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• Maria Del Pilar Anchico Montaño

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Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización Grupo Pro Reparación Integral

Grupo Pro Reparación Integral

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Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización Edición: Abril de 2013 ISBN: 978-958-752-022-4 Coordinación general: Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral Comité editorial: Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral Consultoría: Andrea Guatavita Investigadoras: María Eugenia Ramírez Brisneda María del Pilar Silva Garay Claudia Girón Andrea Guatavita Aportes: Diego Agudelo Andrés Bastidas Liliana Romero Fotografías tomadas por: María del Pilar Silva Garay María Eugenia Ramírez Brisneda Con el apoyo de la Agencia Diakonía, Acción Ecuménica Gente que Cambia el Mundo Impreso en Colombia Se permite la reproducción parcial o total, a condición de citarse la fuente. Diagramación e impresión: EDITORIAL CÓDICE LTDA. Carrera 15 No. 54-32 Tel.: 2494992 [email protected] Bogotá, D. C.

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Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización

IN MEMORIAM Grupo Pro Reparación Integral

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Tabla de contenido Pág.

Primer capítulo

LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 1.1. Contexto de la investigación............................................................................................................................. 1.2. Enfoque metodológico..................................................................................................................................... 1.2.1. Principios metodológicos...................................................................................................................... 1.2.2. Descripción del proceso investigativo.................................................................................................... 1.3. Objetivos......................................................................................................................................................... 1.4. Análisis de la información................................................................................................................................. 1.5. Procesos sociales participantes.......................................................................................................................... 1.5.1. Mujeres y organizaciones vinculadas al Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en la región Caribe.................................................................................................... 1.5.2. Campesinos y campesinas de los Montes de María................................................................................ 1.5.3. Pueblo Indígena Wiwa de Kuashirimke (La Laguna) ubicado en la Cuenca del Río Ranchería................ 1.5.4. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) - Capítulo Meta........................... 1.5.5. Fundación Guagua, Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla.....................................................

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Segundo Capítulo

NUEVAS E HISTÓRICAS FORMAS DE ATAQUE CONTRA LOS PROCESOS SOCIALES EN COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3.

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¿Qué es la revictimización?............................................................................................................................... Condiciones propicias para la revictimización................................................................................................... 2.2.1. Intervención internacional en asuntos de economía y seguridad............................................................ 2.2.2. Criminalidad del Estado........................................................................................................................ 2.2.3. Expropiación del territorio rural y urbano.............................................................................................. 2.2.4. Naturalización y desconocimiento de la violencia contra la mujer......................................................... 2.2.5. La lucha contra las guerrillas para legitimar los crímenes de Estado y explicar los problemas de la nación. Mecanismos de impunidad...............................................................................................................................

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2.3.1. Mecanismos de impunidad de derecho................................................................................................. 2.3.2. Mecanismos de hecho.......................................................................................................................... 2.3.3. Mecanismos socioculturales..................................................................................................................

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Tercer capítulo

PROPUESTAS DE AFRONTAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 3.1. 3.2.

Alternativas de afrontamiento y resistencia frente a los mecanismos de impunidad........................................... El papel de la memoria en la transformación social........................................................................................... 3.2.1. Memoria para mantener la identidad cultural y la cohesión social......................................................... 3.2.2. Memoria para la resistencia................................................................................................................... 3.2.3. Memoria histórica y reparación integral.................................................................................................

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Cuarto capítulo

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, MÁS ALLÁ DEL LENGUAJE JURÍDICO 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Verdad ............................................................................................................................................................. Justicia ............................................................................................................................................................. Reparación integral........................................................................................................................................... Garantías de no repetición como condición para la verdad, la justicia y la reparación integral...........................

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Anexo A. Actividades para el análisis de la revictimización..........................................................................................

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Anexo B. Repertorio popular......................................................................................................................................

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Esta publicación está dedicada a la memoria de Alba Mery Chilito1, Angélica Bello2 y Patricio Flórez Severo3, por nombrar sólo a tres de las miles de víctimas de la violencia reciente, que directa o indirectamente, hacen parte de algunos de los procesos organizativos regionales que acompaña el Grupo Pro Reparación Integral (GPRI).

Patricio Flórez Lideresa de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), asesinada en Trujillo (Valle) el 7 de febrero de 2013 por los actores armados que han mantenido el control de esta región después de la cruenta masacre de carácter progresivo, perpetrada por grupos paramilitares al servicio de narcotraficantes  entre los años de 1987 y 1994, con un saldo mortal aproximado de 300 víctimas. 2 Lideresa de las organizaciones de mujeres desplazadas víctimas de la violencia sexual, creadora y directora de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres (Fundhefem). Dicen que, en extrañas circunstancias, se suicidó en Codazzi la noche del 16 de Febrero de 2013. Las personas y organizaciones sociales que la conocieron exigen una investigación para esclarecer su muerte, pues, por diversas razones, asociadas a la persecución y constantes amenazas que había recibido en sus últimos días, muchos creen que se trata de un asesinato encubierto.  3 Joven campesino de la región de Los Montes de María, ejecutado extrajudicialmente por dos oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal, el día 7 de febrero de 2007 en la vereda Tierra Grata en el Carmen de Bolívar. Posteriormente al asesinato, cuya modalidad implica un crimen enmarcado en lo que comúnmente se ha denominado “falso positivo”, fue presentado por los miembros de la patrulla militar como un terrorista dado de baja en un fiero combate con miembros de las FARC que los emboscaron. 1

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Primer capítulo

La propuesta de investigación El Grupo Pro Reparación Integral (en adelante GPRI) es un espacio de coordinación interinstitucional apoyado por Diakonia - Gente que cambia el mundo, y conformado por las siguientes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos: Corporacion AVRE Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social y la Cultura y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Desde el año 2004, el GPRI reflexiona sobre los derechos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y busca ayudar a la superación de la impunidad, generando estrategias, análisis, reflexión, sensibilidad y producción de materiales sobre los mecanismos de Reparación Integral. Uno de sus mayores aportes ha sido enfatizar la importancia de reparar, no sólo los daños individuales y colectivos que se derivan de los hechos violentos, sino también los derivados de la impunidad. El GPRI está conformado por profesionales, defensoras de Derechos Humanos que, junto con las víctimas, y en una apuesta por superar la impunidad y la violación de los Derechos Humanos en Colombia, buscan el esclarecimiento de los hechos y exigen la Reparación Integral. Sin embargo, la ausencia de garantías judiciales, producto de la exclusión y la falta de acceso a la Justicia por parte de la mayoría de los colombianos, las prácticas permanentes de victimización y revictimización complejizan esta labor. La principal herramienta que tienen las víctimas que han sido objeto de violación de derechos para demostrar los actos de victimización y revictimización ha sido la memoria. En primer lugar, la memoria histórica para documentar los casos y comprobar los hechos. En segundo lugar, la memoria colectiva para mostrar públicamente y repudiar los crímenes, con el fin de incidir en contra de los responsables y en pro de la dignidad de las víctimas. La memoria colectiva es un vehículo del recuerdo y el dolor experimentado en el pasado (Jelin, 2005); pero también tiene la facultad de aportar en la prevención de la repetición de la violación de derechos. Teniendo en cuenta esa potencialidad, el GPRI motivó la reconstrucción del pasado desde la perspectiva de los diferentes procesos sociales

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que ha venido acompañando, utilizando estrategias creativas y simbólicas para despertar el potencial transformador del recuerdo, con el fin de desarrollar estrategias de afrontamiento y resistencia frente a la revictimización. Como hipótesis de esta investigación el GPRI plantea que la revictimización es una estrategia de exclusión y dominación generada en el marco de la implementación de ideologías individualistas, proclives a la conformación de condiciones sociales, políticas y económicas injustas. Por ello es necesario pensar las garantías de no repetición desde la comprensión del pasado que afecta al presente. La reparación integral de los daños colectivos es una propuesta de reparación política que se centra en la solución de los problemas históricos de exclusión e injusticia social del país. Para lograr sus objetivos, el GPRI investigó la historia reciente desde un enfoque diferencial, fundamentado en la diversidad de género, etnia, cultura, política y generación con cinco procesos sociales en la zona Caribe, los Llanos Orientales y el Sur Occidente del país, conformados por hombres y mujeres de distintas edades, habitantes de zonas rurales y urbanas, mestizos, afro descendientes y del pueblo indígena Wiwa de Kuashirimke (La Laguna). En este documento, el GPRI explica y describe en el primer capítulo el enfoque metodológico, los objetivos, la ruta y las características de los participantes de la investigación; en el segundo capítulo presenta el análisis acerca de la dinámica de revictimización y los daños que se desprenden de ella; durante el tercer capítulo presenta alternativas de afrontamiento y resistencia y finalmente en el cuarto capítulo se presentan análisis y exigencias con respecto a los derechos de las víctimas. Hacen parte del documento como anexos algunas canciones y poemas que constituyen el repertorio popular y cultural de resistencia civil elaboradas por los participantes antes de la investigación o durante su desarrollo, también se presentan actividades que fueron usadas durante el proceso y que son útiles para discutir la revictimización y reparación integral. Este documento está destinado a los hombres y mujeres que conforman diferentes procesos sociales en Colombia, para que reconozcan y analicen la revictimización; a la academia preocupada por los efectos de la violencia y la impunidad para conocer reflexiones y conocimientos novedosos producidos en el campo popular; y a los defensores que denuncian las violaciones de Derechos Humanos en Colombia porque les proporciona información de tipo cualitativo que les permite comprender mejor la situación de las víctimas.

1.1. Contexto de la investigación El actual gobierno de Juan Manuel Santos llegó a la presidencia el 7 de agosto de 2010 promulgando la continuidad de los tres ejes del gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Bajo su Plan de Desarrollo denominado “Prosperidad para Todos”, el gobierno Santos viene desarrollando las políticas que fortalezcan las que ha denominado “locomotoras” del desarrollo y el crecimiento sostenible, entre ellas la

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agroexportadora y la minero energética. La implementación por parte del gobierno actual del Plan de “Prosperidad para Todos”, y de sus cinco locomotoras, tiene entre sus fines establecer las bases para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (y otros por venir, por ejemplo con la Unión Europea). Ha sido claro que la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es un antecedente clave para la aprobación, cuatro meses después, del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.: la primera se convierte en el marco legal para generar seguridad jurídica en el mercado de tierras, que generará utilidades para el segundo. La aprobación de dicho TLC se da incluso a pesar de las denuncias realizadas por congresistas, representantes de centrales obreras y de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que aún persisten en el país1. En este sentido, al momento de la aprobación del TLC, la CUT insistió en que se dejó de lado el hecho de que en 2011 han sido asesinados 22 sindicalistas2. De igual modo se pasaron por alto los 29 asesinatos de defensores de derechos humanos acaecidos en el primer semestre de 2011, tal como lo ha reportado el Programa Somos Defensores3. Así como los 17 casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por el CINEP4. La puesta a punto de las locomotoras del Gobierno Santos para la entrada en vigor del TLC, ha parecido olvidar la intensificación del conflicto armado así como de la violencia política, expresado en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los anteriormente referidos, pero también en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Resultan bastantes reveladores los resultados de la investigación realizada por Indepaz5, en la cual se evidencia que las formas de reestructuración del paramilitarismo (denominadas eufemísticamente por el Estado y la opinión pública como Bacrim) operan en la tercera parte de los municipios del país: esto es, 347 municipios de los 1.102 del territorio nacional6. Pero las cinco locomotoras del gobierno Santos parecen abrirse paso con mayor fuerza gracias a la aprobación del TLC, y al impulso del gobierno por ir sentando las condiciones para que las mismas tengan un pleno desarrollo –in-

Como el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, el 7 de junio de 2011 (tres días antes de la flamante firma de la Ley de Víctimas que contó con la complacencia del Secretario General de las Naciones Unidas). 2 Cfr.http://www.elespectador.com/economia/articulo-305209-sindicatos-reaccionan-cautela-tras-aprobacion-del-tlc. 3 Cfr. http://www.somosdefensores.org/attachments/article/94/+%20ALLA%20ESPA%C3%91OL_version%20web.pdf. 4 Cfr. Noche y Niebla, “Deuda con la Humanidad II: 23 años de Falsos Positivos 1988- 2011”. CINEP/PPP. 2011. 5 http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-311652-bandas-criminales-operan-347-municipios 6 Según Indepaz: “se ha podido constatar la recomposición de grupos narcoparamilitares a partir de la convergencia de varios procesos: Primero, la continuidad de grupos o de componentes remanentes de las desmovilizaciones parciales ocurridas entre 2005 y 2007; segundo, el reagrupamiento a partir de mandos medios que no se desmovilizaron y que reclutaron reincidentes y nuevos miembros, y tercero, al crecimiento de grupos armados creados por narcotraficantes.” En: http://www.indepaz.org.co/attachments/692_Sexto%20Informe%20sobre%20Paramilitarismo%202011%20-%20Indepaz.pdf 1

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cluso a pesar de que las dos fuertes temporadas de invierno han dejado ver cómo, en términos de infraestructura, Colombia aún no está preparada–. El anterior contexto de la consolidación de un modelo económico neoliberal hace ver un camino muy tortuoso –o imposible– para un efectivo goce del derecho a la reparación integral (y a las garantías de no repetición) por parte de las víctimas. A ello se suma, la aprobación de una agenda legislativa que en rasgos generales apunta a la restricción de los derechos, y al tiempo, a la construcción de las bases e instrumentos jurídicos pertinentes para la implementación ampliada del modelo de libre comercio con el exterior: no es casual entonces, que el presidente Santos haya señalado que la gestión del Congreso en la aprobación de sus iniciativas legislativas lo convierte en su “sexta locomotora”7. Frente al derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia socio política y del conflicto armado en Colombia, el hecho más relevante sucedido en 2011 ha sido la promulgación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) el 10 de junio, y su proceso de reglamentación. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de junio de 2011), que entró en vigencia el 1° de enero del 2012, es una herramienta legal que reconoce en el ámbito de lo formal, los daños que han sufrido miles de personas y comunidades por causa del conflicto armado interno colombiano. Esta Ley establece la disposición especial para lograr la devolución de los bienes inmuebles que fueron despojados a los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas o todas aquellas personas que tuvieron que abandonar sus tierras por causa de los grupos armados al margen de la ley. En la actualidad se están implementando los decretos reglamentarios y las oficinas que se encargarán de su aplicación y ejecución. A pesar de algunos avances contenidos en esta Ley, existen serias críticas respecto a su formulación e implementación, entre ellas, que la misma se plantee en un marco de justicia transicional para un país que aún se encuentra en medio del conflicto; la falta de participación real de las víctimas; el favorecimiento de algunas víctimas de acuerdo al actor armado responsable del delito, etc. En el caso de la costa Caribe, zona de ejecución del presente proyecto, la Ley 1448 ya inició su implementación por medio de la creación de las estructuras administrativas que deben hacer efectivos los planteamientos y los derechos consignados en esta ley. En este sentido, ya ha sido creada la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en el Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sincelejo (Sucre), así como en otros departamentos de la región Caribe; de igual modo, ya ha sido creada la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación en el departamento de Bolívar. Este aparato institucional tiene como objetivo cumplir la meta del gobierno de “restituir 2,5 millones de hectáreas de las 6,65 millones de hectáreas que han sido usurpadas entre 1998 y 2010”8.

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“El Congreso es la sexta locomotora del Gobierno Santos”. En http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/congreso-sexta-locomotora-del-gobierno-santos. “XI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia: Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado”.

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Junto a la creación de un aparato institucional para la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es necesario destacar la continuidad del conflicto armado y de la violencia política en la región Caribe, en especial por la presencia de grupos paramilitares como Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas y Águilas Negras9; en este sentido, resultan bastante sugerentes los resultados de la investigación realizada por Indepaz10, en la cual se evidencia que estas formas de reestructuración del paramilitarismo (denominadas eufemísticamente por el Estado y la opinión pública como Bacrim), operan en la tercera parte de los municipios del país: esto es, 347 municipios de los 1.102 del territorio nacional11.

1.2. Enfoque metodológico El enfoque metodológico se basa en supuestos teóricos que identifican la acción del GPRI. Por lo tanto la investigación que se realizó y que produjo el presente documento se enmarca dentro de las reflexiones de la sociología crítica, la educación popular y la psicología de la liberación, pues se concibe como parte de un proceso en el que los actores sociales generan posibilidades de transformación social. Según Pizzinato (2008: 113) el concepto de liberación “reconoce la libertad del otro, quien deja de ser un sujeto ‘sujetado’ para ocupar un lugar de igualdad, activo como actor social fundamental; se trata de un sujeto de habilidades y conocimientos específicos de una índole particular.” Esto ubica el proceso realizado y el producto escrito en el ámbito de la investigación social crítica, que ha sido orientada por los principios del materialismo histórico y que en este caso se expresa a partir del diálogo de saberes con los participantes y desde la intencionalidad política de la reconstrucción de la memoria. El interés fundamental que orienta la investigación es emancipatorio, en consecuencia se refiere a un paradigma crítico social y es desde ahí que se desarrolla todo el proceso. En este sentido se retoman elementos de la Investigación Acción Participativa (IAP), comprendida en la perspectiva de Fals Borda (1991:9) como una “metodología experimental que implica la adquisición de conocimiento serio y confiable sobre el cual construir poder para los grupos y clases sociales pobres, oprimidas o explotadas, y para sus organizaciones y movimientos auténticos.” Esta perspectiva promueve técnicas particulares, dirigidas a incluir de forma activa el interés y el accionar de los grupos afectados por la revictimización, para desarrollar una postura crítica frente a la impunidad o de otras formas que De acuerdo al sexto informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares de Indepaz, “los departamentos con mayor número de municipios con presencia de estos grupos (paramilitares) son Córdoba (78,6%), Sucre (65,4%), Bolívar (64,4%), Cesar (60%), etc. …”. Tomado de “XI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia: Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado”. 10 http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-311652-bandas-criminales-operan-347-municipios 11 Según Indepaz: “se ha podido constatar la recomposición de grupos narcoparamilitares a partir de la convergencia de varios procesos: Primero, la continuidad de grupos o de componentes remanentes de las desmovilizaciones parciales ocurridas entre 2005 y 2007; segundo, el reagrupamiento a partir de mandos medios que no se desmovilizaron y que reclutaron reincidentes y nuevos miembros, y tercero, al crecimiento de grupos armados creados por narcotraficantes.” En: http://www.indepaz.org.co/attachments/692_Sexto%20Informe%20sobre%20Paramilitarismo%202011%20-%20Indepaz.pdf 9

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vulneran los procesos sociales: la exclusión social de poblaciones específicas y la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la colectividad. Esa postura crítica se usó como fundamento del análisis de las problemáticas, poniendo de relieve el protagonismo de las acciones populares para transformar el contexto, y constituyó un conjunto de principios que condujeron a desarrollar la intervención a partir de prácticas y concepciones de la educación popular. Ahora bien, “La metodología no se resuelve en las técnicas, aunque por supuesto, toda metodología implica el uso de unas técnicas determinadas. Tras ella hay un acumulado teórico que fundamenta y una concepción pedagógica que le da sentido y direccionalidad. De cierta forma la metodología nos remite a un conjunto organizado de principios y criterios generales que guían el desarrollo de un proceso que, en el caso de la educación popular, no es otro que la búsqueda del empoderamiento.” (Mejía y Awad, 2003:125). 1.2.1. Principios metodológicos Se formula a continuación los principios metodológicos que son consistentes con esta perspectiva. En primer lugar fue necesario promover un trabajo igualitario entre participantes con diferentes niveles de formación, y manejar algunos temas durante cada actividad, respondiendo a las diferentes expectativas de cada grupo. Recordar las experiencias del pueblo Wiwa durante el desplazamiento forzado, con el fin de reconocer los daños y generar mecanismos comunitarios para protegerse ante nuevos hechos de violencia. Reconocer la historia de violencias contra las mujeres y los procesos de apoyo, incidencia y denuncia que ellas han adelantado. Construir una herramienta de reflexión y análisis que les permita a las mujeres crear estrategias frente a la Revictimización. Nutrirse del intercambio con los otros procesos sociales y saber cómo responden frente a situaciones de ataque, auto evaluarse, tener elementos para pensar las Garantías de No Repetición frente al riesgo. En segundo lugar el proceso investigativo se dirigió a generar reconocimiento de diversas situaciones, tales como las que se presentan a continuación: Reconocer los daños generados por la violencia, las formas de revictimización y propuestas para la exigencia de no repetición. Reconocer o desarrollar colectivamente una postura crítica frente a la impunidad u otras acciones que vulneren los procesos sociales.

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Reconocer el valor de los procesos organizativos populares, como escenarios de acción colectiva de exigencia de los derechos. Promover la participación directa de quienes han hecho parte de procesos sociales y fomentar el diálogo de saberes. En tercer lugar los siguientes elementos fueron útiles para lograr el objeto del proceso y se relacionan directamente con la investigación acción participativa: el enfoque diferencial, la recuperación del arte, el juego y la complementariedad.La complementariedad como principio surgió del primer encuentro de los distintos grupos, se comprendió que no era posible igualar el conocimiento de unos y otros con respecto a los distintos temas abordados, por lo cual, se observó y se transmitieron las reflexiones y fortalezas de unos y preguntas de otros para complementar el análisis de la problemática de revictimización. Así, las reflexiones y aportes que, desde su perspectiva particular, producía un grupo enriqueció la experiencia y la capacidad comprensiva de los otros. El enfoque diferencial fue entendido como una oportunidad de promover el enriquecimiento colectivo. Las metodologías debían adaptarse al ritmo de aprendizaje y a los intereses de cada grupo. La diferencia de perfiles, jerarquías, escenarios de diálogo, manejo de la ley, la condición étnica, de género y generación, fueron transmitidos entre los grupos para generar preguntas sobre la situación de mujeres, niños, hombres, indígenas y las formas organizativas al interior de cada grupo. Los procesos sociales con los que se trabajó reconocieron la dimensión colectiva de las luchas y problemáticas compartidas al escuchar cómo eran vividas y narradas por sus compañeros y compañeras. En este sentido, el diálogo en torno al elemento diferencial surgió a partir del intercambio entre los diferentes grupos, y a partir de la comprensión de los temas relevantes donde se ubicaban las diferencias; comprensión a la que contribuyó de manera fundamental el conversatorio previo de los facilitadores con el Padre Javier Giraldo, S.J., la lidereza afro colombiana, Daira Quiñonez, el abogado Michael Reed y la Fundación “Guagua”. También se encontraron elementos generales que eran útiles para la creación de la metodología y el direccionamiento de la investigación, de los cuales se resaltan: a. Los procesos sociales han compartido el sufrimiento de hechos violentos desde la experiencia, la verbalización y la simbolización. b. Hay una elaboración del contexto cultural, político y económico de la violencia. c. Hay herramientas, nociones y límites de la memoria sobre los cuales unos grupos pueden conocer y aportar. d. Hay reflexiones, propuestas y acciones destinadas a la consecución de Verdad, Justicia y Reparación Integral, y Garantías de no Repetición. Al avanzar en el proceso se constató que: a.

Todos los grupos comparten historias y narraciones acerca del sufrimiento, pero no todos tienen herramientas para hablar del dolor, ni espacios para contenerlo.

b. Hay comprensiones históricas de distinto origen y “tiempo”. Pero no todos tienen claridad acerca de los elementos estructurales que perpetúan las dinámicas de victimización en los diferentes contextos regionales.

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En este sentido, el propósito es promover la comprensión y el conocimiento en torno a las condiciones estructurales en los contextos regionales abordados en el marco del proceso de acompañamiento, buscando la complementariedad de las miradas de los diferentes grupos de participantes, con el fin de de reconocer las dinámicas particulares del patriarcado, los impactos particulares del capitalismo, el etnocentrismo, y las dinámicas autoritarias generadas desde el Estado, tanto en el presente, como en el pasado.

c.

Las formas ancestrales de memoria han sido efectivas, duraderas e invisibles, al igual que los contenidos de la memoria, construidos en el marco de las redes sociales que han tejido las organizaciones de mujeres y las mujeres al interior de las comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior, las facilitadoras intentaron que en el marco conceptual de la presente investigación, estos contenidos y estas formas particulares de hacer memoria, no se subordinaran a las expresiones y contenidos que dominan el campo conceptual y narrativo de los Derechos Humanos.

d. Las Garantías de No Repetición de los hechos violentos, de acuerdo a las concepciones particulares de los diferentes grupos –organizaciones y comunidades– con quienes trabajamos, se centran en las nociones de territorio, naturaleza, cuerpo, sentido de pertenencia e identidad, que a su vez determinan la comprensión en torno a los Derechos Humanos, y a las prioridades que se deben tener en cuenta a la hora de reparar integralmente a los diversos grupos y sectores de la población afectados por la violencia; es decir, a los hombres, las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores, pertenecientes a comunidades étnicas, sectores campesinos y organizaciones sociales. En consecuencia, los grupos, como parte del mismo sector socio económico, pudieron construir propuestas colectivas y tener acuerdos comunes, dado que el trabajo se centró en los elementos comunes, donde ningún énfasis excluye al otro. e.

El juego y el arte, por un lado, constituyen dinámicas creativas y placenteras; por lo tanto, posibilitan que la experiencia del trabajo colectivo sea algo agradable, y que los participantes se sientan motivados para generar procesos de encuentro e intercambio a mediano y largo plazo. Por otro lado, facilitan la comunicación y son útiles para recuperar la memoria que han ido guardando los pueblos en sus expresiones artísticas y culturales tradicionales.

Uno de los participantes del proceso afirmó que nuestras formas habituales de hacer memoria eran muy urbanas, y por ello intentamos integrar otras formas, de las cuales, las más efectivas resultaron ser el dibujo, la música y los títeres, debido a las capacidades de actuación y la musicalidad de los y las participantes y las habilidades de las facilitadoras. Con el fin de promover la emergencia y el surgimiento de los conocimientos, reflexiones y propuestas particulares por parte de las diferentes organizaciones y comunidades con quienes trabajamos, los facilitadores probamos con cierto número de metodologías para determinar cuáles tenían mejor recepción en los grupos y cuáles nos permitían identificar las formas de revictimización y las nociones acerca del daño, de acuerdo al contexto histórico y la identidad cultural de cada organización o comunidad.

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1.2.2. Descripción del proceso investigativo Para entender cómo se ha generado la revictimización en cada caso, y qué tipo de acciones se han llevado a cabo para afrontar los daños al interior de los distintos grupos fue necesario recoger y producir información en campo y hacer un análisis cualitativo de la información recogida, conjugando las experiencias de las comunidades y organizaciones sociales y los conocimientos teóricos del equipo de investigación, a través de distintas actividades destinadas a validar la información y promover el fortalecimiento de los procesos organizativos. Se inició un proceso de investigación seleccionando, en el marco de procesos de acompañamiento que ya se vienen adelantando, cinco procesos sociales que en términos de Fals Borda (1979), podían ser referentes, tanto en el tema de memoria colectiva, como en el tema de revictimización. Para el GPRI reunían las condiciones para compartir, construir conjuntamente el conocimiento en torno a temas de mutuo interés y para que se pudieran fortalecer gracias al proceso adelantado. La investigación se desarrolló sobre la base de condiciones de confianza previamente establecidas y con el propósito de impulsar el trabajo adelantado por cada grupo, teniendo en cuenta las herramientas de memoria que algunos han construido. Su propósito se centró en analizar y dejar instalados conocimientos sobre la memoria y las garantías de no repetición; y por otro lado, impulsar el interés por la investigación y la construcción del conocimiento propio. Se realizó un ejercicio de rememoración y reflexión sobre la utilidad de recordar qué nos ha permitido ubicar a los grupos en momentos distintos con respecto a su proceso y, a través de esta identificación, establecer cuáles fueron los mecanismos de impunidad. Ha sido un ejercicio para mostrar la utilidad de hacer una lectura histórica de los procesos sociales, conjuntamente con la problemática de revictimización. El proceso inició con el diseño de las actividades de producción de información, estas se realizaron con participantes de las cinco experiencias, se analizó la información y finalmente se validó con ellos y ellas las pautas generales de lo hallado. Finalmente se avanzó en la elaboración del presente documento.

1.3. Objetivos Objetivo general de la investigación Reconstruir la memoria de cinco formas organizativas alrededor de la problemática de revictimización en el pasado reciente de estas organizaciones sociales y, a partir de dicha comprensión, proponer estrategias para prevenir la repetición de los hechos violentos.

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Objetivos específicos G Identificar las acciones de exigencia de derechos que realizan los cinco procesos sociales a través de su historia organizativa y la Revictimización vividas por cada grupo en relación con dichas acciones. G Identificar, desde una perspectiva diferencial, los daños colectivos causados por la Revictimización. G Documentar las alternativas de protección de los cinco procesos sociales y construir propuestas para la exigencia de la Reparación Integral colectiva haciendo énfasis en las Garantías de No Repetición.

1.4. Análisis de la información La información fue procesada desde los parámetros del análisis cualitativo de contenindo. Para ello se establecieron las siguientes categorías: daños, violaciones de Derechos Humanos, mecanismos de impunidad, estrategias de afrontamiento y resistencia, y alternativas de construcción de memoria. Se recogió la información de campo y se organizó según estas categorías, las conclusiones de este trabajo fueron validadas con miembros del GPRI y con cuatro de los procesos sociales participantes. A partir de este análisis se elaboró el documento final.

1.5. Procesos sociales participantes Los procesos sociales se forman a partir de la interacción entre personas que comparten intereses y condiciones de vida que pueden transformar de manera colectiva (Martín - Baró, 1983). Dichos procesos tienen distintas formas de organización, espacios de diálogo y estrategias de intercambio e incidencia política. Las personas que participan en procesos sociales, generalmente pertenecen a sectores de la población sometidos a prácticas violentas que limitan su incidencia y aumentan la distancia entre ellas y los grupos hegemónicos. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta cada persona y cada grupo para trabajar en colectivo? Algunas están relacionadas con la violencia estructural, de carácter histórico, que se expresa en la inequidad económica y social, y con la discriminación política, étnica, cultural y de género, a la que han sido, y continúan siendo sometidos distintos sectores sociales, que se reflejan con la falta de educación, información y acceso a las condiciones mínimas de existencia digna. Para superar esas dificultades se desarrolla la organización. Los cinco procesos que participaron en la investigación son experiencias colectivas de exigencia de derechos, que defienden el territorio, los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos sexuales y derechos reproductivos, civiles y políticos, y el derecho a una vida libre de violencias.

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1.5.1. Mujeres y organizaciones vinculadas al Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en la región Caribe12 El grupo hace parte de la articulación del proceso del Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una apuesta política de mujeres y organizaciones colombianas, entre las que se encuentran un número significativo de mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado y sus demandas de reconocimiento y ejercicio de los derechos a la reparación integral y la restitución de tierras en Colombia.

Las mujeres hacen parte de las siguientes organizaciones de la Mesa de los DESC de la Regional Caribe: Liga de mujeres desplazadas de Cartagena y Bolívar, Asociación pro desarrollo de mujeres desplazadas de San Jacinto, Asociación de mujeres desplazadas Mis Esfuerzos, Organización de mujeres desplazadas Nelson Mandela, Corporación de mujeres desplazadas de Arjona, Asociación de mujeres rurales de Cantilleras y Altamira, Asociación de mujeres desplazadas del Carmen de Bolívar, Grupo de mujeres Espejo y Casa Taller, Asociación regional de Madres Comunitarias (Santa Marta), ASOMACOBOL (Cartagena), Red de mujeres de Montes de María, Asociación pro desarrollo de las mujeres de San Jacinto, Voces de derechos, Colectivo de mujeres rurales de Cantilleras y Altamira, Baranoa, Madres comunitarias de Bonda, Taganga, Zona Bananera, FUNMABA de Baranoa, Red de mujeres desplazadas de Sabanalarga, Aso12

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Como consecuencia del conflicto social y armado han vivido masacres, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Con respecto a ellas como víctimas directas del conflicto, ven violados sus derechos sexuales y reproductivos. Son objeto de violencia sexual con frecuencia siendo menores de edad, por acción de adultos protectores o actores armados. La violencia sexual tiene un uso masivo y el cuerpo de la mujer es considerado botín de guerra. En el ejercicio de rememoración acerca de cuáles han sido los momentos significativos para su proceso de emancipación identificaron varios momentos según su nivel de empoderamiento y de participación en distintos escenarios desde los cuales han promovido el reconocimiento de sus derechos. En cada momento identificaron distintas luchas y formas de revictimización. Las mujeres participan y conocen sus derechos En el proceso han asumido mayor conciencia y empoderamiento de sus derechos en sus relaciones en el ámbito familiar, social y político, en medio de obstáculos graves que tienen que enfrentar las mujeres que exigen verdad, justicia y reparación, la restitución de sus derechos y a una vida libre de violencias. Algunas mujeres participaron en procesos derivados de las luchas por la organización campesina y el territorio desde la década del 70, gracias a ésto, ellas tienen conciencia de su poder en el ámbito comunitario. Actualmente todas participan de espacios de capacitación promovidos por parte de organizaciones como ILSA, los efectos de la capacitación empiezan a reflejarse, primero en el hogar, pues algunas mujeres tienen que romper limitaciones propias de la sociedad patriarcal: patrones de discriminación y exclusión contra aquellas que deciden participar en procesos sociales. El reconocimiento de esas formas de discriminación y exclusión como obstáculos para la exigencia de derechos es uno de los logros de las mujeres que participaron en la investigación. En el proceso que llevamos a cabo, las mujeres describieron una estrategia de trabajo colectivo particular a su identidad, acorde a la necesidad de establecer formas de relación y comunicación más afectuosas con sus historias y sus cuerpos y más útiles para hacer visibles las discriminaciones y violencias de las cuales son objeto. Para adelantar esa estrategia son elementos importantes la conciencia, la movilización, la solidaridad y la “sororidad”, explicada por una de las integrantes del proceso de la siguiente manera: Sororidad es “sentir lo que viven las compañeras en un momento de angustia, ser cómplices de su experiencia, vernos reflejadas en las otras, sentir a las otras” (Asistente al Taller en Cartagena, 2011). Este intercambio mejora la autoestima de las mujeres, surgen la esperanza y la confianza en los escenarios de participación, se fortalecen los encuentros y el reconocimiento de los daños sufridos y se movilizan las acciones colectivas frente a sus condiciones de discriminación y subordinación.

ciación de mujeres de Zambrano, Colectivo Mujer legal, Mujeres de la Asociación de desplazados Unidos de Soledad – EDUSOC, Asociación de mujeres ciudadanas del Caribe, Asociación de mujeres desplazadas – ASOMONTES DE MARÍA.

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Todas hacen parte de organizaciones comunitarias diversas Las mujeres trabajan en las siguientes organizaciones de la Mesa de los DESC de la Regional Caribe con el fin de reivindicar sus derechos, los de sus familias y comunidades. Dichas organizaciones son: La Liga de mujeres desplazadas de Cartagena y Bolívar, la Asociación pro desarrollo de mujeres desplazadas de San Jacinto, la Asociación de mujeres desplazadas “Mis Esfuerzos”, Organización de mujeres desplazadas “Nelson Mandela”, la Corporación de Mujeres Desplazadas de Arjona, la Asociación de Mujeres Rurales de Cantilleras y Altamira, la Asociación de Mujeres Desplazadas del Carmen de Bolívar, el Grupo de Mujeres Espejo y Casa Taller, la Asociación Regional de Madres Comunitarias (Santa Marta), ASOMACOBOL (Cartagena), la Red de Mujeres de Montes de María, la Asociación pro Desarrollo de las Mujeres de San Jacinto, “Voces de derechos”, Colectivo de mujeres rurales de Cantilleras y Altamira, Baranoa, las Madres Comunitarias de Bonda, Taganga, Zona Bananera, FUNMABA de Baranoa, Red de Mujeres Desplazadas de Sabanalarga, Asociación de Mujeres de Zambrano, Colectivo Mujer legal, Mujeres de la Asociación de Desplazados Unidos de Soledad – EDUSOC, Asociación de Mujeres Ciudadanas del Caribe, Asociación de Mujeres Desplazadas – ASOMONTES DE MARÍA. Diálogo para la incidencia política Las actividades de incidencia que desarrollan estar organizaciones están dirigidas a exigir el diseño e implementación de políticas públicas para las mujeres y los derechos de las mujeres rurales al acceso a la tierra, los derechos laborales, los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho a no ser víctimas de ningún tipo de violencia y los derechos relacionados con la victimización enmarcada en dinámicas que comportan violaciones graves a los Derechos Humanos. Estas actividades de incidencia pueden ser organizadas en las siguientes categorías: 1) Denuncia y exposición de la situación económica, social y política de las mujeres a través de la mesa DESC o el tribunal de mujeres 2) La promoción de Leyes como el Auto 092 de 1998, emitido por la Corte Constitucional de Colombia, y dedicado a la Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, y la Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal. Procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, la ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, 3) Logros en escenarios de debate político a nivel regional. La exigencia de los derechos sexuales y reproductivos Los encuentros de las organizaciones de mujeres del Caribe son espacios de confianza para reconocer los daños, trabajar para superarlos, motivarse para vivir y luchar por mejorar el estado de salud. Por cuestiones culturales, las mujeres han puesto en primer lugar la problemática familiar y comunitaria, a partir de la formación empiezan a considerar la necesidad de mejorar sus condiciones de vida como mujeres. En este sentido, la exigencia de los

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derechos económicos, sociales y culturales busca beneficiar directamente sus ingresos, su trabajo, su autonomía y su recuperación. Para la exigencia de los derechos sexuales y reproductivos es necesario que las mujeres reconozcan su cuerpo marcado por las violencia doméstica, la violencia política y el conflicto armado. En todas ellas ha sido una práctica predominante la violencia sexual. Dicho reconocimiento requiere de otras emancipaciones que permitan a las mujeres hacer frente a todos los obstáculos que se les presentan al interior de la familia, frente a la comunidad y, principalmente, en la zona en la que habitan, donde las mujeres, sus familias y sus comunidades han tenido que sortear la amenaza de los grupos armados.

Auto 092 de 2008 Fue divulgado por la Corte Constitucional tras reconocer la situación de las mujeres desplazadas. ...La situación de la mujer desplazada en el país constituye, sin lugar a duda, una de las manifestaciones más críticas y alarmantes del estado de cosas inconstitucional lo que amerita medidas específicas de resolución por parte de las autoridades competentes (Corte Constitucional, 2008). La Corte reconoce condiciones de vulnerabilidad específicas de las mujeres desplazadas y propone la creación de 13 programas a los que puede asistir cualquier mujer en condición de desplazamiento. Dichos programas son: G Programa de prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento, mediante la prevención de los riesgos en el marco del conflicto. G Programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas. G Programa de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas. G Programa de apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar y de apoyo educativo a mujeres mayores de 15 años. G Programa de facilitación de acceso a la tierra. G Programa de protección de derechos de las mujeres indígenas desplazadas. G Programa de protección de derechos de las mujeres afro descendientes desplazadas. G Programa de promoción de la participación de mujeres y prevención de violencia contra mujeres liderezas. G Programa de acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas.

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G Programa de garantías de los derechos de mujeres desplazadas a la Verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición. G Programa de eliminación de las barreras de Acceso al sistema de protección.

1.5.2. Campesinos y campesinas de los Montes de María La región de los Montes de María está ubicada en el Caribe colombiano, integra las zonas rurales de quince municipios pertenecientes a los departamentos de Bolívar y Sucre. Dentro de sus principales actividades económicas se destacan la agricultura comercial, el emprendimiento pesquero y artesanal, la ganadería extensiva y la explotación de la madera. Se cultiva yuca, ñame, plátano, aguacate, maíz, café, tabaco y una gran diversidad de frutas (Mesa de Seguimiento y Acompañamiento a las Comunidades de Montes de María, 2010). Sectores políticos y económicos de la región implementaron una estrategia para disminuir las posibilidades de movilización campesina y sindical, así como para mantener el control territorial. Esta estrategia se consolidó a partir de que dichos sectores acordaron la formación de grupos paramilitares, primero, como grupos locales formalizados en los 90, tales como las Convivir, y hacia el 97 con la constitución del “Bloque Norte de las AUC” y del “Bloque Héroes de Montes de María” (Verdad Abierta, 2010). Durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe el territorio fue declarado “zona de rehabilitación y consolidación”; lo que implicó el establecimiento, por parte de fuerzas del Estado pertenecientes a la Infantería de Marina, la Policía, el Batallón Fusileros, las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), de distintas estrategias de control territorial (MSACMM, 2006). En la última década, los terratenientes han aumentado sus tierras valiéndose del despojo a los pequeños agricultores, con la cría de ganado y con la implementación de agro industrias apoyadas por el Estado para aumentar la competitividad de cara a los tratados de libre comercio (CCAJAR, 2011). Los campesinos y campesinas, que participaron de la presente investigación, provienen de algunas veredas de Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas. Sus mayores estructuras de organización, debate y diálogo, son las asociaciones campesinas y las juntas de acción comunal. Cuentan con distintas experiencias de denuncia y organización y tienen en común ser víctimas de crímenes de Estado. El ejercicio de rememoración realizado con el grupo, dio como resultado una línea de tiempo, cuyo contenido se refiere a los hechos de violencia que los afectaron, las actividades de organización de la comunidad, y las respuestas del Estado frente a sus exigencias de Verdad, Justicia y Reparación Integral.

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Durante los años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la población campesina fue objeto de distintas estrategias de control territorial entre las que es fundamental mencionar “la red de informantes” que en otros términos

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2010

2012

Respuesta positiva de la Sala de Seguimiento a la sentencia T-025

2007

Tutela por la crisis humanitaria

Visita humanitaria

Construcción de la escuela “Tierra Grata”

2006

Recuperación del caballo y el cuerpo de Patricio Flórez

2005

2001

Actividades regulares de trabajo colectivo en las JAC, deportes y encuentros culturales

2008

2012

Retenes, bloque económico, empadronamiento y delación. Fuerzas Militares

Detenciones masivas y arbitrarias bajo condiciones de tortura. Fuerzas Militares (FFMM)

RESPUESTA DE AYUDA POR PARTE DEL ESTADO 2010

Visita de acción social como respuesta a la tutela

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Amenazas y explosiones contra campesi@s en marchas contra el despojo

2007

Control territorial y delación. Fuerzas Militares

2006

Quema de casas

2002

Ejecución extrajudicial de Luis Miguel Gómez Porto. FFMM

Enero. Masacre y desplazamiento. Corregimiento de Santo Domingo. BHMM

2001

Enero. Masacre y desplazamiento forzado del corregimiento de Chengue (ovejas)

2000

16 de octubre. Masacre y desplazamiento de Macayepo. BHMM.

Marzo 10. Asesinato de Pedro Niño. Paramilitares

1999

Marzo. Masacre y desplazamiento del Salao. Bloque Héroes. Montes de María (BHMM)

1995

11, 12, 13 de marzo. Masacre de San Isidro. Desplazamiento. Paramilitares

1985

Febrero 8. Ejecución extrajudicial de Patricio Flórez

CRÍMENES DE ESTADO

Grupos armados en la escuela. Violencia y maltratos

Estos procesos sociales guardan en su memoria colectiva haber sido objeto de ataques que vienen presentándose por lo menos desde 1980. Dichos ataques empeoraron a través de la acción paramilitar concentrada en la ejecución de 56 masacres ocurridas entre 1999 y 2003 (Verdad Abierta, 2010). Y de las cuales los campesinos y campesinas describieron, por ejemplo, la masacre en el corregimiento de Chengue del Municipio de Ovejas. En donde fueron asesinados veintinueve hombres, dos de la tercera edad, un menor de edad y una persona con una discapacidad; y la masacre en el corregimiento de Santo Domingo, donde fueron asesinadas doce personas bajo la responsabilidad del grupo de paramilitares “Bloque Héroes Montes de María”.

1987

Construcción del carreteable San Cristóbal

Las comunidades han adelantado diversas acciones para su construcción y preservación. Se mantienen vivas e integradas gracias a la organización de días cívicos, actividades de integración y de expresión artística como la composición musical.

ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD

GRÁFICA 1

Construcción de la casa comunal de la Vereda Hondible

Línea de tiempo (Gráfica 1)

es un sistema de compra de conciencias a cambio del ofrecimiento de recompensas por señalar a los pobladores de la región como auxiliadores de la guerrilla. Estos señalamientos también son realizados contra la población general, por parte del ejército, las Autodefensas y la Presidencia de la República a través de los medios de comunicación. Ese señalamiento legitimó el asesinato de pobladores que posteriormente fueron vestidos de combatientes, bajo la figura de los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales. Todas las acciones mencionadas constituyeron violaciones de derechos en los cuales participaron miembros de las Fuerzas Militares. Una de las actividades que más reconocen y mencionan quienes participaron de la investigación fue la visita humanitaria movilizada desde la región y en la que participaron varias organizaciones sociales y de Derechos Humanos a nivel nacional entre ellas: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Prensa Rural, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Desde esta fecha cuentan con el apoyo del CCAJAR. ¿Cuál fecha? Según línea de tiempo 2006. Gracias a las denuncias e investigaciones acerca de lo ocurrido en la región, se está conociendo quiénes se lucraron de estas acciones, para lo cual, algunas entidades del Estado como el INCODER y el Ministerio de Agricultura, facilitaron la expropiación de la población campesina victimizada (Programa Contravía, 2011). La tierra es usada por empresas como Cementos Argos, la empresa de chocolates de Macayepo, la empresa “Geopetro” de explotación petrolera, ¿Tolcementos existe todavía? Creo que ahora es Argos. y otras, dedicadas al cultivo de palma. Estas empresas llegaron al territorio después del despojo, y fueron comprando la tierra por precios muy bajos, en una época en la que el campesinado estaba asustado y el cultivo del aguacate –producto fundamental del pequeño agricultor– se extinguía por factores ambientales que no han terminado de definirse. Actualmente es posible reconocer la relación entre esas entidades económicas y las actividades militares y paramilitares encaminadas a fortalecer los proyectos que se adelantan en el territorio. Dichas acciones causaron daños y pérdidas al campesinado en su productividad, en su patrimonio y su plan de vida comunitaria. Por esta razón, es evidente que en la línea de tiempo construida por los participantes del proceso, se reconocen acciones por el crecimiento de la comunidad durante la época de las masacres, excepto en la única vereda que no fue objeto de asesinatos masivos, y que la comunidad se dedica posteriormente a la acción jurídica y la movilización en el tema de Derechos Humanos.

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Sentencia T-025 La Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, tutela los derechos de la población en condición de desplazamiento. Gracias a ésta y a sus Autos de seguimiento, se declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la población en condición de desplazamiento, por considerar que existe una vulneración sistemática de sus derechos; y a partir de esto, se impartió una serie de órdenes a entidades nacionales y territoriales, con el fin de que sean atendidas las necesidades básicas de la población (Corte Constitucional de Colombia, 2004). En este caso, la población de la región de los Montes de María no ha gozado de sus derechos y ha tenido que tutelar e interponer distintas acciones para obtener, desde el auxilio o la ayuda humanitaria, hasta la restitución de las tierras, para lo cual recientemente logró medidas judiciales por parte de la Sala de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento. Dichos Autos afirman que: ...Esta sala remitirá a la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas, a la unidad administrativa especial para la atención y Reparación Integral a las víctimas, los anexos de la petición de la referencia, para que como entidad responsable de la adjudicación y entrega de tierras a nivel nacional, proceda a estudiar cada uno de los expedientes, adopte las decisiones a que haya lugar y envíe a la Corte Constitucional un informe detallado de las medidas adoptadas con el fin de proteger los derechos de estas personas (Sentencia del 28 de marzo de 2012).

1.5.3. Pueblo Indígena Wiwa de Kuashirimke (La Laguna) ubicado en la Cuenca del Río Ranchería La Sierra Nevada de Santa Marta es una formación montañosa, ubicada entre los Departamentos de Magdalena, la Guajira y Cesar, independiente de la cordillera de los Andes y compartida por cuatro pueblos indígenas descendientes de los Tayronas: el pueblo Kankuamo, el pueblo Arhuaco, el pueblo Kogui y el pueblo Wiwa. La Sierra es el corazón del mundo para los pueblos indígenas y su territorio está determinado por la línea negra, que es la frontera cultural legada por los Padres Tutelares a los cuatro pueblos con el fin de demarcar un espacio territorial para su existencia y devenir autónomo (Fundación Pro Sierra, 1998). A los indígenas de la Sierra Nevada los une la cultura, la tierra, que es madre, mujer y fertilidad, y la historia compartida de violaciones de derechos. Rinden pagamento por ellos y por todo el universo para que no sigan ocurriendo catástrofes. Se dedican al cultivo de yuca, plátano, café, caña de azúcar, malanga, maíz, frijol, ñame y frutas. Fabrican panela y crían cabezas de ganado, cerdos y aves domésticas.

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Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización

Los Wiwas hablan la lengua Dumuna. Cuentan que su origen ancestral cumplió distintas fases que ocurrieron en los distintos puntos sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los padres espirituales enseñaron a los Wiwas, que primero era tiniebla, oscuridad, no había nada. Seránkua hizo la roca, creó el agua, la tierra, los árboles, los sitios sagrados: luego creó el pensamiento en unas ollas de barro y nació un hombre. En la primera fase de creación, el hombre fue pensamiento, en la segunda fue aire, en la tercera fue burbujas de agua, y en la cuarta fase, que es la de hoy, aparecieron los seres humanos (Asistente al Taller inicial, 2011). El punto en donde se organizaron lo femenino y lo masculino fue Pankasha, y en la madrugada llegaron a un punto sagrado llamado Duimake. La mujer Wiwa viene de la tierra y el pensamiento, y su historia se transmite a través de las ancianas. La anciana o mujer sabia, es llamada Saga. La mujer tiene que cumplir con las leyes; la mochila es su oficio, y la cabuya va en las piernas; la mujer que se convierte en mujer cuando recibe su primer gayana (periodo menstrual). En la infancia se usa una batica, a las mujeres se les identifica y con los collares y a los hombres con una mochila. Cuando se desarrollan, se les “hace un trabajo” para que no vengan las malas energías y tienen que casarse; nadie llega a grande sin ese trabajo. El joven desarrolla el conocimiento y la sabiduría; la mujer recibe la mochila y el hombre recibe el poporo. El poporo significa que está casado y es la forma de meditar. En el tejido de la mujer se refleja la memoria; ella elabora la mochila y se la entrega al Comisario quien es el encargado de comercializarla. Los padres espirituales dejaron a los pueblos de la Sierra Nevada como guardianes de todo lo que existe y les entregaron unas herramientas para defenderse: una cultura, una lengua, una vestimenta, un territorio, un sitio sagrado, una mochila, un poporo, una medicina y una educación propia. Los lugares de diálogo de la comunidad son las reuniones, las asambleas permanentes y las mingas comunitarias. Hay un Mamo o Pisakuma, que es la Autoridad Indígena que se encarga de la parte espiritual y unos Comisarios, Alkazhi, que se encargan de la parte social; también están los Zhinzhoma guaka, que son los encargados de la salud, y los docentes. La laguna es una de las 27 comunidades del pueblo Wiwa que viven en la cuenca del río Ranchería en el Departamento de la Guajira, así como Marocazo, Caracolí y Limoncito, entre otras.

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28 RESPUESTAS INSTITUCIONALES (No se referenció ninguna) 2007

2006

7 de noviembre de 2009, la niña Mauricia Loperena “quien venía siendo formada en los conocimientos y saberes requeridos para ser una Saga”, fue agredida sexualmente por parte de un soldado del Batallón Santa Bárbara en la comunidad Wiwa “La Peña de los Indios” (Mailier Matilié, 2011).

10 de enero de 2006, inicia la construcción del Cercado.

2005

3 de enero, Ricardo Arias Solís, Gunama del Abo Guaquina y Celso Carrillo Perea, del Limón, este último en condición de desplazamiento, fueron detenidos, y posteriormente declados como guerrilleros muertos en combate por las Fuerzas Militares.

25 de agosto de 2005, Alcibiades Manuel Mejía Solís, fue detenido y posteriormente amenazado, no ha recibido ninguna protección.

25 de abril de 2005, asesinato de Ángel David Loaiza Zabala en Piñoncito.

14 de abril de 2005, Elkin Móvil, docente de la comunidad de La Laguna, fue detenido. Después de ser puesto en libertad, vivió múltiples amenazas, perdió su cargo y no recibió seguridad por parte del Estado.

Febrero de 2005, Juan Ignacio Solís, Antonio Solís Loperena, Miguel Solís Torres y Julio Solís Torres, miembros de la comunidad de Barcino, fueron desaparecidos presuntamente por las FARC.

15 de febrero de 2005, Noemí Ester Pacheco, quien se encontraba en estado de embarazo y miembro de la comunidad Kankuama, fue asesinada junto a su esposo por tropas del Batallón La Popa.

Enero de 2005, en San Juan del Cesar se da muerte al docente Darío Loperena.

30 de julio de 2004, asesinatos.

2004

Mayo. Participación en la consulta sobre la intervención de la empresa MPX en el territorio ancestral.

2005

Ataque contra Piñoncito.

2002

23 de julio de 2007, concentración y acto simbólico en lugares sagrados que fueron destruidos por el Cercado por parte de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

30 y 31 de agosto de 2002, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacró a 12 aborígenes y destruyó la comunidad del Limón. 2004, ataque contra Piñoncito.

10 al 15 de julio de 2002, paramilitares del Bloque Norte y miembros del Batallón Rondón de Buena Vista se desplazaron desde Caracolí hasta Marocazo y saquearon los abastecimientos de alimentos, hurtaron objetos personales, el puesto de salud, la tienda comunitaria, los cultivos de yuca y de patilla.

14 de julio de 2002, desplazamiento de Potrerito y Sabana Grande hacia San Juan del Cesar y hacia el interior de la Sierra.

14 de julio de 2002, helicópteros y aviones bombardearon a la comunidad de Potrerito - Durrungaga y Sabana Grande - Zhalumke - Lo anterior provocó la muerte de Raúl Nieves Maestre de 23 años y de Marcelo Nieves de 30 años.

GRÁFICA 2

18 de abril. Concentración en respuesta al daño ambiental producido por la construcción de Puerto Brisa.

1990

30 de abril de 2002, destruyeron la comunidad de la Laguna y quemaron la escuela. Desplazamiento de toda la comunidad, aproximadamente 100 familias.

2002. El día 09 de marzo, asesinato y tortura de Elber Montero Calvo y William Contero Calvo, de la comunidad de El Limón, en el retén de los paramilitares ubicado en el corregimiento de Tomás Razón, a unos minutos del Batallón Cartagena.

2001

Febrero 5. Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Concentración de 600 indígenas de la Sierra en Santa Marta para exigir justicia por la muerte de tres indígenas Arhuacos en las afueras de Curumaní.

2000

14 de marzo de 2002, un helicóptero y dos aviones arrojaron elementos explosivos a las mujeres de la comunidad de Guanca que recogían “Jayo”.

14 y 15 de marzo de 2002, ataque en El Potrerito.

20 de enero de 2002, ataque contra La Laguna.

1990

19 de enero de 2001, un helicóptero y unos aviones lanzaron elementos explosivos sobre los sitios sagrados de los WIWA, (ZHITENGUIA, donde se rinde tributos a las nubes).

Construcción del Puerto Multipropósito Brisa en el municipio de Dibulla, en el Departamento de la Guajira.

Asesinato de Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hugues Chaparro.

Algunos pasos en el recorrido de los indígenas Wiwas de la cuenca del río Ranchería

Línea de tiempo CRONOLOGÍA DEL DESPLAZAMIENTO

2009

Detenciones arbitrarias bajo condiciones de tortura. Fuerzas Militares (FFMM). 2012, permanencia del Batallón sobre la comunidad de la Laguna, enfrentamientos por corredores de movilidad en la región por parte de los Urabeños y los Rastrojos; incumplimiento en el seguimientos cautelares e implementación de megaproyectos. ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD FRENTE AL DESPLAZAMIENTO

2012

Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización

Los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido violados históricamente: Los capuchinos buscaron imponer la religión católica a inicios del siglo XX. La bonanza del cultivo de marihuana durante la década de los 70’s y la intervención del Estado en su aspecto represivo cambiaron la organización, el uso del territorio y la cultura del pueblo Wiwa. Actualmente una parte del territorio ancestral se encuentra titulado en el Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco, creado por el INCORA en 1980. De este resguardo se excluyó al pueblo Kankuamo y se legalizó la presencia de personas que no pertenecen a los pueblos indígenas (Fundación Pro - Sierra, 1998). Alrededor de todo el resguardo se implementan múltiples megaproyectos: La Represa de Besotes, Puerto Brisa, El Cercado, la explotación minera del Cerrejón, entre otros. En la Cuenca del Río Ranchería –territorio Wiwa– fue construido “El Cercado”, represa del Río Ranchería, producto de un mega proyecto legitimado frente a la población de la Guajira, como una estrategia de desarrollo para responder a sus necesidades de servicios básicos, pero útil para los terratenientes dedicados a la agroindustria (OWYB, 2011). Aunque el proyecto se presentó en 1987, y desde entonces comenzaron a realizarse los estudios para su desarrollo, la “consulta” sobre este se hizo en el 2005 (Corporación Autónoma Regional de la Guajira, 2010), tres años después del desplazamiento colectivo del pueblo Wiwa y por ende, con su población aminorada, dolida y dañada por la violencia. La consulta no fue libre pues estuvo afectada por las acciones violentas y no fue informada, pues los indígenas no conocían el impacto ambiental del mega proyecto; la planeación e inicio de construcción de la represa se realizó al tiempo que la población fue víctima de la violación de todos sus derechos. Otros hechos identificados en el ejercicio de reconstrucción de la memoria son: La quema de la escuela de la Laguna, con todos los documentos de los niños, y los robos de animales y comida. Las mujeres, que pasan gran parte de su vida fértil en estado de embarazo, vieron malogrados dichos embarazos por el miedo, “las carreras” o los golpes que recibieron y se vieron obligadas a pasar días sin dormir y sin comer. Después del desplazamiento masivo, la comunidad retornó a su territorio, sin garantías por parte del Estado, y ya se había construido la represa del Río Ranchería. Bajo las aguas de la represa quedó la antigua carretera que conducía al pueblo Wiwa por el valle, desde San Juan, hasta la comunidad y construyeron una nueva carretera que, según los pobladores, tarda más tiempo, está en malas condiciones y cambió el suelo de la Sierra Nevada. Finalmente, la represa generó cambios ambientales que llevaron al aumento de insectos, al número de personas enfermas de dengue y a la muerte de peces (Prensa Verde, 2011). En el lugar de la represa había un lugar sagrado y el pueblo sufrió daño por su destrucción pero también por la destrucción, que hay entre éste y los otros sitios sagrados. Los indígenas relatan que ante su negativa frente a los megaproyectos, en aras del cuidado al medio ambiente y los lugares sagrados, representantes del Estado, sin dar importancia a las creencias indígenas, le pidieron a la comunidad preguntar a los Mamos si los lugares sagrados podían cambiar de sitio.

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La comunidad Wiwa, con el apoyo de comunidades y autoridades de los otros pueblos de la Sierra, implementó distintas acciones judiciales, movilizaciones y denuncias para hacer conocer estos hechos que los afectan. Gracias al acompañamiento del CCAJAR y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), les fueron otorgadas Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida se tomó frente a la evidencia de que este pueblo indígena fue objeto de distintos actos de violencia que incluían: El asesinato de aproximadamente 50 líderes indígenas, el desplazamiento forzado de más de 800 personas y la afectación de la situación humanitaria de las comunidades de La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka, Linda y Potrerito. Se alega que el 19 de enero de 2005 fueron asesinados el Tesorero General de la Organización Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona, Ángel Milciades Loperena Díaz y su hermano Darío Loperena, maestro de la comunidad, en San Juan del Cesar (Departamento de la Guajira) (CIDH, 2008). Estos hechos fueron ejecutados por estructuras como el Frente Resistencia Tayrona, Contrainsurgencia Wayuú y Mártires del Valle de Upar, pertenecientes al Bloque Norte de las AUC, las Águilas Negras y por miembros del Batallón Cartagena, el Batallón Rondón de Buena Vista y el Batallón Santa Bárbara. Los indígenas identifican que todas estas acciones tienen por objeto la construcción de mega proyectos para el desvío del río Ranchería y así facilitar la extracción carbonífera, el transporte y exportación de este y otros productos mineros y la puesta en marcha de un complejo etno turístico (Fundación Hemera, 2004). Otros factores que aumentaron la situación de vulnerabilidad del pueblo Wiwa son: La pérdida del puente que comunica a las comunidades de la cuenca con la carretera intermunicipal, la inexistencia de vías de penetración en buen estado y la crisis alimentaria y la desaparición de cultivos; frente a este situación, una mujer relató que corren rumores sobre la venta a un precio muy bajo de semillas ya germinadas por parte de una institución del Estado, pero la comunidad no ha aceptado pues está acostumbrada al uso de sus semillas y al cultivo orgánico.

Medidas cautelares En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrían ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables (Reglamento de la CIDH, 2009).

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En vista del riesgo vivido por el pueblo Wiwa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano la adopción de medidas necesarias para: proteger la vida y la integridad de los miembros de esta comunidad, “respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio”; brindar atención humanitaria a las víctimas; concertar las medidas de protección colectiva con los beneficiarios –incluyendo la presencia de un defensor comunitario–, a través de sus organizaciones representativas; adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria (CIDH, 2008). Hasta el día de hoy, la comunidad denunció que aunque bajó el nivel de ataque contra la comunidad, el Estado no concertó las medidas de protección, y la comunidad se mantiene vulnerable.

1.5.4. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Meta El Departamento del Meta está ubicado en la región de la Orinoquía o Llanos Orientales. Su poblamiento fue motivado por la violencia, la bonanza de cultivos y la caza de animales exóticos. La población campesina se dedica a la ganadería, el cultivo de algodón, arroz, sorgo, trigo y cacao. La falta de presencia social del Estado, junto con la apertura económica, minaron la sostenibilidad de los cultivos lícitos, y promovieron el cultivo de plantas de uso ilícito. El comercio cocalero marcó y lastimó las formas de relacionamiento comunitario (CINEP/PP y CSJOFB, 2011) y ha sido la excusa para la implementación de una fuerte política de erradicación y contrainsurgencia en la última década, a través del “Plan Colombia”. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC - EP) tuvo cuatro de los municipios del Departamento como zona de ubicación durante los diálogos de paz sostenidos de 1998 a 2002. Su presencia ha sido la excusa para justificar acciones militares violatorias de los Derechos Humanos. Gran parte del territorio está dedicado a la extracción de petróleo. Según el balance de la empresa “Pacific Rubiales Energy Corp” en “la faja del Orinoco se ha obtenido un incremento de hasta 1.500 por ciento de la producción por pozo en los últimos 25 años” (CINEP/PP y CSJOFB, 2011:28). En ese complejo contexto desarrolla sus tareas el Capítulo Meta del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Un movimiento social está constituido por un conjunto de acciones sociales colectivas permanentes, orientadas a enfrentar inJusticias, desigualdades o exclusiones contra la población; es una “expresión organizada de la sociedad civil” que amplía las bases de la democracia (Archila, 2002:18). El MOVICE tiene un carácter propositivo en el contexto específico de la criminalidad del Estado colombiano, a pesar de que esta criminalidad se fortaleció durante la última década.

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El MOVICE tiene como antecedente la documentación del Proyecto Colombia Nunca Más, y múltiples discusiones que condujeron a plantear la necesidad de registrar los Crímenes de Lesa Humanidaden medio de un contexto de repetición e impunidad. En medio de ese proceso era visible que: “… El malestar de muchos investigadores y comunidades, al tenerse que ceñir a un trabajo investigativo discreto, mientras las víctimas reclaman acción, organización, denuncia, acompañamiento y formas de reparación, al menos para superar las secuelas psíquicas más trágicas, todo ello se ha convertido en fuente de numerosas tensiones (MOVICE, 2008). El Proyecto buscó la reconstrucción y recolección de información para generar análisis y movilización social frente a los crímenes de Lesa Humanidad, involucrando a los familiares en un proceso de organización y formación política. Posteriormente se realizaron el Seminario Taller sobre Impunidad (Mayo de 2000) y la Asamblea Nacional de Víctimas (noviembre de 2000) para evaluar su papel, la aplicación de las normas que reglamentan sus derechos, y la impunidad en torno a los Crímenes de Lesa Humanidad. El 28 y 29 de Mayo de 2004 se realizó el I Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y con éste, surgió el movimiento nacional, formalizado el 25 de junio de 2005, en medio de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz (MOVICE, 2008). El Capítulo Meta nació en el año 2005 por iniciativa de víctimas del Departamento entre quienes figuraban familiares o antiguos militantes, pertenecientes a la Unión Patriótica y otras alternativas organizativas que han sido atacadas por el Estado, unidas por la historia de violencia que han vivido. Gran parte del grupo vivía en la zona rural, y fue forzado a desplazarse al casco urbano de los Municipios afectados, o de Villavicencio. La organización surgió frente a la necesidad de salir del aislamiento al que fueron obligados familiares y militantes de grupos políticos; con el tiempo, y fueron sumándose a ellos personas conscientes de la responsabilidad del Estado. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Capítulo Meta, dinamiza la mesa humanitaria de la región con víctimas del conflicto armado. Cuenta con un equipo de coordinación y un grupo estable, en su mayoría conformado por mujeres, madres, hermanas, hijas y partidarias de distintos grupos políticos, entre los que se cuentan la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista (PC). Está comprometido con el fortalecimiento de las nueve estrategias del MOVICE. De esas estrategias, la fundamental y la que guía todo su trabajo, es la reconstrucción de la memoria histórica. La siguen la búsqueda de los desaparecidos, la incidencia en espacios dedicados a la visibilización y exigencia de los derechos de las víctimas, y el catastro alternativo. Organización comunitaria y fortalecimiento interno El Capítulo Meta del MOVICE apoya la formación del grupo de trabajo regional, propone escenarios de capacitación sobre los Derechos Humanos; concretamente sobre los derechos de las víctimas de la desaparición forzada, el asesinato, el desplazamiento forzado, entre otros crímenes. Comparte herramientas organizativas y de educación popular, que buscan el fortalecimiento de principios como la unión y la solidaridad, y herramientas para implementar la documentación histórica y forense, en el caso de los familiares de las personas desaparecidas.

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Finalmente, este Capítulo promueve ejercicios psicosociales para el reconocimiento de los daños sufridos a nivel individual o familiar, que pueden ser asumidos de manera grupal, y construyen un acompañamiento diferencial, teniendo en cuenta que sus integrantes son mujeres, indígenas y campesinos, con recursos culturales y económicos particulares. A medida que se va fortaleciendo la organización, las personas que participan del grupo perciben su poder colectivo para ejecutar transformaciones sociales a futuro. Visibilización e incidencia El Capítulo Meta del MOVICE tiene reconocimiento a nivel local en el diálogo sobre los derechos de las víctimas, gracias a actividades que ha promovido a nivel regional como: movilizaciones, marchas, debates, articulación con otras regiones, con mesas interinstitucionales y organizaciones de distinto nivel como el foro tripartito sobre desaparición forzada realizado el 30 de agosto de 2011. El Capítulo realiza una reconstrucción de memoria histórica, en donde es clara la sistematicidad de las acciones violentas del Estado y como resultado ha creado distintas herramientas para hacer memoria: G La Galería de la Memoria sobre el fenómeno de Desaparición Forzada, que cuenta con financiación independiente y con un equipo de cuarenta personas vinculadas. Esta Galería documenta qué hacían las personas, en qué momento fueron desaparecidas y en dónde. Su “intención es mostrar que detrás de estos hechos hay una estrategia organizada” (Asistente al Encuentro introductorio, 13 de noviembre de 2011). G Como parte de la reconstrucción, el grupo de trabajo organiza homenajes a las personas desaparecidas y asesinadas, de los cuales uno muy significativo fue el dedicado a la familia Vélez, víctima de la masacre de las Brisas, y dio lugar a la inauguración de la Casa de la Memoria de la Unión Patriótica “Carlos Julián Vélez”. G La Galería Relatos de memoria y dignidad organizada alrededor del exterminio de la Unión Patriótica. G Socializaciones del trabajo de memoria en instituciones educativas. G Representaciones teatrales para conmemorar hechos relacionados con la ejecución de desapariciones forzadas. G Recordatorios del genocidio de la Unión Patriótica y la pulsera del Nunca Más. Crecimiento El trabajo con la Mesa Humanitaria ha permitido el despliegue del Capítulo en los siguientes Municipios del Departamento del Meta: Castillo, Granada, Lejanías, San Martín, Fuente de Oro, Puerto Rico, Vista Hermosa, Restrepo, Mesetas, Cumaral, La Uribe y Villavicencio. Gracias a la labor del equipo de trabajo, se identificaron otras víctimas y organizaciones victimizadas, y en esa medida, se integraron personas pertenecientes a grupos étnicos y mujeres empoderadas, por otro lado, las Galerías de la memoria se han extendido a Galerías municipales.

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Estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 1. Estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales. 2. Estrategia para la verdad y la memoria histórica. 3. Estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión de Ética. 4. Estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo. 5. Estrategia para la reparación: el catastro alternativo. 6. Estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar. 7. Estrategia de lucha contra el genocidio político: Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica. 8. Estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas (MOVICE, 2008).

1.5.5. Fundación Guagua, Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla El Departamento del Valle del Cauca está ubicado en la región del Pacífico, dedicado a la extracción minera, la agroindustria (producción de papel, azúcar, agrocombustibles), la industria química, los servicios (el capital financiero representa la mayor figura económica de la región) (Cámara de Comercio, 2011) y la ganadería. En menor medida el turismo, la artesanía y la pesca (NOMADESC, 2004). Históricamente aislado del territorio nacional, actualmente, el Valle constituye un centro de inversión extranjera y del mercado nacional por la construcción del ferrocarril del pacífico, la carretera panamericana y el puerto de Buenaventura (NOMADESC, 2004). Buenaventura es centro de intercambio de petróleo y narcotráfico; en la zona, hay una disputa armada para mantener su control del territorio. En la medida que allí existe presencia de grupos insurgentes, está ubicado el Batallón Palacé con sus Brigadas Móviles, los grupos paramilitares: “Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia” y más recientemente, se han hecho visibles los “Rastrojos”, “Águilas Negras” y el “Bloque Gaitanista”. En la región es histórica la organización de sindicatos, juntas, organizaciones campesinas e indígenas y, actualmente, la organización de comunidades afro, a través de los consejos comunitarios (NOMADESC, 2004). Cali, la Capital del Departamento del Valle, funciona como centro administrativo de la región, y su historia ha sido trazada por el desarrollo de Buenaventura, la expansión azucarera y la industrialización de los Municipios del área metropolitana, Jamundí, Yumbo y Palmira (NOMADESC, 2004). Sin embargo tiene una alta tasa de desempleo (Cámara de Comercio, 2011),

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procesos de poblamiento sin control, déficit de vivienda y los derechos de los trabajadores y pobladores de la región están insatisfechos. En esta ciudad, y durante el año 1999, nace la Fundación Guagua como una organización social constituida para abordar y solucionar necesidades o propuestas (Corporación AVRE, 2002:16) de población victimizada por el Estado para su acceso a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Varios de los integrantes de la Fundación participaron de la experiencia del Proyecto Colombia Nunca Más, como un espacio de formación en el que se fueron empapando y sensibilizando con la realidad de la criminalidad del Estado y vivieron el miedo por la persecución contra las personas que testimoniaban y contra los documentadores. El trabajo de la Fundación Guagua está dedicado, en primer lugar, a la pedagogía de los Derechos Humanos y crímenes de Lesa Humanidad, con población infantil y juvenil, y, en segundo lugar, al acompañamiento a Víctimas de Crímenes de Estado en zonas urbanas y rurales, algunas de las cuales pertenecen a comunidades campesinas y afro colombianas en situación de desplazamiento. Como ejemplos de este trabajo se mencionan: El acompañamiento en las áreas de formación y organización de la Fundación a la comunidad de la Playa Renaciente, la cual se constituyó posteriormente en un consejo comunitario afro descendiente; y el trabajo cultural y artístico con énfasis en Derechos Humanos, adelantado en el corregimiento de Montebello. Dentro de sus áreas fundamentales de trabajo se encuentran: La Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla Para la Fundación Guagua, la memoria colectiva aporta a la denuncia pública, a lo jurídico y a lo educativo sin necesidad de la intervención de especialistas. Por ello, la Fundación creó la Galería de la Memoria, para la salvaguarda, difusión y recolección de la memoria histórica de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Colombia. A través de ella, se articularon al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). La Galería Tiberio Fernández Mafla tiene el nombre del Sacerdote asesinado el 17 de abril de 1990 en el contexto de la masacre ocurrida en el Municipio de Trujillo perteneciente al Departamento del Valle del Cauca (Fundación Guagua, 2012). De acuerdo a los miembros de la Fundación, quienes se inspiran en su labor: “Él organizó a su comunidad, su opción fue por los pobres, seguir el camino de Jesús que no decía que tenemos que morir para poder conocerlo sino que está acá en la tierra y nos acompaña a que nos liberemos”. La Galería presenta casos a nivel nacional y tiene dos escenarios de trabajo: uno permanente y otro itinerante. En la Galería permanente se desarrollan las diferentes actividades de conmemoración de la memoria de las Víctimas de Crímenes de Estado y se reúnen los pendones, fotografías, afiches, folletos, círculos de la memoria y unos documentos

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sencillos, llamados “Remedios para la Memoria”. En la Galería itinerante se reúnen esos vehículos de memoria para ser expuestos en parques, plazas y otros lugares públicos. Construcción de redes e incidencia política La Fundación Guagua se ha vinculado de manera formal e informal, con agencias y redes que apoyan la defensa de la población en Colombia, como el Fondo Noruego para los Derechos Humanos y Acción Permanente por la Paz. Se vinculó con organizaciones no gubernamentales como la Corporación AVRE, y es parte del Nodo Sur Occidente de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y de la red de Bancos de Datos que coordina el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP). Ha establecido una estrecha relación con distintos miembros de la iglesia, entre ellos los Padres Basilianos y líderes eclesiales que han sido pilares de resistencia de distintas comunidades colombianas. Acompañamiento psicosocial a comunidades y familiares de víctimas de crímenes de Estado La Fundación desarrolla varios procesos de acompañamiento a diferentes grupos y comunidades, a partir de la Capoeira y otras actividades psicoterapéuticas: G Grupo de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado La Fundación está construyendo una Galería de la Memoria infantil con historias de vida de cada uno de los niños y niñas víctimas de distintos crímenes de Estado, con un enfoque de Derechos Humanos, haciendo uso de herramientas artísticas y culturales. G Jóvenes de instituciones educativas públicas Este trabajo responde al objetivo político de formar a las nuevas generaciones en valores distintos y proclives al respeto de los Derechos Humanos, y consiste en enseñar a jóvenes, niños y niñas, que no han vivido estas experiencias las violaciones de derechos. La Fundación procura exponer hechos históricos sin generar resentimiento, promoviendo actividades en donde los niños y las niñas mantengan la inocencia, jueguen y construyan principios de respeto y conocimiento de la historia. G Grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada La Fundación y el Grupo de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en Cali se reúnen semanalmente y en fechas conmemorativas en la plazoleta de San Francisco para denunciar públicamente los casos de desaparición forzada que se presentan en la ciudad, por medio de pendones, fotografías y “Remedios para la Memoria” recuerdan a las víctimas de este crimen de lesa humanidad, exigiendo la Verdad. G Asociación de familiares de víctimas de la masacre de Trujillo (AFAVIT) Trujillo fue un lugar fundamental para la formación del equipo de la Fundación; esa ha sido su escuela. Allí se construyó la memoria, con los y las familiares de las personas desaparecidas o asesinadas, bajo la orientación de

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las Hermanas Dominicas de La Presentación, Carmen Cecilia Ávila y Maritza Trigos, quienes les enseñaron este trabajo a través de las visitas regulares, vínculos de afecto y confianza y la transmisión de un pensamiento religioso liberador. Ahora acompañan, a partir del trabajo terapéutico, a aquellas mujeres de Trujillo que se dedicaron en el pasado a la denuncia, con responsabilidad y valentía, a las Matriarcas, madres, hijas, hermanas y esposas de las víctimas de la masacre como mujeres (Asistentes al Taller de Cali, 2011).

GRÁFICA 3

¿Cómo lo íbamos a establecer?

¿Qué se iba a establecer 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EXIGENCIA DE DERECHOS

1. IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL TRABAJO CON LOS CINCO PROCESOS ORGANIZATIVOS

3. RECONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE IMPUNIDAD QUE REVICTIMIZAN A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS PROCESOS (Contexto actual de las víctimas)

5. HIPÓTESIS: EL DAÑO COLECTIVO VA DIRIGIDO A TRUNCAR LOS PROCESOS DE EXIGENCIA DE VJYR

Conversario en el que participaron Daira Quiñonez, Michael Reed y Javier Giraldo.

Encuentro introductorio con el objetivo de construir las nociones de trabajo, profundizar en las categorías de análisis, hacer acuerdos temáticos y metodológicos.

Encuentros regionales de rememoración de cinco procesos sociales Preguntas: ¿Cuál es la historia de la organización? (Luchas por los derechos) ¿Qué acciones se están ejecutando en contra de la organización? (Responsables, modalidades, mecanismos de impunidad nuevos y antiguos, daños colectivos). ¿Qué daños han generado? ¿Qué hemos hecho? ¿Seguimos? ¿Cómo seguir? (Garantías de no repetición)

4. ¿QUÉ DAÑOS COLECTIVOS GENERA LA REVICTIMIZACIÓN?

Memoria para no repetir

3) Actividad a cargo de las comunidades para reconstruir su proceso y denunciar las acciones de revictimización. 4) Actividad grupal para validar la información de la investigación, discutirla y conocer los aprendizajes en el trabajo con los distintos grupos.

5) Análisis de la información, sistematización y elaboración de productos.

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Segundo Capítulo

Nuevas e históricas formas de ataque contra los procesos sociales en Colombia

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2.1. ¿Qué es la revictimización? El concepto de revictimización hace referencia a la ocurrencia de hechos victimizantes en contra de una persona individual o colectiva que había sido objeto de violaciones a sus derechos en el pasado. Así, el prefijo re hace referencia a una situación en la que la víctima se encuentra ante nuevos hechos que menoscaban su dignidad y atentan contra su condición de sujeto de derechos. Siguiendo a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2010): La revictimización es el conjunto de hechos o “el hecho en que un individuo sea víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de la vida. Ambas experiencias son separadas en el tiempo y realizadas por parte de al menos dos perpetradores diferentes. (…)”.

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En el marco de la violencia sociopolítica, cuando se habla de perpetrador no necesariamente se habla de personas con nombres y apellidos sino de grupos o estructuras con un proyecto político, económico y social que se impone, se imprime o se construye con el uso de la fuerza. Se trata de la Fuerza Pública, de organismos de seguridad del Estado o de su estrategia regular e irregular denominada paramilitarismo, que en mayor medida protegen intereses de sectores del poder establecido o posibilitan su enriquecimiento. Y se trata también de las guerrillas, como grupo político disidente en armas que pretende sabotear y/o instaurar otro orden. En Colombia, personas, también grupos humanos, han sido victimizadas por el Estado y tiempo después la misma estructura institucional o parainstitucional la revictimiza, aunque no sea el mismo autor material. (…) Otros autores hablan de la victimización secundaria para hacer referencia a la revictimización. En este sentido, ésta se deriva de las relaciones de la víctima con las instituciones de servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, entre otros. (Soria, 2006). En esta misma línea Tomás Valladolid Bueno, retomado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007), plantea la ‘victimización secundaria’ “como aquella que ‘se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico-penal, con el aparato represivo del Estado, y supone, en último término, el frustrante choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional.” En el caso colombiano, y retomando los anteriores aportes, la revictimización debe analizarse desde dos consecuencias estrechamente ligadas: como fruto de las estrategias, que en el marco del conflicto, desarrollan los actores armados (legales o ilegales) o como el resultado de la debilidad de las instituciones estatales para atender las exigencias, que en materia de derechos, realizan las víctimas. El lazo que une estos dos ámbitos es el de la implementación de mecanismos de impunidad para la conservación del statu-quo y el mantenimiento de condiciones de vida injustas para la mayoría de la población. Retomando a Castro y Villareal (2012), la revictimización es generada por: a) las condiciones de impunidad presentes en el contexto colombiano las cuales promueven la imposición del silenciamiento, acentúan la desconfianza en el Estado y frustran las expectativas de las víctimas frente a la sanción moral y penal de los responsables de los hechos; b) nuevas victimizaciones a raíz de la participación activa de las víctimas en procesos de exigencia y reivindicación de derecho; estas victimizaciones se expresan en amenazas, asesinatos selectivos y hostigamientos a personas que emprenden procesos de reparación integral; c) normatividad nacional que no responde a las expectativas de las víctimas en materia de reparación integral y que en ocasiones prioriza los deseos de reconciliación nacional sobre los derechos de éstas; d) atención inadecuada e inoportuna a las víctimas de violencia política por parte de la institucionalidad estatal. A partir de esta comprensión la revictimización constituye una violación de los derechos de los miembros de procesos sociales, destinada a causarles nuevos daños y devolverlos a condiciones de parálisis, fragmentación e individualismo, en las que se encontraban antes de emprender acciones colectivas.

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El carácter histórico de la revictimización dificulta separar hechos iniciales de violencia estructural de nuevos hechos revictimizantes. Ejemplos de esta dinámica histórica de la revictimización son el departamento del Valle del Cauca y la región Caribe, zonas principalmente habitadas por miembros de distintas comunidades afro descendientes. Esta población guarda en su memoria colectiva haber sido esclavizada desde 1500 hasta finales de 1800. Estas regiones cuentan también con una gran población indígena que recuerda el genocidio del que fue víctima desde la llegada de los españoles, hasta la actualidad. Toda esta población que convive con el resto del sector campesino y mestizo, fue expulsada durante distintas oleadas de violencia hacía regiones cada vez más apartadas, como los Llanos Orientales o los Montes de María, sin derechos de ningún tipo. En el caso de las mujeres, la dificultad existe también por las distintas violencias vividas a causa de la cultura patriarcal, su imposición y agudización en el marco del conflicto por parte de actores armados. En la medida en que la impunidad permite la repetición de los hechos, es difícil determinar un antes y un después para las sistemáticas violaciones de derechos contra la población. En cambio, es posible afirmar que ante la repetición de hechos victimizantes, algunos generan más dolor e impactos que otros, al punto de convertirse en experiencias límite que sobrepasan las capacidades de afrontamiento de las personas que las experimentan. La revictimización reactiva los sentimientos propios de la victimización y empeora las condiciones de vida de las personas que participan de procesos sociales de exigencia. Debido a la impunidad, los autores de los hechos de violencia no sólo no son juzgados sino que usufructúan a sus víctimas. Los obstáculos para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral superan el ámbito de la investigación, proceso y sanción del autor, incluyen el incumplimiento en la reparación integral y el esfuerzo por implementar una ideología de encubrimiento.

2.2. Condiciones propicias para la revictimización En el análisis de mecanismos de impunidad, se estableció una diferencia entre los mecanismos puntuales y las estructuras permanentes detrás de la violación de derechos; es decir, de las condiciones estructurales que permiten la revictimización. Dichas condiciones vinculan distintos mecanismos de impunidad y son comunes a los grupos. Las causas en el ámbito social no son completamente separables de la lectura de los daños, y los mecanismos que usan para conservarse, son componentes de un mismo sistema, que debe leerse integralmente (Fals Borda, 1979), como intentamos hacerlo, para aproximarnos a las causas de la revictimización. 2.2.1. Intervención internacional en asuntos de economía y seguridad Al menos desde la masacre de las Bananeras, con la intervención de la multinacional norteamericana “United Fruit Company”, es evidente la intervención económica y militar por parte de otros países en Colombia. Tanto la implementación de los Tratados de Libre Comercio como la intervención de multinacionales para la extracción de petróleo, la producción de agrocombustibles y la explotación minera, promueven la acumulación de la tierra y el capital, re-

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ducen la producción y economía regional, y son reflejo de la disputa de recursos que mantienen los países del norte sobre los países del sur del planeta (Borón, 2012). Esa intervención extranjera fue reconocida por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el año 2008 y se sostiene hasta hoy, como lo expresaron los distintos procesos organizativos con los que trabajamos. “ … El tribunal ha aceptado volver a someter a su examen situaciones graves que afectan la vida y los derechos fundamentales de la mayoría de la población colombiana, pero esta vez dirigiendo su mirada específicamente hacia empresas transnacionales que actúan en Colombia y que se han ido involucrando también en prácticas violatorias de los Derechos Humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimarse en imperativos de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios (Sentencia del 23 de julio de 2008).” Para entender la importancia de Colombia dentro del hemisferio y la relación con Estados Unidos como el principal responsable de la intervención sobre el país, hay que señalar al menos dos razones: la primera razón es el interés en el control de la Cuenca Amazónica por su valor hídrico, petrolero y biogenético (Borón, 2012). La segunda razón es que gracias a la intervención en Colombia, EE.UU. tiene control político regional y control militar visible en América del Sur. El país se convirtió en el cuarto a nivel mundial en recibir apoyo económico, después de Israel, Egipto y Corea del Sur. La presencia de bases y efectivos norteamericanos en el país y la relación estrecha entre los representantes del ejecutivo colombiano y el norteamericano son eje del desarrollo del Plan Colombia y el Plan Andino, cuya intención es la lucha contra el narcotráfico como pantalla, pero con el objetivo real de controlar el tráfico (Borón, 2012). La ausencia de sanción interna o internacional a esa intervención política y económica de EE.UU. frente a todos los efectos de las prácticas violatorias de los Derechos Humanos, exterminio de cultivos y otros productos fundamentales para la soberanía alimentaria y por los efectos de las fumigaciones aumentan la exclusión. Y el uso de esa financiación a través de programas de Derechos Humanos dirigidos a procesos sociales es una práctica perversa que ha tenido como efecto la ruptura del tejido social. 2.2.2. Criminalidad del Estado Los modelos de represión requieren el establecimiento de un modelo de control social y político, la ejecución de crímenes de Lesa Humanidad, la identificación de sectores sociales criminalizados, mecanismos de impunidad y la operatividad represiva (Giraldo, 1988). Entre 1980 y 1990 los grupos paramilitares grupos fueron locales, entre estos se reconoce a “Muerte a Secuestradores” (MAS), quienes asociados a las Fuerzas Militares establecieron formas de ataque contra las organizaciones sociales tales como: señalamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones y el asesinato selectivo de líderes. Durante el gobierno de César Gaviria, se legalizaron los grupos paramilitares con la figura de las Cooperativas de

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Vigilancia (Convivir) y, en 1997, se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con sus distintos bloques (Verdad Abierta, 2008). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del 11 de Mayo del 2007 acerca de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, y en la Sentencia de 12 de Junio del 2002 acerca de la Masacre de 19 comerciantes, confirmó que el Estado colombiano, emitió un marco legal para propiciar la creación de grupos de autodefensas que derivaron en grupos paramilitares, y actuó con ineptitud e irresponsabilidad en el trato de la situación creada por esta normativa. En las zonas de trabajo de los procesos organizativos participantes de esta investigación tuvieron mayor incidencia: el Bloque Norte de las AUC, los Héroes de Montes de María, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y el Bloque Tayrona, en la Costa Caribe (CCAJAR); el Bloque Calima en el Valle del Cauca; el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare en los Llanos Orientales. Entre los años 1999 y 2003, estos grupos ejecutaron más de 50 masacres en la región de los Montes de María, de las cuales son reconocidas las ocurridas en Chengue, el Salado y Macayepo. Mientras esos grupos paramilitares ejecutaban violaciones a los Derechos Humanos, se desarrollaban los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC - EP en cinco municipios del Sur Oriente: Vista Hermosa, Macarena, Mesetas, La Uribe y San Vicente del Caguán –este último ubicado en el Departamento del Caquetá–. Con el fracaso de las negociaciones, se implementó un plan de recuperación de estos territorios con fumigaciones aéreas de glifosato y se fortaleció y renovó el proyecto de militarización definido desde la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Territorios como Montes de María, Arauca, el Meta y el Cauca fueron intervenidos militarmente. Con la implementación del programa de Seguridad Democrática se fortalecieron las fuerzas militares y se creó la normativa 029 del Ministerio de Defensa, que registraba los beneficios que los miembros de la fuerza pública ganaban por cada guerrillero dado de baja en combate, considerado como “positivo militar”, y se incrementaron las violaciones de derechos adjudicadas al ejército. Según el Banco de Datos del CINEP, se presentaron más de mil violaciones graves a los Derechos Humanos en la región del Caribe entre el 2001 y 2010 (CCAJAR, 2011). Según esta misma fuente, las ejecuciones realizadas por el Ejército fueron más del 50 por ciento, y las realizadas por los paramilitares fueron del 40 por ciento en el departamento del Meta. La desaparición forzada aumentó, además de que las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en una forma común de acción de las Fuerzas Militares contra la población. Por ejemplo, en Buenaventura (Valle del Cauca) de 2006 a 2009 se reportaron 363 casos (Haugaard y Nicholls, 2010). En la región de los Montes de María, se levantaron restricciones a los agentes policiales y militares que adelantaron operaciones de cooptación de la población civil, detenciones masivas y arbitrarias, empadronamiento y bloqueo alimentario, que son estrategias claras de control social.

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Justamente la preocupación de la Comisión Interamericana al incluir nuevamente a Colombia en el capítulo IV del informe del año 2010, dedicado a países con una delicada situación de Derechos Humanos, se sustenta en hechos como los siguientes: La Comisión mantiene su preocupación respecto de la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por estos hechos. Así mismo, la Comisión manifiesta su grave preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos. La Comisión expresa su preocupación respecto de la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de Derechos Humanos y más específicamente de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Constitucional colombiana (CIDH, 2011). Junto con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares inició la “desmovilización” de los grupos paramilitares. La aplicación de la Ley 975 de 2005 suponía la desarticulación de estas estructuras, pero grupos con las mismas características mantienen el control territorial. Así lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la consolidación de nuevos grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC (CIDH, 2011). Se suponía también que dicha ley iba a contribuir a la transformación del país tras el reconocimiento por parte del Estado de la ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad bajo su responsabilidad. Pero el Estado no reconoce que el paramilitarismo es una política de Estado, por lo tanto la negociación con los paramilitares fue un mecanismo convenido de las dos partes para negar la responsabilidad estatal en el accionar paramilitar. Bajo la figura de Bandas Criminales (BACRIM) se conocen operaciones de las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos y los Urabeños en las zonas mencionadas. Según cifras oficiales, las masacres pasaron de ser setenta, entre el 2001 y 2002, a no superar cinco anuales en los años siguientes (Verdad Abierta, 2010). Pero el número de personas asesinadas en esa época fue casi igual al número registrado durante el proceso de “desmovilización”. A pesar de la existencia de estos factores determinantes de la realidad, algunas instituciones del Estado, organizaciones civiles y de la comunidad internacional son proclives a apoyar las propuestas institucionales sobre la realidad ficticia de la desmovilización, desconociendo la legalización de los miembros del paramilitarismo y su vinculación a instituciones legales con frecuencia dedicadas a la seguridad o su “reinserción” a la vida civil y el riesgo que esta acción genera a la población (Asistentes al taller regional en Villavicencio, 2011); y pasando por alto la permanencia de políticos que lograron altos cargos en alianza con estas fuerzas represivas.

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Cuando se hagan visibles las estrategias históricas de victimización, y se reconozca sin ambigüedades la responsabilidad estatal, tanto por acción como por omisión, será posible limitar los efectos de la impunidad reinante en el contexto colombiano. Mientras tanto, la impunidad continuará desplegando sus mecanismos de represión y control contra todas las personas, comunidades y organizaciones sociales que denuncien las arbitrariedades del modelo represivo. Los sectores, grupos y redes sociales que adelantan procesos organizativos encaminados a denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, tendrán que seguir enfrentándose con representantes del Estado reconocidos por sus vínculos con el paramilitarismo, para gestionar proyectos y medidas de reparación y restitución por la expropiación de bienes y territorios, causada por el paramilitarismo. 2.2.3. Expropiación del territorio rural y urbano

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(Basado en obras de títeres creadas por campesinos y campesinas en los Montes de María).

Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, las tierras usurpadas a la población campesina suman seis millones seis cientos mil hectáreas y, las que eran propiedad del Estado, tres millones (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2012). Las consultas con los habitantes de las regiones visitadas en la investigación sobre el uso de las tierras, son una herramienta fundamental para que las comunidades rurales estén informadas sobre los proyectos y sus efectos ambientales, para que tengan escenarios de diálogo y puedan decidir el destino de sus territorios. Pero la consulta tiene límites cuando el Estado impone los acuerdos con las multinacionales por encima de la decisión de los procesos sociales. Grupo Pro Reparación Integral

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La implementación de megaproyectos en los territorios que habita el pueblo Wiwa, la población campesina de Montes de María y del departamento del Meta, y las mujeres rurales de la Mesa DESC de la región Caribe, se ha dado al tiempo que la incursión de los grupos paramilitares y el ejército. La crisis humanitaria de la población indígena, por ejemplo, causada por los múltiples hechos de violencia, tiene evidentes consecuencias en su capacidad de resistencia y negociación. Esto implica que la consulta previa deja de ser libre y pasa a ser presionada (OWYB, 2011). Entre 1999 y 2003, y durante los años del gobierno de Álvaro Uribe, el ataque contra las colectividades que resisten en su territorio se recrudecieron a través de la estrategia paramilitar. Mientras tanto, durante la última década los terratenientes aumentaron sus tierras y avanzaron en la implementación de agroindustrias, valiéndose del despojo a pequeños agricultores. Desde la perspectiva de la presente investigación, este despojo genera un daño al campesinado en su productividad, en su patrimonio y en su proyecto de vida. Dicha dinámica de expropiación ocurre también en las ciudades, dado que la población desplazada y pobre, negra e indígena, es marginada en zonas en donde se adelantan proyectos de urbanización o de comercio. En Cartagena, este fenómeno ha tomado unas dimensiones alarmantes; los habitantes originales de la ciudad son escondidos y controlados para la circulación de los turistas y la implementación de nuevos proyectos. La violencia y exclusión que genera el despojo, tiene como secuela daños psicológicos irreparables, marcas en el territorio, pérdida de alegría, dignidad, confianza y moral. Se suman los riesgos de persecución y nuevas victimizaciones a los que se ven expuestos aquellos y aquellas que pelean por sus tierras. A estos daños se suman otros materiales y ambientales como la muerte de los cultivos, pérdida de la seguridad alimentaria y el aumento de las plagas. En dos de los procesos sociales que participaron en la investigación, el aguacate, producto principal para el sostenimiento de los campesinos, se perdió, según ellos debido a los canales de agua para monocultivos de cacao y palma aceitera que cambian la composición de la tierra. La gente se empobrece y los monocultivos dedicados al Agro Combustible, perjudican la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, Acción Social y otras instituciones impulsaron proyectos de producción para una sola empresa, para lo cual deben certificar la tierra y demostrar ciertos estándares de calidad; es decir, que no tienen asegurada la venta de su producto. La población rural espera que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras conduzca a una “verdadera reforma agraria”, y trae al presente los anhelos de hace décadas por la titulación justa de las tierras; sin embargo, gracias a la experiencia de las personas que participaron en la investigación, se ponen en evidencia las siguientes irregularidades: G Las Mesas de Víctimas tienen una participación mayoritaria de hombres, a pesar de que dentro de la población desplazada hay al menos un cincuenta por ciento de población femenina. G En dichas Mesas participan algunos representantes de terratenientes.

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G Algunos funcionarios desconocen los procedimientos relacionados con la ley. G Las personas no empoderadas que participan en las Mesas, con frecuencia apoyan iniciativas poco benéficas para el resto de la población. G Existen dificultades legales en la participación de organizaciones campesinas consolidadas en el pasado, como las Juntas de Acción Comunal. G Algunos campesinos y campesinas de regiones alejadas de los cascos urbanos, no han tenido acceso a la información ni la documentación necesaria para participar. G La consulta para la construcción de la normatividad al rededor del tema indígena no se realizó con todos los pueblos, sino con algunos de sus representantes. G No existen condiciones de seguridad para los reclamantes. El ataque contra personas vinculadas a la restitución es alarmante. G El 70% de la población desplazada no tiene cómo comprobar la propiedad sobre las tierras despojadas (MOVICE, 2009). Es difícil comprobar la propiedad de las mujeres porque en la mayoría de los casos la tenencia de la tierra está mediada por los hombres, en sólo el 12% de los casos las mujeres desplazadas adelantaron diligencias para proteger la tierra (Ramírez, 2012). G La Ley 1448 no restituye bienes, sólo tierras. Mientras se piensan políticas de restitución frente al desplazamiento forzado, según lo evidencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de 2012, este Crimen de Lesa Humanidad, va aumentando. La Comisión manifiesta su grave preocupación por el incremento del número de desplazados internos por la violencia y el despojo de tierra por parte de actores armados. Asimismo, preocupa a la Comisión la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como a la sostenibilidad de sus procesos de retorno (CIDH, 2012).

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2.2.4. Naturalización y desconocimiento de la violencia contra la mujer

“Soy una mujer que, a raíz de la violencia sexual y el desplazamiento forzado, contrajo una enfermedad y hoy en día soy ésta. El cuerpo se va deteriorando, y yo misma debo ser el psicólogo o el psiquiatra. CAPRECOM no me da un carnet: Me dice: ‘No tienes medicina’. Me cierra las puertas y me siento dos veces violada. La mano del hombre nos deterioró a todos, tanto hombres como mujeres; el sistema capitalista nos quitó muchas cosas, y como resultado, muchas personas se murieron y yo me enfermé. Hoy en día compro el medicamento, tengo mucho apoyo de mi familia, me paro en cualquier parte y hablo, aunque sea con lágrimas en los ojos, pero para adelante ni un paso atrás, no importa que llore, yo voy a hablar”. (Asistente al Taller regional, 2011).

Desde 2001 hasta 2009, 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, según la encuesta realizada en el marco de la campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra. De ellas la mayoría son doblemente violentadas, por la falta de acceso a salud y justicia. En el marco del conflicto armado se usan todas las expresiones de humillación contra la mujer: el control de su cuerpo, comportamiento y vestido, y la violencia sexual para desplegar su poder y mantener el control de la población. Las condiciones culturales propias del patriarcado se desplegaron a

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través de su comportamiento, específicamente el de la violencia sexual como herramienta útil para el control de la población y el desplazamiento forzado. De los casos vinculados con el conflicto, el VIII Informe de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (2008) reconoció que más del 80 por ciento de los casos de violencia sexual fueron cometidos contra menores de 25 años, y más del 90 por ciento tienen responsabilidad estatal por acción directa, apoyo u omisión de sus obligaciones de garante frente a acciones de grupos paramilitares, Fuerzas Militares y de Policía. El Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional (2011) constató que la violencia sexual contra la mujer ha sido habitual e invisible y está relacionada estrechamente con su desplazamiento forzado. Existe un mayor índice de silencio por parte de autoridades y víctimas y, por lo tanto, un mayor índice de impunidad sobre los perpetradores en relación con otros crímenes; los procesos judiciales no avanzan o son remitidos a la Jurisdicción Penal Militar, sólo cuatro han tenido sentencia condenatoria; es decir, que el 97.8 por ciento de los casos no han sido resueltos (Mesa de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional). Teniendo en cuenta estos datos, el Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral intentó indagar en los distintos encuentros regionales acerca del reconocimiento por parte de los procesos sociales de la problemática de la violencia sexual. Al menos en todos los grupos de la región Caribe (Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y Mesa DESC), se conocieron situaciones de violencia en contra de mujeres, menores de edad en su mayoría, bajo responsabilidad de los paramilitares y del Ejército en las poblaciones que controlan, y como forma de amenaza a las personas que llevan algún tipo de liderazgo. Dentro de los impactos reconocidos a causa de la violencia sexual, se registraron síntomas de depresión, intentos o ideaciones suicidas, paranoia, desadaptación social, desesperanza, y daños descritos por las mujeres como expresión de que las están “acabando” físicamente. También aparecen enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis C, con consecuencias en la salud visual. Esta situación se agrava ante la imposibilidad de elaborar los duelos, continuar los planes de vida, y elaborar sentimientos de culpa y vergüenza frente a lo ocurrido, porque no hay espacios de denuncia y divulgación de la responsabilidad de los victimarios. El tabú cultural sobre el cuerpo de la mujer se mantiene y dificulta la difusión, la denuncia, la sanción social y penal que tienen los crímenes sexuales; en consecuencia, subsiste la estigmatización social y, por ende, la no tramitación de duelos y la dificultad en la reconstrucción de planes de vida (Asistentes al taller en Cartagena, 2011). En la memoria colectiva de las mujeres, se comparten las secuelas de la sevicia de la que fueron objeto. En el marco de las actividades de búsqueda de justicia frente a casos de violencia sexual, las mujeres son revictimizadas por: falta de preparación y sensibilidad de los funcionarios, por las sentencias, por el carácter intimidante de las audiencias, que están permeadas por los imaginarios sociales que hacen que las mujeres, aún después de ser violadas, tengan que dar explicaciones y sean estigmatizadas o repudiadas. Por éstas y otras razones, a las que se suman las amenazas de los victimarios y las presiones de su propio nicho familiar, las mujeres violadas prefieren callar. Este entramado sociocultural genera una dinámica de impunidad que se agudiza, dado que no existen políticas para la atención

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diferencial, hay persecución contra las mujeres que denuncian y se repiten los hechos, puesto que no hay mecanismos de seguridad válidos, con perspectiva de género, que garanticen la no repetición. Las políticas públicas no contemplan a las mujeres o refuerzan el papel que ocupan en una sociedad que las discrimina y promueven sistemas asistenciales sin perspectiva de género, como el programa de subsidios de familias en acción. Con respecto al desplazamiento, se reconoce que el 42% de las mujeres fueron desplazadas en más de una ocasión (Ramírez, 2012). Con frecuencia este hecho ocurre de manera individual y estropea los procesos de exigencia previos, dado que se detiene el proyecto colectivo de reivindicación y aumenta la pobreza debido a que se vieron obligadas a vender las tierras a muy bajo precio. Sólo el 13% de las mujeres del proceso lograron la estabilización económica, las demás sólo recibieron un auxilio y ayuda humanitaria (Ramírez, 2012). Ésta y otras formas de violencia contra las mujeres han generado cambios en las formas de relación. En los grupos indígenas, por ejemplo, la pérdida del Ouguana Mena Yina o pensamiento de la mujer, es el resultado de atentar contra la dignidad de la mujer, que para la cosmología indígena era sagrada. Las mujeres, familias y comunidades se ven obligadas a una cultura del silencio y no cuentan con un marco social para poder superar todos estos efectos. Al tener la responsabilidad de ser cabeza de familia, las mujeres victimizadas tienen, educan y cuidan a los hijos sin condiciones económicas ni de salud. Acosadas por el miedo a que las nuevas generaciones sean objeto de nuevos hechos de violencia, sienten miedo, nerviosismo e intranquilidad, cambian sus “pautas de crianza” y pierden posibilidades para la transmisión de su cultura. 2.2.5. La lucha contra las guerrillas para legitimar los crímenes de Estado y explicar los problemas de la nación Hoy Colombia es el único país que conserva fuerzas guerrilleras como las actuales, y eso la hace un caso excepcional (Borón, 2012). Esta particularidad es hasta hoy usada por el Estado para reforzar las acciones militares bajo los principios de la lucha contra insurgente. Ahora bien, en el marco de esta investigación los procesos organizativos participantes identificaron como responsables de todas las masacres, asesinatos, bombardeos, torturas y actos de violencia sexual a las fuerzas militares o paramilitares, en algunos casos en trabajos conjuntos. Sus denuncias evidenciaron que el Estado colombiano es responsable, tanto por acción como por omisión en miles de casos relacionados con Crímenes de Lesa Humanidad, que, en muchos casos, fueron el resultado de operativos mixtos y acciones conjuntas presentadas como acciones contra insurgentes, es decir, que el Ejército reportó combates con la guerrilla cuando ejecutaron ataques directos contra la población civil. Los campesinos reconocen que las denuncias contra el Estado les traen dificultades, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, sus vidas y las de sus familiares corren peligro al denunciar a los verdaderos victimarios, y en segundo lugar, porque reconocen que las instituciones discriminan su atención según si la víctima denuncia al Estado o a la guerrilla. En este contexto, algunos campesinos que han sido desplazados plantearon que, al denunciar los hechos de victimización, se han visto obligados a responsabilizar a la guerrilla de su desplazamiento forzado, cuando los

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hechos que lo generaron fueron acciones ejecutadas por el Estado. Este hecho no desmiente que algunos desplazamientos sean forzados por acciones de la guerrilla, pero sí demuestra que la impunidad sobre los crímenes de Estado se ejecuta a través de las instituciones y corrompe a la sociedad afectada. El argumento de atacar a la guerrilla por parte del Ejército para justificar actos contra la población desconoce la realidad del campesinado, y es el reflejo de una ideología originada en la guerra fría e instaurada en las Fuerzas Militares a título de proteger y garantizar la seguridad de la nación. Dicha ideología contrainsurgente simplifica el conflicto interno y oculta su origen: la inequidad en la distribución de las riquezas, inequidad que se refleja en la apropiación de cerca del 50% del territorio nacional por, aproximadamente, el uno por ciento de la población, y esto, gracias a los mecanismos violentos y arbitrarios de despojo y usurpación de tierras que promueven el desplazamiento forzado. Esa apropiación violenta de las tierras, de acuerdo a los procesos sociales con los que se trabajó, ha sido posibleprincipalmente, graciasal señalamiento de la población campesina como guerrillera; señalamiento realizado por el Ejército, los paramilitares, los medios de comunicación y los representantes del gobiernolocal y nacional. Como el control social y territorial es permanente, los procesos sociales que participaron en la investigación, se reconocen como sectores en riesgo, cuando exigen sus derechos económicos, sociales y culturales o sus derechos civiles y políticos; cuando evidencian la existencia de víctimas de crímenes de Estado; cuando señalan a los responsables de estos crímenes, denunciando también la existencia de lugares dedicados a la tortura, las detenciones o las desapariciones forzadas; cuando exigen la aparición de un cuerpo, gracias al cual se puedan comprobar tratos crueles, inhumanos y degradantes; cuando se realizan conmemoraciones, acciones de resistencia y denuncia que dejan en entredicho públicamente al Estado; cuando se desplazan de un lugar a otro dentro de su región; y cuando utilizan discursos de carácter reivindicativo o de oposición frente al Estado, mucho más si se vinculan a un partido político de izquierda. Por lo tanto, la exigencia de los derechos, si bien es reconocida por las personas participantes y por otros sectores de víctimas organizadas, como una acción valida y legítima, también es percibida como un trabajo riesgoso en muchas regiones, de las cuales mencionamos los municipios de Granada y San Martín (Meta), Trujillo (Valle del Cauca), la zona rural de Carmen de Bolívar y Zambrano (Bolívar).

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2.3. Mecanismos de impunidad

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La impunidad se define por la ausencia, en derecho o de hecho, del cuestionamiento de la responsabilidad de los autores de violaciones a los Derechos Humanos –sea esta responsabilidad de naturaleza penal, civil, administrativa o disciplinaria– en la que escapan a toda investigación tendiente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, si se los reconoce culpables, a su condena (ONU, 2005). El GPRI caracterizó la impunidad como una dinámica que se constituye cuando los autores de las violaciones a los Derechos Humanos son eximidos de sanción judicial por cuestiones propias de la ley o por fallas del sistema judicial, pero también cuando incurren en nuevos hechos violentos como forma de retaliación y presión indebida contra víctimas, testigos, jueces, investigadores, entre otros. La impunidad es uno de los principales obstáculos en la construcción de procesos democráticos, y es impulsada principalmente por los autores que planifican o ejecutan las violaciones a los Derechos Humanos (GPRI, 2006:11). Esto quiere decir que la noción de impunidad, como correlato central de la revictimización, va más allá del concepto primario de revictimización que se centra en los efectos que genera el trato inadecuado a las víctimas por parte de los funcionarios públicos durante las acciones judiciales. Y, por lo tanto, incluye la ausencia de sanciones proporcionales a los crímenes cometidos. Para aclarar cuáles son las condiciones y características de las distintas formas que toma la impunidad, recogemos la conceptualización del Proyecto Colombia Nunca Más que, entre otras cosas, incluye formas de impunidad relacionadas con discursos y valores que se han integrado a la sociedad a través de los medios de comunicación y los representantes del Estado que justifican la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos.

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Los mecanismos presentados por el Proyecto Colombia Nunca Más son reconocidos de la siguiente manera: mecanismos durante el proceso judicial, mecanismos de derecho, mecanismos propios de la preparación y ejecución de los crímenes, mecanismos de encubrimiento usados por instituciones o autores intelectuales, mecanismos propios de la investigación y desde el poder ejecutivo. Sumados a los anteriores, están los mecanismos de impunidad en los cuales participan los medios de comunicación y todos los aparatos ideológicos que enseñan una realidad distinta y deformada, desvirtuando la verdad de los hechos y las responsabilidades correspondientes, de manera tal, que logran invertir el sentido de la justicia. El trato dado a los desmovilizados, por ejemplo, y la explicación histórica del paramilitarismo como respuesta ante las acciones de la guerrilla convirtió en el ámbito público, a los victimarios en víctimas. La impunidad es una dinámica compleja que involucra leyes, nuevos hechos de violencia cometidos de tal manera que es difícil mantener las pruebas, discursos de los medios de comunicación o institucionales del Estado dirigidos a obstaculizar la investigación, proceso y sanción de los autores de delitos graves y justificar los hechos de violencia. La impunidad que obstaculiza el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, está constituida por mecanismos intencionales que dañan a las personas, y tienen como intención cubrir la responsabilidad del Estado en la consolidación de prácticas político-militares como el desplazamiento forzado o la violencia sexual, para defender un sistema social y económico excluyente e injusto. Las distintas estrategias de impunidad generan daños colectivos porque generan desconfianza hacia la ley y las instituciones, y hacia la participación social y política, afectan los vínculos comunitarios, la solidaridad y la identidad. Por otro lado, las formas actuales y específicas de ataque contra los procesos sociales se identifican como situaciones de riesgo permanente, que pueden afectar a las colectividades. La Corporación AVRE reconoció que la sola existencia de ese riesgo, en forma de amenaza y persecución, genera efectos psicosociales entre los cuales el miedo es primordial y útil para acabar con cualquier tipo de trabajo. 2.3.1. Mecanismos de impunidad de derecho Se refieren a ámbitos de encubrimiento expresados de manera explícita o implícita en la Ley, así como a la forma en que se desenvuelven los procesos judiciales, tanto en la etapa procesal, como en la ejecución de las sentencias (Proyecto Colombia Nunca Más, 2008). La Ley 975 de 2005 –denominada Ley de Justicia y Paz– en cuanto a sus falencias para satisfacer el derecho a la verdad, no garantiza la investigación penal de la totalidad de los procesos que comportan los crímenes cometidos y las responsabilidades materiales e intelectuales involucradas en los mismos; se ve limitado el derecho a la justicia, dado que esta Ley permite el tránsito de personas que cometieron Crímenes de Lesa Humanidad a la vida civil, con penas poco proporcionales a los daños causados a sus víctimas. Como resultado de lo anterior, el derecho a la reparación

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integral se ve profundamente afectado, dado que, además de que no hay verdad ni justicia, se sigue negando la existencia actual de los grupos paramilitares, lo cual implica que no existan garantías de no repetición. La ausencia de políticas de atención y condiciones diferenciales para el acceso de las mujeres a la justicia es un mecanismo de impunidad. Si una mujer ve en riesgo su seguridad o su dignidad en el momento de denunciar un hecho de violencia contra ella, las condiciones de ese sistema judicial están interfiriendo en su participación en el sistema judicial. De la misma manera el hecho de que se ignoré la particularidad cultural o generacional o se reconozca para negar la condición de sujetos plenos de derechos de determinados sectores de la población, bajo expresiones en las que esos sujetos son tratados “como animales”, o son discriminados por “ser pobres”, o por “ser mujeres, o por ser “niños”, como ocurre según las narraciones de quienes participaron en la investigación. Finalmente, el desconocimiento por parte de la Ley de Justicia y Paz; los enormes vacíos en las normativas diseñadas para implementarla, y las fallas de las instituciones encargadas de hacerlo, en cuanto a las particularidades que trae cada forma de victimización y la necesidad de un trato acorde a las consecuencias y necesidades de una persona víctima de violencia sexual, tortura o familiar de una persona desaparecida, son garantía de una revictimización. 2.3.2. Mecanismos de hecho Son “…aquellos que se encuentran prohibidos por la Ley, pero que, de hecho, se utilizan para garantizar la impunidad.” (Proyecto Colombia Nunca Más, 2008). Consisten en operaciones encubiertas o acciones de paramilitares, amenazas a los testigos, alteración de las escenas de los crímenes, entre otros. También hacen parte de éstos todas las acciones y actitudes de los funcionarios públicos que tiendan a justificar, desinformar, y desconocer a las víctimas, maltratándolas, negándolas o ignorándolas. Otras formas muy comunes en el contexto de los cinco procesos sociales son: G Amenazas, señalamientos, judicializaciones, detenciones masivas y arbitrarias contra miembros de procesos sociales dedicados a la reivindicación de derechos. G Infiltración y control de las movilizaciones públicas, a través de censos, fotografías, interrogatorios, robo de documentos. G El señalamiento contra líderes y lideresas. G Amenazas y hostigamientos contra acciones de memoria como las conmemoraciones, actos culturales y simbólicos. G Infiltración de organizaciones sociales con el fin de estigmatizarlas y desarticularlas. G Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los miembros de los procesos sociales o personas de su entorno. G Violencia sexual.

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A la amenaza y persecución contra defensores y denunciantes, se suman los retrasos en el proceso de investigación penal. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano ha incurrido en esta falta. Al no haber una investigación completa y eficaz, y por la carencia de recursos efectivos por parte del Estado para garantizar justicia, se han causado más sufrimientos y angustias adicionales a las víctimas y familiares (Sentencia de 31 de enero de 2006. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia). 2.3.3. Mecanismos socioculturales Están basados “en el uso de elementos visibles de la sociedad civil para desmentir, ignorar o acallar la comisión de crímenes de Lesa Humanidad” (Proyecto Colombia Nunca Más, 2008: 425). v Fortalecimiento del pensamiento patriarcal Las actividades de las mujeres son controladas y estigmatizadas, de tal manera que cuando se presenta o intenta denunciar la violencia sexual, sus compañeros, los miembros de la comunidad o los funcionarios públicos, usan expresiones que terminan justificando los actos de violencia cometidos contra ellas, desdibujando la responsabilidad del victimario (Asistentes al taller regional en Cartagena, 2011). Instituciones sociales legítimas, como la iglesia y las escuelas tienen una responsabilidad en esta problemática y, en consecuencia, el daño en el cuerpo de las mujeres y su autoestima, es acallado, perpetuándolo en el tiempo (Asistentes al taller de devolución, 2012). v Ataques simbólicos y mediáticos que deslegitiman el derecho a la denuncia y niegan la memoria de las víctimas Las personas, familias y comunidades victimizadas han sido deslegitimadas a nivel nacional a través de la difusión de dudas y nuevas versiones acordes con la versión oficial de los de hechos. Algunos ejemplos paradigmáticos y recientes de manipulación son los casos del Palacio de Justicia y la masacre de Mapiripán (Asistente al taller regional, 2011). En esa estrategia participaron los medios de comunicación, representantes del Estado y personas que admiten y apoyan las acciones de las Fuerzas Militares. Se generaron ataques durante las acciones de memoria y contra lugares de memoria como ocurrió con el monumento de Mapiripán en el departamento del Meta. Otro ejemplo reciente de un caso similar, ocurrido en ese mismo departamento, está plasmado en un comunicado del MOVICE, donde los miembros del Capítulo Meta, denuncian los hostigamientos de los que fueron objeto por parte de la Policía de Villavicencio, durante las actividades públicas del 9 de abril de 2012, que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas: Condenamos la censura abierta, el silenciamiento, agresión y amenaza por parte de agentes de la Policía Nacional, a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, siendo estos hechos una denigración, socavamiento y atentando contra la dignidad de las víctimas (...). Estos hechos comprueban que No estamos en un momento transicional y que el conflicto político, social y armado de nuestro país, se libra también en el mundo de las

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imágenes, los símbolos y los relatos, siempre en detrimento de las víctimas y favoreciendo la memoria esgrimida desde la oficialidad (Capítulo Meta, 10 de abril de 2012). A raíz de este tipo de acciones de la Fuerza Pública, algunos sectores de la sociedad, por convicción o bajo coerción, aceptan relatos contra la dignidad y la memoria de las víctimas, aumentando la soledad, marginalidad e indefensión de las colectividades victimizadas. (Asistentes al taller regional en Villavicencio, 2011). El Estado colombiano fortaleció mecanismos de impunidad jurídicos y mediáticos, como las acusaciones contra organizaciones defensoras de los derechos Humanos y organizaciones de víctimas. Algunas de las cuales son: la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Sembrar, el Proyecto Colombia Nunca Más, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la comunidad campesina de las Pavas y las víctimas de la masacre de Mapiripán. Estos señalamientos, van de la mano con la negación de violaciones graves cometidas por el Estado y la exaltación de las Fuerzas Militares. Es preocupante constatar las dificultades que enfrentan las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia para contrarrestar la versión oficial de los hechos de violencia, construida a partir de una información fragmentada y confusa, de la que no es posible extraer o construir una memoria colectiva que transmita una lección moral para la no repetición. El Estado ve debilitado el valor de su palabra y su poder institucional, aunque el capital y la fuerza militar de sus agentes se hayan incrementado. Caso Mapiripán Vs Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Las acciones mediáticas de desprestigio promovidas por el Estado, son en sí mismas, el incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia, que dictó al Estado medidas de satisfacción y garantías de no repetición para las víctimas, entre las cuales están: G La obligación del Estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables. G Identificación de las víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares. Mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas. G Mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas. G Tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico adecuado a los familiares de las víctimas. G Garantías estatales de seguridad para los antiguos habitantes del Municipio de Mapiripán que decidan regresar. G Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional. G Monumento apropiado y digno en memoria de las víctimas de la Masacre de Mapiripán. G Educación en Derechos Humanos para los miembros de las fuerzas armadas y organismos de seguridad. G Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia en un diario oficial y uno de circulación nacional (Corte IDH, Sentencia del 15 de septiembre de 2005).

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v Desconocimiento del daño colectivo generado por ataques a miembros, líderes y lideresas de procesos sociales En la región Caribe, los Llanos Orientales y el Sur Occidente del país, la movilización social es histórica: la “Unión Patriótica” y el movimiento “A Luchar”, entre otros partidos militantes de izquierda, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el Comité de Derechos Humanos del Meta, la Unión de Mujeres Demócratas, las mujeres rurales, jóvenes estudiantes, parceleros(as), las Juntas de Acción Comunal (JAC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO - CUT), el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM), los Corteros de Caña, los líderes de cabildos indígenas, el Comité Cívico por los Derechos Humanos, la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), (Asistentes al taller de devolución, 2012), entre otras organizaciones, se establecieron para defender los derechos del pueblo colombiano, atendiendo a su condición de indígenas, mujeres, obreros, trabajadores del agro, entre otras. Muchas de ellas fueron atacadas y, en algunos casos, casi llegaron al punto de ser exterminadas. Uno de tantos ejemplos es la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Duda (ASMUCAINDU), según cuenta una de sus integrantes: “El Ejército acabó con todo: Las viviendas en donde hacíamos el trabajo desde hace cinco años; el grupo, 136 mujeres, se desintegró. Habíamos dicho terminar la organización pero estamos otra vez” (Asistente al taller en Villavicencio, 2011). El Estado no reconoce su responsabilidad en la violencia que afecta a organizaciones de la sociedad civil que tenían como objetivo construir una nueva era social, política y económica para beneficiar al pueblo. Ante la estrategia de terror, las personas se exilian o se desplazan; viene el desarraigo y abandono del territorio, de las fincas, las viviendas rurales y los proyectos de vida. El resultado de esa afectación es el estancamiento del desarrollo económico social, y político de comunidades y regiones enteras (Asistente al taller en Villavicencio, 2011).

Las Juntas de Acción Comunal, son organizaciones civiles sin ánimo de lucro y autónomas que existen en todo el país y tienen reconocimiento del Estado. “… Durante décadas se crearon mecanismos propios de desarrollo ante la ausencia de políticas de Estado y la falta de interés del gobierno central... la mayoría de las infraestructuras existentes, puentes, carreteras, escuelas, acueductos, centros de salud, etc., fueron construidos desde la base del trabajo comunitario de las asociaciones comunales y veredales. Fue así como, en estas zonas de inexistente presencia institucional del Estado, la Junta de Acción Comunal –JAC– se constituyó en el centro político y administrativo de control y de toma de decisiones de obligatorio acatamiento para toda la comunidad (CINEP/PP y CSJOFB, 2011).”

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Esta estructura organizativa es fundamental en los procesos de la investigación ubicados en la región del Caribe, claramente como estructura organizativa del proceso social de los Montes de María y en los Llanos Orientales. Las JAC han sido atacadas históricamente y hasta el día de hoy, a través de cambios legales, estigmatizaciones y el asesinato de sus líderes (Asistente al Taller de devolución, 2012).

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GRÁFICA 4

Condiciones para la revictimización (Causas de la revictimización) Intervención militar, política y económica de otros países, en especial de Estados Unidos. Imperialismo

Revictimización Conservación y negación de la criminalidad del Estado. Guerra sucia

Solución militar al conflicto social y armado. Militarización Discriminación y exclusión de grupos por su condición etnica o de género. Dominación cultural

Expropiación rural. Fortalecimiento del capitalismo

Mecanismos de impunidad (Ayudan a que estas condiciones se mantengan)

Mecanismos legales:

Mecanismos de hecho:

Mecanismos sociales:

Ley 975/2005 (Ley de justicia y paz) Decreto 1290 (De repación individual por vía administrativa)

Detenciones arbitrarias, asesinatos, infiltración, seguimiento y amenazas contra víctimas y grupos que exigen V, J y R.

Atentados a la memoria

Fallas en la justicia

Conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, culturales, jurídicas y económicas negativas generado por mecanismos de impunidad que tienen como objetivo implementar o mantener sistemas socioeconómicos injustos, desiguales y de discriminación.

Daño en los vínculos sociales

– Olvido – Se pierde visión de futuro y conciencia de poder – Se desacreditan las instituciones – Se desacredita la democracia o al menos la democracia representativa (electoral)

Daño irreparable

– Daño en la relación de la mujer con su cuerpo a causa de la volencia sexual – Pérdida de la vida – Efectos de la tortura – Pérdida de lugares sagrados o daño ambiental irreparable – Pérdida de autoridades espirituales ancestrales – Exterminio de un grupo político

Daño transgeneracional

– Nuevas generaciones viven impactos de violencia, exclusión y explotación que no vivieron directamente – Tienen valores y creencias sobre violencia, exclusión y explotación que no construyeron – La familia no sabe cómo explicar a sus hijos lo que vivieron, por qué viven como viven y los sobreprotegen – Culpa, desconfianza, miedo y responsabilidades muy tempranas – Atraso, discriminación y maltrato escolar

Justificación de la violencia contra la mujer Desconocimiento del daño colectivo

Daño en los vínculos comunitarios

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– Cambio en los valores, la identidad y disminución de cohesión – La pérdida de la tierra y el patrimonio lleva a la pérdida de unidad y en algunos casos a la extinción del proceso social – Pérdida en la capacidad de resistencia moral y política – Miedo generalizado, disociación, inseguridad, conflictos – Pérdida de vínculos de solidaridad – Pérdida de espacios para ritualizar la muerte

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Tercer Capítulo

Propuestas de afrontamiento y transformación

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Hay distintas capacidades individuales o colectivas de afrontamiento frente a los daños recibidos que se reflejan en formas particulares de reaccionar, defenderse, sobreponerse y superar el dolor. El afrontamiento se refiere a las acciones para: “… contrarrestar los efectos negativos de la violencia sociopolítica. Estas acciones involucran aspectos que ayudan a los procesos de superación y reivindicación de los derechos. De la misma manera que el impacto es variado, los niveles de afrontamiento también son variados, y dependen de diversos factores...” (GPRI, 2006:25). El afrontamiento implica la reubicación de la víctima como actor social; la organización, los aspectos religiosos, los recursos individuales y familiares, entre otros aspectos. Incluye también los factores espirituales e ideológicos y los factores protectores de la red social de apoyo. El afrontamiento es una respuesta que se refleja en los cambios de carácter adaptativo que se producen en la vida de las personas después de haber sido víctimas de una violación a sus derechos, dado que sus proyectos de vida se vieron afectados, en tanto no se puede regresar al punto de partida. Las Medidas de Protección y Autoprotección son estrategias para reaccionar frente a una situación de riesgo con el fin de prevenir la violación de los Derechos Humanos. Se basan en el reconocimiento del riesgo y de sus efectos psicosociales; requieren el análisis jurídico y organizativo para crear estrategias de reacción frente a las amenazas y, finalmente, apuntan a la creación de medidas colectivas y contextualizadas. Son estrategias temporales que no dejan de lado las exigencias de cambios estructurales y definitivos en el contexto político para que no se repitan las violaciones de Derechos y, en consecuencia, promueven procesos de exigibilidad de garantías políticas. Dichos mecanismos están sustentados en normas internacionales como el Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra y los acuerdos de la OEA que exhortan a los Estados a intensificar esfuerzos para la adopción de medidas para garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas, como también lo expresan algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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La expresión de resistencia es parte de un proceso que se genera a partir de las respuestas frente y contra las acciones y razones de la violencia y no se dedica sólo a contrarrestar los daños que genera. Se produce gracias a un conjunto de acciones colectivas de transformación del medio, llamadas “acciones de adaptación activa” (Pichón Riviérè, 1999). Para Martín-Baró, la resistencia es una “acción de transformación”, pues de la misma manera en que las actividades humanas pueden ser efecto o reproducción de estructuras sociales históricas, originadas en la diferencia de clases, el ser humano puede transformar esas estructuras. La acción social puede ser reconstruida como efecto de la conciencia que el grupo afectado tiene de sus procesos. Ésta tiene como elemento fundamental la comprensión de las lógicas que dañan a las personas en ámbitos colectivos o individuales.

3.1. Alternativas de afrontamiento y resistencia frente a los mecanismos de impunidad

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Frente a las situaciones de violencia experimentadas por una población o colectividad, las personas asumen diversos mecanismos para auto protegerse, bien sea negando y olvidando los hechos que las afectaron, o bien, recordando y elaborando los recuerdos a partir de compartir las narraciones que les permitan reconstruir el sentido de lo que ocurrió. El hecho de recordar los ataques recibidos y la manera en que respondieron o reaccionaron a nivel individual y colectivo, puede servir para valorar en el presente cuáles respuestas de las que se dieron en el pasado, fueron útiles y cuáles no. Gracias a estos procesos de resignificación que le dan sentido al pasado desde el presente, pueden construirse estrategias de prevención hacia el futuro y estrategias de lucha contra la impunidad, como las que presentamos a continuación: G Reconstruir la memoria colectiva para entender, qué está pasando, por qué pasó y continúa pasando. G Es importante mantener la unión y no dejar solas a las personas que pasan por una dificultad, hablar de sus sentimientos y las dificultades económicas causadas por la persecución. G Animar una integración social que mantenga siempre presentes los principios morales. Esto implica fortalecer la tradición y los valores del grupo para que no cambien y para que no se igualen a los de la impunidad y la violencia. G Crear comisiones de protección para no permitir ningún tipo de presión externa y para documentar los hechos de persecución. G Ante la infiltración, se propone a nivel interno que los procesos sociales sean transparentes y participativos, y que, para consolidar la confianza entre las personas, se orienten a fortalecer la memoria, la documentación y socialización del dolor. G A pesar de la amenaza, las organizaciones deciden seguir denunciando y seguir apoyándose con comunicados, cartas, redes y visitas humanitarias. G Es necesario contar con el apoyo de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los Derechos Humanos, pero también de todos los agentes comunitarios y sociales que gocen de reconocimiento local y nacional, como es el caso de los representantes de la iglesia, Organizaciones No Gubernamentales, instituciones académicas, entre otras. G Crear redes con organizaciones amigas a nivel nacional e internacional para pensar denunciar las problemáticas que afectan al movimiento social. G Saber que hay amistades, compañeros y compañeras a nivel nacional e internacional con las que se puede contar, fortalece al proceso y a sus integrantes; además cuando el Ejército ve el apoyo externo se abstiene un poco de atacar a la población, seguramente porque los agentes estatales perciben el apoyo y son conscientes de las repercusiones que puede haber en caso de atacar a la población. El empadronamiento, el registro de manifestantes y otras formas de control sobre la población civil son ilegales y pueden ser denunciados. También es necesario tener conciencia de que en todos los encuentros convocados por el Estado se pueden exigir condiciones de seguridad para un trabajo tranquilo y armonioso.

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Frente a la intervención de las multinacionales en regiones campesinas, es necesario difundir que las comisiones ambientales, la USO y las Juntas de Acción Comunal, han logrado organizar reuniones para exigir que se realicen las consultas y han regulado las exploraciones petroleras de las multinacionales. Gracias a ese mismo mecanismo, las organizaciones indígenas han logrado, temporalmente, detener algunas obras y generar llamados de atención hacia las multinacionales y el Estado. Frente a los mecanismos socioculturales, construidos desde un pensamiento patriarcal, y dirigidos a la justificación de la violencia contra las mujeres, se debe señalar lo siguiente: G El Estado es responsable del cuestionamiento o mantenimiento de las instituciones que reproducen o conservan formas de relacionamiento violentas contra las mujeres. G Es necesario realizar informes alternos sobre el cumplimiento de la Ley de Restitución de Tierras y el Auto 092. G Es posible hacer veeduría e incidencia de los programas dedicados a la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. G Es necesario hacer visible la existencia de la violencia sexual, en especial como forma de victimización de la población femenina. G fortalecer las organizaciones de base para que continúen brindando orientación y conocimiento a las mujeres que no tienen oportunidad de participar y compartir sus experiencias. G fomentar la memoria sobre la violencia contra las mujeres. Frente al encubrimiento del ataque contra los procesos sociales y su memoria, los herederos de estas luchas reconstruyen nuevos tejidos y reafirman los lazos sociales entre las comunidades. Las comunidades retornan en medio de la guerra y se organizan para la recuperación del territorio y la vivienda. Adicionalmente, queda seguir desarrollando las siguientes actividades: G Las movilizaciones para hacer visibles los sufrimientos vividos, y para visibilizar las pérdidas a nivel individual y colectivo, a partir de la denuncia de los ataques sufridos en razón de la pertenencia a un grupo u organización particular. G Participar en actividades públicas, continuar la integración y la capacitación, promoviendo una cultura de defensa de los Derechos Humanos. G Transmitir la memoria histórica construida, sobre las bases de fuentes legítimas y rigurosas. G La destrucción de monumentos irrespeta la dignidad de las víctimas; profundiza la estigmatización, causa el olvido de los hechos y perpetúa su repetición. Para prevenirla, es necesario construir los monumentos en lugares visibles y públicos, que gocen de condiciones de seguridad; por ejemplo, bibliotecas y entidades públicas.

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Estos pajaritos somos nosotras, una gaviota va adelante y cuando se cansa nos rotamos, este es el mar que representa la inmensidad de las mujeres, este es el barco en que nos hemos montado todas y todos, este es el tiburón que nos ha atacado pero avanzamos por la luz que nos ilumina las mentes. Para mantenernos en el barco necesitamos: G Mantener la unión y la conciencia acerca de la intención que hay detrás de las amenazas; escoger los escenarios y rotar en el trabajo de incidencia; tener en cuenta otras experiencias; registrar y denunciar de manera inmediata los ataques vividos. G Participar en las reuniones dedicadas al teatro, la música, el dibujo, el ejercicio, los masajes y los juegos. Descansar junto a un árbol, meter los pies en el agua, dormir al lado de una roca y pedir consejo y apoyo de organizaciones amigas y de líderes espirituales. G Mantener la convicción de que todos y todas merecemos ser felices y, por eso, son justas las actividades de descanso y las actividades de esparcimiento. G Si es posible, tener un acompañamiento terapéutico personal o colectivo, hacer uso de él para compartir las experiencias, llorar y hablar de los dolores que sufrimos. G Mantener la esperanza y el esfuerzo de no naturalizar las situaciones, cuando se vuelven frecuentes y rutinarias. G Cuando se han presentado conflictos internos ha sido muy útil pensar el trabajo de acuerdo a las capacidades de las personas que hacen parte del equipo. En un caso, se redirigió un trabajo para conservar a una persona. En el trabajo de reconstrucción del tejido social, todos y todas somos indispensables. G La falta de resultados para las personas, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, que reclaman sus derechos genera frustración. Comprender el contexto político, previene la frustración en el acompañamiento y la lucha, porque genera una conciencia de la lucha a largo aliento que hay que seguir adelantando. G Revisar si estamos adoptando la violencia dentro de nuestra vida cotidiana con nuestros seres queridos.

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3.2. El papel de la memoria en la transformación social

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Se recuerda o evoca hechos importantes en la vida del proceso social desde su propio punto de vista, gracias a los lazos de afecto y al contexto compartido (Halbwachs, 2005). La memoria se crea y reconstruye en el análisis del proceso histórico colectivo; si es necesario recordar, es porque la historia está latente y no hay condiciones que garanticen la no repetición de los hechos de Victimización. Para trabajar porque se consoliden las Garantías de No Repetición, es importante entonces, tener presentes las potencialidades transformadoras de la memoria. 3.2.1. Memoria para mantener la identidad cultural y la cohesión social Las prácticas sociales reflejan representaciones sociales que surgen del pasado y lo simbolizan, (Candau, 2002). Los procesos sociales con los que trabajamos tienen culturas y ejes de identidad y unión desconocidos. Ese desconocimiento es un daño sufrido por la pérdida de las tradiciones, formas de producción y saber ancestral que afecta la cohesión del grupo y su ser. La única manera de recuperarlas es a través de un trabajo de elaboración y reconstrucción de la memoria por parte del grupo afectado. Las mujeres indígenas guardan su memoria en el tejido, en la Sierra; algunas de ellas pertenecen a organizaciones o tienen una asociación de mujeres tradicionales, dedicadas a recuperar la memoria para conservar su identidad. Las Sagas y los Mamos conservan la Ley de Origen y la sabiduría de la comunidad; guían las reflexiones sobre el por qué de la violencia y el daño que ha generado… (Asistentes al taller regional en la Sierra Nevada, 2011). Dentro de las formas de memoria, el tejido y la música fueron al final reconocidas como las expresiones más cercanas a la identidad cultural y las prácticas cotidianas de la zona rural en las distintas regiones trabajadas. La memoria se recupera también en los encuentros de los procesos sociales. Con respecto a esto plantean que al recuperar el recuerdo de las experiencias de violencias sufridas, se reviven nuevamente los dolores; por lo que muchas veces se presentan mecanismos de defensa como la negación y la represión de este tipo de recuerdo, dado que al revivirlo, surgen respuestas de ansiedad, mal humor y depresión, sin embargo, a pesar de este tipo de respuestas, los cinco grupos insistieron en la necesidad de reconstruir las memorias, enriqueciéndose y fortaleciéndose a partir del intercambio con otros, asumiendo el propósito común de contraponer la memoria a la negación, y, por lo tanto, a la impunidad. El dolor que nace de recordar es a su vez el dolor que al salir, ayuda a sanar el cuerpo y el alma… “Los dolores que no se hablan; se guardan en el cuerpo” (Asistentes al taller regional en Cartagena, 2011). La memoria también se recupera a través de propuestas simbólicas para enseñar la memoria, cada color, aroma o textura es una estrategia para dar sentido a la memoria porque recuerda los sueños, proyectos de vida personales y colectivos de las personas victimizadas (Asistentes al taller regional en Cali, 2011). Para la conmemoración de miembros de la UP, por ejemplo, se usaron los colores verde y amarillo como símbolo de su pertenencia política (Asistentes al tller regional en Villavicencio, 2011). Es importante hablar del pasado político y familiar de las víctimas, dibujarlas como quieren ser recordadas por sus familiares y retomar los símbolos que permiten representar sus procesos sociales (Asistentes al taller regional en Cali, 2011).

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En el caso de los niños y las niñas, es necesario prestarles atención especial para abordar ciertas situaciones emocionales y compartir con ellos una explicación de los hechos vividos (Asistentes al taller regional en Cali, 2011). Cuando se exorciza la memoria con niños y niñas, se realiza un trabajo de prevención que impide que se produzcan nuevas víctimas y nuevos victimarios. Lo anterior nos pone frente a la importancia de desarrollar un trabajo con los niños y las niñas, con el fin de brindarles elementos para elaborar y abordar los daños generados por el contexto de la guerra (Asistentes al taller regional en Cartagena, 2011). Al mismo tiempo, los hombres y mujeres que participaron en los distintos encuentros, comparten la esperanza de crear conciencias nuevas, para que crezcan hombres y mujeres distintos a los que causaron los daños; para que conozcan los sueños de los que no se encuentran entre nosotros, y para que estos procesos de formación contribuyan a la prevención y disminución de los riesgos. 3.2.2. Memoria para la resistencia Cuando la construcción de la memoria no es un proceso consciente, se constituye a partir de imágenes que vuelven como marca de terror, o se convierte en olvido pasivo, generado por la represión, y encadenando al colectivo, a la repetición de un pasado obsesivo (Candau, 2002). La memoria y el olvido son procesos colectivos, no son actividades y decisiones de una sola persona sino que están atravesados por los valores y el lenguaje que compartimos. Están determinados por la ideología que define qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir, o por los tabúes en torno a temas como la violencia sexual. El olvido responde a intenciones específicas, generando condiciones que dificultan la posibilidad de que determinados hechos se denuncien públicamente. Los hechos del pasado tienen incidencia en el presente y se reconstruyen en medio del riesgo que, en este caso, es causado por un contexto conflictivo y amenazante (Benjamín, 1955). Cuando la memoria es consciente y crítica, permite el surgimiento de nuevas formas de sentir y pensar distintas a las transmitidas a través de la violencia (Lagos et al., 2009). Esta memoria es dinámica y creativa, es una herramienta de poder transformador, frente a la posibilidad de perder el sentido de las personas y de su historia. Implica una recopilación de los hechos de violencia que se ejercen en contra de los procesos sociales, e involucra una toma conciencia en torno a los daños que genera esta violencia; lo cual a su vez contribuye a construir y redimensionar las formas de hacer frente a la revictimización. 3.2.3. Memoria histórica y reparación integral El GPRI definió la memoria como una versión de la realidad y de los hechos históricos bajo el marco de la violencia sociopolítica, que tiene como intención: “... dar a conocer los acontecimientos que han sido silenciados y ocultados, reconstruyendo la memoria histórica frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos y generar acciones para reconocer, enfrentar y elaborar las pérdidas (GPRI, 2006).”

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Este concepto de memoria se nutre del análisis de las funciones sociales que ésta cumple, para ubicarla como un derecho, un vehículo de la Verdad y, en consecuencia, un instrumento de Justicia y de Reparación Integral. En ese sentido, ayuda a la instauración de procesos de sanción penal y moral de los responsables y alimenta la memoria colectiva. En este aspecto, la memoria histórica, en tanto reconstrucción documentada y rigurosa del pasado, toma vital importancia y se apoya en el uso de estrategias de archivo y testimonio para proporcionar información completa de los hechos de victimización o Revictimización, que en otro momento no podían ser denunciados o visibilizados. En este trabajo se encontraron retos con respecto, por ejemplo, a la documentación de la violencia contra las mujeres. Es necesario que el mundo conozca cómo se violenta el cuerpo de las mujeres en el marco del conflicto social y armado, con el fin de visibilizar la verdad escondida sobre la situación de la que son víctimas. Tampoco son muy frecuentes las propuestas de documentación y homenaje a las víctimas de violencia sexual y eso dificulta que este crimen se reconozca y se haga visible. Las estrategias para hablar de este tema deben tener como objetivo impactar los imaginarios sociales sobre la sexualidad de las mujeres, a través de una Galería de la memoria donde las protagonistas sean las mujeres, con el fin de recoger, de una manera contextualizada, y a partir de una línea de tiempo, tanto el relato de las historias relacionadas con la vulneración de sus derechos –entre ellas, las historias relacionadas con la violencia sexual– como el relato de las luchas por la defensa de los derechos y las historias de vida. La Galería de la memoria deberá tener un documental, charlas, pancartas, un libro, trabajo con emisoras, obras de teatro, debe reconocerse la habilidad de las mujeres en el tejido, la escritura, el dibujo. Sobre todo, debe reflejar la complejidad y la dimensión del daño.

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GRÁFICA 5

Organización Social para la exigencia de múltiples derechos

Violaciones a los derechos de las personas que exigen

Atacar las fuentes de la violación de derechos

Daño: Parálisis en la exigencia de múltiples derechos (Reúne todos los daños colectivos que ya fueron mencionados)

MOVILIZACIÓN

• Denuncia • Documentación de la memoria histórica • Veeduría en políticas de atención y reparación integral • Integración de distintos sectores para incrementar condiciones de poder de los procesos sociales • Creación de redes internacionales para incidir en las causas estructurales de la impunidad • Investigación

Afrontamiento del daño

Medidas de Protección y Autoprotección

• Defensa de los lugares, acciones y documentos de memoria • Denuncia • Documentación • Análisis de contexto y construcción de medidas según el proceso social, los actores que lo afectan y el nivel de riesgo • Cumplimiento de las medidas propuestas • Apoyo jurídico • Evaluación permanente del contexto y las medidas de seguridad • Actividades de apoyo psicosocial, cultural o espiritual para la prevención y el tratamiento del agotamiento

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• Compartir el dolor para reconstruir la solidaridad • Recuperar lo perdido en términos materiales e inmateriales • Hacer memoria colectiva de los valores culturales y políticos y las luchas del grupo social • Construir redes • Capacitarse • Memoria para conocer la historia de todos y consolidar la confianza

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Elkin y Delia conversando:

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Cuarto capítulo

Los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, más allá del lenguaje jurídico Los cinco procesos sociales con los que trabajamos coincidieron en reconocer que la violencia sociopolítica es utilizada como un dispositivo de control permanente, que obstaculiza las acciones de exigibilidad de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, impidiendo la satisfacción de sus principales necesidades. Considerando las particularidades de estos cinco procesos organizativos, nos aproximamos a las elaboraciones que han venido desarrollando en torno a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, como derechos fundamentales de las víctimas; elaboraciones cuyos aspectos más relevantes giran alrededor de las nociones de justicia social, respeto, convivencia, equidad, autonomía y soberanía alimentaria.

4.1. Verdad Las víctimas individuales y colectivas tienen derecho a conocer la verdad relacionada con la violación de sus derechos; es decir, tienen derecho a que el Estado, a través de las vías judiciales, lleve a cabo una investigación rigurosa que permita esclarecer las razones, mecanismos, estrategias e identidad de los perpetradores de los hechos de victimización que han afectado sus proyectos de vida. Además de la investigación judicial que debe llevar a cabo el Estado para esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos, la segunda dimensión del derecho a la verdad, es el derecho a saber, y éste incide en la construcción social de la historia, convirtiendo la verdad en un patrimonio colectivo de carácter intersubjetivo y público, cuyo reconocimiento es necesario para superar el daño. En caso de que los aparatos de Justicia no garanticen las condiciones para la investigación, es necesaria la intervención de Tribunales especiales de carácter extra-judicial; Tribunales de Justicia Penal Internacional y Comisiones de Verdad o de Investigación.

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En el contexto colombiano, la intervención de los mecanismos especiales de carácter extrajudicial ha sido una de las estrategias utilizadas por las organizaciones de víctimas y de defensores de los Derechos Humanos, debido a la ausencia de voluntad política del Estado para investigar y esclarecer los hechos de victimización. Los elevados índices de impunidad en Colombia, se desprenden de una serie de prácticas institucionales que invisibilizan a las víctimas, en la medida en que la mayoría de las versiones sobre la realidad de la violencia sociopolítica han sido construidas, sin ningún criterio ético, preferiblemente a partir de las versiones los victimarios o para favorecer sus intereses. De acuerdo a los cinco procesos sociales con los que trabajamos, es necesario crear dispositivos que promuevan el reconocimiento público de la legitimidad de las versiones de las víctimas acerca de los hechos que las afectaron, a fin de contrarrestar la tendencia oficial de estigmatizar y negar a las víctimas como sujetos de derechos.

La memoria es nuestra verdad, es el cuento que podemos contar desde nuestra experiencia y se comprende en situaciones específicas y concretas:

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Al establecer cuáles deben ser las exigencias de verdad al Estado, los cinco procesos organizativos afirmaron que es necesario organizar espacios de encuentro y consulta con amplia participación de las víctimas, que permitan reconstruir y difundir la verdad sobre los hechos de victimización. Al interior de dichos espacios es fundamental sacar a la luz pública problemáticas invisibilizadas, como es el caso de la violencia sexual y todo tipo de prácticas que comportan agresiones contra el cuerpo y la integridad física y moral de las mujeres en el contexto de la violencia política y social. El objetivo último de estos espacios de encuentro debe ser el de restituir públicamente el valor de la palabra de las víctimas; lo cual implica valorar el testimonio de las mujeres, las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, sobre sus propias experiencias y las de sus familiares. Igualmente, es necesario que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad, tanto por acción, como por omisión, en la violación masiva de los Derechos Humanos de sectores sociales históricamente victimizados –las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes, la población campesina, los movimientos sociales que representan la oposición política, entre otros– y en la impunidad en la que permanecen los crímenes relacionados con los hechos de victimización y revictimización. Ello implica que el Estado esclarezca públicamente por qué se llevaron a cabo los hechos de violencia y con qué intencionalidad, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, los desplazamientos y otro tipo de prácticas violatorias de los Derechos Humanos. Lo anterior está relacionado con que el Estado explique, y no con que justifique, qué tipo de racionalidad engendró las lógicas de exterminio, sevicia y crueldad que afectaron los diferentes territorios asolados por la violencia sociopolítica, al tiempo que reconoce los múltiples daños que ha causado dicha violencia, y los efectos individuales y colectivos que ha tenido la impunidad que rodea los hechos de victimización.

4.2. Justicia En términos del Derecho Internacional, la justicia se refiere a la investigación, juicio y sanción de los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, con penas proporcionales a los crímenes cometidos y a los daños ocasionados (GPRI, 2006). La aplicación de justicia surte un efecto transformador de carácter ejemplar, tanto en las víctimas directas, como en la sociedad. Con respecto a la reflexión sobre la justicia, fue necesario entender que las medidas de reparación integral y su ejecución, deben comprender la particularidad de cada grupo humano o comunidad victimizada; en este sentido, el aporte del pueblo indígena Wiwa nos mostró de una manera sencilla y transparente, algunos elementos particulares de su cosmovisión cultural que constituyen su sentido comunitario de justicia, y lo dotan de componentes simbólicos. La comunidad Wiwa señaló la importancia de que la autoridad sea legítima; es decir, que cuente con la confianza

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y el respeto de la comunidad, y, así mismo, que sea sensible y respetuosa frente al sufrimiento de las víctimas, para, promover, tanto el reconocimiento público de la palabra de los afectados –de los daños que éstos han sufrido a nivel individual y colectivo– como el reconocimiento de la responsabilidad de la autoridad en la violación de la Ley, y de su obligación de aplicar la sanción moral a los responsables de los daños, y de su deber de brindar la reparación espiritual y material. Después de reconocer estos elementos que constituyen el sentido de la justicia en cada uno de los grupos con los que trabajamos, recogimos algunas exigencias de J justicia comunes a todos ellos se centran en los siguientes aspectos fundamentales: G En los contextos de violencia sociopolítica donde se produce la victimización y la revictimización, se debe poner fin a los mecanismos que promueven la impunidad, dado que, generalmente, los victimarios se han visto beneficiados por los crímenes que cometieron en contra de personas inocentes. El gobierno debe hacer que se desmovilicen, que sean sentenciados y paguen una pena conforme a la gravedad de los delitos cometidos. G Frente a los hechos de victimización y revictimización, todas las instituciones responsables de Crímenes de Lesa Humanidad deben ser sancionadas, sin excepción. G Los alcances de la justicia van más allá de lo jurídico. En este sentido, es fundamental que se establezcan las condiciones para construir justicia social y no sólo justicia penal. G Es prioritario construir políticas públicas con perspectiva de género para las mujeres víctimas del conflicto social y armado; especialmente para las mujeres en condición de desplazamiento forzado. G Con el fin de asegurar el acceso de las mujeres a la justicia, es necesario aplicar las herramientas institucionales para disminuir los riesgos contenidos en el Auto 092, y sancionar las prácticas de violencia dirigidas contra las mujeres. Por ello es necesario crear las condiciones y espacios que permitan señalar a los responsables de la violencia sexual para permitir que las víctimas elaboren sus sentimientos de culpa y vergüenza, entre otras afectaciones de índole psicológica y moral.

4.3. Reparación integral Los cinco procesos sociales con los que se trabajó, coinciden en afirmar que hay daños irreparables causados por graves violaciones a los Derechos Humanos. En el diálogo con las mujeres, por ejemplo, ante el reconocimiento del daño irreparable que genera la violencia sexual, muchas de ellas reconocieron que gracias a los procesos de verdad y justicia, como pre requisito, se pueden difundir memorias que logren dignificar a las víctimas, y generar sanciones de carácter penal y moral, que sitúen claramente las responsabilidades de los victimarios, procurando que se fortalezcan las garantías de no repetición a partir de la prevención de la repetición de los hechos sobre las personas victimizadas y sobre otras nuevas.

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La reparación integral ha sido reconocida como el mecanismo encargado de remediar los efectos reparables de las violaciones a los Derechos Humanos, reconociendo que existen diferentes dimensiones de afectación que requieren diferentes dimensiones de reparación. Al mismo tiempo, incluye políticas de cambio, orientadas a modificar las condiciones de vida de la población, y a promover la democratización de la sociedad y sus instituciones, así como a la adopción de medidas preventivas para que no se repitan las violaciones de Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la reparación integral incluye medidas de reparación política, que respondan a la necesidad de reformas estructurales e institucionales, orientadas al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y al respeto de los Derechos Humanos (GPRI, 2008). Las diferentes dimensiones de la reparación integral están relacionadas con las diferentes clases de daños ocasionados por las violaciones de los Derechos Humanos. Dichas dimensiones son: 1) La restitución de los derechos. 2) La indemnización por los perjuicios económicos. 3) La rehabilitación médica, psicológica y social de las víctimas. 4) La satisfacción, constituida por medidas para que cese la violación, la revelación de la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, el reconocimiento público de responsabilidades, las sanciones a los responsables, las conmemoraciones en memoria de las víctimas, la enseñanza de mecanismos e instrumentos que prevengan y juzguen estas acciones. 5) Las garantías de no repetición (GPRI, 2006), lo cual se expresa en la restitución de la confianza y la solidaridad. Para lograrlo se requiere una mirada amplia, que, desde un enfoque diferencial, permita a cada grupo humano victimizado, vivir con dignidad, de acuerdo a sus perspectivas y salir de la situación de exclusión que perpetúa la victimización. Lo importante en este tema es que el análisis del daño integre una comprensión de las causas mediatas o estructurales de la violación de los derechos y, en tal caso, apunte a generar cambios estructurales en la sociedad para que éstos no se vuelvan a vulnerar. Ignorar los elementos estructurales que generan la violación de los Derechos Humanos, como son: la economía del capitalismo, el sistema patriarcal, el desprecio y desconocimiento de los pueblos ancestrales de América y descendientes de los africanos, así como las condiciones históricas de esclavitud, violencia y discriminación que han sufrido. Teniendo en cuenta dichos elementos estructurales, la reparación integral: G Debe ir dirigida a entender y solucionar las condiciones estructurales que hacen posible la repetición de los hechos violentos para que las relaciones sociales que los perpetúan puedan ser transformadas. G Debe tener en cuenta la dimensión colectiva del daño ocasionado por acciones que vulneran los Derechos Humanos, tales como el ataque selectivo contra miembros de organizaciones sociales y comunidades, a través de bombardeos, quemas, atentados, detenciones masivas, persecuciones, deslegitimación, etc. En este sentido, no basta con reparar el daño en una persona; es necesaria la reparación colectiva desde lo moral, lo físico, lo material, lo cultural y lo político. G Debe satisfacer las necesidades de los diversos tipos de víctimas, a partir de un enfoque diferencial orientado a mitigar los impactos del daño causado, dignificar el dolor, difundir la verdad, y disminuir la vulnerabilidad de los sectores victimizados para evitar la revictimización. En el caso de las mujeres, es necesario que se reconozca la discriminación que viven las mujeres y que se agudizó con el conflicto.

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G Es necesario recuperar los centros de salud y contar con atención integral y especializada, que pueda dar cuenta de mecanismos adecuados de atención diferencial, de acuerdo a una perspectiva de género, cultural, generacional y de Derechos Humanos. En cuanto al resarcimiento de los derechos relacionados con el retorno a los territorios despojados, se necesita que las víctimas del desplazamiento forzado tengan garantías para vivir con tranquilidad y dignidad, lo cual implica tener terrenos para trabajar, titulados y fértiles para hombres y mujeres, así como tener el derecho de usar semillas libres, y lograr la recuperación de la naturaleza. G Es necesario acceder a una educación contextualizada, que aporte a la transmisión de la historia de la comunidad, y que apoye la organización comunitaria para acceder a la vivienda, al agua, a la electricidad, y a vías de acceso en buen estado. G También es necesario un acompañamiento psicosocial que permita sanar el espíritu y el alma de los individuos, familias y comunidades; curar el cuerpo, volver a ocuparlo, quererlo y perder el miedo. G Teniendo en cuenta la importancia de la legitimación de la versión de las víctimas frente a los hechos que vulneraron sus derechos, es necesario reconstruir la memoria histórica de los acontecimientos enmarcados en la violencia sociopolítica para restablecer el derecho al buen nombre –en el caso de dignificar la memoria de personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente- y para sanar la heridas ocasionadas por las pérdidas a partir de recuperar lo que se ha perdido a nivel moral, cultural y material, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde los hechos de violencia.

4.4. Garantías de no repetición como condición para la verdad, la justicia y la reparación integral Las garantías de no repetición son definidas como disposiciones del derecho interno y acciones adelantadas desde las ramas ejecutiva y judicial, para la prevención de nuevas violaciones a los Derechos Humanos. (Loianno, Adelina, 2004). Dichas disposiciones incluyen mecanismos de protección y medidas de seguridad que tienen diversos alcances. Para el caso colombiano, la CIDH ha planteado una serie de condiciones para que, en el reciente contexto de negociación entre el Estado y los grupos paramilitares, no se repitan las violaciones de Derechos Humanos. Dichas condiciones están relacionadas con el desmantelamiento del paramilitarismo y con el reconocimiento de la responsabilidad estatal en su creación y mantenimiento. Además de tales condiciones, el GPRI plantea que para que se garantice la no repetición de los hechos, es necesario implementar una serie de reformas estructurales que involucran la democratización de la sociedad a nivel económico y cultural, a través de una reparación política, y una serie de cambios en la jurisprudencia, en la educación, en el

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legado histórico y en los valores transmitidos a las generaciones presentes y futuras con respecto al conflicto (GPRI, 2008:57). Teniendo en cuenta estas propuestas, los procesos sociales con los que trabajamos en el presente proyecto, plantearon la sanción contra los partidos políticos y los emporios económicos que se han visto particularmente beneficiados con las acciones violentas perpetradas por los victimarios. Con respecto a las fuerzas militares, se considera que es necesario detener la estrategia militar para solucionar el conflicto; suspender el servicio militar obligatorio, asumir procesos de negociación con los grupos armados, y derogar la Normativa 029, que beneficia a los miembros del Ejército, por la producción de “bajas del enemigo” o “positivos militares”; fomentando el aumento de las arbitrariedades y abusos que comportan graves violaciones de los Derechos Humanos, como es el caso de los mal llamados “falsos positivos”. En cuanto a la dimensión colectiva de los daños ocasionados por la violencia sociopolítica, es necesario comprender el contexto que configura el caldo de cultivo para la victimización y la revictimización. Por ejemplo, en regiones ricas en recursos naturales, donde los procesos organizativos de las comunidades giran en torno a la defensa de la tierra y el territorio, es necesario sancionar y controlar la intervención de capitales que han sido usados para contener o destruir a los movimientos sociales, cuyas acciones de exigibilidad de los derechos afectan los intereses de las empresas nacionales y/o multinacionales. En este sentido, el Estado está obligado a reconocer que ningún interés económico puede justificar las violaciones a los Derechos Humanos de las personas, comunidades y organizaciones que reivindican su derecho al territorio, y que dichas violaciones no pueden ser legitimadas ni a través de los medios de comunicación, ni a través de declaraciones por parte de las instituciones que escudan sus acciones violentas contra la población civil en la necesidad de fortalecer la estrategia contrainsurgente. Con el fin de evitar que se mantengan las condiciones históricas de exclusión que han prevalecido en el país, todas las víctimas de la violencia sociopolítica deben ser reconocidas en su totalidad, al igual que los daños de los que han sido objeto, deben ser reparados integralmente. En este sentido, el Estado debe generar mecanismos para prevenir actos de revictimización, que atenten contra la vida de las personas que denuncian infiltraciones, amenazas o persecuciones, promoviendo la intervención, tanto nacional, como internacional, de organismos expertos que delimiten las funciones de las autoridades para que no abusen de su autoridad, presionando de manera indebida, estigmatizando o reprimiendo los procesos legítimos de exigencia de los derechos por parte de la población civil. En el caso de las mujeres, es necesario realizar análisis que contribuyan a cuestionar y a erradicar el machismo y las prácticas de discriminación que conllevan la naturalización de la violencia contra las mujeres, y la intolerancia frente a la diversidad que caracteriza a la sociedad colombiana, especialmente en el ámbito de la sexualidad (GPRI, 2008). Desde esta perspectiva, y considerando las particularidades de la violencia de género, consideramos que para cambiar las condiciones que permiten la revictimización de las mujeres, son necesarias las siguientes medidas: G La restitución de los derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

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G La aplicación de sanciones efectivas contra los responsables de actos de violencia sexual. G La promoción de la participación por parte de las mujeres empoderadas y de sus organizaciones en las instancias de decisión en materia de políticas de reparación integral. G La creación y difusión de rutas previas y efectivas que reconozcan las diferencias culturales y generacionales de las mujeres (GPRI). G La implementación de medidas de protección que reconozcan el tipo de violencia ejercida contra las mujeres debido a su condición de liderezas. G La ampliación de espacios de participación política, lo cual implica el reconocimiento de las mujeres como trabajadoras dentro de su propia comunidad, y la proyección de dicha participación en espacios de debate electoral y político. G El cumplimiento por parte del Estado de su deber de respetar la territorialidad indígena. Sin el cumplimiento de este principio fundamental, no se sostiene ningún derecho; se pierde la unión, la tradición y la sacralidad. En este sentido, es necesario el respeto al territorio de los pueblos indígenas y campesinos por parte del Estado, para éstos que puedan sobrevivir. G La implementación de medidas que garanticen la no repetición de las distintas formas de violencia por parte de los organismos del Estado encargados de que no se presenten acciones de revictimización. G El seguimiento a las exigencias presentadas desde la Mesa de Mujer y Conflicto Armado con respecto al cumplimiento de los compromisos del Estado con las mujeres; el diseño e implementación del programa de prevención de la violencia contra las mujeres defensoras de los Derechos Humanos y las liderezas de la población desplazada; y el cumplimiento de las recomendaciones de órganos internacionales para la protección de las mujeres y niñas bajo su veeduría constante.

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Anexo A. Actividades para el análisis de la revictimización Las actividades que presentamos a continuación fueron escogidas de la metodología implementada en la investigación. De estas metodologías, escogimos ocho, que consideramos se pueden usar para profundizar en las reflexiones planteadas. 1. Reconociendo las organizaciones sociales, los procesos y comunidades Actividad: ¿Quiénes somos nosotros? Materiales: Títeres e instrumentos musicales. Tema: ¿Quiénes somos? ¿Cómo son nuestros espacios de diálogo? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el origen de nuestra comunidad? Objetivo: Identificar los espacios de organización, elementos de unidad, de identidad cultural y establecer cuáles son las condiciones de sostenimiento económico y territorial de cada grupo. Descripción: Se forman grupos y a cada uno se entrega un cartel con las siguientes preguntas para reflexionar y debatir sobre ellas: – ¿Qué nos une? – ¿Con qué espacios de diálogo contamos? – ¿De qué vivimos? – ¿Quiénes hacen parte de nuestro proceso social? – ¿Cómo nos organizamos? – ¿Cuál es el origen de nuestra comunidad, proceso, organización social? – ¿Cuáles son las funciones y actividades más comunes de las mujeres, los hombres, la población infantil y los adultos mayores? b. Las respuestas se presentan en plenaria haciendo uso de los títeres o instrumentos musicales.

a.

Recomendaciones: Las personas deben sentir interés por el uso de los instrumentos para la presentación del trabajo. Los títeres y la música también pueden ser útiles cuando se trabaja con personas que tienen dificultades de lecto escritura y para hacer visible la diversidad; enfrentar situaciones que generan miedo, borrar el límite entre lo posible y lo imposible permitiendo encontrar alternativas innovadoras. Finalmente, permiten representar escenarios sociales: comportamientos y formas de comunicación. Grupo Pro Reparación Integral

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2. La Historia de nuestro recorrido como colectivo Actividad: Línea de tiempo Materiales: Cartulinas, marcadores, colores, pinturas, pinceles. Tema: La historia del proceso social. Objetivo: Reconocer la historia compartida, compuesta de acciones propias, intercambio con otros procesos sociales y con el Estado y hechos de violencia. Descripción: a. Se acuerda el momento sobre el cual o a partir del cual se quiere reflexionar. b. Se propone la formación de grupos de nueve hombres, y grupos de nueve mujeres (si hay niños en el lugar ellos realizaran su trabajo en un grupo diferente). c. Se entregan los materiales con las siguientes preguntas para la reflexión. ¿Qué eventos importantes ha vivido el grupo en la lucha por sus derechos? ¿Qué hechos de violencia han vivido? (Hay muchas formas de violación de derechos, trate de incluir todas las formas y no olvide registrar lugar y fecha de cada acción). ¿Qué respuesta han obtenido por parte del Estado? d. Escoja los nueve hechos más importantes y cada integrante representará uno de ellos a través de un dibujo. Todos y todas somos artistas populares. e. Primero, ubique las acciones adelantadas por el grupo y defina momentos: su época de nacimiento, crecimiento, si se las logros alcanzados se han difundido, o si han perdido fuerza (por ejemplo). f. Ahora, ubique los hechos de violencia, reconozca cuáles fueron sus autores y de acuerdo a eso establezca si se trato de un hecho de violencia política u otro tipo de violencia. Reconozca en la línea de tiempo si los hechos de violencia fueron más álgidos en una época o si han cambiado. g. Mirando la línea anterior, reconozca si hay alguna relación entre su proceso y los hechos de violencia vividos ¿Cómo se vieron afectadas las personas, la organización social o la comunidad por los hechos de violencia? h. ¿Gracias a toda la reflexión es posible reconocer alguna intención de parte de los autores de esta violencia? ¿Qué buscaban? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Recomendaciones Los procesos sociales han vivido distintos hechos de violencia y Revictimización. Por eso, para realizar este ejercicio, es fundamental definir alrededor de qué época y alrededor de qué hechos los participantes quieren hacer el análisis. No olvide preguntar, después de establecida la confianza, por hechos de violencia sexual. Este tipo de violencia con frecuencia no es narrada por lo cual es importante que el facilitador introduzca esta categoría para hacer visibles esta forma de violencia y para generar apertura hacia el tema. Teniendo cuidado de no presionar ningún relato.

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Como nuestro objetivo es motivar la organización social y descubrir los daños generados por la Revictimización para depurarlos, es necesario recoger, escuchar y resaltar cada logro de las personas y sus procesos con el fin de promover la esperanza y fortalecimiento organizativo, dado que el contexto es álgido y estas acciones son éxitos constituyen hitos dignificantes y emancipatorios. 3. La Verdad, la Justicia y la Reparación Integral Actividad: El árbol de los derechos Materiales: Hojas de papel de colores. De manera previa se recortan y diseñan diferentes figuras siluetas en papel que representan las partes del árbol: los frutos, las ramas y las hojas. Tema: Los derechos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Objetivo: Reflexionar sobre las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación Integral que requiere el grupo para ver reparados los daños sufridos. Descripción: a. b. c. d.

En cada grupo se escoge un escribiente y se entregan tres papeles: una hoja, un fruto y un tronco. Se escribe en un tronco una Verdad importante para el proceso social. Escriben en una hoja un acto de Justicia importante para su proceso social. Escriben en un fruto un acto de Reparación Integral importante para su proceso social. Recomendaciones.

Los productos o las plantas que se representan en este ejercicio se basan en los alimentos que se producen en la región, para el trabajo sobre todo con población campesina: aguacate, maíz, cacao. En el caso de los grupos indígenas, nos propusieron trabajar con el poporo y la kunkurrúa, es decir, que cada grupo puede escoger los símbolos más representativos de la Verdad, la Justicia y la reparación. Las expectativas que tienen los diversos individuos y comunidades humanas en cuanto a la exigencia de los derechos no son homogéneas, sino que dependen de las condiciones de los sectores y grupos sociales a los que pertenecen. Sin embargo, al interior de los procesos de trabajo intergrupal es posible detectar que, a pesar de la necesidad de aplicar un enfoque diferencial que permita rescatar las diferencias para reconocer las necesidades particulares, siempre existen elementos comunes a la hora de establecer los criterios que permitan garantizar los Derechos Humanos fundamentales. En este sentido, es importante lograr articular los diferentes criterios de exigibilidad a los objetivos comunes para fortalecer el movimiento social. 4. Reconociendo hechos de Revictimización Actividad: ¿Quiénes pasan por encima de nuestro proceso social? Materiales: Hojas de colores, marcadores, pinturas, colores...

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Tema: Revictimización Objetivo: Identificar las actividades, leyes, prácticas que han afectado nuestro proceso como colectivo en la reivindicación de nuestros derechos. Descripción: a.

Se forman grupos, se les entrega el material y se les indica que dibujen colectivamente en las hojas de papel las actividades que han desarrollado para exigir sus derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral, y sus derechos económicos, sociales y culturales. b. Los grupos presentan sus dibujos en plenaria y los van colocando sobre el piso en el centro del lugar, muy cerca los unos de los otros. c. El facilitador se quita los zapatos y empieza a caminar (sin arrugar o romper los dibujos) por encima de los trabajos haciendo que se desunan los dibujos, preguntando quiénes han “pasado por encima”; es decir quiénes han agredido el proceso organizativo o comunitario. Recomendaciones: Es necesario ser muy claro en la tendencia contraria que hay entre las luchas de los campesinos y las expresiones de la impunidad, para esto desarrollamos juegos y actividades como pasar por encima de los dibujos, poner sillas en el camino. Pero estas son representaciones en donde se cuida de no generar un daño real en el trabajo creativo, se representa la fragmentación y el daño que la impunidad genera en los procesos sociales.

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5. Mecanismos de impunidad en nuestra lucha por Verdad, Justicia y Reparación Actividad: La cinta de la impunidad Materiales: Tres cintas de colores y marcadores Tema: Impunidad Objetivo: Identificar los mecanismos de impunidad como obstáculos que se ponen en el camino de cada grupo para su consecución de Verdad, Justicia y Reparación Integral. Descripción: a.

Se escribe en una cinta impunidad de derecho, en otra cinta se escribe impunidad de hecho y en otra impunidad social. b. Se escogen del grupo tres parejas, a cada pareja se le entrega una cinta. c. Se escogen otros tres participantes y se ponen a un extremo del lugar donde se realiza el Encuentro, al otro extremo se coloca el árbol de la Verdad, la Justicia y la reparación, construido durante la actividad anterior. d. Se indica a los tres participantes que deben alcanzar en el otro extremo de salón una Verdad, una Justicia y una reparación (tomar una por recorrido). e. Simultáneamente se le indica a las parejas que tienen la cinta que deben obstaculizar la misión de las tres personas. f. Al final del juego, se recogen los sentimientos de las personas que buscan la Verdad, la Justicia y la reparación cuando su camino es obstaculizado por las parejas que representan la impunidad. g. Posterior al juego, se conforman tres grupos y se reflexiona sobre las siguientes preguntas: Grupo 1 ¿Qué acciones ha llevado a cabo la comunidad para exigir Verdad? ¿Cuáles han sido los resultados logrados? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la sociedad? ¿Por qué se dieron estos resultados y qué personas o instituciones intervinieron para que esto ocurriera? Grupo 2 ¿Qué acciones ha llevado a cabo la comunidad para exigir Justicia? ¿Cuáles han sido los resultados logrados? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la sociedad? ¿Por qué se dieron estos resultados y qué personas o instituciones intervinieron para que esto ocurriera? Grupo 3 ¿Qué acciones ha llevado a cabo la comunidad para exigir Reparación Integral de los daños sufridos? ¿Cuáles han sido los resultados logrados? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la sociedad? ¿Por qué se dieron estos resultados y qué personas o instituciones intervinieron para que esto ocurriera? h. Cada grupo presenta sus elaboraciones y se abre la plenaria.

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Recomendaciones: Tome atenta nota del trabajo de los grupos y ayúdelos a organizar sus aportes y reconocer los distintos mecanismos de impunidad. 6. Huellas en el presente Actividad: Préndeme la vela, María Materiales: Vela, papeles de colores, marcadores y un encendedor. Tema: Daño colectivo por la impunidad. Objetivo: Identificar los daños colectivos, sociales, económicos y diferenciales generados por la impunidad. Descripción: a. Se forman tres grupos. b. El primer grupo reflexiona sobre qué ideas, sentimientos, formas de participación y comunicación cambian al interior de la organización a causa de la situación de impunidad. b. El segundo grupo reflexiona sobre los cambios económicos y territoriales vividos en su región a causa de la impunidad. c. El tercer grupo reflexiona sobre los cambios en las prácticas, los sentimientos, las relaciones entre hombres, mujeres, menores y adultos mayores. d. Cada persona retoma el trabajo de reflexión a cerca de los ataques vividos por su proceso y y planea cómo contar su historia. Se apaga la luz, una mujer lleva una vela encendida y se acerca a quien lo desee para contar la memoria sobre esa vivencia. Recomendaciones: Este es un ejercicio ilustrativo del daño colectivo no individual, es muy sugestivo así que es importante no exceder más de tres relatos, preparar ejercicios de contención e identificar las personas del grupo con capacidades para apoyar este trabajo. Al finalizar, realice ejercicios de respiración y valoración de los relatos compartidos. Además, ésta es una actividad útil para mostrar cómo la memoria da luz a voces que no pueden expresarse y entender las dificultades (falta de garantías, miedo, los duelos que han dejado experiencias vividas, tabúes, limitaciones, paradigmas y prejuicios) que tiene el grupo para contar su memoria sobre temas que son de difícil expresión como la discriminación o la violencia sexual.

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7. Comprensión del contexto de la violencia Actividad: Video foro “La memoria es un camino que sube hacia la cima de la montaña”. Materiales: Escoger un documental que demuestre la relación entre los grupos armados en la región en la que se realiza el trabajo y sectores económicos, sociales y políticos. Tema: La intención de la violencia política. Objetivo: Identificar autores mediatos que se benefician con los hechos de violencia vividos por procesos, organizaciones sociales y comunidades. Descripción: a.

Reúna al grupo y presente el documental teniendo en cuenta que no supere los 30 minutos y que hayan sido producidos por medios de comunicación alternativa como Prensa Rural, ACA, Contravía, Documental Amarillo, Con los pies en la tierra del MOVICE, Kinorama, entre otros. b. Dialogue sobre la relación entre las experiencias recogidas por el grupo durante las actividades previas y la información que presenta el material audiovisual. c. Algunas personas pueden tener dificultades de lecto escritura por lo tanto es necesario que algún asistente al encuentro lea toda la información escrita que contenga el video. Recomendaciones: Esta actividad permite ampliar la comprensión de cómo se relacionan los distintos elementos que hicieron posible la violencia, para entender cuál es su intención, las condiciones legales o culturales que la permiten y los beneficios que genera. 8. Reciclando Juegos Populares Actividad: Tingo - Tingo - Tango. Materiales: Una pelota u otro objeto pequeño y liviano. Tema: Los derechos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Objetivo: Aprender jugando y facilitar la reflexión sobre nociones como Verdad, Justicia y Reparación a partir del conocimiento de las personas. Descripción: a. Organizar el grupo en círculo. b. Una persona de espaldas al grupo y fuera del círculo va diciendo tingo tingo tingo, mientras las personas en el círculo pasan una pelota (u otro objeto) por las manos de las personas que están participando de la actividad, en un momento la persona dice tango y quien tiene la pelota en sus manos debe responder una pregunta: Grupo Pro Reparación Integral

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– Diga una verdad importante para su proceso social. – Diga una mentira sobre su proceso social. – Cómo se sancionan las violaciones de las reglas al interior del proceso. – Qué es la justicia. – Qué es un daño, de un ejemplo. – Cómo se puede reparar ese daño. – Qué es la reparación integral.

Recomendaciones: Sea creativo, indague sobre juegos propios de la región o expresiones culturales. • Para reconocer la transmisión de expresiones de discriminación de género, etnia, generación o condición socio­ económica. En este caso es muy útil hacer uso de la música. • Para desarrollar estrategias que permitan promover las Garantías de No Repetición y nuevas propuestas de memoria que busquen la transformación social.

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Anexo B. Repertorio popular En este anexo se incluyen productos realizados durante los procesos de resistencia o durante las actividades correspondientes a esta investigación y se incluyen como ejemplo de la capacidad de resistencia y afrontamiento de los procesos sociales.

Canciones Composición de las mujeres vinculadas a la Mesa DESC de la regional Caribe basada en la canción de Martina Camargo

Corre Morenita Corre morenita sola, cada una en su lugar. No hay mujer en este grupo que no tenga sufrimientos, pero con estos procesos pedimos nuestros derechos. Corre morenita sola, cada una en su lugar. Mujeres en el proceso transformaremos el mundo, para poder festejar mañana un mejor futuro. Corre morenita sola, cada una en su lugar. Porque desde muy adentro se siente el descontento, no hay restitución que cuente el dolor y el sufrimiento. Corre morenita sola, cada una en su lugar. Los caminos que nos unen alimentan nuestro esfuerzo, mujeres empoderadas superando cada reto.

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Cantautor: Félix Reyes, representante del grupo de campesinos y campesinas de Montes de María No se dan cuenta cómo lucha un campesino Con machete y hacha pasando necesidad. Y pa los ricos somos los mendigos, Nos echan agua sucia si llegamos por allá. Y vean que este gobierno también hace lo mismo, Haciéndonos masacre disparando sin cesar. Por eso el campesino cada día vive ofendido, Y cansao de tanta vaina va a tener que reprochar. Porque es que el campesino es el pobre pordiosero, Que come yuca limpia y entruja se va a costar. Y si cambia de vida lo tratan de bandolero, Lo agarran en la casa y a la cárcel va a pagar, Y queda la mujer con 4 ó 5 niños, Y el marido en presidio sin saber cuando saldrá, Y nuestras compañeras pa’ sostener a los hijos, Hacen lo indebido sin tener esa su voluntad. Y ven que este gobierno le importa un comino, Se pone lente oscuro pa’ no ver la claridad. Nosotros los ancianos ya clamamos como niños, Pidiendo a mi Dios divino un grito de paz. Para que tiemble el mundo como tiembla un caudaloso, Cuando es tiempo de lluvia que le toca regresar , Y todos los armados se abracen con nosotros, Y brillen en sus rostros el amor y la bondad. Porque es que el campesino es el pobre pordiosero, Que come yuca limpia y entruja se va a costar, Y si cambia de vida lo tratan de bandolero, Lo agarran en la casa y a la cárcel va a pagar.

Soldado y guerrillero y paramilitar, Así como vale un rico también vale un pordiosero, Porque la naturaleza es la madre sin igual. El cráneo de un doctor es un cerebro severo, Igual que un ciego o sordomudo, es todo igual. Por eso mi plegaria escúchala dios del cielo, Y ten de mí misericordia que nada me ha de pasar. El que dice la verdad casi todo el mundo lo odia, Y lo tienen en la mira pa’ mandarlo a eliminar. Se quejan los lamentos en unas falsas memorias, Tan bueno que era ese hombre y lo mandaron a matar. Aquel que cantaba versos que quedaron en la historia, Que dios lo tenga en la gloria porque no vuelve a cantar. III

II No sabe el mundo cuánto vale un ser humano, Que aparezca acribillado y nadie lo ha de pagar. Y no se han dado cuenta que esos son nuestros hermanos, Que seguro no hay dinero que los pueda remplazar. Pa’ mi el blanco y el negro, toditos valen lo mismo,

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Cómo se ve la miseria en los pueblos, Llegan los niños como pordioseros, Y mujeres buenas veo por montón, Llorando de hambre de angustia y de miedo, Porque la violencia acabó al varón, Porque la violencia acabó al varón. Yo quisiera cantar, pero yo no puedo, Porque mi pecho no tiene valor, Solo en mí vive un desconsuelo De ver a mi pueblo cada día peor, Que ya se perdió aquella bella creación. La gente del pueblo ¿pa’ dónde se iría? Y ya no se mira aquella alegría, en la gente del pueblo se acabó el amor. Se ven los escombros y las casas vacías, Y los habitantes de un triste panteón. Yo quisiera gritar con un grito de honor Que canten los pueblos como antes lo hacían, Que se vaya el odio y no reine el rencor, Que reine la paz en la tierra mía.

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Y si todos miráramos esa profecía tan linda y sagrada que dejó el creador, Brillaban las flores en el medio día, Y no hubiera miedo de un fuerte traidor. Por eso yo aclamo de noche y de día tu misericordia glorioso señor. Cantautor: César Díaz, representante de los campesinos y campesinas de Los Montes de María.

Dedicada a la muerte de Pedro Niño En una forma decente y con todo mi corazón, voy a hacer una canción en homenaje a un amigo. Le llamaban Pedro Niño y hace tiempo falleció, gratos recuerdos dejó a su pueblo y a sus hijos. Como era un hombre querido, todo el que lo conoció su muerte la lamentó y lo recuerdan con cariño. Era un buen padre, un buen hijo, un buen esposo.

Y un envidioso y traidor, lo sacaron del camino, pero aunque se haya ido vive dentro el corazón de la gente en su región donde andaba cuando niño, que pese a lo sucedido todavía hacen mención, porque no habrá un sucesor quien remplace a Pedro Niño, aunque su negro destino ya se lo llevó al panteón.

Añorando volver Nada ganas con llorar, le dije a una anciana un día, de sobra tenía comida, pero ella se sentía mal. No se puede preocupar el joven sus fantasías, pero sí llegará el día en que también puede llorar. La vida que estoy viviendo no es la mejor, es grave mi situación, cada día más. Que me han ayudado no lo puedo negar, sin embargo yo espero un milagro de Dios. Me han brindado casa, alimento y mucho favor, pero no me adapto a vivir en la ciudad. Es por eso que a Dios pido con devoción, que me dio los medios de poder retornar. Coro: ¡Que vuelva el campesino a su sembrado! ¡Que vuelva el ganado a su pastizal! Grupo Pro Reparación Integral

¡Que vuelva a sonreír el niño, el anciano! ¡Y que vuelvan los desplazados a retornar! Para nadie es un secreto lo que ha pasado en Colombia, aunque esto pase a la historia siempre se va a recordar, los momentos de tristeza que han vivido muchas personas, pero sí llegó la hora en que esto tiene que cambiar. Cuando el sufrimiento es largo, no es para mal, la felicidad es eterna para un futuro, nos abriga una esperanza ya de llegar, porque sí debe llegar ese día oportuno, en que hayan las condiciones pa’ retornar, cada quien a su lugar, como tú a lo tuyo, donde feliz y contentos podamos estar y así volver a respirar ese aire puro.

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Coro Ay ¡Que vuelva el campesino a su lugar! Ay ¡Que vuelvan los desplazados a retornar!

Campesino por herencia ¡Qué tristeza la que siento cuando yo pienso que mi destino, ha sido ser campesino como también fueron mis abuelos, que ancianitos ya murieron, y también por el mismo camino, mis papás que le han seguido, irán hasta el final del sendero! Y fueron tan pobres, hasta de aspiración, que un carro nunca lo opinaron comprar… Y si haciendo un esfuerzo, tenían la inversión, pensaron que ¿por dónde iba a transitar? Si no contaban con vías de penetración, que siquiera en el verano fueran regular… Nuestros hijos van creciendo con el sentido concientizado que el campesino es esclavo de la clase alta y la sociedad. Los empleados de gobierno son unos lagartos descarados, que se encuentran preparados por si el del campo va a reclamar. Con cara de trueno aquellos funcionarios, y para colmo en su oficina nunca están. Ellos nos tratan de revolucionarios, por eso es que Colombia está como está… Tanta vida que le da el campo al Estado, y tan olvidados que hemos llegado a parar por buenas aspiraciones que el campesino pueda tener, duda que va a llegar a ver un día sus sueños ya realizados. Si no está capacitado siquiera con grado de bachiller, no podrá ser un chofer, si no tiene un diploma de mecánico… Pero hay algo grande que influye también; se llama la inteligencia natural… Y personas que nunca han llegado a un plantel en cualquier arte se pueden destacar… Por ejemplo, yo he aspirado a componer, nadie me ha tachado una obra musical… A mi Dios doy gracias porque es don de él, aunque me hace falta el grado intelectual.

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Canta autor: Carlos, representante del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta

Historia amarga Hoy les contaré una historia amarga que a mi lindo pueblo le pudo pasar. También les diré que ese 20 de enero con bomba y metralleta nos vinieron a acabar quemaron el pueblo nos dejaron rodando como papel en el basural murieron muchos hombres que desde el día los intereses de nuestra comunidad. Desde esa mañana no hay felicidad y sin garantías tocó regresar. Hoy madres y niños sólo hacen llorar y los que se han ido no regresarán.

El Estado no ha sido bueno lo sé que por nuestro territorio ha tenido interés quieren acabarnos para quedarse con la riqueza. Sierra Nevada corazón del mundo es nuestra madre que nos da vida e inteligencia. Y la etnia Wiwa somos defensores de la naturaleza en la Guajira y la gran represa del Río Ranchería nos trae consecuencia a la gente mía.

Poemas Fernando Méndez representante del Movice Capítulo Meta I Una finca muy hermosa en los Llanos se formó Un hombre muy conocido en sus tierras se forjó La más linda y productiva en toda la región Lo apodaban “el sancocho” con cariño y admiración.

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II Para el puerto de Concordia pertenece la región Los violentos le ofrecieron cuánto vale su mansión Muy humilde contestó: No la tengo en promoción ¿No negocia con nosotros? Con la viuda negocio yo.

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III No pasaron muchos días la sevicia silenció Su familia amenazada al pariente sepultó Llorando muy conmovida nunca aquello denunció De su tierra se apropiaron para dársela al patrón.

VI En las Leyes se presentan los micos de la nación Favoreciendo a los ricos y violentos sin razón; Nuestros votos lo eligieron, la victoria enloqueció Nadie escucha los lamentos, en yugo se convirtió.

IV Hoy pasaron a otras manos, a un tercero, supe yo… Es vergüenza para aquellos son los hijos del patrón, El que estuvo en el poder con el mando de la nación Los papeles arreglaron, el gobierno concedió.

VII Ellos oran muy bonito, su labia nos convenció, Pisotean nuestra moral, en nada los conmovió Si de mil que se presentan buscando indemnización, sólo a uno se le aprueba la ayuda de la nación.

V A mi patria le pregunto: ¿Nariño qué proclamó? Que los Derechos Humanos el gobierno maltrató Con leyes y con mentiras al país le prometió Verdad, Justicia y Reparación en burla se convirtió.

2. Si reclamas tus Derechos Con mentiras callarán Al gobierno les exijo mi Derecho contestar Los niños hoy reclaman libertad para estudiar Los obreros un trabajo Su familia alimentar Campesinos de sus tierras Fruto por cultivar Yo le pido a los violentos Déjennos vivir en paz Un paseo con las ollas ya no se puede gozar Los grupos alzados en armas Nos quitan la libertad Si el gobierno se desplaza para combatir el mal Otro mal nos pisotea, otros no tienen moral

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Las ideas de los violentos yo no sé cuáles serán Maltratan la gente humilde porque no puede pagar Reclutan a nuestros hijos Pa’ pelear con los demás Esta guerra tan absurda No sé quién la entenderá Los de la ciudad al campo Los del campo a la ciudad Donde quiera que te escondas Siempre te van a encontrar De tu tierra te desplazan por lo que te dieran dar Bolívar está llorando Sus armas quiere empuñar.

Construyendo memoria colectiva contra la impunidad y la revictimización

Selección de poemas realizada por una integrante de Mujeres Espejo. No te rindas… “Mujer” No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque yo te quiero.

Grupo Pro Reparación Integral

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