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UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO - FILIAL LIMA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS DERECHOS A LA LIBERTAD E IGUALDAD SESI

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UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO - FILIAL LIMA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

DERECHOS A LA LIBERTAD E IGUALDAD

SESIÓN 6

EQUIPO DE CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS 2018-II

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DERECHO A LA LIBERTAD E IGUALDAD

I.

NOCIONES BÁSICAS DEL DERECHO A LA IGUALDAD Para entrar al derecho a la igualdad iniciamos tomando la definición de Rosental- Iudin (1965), quienes mencionan como igualdad a la posibilidad que todos los hombres de una misma sociedad gocen de similares atribuciones. Pero que, estas atribuciones varían de acuerdo al espacio – tiempo en donde se desarrollan. Por otro lado, Rosental (1968), coloca una concepción de igualdad de acuerdo con la concepción burguesa, al entenderla meramente como igualdad jurídica el individuo frente a la ley, señalando que la igualdad inicia del derecho de cada individuo hacía la propiedad privada, según los principios más o menos igualitarios. Tomando la posición del autor, hace la diferencia entre dos concepciones de igualdad la primera desde el punto de vista social, que se basa a la estructura de cómo está organizada la población en un tiempo histórico. Mientras, la segunda, radica en la función de la propiedad privada y el dominio de una clase respecto a otra y de esta, deriva todo aquello que entienden estos como igualdad. Para Huerta (2003) el derecho a la igualdad significa que todas las personas deben recibir un trato de forma igualitaria por parte del Estado. Esto quiere decir, que una acción que difiere a lo establecido anteriormente no está permitida, conociéndose a estos tratos que fomentan la desigualdad como discriminación. Además, el autor menciona que: - El derecho a la igualdad implica: el trato igual entre los iguales. - La discriminación implica: un trato desigual entre los iguales. - La diferenciación implica: un trato desigual entre los desiguales (p.2). Esto quiere decir, que cuando existen similares condiciones, atributos o cualidades entre los individuos que los posibiliten a desarrollarse sin distinción, estamos hablando de igualdad. A la vez, si esto no se da, estamos desenvolviéndonos en condiciones de desigualdad. Por último, si a pesar que existan diferencias hay tratos de sectorización o un comportamiento favoreciendo a unos en vez de otros, estamos bajo una conducta de diferenciación. Sin embargo, la igualdad no consiste solo en tratar a todos de manera igual. El verdadero concepto de igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si bien el derecho a la igualdad como regla, garantiza a toda persona recibir igual trato en el contenido y aplicación de la ley, ello no impide que, en circunstancias especiales, la norma brinde un tratamiento desigual a las personas. Atendiendo precisamente a que estas pueden encontrarse en una situación real de diferencia o desigualad, que les resulta desfavorable o perjudicial. De allí, que no todo trato desigual puede equipararse mecánicamente como una discriminación. La Constitución permite que se brinde un trato desigual y más favorable a quienes se encuentren en una situación diferente, que genere una desigualdad real desventajosa para estas personas.

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II.

LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO Al ser la igualdad un principio básico de los derechos humanos, se enmarca dentro de la política del Estado, por ende; es el Estado que debe garantizar, preservar y dar acciones a través de medidas para el cumplimiento y promoción de este derecho. Es por esto que, el Tribunal Constitucional del Perú (2008), ha precisado los alcances de la igualdad como principio: - La igualdad tiene como límite para la actuación estatal (ámbito legislativo, administrativo y jurisdiccional). - La igualdad como mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético caso de arbitrariedad en el ejercicio del poder. - La igualdad como impedimento para el establecimiento de situaciones basadas en criterios prohibidos (diferenciación atentatoria a la dignidad de la persona). - La igualdad como pauta para basilar al accionar del Estado para que remueva los obstáculos políticos o sociales que restringen de hecho la igualdad de oportunidades entre los seres humanos (p.113).

III. LA IGUALDAD COMO DERECHO La igualdad es una atribución individual o del conjunto, ante esto, la persona debe ser tratada en similares condiciones, en sentido horizontal bajo las mismas leyes siempre y cuando no existan motivos que provoquen un tratamiento especial. Es decir, la igualdad como derecho es cualidad esencial de la persona, propia de su naturaleza humana y con respaldo jurídico por parte del Estado, evitando dar privilegios, provocar desigualdad o discriminación hacía una persona o población. La aplicación del derecho a la igualdad puede estar ordenada teniendo en cuenta a la normatividad y a la aplicación de la ley.  La igualdad en relación al sistema jurídico. De acuerdo a lo establecido, toda norma que desee elaborarse, interpretarse, aplicarse e integrarse a una ley, debe estar regida a la condición de igualdad que debe promover o proteger; dando así el aval jurídico de estabilidad y certeza. Cuando se menciona que la igualdad debe evidenciarse en la elaboración de la ley; estamos estableciendo que no deban existir acciones que puedan evidenciar situaciones o acontecimientos arbitrarios, que no se identifiquen claramente la normatividad a la cual está dirigida. En conclusión debe existir una regla que fije la diferenciación entre la normatividad a elaborar con la existente. Al tratar a la igualdad en su aplicación de la ley, estamos refiriéndonos a la eficacia de la norma. En otras palabras, la aplicación de la ley no puede llevar a modificar de forma arbitraria las decisiones en casos existentes. Esto finalmente supone que debe aplicarse la ley de forma efectiva semejante a todas las personas que se encuentren en la misma condición o circunstancia, o en caso que de no existencia de homología, carece de relevancia para fijar una regla de diferenciación (Academia de la Magistratura, 2008, p. 115). 

La igualdad en relación al sistema político – social.

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La igualdad es pauta así como para la elaboración de la ley, es imprescindible para establecer políticas económicas y sociales que, generalizadas a través de ley, plasmen la igualdad material que logren a las personas a cubrir sus necesidades básicas. Lo planteado anteriormente, enfatiza el papel del Estado en favorecer a las personas que tienen dificultades por sí misma para satisfacer las necesidades básicas afectando su dignidad, perjudicando su capacidad de autonomía y limitando su desarrollo de su personalidad. IV. LA IGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN Es necesario esclarecer que la discriminación es el trato desigual, intencionado y arbitrario a una persona, personas o nación que ocasiona un condicionamiento o situación de “superioridad” de un grupo sobre otro mediante actos injustos que afectan la dignidad de la persona, que puede llegar a la negación de la misma condición humana. Para la Academia de la Magistratura del Perú, la discriminación tiene consecuencias jurídicas de distinción, separación, exclusión, divide a los iguales mostrando rasgos de inferioridad, pudiendo discriminarse en razón de: - Las características que son inmanente; es decir, las propias que están presentes desde el nacimiento; como la raza, sexo, etc. - Las características que son incorporadas por el medio social. Estas son dadas por el lugar de nacimiento, la condición económica, idioma, etc. - Las características adoptadas, siendo las que aparecen por decisión del mismo sujeto. Por ejemplo: la creencia religiosa, la orientación sexual, la preferencia política, etc. (p.118). Por otra parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Política del Perú, se oponen a todo tipo de discriminación de la persona por algún motivo, sea de raza, origen, sexo, religión, opinión, condición económica, índole diversa (edad, discapacidad física, apariencia física, estatura, etc.) IV.1. Formas de Discriminación: Huerta, manifiesta que la discriminación puede presentarse de dos formas: directa o indirecta: a. Discriminación Directa; se evidencia al darse un trato desigual de forma clara. Por ejemplo: si se da una norma en donde se mencione que los menores de edad no tienen derecho de opinar sobre asuntos del Estado. b. Discriminación Indirecta; es el trato desigual que se da a la persona pero que no es fácil de evidenciar de forma clara, lo cual hace necesario de recurrir a otros elementos o características que evidencien un trato o comportamiento discriminatorio. Por ejemplo: cuando se presenta una oferta laboral y la empresa pone como “perfil del postulante” criterios como la edad, la universidad de procedencia, que tenga experiencia o que haya tenido estudios de especialización. IV.2. Los sujetos que discriminan: En otro punto Huerta establece que existen dos sujetos que provocan discriminación contra la persona: el Estado y personas particulares. a. Discriminación por el Estado; se da cuando el Estado por medio de normas o cuando sus instituciones, gobiernos locales o regionales establecen medidas o resoluciones ajenas al derecho a la igualdad. Por ejemplo; desalojo arbitrarios, pago de tributos diferenciados, entre otros.

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b. Discriminación por particulares; es dada por una o un conjunto de personas en la práctica social. Por ejemplo: el impedimento a entrar a una playa que es de acceso público por parte de pobladores del lugar; la negación de matricularse a un estudiante que no profese la religión que se practica en el colegio; el aislar a un trabajador solamente porque tiene alguna discapacidad. V.

MINORIAS VULNERABLES V.1. Situación de la persona con discapacidad en el Perú La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, menciona que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. El INEI publicó la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad realizada entre octubre del 2012 y marzo del 2013. Esta contiene cifras actualizadas sobre este colectivo en el país. Según este estudio, que se realizó en 350 mil hogares a nivel nacional, el Perú tiene cerca de 1,6 millones de ciudadanos con algún tipo de discapacidad. (Publimetro, 2013, par. 2-4). V.2.

Situación del adulto mayor en el Perú En el Perú la población adulta se ha ido incrementando paulatinamente. El INEI informó en el 2012 que la población de personas mayores de 60 años llega a 2’700.000, lo que representa el 9% de la población total del país. Así mismo afirmó de cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 2021, dicho grupo poblacional sea de 3’727.000 y represente así el 11,2%. La institución, también, detalló que los departamentos en los que reside el mayor número de personas de 60 años a más son Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia Constitucional del Callao. En tanto, con 4.6%, Madre de Dios es el departamento con menor población adulta mayor en el Perú. (El Comercio, 2012, par. 2-5). Ante esta realidad de las personas adultas mayores existe la necesidad de asumir una población que envejece, en una sociedad que no está preparada ni –en muchas ocasiones- dispuesta a solidarizarse con los requerimientos de este grupo humano, ha sido motivo de atención en diversos foros internacionales y de iniciativas legislativas nacionales como la Ley N° 28803 (2006).

No obstante, debe quedar claro que ya en la actualidad la protección social por parte del Estado es a todas luces insuficiente. Un importante porcentaje de la población adulta mayor no cuenta con seguros de salud ni pensiones. El cambio demográfico hacia una población con más adultos mayores podría empeorar esta situación, creando condiciones de insatisfacción e inestabilidad social en nuestro país García, 2012, p. 6). Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido mayormente considerados dentro de las prioridades del estado. Sin embargo, es evidente la necesidad de establecer políticas de protección y respeto a los derechos de las personas del adulto mayor en el marco de los derechos humanos. V.3.

Los derechos de la mujer en la legislación universal actual

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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla la no discriminación por razón de sexo. Art. 2 Inc. La Declaración Americana, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados firmantes se comprometen a garantizar tanto a varones como a mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Art. 3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, rechaza la discriminación por sexo. Art. 1, Inc. 1.3 EN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 1979 Establece con toda claridad que no se debe permitir ningún tipo de discriminación hacia la mujer en la esfera económica, social, política cultural y civil o en cualquier otra esfera. Arts. 1 y 2. En la Conferencia de Viena de 1993, la Asamblea declaró que «los derechos de la mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales... (y que) la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, inclusive las derivadas de los prejuicios culturales y del comercio internacional, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. La Convención de Belén Do Pará, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 9 de junio de 1994, aprobada por el Congreso de la República el 22 de marzo de 1996. En las leyes peruanas La Constitución Peruana de 1993 dice: la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado» (Art.1) «Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole» (Art. 2). Legislación Civil: El Código Civil establece la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Establece que la sociedad conyugal es representada por cualquiera de los dos cónyuges. La Legislación Penal: El Código Penal ha avanzado en la protección a la mujer en cuanto a los delitos de violación sexual. Ahora los violadores pueden ser perseguidos de oficio, y la mujer casada puede denunciar al marido si es que la viola. Legislación sobre violencia familiar: La Ley 26260 y su Reglamento tienen el objetivo de erradicar la violencia familiar. Plantea una serie de acciones como: desarrollar campañas de difusión de los derechos de la mujer, establecer mecanismos eficaces para las víctimas de violencia familiar, instituir las Comisarías de Mujeres, promover la creación de hogares temporales de refugio para las víctimas de la violencia, etc. Código de los niños y adolescentes: Reconoce que la obligación de la atención al niño y al adolescente se extiende a la madre y al niño mismo. El Artículo 6º establece que es obligación del Estado crear condiciones adecuadas para la atención de la madre, antes, durante y después del parto, con especial cuidado para la adolescente madre. Ley de Igualdad de Oportunidades:

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La Ley 28983 aprobada el 16 de marzo del 2007 es la primera ley en el país que reconoce los derechos sexuales y reproductivos. El resultado de la discriminación consiste en menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer en las diversas facetas La violencia contra la mujer En el Perú se ha dictado la Ley de Protección frente a la violencia familiar (Ley 26260) que protege a cualquier miembro de la familia contra el maltrato físico y cualquier forma de agresión. Corresponde intervenir frente a actos de violencia familiar a: - La Policía Nacional - El Ministerio Público - El Poder Judicial La violencia, abuso, agresión contra la esposa o conviviente, es cuando un hombre hiere o amenaza física o psicológicamente a la mujer con la cual mantiene una relación. La ley condena la agresión a la esposa, incluyendo la agresión sexual. La agresión sexual es: forzar a una mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, u obligarla a practicar actos sexuales que le desagradan. La violencia contra la mujer también incluye el maltrato psicológico que es: insultar a una mujer, amenazar con lastimarla, tratarla mal delante de otros, acusarla de hechos de los que no es responsable, desvalorizarla ante sus hijos, etc. SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD I.- DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL Y SEGURIDAD PERSONAL Iniciaremos planteando si ¿Realmente existe la libertad? Millán (2003, p.21) hace un análisis sobre lo que significa libertad. Menciona que para unos la libertad significa la ausencia de ataduras humanas; otros encuentran la libertad en la democracia; para muchos la libertad es poder decir y hacer lo que mejor les parece; para otros es no estar esclavizado. Los romanos decían: la libertad es la facultad de hacer lo que el derecho permite. Desde la perspectiva religiosa, específicamente el cristianismo: la libertad es simplemente la verdad de Jesús. En la revolución francesa: “La libertad es la facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro”. Real Academia Española. (2001, 22º ed.). “La libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia y antojo, es el estado o condición del que no está prisionero o sujeto a otro; es la falta de coacción y subordinación; es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Define nuevamente Millán (2003, p.28) que la libertad tiene un concepto amplísimo ya que puede referirse a las cosas del mundo de la naturaleza, al mundo religioso y al mundo de la cultura. Existen libertades innatas como el libre albedrío y adquiridas como la libertad moral y las libertades políticas. Tanto las innatas como las adquiridas no se oponen sino que se implican o presuponen. Por ejemplo, las libertades políticas adquiridas tienen valor si el libre albedrío de las personas lo acepta, en caso contrario no serían de libertad sino una imposición del gobierno. La libertad moral es personal, cada individuo lo decide en sus actos éticamente rectos, y estos actos son libres en el sentido del libre albedrío humano.

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Por lo tanto, la libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema democrático, y a la vez; es un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un conjunto de "libertades específicas consagradas en las normas constitucionales y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos". Por otra parte, Libreros (2012) considera que la seguridad resulta ser un valor de carácter Constitucional que irradia todo el ordenamiento y se erige como la finalidad prístina de todo Estado Social de Derecho que tenga como propósito fundamental garantizar las condiciones mínimas que le permitan a cada una de las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción ejercer los derechos y libertades fundamentales, sin más restricción que la libertad de sus congéneres y el orden público. Asimismo, la seguridad puede ser considerada como un derecho colectivo de carácter social, hallándose en riesgo latente con ocasión de las actividades desarrolladas por los individuos o por el Estado y sus actores. Al relacionar las normas internacionales con lo planteado anteriormente referido a la libertad y a la seguridad, encontramos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que menciona en el Artículo 3 que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, en el Artículo 11. 2. establece que: Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delicti vos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. A la vez, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana (1948) menciona en su Artículo 1: Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el Artículo 25: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes pre existentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. De forma similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos – PIDCP (1966), menciona en el Artículo 9: 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad persona-les. Nadie podrá ser someti do a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fi jadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y noti fi cada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventi va de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantí as que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Mientras que en Artículo 11: Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Dentro de La Consti tución Políti ca del Perú de 1993 , señala en el Artí culo 2, inciso 24 que toda persona ti ene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

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c) No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. g) Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Además, en el capítulo XII De la Seguridad y Defensa Nacional en su Artículo166 dice: La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y establecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. En el Artículo 197 de la Constitución, dice: La Ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Por otra parte, el comportamiento de las personas puede presentar una amenaza para su seguridad personal. Por ejemplo: - Acoso sexual, incluyendo proposiciones sexuales indeseadas. - Abuso verbal, sexual o físico (incluyendo golpes de cualquier tipo). - Amenazas violentas, ya sea en persona o por escrito, por carta o teléfono. - Amenazar con un revolver u otro tipo de arma que podría hacerle daño a usted, a un compañero de trabajo, a un familiar o a otra persona. El uso excesivo de alcohol y otras drogas que podría resultar en acciones amenazantes. A pesar que la libertad personal es un derecho fundamental, es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución. Las normas internacionales sobre derechos humanos establecen restricciones a la libertad personal. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, artículo 9, inciso 1) señala que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

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Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969, artículo 7, inciso 2) señala que: Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Al interpretar esta disposición la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1969) ha precisado que: nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definida por la misma (aspecto formal). En consecuencia, como señala Huerta (2003, p.25), la privación de la libertad personal se puede efectuar solamente en casos, con las formas y por el tiempo previsto en la Constitución o la ley. En caso contrario, estaremos ante una medida de carácter ilegal (privación ilegal de la libertad) que se encuentra prohibida a nivel nacional e internacional. En lo referido a la postura del Tribunal Constitucional (1996) sobre las restricciones a la libertad personal no ha sido uniforme: El Tribunal, entre sus primeras decisiones, admitió la posibilidad de que una persona sea detenida sin que exista orden judicial o flagrante delito, justificándose en estos casos que las autoridades policiales actuaron en cumplimiento de la función preventiva de la delincuencia que se encuentra prevista en el artículo 166 de la Constitución. Por otro lado, el Tribunal también señaló que no podían declararse privaciones de libertad por mera sospecha de la comisión de un delito. Este tipo de detención, sin existir orden judicial o flagrante delito debía ser considerada como “arbitraria y excluida del canon constitucional de la detención”. Finalmente, el Tribunal ha señalado que sólo se puede privar la libertad a las personas bajo los supuestos de hecho previstos en la Constitución, en caso contrario, se estaría ante una medida inconstitucional. Como se puede apreciar, la tendencia del Tribunal Constitucional sobre las restricciones a la libertad personal no ha sido uniforme, incluso se ha llegado a admitir que se puede detener a una persona por sospecha de haber cometido un delito, sin embargo, en sus recientes decisiones, el Tribunal ha descartado esa tesis a fin de precisar que sólo se puede detener a una persona en caso de existir una orden judicial o flagrante delito. Sin embargo, el Tribunal al analizar la constitucionalidad de las medidas de arresto simple o de rigor a las que son sometidos los miembros de la Policía Nacional cuando cometen faltas disciplinarias, ha aceptado que se puede restringir la libertad personal sin existir orden judicial o flagrante delito. En ese sentido, señaló lo siguiente: “advertir que tal garantía de la libertad personal (orden judicial o flagrante delito) no se extiende a cualquier supuesto de restricción, sino que está directamente relacionada con la "detención" de una persona, es decir, con medidas que supongan una privación de la libertad. Evidentemente, ese no es el caso ni del denominado arresto simple ni del denominado arresto de rigor, que más bien constituyen o implican una restricción de la libertad. Y para ambos, no es de aplicación el ordinal "f" del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, sino su ordinal "b", a tenor del cual "No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley.

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En conclusión, el Tribunal admite que existen dos tipos de límites a la libertad personal que se encuentran previstos constitucionalmente: La privación de la libertad personal sólo se puede realizar a través de las detenciones realizadas por orden judicial o flagrante delito (artículo 2, 24, f). Las restricciones a la libertad personal pueden realizarse en los casos previstos en la ley. (artículo 2, 24, b). En ese sentido, el Tribunal considera que sí son constitucionales las restricciones a la libertad personal que se realicen a través de una ley. De ahí que se puede concluir que están permitidas las restricciones a la libertad personal a través de un decreto legislativo. II.- DERECHOS A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Este derecho se encuentra plasmado en nuestra Constitución Política. También con el agregado de contemplar el derecho a elegir libremente el lugar donde una desee residir; pero, también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en otros tratados relacionados a la misma materia, de los cuales el Perú es parte. Se le llama a la vez este derecho como locomoción, consiste en que una persona se desplace (visto desde un punto de vista espacial) libremente y sin limitaciones o restricciones por todo el territorio del Perú, también a salir de él y transitar por cualquier lugar del mundo y, correspondientemente, a regresar a su patria. El Tribunal Constitucional señala que la facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Esto quiere decir que las aspiraciones personales de un individuo son las que motivan que esta se desplace por el largo y ancho del territorio de la República, como por ejemplo: Calles, pistas, puentes, avenidas, etc. Estas aspiraciones personales responden a necesidades que forman parte de la vida del ser humano, entre algunas tenemos: trabajo, salud, alimentación, descanso, recreación. Entonces, podemos decir que las cuestiones de necesidad o aspiraciones humanas son las que motivan a las personas a desplazarse en busca de mejor condiciones de vida, de superación personal y de desarrollo de la persona. Podemos citar, a manera de ejemplo, las grandes migraciones del campo a la ciudad, las cuales hasta el día de hoy se siguen dando, motivadas por las cuestiones antes mencionadas. Conocido ahora en qué consiste el derecho al libre tránsito y los motivos por los cuales se fundamenta el mismo. El derecho a la libertad de tránsito se puede ejercitar en primer lugar y de forma general dentro del territorio nacional (suelo, subsuelo, espacio aéreo que lo cubre y dominio marítimo), en segundo lugar; y de forma específica en las vías de tránsito público. Al trasladarse por el territorio nacional, podemos mencionar que: 1. Por el suelo uno se desplaza para ir a su lugar de trabajo, de estudios, etc. Se trata, por ende, de desplazamientos locales y no tan distantes.

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2. Por el espacio aéreo, se permite que personas “transiten” a lugares más distantes del territorio, con las mismas motivaciones que van desde el trabajo hasta el simple placer (turismo). 3. La Constitución habla de dominio marítimo y no de mar, ya que este último concepto es más amplio y decir que unos de los elementos del territorio es el mar, valdría a decir que no hay fronteras con referencia a ese elemento del territorio y que por ende podemos desplazarnos por todo el mar. Entonces, la constitución es su Artículo 54, habla de domino marítimo y hace las precisiones del caso: El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En conclusión el derecho al libre tránsito debe ser ejercido dentro de las 200 millas que la constitución estable. Con respecto a las vías de tránsito público, el Tribunal constitucional nos dice: Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.), no existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular. Existen a la vez, limitaciones para el libre tránsito. Para ello, el Tribunal Constitucional se basa al Artículo 2, inciso 11 de la Constitución que establece limitaciones por razones de: sanidad, por mandato judicial o por aplicación de la ley extranjera. La primera limitación está perfectamente justificada, la razón a tal limitación es evitar una epidemia o enfermedad grave. En la segunda limitación, es por motivos de seguridad y precaución bajo, mandato judicial por una cuestión de necesidad de servicio de justicia y para garantizar una debida administración de la misma, garantizando que una persona que está sometida a un proceso judicial pueda escarpar de esconderse dentro del territorio o salir del con el ánimo, como se mencionó, de escapar de la justicia. La tercera limitación quiere decir que las personas que sin pertenecer a nuestro Estado, pretenden ingresar, transitar, o salir libremente de su territorio, se exponen a ser expulsadas bajo las condiciones jurídicas que expone la ley de extranjería. Esto no quiere decir que se le impongan limitaciones o menoscabos a su derecho, solo se le hace saber que si incurre en alguna falta, será sancionado con: m ulta, salida obligatoria, cancelación de la permanencia o residencia o expulsión. La libertad de tránsito puede realizarse en diferentes tipos de espacios. De todas formas, se produce en las vías y áreas públicas. Existen, sin embargo, espacios privados a través de los cuales también se puede exigir el derecho a la libertad de tránsito, son los ámbitos privados en los que existen servidumbres o también aquellas áreas comunes. Ningún derecho es absoluto y tampoco lo es el de libre tránsito. En consecuencia, deberá cumplir las normas del orden público y también deberá respetar la propiedad de los demás cuando el libre tránsito se haga dentro de la propiedad privada. III.- DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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Los seres humanos tienen capacidad para pensar y decidir, están dotados de voluntad, de ahí que, la libertad de expresión como derecho fundamental, se entiende como la facultad de los individuos para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos y opiniones. Esta potestad puede ser ejercida en forma escrita o verbal y por medio de la prensa, radio, televisión y en fin, por cualquier modo de comunicación; no se puede concebir el pensamiento humano sin la libertad de expresarlo; como consecuencia lógica de esta libertad tenemos el derecho a la información, no se puede concebir la libertad de expresión sin el derecho a obtener información. Según Orbegoso (como se citó en Burgoa, 1997, p.32), "...El pensamiento, las ideas, adquieren un poder inmenso en la medida en que saliendo del cerebro de los pensadores e ideólogos y utilizando cualesquiera de los medios de expresión, pasan a formar parte de la conciencia de las masas y colectividades; indudablemente, entendida así la libertad de pensamiento, esta solo puede subsistir en el grado en que se hagan efectivas otras libertades. Reconocer el derecho de pensar libremente, sin reconocer el derecho de expresarlo, equivaldría a reconocer el derecho de adquirir alimentos, pero no el de ingerirlos”. El Artículo 6 de la Constitución Política, también contiene el derecho a la información, pues señala que "...El derecho a la información será garantizado por el Estado". El derecho a la información es considerado como parte de los derechos fundamentales quien impone la cultura actual a una sociedad cada vez más relacionada con los medios de la prensa, radio, televisión y en fin, por cualquier modo de comunicación; no se puede concebir el pensamiento humano sin la libertad de expresarlo; como consecuencia lógica de esta libertad tenemos el derecho a la información, no se puede concebir la libertad de expresión sin el derecho a obtener información. La libertad de expresión y el derecho a la información están íntimamente relacionados, pero no pueden confundirse; la libertad de expresión atiende a la necesidad personal que tiene el ser humano de manifestar su pensamiento, en cambio, el derecho a la información se refiere a la necesidad que tiene el hombre y toda la sociedad en conjunto de contar con información adecuada. Es indudable que las distorsiones o manifestaciones dolosas de la información que transmiten por parte de quienes disponen del poder social de conformar la opinión de millones de personas, deben de dar lugar a una exigencia de responsabilidad establecida en la ley, es por eso que, en materia de libertad de expresión y derecho a la información, podríamos establecer que la libertad de uno termina donde principia el derecho de otro. En síntesis, el derecho de expresión consiste en poder expresar nuestras ideas a los demás de manera que ellos las reciban sin mayor problema. El ejercicio de la libertad de expresión incluye expresar no solo ideas de la razón sino también lo artístico o lo sentimental.

IV.- DERECHOS A LA LIBERTAD DE CULTO, LIBERTAD RELIGIOSA O DE CONCIENCIA La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la

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existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y poder ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla. Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite, como una concesión graciable, el ejercicio de religiones distintas a la oficial, en situaciones de confesionalidad del Estado propias del Antiguo Régimen. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dada generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además, las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión por sobre otras y persecución a ciertos credos. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos como el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Artículo 27 de este mismo Pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su Artículo. 14, y el Artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad de religión es una especie diferenciada de la libertad de conciencia porque se refiere a creencias y dogmas relacionados al ser humano y a Dios. La libertad de conciencia es dinámica y se extiende a lo largo del tiempo, consiste en formar las propias ideas y sus interrelaciones conscientes sin que existan intromisiones en tal proceso de personas privadas o del Estado. La libertada de conciencia exige que cada ser humano puede tener conciencia de sí en el mundo sin manipulación ni injerencia externa. El Tribunal Constitucional destaca que la libertad de conciencia excluye la imposición de ideas o valores en las personas, aun la de aquellos que sean mayoritariamente aceptadas por el grupo social, la persona tiene siempre el derecho de discrepar, de pensar distinto que los demás, porque vivimos en una sociedad democrática en la que la pluralidad de ideas no solo es un prerrequisito sino un valor en sí mismo.

ACTIVIDAD

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SE FORMA LOS GRUPOS DE 5 INTEGRANTES, LEER DETENIDAMENTE LOS SIGUIENTES CASOS Y ANALICE LOS DERECHOS QUE SE ESTAN VULNERANDO, COMENTA TU PUNTO DE VISTA ANTE LA SITUACIÓN EN CINCO LINEAS. 1.- Un señor llamado Luis Gómez se acerca a la municipalidad de su distrito a efectuar tramites

vestido con ropa muy modesta, es en ese momento que hace la cola y aparece una persona muy elegante y exige ser atendido de manera preferente, ante esto el señor Luis Gómez reclama la preferencia al sujeto. ¿Qué derecho se está vulnerando?

2.- Dos jóvenes gays se encuentran en cineplanet para ver una película por semana santa, y en

el momento que están en ventanilla comprando las entradas son retirados de la cola por dos agentes de seguridad quienes le señalan que por políticas de la empresa se les niega el derecho de admisión ¿Qué derecho se ha vulnerado?

3.- Se está realizando una obra de construcción del tramo 2 del metro de Lima, para tal efecto se ha

efectuado una convocatoria de trabajadores entre ingenieros, técnicos y operarios, llega el día lunes y se registran 200 caballeros y una dama, quien le señala el encargado de la obra que este trabajo es solo para hombres, y que ella no estaría preparada y/o capacitada para ejercerlo. ¿Qué derecho se está vulnerando?

4.- El día sábado pasado se desarrolló un evento deportivo por el día del trabajo en la cancha

sintética Julinho donde se reunieron alrededor de 20 equipos de fulbito, dicho evento culmino a las 08:00 pm en el distrito de Breña, al salir varios de los participantes son detenidos por 04 efectivos policiales de la delegación policial quienes los enmarrocan y los llevan a la carceleta sin explicaciones. ¿Qué derecho se ha vulnerado?

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5.- En la urbanización Los Viñedos de Surco se han instalado unas rejas con lector magnético

impuesto por la asociación de propietarios quienes de manera inconsulta cobraran 20 soles mensuales para que puedan ingresar, previo registro de vigilancia. ¿Qué derecho se ha vulnerado?

6.- A raíz de la coyuntura política actual, 06 jóvenes se acercan al Congreso de la Republica y

efectúan expresiones en contra de varios congresistas cuestionados por los audios, con vivas, pancartas, paneles, polos, y en ese instante buscan ser callados por los agentes de seguridad. ¿Que derecho se ha vulnerado?

7.- El tercer domingo de cada mes se reúnen en Cieneguilla los integrantes del FREPAP quienes

cultivan la religión israelita vestidos con indumentaria propia de su religión ancestral, pero son conminados e incluso detenidos por que sus principios se vincularían según Inteligencia de la Policía Nacional del Perú con sendero luminoso. ¿Qué derecho se la vulnerado?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alegre, M. (2012). El derecho a la igualdad. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Academia de la Magistratura (2008). Artículos y Ensayos en torno a la forma del sistema procesal y apuntes sobre la justicia constitucional. Lima: Revista Institucional N°8. Bayefsky, A. (1990). El principio de igualdad o no discriminación en el derecho internacional. Extraído de: http://www.laley.com.ar/product/files/41352374/41352374.pdf Blancas C. (2007). Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo. Lima: Fondo editorial de la PUCP. Cavazos, M (2000) Palabra. Mexico:Saltillo Leandry,I (2010). Derecho vs. Religión: La nueva batalla intelectual. Madrid: Espacio Creativo. Ferrajoli,L(1995) Derecho y razón, teoría del garantismo penal. Madrid: Coloquio Millán,A (2003). El valor de la libertad. Madrid: Rialp Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html

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Informe del Secretario General «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos» Recuperado de http://www.cajpe.org.pe Constitución Política del Perú (1993) Recuperado de: http://www.mimp.gob.pe/archivos_sites/daff/compendio/ii_normatividad_general/Constitucion_Politic a_Peru.pdf Rosental- Iudin (1985). Diccionario de filosofía. Madrid: Akal. Vásquez A. (2005). Derecho de las personas. 2.ª ed. Lima: Editorial San Marcos.