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• Cesar Quijada Pulgar

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Reforma procesal penal

¿En qué consiste la Reforma Procesal Penal? Es un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el sistema inquisitivo, y estableció un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas. ¿Desde cuándo se aplica el sistema? En diciembre de 2000, en las Regiones de Coquimbo y la Araucanía se comenzó a aplicar el nuevo sistema. Luego ingresaron gradualmente las otras regiones hasta el 2005, cuando comenzó a regir en la Región Metropolitana de Santiago, completando así su entrada en vigencia en todo Chile. El sistema se aplica sólo para las causas nuevas, es decir faltas, delitos y crímenes que ocurren en cada región desde la fecha en que se aplica el nuevo esquema. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el antiguo sistema y el nuevo?     

Se separan las funciones de investigar, procesar (en el antiguo sistema), formalizar y acusar (en el nuevo sistema) y de dictar sentencia. Los juicios son orales y públicos y no escritos como eran antes. Se crea el Ministerio Público, cuyos fiscales son los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados. Se crea la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional a los que no pueden tener a abogado. Los casos ya no están en manos de juzgados del crimen, sino que se crean los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal.

¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público (Fiscalía) es un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y que se encarga de dirigir la investigación de los delitos, formalizar la investigación en contra de determinadas personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos. Trabaja en coordinación con Carabineros e Investigaciones y los organismos auxiliares, como por ejemplo, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Qué es un fiscal? Es el representante del Ministerio Público, que se encarga de investigar los delitos y si el caso lo amerita, llevar ante los tribunales a los imputados como autores, cómplices o encubridores. Durante la investigación, el fiscal debe indagar lo que perjudique al imputado, pero el principio de objetividad lo obliga también a averiguar aquello que lo

favorezca. En los juicios, defenderá los intereses del Estado y presentará evidencias en contra del acusado. ¿Qué es la Defensoría Penal Pública? Es la entidad estatal encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran y no contraten defensa particular. Funciona bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia. La labor de esta institución es dar defensa legal y profesional al imputado, informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al tribunal, medidas de protección en su favor. Estos defensores son públicos o pueden ser privados, licitados por la Defensoría. ¿Tiene costo solicitar los servicios de la Defensoría Penal Pública? Si se cuenta con los recursos suficientes, el servicio debe ser pagado. Si la persona no tiene los medios económicos, el abogado trabajará en forma gratuita para el imputado. ¿Cómo consigo un abogado defensor? Si le imputan un delito, le preguntarán si tiene un abogado particular que se encargue de su defensa. Si no tiene, le asignarán un profesional de la Defensoría Penal Pública. ¿Qué hace un juez de garantía? Un juez de garantía debe, principalmente, velar porque las autoridades (en particular los fiscales y los policías) no se extralimiten al perseguir a los sospechosos de un delito, afectando los derechos fundamentales del imputado. Debe decidir sobre cualquier materia que le consulten los fiscales durante sus investigaciones, en especial si es sobre alguna diligencia que perturbe los derechos garantizados en la Constitución, como por ejemplo, la privación de libertad o un allanamiento. Al juez de garantía también le corresponde aprobar las soluciones alternativas y los juicios abreviados o simplificados. ¿Cuáles son los derechos del acusado? El imputado cuenta con ciertos derechos, como por ejemplo, ser informado de la causa de su acusación y de sus derechos legales, contar con un abogado defensor (incluso gratis, si no cuenta con recursos), solicitar diligencias para desvirtuar las acusaciones, pedir audiencia al juez, declarar sin necesidad de juramento y no declarar si lo desea. ¿Qué es el archivo provisional? Cuando los fiscales no encuentran antecedentes suficientes para seguir adelante una

investigación, pueden archivar provisionalmente una causa sin acusados. Las víctimas pueden pedir que un caso se reactive si aparece nueva información. ¿Existen salidas alternativas durante el desarrollo de un juicio? Sí. Puede darse la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o que el juez dicte la suspensión condicional del procedimiento, bajo ciertas exigencias o condiciones impuestas al acusado. También existen juicios simplificados y juicios abreviados, que se aplican en casos de delitos con menor penalidad. Esos procedimientos los lleva el fiscal ante un juez de garantía. ¿Qué son los juicios orales? El sistema está diseñado para que sólo los casos de mayor gravedad lleguen al juicio oral, en el que en una o más audiencias el fiscal y el defensor presentan pruebas y testigos ante los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal. Luego de concluir la presentación de pruebas y los alegatos de las partes, los jueces dictan sentencia, que puede ser una condena o la absolución del o los imputados. ¿Qué pasa con los casos que se iniciaron en el sistema antiguo? Deberán seguir de acuerdo a los procedimientos anteriores a la reforma. Para ello quedan algunos juzgados operando en el régimen anterior. ¿Qué va a pasar con el Código de Procedimiento Penal? Con la Reforma Procesal Penal rige el Código Procesal Penal. Una vez que se cierre el último caso abierto en el sistema antiguo, el antiguo Código de Procedimiento Penal quedará derogado.

Policía de Investigaciones de Chile 80 años de Servicio al país en la Investigación Criminalística

Mártires Institucionales En estos 80 años nuestro personal ha asumido que el profesionalismo y la renovación de los

conocimientos criminalísticos son las llaves del éxito en cualquier proceso investigativo. Los frutos de esta experiencia nos han permitido aclarar los casos policiales más emblemáticos del último siglo. El próximo 19 de junio de 2014 la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, celebrará 81 años de vida. Fecha trascendental y significativa para el país, pero por sobre todo, para los hombres y mujeres que durante casi ocho décadas han servido a la nación desde una de las instituciones policiales más valoradas y reconocidas por la ciudadanía y la comunidad internacional. Espíritu de cuerpo, pujanza y una búsqueda permanente de la verdad son los sellos que resaltan en los años de vida de esta institución.

LOS PRIMEROS PASOS Las primeras señales de la Policía Civil en Chile, se remontan al año 1864 cuando la Municipalidad de Valparaíso decidió crear la Policía Secreta, caracterizada por su reserva al momento de trabajar. Ese mismo año, se creó la figura de los “guardias comisionados”, origen de la Sección de Pesquisas y primer antecedente del nacimiento de la Policía Civil. Para concretar sus investigaciones estos guardias no usaban uniforme, el objetivo era pasar inadvertido entre las personas, sello que según los historiadores, permanece y caracteriza hasta el día de hoy a la Policía de Investigaciones de Chile. En la década del 70‟, el guardia comisionado se convirtió en un importante apoyo para el control del delito y la administración de justicia, razón por la que el intendente de Santiago de la década, Benjamín Vicuña Mackenna, propuso adoptar como modelo policial a seguir el del “agent de la sûrete” de Paris, Francia, país del cual también se tomó la estructura administrativa, de hecho la denominación de cargos que perduran hasta hoy “inspecteur, commissaire, préfet”, fueron tomados de ese cuerpo policial.

Al finalizar el siglo XIX, la sociedad fue testigo de una serie de cambios, de los cuales también fue partícipe la Policía, adoptando procedimientos que la pondrían a la vanguardia en Latinoamérica en el uso de nuevas técnicas de identificación, pues se comenzó a utilizar la fotografía para identificar a los delincuentes. De esta forma, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en confeccionar una “galería de delincuentes”. Mientras se avanzaba en medicina legal, sistema carcelario y leyes, poco a poco el agente de pesquisas adquirió su propia identidad y reconocimiento social, empleando técnicas apropiadas y un método científico. Factor clave para frenar a la delincuencia que en ese entonces, aumentó por una progresiva concentración urbana. En 1889 se creó la Sección Pesquisas y luego en 1896 las Policías Fiscales, siendo parte de éstas la Sección de Orden ( con actuaciones orientadas a la prevención, vigilancia y al patrullaje urbano y rural –uniformado-) y la Sección de Seguridad, la que cumplía objetivos judiciales, investigando delitos, aprehendiendo delincuentes y obteniendo evidencias que se proporcionaban como pruebas a los magistrados del crimen, lo que definió claramente su carácter investigativo y civil, por cuanto se mantuvo “el pasar desapercibidos para lograr sus objetivos”, instaurado 32 años antes, ya que el sigilo y la reserva no sólo caracterizaban su actuación, sino que también garantizaban su éxito. Esta Sección contó con 75 agentes, un fotógrafo y dos telefonistas.

Otro hecho importante ocurrido en la evolución histórica de la Policía, fue la incorporación de la mujer a la función policial, en 1896 se ingresaron las tres primeras mujeres agentes, cuya misión estuvo orientada a la investigación de delitos de connotación sexual. El fin del siglo XIX y comienzos del XX, puso en evidencia los progresos científicos logrados por la acción policial, primero con el perfeccionamiento de la identificación criminal con la fotografía y luego con la utilización de la antropometría de Bertillón y la Dactiloscopía de Vucetich, utilización de la planimetría para estudiar el Sitio de Suceso, junto a los avances del Derecho Penal y de la Criminología, orientaron la opción por la “Policía Científica” como modelo profesional de los agentes, lo que los distinguía y diferenciaba de la policía uniformada.

Asimismo, se comenzó a generalizar el anglicismo “Detective” para referirse al agente de seguridad. También se comenzó a utilizar el manual de criminalística denominado “Las Investigaciones del Delito”, antecedente inédito en América Latina para la época, escrito por el abogado y agente Ventura Maturana Barahona, hecho que anunció el desarrollo de la Criminalística como pilar fundamental para el investigador. Después de un breve período en que la Sección de Seguridad fue parte de Carabineros de Chile (institución creada en 1927) manteniendo su carácter investigativo de civil, se dictó el Decreto Supremo Nº 5.115 del 26 de diciembre de 1932, que la separó de Carabineros y la declaró en reorganización, posteriormente la Ley Nº 5.180 del 19 de junio de 1933, que consagró la autonomía administrativa del servicio, estableciendo que los Servicios de Investigaciones, Identificación y Pasaportes eran una sola repartición de carácter civil, dependiente del Ministerio del Interior. La decisión gubernamental de dar autonomía a los Servicios de Investigaciones, reconociendo su identidad profesional en el sistema policial, abrió una nueva etapa en la historia de la policía, la que se comenzó a consolidar como institución sentando las bases de su estructura administrativa y marco legal, protagonizando importantes avances profesionales, iniciándose la creación de unidades policiales a lo largo del país; el 20 de junio de 1933 se establecieron comisarías en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Copiapó, Chañaral, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, San Felipe y Los Andes. En Santiago, las de Manuel Rodríguez, Plaza Almagro, San Bernardo, Buín, Puente Alto, Melipilla y del Puerto de San Antonio, además de las comisarías de Curicó, Talca, San Javier, Constitución, Linares, Parral, Cauquenes, Los Ángeles, Lebu, Tomé, Lota, Talcahuano, Temuco, Victoria, Algol, Traiguén, Lautaro, Valdivia, Osorno, La Unión, Puerto Varas, Ancud, Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Natales. Esta explosiva expansión fue el crecimiento más rápido y repentino que ha vivido la institución, constituyéndose en un esfuerzo de organización y presencia geográfica que no ha protagonizado otra institución del Estado en tan breve tiempo con recursos tan escasos. Sumado a lo anterior, se dictó su primer Reglamento Orgánico, comenzó a funcionar la Escuela Técnica, se dictó el Primer Reglamento de Placas (D.S. Nº 1854), estableciéndose la primera placa de servicio. Se creó la Revista mensual “Detective”, precursora de la posterior Revista Criminológica y Policía Científica y de la actual revista institucional.

En el año 1934, Lucía Moreno y Olga Streeter son las primeras mujeres en ingresar a la institución. El 28 de agosto de 1935 se creó el Departamento Criminológico –actual Laboratorio de Criminalística- , con un archivo dactiloscópico monodactilar –con el registro de 3 mil delincuentes-, laboratorio fotográfico, archivo de apodos y una sección de dibujo lineal. En 1936, los expertos del Departamento habían creado una clave dactiloscópica y un plan graficado para investigar el delito de homicidio, reforzando el carácter científico a la Policía. Durante ese año se inicia también la estadística criminal. El 4 de febrero de 1938, se dicta la Ley Nº 6180, cuerpo legal de gran importancia para el Servicio de Investigaciones, puesto que le dio una configuración definitiva y sirvió de base a las posteriores leyes relativas a la institución. El 30 de diciembre de 1942, se dictó el D.S. Nº 51/7102 que estableció la separación del Servicio de Investigaciones del de Identificación y Pasaportes, el que pasaría llamarse Dirección General del Registro Civil Nacional dependiente del Ministerio de Justicia, y a su vez creó la Dirección General de Investigaciones. En 1946, Chile es invitado a participar en Interpol, ratificado en el año 1948 y ya desde 1950 es miembro activo, siendo designada la Policía de Investigaciones como único representante de la policía chilena, ante este organismo internacional que tiene su sede en Lyon, Francia. El año 1947 se creó la Brigada Preventiva Móvil. En el año 1948, se propuso la creación de Brigadas Especializadas, con el fin de enfrentar en una forma eficiente y técnica el problema de la criminalidad. De esta forma, el 22 de febrero de 1949 se fundó la Brigada de Homicidios, el 7 de abril del mismo año, se crea la Brigada contra la Especulación y el 1 de enero de 1952 la Brigada de Estafas y Delitos contra la Fe Pública, siendo éstas las precursoras de las unidades especializadas de la Policía Civil. Un hito en la historia institucional fue el nombramiento del primer detective de carrera como Director General. El 1 de mayo de 1958 el prefecto Roberto Schmied Marambio, asumió el cargo hasta el 1 de octubre del mismo año.

En 1963 la Ley Nº 15.143 estableció que el empleo de la denominación “Detective”, sólo podía ser usada por personal del servicio con el respectivo nombramiento. El mismo año entró en uso la segunda placa de servicio. En septiembre de 1974 la institución pasó a depender del Ministerio de Defensa y se creó la Subsecretaría de Investigaciones. En 1979 se dictó el Decreto Ley Nº 2460 el que estableció la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, la que en su art. 1º establece que “La Policía de Investigaciones es una institución de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. El año 1982, la Escuela cambió su denominación a “Escuela de Investigaciones Policiales, Presidente Arturo Alessandri Palma”, y en 1984 la Ley Nº 18.322 cambió el nombre de “Investigaciones de Chile” por “Policía de Investigaciones de Chile”. En 1986, entró en uso la tercera placa de servicio, la que posteriormente en 1993 fue reemplazada por la actual placa de servicio.

Por medio de la Orden General Nº 1.582 de mayo de 1998, el Director General de la época, Nelson Mery Figueroa -segundo detective de carrera en ocupar el cargo- instauró el Plan de Modernización Institucional, Fénix, con el fin de satisfacer las demandas que implicaba el nuevo escenario democrático. El mismo año, se logró la aprobación de la Ley de Plantas y la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), la que reconoció a la Academia Superior de Estudios Policiales y a la Escuela de Investigaciones Policiales la facultad de otorgar títulos profesionales y grados académicos, en su respectivo quehacer profesional. En octubre del año 2003, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, en reconocimiento a la gestión y profesionalismo de la Policía de Investigaciones, nombra como Director General al prefecto jefe de Educación, Arturo Herrera Verdugo, convirtiéndose en el tercer detective de carrera en ocupar el cargo. El 30 de diciembre de 2004, se promulgó la Ley Nº 19.987 que modificó la Ley Orgánica de la

Policía de Investigaciones de Chile respecto de la designación del Director General de la institución. En ella se estableció que quien ocupe el cargo de la Policía Civil deberá ser un detective de carrera con el grado de prefecto inspector o prefecto general, elegido entre las primeras ocho antigüedades. El 13 de enero de 2005 la Policía de Investigaciones de Chile se convirtió en la primera organización policial de Latinoamérica en autoimponerse metas de gestión, a través de la promulgación de la Orden General Nº 2040, hecho que le ha significado el reconocimiento de diversos actores de la sociedad. El 20 de enero de 2006, por medio de la Orden General Nº 2088, se instituyó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2004-2010 o “Plan Minerva” con el objetivo de mejorar los servicios policiales a través de una gestión de calidad y convertirse al Bicentenario de la República en una Policía de Alto Rendimiento. Su lanzamiento oficial se concretó en abril del mismo año. El 1 de marzo de 2006, el Ministerio de Educación, a través del Decreto Exento Nº 228, incorporó como efeméride en la calendarización escolar la celebración del 19 de junio como el “Día de la Policía de Investigaciones de Chile”. El 22 de septiembre de 2006, el Director General Arturo Herrera Verdugo, fue elegido como Vicepresidente para las Américas de Interpol. El 6 de diciembre de 2006, ingresaron a la Escuela de Investigaciones Policiales los primeros 250 profesionales, quienes después de un proceso de formación se convirtieron en los primeros en formar el escalafón de Oficiales Policiales Profesionales. El 18 de enero de 2008, la Policía de Investigaciones de Chile y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmaron –en dependencias de la organización internacional en Washington D.C., Estados Unidos- un importante acuerdo de cooperación, destinado a fortalecer la capacitación y las capacidades de los agentes policiales de los Estados Miembros. El hecho, demostró el prestigio alcanzado por la Policía Civil chilena en el contexto Latinoamericano. En un hecho histórico, el 12 de febrero de 2008, el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, fue ratificado como Presidente interino de INTERPOL, la organización policial internacional más importante y prestigiosa del mundo, integrada por 186 países miembros.

Estrategias de la policía de investigaciones Para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, la PDI incorpora diversos modelos de planeamiento estratégico -no excluyentes entre sí- que permiten comprender cómo se buscan implementar las estrategias de la organización en el corto, mediano y largo plazo. Los lineamientos estratégicos construidos suponen responder interrogantes básicas de planificación como: la elección de los mercados/servicios donde la institución espera desarrollarse y crecer en el futuro. También

señalan la estrategia de competencia en la generación de estos servicios dentro del sector seguridad y justicia. La estrategia de desarrollo de la PDI incluye distintas iniciativas orientadas a: 1. Emprender esfuerzos necesarios para lograr la especialización y diversificación de servicios policiales (enfoque de alta segmentación) en tres áreas de servicio: Investigación Criminal – Seguridad Pública y Ciudadana y Prevención Estratégica. 2. Adoptar un enfoque de diferenciación en el área de Control Migratorio y Seguridad Internacional. 3. Iniciar acciones para elevar el rendimiento combinado en los campos de actuaciones policiales en las que se focaliza la PDI. 4. Encontrar formas de capturar las sinergias (coordinación y eficiencia) entre unidades, actuaciones y servicios relacionados (administrativas y operativas) y transformar estas formas de trabajo en una ventaja competitiva ante otros organismos. 5. Establecer prioridades de inversión y dirigir los recursos tangibles e intangibles presentes y futuros hacia las unidades y actuaciones policiales más atractivas y coherentes con su visión y sus 4 áreas de servicio. Los servicios policiales están vinculados a las cuatro áreas estratégicas de servicio de la PDI, que corresponden a las funciones contempladas en los Art. 4 y 5 del DS 2.460 de 1979 y los campos de actuación de la labor operativa reconocidas en el Art. 3, Letra t, del DS 135 de 2009. El beneficiario final de las cuatro áreas es la sociedad, mientras que los usuarios son las personas e instituciones

que

se

benefician

directamente

de

estas

labores.

La ruta de actuación del Plan Minerva II supone trabajar en los pilares estratégicos de la siguiente forma: 

Una adecuada Gestión de Información se vincula con la Gestión de Conocimiento y la Gestión del Recurso Humano.



La Gestión de Conocimiento se vincula con la Reingeniería de Procesos y ésta se relaciona con la Perspectiva de Usuario, es decir, con el pilar Mejor Servicio Público del sector seguridad y justicia y con el pilar Mejor Socio Estratégico.



La Gestión del Recurso Humano se relaciona con el pilar Gestión Administrativa y así con la Gestión Financiera.



El pilar Cambio Organizacional se relaciona estrechamente con la gestión de Reingeniería de Procesos y el pilar Mejor Servicio Público del sector seguridad y justicia.

Es importante señalar que detrás de cada pilar, existe un conjunto de atributos o actuaciones, todas orientadas a potenciar capacidades, generar condiciones y promover la innovación de procesos. Estas acciones están representadas a través de las Perspectivas y Mapa estratégico de la

PDI para el período 2010 – 2020, el cual representa la relación e interdependencia de los pilares estratégicos.

Misión y visión de la policía de investigaciones

La Policía de Investigaciones se caracteriza por ser una organización policial que trabaja para esclarecer los delitos, con un alto nivel de especialización, al servicio de la ciudadanía. Policía de Investigaciones de Chile (PDI), es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario

estricto. Se vinculará administrativamente con el referido Ministerio a través de la Subsecretaría de Investigaciones. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es una institución policial de carácter civil, que tiene como función principal, pero no única, investigar y aclarar los delitos que ya han ocurrido, a fin de: Establecer quiénes fueron sus participantes Establecer las condiciones y circunstancias en que se originaron Recolectar las evidencias y pruebas Detener a las personas involucradas entregándolas a la justicia La institución cumple estos objetivos siguiendo la máxima de “investigar para detener”, con el fin de obtener la verdad criminalística mediante el empleo de la ciencia y la tecnología, labor que se apega al marco del derecho, lo que nos convierte en una entidad legítima, objetiva, profesional y especializada, aportando así eficazmente al desarrollo de las diligencias del Ministerio Público, en el sistema Procesal Penal vigente en el país. En el ejercicio de esta actividad, el respeto por los derechos de las personas es prioritario, estableciendo una relación justa e imparcial con todas las personas que forman parte de la comunidad a la cual servimos.

Misión: La misión institucional consiste en dar eficacia al Derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, a través de una investigación profesional y especializada de los delitos, de la inteligencia policial, del control migratorio y de la cooperación internacional, generando condiciones básicas de tranquilidad ciudadana que permitan el desarrollo económico, político, cultural y social de Chile. Según el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), su misión fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. El artículo 5º de dicha ley agrega que corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile: Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública. Prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado. Dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales. Prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal.

Controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional. Fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país. Representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes. Su misión renovada es: Fiel a su vocación pública, la organización actúa conforme a los valores y principios del Estado de Derecho, con el propósito de servir a la sociedad chilena. En este contexto, destacan los verdaderos valores activos de la institución, que se anclan en las ideas de policía científica, el profesionalismo para buscar la verdad criminalística, el respeto de la ética y los Derechos Humanos, el servicio público, el rol central como coadyuvante en la administración de justicia, así como la cohesión y solidaridad interna. Adicionalmente destaca también el eficaz aporte al desarrollo de las diligencias del Ministerio Público. Los conceptos y valores que sustentan esta misión renovada y que sirven de guía en cada uno de los procesos y actuaciones son: Perfil Científico Técnico. Gestión por resultados. Eficacia y Eficiencia. Calidad. Ética Pública. Liderazgo y capital humano. Planificación y control de gestión. Transparencia y Cuenta Pública. Credibilidad.

Visión Más allá de su misión permanente, y como todo organismo del Estado, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), posee una visión de futuro que la impulsa a cambiar y renovarse. Los integrantes de esta policía comparten la vocación de servicio público y compromiso con la comunidad, lo que nos impulsa a asumir grandes tareas. Es así como la visión de la institución para el Bicentenario recoge la tendencia mundial de construir organizaciones de alto rendimiento, a la par con las mejores policías del orbe. Es por ello que la PDI del año 2010 es “La Policía Investigativa del Bicentenario”.

Organigrama

Procesos e hitos fundamentales de la modernización Primera Etapa del proceso de modernización (1997-2003) : se establece como prioridad revertir un déficit histórico en materia de recursos y abordar la recuperación de medios para la investigación criminal (Plan Fénix I y II). Cumplido parcialmente ese propósito, en el 2003 se renueva la visión sobre el desarrollo de la policía, ya que ninguna organización puede evolucionar sin una visión de futuro. Segunda Etapa (2004-2010): orientada a impulsar un profundo cambio en la organización, destinado a desarrollar capacidades para consolidar la entrega de servicios policiales con altos estándares de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia. En el espíritu de este proceso yace una “revolución organizacional” que concluye con una nueva policía para el país. Esa es la aspiración. Se trata de un camino de renovación que sienta las bases del destino de la PDI en la primera mitad del siglo XXI. La responsabilización de las jefaturas, la capacidad de auditar y valorar la ejecución de los proyectos, el emprendimiento de prácticas de escrutinio público interno y externo, entre otras, son facetas relevantes. La tarea de adaptar y adoptar nuevas lógicas o maneras de „hacer las cosas‟ también ha sido una tarea difícil. Si en el año 2007 la PDI fue reconocida como líder y pionera en gestión de cambio, transparencia, buenas prácticas policiales y rendición de cuenta pública, en el año 2008 esa percepción ha sido confirmada, agregando flexibilidad y autocrítica para encarar el presente y el futuro con solvencia, honestidad y disposición para cambiar y servir mejor. Ese es el mérito de quienes integran hoy esta organización policial. El balance a la fecha revela que va por el camino correcto. Las distintas encuestas y estudios de opinión demuestran que esta transición es, para la sociedad chilena, una realidad bien valorada. Por su parte, la última Encuesta Nacional de la Fundación Paz Ciudadana (2008), aplicada a 12.311 personas en los principales centros urbanos del país, detecta que un 63,6% cree que la PDI es más profesional y un 55,9% opina que entrega un mejor servicio que hace un año atrás.