empezó a aumentar y creció a un ritmo relativamente parejo durante la mayor parte del período entre las dos guerras. Se introdujo la jornada de trabajo de 8 horas, lo que significó una caída de 15% en la oferta de trabajo. La década de 1920 se caracterizó por la racionalización del trabajo y un incremento de la productividad laboral. La depresión internacional de 1929 afectó a Suecia, pero sus efectos fueron comparativamente suaves. Pronto la producción industrial empezó a aumentar: entre 1923 y 1929 había aumentado en 64%, y desde 1929 a 1939 aumentó en otro 66%. Durante los años entre las dos guerras los ingresos globales crecieron anualmente en 2.5%. En la década de 1920 el crecimiento económico se había mantenido orientado a las exportaciones; en la década de 1930 fueron los mercados internos los que se expandieron. Persistió así el esquema de crecimiento equilibrado. Esto puede explicarse parcialmente por la política de manejo activo de la demanda que siguió el gobierno socialdemócrata elegido en 1932 (y que continuaría en el poder por 44 años). Sin embargo, durante todo el período entre las dos guerras se mantuvo un desempleo persistente: nunca hubo desempleo verdaderamente masivo (excepto quizás durante un breve período en el invierno de 1933), pero la desocupación tampoco bajó nunca del 10%. La década de 1920 fue un período de superávit en el balance de la cuenta corriente. Suecia empezó a transformarse en un exportador de capital. En los primeros años de la década de 1930 la situación monetaria fue algo delicada, ya que las reservas internacionales sólo cubrían dos meses de importaciones. Cuando Inglaterra devaluó, en 1931, el Riksbank decidió imitar el ejemplo, determinando la flotación de la corona. En 1933 el precio de la corona se fijó a una nueva paridad respecto de la libra esterlina.

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Esto significó para la moneda sueca una devaluación efectiva de 44% en relación al dólar y al oro. Durante el resto de la década de 1930 la corona estuvo algo subvaluada. Continuó existiendo un pequeño superávit en el balance de la cuenta corriente. La tradición de inocencia monetaria persistió, junto con un patrón de crecimiento razonablemente rápido y parejo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía sueca se encontraba en buenas condiciones, especialmente en términos relativos. Suecia había logrado mantener su neutralidad durante el conflicto y su sistema de producción industrial estaba intacto. Las importaciones estaban reguladas, pero tendieron a crecer rápidamente. Existía cierto temor a la inflación. El Ministro de Comercio de esa época, Gunnar Myrdal. estaba preocupado tanto de la depresión como de la inflación. En 1946, a petición de Myrdal, el gobierno adoptó la inesperada decisión de revaluar la corona. La lógica detrás de esta política era simple: una apreciación de la moneda iría en contra de la inflación. En 1949, Inglaterra tomó la iniciativa y devaluó la libra en 30%. Suecia imitó el ejemplo sin vacilar. De este modo, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, las políticas cambiarias tuvieron un papel importante sólo durante un breve período. Pronto vino el estallido coreano. La devaluación y el conflicto se juntaron para producir un alza abrupta de la inflación en 1950 y 1951. En estos dos años los precios subieron en 14 y 16% respectivamente. Fueron los años de “inflación por una sola vez”. En 1952 la tasa de inflación había bajado a 8% y para 1953 estaba en 2%. Suecia se hizo parte del FMI y adhirió al sistema de Bretton Woods. La inocencia cambiaria volvió a imponerse, y en los 20 años siguientes el tipo de cambio se mantuvo estable y, por alguna razón, la balanza de pagos estuvo siempre en equilibrio. Las exportaciones habían empezado acrecer con rapidez en 1949. Durante los dos años siguientes su valor se duplicó. La combinación de una gran devaluación y el conflicto coreano tuvo un marcado impacto sobre las exportaciones. El ímpetu exportador se debió a la transición a una economía más normal. A medida que se descartaban las regulaciones y controles se incrementaba la participación de las exportaciones en la economía. Durante los años 60 continuó la liberalización comercial, en parte debido a la creación de las dos uniones aduaneras (la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercado Común Europeo), y en parte a causa de la disminución general de aranceles y la supresión de controles e impedimentos comerciales entre las naciones industriales occidentales. Entre 1946 y 1970, el volumen de las exportaciones suecas creció en más de un 10% al año. El grupo más importante de exportaciones era el de productos de ingeniería, en un sentido amplio. Quienes más crecieron dentro de este sector de la ingeniería fue el de las exportaciones de automóviles (Volvo y Saab), que crecieron con rapidez, especialmente durante la última parte del período. En 1966 las exportaciones de automóviles superaron las importaciones del mismo rubro. Otro grupo exportador en expansión fue el de productos de hierro y acero. El crecimiento de las exportaciones de este sector comprendió principalmente productos más desarrollados de alta calidad. Las importaciones también crecieron, pero no tan rápidamente, y Suecia alcanzó un superávit en su cuenta corriente. En los veinte años siguientes, Suecia no tuvo problemas con su balanza de pagos. No fue sino a fines de la década de 1960 cuando volvieron a presentarse problemas en el sector externo.

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El crecimiento económico sueco alcanzó su “peak” durante el período comprendido entre 1950 y 1970. La producción industrial aumento en más de 6% al año y la mayoría de los otros sectores creció a ritmos de entre 4 y 5%. Una nueva característica distintiva fue el rápido crecimiento del sector gobierno; área que se expandió a un ritmo anual de casi 6% durante la década de 1960. Este fue el período en que el Estado benefactor se estableció definitivamente en su forma local. La época de posguerra fue desusadamente armoniosa y próspera. La tasa de inflación estaba bajo control: alcanzó a 4% anual entre 1950 y 1970. La tasa de acumulación de capital también aumentó. La inversión total aumentó en 4.5% anual durante la década de 1950. En los pocos años del auge de la inversión que empezó en 1958, el stock de capital acumulado en la industria aumentó en 50%. La combinación de la alta tasa de expansión en la productividad del trabajo con el aumento en la intensidad global del capital condujo a un rápido crecimiento de los salarios reales. Al explotar la burbuja que se había gestado durante la década de los 80 como consecuencia de de la desregulación del sector financiero además de la suma de la desintegración de la URSS que supuso el hundimiento de las economías del Este, importantes socios comerciales de los países nórdicos, se gesta una crisis crediticia, por lo que el gasto público empieza a dispararse hasta alcanzar su nivel más alto a consecuencia de esta crisis, para atender la emergencia social y para lograr estabilidad, el Estado salió al rescate de los ciudadanos más vulnerables. La gestión de la crisis se centró básicamente en intervenir el mismo sector que la había provocado, la banca Se sanearon, rescataron y se nacionalizaron los bancos, con el aumento que eso supuso del gasto público y de la deuda, durante toda la crisis el nivel de intervención del estado sobre el sector bancario era casi absoluto, incluso los bancos privados se vieron obligados a seguir las directrices del gobierno para evitar la nacionalización. El estado rescató los depósitos pero no a los accionistas, a los que les exigió avales recuperando así la inversión casi por completo. Desde el banco central se devalúa el marco sueco para fomentar las exportaciones, se eleva el tipo de interés marginal hasta el 500% para evitar la fuga de capitales y se suben los impuestos para hacer frente al déficit. El resultado de esta política intervencionista es un rotundo éxito, el país sale de la crisis en pocos años, y el impacto de esta en los ciudadanos fue prácticamente inexistente gracias a la política social de gasto. El país no sale de la crisis reduciendo el gasto público, sino aumentándolo. En los años posteriores el gasto se reduce en relación al PIB porque este crece, se reduce la deuda, que había aumentado puntualmente, porque se recupera la mayor parte de la inversión vendiendo los activos aunque conservando parte importante de ellos, los cuales hoy siguen dando beneficios al estado, el gasto público sin embargo continúa aumentado en términos absolutos y en gasto per cápita, y el estado del bienestar se mantiene prácticamente intacto durante y tras esta crisis. Durante el siglo XX se estableció firmemente una hegemonía política y social bajo la bandera de la socialdemocracia. Se difundió en todo el mundo la reputación del modelo sueco en perfecto funcionamiento. Prevalecía la armonía social, construida sobre una economía en rápida expansión. Los conflictos se resolvían por negociación. Rara vez se manifestaba oposición a los valores predominantes, y las disputas laborales eran pocas y

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muy distanciadas. Suecia llegó a reconocerse como el hogar de la democracia igualitaria. En la economía sueca fue muy importante el sector público con un sistema de protección social tan desarrollado. Este sector da empleo a una tercera parte de la población activa del país y gestiona servicios como la educación, la sanidad o la atención domiciliaria. El gobierno sueco considera una de sus principales prioridades en materia de política económica el control de los precios y la inflación. El Banco Central intenta que el índice anual de inflación esté alrededor del 2 por ciento con un margen de tolerancia de un punto. El Estado se ocupa de la enseñanza, los servicios públicos y la cobertura social.  Australia: A partir de la segunda mitad, y finales del siglo XIX, dos acontecimientos dan lugar a la generación de un modelo de desarrollo en el orden mundial, basado en el aprovechamiento de ventajas comparativas de la producción primaria: Por un lado, la consolidación como mercados de los territorios colonizados y de aquellos que se independizaron de sus metrópolis, los que se incorporan al comercio internacional sobre la base de una política caracterizada por la ausencia o el limitado uso de restricciones, y por otro, que en los países industrializados, se asiste a la segunda revolución industrial, que se caracteriza por su proyección internacional. El progreso técnico, originado en la acumulación de capital en la industria manufacturera, permite alcanzar una capacidad de producción que desborda las fronteras nacionales y requiere de una mayor dimensión de mercado para su continuidad. A la vez el aumento geométrico de la productividad, consecuencia del progreso técnico, al no ser acompañado de un aumento paralelo de la actividad económica, ocasiona la aparición de excedentes internos crónicos de mano de obra, agravados por el flujo de la población desde las actividades primarias que no pueden competir en costos con la producción similar importada. La política de apertura a la importación de materias primas contribuye en los países centrales, por una parte, a disminuir el costo de vida, favoreciendo la contención en los costos industriales de la incidencia del factor trabajo y, por ende, el proceso de acumulación del capital. Por otro lado, con el poder de compra a que da lugar en los nuevos territorios exportadores, abre polos de absorción para su producción manufacturera y de atracción para la emigración de la mano de obra excedente. La base de sustentación del modelo citado estaba constituida por la economía del Reino Unido, que absorbía hacia 1900 el 18% de las importaciones mundiales, fundamentalmente alimentos y materias primas, y actuaba como eje del sistema multilateral de pagos. Este hecho le permitía disponer de importantes recursos financieros, que se canalizaban en préstamos e inversiones para el desarrollo de la infraestructura y los servicios ligados al comercio exterior en los países exportadores de productos primarios. Otro factor importante estaba constituido por el crecimiento paralelo de la demanda de manufacturas y de materias primas, derivado de un punto de partida reducido en el nivel de ingreso de los países centrales, que permitía un crecimiento simétrico de la

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producción y el comercio de ambas categorías de productos, así como la estabilidad de sus precios relativos. A ese esquema de división internacional del trabajo se integraron Australia, incorporando grandes contingentes de mano de obra europea, para el desarrollo de la producción y recibiendo importantes inversiones y préstamos, particularmente desde el Reino Unido, orientados a la expansión de la infraestructura ferroviaria y de servicios públicos, al comercio, las finanzas y las actividades primarias vinculadas al comercio exterior. Los estímulos a la inmigración, de origen anglosajón en Australia, constituyeron condiciones internas necesarias para poblar los respectivos territorios y dar lugar a la explotación y comercialización de productos derivados de recursos naturales, los que se constituyeron en una importante fuente de beneficios y de capitalización, teniendo en cuenta la relación de precios favorables que benefició a esos productos hasta los años 30. Con una fuerte inversión pública en infraestructura, en gran parte apoyada en la financiación externa y el establecimiento del sistema de educación pública, gratuita y obligatoria, la promoción de los establecimientos de enseñanza y la expansión de los servicios de salud pública se sentaron las bases para la integración y el desarrollo económico creciente durante todo el resto del siglo. Otras reformas claves desarrolladas fueron: reducir unilateralmente los altos aranceles y otras barreras comerciales; racionalizar y reducir el número de sindicatos; reestructurar el altamente centralizado sistema de relaciones industriales y de negociación laboral; mejor la integración de las economías de los estados en un sistema nacional federal; mejora y estandarización de la infraestructura; y privatización de muchos de los servicios gubernamentales y las utilidades públicas. La economía australiana se destaco continuamente con un sólido crecimiento, una baja tasa de desempleo, inflación controlada, una baja deuda pública y un sistema financiero fuerte y estable. Con sus abundantes recursos, mano de obra capacitada y tecnología de punta, Australia es líder en la industria minera global. Australia está entre los mayores productores de bauxita, mineral de hierro y zinc, níquel y oro. Australia es también un importante proveedor de energía, incluyendo carbón, gas natural y uranio. El sector minero representó aproximadamente el ocho por ciento de la economía australiana en 2011. En el mismo año los minerales y la energía representaron el 50 por ciento de las exportaciones australianas. El sector está en expansión, impulsado por la gran demanda de materias primas de las economías en crecimiento de Asia. El tamaño de nuestra industria de recursos ha contribuido a hacer de Australia un líder mundial en el desarrollo y la fabricación de equipamientos, tecnología y servicios mineros. Las empresas australianas son competitivas en toda la cadena de abastecimiento, incluyendo la exploración, la ingeniería, el procesado, el manejo del medioambiente, la seguridad en mina, el entrenamiento y la investigación y desarrollo. Hasta el 2012, Australia había experimentado más de 20 años de continuo crecimiento económico, promediando un 3,5 por ciento por año. El panorama positivo de Australia

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es sostenido por un récord de inversión en recursos, un sólido crecimiento en la exportación de materias primas y una firme posición fiscal. El sector servicios constituye la mayor parte de la economía australiana, que alcanza alrededor de tres cuartas partes del producto bruto interno y cuatro de cada cinco empleos. Australia es un importante centro financiero en crecimiento, con un sofisticado sector de servicios financieros y un sólido marco regulatorio. Un proceso continuo de reforma para abrir aún más la economía y afirmar su competitividad ha sido un ingrediente clave del éxito de Australia.

4. Políticas Universales para el Estado de Bienestar. 4.1 Sus concepciones. a) Su idea de universalidad de las políticas sociales. b) Su idea de intervención positiva. 4.2 Políticas Públicas. a) Políticas educativas: Educación e igualación; objetivos en los distintos niveles. b) Políticas de salud: Los seguros universales de salud. c) Políticas de trabajo y previsión: El pleno empleo y la solidaridad previsional. d) Políticas de población: La inclusión de inmigrantes y la planificación familiar.

4. 1. a) // Su idea de universalidad de las políticas sociales: Hablamos de universalismo para aludir a una concepción, según la cual todos aquellos que participan de una categoría social son alcanzados por igual. Así, el discurso universalista está dirigido a “todos” pero no a un “todos” empírico sino a un “todos” en tanto sujeto. Esto explica el hecho de que en términos de teoría y filosofía políticas el universalismo esté fuertemente asociado con la noción de ciudadanía. En cambio, denominamos particularistas a las políticas sociales que fundan la protección en características específicas de grupos que son considerados como merecedores de beneficios o ventajas. Dos similitudes y una diferencia respecto del principio universalista denotan también en este caso la interpelación que constituye al sujeto que debe ser protegido y que también se articula alrededor de derechos sociales. Pero hay una diferencia fundamental, y es que esa interpelación no es a un todos genérico sino empírico y específico, que así puede ser identificado como una categoría social diferenciada, a la que se le reconocen méritos determinados como por ejemplo los trabajadores asalariados, o los de una cierta actividad laboral y no de otros.

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La legitimidad de esas políticas o instituciones aumenta con la diferenciación creciente respecto de los otros grupos, esos méritos tuvieron distintas marcas hasta el presente: el territorio, la fe y el oficio (el gremio), siendo que el predominio de este último aun sigue vigente. A diferencia del enfoque político “a todos y por igual”, cuando se adopta la perspectiva operativa la cobertura se circunscribe a indicar la parte de la población alcanzada por una política o institución que se observe, sin confundir “cobertura total” que no necesariamente significa que es a todos por igual. Esto explicaría lo imprescindible de la distinción entre protección universalista y cobertura total de una concepción universalista. De la protección se espera cobertura total, aunque podría aceptarse que circunstancialmente no lo fuera si se estuviera en una transición hacia su forma plena (a todos por igual). Pero respecto de la cobertura total, en cambio, el tema es inverso: Se puede estar frente a una cobertura completa que sin embargo no sea “universalista” sino diferenciada, si ella resulta de la sumatoria de protecciones separadamente concebidas y diseñadas. En este último caso, es razonable pensar que la desigualdad y la diferencia sean la nota dominante. Valencia y Foust señalan que “(…) para analizar el grado de universalismo de las políticas sociales es preciso tomar en cuenta la cobertura y la igualdad en los servicios ofrecidos por las instituciones”. Retomando el camino del universalismo, hay que asumir que confronta con el particularismo. Esto fue haciéndose evidente en el contexto de la relativa renovación de ideas y del cuestionamiento neoliberal que el nuevo siglo trajo, cuando se pudo constatar que no había tal esquema dual universalismo-focalización. En efecto, la recuperación de la situación socioeconómica que América Latina vivió a principios de siglo XXI, la dinamización de los procesos de movilidad, de recomposición del consumo y de institucionalización de espacios de socialización principalmente, los alimentados por la intervención pública, en simultaneo con el movimiento de lo que se llamo “gobiernos progresistas”, dio lugar a una serie de modificaciones en las políticas sociales que siguieron el patrón de expansión de la cobertura. En su arquitectura, se registraron avances en servicios y mecanismos de aseguramiento para poblaciones que carecían de ellos, pero sin que pudiera afirmarse que asistíamos a un “proceso de universalización”, sino que más bien se veía atacar las fisuras de los regímenes contributivos, para poder alcanzar cobertura universal y segmentada. Ello produjo mejoras sustantivas en la materialidad de la protección, pero no hubo modificaciones en los diseños contributivos y en las políticas focalizadoras en la pobreza, lo que en muchos casos hasta pudo interpretarse como una compensación para grupos que no tenían o no accedían a ciertos servicios. Sin embargo, algunas experiencias latinoamericanas recurrieron a una retórica más o menos universalista para llevar adelante esas reformas. Y en ese proceso emergieron resistencias sociales diversas, maniobras de distanciamiento social. Inicialmente, esas movilizaciones fueron interpretadas como reacciones de sectores medios cansados de lo que comenzó a denominarse “hartazgo fiscal” la negación a pagar por quienes presuntamente no lo merecen, ya que así lo dicta la sospecha meritocratica. Ello fue seguido por el transito al vaciamiento de los espacios e instituciones públicas, fenómeno que, aparta y desprestigia a los espacios públicos. Según la CEPAL, se hablaba de una “progresividad cuantitativa” que tenía como trasfondo una “regresividad cualitativa”, derivada del hecho de que quienes podían pagar servicios de mejor calidad o fugar de los servicios públicos, lo hacían, y de ese modo, las instituciones Publicas (universalistas) solo albergaban como beneficiarios efectivos a aquellos que no tenían la

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posibilidad de esa elección. Dicho de otra manera la calidad de las instituciones y de los servicios en general juega un papel fundamental en el proceso por el cual la población “ocupa” o “abandona” las instituciones. Como ejemplo, podemos ver que las dos políticas sociales con mayor potencial de ciudadanización en la historia argentina la educación pública, desde fines del siglo XIX a principios de los años 1970 y la salud pública, entre 1940 y 1960 fueron fuente de ciudadanía precisamente porque capturaban el interés de todas las clases: eran primera opción social y cultural, por ser la mejor en su tipo. Finalmente, un tercer movimiento, se vio también como aquel vaciamiento de las instituciones era seguido por la oposición y la negativa explicitas a la sociabilidad compartida que imponen las políticas e instituciones que se pretenden universalistas. Pero a medida que se abría ese abanico de resistencias sociales, iba haciéndose claro que se trataba de movimientos más amplios y variados que solo de la clase media. No se trata de un proceso nuevo. Las que aquí llamamos políticas Particularistas (contributivas) desde sus orígenes constituyeron tanto un principio de unidad y de solidaridad en el interior de un grupo ocupacional, como un principio de división respecto de otros. “Problemáticos guetos clasistas que, más que unir, dividían a los obreros”, alude a ellos Esping-Andersen (1993: 45), porque al remontarse a las mutualidades y planes fraternales del siglo XIX puede verse como paulatinamente fueron interponiéndose barreras a la integración con grupos mas débiles, de manera que lo que había nacido como una institucionalidad de clase se convertía en institucionalidad de grupos. Es que estas políticas fueron históricamente la vía para fugar del estigma de la asistencia, primero y posteriormente respaldaron una identidad sociopolítica positiva reconociendo a los trabajadores como la base de la Nación, la columna vertebral y también fueron una promesa de bienestar y de valor socioeconómico. Asimismo, en todo momento estas políticas contuvieron el compromiso de una ventaja diferencial (por el acuerdo paritario, por la cláusula de productividad, por la incorporación a una alianza) ventajas que no era posible generalizar al conjunto, pero si eran pensables para el grupo inmediato, y ello estimulaba la reivindicación. Sobre esa base, el ciclo neoliberal constituyo un golpe de gracia a toda aspiración universalista, y casi implico el retroceso al siglo XVIII, porque sobre ese particularismo alimento una mercantilización que radicalizo las tendencias en un sentido más estrecho y de-socializante. En tanto, los sectores “progresistas” encontraban ataduras ideológicas para hacer la crítica de las posturas particularistas, por temor a que ello fuera aprovechado por las usinas neoliberales para debilitar (aun mas) los derechos sociales que estaban entretejidos con la defensa corporativa. La experiencia histórica muestra las dificultades que experimentaron los partidos socialdemócratas que llegaron al gobierno para ampliar los sistemas universalistas, pues su principal base de sustentación político-electoral, las clases trabajadoras y sus organizaciones gremiales, presionaba en dirección de una mayor protección de sus propios grupos, más que hacia una expansión horizontal. No debería sorprender, entonces, que en los años recientes América Latina experimentara procesos similares, de resistencias a reformas que incorporaron modalidades no contributivas o semicontributivas de los sistemas de seguridad social. Sin embargo, los tres fenómenos se encadenaron: se efectivizaron ampliaciones de la seguridad social hacia grupos no tradicionales (trabajadores informales, grupos laborales de baja calificación y bajos ingresos), esas políticas encontraron las mayores resistencias en los grupos asalariados más estables y de mayor estatus. Y, finalmente, especialistas y técnicos demoraron en

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reconocer que esos sectores trabajadores interponían un rechazo activo de fuerza idéntica a la de los sectores medios. 4. 1. b) // Su idea de intervención positiva: El sistema universalista promueve la igualdad de status como una alternativa a la ayuda a los que se comprueba que no tienen medios y a la seguridad social corporativista (en la cual los derechos sociales apenas han sido tratados y lo que predominaba era la conservación de las diferencias de status social en donde el estado es desplazado como proveedor del bienestar social) Todos los ciudadanos están dotados de derecho similares independientemente de su clase o de su posición en el mercado y el sistema pretende cultivar la solidaridad por encima de las clases. La desmercantilizacion de las clases se extendió hasta la “clase media”. Se lo podría llamar el tipo de “régimen socialdemócrata” la cual fue la fuerza impulsora de la reforma social. En lugar de mantener el dualismo entre Estado y Mercado o entre la “clase obrera” y la “clase media”, los socialdemócratas buscaban un estado de bienestar que promoviera una igualdad en los estándares más elevados y no solamente en las necesidades mínimas. Esto implicaba que los servicios y prestaciones se elevaran hasta niveles equiparables incluso con los gustos propios de la “clase media”, por otro lado buscaba que la igualdad se proporcionaría garantizando a los obreros la participación en la calidad de los derechos disfrutados por los más pudientes. Este modelo fuerza al mercado y consecuentemente construye una solidaridad fundamentalmente universal a favor del Estad o de bienestar. Todos tienen subsidios, todos son dependientes y probablemente todos se sienten obligados a pagar. El modelo seria una fusión peculiar de liberalismo y socialismo. El resultado es un Estado de bienestar que suministra prestaciones directamente a los niños y se responsabiliza directamente del cuidado de los mayores y de los necesitados, o sea se compromete con una pesada carga de servicios sociales. La característica más sobresaliente es la fusión de bienestar social y trabajo la cual está obligada a garantizar el empleo y a depender enteramente de su logro, el derecho al trabajo tiene una categoría igual al derecho de protección de ingresos. Por otra parte los enormes costes del mantenimiento de un sistema de bienestar social solidario universalista y desmercantilizador, significa que debe minimizar los problemas sociales y maximizar los ingresos por salarios. Obviamente, la mejor manera en la que se hace esto es con el mayor número de gente trabajando y el menor número posible de personas viviendo de transferencias sociales, teniendo en cuenta que este tipo de régimen en ningún momento defiende el pleno empleo como una parte integral de su compromiso con el bienestar social. 4. 2. a) // Políticas educativas. Educación e igualación; objetivos en los distintos niveles:  En Argentina: Pese a la pretensión universalista que primo en la construcción del sistema educativo argentino, el desarrollo del mismo se caracterizo por la diversidad de instituciones y por múltiples arreglos normativos. Las primeras instituciones educativas también se

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explican por la iniciativa estatal y desde sus inicios la política de educación publica tenia pretensiones de alcance universal con reglas y recursos específicos. En 1884 se instituyo la Ley Laínez, el Poder Ejecutivo quedo facultado para instalar escuelas en el territorio nacional bajo las consignas de obligatoriedad, laicidad y gratuidad. El resultado fue que la población analfabeta disminuyo un 80%, según el censo nacional de ese año, además el proyecto educativo contemplo desde el comienzo la construcción de instituciones de nivel secundario y terciario como colegios nacionales, escuelas normales o universidades nacionales, orientadas a formar personas con conocimientos especializados. En 1990 de casi los 9.5 millones de alumnos que concurrían a los 52 mil establecimientos educativos el 67% lo hacía en el nivel elemental (primario y preprimario) el 21% en el secundario y el 12% lo hacía en la educación superior. A fines de los años 80 el 79% de la matricula primaria correspondía a las provincias, el 19% al sector privado y solo el 2% a establecimientos nacionales, en tanto el nivel secundario estaba en jurisdicción nacional. El 26% respondía a las provincias y el 29%al sector privado, en tanto la educación universitaria respondía en un 90% a la Nación y el resto estaba en manos privadas, mientras que la superior no universitaria, que en general eran institutos de formación de maestros, era mucho más equilibrada: el 32% lo poseía Nación, el 37% la Provincia y el 31% el sector privado. Este sistema institucional se regulaba por un sistema normativo desarticulado y antiguo. La ley que consagraba a la educación como laica, gratuita y obligatoria fue dictada en 1884 en donde estuvo vigente pero restringida en varios de sus aspectos. En tanto la educación privada fue regulada a través de leyes distintas. Sin embargo el nivel pre-primario que experimento una gran expansión en los últimos años no estaba comprendido en ninguna ley nacional. Vale agregar que las fuerzas armadas cuentan con instituciones educativas autárquicas las cuales actúan de manera independiente del resto del sistema. Una vez establecida la democracia y luego de 10 años se sanciono una nueva ley federal de educación. Esta Ley fija pautas generales para el funcionamiento del sistema, amplia el ciclo educativo obligatorio a 10 años, ratifica los principios de gratuidad de la enseñanza y fija compromisos de incremento de gasto en educación. En 1992 dispuso la transferencia a las provincias los establecimientos nacionales de enseñanza media y educación superior no universitaria. Por otra parte una porción importante de la educación está en manos del sector privado el cual se financia directamente con subsidios estatales, por ejemplo en 1945 el subsidio igualo el presupuesto total del mantenimiento de las universidades públicas. Hacia 1985 el 62% de las escuelas subvencionadas privadas eran de carácter religioso (en su mayoría católicos), Además históricamente la educación privada se beneficio con subsidios y donaciones de terrenos y edificios públicos. Por otra parte la infraestructura disponible en el sistema educativo señalan falencias operativas: Según un relevamiento en 1980 el 42% de los edificios del sistema educativo argentino fueron construidos antes de 1929. En 1980 el 70% de los edificios era de propiedad fiscal y solo la mitad había sido construida como instalación educativa, el 40% tenía aulas inadecuadas con carencias en iluminación ventilación, etc. La caída de la inversión pública en la década de 1980 permite suponer que aun al día de hoy estos problemas persisten. La mayor obsolescencia parece estar en los establecimientos de nivel medio principalmente en las provincias más desarrolladas donde la aparición del nivel secundario fue más temprano, sumado al problema de concentración típico de las grandes ciudades, y la ausencia de medios idóneos y eficaces de transporte especifico para los alumnos. El escaso nivel de inversiones determina que la función de producción del sistema educativo este fuertemente concentrada en el gasto en personal, superando el 85% del presupuesto destinado al área. De esta manera las tendencias del gasto educativo como sus variaciones de corto plazo en gran medida se

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vinculan con cambios en las políticas de empleo y salario del sector público o en las condiciones fiscales generales, antes que con la respuesta a objetivos propios del servicio educativo. 4. 2. b) // Políticas de salud. Los seguros universales de salud: La tradición de la asistencia social con su origen en la tradición de las leyes para los pobres, está caracterizada por la comprobación de los medios de vida y de los ingresos que se tienen, estos sistemas no amplían propiamente los derechos a los ciudadanos. Para recibir los subsidios, los demandantes al menos tendrán que satisfacer la condición de estar enfermos, ser viejos o estar desempleados, sin embargo las condiciones suelen estar ligadas al tipo de convenio con la seguridad social. Los principales ejemplos de esta tradición son los primeros planes de pensiones de Escandinavia (Suecia y Dinamarca), el sistema Británico de las prestaciones suplementarias, el sistema americano SSI y prácticamente todo el sistema de protección social Australiano. Cada país tiene algún tipo de asistencia social con comprobación de medios de vida o algún sistema de ayuda a los pobres. Lo que más cuenta en este tipo de sistemas son las restricciones de las comprobaciones de los medios de vida y de los ingresos y la generosidad de los subsidios.  En Argentina: Bajo la influencia de inmigrantes, las demandas obreras se concentraban en el reconocimiento de las asociaciones profesionales en la situación salarial y en las condiciones de trabajo. Los beneficios del seguro social aparecían solo como un bien sofisticado adosado a los intereses laborales de aquel tiempo y eran considerados en la agenda de aquellos grupos donde las reivindicaciones sobre salarios y condiciones de trabajo ya se habían satisfecho. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, solo los militares, la administración pública y los maestros gozaban del beneficio jubilatorio. En 1904 se otorgo cobertura a los trabajadores de la administración pública y durante 1916 se extendieron a los trabajadores de servicios públicos siguiendo luego los bancarios y los empleados de compañías de seguros que pese a su aparición el proceso de expansión de los beneficios previsionales fue bastante lento, hacia 1944 los afiliados a las cajas de jubilaciones y pensiones representaban un 17% de la población económicamente activa. En materia de salud el Estado se ocupo casi exclusivamente de la sanidad externa, los primeros servicios de saneamiento fueron construidos como respuesta a las graves epidemias originadas y transmitidas por la falta de tratamiento de agua y efluentes cloacales. La ciudad de Buenos Aires, alcanzo altos índices de cobertura para la época, hacia 1939 el 90% de la ciudad contaba con cobertura de agua potable. El creciente problema de salud como materia de política pública fue un proceso permeado por la tensión entre particularismo y universalismo. La fuerte tradición gremialista y sindical basada en las diversas comunidades étnicas se constituyo en una sólida base para el posterior desarrollo del sistema de obras sociales, eje del actual sistema de salud Argentino. Durante 1920 se dictaron una serie de normas dirigidas a la protección del niño y su grupo familiar, se sanciono la ley de patronato de menores contemplando la protección de la maternidad y en 1936 se creó la Dirección de Maternidad e Infancia, dependiente del departamento Nacional de Higiene.

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4. 2. c) // Políticas de trabajo y previsión. El pleno empleo y la solidaridad previsional: El sistema prolonga los derechos en base al rendimiento en el trabajo. Esta variante tiene sus orígenes en la tradición de seguros que se desarrollo de forma constante en Europa. Aquí los derechos están condicionados en una mezcla de vínculos con el mercado laboral y de aportaciones financieras y han estado sujetos a la lógica de que el individuo tiene un derecho personal de naturaleza contractual. El grado en que este régimen ofrece oportunidades para la desmercantilizacion depende en gran medida de cuanto ha tenido que trabajar o aportar una persona para tener los requisitos y de la relación entre el rendimiento y los subsidios.  En Argentina: Hacia fines de la segunda mitad del siglo XIX se establecieron en Argentina las bases para la construcción la visión moderna del Estado – Nación, sin embargo en el área social la actividad pública siguió funcionando con las tradicionales características del modelo de beneficencia. La aparición de las primeras instituciones de este tipo, como por ejemplo la ley de compensación de accidentes de trabajo y la que en 1915 otorgo beneficios jubilatorios a los trabajadores de ferrocarriles privados, se explica principalmente como una iniciática estatal para contener otro tipo de reclamo social. Otra muestra es la ley que en 1923establecia jubilaciones y pensiones para trabajadores industriales, comerciantes y de servicios por otra parte se observa la oposición de las agrupaciones de trabajadores a las disposiciones con respecto al aporte del trabajador como fuente de financiamiento del sistema. Todo ciudadano que realice una actividad laboral remunerada salvo que aporte a otro de los regímenes obligatorios. Las prestaciones que otorga el sistema son:  Jubilación ordinaria.  Jubilación por edad avanzada.  Jubilación por invalidez.  Pensión por fallecimiento.  Subsidio por sepelio. Para acceder a la jubilación a partir de los 60 los hombres y 55 las mujeres los trabajadores en relación de dependencia deben acreditar 30 años de servicios de los cuales deben ser con aportes. Si bien la normativa general al momento de su sanción suprimió las leyes especiales entonces vigentes, actualmente existen numerosos grupos que gozan de excepciones en los requisitos de edad, aportes y cálculos de haber. La legislación en materia de trabajo insalubre ha sido permisiva otorgándose numerosas facilidades a grupos laborales de fuerte peso político dentro del estado (como ferroviarios o docentes). A pesar de que generalmente se ve al aporte previsional como una capitalización individual de aportes en los hechos hace más de tres décadas que este funciona mediante un reparto simple de los ingresos corrientes. Solo la caja de los trabajadores dependientes del sector privado se autofinancia el estatal es solidario. Esta situación no solo refleja las tendencias del mercado laboral argentino y los consiguientes problemas para lograr la universalidad mediante esquemas de seguro

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social, sino que es también resultado de la aplicación de mecanismos permisivos de acceso al sistema mediante blanqueos, moratorias y la complementariedad entre cajas que facilitan la jubilación por la de autónomos. 4. 2. d) // Políticas de población. La inclusión de inmigrantes y la planificación familiar:  La política de asignaciones familiares: Este programa está hecho para cubrir a los trabajadores dependientes. La administración del mismo se hacía a través de las cajas de comercio y de industria. Si bien estas cajas son entidades privadas, administradas por representación igualitaria de patrones y obreros, estuvieron la mayor parte del tiempo intervenidos por el Estado. Tiene a su cargo el manejo de un fondo compensador que cubre las diferencias entre la contribución patronal fija sobre la nomina salarial y las asignaciones que los empleadores abonan periódicamente a su personal. En tanto el estado paga directamente las asignaciones correspondientes a su personal, y desde 1974 se incorporo como beneficiarios a los pasivos de las cajas para trabajadores privados, tanto dependientes como autónomos. Luego en 1981 se traslado el pago de las asignaciones familiares de los pasivos del Estado. Debido a la incorporación de los pasivos como beneficiarios dentro de los últimos 18 años los perceptores titulares de las cajas aumentaron 94%. Esta situación sumada a la permanente transferencia de fondos desde el as cajas hacia otros programas sociales fue deteriorando el valor real de los beneficios y su peso relativo en el total de los ingresos de los asalariados. Las asignaciones familiares actualmente vigentes se agrupan en:  Periódicas mensuales.  Periódicas anuales.  No periódicas. Dentro de las periódicas mensuales se agrupan las asignaciones por cónyuge: hijos (de 15 a 21 si estudia), familia numerosa (se subsidia por cada hijo a partir del tercero) y pre-escolaridad primaria, media y superior (por cada hijo concurrente de manera regular a establecimientos de enseñanza estatal en esos niveles). En el grupo de las periódicas anuales se agrupan las ayudas complementarias de vacaciones y la ayuda escolar primaria. Por último en el grupo de las no periódicas, se agrupan la asignación prenatal, que se otorga durante los nueve meses anteriores al parto a la mujer embarazada o para el trabajador cuya mujer no trabaja.  Políticas de asistencias y promoción social: Históricamente las políticas de asistencia y promoción social en Argentina se caracterizan por su forma residual, estarían compuestos por todos aquellos programas y acciones sociales que no forman parte de las políticas más sistemáticas y organizadas. La diversidad y discontinuidad de sus programas, define un alto grado de indeterminación con respecto a la población hacia la cual se orienta este tipo de política. En el aspecto organizativo, se nota una clara superposición de objetivos. El carácter residual de sus políticas asistenciales y promocionales se comprueba también a través de la magnitud de los recursos que movilizan: en general, movilizan el 1% del PBI ,

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mientras tanto los indicadores de pobreza por ingresos insuficientes crecen en forma significativa. Según estimación de UNICEF en la década del 1990 la población menor con necesidades especifica de atención preventiva alcanzaba los 2.4 millones (o sea un tercio de la población de entre 6 y 18 años) mientras que se calculaba en 6000 el número de niños en la calle. Entre las estrategias de intervención puede encontrarse desde la clásica segregación en el asilo o internado hasta otras políticas más preventivas. Dentro de este grupo pueden encontrarse los programas de “amas externas”, de familias sustitutas y menores entregados para adopción que pese a su implementación en total solamente cubrieron a unos 500 menores al año. Por otra parte existen también, en menor proporción, programas para los ancianos en situación de calle como también programas de ayuda a los discapacitados. Luego del retorno a la democracia, los programas asistenciales que mas repercutieron son el de promoción social nutricional y el plan alimentario nacional (PAN). En el primer caso, el objetivo básico era mejorar el nivel nutricional de los niños en edad pre-escolar y escolar,. En tanto el PAN creado en 1984, pretendía enfrentar la situación de la población con deficiencias alimentarias agudas y se implementa mediante la distribución de “cajas de alimentos” no perecederos siendo que para 1984 el plan incorporaba 907 mil familias aumentando su número para el periodo 85 – 88 en 1.4 millones.  Política de vivienda: El déficit habitacional en Argentina para los años 90 fue estimado en casi 3 millones de unidades, lo que correspondía al 35% de los hogares del país. Este déficit tiene características y niveles distintos de gravedad Por un lado, se encuentran las viviendas que por el tipo y calidad de los materiales utilizados son irrecuperables y deben ser reemplazadas por un unidades nuevas (esto comprende unas 900 mil viviendas). Por otro lado, la mitad del déficit total corresponde a viviendas inadecuadas pero recuperables en tanto e mejoren instalaciones tales como las sanitarias. La política pública en materia de vivienda se realizo mediante dos instrumentos principales:  El fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)  Banco Hipotecario Nacional (BHP) En lo que respecta al FONAVI, sus recurso provenían casi exclusivamente de una alícuota del impuesto al salario y los recuperos de crédito fueron casi insignificantes. EN tanto la operatoria del BHN se dirigió tradicionalmente a los sectores de ingresos medios, financiando obras nuevas, individuales, otorgando crédito para refacciones, ampliaciones, terminaciones e incluso la adquisición de unidades usadas. Originariamente, sus fondos se obtenían mediante la emisión de cedulas hipotecarias que se negociaban en el mercado de capitales. Esta política del BHN, junto con el elevado costo de construcción de las viviendas del FONAVI, los mecanismos de contratación y el no cumplimiento de los pasos de obras fueron motivo de fuertes críticas concluyendo en la supresión de las políticas de vivienda en Argentina  La inclusión de inmigrantes en la Argentina: Las respuestas políticas del Estado frente a la inmigración afectan las construcciones sociales que se elaboran alrededor de sus características y su función social, así como las representaciones de los distintos actores sociales sobre los inmigrantes influyen en la elaboración y aplicación de las políticas migratorias. A lo largo de más de un siglo de

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inmigración en Argentina podemos distinguir en el discurso dominante dos perspectivas que coexisten en el imaginario social actual: los inmigrantes como “aporte” o “contribución” por un lado y como “amenaza” por el otro, lo cual configura, la frontera que separa a aquellos que son admitidos de los que son rechazados, ya sea para ingresar al territorio o para formar parte de la nación. De acuerdo al grado de aceptación o se han construido en el discurso político categorías como “inmigrantes deseables” e “inmigrantes indeseables” respectivamente. En la actualidad, las advertencias acerca de la “amenaza” que puede constituir la inmigración para la sociedad receptora aparecen también en distintos países tradicionales o recientes de inmigración, lo cual muestra claramente la proliferación de argumentos xenófobos sostenidos por la llamada Nueva Derecha. En distintos contextos marcados por el auge del neoliberalismo, se han desplegado en contra de la inmigración argumentos de carácter económico, referidos principalmente a la competencia entre locales e inmigrantes en el mercado de trabajo y el aumento de las tasas de desempleo, y se han esgrimido otros de carácter político en nombre de la uniformidad cultural, la identidad nacional, la cohesión social y/o la democracia. También hay que considerar que como reacción a estos ataques conservadores, se han multiplicado aquellas organizaciones dedicadas a luchar contra la discriminación étnica y a favor de los derechos de los inmigrantes. En la Argentina, la noción de inmigrante, tuvo desde su momento fundacional una connotación positiva. Esta visión positiva de la inmigración estuvo asociada a la imagen de los inmigrantes como “agentes de civilización” y “fuerza de trabajo”. Esto ocurre en un período histórico caracterizado por un desarrollo capitalista dependiente basado en la afluencia de capital y mano de obra extrajera y sostenido por una estrategia agro-exportadora, donde se sanciona la Ley de Inmigración de 1876 conocida como Ley Avellaneda, a través de la cual se canalizarán el flujo migratorio hacia la Argentina y el proceso colonizador. Con posterioridad, los inmigrantes dejaron de ser “laboriosos” para volverse “potencialmente peligrosos”. A principios del siglo XX, con el crecimiento de la participación de los inmigrantes en la formación de asociaciones obreras y movimientos políticos socialistas y anarquistas la figura del inmigrante se torna para las clases dirigentes una amenaza al orden social. Para los inmigrantes que fueron expulsados del país por motivos políticos a principios de siglo y para “potenciales subversivos” se reservaba el rótulo de “extranjero”. El carácter autoritario y represivo de estas leyes se actualizará a partir de la década de los sesenta durante la dictadura de Onganía y con la última dictadura militar, cuando se institucionaliza la Doctrina de Seguridad Nacional con la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, conocida también como Ley Videla. Esta normativa, reduce a su mínima expresión los derechos del migrante habilitando la detención sin orden judicial, así como los allanamientos de hogares donde se sospechaba que se encontraban migrantes irregulares, obliga a denunciar a aquellos extranjeros sin la documentación requerida para residir en el país, restringe el acceso a la salud, educación y trabajo a los migrantes en situación irregular, y limita las posibilidades de realizar trámites de radicación a aquellos migrantes que deseaban hacerlo una vez instalados en el país. Las respuestas políticas a la inmigración también aparecen en otros ámbitos estatales. La educación pública, junto al servicio militar y el voto obligatorio, fue concebida por el Estado y las clases dirigentes como un instrumento necesario para conseguir no sólo la nacionalización, sino también la “argentinización” de los inmigrantes. A fines del siglo XX, durante la década de los noventa, resurge con intensidad la figura de la inmigración como amenaza. Desde determinados ámbitos del Estado, especialmente aquellos más próximos a la problemática migratoria, se buscó asociar los problemas sociales y económicos a la inmigración, encontrando en los inmigrantes limítrofes los

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responsables de aquellos efectos provenientes en realidad de las reformas económicas implementadas en Argentina bajo el paradigma neoliberal. La consecuencia política fue la implementación de medidas administrativas de carácter restrictivo dirigidas a la inmigración limítrofe, aunque no prosperó el establecimiento de una ley migratoria más estricta, se consiguieron mayores detenciones y expulsiones de inmigrantes de los países vecinos. El crecimiento de la llamada migración ilegal o irregular fue uno de los resultados de la implementación de estas medidas restrictivas y represivas, actuando el Estado como productor de “ilegalidad”. Esta es una de las maneras en que el Estado participa en la producción de desigualdad y exclusión social y marca los límites de inserción de los inmigrantes en la sociedad receptora. En los inicios de la presente década se generan ciertas condiciones favorables para la aprobación de una nueva ley de migraciones, fundamentada en la necesidad de poner fin a la vigencia de la Ley Videla y definir las bases fundamentales para una política migratoria y poblacional para la Argentina de cara a las nuevas realidades del contexto regional e internacional. En términos generales, asociada a una visión positiva de la inmigración, quizás se pueda inscribirla en la perspectiva de la “contribución”, se adoptan elementos del discurso pluralista a la vez que se acotan las prácticas que puedan afectar la unidad social y la unidad nacional. La nueva ley de migraciones contempla el reconocimiento de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los migrantes y establece una serie de acciones que facilitan la admisión, el ingreso y la permanencia de los migrantes así como su acceso a servicios sociales básicos como salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Se genera con esta normativa el resultado de la participación de organismos del Estado, organismos de derechos humanos, representantes de colectividades de inmigrantes, sindicatos e iglesias.

5. Aspectos institucionales. 5.1 Sus concepciones. )c El constitucionalismo social. )d Los derechos sociales. 5.2 Sistema institucional. )c Organización constitucional: La preferencia por el parlamentarismo y el protagonismo de los partidos políticos. )d Participación política: El sufragio universal, libre y secreto; inclusión de nuevos sectores.

5. 1. a) // El constitucionalismo social:  Antecedentes históricos: El desarrollo de las clases comerciantes, el mayor acceso al intercambio, a la técnica y a la cultura con mayor apertura que dio la Reforma Protestante, generó el ascenso social de la burguesía, acompasado al incremento de su poder económico, el liberalismo, padre 60

ideológico de los derechos llamados "de primera generación" o derechos civiles y políticos, con el valor libertad como piedra basal del denominado constitucionalismo clásico. El poder resulta de la concesión de parte de sus libertades que hacen las voluntades personales al Estado, que no se extiende más que a lo necesario para la organización de la justicia y la protección económica individual, la coordinación de las libertades individuales para el bien común. Una verdadera revolución del fundamento del poder. Así, al absolutismo monárquico se opone la soberanía popular, la voluntad libre de las partes que acuden al contrato. Se hace hincapié en la necesidad que las reglas de juego se plasmen en un texto organizado y sistematizado, pergeñando así la idea moderna de Constitución. La clase emergente, la burguesía, y sus crecientes intereses precisaban mayor libertad de desenvolvimiento. Exigiendo y en tal virtud, sembraron sus revoluciones en el espacio político y económico que anhelaban, originando la democracia liberal como sistema político y el capitalismo como patrón económico. Es en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica donde se dicta la primer Constitución escrita El 4 de julio de 1776, la declaración de la Independencia consagra los principios filosóficos y políticos de la ideología triunfante. La Revolución Francesa es la definitiva afrenta en Europa al absolutismo monárquico, la cual produce en 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, enunciativa para toda la humanidad, con carácter de naturales, inalienables y sagrados. Los hombres de las nuevas ideas propagaron el significado económico y político del liberalismo por toda Europa. Estos principios, son protectores de la libertad y de los derechos individuales, sostenedores del gobierno de la ley (Estado de derecho) como elaboración racional - normativa que planifica el orden político del Estado, La exaltación de los derechos individuales y la acelerada industrialización—que creó grandes masas de trabajadores obreros—trae como consecuencia que los obreros están totalmente desprotegidos, los derechos colectivos no se reconocen.  Constitucionalismo Social: Es la ideología por el cual el Estado ejecuta determinadas políticas sociales que garantizan y aseguran el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social.  El Constitucionalismo social propugna reivindicaciones y dar prevalencia a los derechos sociales y colectivos:  Jornada de trabajo de 8 horas.  Salario justo.  Beneficios sociales,  Seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.  Derecho a la huelga.

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 Contrato de trabajo protegido por el Estado. Pero sin abolir los derechos individuales de los cuales siguen gozando de la protección del Estado, pero subordinados al bien común.  Las bases fundamentales de esta clase de Estado son:  Justicia social: Se condensa en el intervencionismo del Estado sobre la economía capitalista reconociendo ciertas reivindicaciones de las clases trabajadoras. Economía intervenida por el Estado. En un principio impone los derechos sociales, luego interviene en la economía a través de lo sistema regulatorio de empresas privadas, y actualmente establece el sistema de economía plural El valor fundamental que se impone y que reconsidera la mera libertad abstracta es el de la igualdad, como idea rectora del llamado constitucionalismo social.  Ejemplo en nuestra Constitución Nacional:  Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  Situación política, económica y social hacia 1957: Pasados dos años del golpe del 55, la situación de los partidos políticos, mostraba al peronismo prohibido, proscrito y reprimido, con muchos de sus dirigentes y militantes presos o en el exilio. Dentro del radicalismo, la unidad ideológica no era demasiado sólida, lo que llevaría a la fractura, dividiéndose en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

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 ¿Cómo se llego al Artículo 14 bis?: Se sanciona el artículo 14 bis. Una vez que la Asamblea declaró que se encontraba en vigencia de la Constitución de 1853, resultó evidente que una parte considerable de los convencionales que permanecieron en la Asamblea, no estaba realmente interesada en producir reformas, sobre todo aquellas relacionadas con la economía, los servicios públicos y el derecho de propiedad. Varios convencionales y medios de prensa cuestionaron a la Comisión de Reforma por haber redactado un texto similar al célebre artículo 40 de la Constitución peronista, que establecía restricciones a los monopolios privados, garantizaba la propiedad pública de las fuentes de energía y establecía la obligación del Estado de prestar los servicios públicos. Nueve convencionales de la UCRP, pertenecientes al sector sabbatinista (Línea Córdoba), decidieron abandonar la Convención. La situación alarmó a los sectores más progresistas de los partidos que permanecían en Santa Fe, en particular al sector radical intransigente que había permanecido en la UCRP. En esta encrucijada, Crisólogo Larralde, entonces presidente de la UCRP, se trasladó a Santa Fe el día 23 de octubre para controlar personalmente la asistencia de los convencionales radicales. Ese mismo día once de los quince constituyentes conservadores se ausentaron haciendo fracasar por falta de quorum la sesión programada para votar el artículo sobre los derechos sociales, generalizando el clima de incertidumbre sobre el futuro de la Convención. El fracaso de la sesión obligó a los bloques que apoyaban el despacho a renegociar el texto con los conservadores, quitando varios derechos (protección contra el desempleo, maternidad y menores, formación profesional, rehabilitación de los incapacitados y fomento del cooperativismo), para que se hicieran presentes al día siguiente. De ese modo se logró que un número suficiente asista a la sesión del 24 de octubre donde se votó el artículo referido a los derechos del trabajo y la seguridad social, sancionado así como artículo nuevo después del artículo 14, o artículo 14 bis. En la elaboración del artículo 14 bis tuvo un papel destacado el convencional bonaerense Carlos Bravo, de la UCRP, autor del proyecto original y uno de los tres informantes sobre el despacho al plenario de la Convención, junto a sus correligionarios Luis María Jaureguiberry y Mario Giordano Echegoyen, este último responsable de los derechos relativos a la seguridad social. Durante el debate, Jaureguiberry definió el artículo como «una transacción de contenido histórico entre los que querían mantener la intangibilidad de la Carta del 53 en su redacción y los que deseábamos colocarnos en nuevos tiempos para no marchar a la zaga en principios de avanzada social». El artículo 14 bis volvió a incluir en la Constitución argentina los derechos que caracterizan al constitucionalismo social. Fue redactado dividido en tres párrafos: el primero trata del derecho individual del trabajo, el segundo del derecho colectivo del trabajo y el tercero de la seguridad social. Complementariamente la Convención realizó una segunda reforma, incluyendo en el artículo 67 (renumerado 75 en 1994) la frase "y del trabajo y seguridad social", reconociendo así al poder legislativo federal la facultad de dictar leyes laborales y previsionales, algo que venía discutiéndose desde principios de siglo.

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5. 1. b) // Los derechos sociales:  Derechos de Primera Segunda y Tercera Generación: Como ya vimos con el constitucionalismo social aparecen los derechos de primera generación, y son el punta pie inicial para que puedan seguir avanzando. Los derechos sociales los podemos encasillar en los de segunda generación. GENERACIÓN DE DERECHOS

ÉPOCA DE ACEPTACIÓN

TIPO DE DERECHOS

VALOR QUE DEFIENDEN

FUNCIÓN PRINCIPAL

EJEMPLOS

LIBERTAD

Limitar la acción del poder. Garantizar la participación política de los ciudadanos.

Derechos Civiles: Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad… Derechos Políticos: Derecho al voto, a la asociación, a la huelga… Derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna… Derecho a un medio ambiente limpio, a la paz, al desarrollo…

S. XVIII y XIX

Civiles y políticos

Segunda

S. XIX y XX

Económicos, Sociales y Culturales

IGUALDAD

Garantizar unas condiciones de vida dignas para todos

Tercera

S. XX y XXI

Justicia, paz y solidaridad

SOLIDARIDAD

Promover relaciones pacíficas y constructivas

Primera

 La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc.  La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.  La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los 64

pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar.  ¿De dónde vienen los derechos sociales?: Como su nombre indica, los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, necesita de la existencia de una sociedad, de grupos organizados en los que cada persona desempeña unos roles y ocupa un lugar que le es reconocido por sus semejantes, para poder existir. Aunque desde la Antigüedad (en Grecia, el Imperio romano y otras civilizaciones) ya se habían introducido figuras legales en este sentido, lo cierto es que los derechos sociales se remontan a la Revolución francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. La gran mayoría de las constituciones que se redactaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX incluyen algunos de los derechos sociales básicos, aunque aún faltaba un largo recorrido para su reconocimiento e institucionalización. No fue hasta los inicios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se logró un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y su alcance. Finalmente, todos estos avances sirvieron como base para el reconocimiento de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Vemos en el Pacto de San José de Costa Rica otro ejemplo de como se plasman los mismos y obliga a todos los estados partes no solo a respetar sino también al hacer cumplirlos:  Preámbulo (PSJCR): Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, Argentina, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia, han convenido en lo siguiente:  CAPITULO III // Derechos económicos, sociales y culturales // Artículo 26: Desarrollo progresivo: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

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Como ya introducimos anteriormente, los derechos sociales se encuentran en los de segunda generación.  Definición Derechos Sociales: Son aquel conjunto de derechos-prestación, que consisten en especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la obtención de prestaciones de cosas o de actividades, dentro del ámbito económico-social, frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a los grupos sociales dominantes.  Ejemplos: Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 5. 2. a) // Organización constitucional. La preferencia por el parlamentarismo y el protagonismo de los partidos políticos:  ¿Qué es el parlamentarismo?: Es un sistema democrático de gobierno que se opone al presidencialismo. Podemos ver en Europa es el sistema predominante con más de 30 países utilizan esta forma de gobierno, el más antiguo de ellos son las colonias Imperio Británico. Modernamente los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien monarquías parlamentarias, o bien repúblicas parlamentarias. En los sistemas parlamentarios el jefe de Estado es normalmente distinto del jefe de gobierno.  En comparación con el sistema presidencial podemos observar las siguientes ventajas: 66

A) Mayor profundidad democrática. B) Favorece los consensos. C) Reforzamiento del rol de los partidos políticos. D) Flexibilidad ante la crisis. E) Mayor eficacia. A) Mayor profundidad democrática: Un objetivo básico de las instituciones consiste en establecer un sistema de incentivos que premie los comportamientos acertados y castigue los comportamientos desacertados. Un sistema autocrático de gobierno carece de capacidad para corregir los desaciertos consustanciales. El sistema parlamentario refuerza la hegemonía del parlamento. El primer ministro es un delegado del parlamento y su actuación es objeto de contante monitoreo desde el lugar de designación. Está siendo vigilado permanentemente y si comete errores puede ser destituido o procesado por el parlamento. Por consiguiente el sistema parlamentario es más democrático, la oposición pone en jaque al gobierno y debe tener que explicar, justificar sus acciones y rendir cuenta de su resultado. B) Favorece el consenso: En el sistema parlamentario los partidos políticos que compiten deben tener en cuenta que luego deberán tener que unirse con otras fuerzas para formar una coalición. Esto también los obliga a suavizar el enfrentamiento preelectoral y esto favorece al clima luego de gobierno. Carlos niño “el parlamento con su carácter abierto, publico e igualitario se convierte en un verdadero foro de discusión pública, en el que el gobierno debe exponer cotidianamente de igual a igual a la crítica de la oposición sobre cada medida que el gobierno toma”. C) Reforzamiento del rol de los partidos políticos: Nunca se destacara lo suficiente el importante rol de los partidos políticos en las democracias representativas modernas. Ellos son los que proporcionan, en las actuales sociedades complejas, los canales de transmisión de las necesidades y preferencias sociales; son los que sistematizan las demandas reconvirtiéndolas en programas coherentes de acción política, y son los que proporcionan las listas de candidatos. D) Flexibilidad ante las crisis: El sistema parlamentario ofrece una mayor flexibilidad política dado que cualquier crisis da lugar a un simple cambio de gobierno, sin que se erosione las instituciones del sistema. También puede entender como la flexibilidad de adaptarse a los cambios de opinión del electorado y diversas situaciones políticas que se pueden presentar. E) Mayor eficacia: se define la eficacia como la capacidad de un sistema para conseguir sus objetivos. Se disminuyen los niveles de incertidumbre y la política se vuelve mas previsible. Esto es debido a las ventajas de la deliberación parlamentaria, que permite corregir las preferencias basadas en la falta información. Como podemos ver no en la actualidad no solo hay parlamentarismo sino otras formas de gobierno que derivan de ella o tienen su esencia. Veamos bien las diferencias entre el parlamentarismo y el presidencialismo.  Diferencias con el presidencialismo:

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Cuando se realiza un análisis de las distintas formas de gobierno, es difícil escapar a la tentación de extremar las virtudes de una y los defectos de la otra; particularmente cuando se efectúa un estudio comparado, de tal manera que el resultado obtenido no representa una comparación objetiva. Con la finalidad de evitar ese riesgo. Las diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo abarcan diversos aspectos que van desde los procedimientos de elección del gobierno hasta la potencialidad de legitimación, pasando por las relaciones entre los poderes del Estado y los mecanismos de control y rendimiento de cuentas. A continuación se destacan algunas divergencias entre ambos sistemas de gobierno, tomándolas como parámetros a través de los cuales se determinen con mayor claridad las características del parlamentarismo y presidencialismo:  Origen de Gobierno: En el presidencialismo puro la elección del Presidente (Jefe de Gobierno y Jefe de Estado) se efectúa, por lo general, en votación directa de la ciudadanía, lo que constituye una expresión fiel de la voluntad general. En el parlamentarismo puro el Jefe de Gobierno (regularmente denominado Primer Ministro) es elegido por el parlamento, donde debe existir un partido o coalición mayoritaria o, en su defecto, por medio de alianzas debe formarse una mayoría que pueda elegirlo  Elecciones: La elección directa del Presidente puede requerir de mayoría relativa o de mayoría absoluta, en cuyo caso se realiza generalmente una segunda vuelta electoral (ballotage) entre los candidatos más votados. En cambio en el parlamentarismo la elección del Jefe de Gobierno no puede hacerse por mayoría relativa dentro del parlamento, lo que obliga a la conformación de alianzas en caso de que ningún partido hubiese logrado la mayoría absoluta de los escaños.  Los partidarios del sistema parlamentario consideran que éste presenta mayores elementos democráticos que el presidencialismo, sin embargo, el estudio comparativo entre ambos regímenes comprueba que una gran constante de las observaciones es el grado de desarrollo contextual de cada sistema, cada país ha desarrollado una formula de gobierno con rasgos propios que, ubicándose en la clasificación de presidencialismo o parlamentarismo dándole forma a sus necesidades económicos, sociales, políticos y culturales que influyen en cuestiones constitucionales e institucionales, mismas que otorgan particularidades únicas al sistema de gobierno de cada país. De esta forma, los apologistas del sistema parlamentario deberían discutir sobre el régimen parlamentario que es más adecuado para sustituir al presidencialismo.  Las diferencias entre los sistemas parlamentario y presidencial son diversas y notorias, en lo que coinciden es en un aspecto fundamental: la supremacía de uno de los poderes del Estado sobre los demás. En los primeros, existe mayor influencia del órgano legislativo (con funciones ejecutivas) y en los segundos la personalidad y facultades del presidente sobresalen de las atribuciones de los poderes legislativo y judicial. En términos generales, ambos sistemas se contraponen a la teoría de la división de poderes formulada por Montesquieu, en la que, teóricamente, legislativo, ejecutivo y judicial se complementan como gobierno, mediante el sistema de pesos y contrapesos que impide la concentración de atribuciones en uno de éstos. La supremacía del ejecutivo en los países latinoamericanos con sistema de gobierno presidencialista a motivado a diversos estudiosos del tema a proponer diversas formulas

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para adecuar el presidencialismo a las condiciones específicas de las naciones de América Latina. Así Giovanni Sartori propone para el caso de México: el presidencialismo alternativo o presidencialismo intermitente. Este sistema se basa en poner a funcionar los dos motores de forma sucesiva. En él, los dos motores se eligen al mismo tiempo y por el mismo periodo. El sistema inicia como parlamentario, si funciona bien puede continuar con las mismas características, si no es así, entonces se enciende el motor presidencial y reviste las características de este sistema. Sartori señala que su formula descansa en los siguientes acuerdos estructurales: a) El parlamento que se acaba de constituir elige un gobierno (legislatura de 4 ó 5 años), lo que implica que el sistema funcionará con las reglas del sistema parlamentario, b) Si el gobierno parlamentario no funciona, entonces se cambia a uno presidencial “fuerte” por el resto del periodo de la legislatura; es decir, el presidente se convierte en jefe de gobierno, c) Los periodos del presidente (elegido directa o indirectamente por el sufragio de una mayoría absoluta o en una segunda vuelta) y del Poder Legislativo coinciden. El presidente puede ser reelecto sin ninguna limitación. d) En el periodo parlamentario, el presidente tiene las funciones de un jefe de Estado parlamentario, e) El presidente tiene una legitimidad “reservada”, y si el sistema parlamentario funciona bien, no será necesario alternar a uno presidencial. f) El gobierno parlamentario, con tal de conservar el poder, será “más efectivo y emprendedor”. g) Los cargos parlamentarios y los ministeriales son incompatibles entre sí, para evitar que el presidente pueda compensar a los legisladores que lo hayan ayudado a encender el motor presidencial. h) El presidente intermitente termina su periodo al mismo tiempo que la legislatura y no puede ser presidente presidencialista al inicio de cada legislatura. i) Si se prende el segundo motor porque no funcionó el parlamento, entonces es probable que sea un presidente fuerte pero sólo de dos a tres años. 5. 2. b) // Participación política. El sufragio universal, libre y secreto; inclusión de nuevos sectores:  Sufragio universal: El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Aunque el término "sufragio universal" ya había sido recogido en gran parte de las constituciones liberales del siglo XIX, hasta el siglo XX los Estados liberales aún establecían límites al voto por sexo y "raza". Tomaremos dos puntos históricos para explicar esto ya que como todo acontecimiento político, varia dependiendo de las sociedades. Miguel Ángel Cárcano en su libro Roque Sáenz Peña: la Revolución mediante los comicios, desde una perspectiva sociológica, lo define así: La máquina electoral no fue una invención argentina. En España funcionaba sin tropiezo y en Francia con suficiente eficacia. En los países sudamericanos se emplea regularmente. El propósito de la máquina es asegurar la continuidad del mismo partido por la elección de candidatos oficiales. Con ella, la mayoría de los gobernantes impone su sucesor. La ley construye las piezas esenciales y los funcionarios perfeccionan sus movimientos. La máquina electoral es impersonal. Obedece siempre al gobernante. Por más cuidado que ha puesto su constructor, sus resortes no le obedecen si otro ejerce la autoridad.

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Fue la reforma política más importante en doscientos años de vida argentina, la cual divide la política en un antes y un después. Es que si bien fue una reforma electoral, produjo importantes consecuencias políticas. Sin modificar la Constitución Nacional ni la composición de la Suprema Corte –que mantuvo absoluta estabilidad en cuanto a cantidad de integrantes, mecanismo y forma de elección de sus miembros entre 1862 y 1947–, y sin que hubiera sufrido un cambio el Congreso de amplia mayoría conservadora, se produjo una transformación política sustancial cuyas bases continúan vigentes hoy. El voto universal, secreto y obligatorio establecido por dicha ley es la base del sistema electoral argentino. Esta base no se ha alterado y ningún actor político relevante plantea hoy su modificación. La ley Sáenz Peña, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, estableció el voto universal secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral. Esta ley debe su nombre a su impulsor, el presidente Roque Sáenz Peña, miembro del ala modernista del Partido Autonomista Nacional. Fue coautor de la misma el político católico Indalecio Gómez. Esta ley adoptaba el espíritu de universalizar el voto, aunque en la práctica había restricciones que dejaban fuera a parte de la sociedad. La ley no prohibía el voto de la mujer, siendo esto muy avanzado para la época, de hecho la primera mujer en votar en Argentina fue la Dra. Julieta Lanteri, quién votó el 26 de noviembre de 1911, sin embargo, posteriormente se sancionó en la ciudad de Buenos Aires una ordenanza que definía el uso del padrón del servicio militar obligatorio como padrón electoral, así se demoró el ingreso al padrón por parte de las mujeres hasta 1947. Otras personas que eran consideradas incapaces de ejercer el derecho fueron los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no podían expresarse por escrito. Por su estado y condición se hallaban imposibilitados de votar los religiosos, los soldados y los detenidos por juez competente. Por causas de indignidad, no podían sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena, los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso de cinco años. Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en cada capital de provincia, integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Federal y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la capital de la república la integró el Presidente de la Cámara Civil. La primera aplicación de la ley fue en abril de 1912, en Santa Fe y Buenos Aires. Las primeras elecciones presidenciales realizadas bajo el sistema de la ley ocurrieron en 1916, cuatro años después de su sanción, y resultaron el triunfo del candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, la principal fuerza opositora al Partido Autonomista Nacional y que hasta entonces no había accedido al poder.  Contexto histórico:

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En 1902 se produjo en la República Argentina una división en el gobernante Partido Autonomista Nacional (P.A.N.) en torno a la sucesión del dos veces presidente Julio Argentino Roca. La "junta de notables", instaurada desde 2289 como riñón no formal de selección del candidato presidencial del partido dominante, se fracturó en torno a la decisión de Roca de impulsar al abogado Manuel Quintana y al compromiso de postular al expresidente Carlos Pellegrini en la elección. Allí nacieron dos expresiones políticas dentro de la ideología conservadora: los "autonomistas nacionales" o ro quistas, con su política intransigente de mantener el antiguo régimen electoral, y los "autonomistas" o telegrafistas, sectores escindidos del P.A.N. influidos por las revoluciones radicales, los atentados anarquistas y las huelgas obreras. Una de las mayores preocupaciones de los telegrafistas era transpolar las protestas de las calles al Congreso de la Nación Argentina dando cabida política a los nuevos actores sociales. Para ello se hacía necesario dar espacios de representación al principal partido opositor, la Unión Cívica Radical, pero también al moderado Partido Socialista. De esa manera, se debilitaría a las dos grandes fuerzas sociales emergentes de la época: el obrerismo y el anarquismo. La muerte del presidente Quintana y la asunción del suarista Figueroa Alcorta paulatinamente produjo un desbalance político en favor de los anarquistas que, a pesar de la muerte de Carlos Pellegrini, el 17 de julio de 1900, impusieron a su candidato, el embajador Roque Sáenz Peña. Éste fue el impulsor de un nuevo sistema de sufragio en Argentina a partir de la Ley Nacional 8.871. A lo largo de la historia de la política el primer problema que se planteó con respecto al sufragio es el de su extensión. Es decir, si debe ser universal, como derecho a participar en la elección de los elencos de gobierno que pertenece a todos los habitantes de una comunidad; o si debe ser restringido, en el que ciertos individuos deben ser privados de ese derecho en razón del sexo, lugar de nacimiento, lugar de residencia (provincia o territorio nacional), deficiencias físicas y mentales, nivel de instrucción, fortuna, relación de dependencia (religiosa, militar, servidumbre), etnia, edad y moralidad. Antecedentes históricos: las Provincias del Río de la Plata. Bernardino Rivadavia fue el impulsor de la Ley de Sufragio Directo que sancionó por primera vez el voto directo y universal en el Río de la Plata. El derecho del sufragio, en las primeras instituciones políticas rioplatenses, se derivó de los municipios indianos de la época colonial y de la milicia, es decir de la formación de todos los hombres en edad de llevar armas con la obligación de defender su municipio. Cuando el pueblo irrumpió en la historia del Río de la Plata lo hizo formando milicias comandadas por un Jefe o caudillo (así se llame al jefe de las milicias en las antiguas leyes españolas) con los poderes suficientes para defender a la comunidad. “El primer derecho y deber del pueblo es elegir un Caudillo” dice el Estatuto de Santa Fe de 1819 dado por Estanislao López, cuando Santa Fe era un “Pueblo Libre” federado a la Liga de los Pueblos Libres de José Gervasio Artigas. En la región sur de los pueblos libres, en el territorio de Buenos Aires, el derecho del sufragio tuvo una evolución histórica diferente. Con la desaparición del Directorio, como órgano central de gobierno, la desorganización, la falta de desarrollo y protección del comercio y la vulnerabilidad militar de las familias acomodadas de la ciudad y de

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los ganaderos de la campaña frente a los pueblos originarios situados al sur y los caudillos del litoral, llevó a los pobladores a constituir un estado provincial autónomo. Así surgió la Provincia de Buenos Aires. En 1820, la ciudad y la campaña se unieron en el llamado “Partido del Orden”, estableciendo una Sala de Representantes y designando un gobernador que fue a la vez jefe de las milicias bonaerenses. La situación de debilidad política local requería de un nuevo régimen representativo para legitimar el poder surgido de la crisis de la Anarquía del Año XX. Bajo las políticas liberales del gobernador Martín Rodríguez se instituyó un esquema de gobierno representativo basado en un sufragio amplio y directo; reestructurando el espacio político territorial por medio de la participación política de la campaña a través del voto y suprimiendo los cabildos. Con estos mecanismos, se buscaba crear una participación más vasta para evitar el triunfo de facciones minoritarias que asumieran el poder y, por otro lado, la realización de asambleas que cuestionaran la legitimidad de las elecciones, así como del nuevo poder provincial creado. La universalidad del voto se estableció sin conflicto puesto que la elite y la clase dirigente supusieron que su aplicación traería disciplina y orden en un espacio altamente movilizado luego de la guerra de independencia. El gran avance y la gran novedad del régimen representativo implantado en Buenos Aires fue que combinaba el sufragio directo al voto activo sin restricciones. En 1821, se sancionó la Ley de Sufragio Directo por iniciativa de Juan José Paso, Bernardino Rivadavia y Manuel García estableciendo que «será directa la elección de los representantes que deben completar la representación extraordinaria y constituyente», y que «todo hombre libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de veinte años o antes, si fuere emancipado, será hábil para elegir».5 En Buenos Aires fue un instrumento de cohesión social, de alcance limitado, porque la fecha y lugar del acto comicial siguieron siendo desconocidos para la mayoría de la población de la campaña.  La lucha por el voto: La Decimoquinta Enmienda (1870) es una de las Enmiendas posteriores a la Guerra Civil, conocidas como las Enmiendas de Reconstrucción. Esta enmienda prohíbe a los estados o al gobierno federal usar la raza de un ciudadano, el color, o el estado anterior como esclavo como una restricción para el voto. Su objetivo básico era conceder el derecho de votar a antiguos esclavos. La primera persona en votar bajo las estipulaciones de la enmienda fue Thomas Mundy Peterson que emitió su voto en una elección al consejo escolar en Perth Amboy celebrada el 4 de febrero de 1870, el día después de que la decimoquinta enmienda fuera ratificada. Pero no fue realmente hasta la Ley de Derechos de Voto en 1965, casi un siglo más tarde, que la promesa plena de la decimoquinta enmienda fue conseguida realmente en todos los estados. Después del paso a una base per cápita y absoluta, más negros fueron elegidos para cargos políticos durante el período de 1865 hasta 1880 que en cualquier otra época en la historia americana. Aunque ningún estado eligiera a un gobernador negro durante la Reconstrucción, varias legislaturas estatales estaban efectivamente bajo el control de un sustancial número de votantes afroamericanos. Estas legislaturas trajeron programas que

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son considerados actualmente parte del deber del gobierno, pero entonces eran radicales, como la educación pública universal. También hicieron a un lado todas las leyes con prejuicios raciales, incluso aquellas que prohibían el matrimonio interracial (llamadas leyes de antimestizaje). A pesar de los esfuerzos de grupos como el KuKluxKlan para intimidar a votantes negros y Republicanos blancos, la garantía de apoyo federal a los gobiernos del sur democráticamente elegidos significó que la mayor parte de votantes Republicanos podrían votar y mantener la regla de confidencialidad. Por ejemplo, cuando una muchedumbre blanca intentó asumir el gobierno interracial de Nueva Orleans, el Presidente Ulysses S. Grant envió tropas federales para restaurar al alcalde electo. Sin embargo, después de la ajustada elección de Rutherford B. Hayes, Hayes, a fin de apaciguar al Sur, consintió en retirar las tropas federales. También pasó por alto la violencia en las votaciones en el Sur Profundo a pesar de varias tentativas de los Republicanos para aprobar leyes que aseguraran los derechos de los votantes negros y castigar la intimidación. Como muestra de la desgana del Congreso de tomar cualquier acción en esta época, hasta un proyecto de ley que habría requerido que incidentes de violencia sólo en centros electorales fueran hechos públicos no pudo ser aprobado. Sin las restricciones, la violencia en los lugares de votación contra negros y Republicanos aumentó, incluso con casos de asesinato. La mayor parte de estos hechos sucedían sin ninguna interferencia por parte de las fuerzas de la ley, y a menudo hasta con su cooperación. Antes de los años 1890, muchos estados del sur tenían rigurosas leyes de calificación de votantes, incluso pruebas de alfabetismo e impuestos. Algunos estados hasta hicieron difícil de encontrar un lugar para registrarse para votar. La obtención del voto femenino suele asociarse a una conquista del peronismo, con Evita a la cabeza. Lo cierto es que este derecho se conquistó luego de una extensa, y nada fácil, lucha de militantes socialistas y feministas en nuestro país y en el mundo. De hecho, cuarenta años antes, el 26 de noviembre de 1911 Julieta Lanteri, luego de varios intentos previos, logró votar en la ciudad de Buenos Aires, aunque no pudo lograr extender en ese momento ese derecho para todas las mujeres. Luego de esto, se sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino, con el argumento de que para empadronarse era necesario el registro del servicio militar.  Una lucha larga e internacional: La lucha por los derechos civiles de las mujeres y el voto femenino se remonta muchos años atrás. En Gran Bretaña y Estados Unidos surgieron importantes movimientos sufragistas donde las mujeres se movilizaron exigiendo sus derechos. Esta lucha no estuvo ajena a las cuestiones sociales de la época ni a la lucha por los derechos de los trabajadores. Esto incluso significó divisiones, por ejemplo, al interior del movimiento inglés. Es el caso de Emmeline Pankhurst y su hija. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las diferentes posiciones hicieron que Sylvia Pankhurst rompiera con la Unión fundada por su madre, quien llamaba a las mujeres a movilizarse por el derecho al voto pero con un contenido patriótico. Su hija en cambio no estaba de acuerdo en brindar su apoyo al gobierno británico en la guerra mundial.

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En Argentina también desde principios del siglo pasado militantes feministas y socialistas compartieron sus luchas por los derechos civiles y los derechos laborales. Una de las figuras destacadas fue Julieta Lanteri, quien ya mencionamos por haber sido la primera mujer en poder emitir su voto. Junto con la socialista Alicia Moreau funda el Centro Feminista, primera organización que luchó explícitamente por los derechos de las mujeres. Lanteri, lejos de remitir su lucha solamente al voto, tomaba la lucha por las condiciones de trabajo de las mujeres, el derecho al divorcio, luchaba contra proxenetas y contra la intromisión de la Iglesia en la vida de las personas. Comprometida en la lucha de las trabajadoras, en 1912 las lavanderas de La Higiénica la nombran su asesora frente a la patronal.  El peronismo y el voto femenino: Será recién en 1947, con la primera presidencia de Perón, cuando se sancione la ley del voto femenino. Eva Duarte, que hasta ese momento no había tenido la menor preocupación por este tema, fue quien presidió la Comisión Pro Sufragio. El (reciente) interés del peronismo por esta cuestión tenía sus razones. La mujer argentina se había incorporado masivamente al mercado laboral, de ahí que la política de contención de este movimiento no podía seguir excluyendo a millones de mujeres de los derechos civiles. De hecho, el voto femenino le permitió ganar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un distrito altamente opositor. El 64% del padrón de mujeres votó por la fórmula Perón.

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