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PAGINA: http://psicologiajuridica.org/psj200.html MENORES INFRACTORES: Dimensiones y alternativas JAIME ERNESTO VARGAS MENDOZA JORGE EVERARDO AGUILAR MORALES ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE PSICOLOGÍA Introducción I - El Problema II - Las Causas III – La Prevención IV - El Tratamiento Institucional V - El Tratamiento Comunitario VI - La Evaluación VII – Conclusión Bibliografía El comportamiento problemático de los adolescentes es motivo de preocupación para las instituciones dedicadas a la educación, a la salud mental y a la impartición de justicia, en cualquier país. En cada una de estas instancias se han desarrollado estrategias de intervención diseñadas con el propósito de reducir tales comportamientos o al menos para promover conductas alternativas adecuadas. Las filosofías, ideologías y estrategias varían ampliamente y es un enfoque científico el que puede contribuir para evaluar qué intervenciones resultan de ayuda, cuáles son benignas y cuáles otras tienen efectos negativos para los jóvenes (Dishion, McCord y Poulin, 1999). EL PROBLEMA. La delincuencia juvenil es un problema con diferentes facetas. Se trata de un problema social, en cuanto que representa un fracaso de la sociedad en la educación de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que atenta contra el estado de derecho, el respeto de las instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y la

seguridad de los ciudadanos. Es un problema económico, cuando los comportamientos delictivos atentan contra el patrimonio y la propiedad privada o cuando promueven una economía basada en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, el robo de autopartes, la piratería, el fraude y el chantaje. Es también un problema político que se constituye en un reto para las autoridades, quienes tienen que desarrollar estrategias para prevenirlo y para tratarlo. Deben presupuestar los gastos de estos esfuerzos, capacitar personal y mantener instituciones judiciales y de custodia. Se trata de un problema científico, cuando se aborda la necesidad de explicar las causas de estos actos, de diseñar y poner en operación medidas preventivas y correctivas, así como de evaluar los resultados de dichas intervenciones. El panorama longitudinal muestra un crecimiento continuo de estos problemas de comportamiento. Las primeras estadísticas, en los Estados Unidos, las vemos en los reportes como el de Wirt y Briggs (1965), quien citando fuentes del FBI nos dice que en los años 50’s se triplica la delincuencia juvenil, de cerca de 300,000 a millones de detenciones al año (Ullman y Krasner, 1969). En los años 60’s la proporción de crímenes cometidos aumentó un 80%, mientras que la población solo se incrementó en un 11% (Davison y Neale, 1983). Siendo esta tendencia una característica hasta nuestros días. Los comportamientos delictivos mas frecuentes en los jóvenes se relacionan con el estupro y otras ofensas sexuales, el robo y los asaltos, así como infracciones vinculadas con la posesión, el consumo y el tráfico de drogas. Es mas frecuente observar estos comportamientos en varones de clase media-baja, con baja escolaridad. Normalmente provienen de hogares desintegrados o donde uno o ambos padres manifiestan también conductas antisociales. Muchas veces provienen de barrios característicos, donde proliferan las pandillas. LAS CAUSAS. Se han planteado causas hereditarias para la conducta sociopática, estudios como los de Lange (1929) y Krans (1936) compararon los niveles de concordancia en la criminalidad entre gemelos idénticos y fraternos, demostrando que la correlación era mucho mas alta entre los primeros, respaldando así la teoría de que pueden intervenir factores genéticos. Sin embargo, también es posible que estos

gemelos recibieran durante su infancia un trato similar, que mas bien nos llevaría a ponderar la importancia de los factores ambientales. También se ha divulgado el hecho de que en varones que cometieron crímenes particularmente violentos se haya encontrado un cromosoma masculino adicional (XYY) que, sin duda, es una aberración genética. Pero Rosenthal (1970) notó que del gran numero de criminales y delincuentes examinados hasta la fecha, solo cerca del 1.5% presentaron esta característica. Otros enfoques examinan los patrones de actividad de las ondas cerebrales. Ellingson (1954) revisó los primeros estudios e informó en trece de catorce de estos reportes que, después de examinar aproximadamente 1500 sujetos, encontró que del 31 al 58% manifestaron algún tipo de anormalidad electroencefalográfica (EEG). El tipo mas frecuente de anormalidad fue una actividad caracterizada por ondas lentas, generalmente difundidas por todo el cerebro. Sin embargo, según Hill (1952), hay pruebas de que en los individuos muy impulsivos y agresivos, las anormalidades del EEG se hallan en los lóbulos temporales de los hemisferios cerebrales. Se trata de los llamados picos positivos, explosiones de actividad con frecuencias de 6 a 8 ciclos por segundo (cps) y de 14 a 16 cps. Es muy posible que estas anormalidades del EEG reflejen algún tipo de disfunción de los mecanismos temporales y límbicos subyacentes que intervienen en los procesos sensoriales y mnémicos y en la regulación que el sistema nervioso lleva a cabo sobre la conducta emocional y motivacional, que se traduzcan en una disfunción que haga que a estas personas les sea difícil aprender a evitar una conducta que pueda acarrear un castigo. Así, Cleckley (1964) afirma que un criterio para la definición del síndrome sociopático es la incapacidad de los sociópatas para aprender en base a la experiencia. En lo particular, no parecen sentir la necesidad de evitar las consecuencias de su conducta antisocial . En esa línea de pensamiento, Likken (1957) dedujo que el sociópata podía tener pocas inhibiciones para cometer actos antisociales debido a que era poco ansioso. Aplicó diversas pruebas a fin de determinar si los sociópatas realmente tenían niveles bajos de ansiedad. Una de estas pruebas implicó el aprendizaje de evitación. Los datos de la investigación de Schachter y Latané (1964) añadieron apoyo a esta interpretación. No obstante, la investigación de Schmauk (1970) cuestiona estas interpretaciones, al demostrar que los sociópatas sí pueden aprender a evitar castigos, mientras estos sean relevantes a sus sistema de valores (perder dinero vs. castigo físico, tangible o social).

Debemos consignar también que los sociópatas suelen describirse como personas que no pueden responder emocionalmente al afrontar situaciones familiares o nuevas juzgadas como angustiantes o desagradables por la mayoría de la gente. Esta descripción es notablemente congruente con el descubrimiento de Schachter y Latané en el sentido de que los sociópatas no evitan normalmente las descargas eléctricas, pero que sí lo llegan a hacer cuando aumenta la excitación de su sistema nervioso autónomo por inyecciones de adrenalina. De esta manera, Quay (1965) sugirió que la impulsividad del sociópata, su sed de emociones fuertes, y su incapacidad de tolerar la rutina y el aburrimiento son propiciadas por su estado de baja excitación. Skrzypek (1969) probó esta hipótesis con una muestra de reclusos sociopáticos y no sociopáticos y descubrió que los sociópatas efectivamente manifestaron una preferencia algo mayor que los demás reclusos hacia la novedad y la complejidad (Davison y Neale, 1983). La atmósfera familiar de los jóvenes delincuentes también se argumenta que es un factor responsable de su conducta inapropiada. Investigaciones iniciales como las de Partridge (1928), Knight (1933) y Haller (1942) consideran que el rechazo, generalmente de la madre, es un factor causal de este fenómeno. Otro grupo de investigadores (Szurek, 1942; Lindner, 1944; Greenacre, 1945, Bowlby, 1952) también plantean el rechazo, pero del padre. Uno de los estudios mas amplios sobre la conducta criminal, McCord, McCord y Zola (1959) reporta una fuerte liga entre la presencia de conducta psicopática y la privación emocional que produce el conflicto con los padres, la crueldad, el castigo errático y la falta de reconocimiento. Mas recientemente, Buss (1966) argumenta que hay dos clases de modelos parentales que llevan al desarrollo de la psicopatía. Primero, cuando el padre es frío y distante del niño. Buss dice que el pequeño imita al padre y se vuelve frío y distante en sus propias relaciones. En segundo lugar, cuando los padres son inconsistentes en su entrega de recompensas y castigos, lo que hace difícil para el niño aprender a definir el rol modelado, teniendo como resultado que no se desarrolle consistentemente un modelo de sí mismo. Estas persona parecen privados de estimulación (Quay, 1965), pues aquello que podría ser adecuado para moldear la conducta de muchas personas en la sociedad, no les resulta suficiente para mantener un comportamiento de conformidad. El resultado es la extinción y no el reforzamiento. Estas personas actúan impulsivamente debido a que la cantidad de reforzamiento efectivo es insuficiente para mantener su conducta (Ullman y Krasner,1969).

Hace poco que empieza a cobrar importancia la teoría general de la tensión emocional, desarrollada por Agnew (2001), donde se argumenta que los estresores aumentan la probabilidad de que emociones negativas como la rabia y la frustración ocurran. Estas emociones hacen presión para que se den acciones correctivas y el crimen es una posible respuesta. Se trata de un enfoque cognoscitivo que pretende explicar el fenómeno del aprendizaje de la conducta delictiva. Se dice que el crimen es una forma de reducir la tensión (ejemplo: robar el dinero que uno necesita), buscar venganza o aliviar emociones negativas (ejemplo: mediante el consumo de drogas). La teoría apunta a varias categorías nuevas de estresores como la pérdida de estimulación positiva (ejemplo: pérdida de la pareja romántica, muerte de un amigo), la presentación de estimulación negativa (ejemplo: asalto físico o insultos verbales) y nuevas categorías de obstáculos para alcanzar metas (ejemplo: el no lograr que se haga justicia). En particular, es mas probable que la tensión lleve al crimen cuando el individuo carece de habilidades y recursos para enfrentarla de manera legítima, cuenta con poco apoyo social, tiene poco control social, maldice que traten mal a otros y está dispuesto a ser criminal. Eventos negativos en la vida, sentirse hastiado, relaciones negativas con los adultos, peleas entre los padres, se asocian significativamente con la delincuencia. Es mas probable que los estresores lleven al crimen cuando estos se perciben como (a) injustos, (b) intensos, (c) asociados con poco control social o (d) como incentivos para formas criminales de enfrentarlos. La conducta delictiva se facilita si uno se expone a modelos o ejemplos de ella (en los medios), si se premia el crimen (en las subculturas o pandillas) o si se generan pseudo-valores (como el "machismo"). Esta teoría de la tensión emocional señala como factores de riesgo para la conducta delictiva: (1) el rechazo de los padres, (2) la supervisión y la disciplina estricta, (3) el haber recibido abuso por parte de otros, (4) las experiencias negativas en la escuela, malas calificaciones, problemas con los maestros y el ver la escuela como aburrida o inútil, (5) el sub-empleo. (6) el hogar desintegrado o la falta de hogar, (7) el abuso de parte de compañeros o "amigos", (8) el haber sido víctima de un crimen, (9) las experiencias de discriminación por causas raciales, religiosas u otras. Un trabajo verdaderamente esclarecedor de la etiología de la conducta antisocial, es el de Patterson (2002). Asume que esta conducta es aprendida por reforzamiento y aclara la naturaleza de los reforzadores, quienes los otorgan y qué determina que se les proporcionen.

En los estudios de campo realizados en guarderías se observó que 80% de los 2,583 eventos agresivos registrados, la agresión era seguida de "llanto de la víctima" o "de que la víctima le da el juguete". Estos son reforzadores positivos para el atacante, aunque a veces interviene el maestro o la víctima no cede. Los actos de estos niños les funcionan bien y cuando hay poco control de parte de los adultos, la víctima es quien proporciona el reforzamiento. Al verse premiado, el atacante lo vuelve a hacer de la misma forma y con la misma víctima. Cuando no obtiene el premio, cambia su forma de atacar o cambia de víctima. También, en observaciones hechas en los hogares, se ha visto que el niño aprende a utilizar conductas aversivas para terminar conflictos con otros de sus familiares. Las familias problemáticas se involucran en relaciones aversivas una vez cada 16 minutos, siendo entre 10 y 15% de estas de tipo agresivas. Antes de que el niño agreda, generalmente ha sido agredido por otro de sus familiares. Los estudios mediante observación directa muestran que el entrenamiento de los agresores se inicia en la casa, tomando la forma de las relaciones coercitivas. Otros estudios muestran como resulta el antecedente aversivo el que la mamá no esté disponible y cuando el niño arremete (al hermano, por ejemplo), la disponibilidad de la madre sirve como reforzamiento. También se ha visto que los niños son reforzados negativamente por los adultos cuando su conducta agresiva hace que las solicitudes de los adultos terminen. Este mecanismo también es útil tanto para fortalecer conductas apropiadas, como otras muchas conductas desviadas. Los niños antisociales usualmente son detectados en la escuela y son rechazados por el grupo de compañeros normales. Entonces, estos buscan un grupo de amigos que sean igualmente problemáticos o desviados. Este proceso se continúa durante la adolescencia, donde el individuo antisocial cuidadosamente selecciona tanto amigos como pareja romántica, que igualen (y refuercen) su comportamiento desviado. Compañeros desviados modelan y refuerzan formas cubiertas de conducta antisocial (como el uso de sustancias, el robo, hacer trampa o mentir, defraudar y comprometerse en conducta sexual de alto riesgo). Ribes (1972) lo ha descrito diciendo que hay dos factores que determinan la conducta delictiva : (1) el reforzamiento intermitente que recibe y (2) las consecuencias aversivas demoradas que establece la

comunidad. La génesis directa de la conducta delictiva se encuentra, pues, en la incapacidad de la sociedad para procurar contingencias adecuadas que promuevan el desarrollo de repertorios pertinentes en todos los miembros del grupo, que les posibiliten el acceso a fuentes de reforzamiento sancionadas positivamente por dicha sociedad. LA PREVENCIÓN. Niños y jóvenes aprenden a ser delincuentes en tres escenarios frecuentes: el hogar, la escuela y el grupo de amigos. Evitar el efecto de los factores causales de este problema en estos ambientes, sin duda es de principal importancia. Una modalidad de intervención preventiva basada en la familia la encontramos en el programa de "educadores tempranos" o "programa FLEX", en el reporte de August, Realmuto, May y Lee (2003). Típicamente estas intervenciones se enfocan en fortalecer factores protectivos en la población, con objeto de ayudar a jóvenes de bajo riesgo, de influencias desviadas que puedan llevarlos a la conducta antisocial. Como ejemplos de intervenciones diseñadas para alcanzar una prevención universal están los mensajes en los medios sobre salud pública, políticas de disciplina en todas las escuelas, currículo de clases que enseñan solución de conflictos, manejo de la ira, asertividad y habilidades de auto-control. El programa se basa en la teoría del desarrollo para prevenir la violencia y la conducta antisocial. Se dirige a alumnos de edad escolar elemental, cuyo riesgo está indicado por una constelación de conductas agresivas, opositoras y disruptivas. Tiene dos grupos de afectación, los niños (CORE) y los padres (FLEX). Con los niños se usan procedimientos conductuales para promover competencia en habilidades sociales, logros académicos y auto-control. Incluye: (a) 6 semanas en una escuela de verano, (b) un programa escolar denominado "evalúa y conecta" y (c) un programa familiar con educación para padres. Es particularmente importante en comunidades o áreas empobrecidas, con familias desintegradas y/o vecindarios hostiles. Con los padres, el programa contempla: (a) un ajuste a las necesidades y preferencias de las familias específicas, (b) un enfoque mas hacia fortalecer su cohesión y competencia, que a corregir sus errores, (c) los padres participan para promover su propia salud, (d) se fortalecen los lazos comunitarios y (e) los logros dependen del propio esfuerzo de los participantes. FLEX funciona mediante visitas domiciliarias y se apoya en contratos negociados, tratando de reducir el estrés crónico que reduce la

capacidad de los padres de brindar cariño y apoyo a sus hijos. Tiene 4 etapas: (1) asesoría a sus necesidades, (2) planteamiento de metas y planeación estratégica, (3) intervenciones breves, dotación de recursos y canalización a otros servicios y (4) supervisión del progreso. En la primera etapa se aplican cuestionarios especiales (tests), dirigidos uno a los niños (CH-ART) y otro a los padres (P-ART), ambos enfocados a tres áreas: necesidades básicas de la vida, salud personal y funcionamiento familiar y calidad en las practicas de crianza. Los resultados de este programa muestran que los niños mas agresivos tienen reducciones en sus conductas agresivas, impulsivas e hiperactivas. Los padres reportan mejorías en sus practicas disciplinarias y reducciones en el estrés. En diseños de grupos aleatorios, tanto con niños caucásicos, como afro-americanos, se ven mejorías notables, en comparación con los grupos control, tanto en competencia social como en adaptación escolar. La prevención también debe llevarse a cabo en las escuelas. Los maestros saben que los problemas de conducta pueden impedir el buen funcionamiento de sus alumnos. Diversos casos de estudiantes que no progresan en el salón y se comportan agresivos, violentos o caprichosos por demandarles que hagan su trabajo, ejemplifican esta necesidad. Un programa bien implementado, con este propósito, es el desarrollado por Mary Magee Quinn y colaboradores (1998-2000). Se trata de un sistema de asesoría funcional y desarrollo de planes de intervención conductual, mediante equipos de profesionales que se encargan de desarrollar programas de educación individualizada. Procedimientos reactivos, como expulsar o castigar al alumno, no son de ayuda para resolver estos problemas a fondo. La asesoría conductual funcional busca más allá de la topografía de la conducta y se enfoca en identificar los factores biológicos, sociales, afectivos y ambientales, que inician, mantienen o terminan los comportamientos en cuestión. La idea general es la de dotar a los alumnos de conductas alternativas que tengan la misma función que sus malos comportamientos, para "conseguir" o "evitar" algo. Son 10 los pasos que conforman el método para realizar asesoría conductual funcional en las escuelas y prevenir la ocurrencia de conducta antisocial en los estudiantes: Describir y verificar la gravedad del problema.

Refinar la definición del problema conductual. Recolectar información sobre la posible función de la conducta problema. Analizar la información, triangulándola o mediante el enfoque de la solución de problemas. Generar hipótesis respecto a la posible función de la conducta problema. Comprobar la hipótesis. Desarrollar e implementar planes de intervención conductual. Supervisar la implementación del plan. Evaluar la efectividad del plan. Si fuera necesario, hacer las modificaciones pertinentes al plan. Solo recientemente los maestros han empezado a introducir programas diseñados para enseñar a sus estudiantes comportamientos mas aceptables y se ha hecho popular el área de desarrollo de las habilidades sociales. Por lo que toca a la prevención de la conducta antisocial en el grupo de amigos, uno de los reportes mas interesantes es el de Dishion, McCord y Poulin (1999), que nos advierte que esta estrategia genera resultados negativos (iatrogénicos). En la revisión de la literatura que hacen estos autores, 29% de las intervenciones reportadas muestran efectos negativos. Nos dicen ellos mismos, que se trata de una subestimación ya que usualmente no se publican estudios con efectos negativos. El consejo grupal y la intervención guiada de grupos de muchachos de alto riesgo, producen efectos negativos en la conducta delictiva y antisocial. Los estudios longitudinales sobre el desarrollo de conducta problema en adolescentes, muestran que tal comportamiento se promueve en el grupo de amigos y con el modelamiento o la asociación con compañeros desviados, aumentan los problemas de conducta. Así lo demuestra el Estudio de Jóvenes de Oregon (OYS) y el Programa de Transición para Adolescentes. Otro estudio similar que mostró resultados negativos fue el del Campamento de Verano de

Cambridge. Parece, pues, que el agrupar jóvenes de alto riesgo para intervenir sobre ellos produce un afecto iatrogénico, por lo que, en caso de intervenir sobre grupos de jóvenes, es mejor hacerlo cuando estos grupos son mixtos e incluyen tanto jóvenes agresivos como prosociales. EL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL. En la actualidad, las opciones para corregir la conducta delictiva son: la libertad bajo palabra, la libertad preliberacional, los penales abiertos, el trabajo en las prisiones, el tratamiento dentro de la comunidad y los hogares sustitutos. Las instituciones creadas por el hombre para corregir a quienes en un momento dado cometen infracciones catalogadas como delitos no han cambiado mucho con el paso del tiempo. Actualmente pocos especialistas afirmarán que las instituciones de custodia estén cumpliendo con las actividades de rehabilitación y corrección que la sociedad les tiene asignadas. El resultado de este tipo de instituciones es un ejército cada vez mayor de personas inconformes y rencorosas (Domínguez, Rueda, Maklouf y Rivera, 1975). La mayoría de los tratamientos institucionales están basados en un modelo de la conducta desviada como enfermedad mental, de los conceptos de psicopatía y sociopatía desarrollados por los psiquiatras. Por ello, uno de los tratamientos que se ofrecen en instituciones son los relacionados con la psicoterapia. Los desarrollos mas recientes se deben a la aplicación de la psicoterapia de "Desactivación del Modo Emocional" (Apsche, Ward y Evile, 2003). La teoría está basada en el trabajo de Beck (1996) y sugiere que las personas aprenden de sus componentes experenciales inconscientes y de sus componentes cognitivos de procesamiento estructural. Por lo que, para cambiar la conducta de alguien, se requiere reestructurar el componente experencial y reformar el componente estructural cognitivo. Esta terapia se aplica con adolescentes involucrados en comportamientos agresivos, delictivos y ofensas sexuales. Es una metodología que localiza esquemas disfuncionales y los modifica, supervisando y reestructurando los componentes disfuncionales de las creencias de estas personas. Los "modos" ayudan a adaptarse en la solución de sus problemas, como serían las estrategias protectivas y desconfiadas, cuando se ha abusado de alguien. Consisten en "esquemas" (creencias) que se activan por el paradigma miedoevitación. Un aprendizaje experencial y estructural disfuncional (consciente o inconsciente) produce esquemas disfuncionales que generan niveles altos de ansiedad, miedo y pensamientos irracionales,

que a su vez producen conductas aberrantes. Esta terapia incluye el uso de la relajación y la imaginación, para facilitar el pensamiento cognitivo y un entrenamiento balanceado que enseña a equilibrar la percepción y la información. El tratamiento se apoya en un libro de trabajo y cintas de audio, en los que se avanza a su propio paso. Están los contenidos graduados en orden creciente de complejidad. Al principio, cada uno necesita identificar sus verbalizaciones y pensamientos negativos y apuntarlos en su libro. Luego examinan como sus cogniciones afectan sus creencias, sentimientos y conductas. En un estudio evaluativo (Apsche y Ward, 2002), se trabajo con 14 delincuentes entre 12 y 19 años de edad, que no se habían sometido a terapia previamente. Se ocuparon cuatro instrumentos para evaluarlos: Child Behavior Checklist (CBCL), Devereux Scales of Mental Dosorders (DSMD), Juvenile Sex Ofender Adolescent Protocol (J-SOAP) y Fear Assesment. Se utilizó un diseño de 2 grupos, control y experimental. El control recibió terapia usual y el experimental la terapia de desactivación del modo emocional. Los datos demuestran en forma significativa, un mejor resultado del grupo sometido a la desactivación del modo. También se han ensayado procedimientos basados en el modelamiento (imitación), como es el caso de los estudios piloto efectuados por Irwin G. Sarason (1975) en el centro de Recepción y Dianóstico Juvenil Cascadia de Tacoma, Washington. Ahí a cada niño lo estudia diagnósticamente un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, profesores y consejeros. La mayoría participa en programas de terapia de grupo, a los que se agrega la terapia individual aplicada por miembros del personal clínico. Hay también un excelente programa escolar. Los sujetos fueron 192 delincuentes varones. Con ellos se formaron tres grupos: el de modelamiento, el de discusión y el de control. El promedio de edad de los sujetos era de 16 años. Sarason (1968) ha descrito ya el procedimiento general seguido en las sesiones de modelamiento. A cada sesión asistieron cuatro o cinco muchachos y dos modelos. Cada sesión tuvo un tema específico, como solicitar empleo, la manera de hacer frente a las tentaciones puestas por los compañeros para realizar actos antisociales, la forma de presentar problemas a un profesor o a un consejero y la manera de rechazar la gratificación inmediata y sentar las bases para alcanzar metas futuras mas importantes. Luego que los muchachos recibían breves instrucciones sobre los aspectos específicos del modelamiento a los cuales deberían prestar atención, los modelos representaban la escena del día mientras los muchachos observaban. Luego, se comentaba y analizaba brevemente la escena. En seguida, los demás muchachos representaban las situaciones de modo que todos

participaban en la sesión. Cada reunión concluía con los resúmenes y comentarios finales sobre la escena, los aspectos sobresalientes de esta y la posibilidad de generalizarla. En el grupo de discusión se procedía igual, salvo que se omitió la representación de papeles. Se hicieron varias mediciones como variables dependientes para comparar a los grupos de tratamiento. Tales mediciones eran informes de sí mismo, evaluaciones de varias dimensiones conductuales hechas por el personal, variables clínicas, entrevistas de seguimiento y reincidencia. En los resultados no se apreció diferencias significativas en los tres grupos, luego de un análisis de varianza, sin embargo el grupo de modelamiento mostró una reducción de la actividad de ansiedad o emocional. Los grupos de discusión y modelamiento mostraron un cambio significativamente mayor hacia la internalización (como medida de el lugar percibido de control que se ejerce sobre los acontecimientos de la propia vida), que el grupo control. Hubo mas reincidentes en el grupo de control, que en el de modelamiento y en el discusión. Los resultados fueron alentadores. Al considerar cuál sería la estrategia mas adecuada para afrontar el problema de la conducta delictiva, una opción está en el diseño de ambientes prostéticos. En este caso, se toma a los sujetos que muestran conducta delictiva y se les somete a un reentrenamiento, en condiciones óptimas, en un ambiente planeado ex profeso con este propósito. Este método es aplicable a las instituciones penales, cárceles y reformatorios existentes. El objetivo sería reprogramar su funcionamiento convirtiendo a las instituciones tradicionales, de tipo reclusorio, en centros de rehabilitación conductual cuidadosamente diseñados y con un personal adiestrado en el uso y manejo de contingencias (Ribes,1972). El trabajo, en México, de Benjamín Domínguez es ejemplificante de esta opción (Domínguez, Rueda, Makhlouf y Rivera, 1975). El programa impuesto en la Cárcel Preventiva de "Villa A. Obregón", dentro de la ciudad de México se basaron en la observación de que las prisiones se crean (como ejemplo de instituciones totales) para la seguridad de los guardias, directores y ciudadanos, pero casi sin considerar la "seguridad" de los internos. Conocidos los efectos indeseables de las instituciones totales, una alternativa sería que estas respondiesen, primeramente, a las necesidades de quienes están bajo su tutela. Estos investigadores plantearon un programa de

"Rehabilitación integral" consistente en planear una prisión completamente dedicada al beneficio (social, educativo y laboral) de sus internos. Se reportó el resultado de dos experimentos. En el primer caso, se analizaron las relaciones entre la actividad ocupacional de los internos y los efectos de la introducción de un periodo fijo de descanso a la mitad de la jornada matutina. En el segundo caso, se analizaron también las relaciones entre el trabajo de los internos y un sistema de fichas junto con dos opciones para obtener la "hora del almuerzo". Se utilizaron procedimientos de registro observacional (pla-check) y un diseño experimental de línea base múltiple. Los resultados fueron interpretados como una muestra de que se pueden analizar los efectos que la institución de custodia ejerce sobre los internos. Análisis que debe fundamentarse en la estimación objetiva de variables situacionales (por ejemplo, la planeación de actividades), y luego proseguir con la variación sistemática de éstas, persiguiendo el objetivo de desglosar los aspectos que puedan configurar un "sistema armonioso de vida", meta primordial en el caso de una prisión. Otro ejemplo importante en esta línea de actividad es el que reporta Webb (2003). Este autor utiliza la aplicación del análisis conductual en una prisión de alta seguridad. En 1974, B.F. Skinner planteó la posibilidad de construir ambientes adecuados en prisiones en una "carta al editor" del N.Y. Times. Los primeros esfuerzos fueron de John McKee con 16 reclusos. Otro trabajo fue el de Levinson (1968) usando reforzamiento negativo con 15 reclusos bajo terapia de grupo, de la que podían "escapar", portándose bien durante 3 meses. En el estudio de Webb, al interno se le entrena en habilidades globales, que incluyen: habilidades de comunicación, sociales, académicas y de enfrentamiento y manejo del estrés. A cada uno se le diseña un Plan Básico de Acción, con dos categorías: manejo macroconductual y manejo micro-conductual. El manejo macro consiste de varios paquetes "en la celda" y de participaciones en programas grupales. Se trabaja con varias conductas problema, un ejemplo sería el "manejo del coraje", donde aprenden técnicas de relajación, reconocimiento y respuesta adecuada ante estímulos antecedentes. Los paquetes abarcan información sobre: manejo de la ira, administración del tiempo en prisión, lectura y redacción de revistas impresas y tratamiento del alcoholismo y drogadicción. Tienen que aprender un 80% para recibir nuevos paquetes. Si reprueban 2 veces, se les asigna a otros

programas de trabajo: mas tiempo en prisión, restricción de privilegios y pertenencias, menos visitas y llamadas telefónicas. Los presos son supervisados individualmente cada semana en el nivel 1 y cada mes en el nivel 2. El manejo micro, es un plan personalizado para enfrentar ciertas conductas problema como el auto-daño y el asalto. Se analizan las contingencias en busca de los estímulos antecedentes y las consecuencias de la conducta. La conducta se observa y registra por personal entrenado mediante videos. Se usan computadoras con estas bases de datos y se grafican las conductas. Cuando los presos han superado los 4 niveles del programa, se les cambia de un ambiente de máxima seguridad a uno menos restrictivo. Así, es falso que no se pueda hacer nada con los reos mas peligrosos. EL TRATAMIENTO COMUNITARIO. Como consigna el libro de Bandura y Ribes (1975), si las metas de los programas de tratamiento de nuestras instituciones consisten en convertir al niño en un miembro positivamente activo de su comunidad, entonces el programa de tratamiento deberá enseñarle a vivir en un mundo bisexual, a adquirir las habilidades sociales necesarias para las vidas familiar y comunitaria, a cumplir con los requisitos vocacionales y académicos con objeto de obtener y conservar un empleo, a trabajar para ganar dinero y gastarlo o ahorrarlo según sus necesidades; pero casi ninguna de estas destrezas puede ser enseñada en una institución de custodia. Gran parte de estos resultados indeseables pueden atribuirse al hecho de que los programas de tratamiento institucionales están basados, en su mayoría, en el modelo de la conducta desviada como enfermedad mental. La moderna teoría conductual, por otro lado, sugiere un modelo de conducta desviada como deficiencia conductual, en donde los problemas de comportamiento de los niños se consideran deficiencias de destrezas esenciales. Hay ahora en todo el mundo la tendencia a descartar los programas institucionales porque los tratamientos de la conducta desviada infantil basados en la comunidad, parecen ser más eficaces, menos onerosos y más humanitarios que la reclusión de los niños. El proyecto Burlington-Hunt (Burchard, Harig, Miller y Amour, 1975) es una muestra de estas nuevas estrategias de intervención basadas en la comunidad. El primer paso en este enfoque consiste en reducir al

mínimo el estigma social relacionado con el tratamiento y acrecentar al máximo el efecto del ambiente ordinario del joven sobre el cambio comportamental. Actualmente se practican 3 tipos de investigación conductual ante los problemas que generan los jóvenes agresivos: (1) programas residenciales u hogares grupales en la propia comunidad, (2) contratos conductuales en los que interviene el joven y los miembros importantes de su medio social y (3) programas de entrenamiento para padres, destinados a mejorar las relaciones entre ellos y sus hijos. Burchard y colaboradores se desempeñaron en un Centro para Adolescentes, sesionando 2 veces a la semana, en la tarde, en un local de la escuela secundaria. El centro creció en torno a una economía de fichas, en donde los puntos se usaron como artículos intercambiables por actividades especiales, premios y refrescos. Es importante destacar que los asistentes lo hacían voluntariamente, es decir, que eran libres de llegar y de irse cuando quisieran. Los objetivos del estudio fueron: promover y mantener la asistencia regular, analizar las características reforzantes naturales e introducir, por medio de un sistema de puntos, un método para incrementar el tiempo pasado por los muchachos en áreas no preferentes. Los participantes tenían problemas de ajuste a la escuela y a la comunidad, tenían bajo promedio o habían tenido contacto con la policía debido a su comportamiento antisocial. El personal eran estudiantes de psicología en un curso de modificación de conducta, con dos "coordinadores de programa". Se trabajaba de 7 a 10 de la noche, los lunes y los miércoles. Había 4 áreas de actividad: el gimnasio, el salón de fumar, el taller de artes y la biblioteca. Los resultados mostraron una asistencia sostenida de jóvenes, que el sistema de puntos funcionaba bien para mantenerlos en áreas no preferentes (como en la biblioteca), aunque el gimnasio fue el área mas popular. Otro reporte interesante de un sistema de apoyo en la comunidad, es la experiencia de Harold L. Cohen (1975), con el proyecto BPLAY (Behavioral Programs in Learning Activities for Youth). Se trató de un programa de investigación de 3 años, que se propuso manejar las actividades de los adolescentes durante su tiempo libre, a fin de reducir al mínimo las conductas problema. Se proponía establecer programas de prevención de la delincuencia en una comunidad urbana/suburbana, que estaba pasando por un rápido crecimiento de su población. El antecedente de este proyecto lo fue el denominado LEAP (Legal and Educational Alternatives to Punishment in Maintaining Law and Order). Se promovió como un recurso de esparcimiento y no como un programa para delincuentes. Se

pretendía dotarlos de repertorios adecuados de técnicas para solucionar problemas, manejo de la frustración y el aburrimiento. El programa ofreció sus servicios a todos los jóvenes, no solo aquellos rebeldes o de bajo rendimiento. Los objetivos que se plantearon eran: obtener una línea base sobre conductas delictivas, en un área específica, establecer un programa piloto de actividades extra-escolares, organizado por personal de la comunidad entrenado en técnicas conductuales e impartir un curso de leyes. Se abarcó un área donde había 4 preparatorias y 11 secundarias. Se involucró a todos los jóvenes entre 12 y 17 años. Los datos fueron recolectados a partir de un sistema de códigos y se referían a información respecto al estudiante involucrado en cada reporte de conducta problema, la descripción de la conducta inapropiada y datos sobre la persona que hacía el reporte. El proyecto, en su primera etapa, pudo obtener líneas base con datos sobre el número de incidentes, su distribución, la edad de los infractores de primera vez, la distribución de incidentes por día de la semana, por mes del año, la distribución mensual de dos años de incidentes que implicaban consumo de alcohol u otras drogas. Es posible que el mejor programa de modificación conductual de estilo familiar (para delincuentes), basado en la comunidad sea el Achievement Place (La Familia Enseñante), desarrollado por Phillips, Wolf, Fixsen y Bailey (1975). Desde el punto de vista físico, el Achievement Place se asemeja a un grupo hogareño típico (familia). Consiste en una casa (de 325 m2 en cada uno de sus dos pisos), con dos adultos y comúnmente siete adolescentes. Los padres en este sistema son padres docentes profesionales (en realidad profesores), cuyo objetivo explícito está en educar a los jóvenes en destrezas sociales, de cuidados personales, académicos y pre-vocacionales. El modelo está concentrado en 8 áreas: El programa de tratamiento está controlado por la comunidad mediante una Junta Local de Directores. El programa está basado en la comunidad. Los problemas de un muchacho se dan en su comunidad y ahí es donde deben ser tratados: en su escuela, en su hogar y entre su grupo de compañeros.

El programa ofrece un tratamiento de estilo familiar (lo que le permite implantarse en comunidades de cualquier tamaño). El programa está dirigido por una pareja de padres docentes entrenados profesionalmente (con nivel de maestría). En el modelo se pone de relieve el tratamiento individual. Se procura un autogobierno supervisado, es decir que se enseña al grupo a tomar decisiones, así como las destrezas necesarias para efectuar gestiones, confrontar avenencias y llevar a cabo discusiones, las cuales pueden ser útiles a los muchachos en otros ambientes familiares y sociales. Se efectúa la evaluación del progreso individual de los jóvenes mediante un sistema motivacional que proporciona retroalimentación constante, también se evalúa el programa total haciendo seguimiento de los egresados y se valora, finalmente, la eficiencia de procedimientos específicos para modificar conductas concretas en sujetos particulares. Se trata de un programa práctico que es susceptible de ser aplicado por padres docentes entrenados, que llegan a convertir a sus alumnos en "instructores compañeros" de cada nuevo joven admitido.

Con objeto de poder medir las conductas a afectar, éstas fueron definidas objetivamente y su confiabilidad evaluada mediante el acuerdo de dos observadores independientes. Todos los jóvenes que participaron en el proyecto eran definidos como delincuentes por un Tribunal Juvenil, provenían de familias de bajos ingresos, debían tener entre 12 y 16 años de edad, no haber cometido delitos violentos (asesinato, rapto) y no tener impedimentos físicos o mentales graves. La estancia promedio de un muchacho era de 10 meses, con un rango entre 3 y 40 meses. El programa de educación para padres docentes duró 9 meses, concediendo grado de Maestría en desarrollo Humano, por la Universidad de Kansas.

Los resultados son sumamente alentadores para ampliar y difundir esta estrategia. Finalmente, la prueba crítica de cualquier programa está en la manera como los jóvenes se desempeñen en la escuela, en el trabajo o en la calle. LA EVALUACION. Toda intervención requiere de la evaluación de sus efectos. La conducta antisocial es definida en base a diversas dimensiones culturales y jurídicas, por lo que la evaluación de las intervenciones que pretenden reducirla, también se debe dar en mas de una dimensión. En el nivel mas amplio, es necesario contar con un registro de incidencias de comportamiento delictivo por parte de las agencias gubernamentales y los departamentos de policía. Los datos de esta estadística descriptiva deberían de abarcar los escenarios de la calle, el hogar y la escuela. Además, habría que consignar información acerca del infractor (su ambiente familiar, grado de escolaridad, ficha médica), de su conducta antisocial (descripción de hechos, grado de peligrosidad, tipo de delito) y de la agencia que hace el reporte (marco legal, criterios utilizados, asesorías recibidas).

En el nivel del tratamiento que se pudiera imponer a los menores infractores, se requiere una aproximación pre experimental con un diseño pre y post-test, además de el seguimiento de los efectos a mediano y largo plazo de los programas aplicados como tratamiento. Las variables a evaluar pueden depender del enfoque utilizado. Son frecuentes las evaluaciones de diversos rasgos de personalidad mediante pruebas psicométricas, aunque es posible hacer evaluaciones mas finas a través de técnicas de observación directa de la conducta, lo que permite el uso de diseños experimentales que dan a los datos mayor confiabilidad y generalidad, como sería el uso de diseños de línea base múltiple, observando la conducta de un solo sujeto en diversos escenarios o la de varios sujetos en un mismo escenario. Para conducir estos procedimientos de evaluación es indispensable contar con personal capacitado, así como otros recursos técnicos y materiales. Hoy en día, no es posible enfrentar la problemática de la delincuencia juvenil desde el prejuicio o las buenas intenciones.

CONCLUSION. Sin la menor duda, la conducta antisocial de los jóvenes representa un problema complejo y un reto para muchos grupos organizados, que luchan por mejorar las condiciones de vida de la población en general y de sus comunidades. No es un problema reciente y por ello, contamos con alguna experiencia sobre la forma en que se ha enfrentado. Lamentablemente, los resultados no han sido lo suficientemente efectivos para darnos por satisfechos. Contamos con poco personal calificado. Seguimos manteniendo instituciones de custodia donde no se proporcionan tratamientos especializados, ni se evalúan sus efectos. Hay muy diversos factores que promueven en los jóvenes la violencia y otras formas de conducta antisocial, en lugar de promover el comportamiento socialmente adecuado. En otras ocasiones, más lamentable aún, los encargados de educar y supervisar a los jóvenes son los directos inductores de su conducta delictiva, como ocurre con algunos padres de familia, educadores y policías. A veces este fenómeno se presenta como un "hecho natural", pero otras veces ocurre como resultado de una llamada "cultura de la corrupción". A pesar de todo, estos son los ángulos de la realidad que debemos transformar y la psicología científica ha demostrado que cuenta con alternativas que nos permiten considerar la posibilidad de enfrentar el problema con éxito. Así que redoblemos el esfuerzo y seamos tenaces en nuestro empeño. BIBLIOGRAFÍA. Agnew, R. (2001) Building on the foundation of general strain theory. Journal of research in crime and delinquency. Vol.38, No.4, 319-361 Agust, G.J., Realmuto, G. M., Mathy, R. M. y Lee, S. S. (2003) The "early risers" flex program. The behavior analyst today. Vol.4, No.1, 26-33 Apsche, J. A., Ward, S. R. y Evile, M M. (2003) Mode deactivation. The behavior analyst today Vol.3, No.4, 455-459 Apsche, J. A. Y Ward, S. R. (2002) Mode deactivation therapy and cognitive behavioral therapy. The behavior analyst today Vol.3, No.4, 460-470 Bandura, A. Y Ribes, I. E. (1975) Modificación de Conducta: análisis de la agresión y la delincuencia. Trillas

Burchard, Harig, Miller y Amour (1975) Nuevas estrategias de intervención basada en la comunidad En: Bandura y Ribes. Op.Cit. Cohen, H. L. (1975) Bplay – sistema de apoyo en la comunidad. En: Bandura y Ribes. Op. Cit. Davison, G. G. Y Neale, J. M. (1983) Psicología de la Conducta Anormal. Limusa Dishion, T. J., McCord, J. y Poulin, F. (1999) When interventions harm: peer groups and problem behavior. American Psychologist, Vol.54, No.9, 755-764 Domínguez, B., Rueda, Maklouff y Rivera (1975) El análisis y el control de las actividades de grupos humanos bajo custodia. En: Bandura y Ribes. Op. Cit. Patterson, G. R. (2002) Etiology and treatment of child and adolescent antisocial behavior. The behavior analyst today, Vol.3, No.2, 133-144 Phillips, Wolf, Fixen y Bailey (1975) Achievement Place En: Bandura y Ribes. Op.Cit. Quinn, M. M. et. al. (1998-2000) Functional behavioral assessment and behavioral intervention plans. www.airdc.org/cecp/cecp.html Ribes, I. E. (1972) Observaciones metodológicas sobre un programa de prevención y rehabilitación de delincuentes. En : Bijou y Ribes. Modificación de Conducta: problemas y extensiones. Trillas Sarason, I. G. (1975) Un enfoque del modelamiento y la información aplicado a la delincuencia. En: Bandura y Ribes. Op. Cit. Ullman, L. P. y Krasner, L. (1969) A psychological approach to abnormal behavior. Prentice-Hall Webb, L. R. (2003) Building constructive prison environments. The behavior analyst today. Vol.4, No.1, 71-77

PAGINA: http://www.forojuridico.org.mx/menores-infractores-yensenanza-del-derecho/ Dra. Ruth Villanueva Castilleja La enseñanza del Derecho para menores de edad que infringen la ley penal, resulta de suma importancia en virtud de que las instituciones de educación superior deben de estar inmersas en la serie de reformas existentes en este ámbito y que requieren de una atención especial. Esta consideración ya había sido discutida en diferentes foros, por ejemplo, en Congresos de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (anfade), particularmente en la Declaración de Hermosillo, Sonora del año 2007, que en el acuerdo cuarto incluyó: “La Ley Federal en materia de Menores Infractores debe ser analizada a la luz de expertos y personal especializado de la asociación que conozca la realidad mexicana, para que se permita contar con una normatividad acorde al espíritu constitucional, a los instrumentos internacionales con los que México está obligado y a toda su legislación nacional, para que ésta fortalezca las políticas en materia de Seguridad Pública”, vislumbrando ya desde entonces la importancia del tema, aun cuando todavía no se contaba con la ley federal. De igual manera, en el acuerdo décimo se puntualizó que “Para solucionar el problema de la Seguridad Pública, éste deberá atacarse en forma global: haciendo corrección de las insuficiencias del marco jurídico de la Seguridad Pública, en los temas de la consolidación de esfuerzos y de mando; en la reestructuración de la procuración de justicia, en la actualización de la administración de justicia, en las acciones concretas para prevenir y combatir la corrupción, en la revaloración de la defensoría de oficio, en el combate frontal a la delincuencia organizada, en la actualización tecnológica de los sistemas periciales, en la lucha de la readaptación social, en la atención a víctimas de los delitos, en la prevención del delito y atención a los menores infractores”, temas de gran relevancia en nuestra materia, pero todavía habría mucho que cambiar en cuanto al sistema penal.

Desde ese año, se veía la necesidad de atender el tema, habiéndose iniciado ya una reforma para la atención del menor de edad que infringe la ley penal a nivel constitucional, encontrándose hoy ante la siguiente situación: el 12 de diciembre de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaba el artículo 18 de la Carta Magna en lo relativo a los menores de edad que infringen la ley penal, como producto de diversos análisis y de un proceso legislativo de casi 2 años. Es así como el proyecto inicial del 4 de noviembre del 2003, es modificado para llevar a cabo una atención especializada para aquellas personas menores de edad que han realizado una conducta tipificada como delito y es sancionada por las leyes penales. Esta reforma abarca temas sustanciales entre los que destacan: 1. Obligación de establecer un sistema integral de Justicia para quienes hayan realizado una conducta tipificada como delito y que tengan más de 12 y menos de 18 años de edad al momento de la comisión de la conducta, por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. 2. Establecimiento para los menores de 12 años de un sistema de rehabilitación y asistencia. 3. Establecimiento de formas alternativas de justicia. 4. Garantía de debido proceso legal. 5. Independencia entre las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen la medida. 6. Medidas proporcionales a la conducta realizada, 7. con el fin de lograr la reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 8. Aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento. 9. Principios sustantivos del interés superior del niño, protección y especificidad de la materia.

10. Aplicación del tratamiento interno como medida extrema por el tiempo más breve que proceda, únicamente para mayores de 14 años y por conductas calificadas como graves. 11. La creación de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Por otra parte, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones específicas en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en materia de Seguridad y Justicia en 10 artículos, 7 de los cuales son en materia Penal, 1 sobre facultades del Congreso de la Unión, 1 sobre Desarrollo Municipal y el último en materia Laboral, reconociéndose su importancia en un cambio sustancial dentro del sistema penal que actualmente opera en México. En el tema específico del menor de edad que infringe la ley penal, se presentó entonces, el reto de atenderlo con un sistema especializado, como se refirió en la Constitución en la reforma específica tres años antes (2005). Lo anterior no obstante del reconocimiento hecho de un sistema no penal, sino integral especializado, sin perderse de vista que el referente es la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales, situación importante de resaltar para marcar la diferencia con la comisión de un delito. Es importante no perder de vista la referencia a lo penal, en virtud de que existe la remisión a estas leyes, tanto adjetivas como sustantivas y que por ello, necesariamente la Reforma Constitucional del 2008 impacta al menor de edad que infringe la Ley Penal, tal y como se conceptualiza también desde la Convención de los Derechos del Niño, hasta todos los instrumentos internacionales de la materia.

La enseñanza y la investigación del Derecho para menores de edad que infringen la ley penal debe tomarse en cuenta en el cambio de paradigma del Derecho Penal, incluyendo instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derecho del Niño. Por lo anterior la enseñanza del derecho para menores de edad que infringen la ley penal, requiere de una mayor atención, reconociendo que desde la creación del primer Tribunal para Menores Infractores, en San Luis Potosí en 1923, ya se manifestaba esta necesidad y que fue hasta 1970, cuando gracias a los esfuerzos de los Doctores Héctor Solís Quiroga y Rafael Sajón que se promovió un amplio programa de profesionalización con una proyección nacional e internacional,

coincidiendo con el Instituto Interamericano del Niño de la oea, bajo el esquema que la época y las circunstancias requerían. En 1999 el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, a través de su entidad educativa, conforma la Especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores, mismo que ha continuado actualizándose conforme a las reformas jurídicas señaladas. En el año 2006 el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, sensible a esta problemática también incorpora en su currícula la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, respondiendo así a la necesidad de profesionalizar al personal de todas las instituciones para menores de edad que infringen la ley penal. Posteriormente en el año 2007 el Instituto Nacional de Ciencias Penales crea la Especialidad en Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Bajo estas mismas consideraciones y caracterizada por el impulso a la investigación, el estudio, la enseñanza y la difusión del Derecho, en 2009 la unam promueve la creación de la Especialidad en Derecho de Menores, en el posgrado de la Facultad de Derecho, siendo un parteaguas en esta materia. En el año 2010 la Universidad Mundial en Guanajuato y el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales en Puebla, incorporaron también dentro de sus planes y programas esta especialidad, de igual forma en diversas universidades privadas, esta tendencia se ha visto desarrollada en entidades como Baja California, Chiapas y Jalisco, entre otras.

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del 2008 impacta al menor de edad que infringe la ley penal. Bajo este contexto existen experiencias en otros países como la proyectada por la Universidad Notarial Argentina, quien a través del Instituto de la Minoridad y del Derecho de Menores crea la Maestría en Minoridad, desde una perspectiva sociológica, demográfica, psicológica y política, orientada hacia la protección integral del menor, bajo la dirección académica de los doctores Rafael Sajón y María Angélica Bernal y en colaboración tanto con el Instituto Interamericano del Niño, como con la Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Los antecedentes que se han señalado, desde el momento en el que fueron diseñados y gracias a la evolución que han presentado, representan el poder proporcionar herramientas científicas necesarias para implementar nuevas estrategias para la atención de este tema, tomando en consideración la

especificidad de la materia, la protección y el interés superior del niño, como los principios sustantivos que deben de regir y conocerse a profundidad por aquéllos quienes se incorporen en el derecho de menores. Finalmente no puede soslayarse que este tema se puntualiza ampliamente en diferentes instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 40 señala: “Los estados parte tomaran todas las medidas necesarias para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones especializadas para los niños a quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido las leyes penales”, así como en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores, que en su artículo 22 manifiesta: “Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria, a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuado de instrucción. El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema…” y en las Reglas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad, que puntualiza en su artículo 81 que: “El personal deberá de ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos. Normalmente estos funcionarios y otros especialistas deberán formar parte del personal permanente…”.

Se debe crear en las facultades y escuelas de Derecho una materia sobre la especialización de profesionales en justicia de menores. Estas consideraciones son sólo algunas muestras de la necesidad de impulsar el tema, tanto de la enseñanza, como de la investigación, en este campo tan significativo, reconociendo retos y dilemas así como fortalezas y debilidades. Actualmente en diversas universidades en la licenciatura ya se imparte la materia de menores infractores, o en su caso, la de derecho de menores y la especialización como tal, como ya se mencionó, y se empieza a difundir tomando como base la experiencia de la Facultad de Derecho de la unam, que a continuación se expone. Especialidad en Derecho de Menores •

Evolución histórica y el derecho de menores ante una perspectiva holística

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Conocimiento armónico del desarrollo de los menores de edad

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Derecho de menores I

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Menores víctimas

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La prevención social como eje de una política integral

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Derecho de menores II

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El modelo técnico integral minoril

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Instrumentos y jurisprudencia internacionales en materia de menores

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Derecho de menores III

Los retos así son impulsar el conocimiento especializado de un Derecho de Menores que permita lograr la especificidad de la materia, reconocer la características de un sistema diferenciado al de los adultos, reconsiderar el significado y contenido de los conceptos de tutela, menor de edad, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, patria potestad, inimputabilidad, interés superior del niño, mayoría de edad, penas, medidas, debido proceso legal, niño, adolescente y tratamiento, entre otros. Como se observa de estas experiencias, la especialización radica en el menor de edad y su conocimiento jurídico específico, partiendo de aspectos generales para concretar su comprensión en un ámbito general y para la circunstancia de cuando se infringe la ley penal, lo anterior, para no presentar un desfase con la implementación del nuevo sistema en donde la enseñanza e investigación deben fortalecerse en este tema.

Las operaciones de lavado de dinero en México ascienden a más de 50 mil millones de dólares cada año. Por ello la enseñanza y la investigación del Derecho para Menores de Edad que Infringen la Ley Penal debe ser comprendida también dentro del cambio de paradigma del Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo, con sus instrumentos internacionales específicos, tales como la Convención sobre los Derecho del Niño; las Reglas Mínimas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad de Naciones Unidas; las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de Naciones Unidas; las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de Naciones Unidas, así como la legislación nacional que comprende la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Normatividad Específica, tanto federal, como local; así como la Jurisprudencia nacional e internacional.

En este contexto, es importante mencionar que durante el XXIV Congreso Nacional de la ANFADE, realizado el pasado mes de junio en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con el tema de “Retos y Dilemas en el Cambio de Paradigma para la Enseñanza y la Investigación del Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo” -con la participación de más de 100 instituciones de Educación Superior-, se tomó un acuerdo específicamente respecto de los menores de edad que infringen la ley penal, en el que sugieren que: “Se implemente una asignatura que brinde la especialización de profesionales en justicia de menores, ateniendo de manera puntual a los que infringen la ley penal”.

PAGINA : http://apj.elsevier.es/es/menores-infractores-unestudio-campo/articulo/90226541/#.U2JB5YFJwzc

Menores infractores: un estudio de campo de los factores de riesgo a

a

b

Manuel Vilariño , Bárbara G. Amado , Carla Alves a b

Universidad de Santiago de Compostela, España Universidade Lusófona do Porto, Portugal

Palabras clave Comportamiento antisocial. Menores infractores. Autoconcepto. Socialización. Afrontamiento. Inteligencia emocional.

Resumen Los primeros pasos de la carrera delictiva se inician a edades tempranas. De este modo, la adolescencia se considera un período clave para la implementación de programas preventivos y reeducativos del comportamiento antisocial y delictivo. La literatura recoge que variables de diferente naturaleza (biológica, psicológica y social) actúan como factores de riesgo del comportamiento antisocial. En este contexto hemos llevado a cabo un estudio de campo con 84 adolescentes, de los que 42 estaban cumpliendo medidas de internamiento por comportamientos delictivos y la otra mitad pertenecía a población escolarizada normal. Ambas muestras fueron contrastadas en cuatro factores de riesgo de tipo psicológico-individual: autoconcepto, socialización, afrontamiento e inteligencia emocional. Los resultados

mostraron que los menores infractores presentaban problemas de socialización, déficits en inteligencia emocional y tendían a emplear estrategias de afrontamiento improductivas. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para la intervención reeducativa y preventiva de los menores infractores.

Artículo El delincuente tiende a iniciar la carrera delictiva a edades tempranas. De este modo, la adolescencia se concibe como un período clave para el inicio y el mantenimiento del comportamiento antisocial (Redondo y Andrés-Pueyo, 2007). Dicha etapa, que abarca desde el final de la infancia hasta el inicio de la edad adulta, se caracteriza por una elevada prevalencia de comportamientos de riesgo instalados tanto dentro como fuera de la legalidad (Bermúdez y Buela-Casal, 2009; Bringas, Rodríguez, Moral, Pérez y Ovejero, 2012; Quiroz et al., 2007). Aunque la mayor parte de los jóvenes que tienen conductas antisociales terminan por adaptar pronto su comportamiento a la convención social (Becedóniz, Rodríguez, Bringas, Ramiro y Álvarez, 2007; Redondo y Andrés-Pueyo, 2007), no debería descuidarse que las acciones desviadas en estas edades pueden suponer, en muchos casos, el inicio y el desarrollo de actividades delictivas que tendrán continuidad en la edad adulta (Bringas, Rodríguez, Gutiérrez y Pérez, 2010; Bringas, Rodríguez, López-Cepero, Rodríguez y Estrada, 2012; Rodríguez et al., 2011). En consecuencia, se antoja necesario atender a estos comportamientos, especialmente cuando su morfología se define por la reiteración y la violencia que incrementaría el riesgo de reincidencia (López, Alba y Garrido, 2007; Roesch, 2007), así como fornecer intervenciones preventivas y reeducativas dirigidas a truncar el desarrollo de la trayectoria delictiva del menor infractor. Con la mente puesta en la prevención y el tratamiento del comportamiento antisocial, la psicología de la delincuencia ha dedicado especial atención al estudio y al conocimiento de los factores de riesgo y protectores de la conducta delictiva (Connell, Cook, Aklin, Vanderploeg y Brex, 2011; Farrington y Ttofi, 2012; Mulder, Brand, Bullens y Van Marle, 2010). Por factores de riesgo se entiende aquellas variables cuya presencia incrementa la probabilidad de la aparición de la conducta antisocial, mientras los factores protectores, de manera contraria, disminuyen la vulnerabilidad del individuo o incrementan su resistencia a tener comportamientos desviados (Vázquez, Fariña y Arce, 2003). Estos factores pueden diferenciarse entre estáticos, que contribuyen al riesgo actual sin posibilidad de alteración (p. ej., ser víctima de violencia en la infancia) y dinámicos, que resultan modificables (i.e., habilidades sociales) (Redondo y Andrés-Pueyo, 2007). Evidentemente, las intervenciones psicoeducativas con menores infractores se encaminan a reducir los factores de riesgo dinámicos de la actividad delictiva. Precisamente, el deseo por aplicar los conocimientos extraídos de las investigaciones sobre la valoración del riesgo ha derivado en un nuevo paradigma, el de la gestión del riesgo, que pretende disminuir la frecuencia y los efectos del comportamiento antisocial (AndrésPueyo y Redondo, 2007). En esta línea, Andrews y Bonta (2010) establecen en su modelo Risk, Need and Responsivity (RNR) que la posibilidad de alcanzar cambios en la implicación del sujeto con la delincuencia está determinada por tres principios básicos: a) el de riesgo, que sostiene la necesidad de intervenciones más intensas con aquellos sujetos que presenten un mayor riesgo en factores estáticos, b) el denecesidad, que concibe los factores de riesgo dinámicos como los objetivos prioritarios de la intervención y c) el de capacidad de respuesta, que enfatiza la importancia de ajustar el tratamiento a las características específicas del menor. De igual modo que para la explicación del comportamiento delictivo y antisocial se establecen tres grandes enfoques en función de la relevancia que asignan a la etiología subyacente de la conducta desviada (esto es, la aproximación biológica, la sociológica y la psicológica), los factores de riesgo y protección pueden categorizarse en virtud de estas grandes perspectivas en factores pertenecientes a la área biológica, a la psicológico-individual y a la psicosocial y comunitaria (Vázquez, Fariña, Arce y Novo, 2011). Desde el ámbito de la Psicología, la mayor parte de los programas de intervención con delincuentes se han elaborado al amparo del modelo cognitivo-conductual, desde el cual se concibe la delincuencia, en buena medida, como producto de déficits en habilidades, cogniciones y emociones (Redondo, Martínez-Catena y Andrés-Pueyo, 2012). Por consiguiente, se concede especial trascendencia a los factores de tipo psicológico-individual. De acuerdo con la literatura (Vázquez et al., 2011), dentro de este área se recogen, entre otros, factores como el autoconcepto, la socialización, las estrategias de afrontamiento y la inteligencia emocional, que serán objeto de estudio en este trabajo. El autoconcepto, esto es, la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo, determina su comportamiento. Son abundantes los trabajos que relacionan un autoconcepto negativo con el comportamiento antisocial (Fariña, García y Vilariño, 2010; Vázquez, Mohamed-Mohand y Vilariño, 2008). En este sentido, algunas hipótesis interpretativas sostienen que el comportamiento antisocial puede funcionar como un mecanismo

para compensar los déficits en autoconcepto (Kaplan, 1972). En relación con la socialización, la gran mayoría de los estudios llevados a cabo han evidenciado la existencia de una relación entre una competencia social limitada y el comportamiento antisocial (Arce, Fariña y Vázquez, 2011; Novo, Seijo y Vilariño, 2008). De este modo, diferentes autores postulan que la competencia social juega un rol central en el desarrollo de una vida efectiva y satisfactoria a escala personal e interpersonal (Arce, Fariña, Seijo, Novo y Vázquez, 2005). En lo concerniente a lasestrategias de afrontamiento, la literatura sostiene que la capacidad para solucionar de manera óptima eventos estresantes constituye un factor protector del comportamiento antisocial (Vázquez et al., 2011). Así, diferentes estudios han detectado que las estrategias de afrontamiento improductivo favorecen la aparición del comportamiento antisocial (Samper, Tur, Mestre y Cortés, 2008). Con respecto a la inteligencia emocional se ha observado que interviene en la adaptación social efectiva del individuo (Arce et al., 2011; Arce, Seijo, Fariña y Mohamed-Mohand, 2010). En este sentido, existe una amplia variedad de trabajos que vinculan la conducta antisocial con déficits en la inteligencia emocional (Arce, Novo, Fariña y Vázquez, 2009; Garaigordobil y Oñederra, 2010). Por último, aunque hemos referido que la mayor parte de la investigación tiende a relacionar limitaciones en estas variables con el comportamiento antisocial, consideramos conveniente reseñar que esta tesis no suscita unanimidad, estos es, no todos los estudios confirman la dirección de los hallazgos presentados. Ante este estado de la literatura y con la pretensión de continuar avanzando en el conocimiento de los factores intervinientes en el comportamiento antisocial, hemos llevado a cabo un estudio que persigue un doble objetivo. Primero, conocer si existen diferencias entre una muestra de menores infractores y otra de menores con comportamiento normativo enautoconcepto, socialización, estrategias de afrontamiento e inteligencia emocional. Segundo, en el caso de que se detecten diferencias, comprobar si estas van en la dirección de la presencia de limitaciones o déficits en los menores infractores, de tal forma que puedan estar mediando el carácter delictivo de su comportamiento. Método Participantes En el estudio participaron 84 adolescentes del sexo masculino con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años (M = 16.01, Sx = 1.62). A su vez, los participantes conformaban dos muestras diferentes, una constituida por 42 jóvenes infractores que cumplían medidas de internamiento en el Centro Educativo da Bela Vista de Lisboa (Portugal), de los cuales un 40.48%, medidas de régimen abierto y un 59.52%, medidas de régimen semi-abierto. Sus edades oscilaban entre los 14 y los 19 años (M = 16.52, Sx = 1.33). En relación con el hecho ilícito por el cual estaban cumpliendo medidas, referir que la mayoría había incurrido en varios tipos delictivos (54.76%), mientras que un 19.05% habían cometido agresiones físicas, seguidos por la comisión de robos con intimidación (16.67%), robos/hurtos (7.14%) y, por último, agresión sexual (2.38%). La otra mitad se componía de 42 jóvenes con comportamiento normalizado, esto es, ninguno había cumplido medida judicial como consecuencia de la realización de acciones delictivas ni presentaban criterios para un diagnóstico de comportamiento antisocial. Todos ellos pertenecían a varios centros de enseñanza de la zona oriental de la ciudad de Lisboa y sus edades presentaban un rango de 14 a 19 años (M = 15.50, Sx = 1.74). Diseño La metodología de investigación empleada fue del tipo cuasi-experimental en un ambiente natural. Así, se planificó un diseño de medida de cuatro variables que la literatura ha identificado como factores de riesgo del comportamiento antisocial (Arce et al., 2010; Vázquez et al., 2011). Concretamente, se evaluó el autoconcepto a través del AFA (Musitu, García y Gutiérrez, 1997), la socialización mediante el BAS-3 (Silva y Martorell, 1989), la inteligencia emocional con el TMMS-48 (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 2002) y el afrontamiento usando el ACS (Frydenberg y Lewis, 2000). A continuación, se llevó a cabo un contraste de estas medidas entre el grupo de jóvenes infractores y el de no infractores para conocer si existían diferencias entre ambos. Procedimiento Las evaluaciones de los menores infractores fueron recabadas entre jóvenes que se encontraban cumpliendo medidas de internamiento en el Centro Educativo da Bela Vista de Lisboa, un organismo público perteneciente a la Dirección General de Reinserción Social (Direção Geral de Reinserção Social, DGRS). El objetivo del centro es proporcionar a los menores internos conocimientos, competencias y valores sociales con objeto de que alcancen la reinserción social y laboral. Previamente a la aplicación de las pruebas se obtuvo la autorización de la dirección del centro para proceder a la evaluación;la participación de los

adolescentes fue, en todo caso, voluntaria. Asimismo, se comunicó a los menores que la información obtenida sería tratada de manera anónima, sin un propósito diferente al de la investigación, por lo que se rogaba una cumplimentación sincera de las pruebas. De esta forma se pretendía alcanzar el mayor nivel de honestidad posible en las respuestas a los instrumentos. Administradas las pruebas, se indicaba que una vez corregidas y obtenidos sus resultados, si lo deseaban, se les informaría de los mismos. La aplicación se desarrolló de manera individual y de acuerdo a las instrucciones recogidas en los respectivos manuales, con una duración aproximada de 45 minutos. Por su parte, la evaluación de los menores no infractores fue obtenida primariamente entre estudiantes pertenecientes a varios centros de enseñanza de la zona oriental de la ciudad de Lisboa (Portugal), aunque resultó necesario completar la muestra con jóvenes de otras áreas de la misma ciudad. No obstante, en ambos casos se controló que los menores nunca hubieran sido denunciados por la comisión de hechos ilícitos. Para recabar los datos se obtuvo una autorización doble, una de la dirección del centro a la que pertenecía el alumno y otra de los padres/tutores del menor. Además, la participación fue siempre voluntaria. Finalmente, para la administración de las pruebas se adoptó el mismo procedimiento seguido con los menores infractores. Instrumentos de medida Para la medida del autoconcepto se recurrió al cuestionario AFA (Autoconcepto Forma-A) de Musitu et al. (1997), el cual se compone de 36 ítems que pueden ser puntuados de 1 a 3 (nunca, algunas veces y siempre, respectivamente). El cuestionario evalúa 4 dimensiones del autoconcepto (además de una escala de control/sinceridad): académico, social, emocional y familiar. El estudio de la consistencia interna arrojó un coeficiente alfa de Cronbach de .823 (Musitu et al., 1997). Se acudió al BAS-3 (Batería de Socialización), de Silva y Martorell (1989), para medir la socialización. Esta prueba consta de 75 ítems con formato dicotómico de respuesta (sí o no) y ofrece información sobre 5 dimensiones de la conducta social que han dado lugar a las siguientes escalas: a) Consideración con los demás: registra sensibilidad social o preocupación por los demás, sobre todo por aquellos que presentan problemas y sufren rechazo. b) Autocontrol en las relaciones sociales: constituye una dimensión de carácter bipolar; por un lado recoge acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la convivencia y, por el otro, conductas agresivas, impositivas, de terquedad e indisciplina. c) Retraimiento Social: mide distanciamiento tanto pasivo como activo de los demás, hasta llegar al aislamiento. d) Ansiedad social/ timidez: registra manifestaciones de ansiedad en combinación con reacciones de timidez en las relaciones sociales. e) Liderazgo: detecta popularidad, autoconfianza, espíritu de servicio, etc. El análisis de la fiabilidad de las escalas de la BAS-3 evidenció una consistencia interna satisfactoria, que oscilaba entre un coeficiente alfa de .82 para la escala consideración con los demás y de .73 para la de liderazgo (Silva y Martorell, 1989). Para medir el afrontamiento se empleó la adaptación española de la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS, Frydenberg y Lewis, 2000). Se compone de 80 ítems con una escala de respuesta de 5 puntos: no me ocurre nunca o no lo hago (0), me ocurre o lo hago raras veces (1), me ocurre o lo hago algunas veces (2), me ocurre o lo hago a menudo (3) y me ocurre o lo hago con mucha frecuencia (4). La prueba mide estas 18 dimensiones: a) Buscar apoyo social: compartir el problema con los demás y buscar ayuda para su solución. b) Concentrarse en resolver el problema: se estudia el problema de manera pormenorizada, analizando los diferentes puntos de vista. c) Esforzarse y tener éxito: compromiso, ambición y dedicación. d) Preocuparse: elementos que indican temor por el futuro o por la felicidad futura. e) Invertir en amigos íntimos: búsqueda de relaciones personales íntimas. f) Buscar pertenencia: preocupación e interés por las relaciones con los demás y preocupación por lo que los otros piensan, g) Hacerse ilusiones: esperanza y anticipación de una salida positiva. h) La estrategia de falta de afrontamiento: incapacidad personal para tratar del problema y desarrollo de sintomatología somática. i) Reducción de la tensión: intentos de sentirse mejor y relajar la tensión.

j) Acción social: dejar que otros conozcan el problema y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones o realizando actividades. k) Ignorar el problema: rechazar conscientemente la existencia del problema. l) Autoinculparse: sentirse culpable de los problemas propios. m) Reservarlo para sí: huir de los demás y no dejar que conozcan sus problemas. n) Buscar apoyo espiritual: recurrir a la oración y creencia en la ayuda de un Dios o líder. o) Fijarse en lo positivo: ver el lado bueno de las cosas y considerarse afortunado. p) Buscar ayuda profesional: buscar opinión profesional como la de maestros. q) Buscar diversiones relajantes: actividades de ocio. r) Distracción física: hacer deporte, mantenerse en forma, etc. Las escalas de la ACS se sometieron a un análisis de la validez, resultando un coeficiente alfa de Cronbach que variaba entre .85 para la escala de búsqueda de apoyo espiritual y .54 para la escala de búsqueda de diversiones relajantes; sólo tres escalas ofrecían valores inferiores a .65 (Frydenberg y Lewis, 2000). Por último, para la medida de la inteligencia emocional se utilizó el TMMS-48 (Trait Meta-Mood Scale) de Salovey et al. (2002). Esta escala evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems que ofrecen un formato de respuesta tipo Likert: muy de acuerdo (4), bastante de acuerdo (3), ni de acuerdo ni en desacuerdo (2), bastante en desacuerdo (1) y muy en desacuerdo (0). La escala mide estas tres dimensiones: a) Claridad emocional: identificación y comprensión de los estados emocionales propios. b) Atención a los propios sentimientos: capacidad de sentir y prestar atención a los sentimientos. c) Reparación de los estados de ánimo: preocupación por tener un buen estado de ánimo. La TMMS se mostró consistente internamente en las tres escalas que la componen: atención (α = .86) claridad (α = .87) y reparación (α = .72) (Salovey et al., 2002). Análisis de datos Se ejecutó un ANOVA de un factor tomando como factor de agrupamiento la población (jóvenes infractores vs. no infractores) y como variables dependientes las puntuaciones obtenidas en los instrumentos de medida empleados para evaluar los factores de riesgo del comportamiento antisocial previamente referidos. Resultados Contraste de las medidas de autoconcepto entre la población de menores infractores y la de no infractores Como se observa en la tabla 1, los resultados indican que no existen diferencias significativas en ninguna de las dimensiones del autoconcepto medidas (académico, social, emocional yfamiliar) a través del cuestionario AFA.

Contraste de las medidas de socialización entre la población de menores infractores y la de no infractores Los resultados arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos (ver tabla 2) en las escalas de consideración con los demás, retraimiento social y ansiedad social/timidez. Concretamente, los no infractores presentan puntuaciones significativamente elevadas enconsideración con los demás en relación con los infractores, lo que refleja una sensibilidad social y una preocupación por los demás superior a la encontrada en la muestra de infractores. Por el contrario, son los participantes infractores los que ofrecen puntuaciones significativamente más elevadas en las dimensiones de retraimiento social y ansiedad social/timidez, lo que indica que los menores con comportamiento antisocial se caracterizan por un mayor distanciamiento de los otros, así como por presentar ansiedad y timidez en las relaciones sociales.

Contraste de las medidas de afrontamiento entre la población de menores infractores y la de no infractores Podemos verificar en la tabla 3 diferencias significativas entre ambas poblaciones en 10 de las escalas de afrontamiento: en todas ellas son los jóvenes infractores los que presentan una puntuación más elevada. Por consiguiente, los participantes infractores en relación con los no infractores se caracterizan por recurrir en mayor medida a las siguientes estrategias de afrontamiento: hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, acción social, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual, buscar ayuda profesional y buscar diversiones relajantes.

Contraste de las medidas de inteligencia emocional entre la población de menores infractores y la de no infractores En la tabla 4 podemos comprobar que de las tres dimensiones de inteligencia emocional medidas por el TMMS-48 sólo se han detectado diferencias significativas en claridad, siendo los menores normativos los que ofrecen puntuaciones más elevadas. En consecuencia, de acuerdo con estos resultados los menores con comportamiento ajustado a la convención social parecen caracterizarse por una mayor identificación y mejor comprensión de los estados emocionales propios.

Discusión Antes de proceder a la discusión de los resultados de nuestro trabajo consideramos necesario referir una serie de limitaciones que hemos detectado en el mismo. Así, en primer lugar se parte de la premisa de que los menores infractores sufren déficits a escala cognoscitiva que pueden contribuir a los comportamientos antisociales y delictivos. No obstante, los resultados podrían valorarse a la luz de otras hipótesis interpretativas centradas en variables de tipo biológico o sociológico. Segundo, las muestras empleadas no son representativas de las poblaciones de menores infractores ni de menores con comportamiento normativo. Asimismo, en relación con las características de las muestras no se han controlado algunas variables que pueden condicionar los resultados obtenidos, entre las que cabe mencionar la edad de los participantes, la tipología de los comportamientos ilícitos, el tiempo de internamiento y la participación en programas o intervenciones reeducativas. En tercer lugar, aunque a la hora de interpretar los resultados se asume la honestidad en la cumplimentación de las pruebas, no se ha llevado a cabo un control de la disimulación. De este modo, aunque se ha tratado de motivar la sinceridad de los participantes mediante la garantía del anonimato y el hecho de manifestar que los datos serían utilizados con fines meramente investigadores, no se puede garantizar la sinceridad en las respuestas a los instrumentos. Antes bien, no hay que olvidar que la mentira es una característica propia de los menores antisociales (American Psychiatric Association, 2002). Al mismo tiempo, los jóvenes infractores se encontraban cumpliendo medidas de internamiento y sometidos a un proceso de seguimiento judicial, contingencia que pudo llevarles a considerar la posibilidad de que los

resultados de la evaluación derivasen en algún beneficio o perjuicio para su situación. Así, esta desconfianza pudo contribuir a la tentativa de ofrecer una imagen más favorable de sí mismo. Cuarto, las características de los instrumentos de medida pueden condicionar la generalización de los resultados a otros instrumentos que asuman un constructo diferente para los factores objeto de estudio. Tomando en consideración estas limitaciones, y en base a los resultados extraídos en nuestro trabajo, hemos sacado las siguientes conclusiones: a) Aunque la literatura tiende a relacionar un autoconcepto negativo con el comportamiento antisocial y desviado (Fariña et al., 2010; Vázquez et al., 2008; Ybrandt, 2008), en este trabajo no se han detectado diferencias en autoconcepto entre menores infractores y el del grupo normativo en ninguna de sus principales dimensiones (académica, social, emocional y familiar). De este modo, los resultados hallados son más congruentes con aquellos trabajos que detectaron un autoconcepto elevado en individuos antisociales, posiblemente como consecuencia de internalizar la conducta delictiva como apropiada o a un sentimiento de conformidad con su identidad (Bynum y Weiner, 2002). Así, podría producirse un procesamiento de la información distorsionado que neutralizaría su autoconcepto negativo, concibiendo su conducta como un acto no desviado (Vázquez et al., 2011). Por otro lado, también consideramos posible que la no verificación de diferencias responda a una necesidad del menor disocial por aparentar una imagen de dureza (American Psychiatric Asssociation, 2002), de forma que los llevaría a distorsionar las respuestas ofrecidas en la prueba en la dirección de exhibir un autoconcepto más positivo del que realmente poseen. b) Los menores infractores presentan un perfil que obstaculiza una socialización positiva. Aunque no exista un apoyo sistemático de la relación entre comportamiento antisocial y carencia de competencias sociales (Arce et al., 2005) estos resultados son congruentes con la mayoría de estudios que respaldan dicho vínculo (Arce et al., 2011; Fariña, Arce y Novo, 2008; Livacic-Rajas, Espinoza y Ugalde, 2004; Redondo, 2008; Silva y Martorell, 1989). Concretamente, en este trabajo se han detectado limitaciones en tres de las dimensiones medidas por la BAS-3: consideración con los demás, retraimiento social y ansiedad social/timidez. Así, se ha observado que los menores infractores refieren una sensibilidad social o preocupación por los otros inferior a la detectada en los jóvenes normativos. Adicionalmente, las puntuaciones más elevadas en retraimiento social sugieren un distanciamiento de los otros que puede alcanzar, en casos extremos, la categoría de aislamiento social. Finalmente, las diferencias halladas en ansiedad social indican manifestaciones de ansiedad y reacciones de timidez en las relaciones sociales. A nuestro juicio, las diferencias en socialización pueden constituir un factor de riesgo que contribuya a la emisión de comportamientos antisociales en los menores infractores. c) Los resultados arrojaron diferencias entre menores infractores y no infractores en varias de las estrategias de afrontamiento medidas por el ACS. En esta línea, la mayor parte de las estrategias en las que se detectaron diferencias, con puntuaciones más elevadas para la muestra infractora, se corresponden con estrategias de afrontamiento negativas, esto es, se trata de un afrontamiento de tipo negativo no dirigido a una solución real del problema (Frydenberg y Lewis, 2000). Concretamente, nos referimos a las siguientes estrategias: hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual y buscar diversiones relajantes. Adicionalmente se registró un mayor empleo en la muestra infractora de las estrategias de acción social y buscar ayuda profesional, propias de un afrontamiento en relación con los demás (Frydenberg y Lewis, 2000) y que, en este caso, sí pueden contribuir a una resolución efectiva del problema. En consecuencia y de modo general, la población infractora tiende a recurrir a lo que Feelgood, Cortoni y Thompson (2005) denominan estrategias de afrontamiento desadaptativas, que resultan ineficaces, cuando no contraproducentes, para la resolución del problema. Estos hallazgos son congruentes con trabajos previos que evidencian que esta tipología de estrategias de afrontamiento parecen contribuir a la emisión de comportamientos antisociales (Gómez, Luengo, Romero, Villar, y Sobral, 2006; Samper, Tur, Mestre, y Cortés, 2008). Por otro lado, el recurso a las estrategias de acción social y buscar ayuda profesional puede tener explicación en las características de este tipo de población, que se encuentra rodeada de técnicos y profesionales que sirven de apoyo en la resolución efectiva de los problemas. En cualquiera caso, se evidencian limitaciones importantes en el afrontamiento de los jóvenes infractores que, a nuestro juicio, podrían actuar como factores de riesgo del comportamiento antisocial. Además, Arce et al. (2010) encontraron que la evolución natural en los menores infractores se caracteriza por la persistencia en las estrategias de afrontamiento improductivo. En consecuencia y dada la efectividad del entrenamiento en el aprendizaje de estrategias de afrontamiento (Meichenbaum, 1987), los programas reeducativos y preventivos deberían incorporar el entrenamiento en aquellas estrategias que resulten verdaderamente útiles para la resolución de problemas. d) Los menores infractores ofrecen niveles inferiores de inteligencia emocional en contraste con los normativos. Concretamente, estas diferencias se plasman en la dimensión de claridad emocional, de modo

que los jóvenes antisociales presentan un deterioro en su capacidad para identificar y comprender estados emocionales propios. Estos resultados son congruentes con trabajos previos que evidencian relación entre el comportamiento desviado y déficits en inteligencia emocional (Arce et al., 2009; Brackett, Mayer y Warner, 2004; Garaigordobil y Oñederra, 2010; Mestre, Guil y Mestre, 2005). Así, de acuerdo con Arce et al. (2010), las carencias en la inteligencia emocional de los menores en riesgo pueden derivar en dificultades para neutralizar y controlar emociones negativas, incrementándose de este modo la propensión a emitir comportamientos antinormativos. Desde nuestro punto de vista, y considerando la literatura precedente, entendemos que esta limitación en la inteligencia emocional puede contribuir a la emisión de comportamientos desviados. En esta línea, dado que resulta factible el entrenamiento en habilidades de inteligencia emocional (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005), consideramos recomendable su incorporación en los programas de intervención y prevención con menores infractores. e) En suma, los menores infractores estudiados presentan menos competencia y destrezas sociales que los normativos, lo que parece traducirse en una vulnerabilidad más elevada a llevar a cabo comportamientos delictivos. Concretamente, muestran problemas de socialización, tienden a recurrir a estrategias de afrontamiento improductivas y evidencian limitaciones en inteligencia emocional. En general, estos resultados son acordes con la literatura previa, que identifica estas variables como factores de riesgo del comportamiento antisocial (Vázquez et al., 2003; Vázquez et al., 2011). Por consiguiente, parece aconsejable el diseño y la implementación de programas de intervención multimodales, esto es, cognitivocomportamentales (Beelmann y Lösel, 2006), con objeto de alcanzar la reinserción social de estos jóvenes con comportamiento delictivo. No obstante, para alcanzar las mayores cuotas de eficacia posibles esta intervención debería ser multinivel. Así, trascendiendo el nivel individual, habría que considerar los factores sociales, familiares y biológicos, de lo contrario el retorno del menor a su ambiente natural puede propiciar la recaída en el comportamiento delictivo (Arce et al., 2010; Fariña et al., 2010). Esta propuesta de intervención se ajusta al "modelo de no-modelo" de Arce y Fariña (2007) que ofrece un enfoque integrador del comportamiento antisocial y postula una intervención multimodal y multinivel. Conflicto de intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses