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LOS PUEBLOS INDIOS Y CAMPESINOS Y SU LUCHA POR LA DEFENSA Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN AMÉRICA LATINA : SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS RECIENTES

Pierre Beaucage Departamento de Antropología Université de Montréal Montréal, Qc Canadá H3C 3J7 [email protected]

Abril 2007

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1425, boul René-Lévesque Ouest, 3 étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

[email protected] www.devp.org

Los pueblos indios y campesinos y su lucha por la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales en américa latina : sistematización de experiencias recientes

ÍNDICE INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 3 1. AMÉRICA LATINA : LA HERENCIA DE UN PASADO RECIENTE........................... 4 1.1 De 1900 a 1960. Del exterminio a la asimilación : el indigenismo ........................ 4 1.2 La Guerra Fría y los nuevos movimientos indígenas ............................................ 6 2. LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN LA GLOBALIZACIÓN ....... 9 2.1 La fase actual de la globalización : sus características......................................... 9 2.2 Las mutaciones del ‘desarrollo’ : desarrollo sustentable y etnodesarrollo.......... 10 2.3 Un nuevo frente : la lucha por el medio ambiente ............................................... 11 2.4 Apropiación y alternativas populares ................................................................... 13 2.5 Conclusión ............................................................................................................ 14 3. INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LOS ANDES Y DE MESOAMÉRICA.................. 16 3.1 La lucha por la tierra............................................................................................. 16 3.1.1 Conclusión ........................................................................................................... 20 3.2 Etnodesarrollo en zonas indígenas : México y Ecuador ..................................... 21 3.2.1 Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla (México) contra el « desierto verde » ...

.............................................................................................................................. 22 3.2.2 Los quichuas de la Sierra ecuatoriana : de la reforma agraria al etnodesarrollo

25 3.3 Conclusión ............................................................................................................ 29 4. INDÍGENAS DE LAS TIERRAS BAJAS TROPICALES Y SEMI-TROPICALES : DE LA MOSQUITIA (HONDURAS) A LA AMAZONÍA (BRASIL) ........................................... 31 4.1 La lucha contra el « frente ganadero » : los Garifunas de Honduras.................. 31 4.2 La lucha por el territorio: los indígenas de la Amazonía ..................................... 33 4.3 Conclusión ............................................................................................................ 38 5. ESTRATEGIAS POLÍTICAS INDÍGENAS : LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE COMO UNA LUCHA POR LA IDENTIDAD PROPIA ......................................................... 40 5.1 El Quinto Centenario ............................................................................................ 41 5.2 Procesos nacionales : Ecuador, México, Bolivia ................................................. 43 5.3 Conclusión ............................................................................................................ 44 6. LOS CAMPESINOS DE LAS TIERRAS BAJAS : EL CASO DE BRASIL................ 45 6.1 La naturaleza del campesinado ........................................................................... 45 6.2 La división imperialista del trabajo y el campesinado.......................................... 46 6.3 ¿Quienes son y donde están los campesinos de Brasil?.................................... 47 6.4 Tendencias actuales............................................................................................. 48 7. CONCLUSIONES......................................................................................................... 50 REFERENCIAS ....................................................................................................................53

Los pueblos indios y campesinos y su lucha por la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales en américa latina : sistematización de experiencias recientes

INTRODUCCIÓN En este breve informe, trataré de esbozar un análisis de las experiencias recientes de la lucha de grupos y organizaciones indígenas y campesinas en América latina, poniendo énfasis en una perspectiva de género. Tomaré como eje central las luchas de resistencia para la defensa del territorio y de los recursos naturales, así como algunas experiencias alternativas de desarrollo sustentable. Este análisis será necesariamente incompleto, dada la gran cantidad y diversidad de esas experiencias en el continente latinoamericano : hay miles y miles de colectivos, desde las agrupaciones internacionales y federaciones nacionales hasta los grupos locales en barrios, pueblos y caseríos, que toman parte en acciones colectivas con el fin de mejorar sus condiciones económicas, políticas y de exigir respeto a sus derechos étnicos, de clase y de género. Otra limitación del trabajo proviene de la disponibilidad de documentación. Aunque muchos grupos han tomado la palabra, en años recientes, los grupos subalternos, como los indígenas, los campesinos y las mujeres (y los que combinan estas tres características) están todavía lejos de tener acceso a los medios de comunicación para expresar sus objetivos y relatar sus luchas. Traté de escoger los casos que me parecieron tener cierta ejemplaridad en función de la situación en tres grandes áreas del continente donde Desarrollo y Paz tiene contrapartes : México y Centroamérica, los Países Andinos y Brasil. En primer lugar, haré una síntesis de la evolución diferente de los grupos indígenas y campesinos de estas áreas después de la conquista europea. En un segundo apartado, presentaré algunas consecuencias de la globalización política y económica internacional actual sobre la condición de los campesinos, de los indígenas, en particular de las mujeres. Entre los factores más relevantes, están : los cambios en el concepto de desarrollo con el fin de la guerra fría, y el medio ambiente como un nuevo frente de lucha indígena y campesina. El tercer apartado será dedicado a la lucha de los indígenas campesinos de los Andes y de Mesoamérica por sus recursos, con casos más detallados de México y de Ecuador. El cuarto apartado concierne las luchas de los indígneas de las tierras bajas y los ejemplos provienen de Honduras y de Brasil. El quinto apartado aborda las estrategias políticas empleadas por los pueblos indígenas en el periodo reciente, sus logros y límites. Finalmente, el sexto apartado se refiere a los campesinos y a sus luchas, principalmente a partir del ejemplo de Brasil.

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1.

AMÉRICA LATINA : LA HERENCIA DE UN PASADO RECIENTE

1.1 De 1900 a 1960. Del exterminio a la asimilación : el indigenismo En América Latina, la crisis de los años 1930 y luego el conflicto mundial, al reducir los flujos de mercancias y de capital provenientes de los centros metropolitanos, permitieron que se desarrollaran experimentos de autonomía económica y política que, aunque limitadas, eran inéditas en el continente. En México, Brasil y Argentina, habían tomado el poder militares nacionalistas (Cárdenas, Vargas, Perón) que, a pesar de sus muchas diferencias ideológicas, compartían un nuevo estilo de gobernar : un discurso populista y nacionalista iba acompañado de la incorporación de las masas urbanas (y rurales en México) en sindicatos y organizaciones controladas por un partido único. A nivel económico, impulsaron una industrialización de « substitución de importaciones » que aseguró un crecimiento sostenido hasta los años sesenta. A la vez, la población, en rápido aumento, se redistribuyó del campo hacia las ciudades. Argentina se convirtió en un país urbano e industrial mientras que México y Brasil dejaron de ser esencialmente rurales. En México se implementó una reforma agraria profunda que repartió tierras entre cientos de miles de campesinos e indígenas. Después del segundo conflicto mundial, en plena ‘Guerra Fría’, se consolidaron esos ensayos reformistas gracias a las tres décadas de crecimiento sostenido que acompañaron la reconstrucción de Europa. Frente a la Unión Soviética, a China y a los Países del Este, Estados Unidos se impuso como nuevo centro hegemónico occidental y se asistió a un aumento de la demanda de materias primas y nuevos flujos de capitales. En los años ciencuenta y sesenta, la ola de descolonización que barrió la mayor parte de las antiguas posesiones africanas y asiáticas puso otra vez en la actualidad « el derecho de los pueblos a determinar su futuro ». A la vez, el desarrollo agrícola e industrial en el Sur se veía frenado por las políticas proteccionistas de los países del Norte. La ideología de las exitosas « luchas de liberación nacional » de Cuba y Vietnam, apoyadas por la Unión Soviética, influyó considerablemente en los movimientos sociales de los sesentas hasta los ochentas : en muchos países de América Latina surgieron focos de guerilla y movimientos populares radicales que amenazaron a los grupos en el poder. La respuesta fue una sucesión de golpes militares que instalaron dictaduras en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Centroamérica, además de las viejas dictaduras que se habían mantenido en países como Nicaragua y Paraguay. Esta situación impactó de diversas maneras a los movimientos campesinos e indígenas. En cuanto a los pueblos indios, ni las vejaciones coloniales ni las masivas expropiaciones de los liberales en le siglo XX habían podido acabar con ellos. Quedaban millones de quechuas y aymaras en los Andes, y otros millones de mayas, nahuas, zapotecos, etc. en Mesoamérica. Además de los cientos de miles que sobrevivían, en grupos pequeños, en las selvas de la Amazonía, de Nicaragua, y en el sur de Chile. Frente a esta persistencia importante e inesperada de los indígenas, los gobiernos reformistas optaron por lo que llamaron la « integración del indio a la nación », es decir, su asimilación lingüística y cultural. Por otra parte, la economía en expansión necesitaba una mano de obra móvil y culturalemente homogénea para sus

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plantaciones, minas y fábricas; fué el principio del indigenismo latinoamericano. Como dijo en México el presidente Cárdenas, al fundar el Instituto Nacional Indigenista : « No creamos el Instituto para indianizar a México, ni para indianizar al indio, sino para mexicanizar al indio. » Tales institutos, con fines idénticos, se crearon en la mayor parte de los países con fuerte población indígena a los largo de los años cincuenta. En Brasil, la creación del Serviço de Proteçaõ aos Indígenas (SPI) frenó, sin erradicarlo, el proceso de genocidio que acompañó la colonización del interior : agrupados « para su protección », los « selváticos » dejaban libres la tierra y sus recursos (Ribeiro 1977). En cuanto a los campesinos, el proyecto liberal del siglo XIX fue transformarlos en proletarios del campo, gracias a la desamortización de las tierras comunales y a la transformación de los ‘baldíos’ en latifundios. Las protestas y los alzamientos de entonces (como el de Quintín Lame en Colombia – Castrillón Arboleda 1973) no lograron frenar esta expropiación que consolidó las haciendas ganaderas, azucareras, algodoneras y cafetaleras. En México, sin embargo, donde la expulsión había sido de las más brutales, los campesinos se unieron a la Revolución (1910-1917) y no dejaron las armas hasta incorporar la Reforma Agraria en la nueva Constitución. Esta, realizada a gran escala por Lázaro Cárdenas (1934-1940), daba a los campesinos sin tierra el derecho de usufructo sobre una parcela – inalienable - en los ejidos constituidos con los latifundios expropiados y con las tierras públicas que se abrían a la colonización. Este ejemplo será imitado por Bolivia, después de la révolución democrática de 1952, y en forma muy parcial y tardía, por Ecuador, Perú, El Salvador y Colombia1. Cuanto más incompleta fue esta reforma agraria, más aguda se volvió la lucha por ella. En Brasil, la conversión del latifundio esclavista en latifundio capitalista generó una masa rural sin tierra – los jornaleros de los ingenios y las fazendas – que también formulará, hasta el período actual, la misma reivindicación. Los diversos sectores de las clases dominantes tenían un interés común en que no se realizaran tales reformas. Por una parte, las élites regionales contaban con la sobreexplotación de una mano de obra barata, privada de derechos ciudadanos para sus empresas agropecuarias : es lo que Quijano llama « la colonialidad del poder » (Quijano 2006). En Guatemala, esta mano de obra la proporcionaban los indígenas del altiplano; en el vecino El Salvador, los ladinos (mestizos) empobrecidos. Por otra parte, la burguesía industrial se aprovechaba del flujo constante de mano de obra barata expulsada por las arcáicas estructuras agrarias. Los indios mexicanos y andinos se adaptaron a la política indigenista. Se definieron como ‘campesinos’ para ser elegibles al reparto agrario, cuando lo hubo; se afiliaron a las asociaciones campesinas oficiales y votaron mucho tiempo por quienes les habían « entregado la tierra », como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en Bolivia. Sin embargo, la gran mayoría no dejó por ello de considerarse india ni de hablar sus idiomas nativos, a pesar de la extensión del bilingüísmo. En Brasil, así como en las zonas amazónicas de los países andinos y en el Chaco argentino, la situación era muy distinta. La expansión moderna del capital extractivo (forestal, minero y petrolero) no necesitaba la mano de obra indígena : lo que interesaba

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En Guatemala, Brasil y Chile, los intentos de reforma agraria por parte de gobiernos reformistas fueron sofocados en sangre por golpes militares, en 1954, 1964 y 1973, respectivamente.

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era la tierra libre de sus habitantes. Frente al genocidio, la estrategia de los pueblos indios fue adentrarse más en el monte, mientras fue posible. En resumen, se puede decir que la tendencia general en América, desde la creación de los Estados nacionales en el siglo XIX, fue la eliminación de los pueblos indios como tales, lo que a menudo implicó su exterminación física (genocidio). En la primera mitad del Siglo XX, se optó por proceder a su ‘integración a la nación’, lo que implicaba su asimilación o aculturación. Tal fue la tarea de los Institutos Indigenistas. Pero no lograron sus fines, debido a la aparición de nuevas fuerzas, tanto a nivel nacional como internacional, como veremos ahora.

1.2 La Guerra Fría y los nuevos movimientos indígenas A partir de los años sesenta, apareció un nuevo actor : los jóvenes indios de México, Bolivia, Ecuador que regresaban a sus pueblos con sus diplomas de maestros o promotores de salud. Ellos y ellas habían aprendido en la ciudad muchas más cosas de las que imaginaban los políticos. Sabían ahora de las leyes que rigen los contratos de trabajo y las elecciones municipales, y de amparos contra los despojos de tierras, y ellas habían participado en el naciente debate sobre los derechos de las mujeres. Varios de ellos se limitaron a aprovechar de su ascenso social reciente y apoyaron al sistema social y político vigente; otros, sin embargo, se dedicaron a informar y organizar a las comunidades. La izquierda latinoamericana poseía – y todavía posee – un fuerte componente eurocéntrico que le hizo desconfiar durante mucho tiempo de los campesinos e indígenas en los que veía un obstáculo a la victoria de las fuerzas revolucionarias; en el mejor de los casos podían ser aliados, mientras se cumplían todos los requisitos de la revolución democrática burguesa. Eso incluía la integración de las poblaciones todavía inmersas en relaciones ‘precapitalistas’, como se definía a los indios y a los pequeños productores campesinos2. A partir de los sesenta, sin embargo, se operó una escisión importante, relacionada con la victoria-sorpresa de la no-ortodoxa revolución cubana. El guevarismo, que quiso teorizar esta revolución, afirmó que las condiciones objetivas y subjetivas estaban realizadas para la revolución : lo único que esperaban las masas para sublevarse era la acción de una vanguardia determinada. Estratégicamente, había que crear focos de guerrilla en las zonas rurales más remotas, puesto que allá se encontraban los más pobres y oprimidos, más susceptibles de adherir al movimiento revolucionario : es decir, los campesinos y los indios. Las guerrillas latinoamericanas se inspiraron del guevarismo, además de la influencia de China y Vietnam. Es importante notar que este nuevo movimiento guerillero incorporó a un importante número de mujeres, como combatientes y no solamente como apoyo logístico a las operaciones llevadas a cabo por los hombres, como había sido el caso en movimientos revolucionarios anteriores3. Esa contribución no implicó, sin embargo, que se introdujeran sus reivindicaciones específicas dentro de los objetivos del movimiento. Siempre se consideró que ‘el feminismo’ dividía al movimiento, aunque después de la toma del poder, se introdujeran medidas favorables a la emancipación de la mujer como en la Nicaragua sandinista (1979-1990). 2

Ecuador constituye al respecto una excepción. En los años ’40, el Partido Comunista organizó en forma semiclandestina a la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI). Quito era entonces una apacible capital serrana y se estremeció con la llegada de los Ponchos Rojos. Pero el movimiento quedó sin continuación. 3 El caso más conocido es el de la ‘soldaderas’ que acompañaban a las tropas villistas y zapatistas durante la revolución mexicana (1910-1917). Su presencia ha sido inmortalizada en el corrido ‘La Adelita’.

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En la Sierra peruana, la reforma agraria efectuada por los militares después del golpe de 1968 (los oficiales nacionalistas dirigidos por Velasco Alvarado) cuestionó la vieja estuctura social fundada sobre la hacienda. Al mismo tiempo, se extendía la educación entre los indígenas y cholos (mestizos) pobres, que no encontraban un lugar en una economía estancada, un Estado militarizado y una sociedad que permanecía fuertemente jerarquizada. En estas condicionas surgió una organización de guerrilla muy peculiar, Sendero Luminoso, la cual movilizó muchos sectores campesinos en la Sierra, y luego en los barrios pobres de Lima, en los años 80 y desató una sangrienta represión. En los noventa, bajo la presidencia de Fujimori, el ejército peruano aplastó la guerrilla : el conflicto cobró unas 60 mil víctimas, esencialmente campesinos indígenas (Quijano 2006 : 30). Podemos considerar que Sendero constituyó un movimiento indígena, por su membrecía, aunque nunca se identificó como tal, una mezcla muy particular de milenarismo quechua y de maoismo « ultra » (vease Herthoghe et Labrousse 1989). En otras regiones, los indígenas en lucha eran solicitados por otra corriente, la teología de la liberación, que nació en las postrimerías del concilio Vaticano II (1960). En un intento de « poner al día » (aggiornamiento) su doctrina social, el Vaticano pidió al clero un compromiso con los más pobres de la sociedad. Los encuentros de Puebla y Medellín echaron las bases de una pastoral social destinada a los moradores de los barrios pobres de las ciudades, a los campesinos y a los indígenas. Se trataba de « reevangelizar » a estas masas, todavía religiosas a pesar de siglos de abandono. Frente a la explotación y a la opresión, el ala progresista de la Iglesia sostuvo que era legítimo rebelarse contra un orden social injusto. Si bien la Teología de la Liberación estuvo presente en la mayor parte de los países latinoamericanos, fue en Centroamérica y Brasil donde su influencia fue más considerable. Frente a las dictaduras, la Iglesia abrió un frente de resistencia que sirvió de polo de atracción para las fuerzas de oposición, y participó activamente en organizar a los más desfavorecidos. En Guatemala y Ecuador, así como en el sur de México (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) su impacto fue mayor en las zonas indígenas. Por ejemplo, en el altiplano occidental de Guatemala, la Teología de la Liberación tuvo su mayor impacto, uniendo fuerzas, en los años setenta, con el movimiento revolucionario contra la dictadura militar que asolaba el país desde 1954. Entre 1978 y 1983, amplias areas del altiplano occidental estuvieron en estado de insurrección. Los indígenas revolucionarios guatemaltecos, apoyados por la Iglesia progresista, extendieron su acción al campesinado indígena que al principio, los acogió muy favorablemente. Después de intensos debates, la ORPA impuso al conjunto de la URNG el reconocimiento del carácter profundamente indígena del movimiento. Sin embargo, después de las primeras escaramuzas, se desató la represión militar, apoyada por EE. UU. ( y luego por Israel), la que alcanzó su cenit en 1982-1983, bajo la presidencia de Efraím Ríos Montt : más de 100 000 muertos, un millón de desplazados, y la población de regiones enteras encerrada durante años en campos de concentración bautizados « aldeas modelo ». La rebelión fue aplastada. Lo mismo ocurrió en al país vecino, El Salvador, salvo la dimensión étnica, ausente allí : tanto las víctimas como sus verdugos eran ladinos. Las insurrecciones de la Sierra peruana y del altiplano guatemalteco, con todas sus diferencias, ilustran para mí la forma del movimiento indígena típica del período de la Guerra Fría. En ambos grupos encontramos, en formas diferentes, la definición de la lucha india como parte de la lucha de los desposeídos, siguiendo las pautas generales

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del movimiento de descolonización. También encontramos huellas de una tradición cultural mucho más antigua : el milenarismo que inspiró tantas rebeliones indígenas en al época colonial y postcolonial. La utopia final es aquí el restablecimiento de una sociedad igualitaria y feliz que – se supone – caracterizaba la época precolombina : « Antes de los españoles, eramos libres y ¡volveremos a serlo!» Sin embargo, hay entre los procesos guatemalteco y peruano diferencias profundas : entre otras, el humanismo cristiano de los orígenes hizo que la guerrilla guatemalteca concentrara su fuego sobre el ejército, sin incurrir en las masacres de civiles que se atribuyen a Sendero Luminoso. Con la derrota de las guerrillas guatemalteca y salvadoreña, en los años ochenta y la de Sendero Luminoso a principios de los noventa, así como el estancamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos campesinos e indígenas buscarán otras vías para encauzar sus reivindicaciones y sus aspiraciones.

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2.

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN LA GLOBALIZACIÓN

2.1 La fase actual de la globalización : sus características El fenómeno de la globalización es tan antiguo como las grandes exploraciones de Asia y África y la conquista de América, o sea que tiene cinco siglos. Ahora bien, ha tenido varias fases, según las potencias dominantes (España, Portugal, Francia, Inglaterra…) y el tipo de relaciones que establecieron con los pueblos dominados : mercantilismo, colonialismo, imperialismo. Se toma generalmente la caída del muro de Berlín (1989) como marcador simbólico del fín de la Guerra Fría y del inicio del período actual, que yo llamaré : la era de la globalización bajo la hegemonía estadounidense. El año 1989 es un marcador más bien simbólico, puesto que muchos de los procesos que se observan, como la lucha del capital norteamericano por la hegemonía, habían empezado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las características principales del período actual, está una nueva concepción del Estado y de sus relaciones con la economía y la sociedad. Esa doctrina económica se conoce como ‘neo-liberalismo’, y que yo prefiero llamar ultraliberalismo, puesto que depués de dos decenios, ¡ya no es tan ‘neo’! Entre sus principios fundamentales podemos resaltar : a. La sociedad está compuesta por individuos y empresas y el mercado el es mejor regulador de las relaciones entre ellos. Toda agrupación de individuos (sindicatos, asociaciones…) introduce desviaciones nefastas. b. El Estado debe limitar su acción en asegurar la seguridad pública y unos servicios mínimos, así como crear condiciones óptimas para la empresa ; pocos impuestos, libre acceso a los recursos, mucha flexibilidad laboral, etc. c. El mejor Estado es el que está organizado él mismo como un mercado : las eleccciones permiten al ciudadano-consumidor escoger al mejor entre varios productos políticos. En principio, no se admiten las dictaduras, pero sí, regímenes fuertes. Cuando, a fines de los ochenta, la superpotencia soviética perdió la Guerra Fría, EE. UU. estaba todavía en la mejor posición militar y financiera para ocupar, no sólo política sino economicamente, gran parte de los espacios sustraídos a su área de influencia (Oriente Medio, Asia del Sureste)4. Así que la década de los noventa fue marcada por el intento de reorganización del mundo a partir de un centro único, Estados Unidos. Lo brutal, e inacabado, de la invasión de Irak muestra que este intento dista mucho de estar terminado. Por otra parte, el estallido contemporáneo de muchos movimientos socio-políticos, pero también cultural-identitarios, corresponde a la inestabilidad intrínseca del nuevo modelo de libre mercado (expansiones y contracciones violentas del Capital, con tres recesiones en veinte años) a pesar de los esfuerzos políticomilitares de la nueva potencia hegemónica mundial para efectuar esta reorganización. Entre los intereses estrátegicos estadounidenses sobresalen hoy en día el control 4

Japón, quien llegó a ser en los años ochenta la segunda potencia económica mundial, no había alcanzado todavía la potencia militar suficiente, cuando empezó el derrumbe de la U.R.S.S. En 1990, la economía japonesa entró en un largo estancamiento del que a penas empieza a salir.

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migratorio y las luchas (ineficientes) contra el narcotráfico, y el terrorismo (Morales 2005 : 2). En América Latina, nos encontramos ahora frente a un nuevo modelo de acumulación de capital que se traduce en nuevas formas de articulación con el centro hegemónico, Estados Unidos. Mientras que, desde fines del Siglo XIX, esta articulación descansaba sobre la entrega de un número limitado de materias primas, agrícolas (café, algodón, azúcar…) y mineras (cobre, estaño, oro y luego petróleo), en los útimos veinte años se estableció un modelo de acumulación fundado en parte en la maquila industrial (norte de México, Centroamérica) pero sobre todo en el control financiero de una amplia gama de actividades, desde el turismo hasta la tramitación de las cuantiosas remesas que los millones de trabajadores emigrados mandan para sus familias en Mesoamérica y en los países andinos (ibid.). En este contexto, se nota una disminución de las luchas obreras en América Latina mientras surgen nuevos actores sociales organizados, como los indígenas, los campesinos y las mujeres. Su característica común es oponerse a la globalización capitalista que los despoja de lo que poseían antes sin darles los medios de alcanzar los nuevos modelos. Estos nuevos actores ya no tienen necesariamente una base local o nacional, sino que, gracias al desarrollo de las comunicaciones (como Internet), pueden desarrollar alianzas solidarias a nivel internacional, como sucedió de forma espectacular en 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la vez, este contacto directo y regular con actores poderosos como fundaciones internationales (World Wildlife Fund o Ford Fundation, por ejemplo) plantea el problema de si va predominar la « lógica de funcionamiento » del movimiento social de base o de la institución internacional, que puede ser muy diferente (ver apartado 3).

2.2 Las mutaciones etnodesarrollo.

del

‘desarrollo’ :

desarrollo

sustentable

y

Y ¿qué pasó con el desarrollo? Recordemos que el concepto mismo fue elaborado en los albores de la Guerra Fría y que sus promotores estadounidenses y europeos tenían un objetivo bien claro en la mente : evitar que los soviéticos se aprovecharan de las luchas de descolonización para echar bases en Asia, África y América Latina. Desde entonces, se han sucedido muchas teorías y políticas de desarrollo, que sería muy largo examinar aquí en detalle. Se puede decir que hasta 1973, dominó la perspectiva de la modernización, de la que hacía parte el Desarrollo Regional Integral : el Tercer Mundo necesitaba ante todo inversiones, tecnología e infraestructura, y reorientarse hacia las exportaciones. Esta política, por supuesto, no tomaba en cuenta ni las demandas específicas de las mujeres ni de los indígenas. Las primeras interesaban sobre todo en cuanto a la reducción de su fecundidad, que se estimaba excesiva; de los segundos, molestaba su diferencia cultural, considerada un estorbo para una modernización necesariamente homogeneizadora. Pero fracasaron las políticas de modernización : en 1970, empezaron a escasear los alimentos en muchos países antes autosuficientes, y se pudo observar en Asia oriental y luego en la India como una alta población no era un obstáculo al crecimiento. A la vez, aparecieron varios movimientos de países que lograron exigir justos precios para sus materias primas, como los Países Exportadores de Petróleo organizados en la OPEP. Esto obligó al Banco Mundial a proponer, en 1973, una nueva política parcialmente orientada hacia la satisfacción de las ‘necesidades básicas’ y que promovía la participación. En esta nueva perspectiva, se reconoció por primera vez la contribución económica fundamental de la mujer al desarrollo, desde la producción de alimentos hasta la salud y se promovieron los

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primeros proyectos con « perspectiva de género » : apoyo a la pequeña horticultura familiar, atención médica a partir de las necesidades que expresaban las mujeres. Sin embargo, en 1982, una vez paralizadas las asociaciones de países productores de materias primas y después de haber inducido un endeudamiento irresponsable de muchos países, los grandes acreedores (FMI, banca privada internacional) impusieron los Programas de Ajuste Estructural (PAE), primera etapa del ultraliberalismo actual. La correlación de fuerzas favorecía otra vez a los países industriales, y se redefinió el desarrollo como mero crecimiento macro-económico, por el mercado, con un mínimo de gasto social. Esto significó recortes sustanciales en los fondos nacionales e internacionales destinados a las clases populares : desde el empleo hasta los subsidios al consumo y a la agricultura, pasando por los destinados a la educación y a la salud. En comparación con la primera concepción de la ‘modernización’, ahora se exige la retirada del Estado de la esfera económica en favor del ‘libre mercado’, es decir, del capital transnacional. La adopción de los PAE significó una deterioración importante del nivel de vida de las clases populares, tanto de los asalariados como de los sectores de auto-empleo; las mujeres sufrieron un impacto aún más duro, por su mayor precaridad laboral, así como por ser las primeras responsables del presupuesto familiar. Estas tres definiciones del desarrollo (modernización, ‘satisfacción de necesidades básicas’ y crecimiento ‘de mercado’) no tuvieron el mismo impacto social. Directamente afectados por los PAE, los campesinos, los indígenas y las mujeres lucharon por el mantenimiento de un modelo que tomaba en cuenta sus necesidades y unieron esta demanda con otras que surgían acerca de la defensa del medio ambiente.

2.3 Un nuevo frente : la lucha por el medio ambiente En efecto, en los años ochenta, se extendió rapidamente entre los varios pueblos del mundo la idea de que el medio ambiente global estaba en peligro y necesitaba protección. Se empezaban a notar a gran escala la contaminación del aire y del agua, así como los efectos dañinos de la ‘agricultura industrial’ con su uso masivo de fertilizantes, pesticidas, y variedades de alto rendimiento : suelos esterilizados, agua y alimentos contaminados y rendimientos decrecientes de la agricultura y la pesca. Se reevaluaron de forma positiva varias prácticas agrícolas campesinas, que antes se consideraban ‘rutinarias’ y ‘atrasadas’. Por ejemplo, intercalar varios cultivos en un mismo terreno : maíz con frijol, plátano con café, papa con maíz; también la horticultura de « tumba-y-quema » de los pueblos de la selva. Estas prácticas preservan e incluso restauran naturalmente la fertilidad del suelo, mejorando las cosechas sin necesidad de costosos (y dañinos) insumos químicos. Se reconoció la importancia de la cría de traspatio (pollos, guajolotes, patos, cuyes…), actividad tradicionalemente poco presente en los proyectos de desarrollo … por ser de las mujeres. Por su parte, los consumidores urbanos ya buscaban productos ‘orgánicos’ o sea, exentos de residuos químicos dañinos para la salud. La voluntad de compaginar la preservación del medio ambiente con los objetivos económicos dió origen al concepto de « desarrollo sustentable » que apareció en 1986, en el informe de la Comisión Mundial por el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presidida por Gro Brundtland. Esta misma preocupación estuvo al origen de la Cumbre de la Tierra, en 1992, en Río de Janeiro. Aunque hubieron pocos resultados concretos de esta conferencia, al negarse los países industrializados, principales contaminantes del planeta, a cambiar su modo de producir, sí se ratificó la Convención sobre la

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Diversidad Biológica. En el Artículo 8, las partes firmantes se comprometen a « respetar, preservar y apoyar los conocimientos, inovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, cuyos modos de vida son relevantes para la preservacón y el uso sustentable de la diversidad biológica, así como a promover su amplia aplicación, con el apoyo y la participation de los portadores de estos conocimientos […] y a fomentar el reparto justo de sus beneficios » (« Convention … » in LePrestre 2002 : 351-352). En consecuencia, empezaron a invitar a representantes indígenas a los programas de las grandes agencias internacionales de desarrollo (Martínez Mauri 2005 : 152). Los territorios indígenas contienen mucho más que tierras agrícolas : bosques, fuentes y ríos, que se consideran como un todo, a la vez natural y sobrenatural. Tanto en los Andes como en Mesoamérica, a menudo son las comunidades indígenas las que mejor han preservado la biodiversidad (Boege 2002). No por ser dotadas de un espíritu ‘conservacionista’, como lo imagina cierto romanticismo ecológista, sino porque los espíritus de la tierra castigan a quien despilfarra sus dones (Lazos y Paré 2000; Taller de Tradición Oral y Beaucage 2004). Hoy en día, existen todavía grandes areas de bosques en las zonas montañosas habitadas por los pueblos indígenas, cuyos recursos son codiciados por empresas madereras y mineras. Un ejemplo entre cien : en Sikapaca, Guatemala, en el 2005, una comunidad indígena se alzó contra una filial de Glamis Gold, una empresa minera canadiense, que explota una mina de oro y plata a tajo abierto en sus tierras, agotando los aquíferos y dejando toneladas de residuos tóxicos (col. 2006). Para contrarrestar las limitaciones de la nueva política neoliberal, las mujeres, los indígenas y los campesinos de América Latina han buscado ocupar este nuevo espacio, no sólo para organizar una resistencia al nuevo embate del capital, sino para elaborar alternativas sustentables al saqueo de sus recursos. Salta a la vista que estas preocupaciones chocan de frente con la concepción ultraliberal que se venía imponiendo a la vez. Para resolver la contradicción, a la vez que se agregaba la nueva etiqueta « sustentable » al desarrollo, los que toman las grandes decisiones mundiales lo subdividían solapadamente. En los países y en las regiones que se pueden integrar a la economía globalizada (el Cono Sur de América Latina, el Norte de México, el Este y el Sureste de Asia), la sustentabilidad del desarrollo significa un proceso económico de acumulación de capital que se mantiene a sí mismo. Para el resto de la humanidad, es decir, esa mitad que provee esencialmente mano de obra y algún mercado, el calentamiento global del planeta, una de cuyas causas son las emisiones de gas carbónico de los países industriales, ha aumentado también la frecuencia de las « catástrofes naturales » : sequías y hambrunas, inundaciones, tsunamis… Y las comunidades indígenas y campesinas son más vulnerables frente a esas : puede ser por la deforestación que hace desbordar más facilmente los ríos, cortando puentes y caminos, mientras que unos meses después escaseará el agua. Puede ser el mero incremento de las comunicaciones y de las migraciones que favorece la rápida difusión de epidemias como el cólera o de pandemias como el paludismo y el sida o el aumento de la dependencia en el abastecimiento exterior de alimentos. Estas catastrofes golpean más duramente a las mujeres, que tiene a su cargo la salud y la alimentación familiar. Se elaboraron políticas puntuales de ayuda hacia las poblaciones « particularmente vulnerables » a las catastrofes naturales y políticas, como los tsunamis, el sida y las guerras. Las grandes agencias internacionales, cuando deciden intervenir, optan generalmente por la llamada « ayuda humanitaria » que busca aliviar momentáneamente el hambre y la enfermededad. Esta asistencia humanitaria constituye la ‘cara humana’ de la globalización. Si bien es indispensable en situaciones

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de emergencia, no ataca las raíces del mal. La división del mundo en dos partes opuestas, la rentable y la ‘otra’, está presente desde el principio en el « oxímoron » del desarrollo sustentable (vease Escobar 1995; Rist 1996).

2.4 Apropiación y alternativas populares En varias partes de América Latina y del Tercer Mundo, organizaciones de base, habitantes de barrios populares, campesinos e indígenas, buscaron apropiarse del ‘desarrollo sustentable’ y relacionarlo con sus propias necesidades. Surgieron alternativas que tienen sus raíces en la toma de consciencia nacida en el período anterior. Por ejemplo, se formaron asociaciones para identificar de antemano los factores que vuelven más vulnerables a sus comunidades para tratar de intervenir frente a ello (Pentzke s.f.). Campesinos e indígenas compararon su producción agropecuaria diversificada con los ‘desiertos verdes’ del agribusiness y decidieron aumentar aún más la autosuficiencia del hogar a través de la cría de animales de traspatio, la reforestación con especies útiles, etc. En otro contexto, en barrios pobres de Brasil, nacieron hace varios años organizaciones de mujeres en torno a la promoción de las « necesidades básicas » de la mujeres : techo, comida y también procreación deseada y en buenas condiciones sanitarias. Estas luchas pronto desembocaron en otras demandas : contra la violencia de género y la discriminación. Cuando una fundación internacional que las financiaba quiso limitarlas a difundir la contracepción, tuvieron que aceptar formalmente, pero continuó su labor de promoción en cuanto a sus derechos reproductivos y a la lucha contra el machismo y la violencia de género (Marcotte 1992). En Saõ Paulo, una mujer de la zona pobre Baixada Fluminense lideró con éxito una campaña nacional contra la impunidad de la que gozaban los autores de crímenes contra su pareja, bajo el pretexto de que « defendían su honor ». Esas reivindicaciones no fueron ni son dirigidas exclusivamente al Estado o a las transnacionales, sino también a los hombres de sus pueblos y organizaciones. En la misma perspectiva, mujeres rurales de México, que se habían agrupado para comercializar sus artesanías, descubrieron que las normas patriarcales vigentes no les dejaban la autonomía suficiente para desempeñar sus actividades; más bien sus nuevas actividades suscitaban un incremento de la violencia de género y decidieron hacer una labor especificamente sobre ello (Labrecque 1989). Por su parte, varios grupos indígenas, insatisfechos del corte economicista de los programas propuestos, exigieron, en nombre mismo del ‘desarrollo sustentable’, definir ellos mismos los objetivos del desarrollo en función de sus valores propios y controlar los medios para alcanzarlo. A esto se le llamó etnodesarrollo. Este concepto aparece a principios de los años ochenta, en oposición al proceso de etnocidio5 que habían sufrido los pueblos indios. El etnodesarrollo implica : « la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación […] (« Declaración de San José...», 1981 : 24). La cultura que se quiere promover es lo que Bonfil Batalla llama « cultura propia », que incluye, a parte de la herencia precolombina, los elementos adoptados por los miembros de un grupo en el curso de la historia colonial y moderna, y que se opone a la « cultura impuesta » por el colonizador. La cuestión clave es : ¿quién tiene el poder de decidir 5

El antropólogo Robert Jaulin fué quien acuñó este término en 1970, en su libro sobre los indios bari de la frontera entre Colombia y Venezuela. A diferencia del genocidio que designa el exterminio físico, intencional, de un pueblo, el etnocidio es un proceso en el que los individuos quedan vivos, pero desopojados de su cultura, que es forzosamente remplazada por la cultura dominante.

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sobre los objetivos del desarrollo? Y ¿sobre el uso de los recursos (ecológicos, económicos, sociales) necesarios para el desarrollo? (Bonfil Batalla 1981 : 134-135). El éxito realtivo de las luchas indígenas al respecto inspiró a varias organizaciones campesinas a ampliar sus reivindicaciones tradicionales (de corte agrario y económico) para abarcar la defensa de un modo de vida propio (vease sección 6.4) Los grupos campesinos, aunque vayan subrayando más las dimensiones económicas y ecológicas, y no tanto las culturales, llegan a reivindicaciones similares sobre la necesaria autonomía en las decisiones que tocan a los recursos agrarios, a la tecnología propia, y a la transmisión de sus saberes, a la vez que pugnan por un retorno a la soberanía alimentaria de los países del Tercer Mundo (Vía Campesina 2007a). Se combinaron las ideas de agricultura orgánica con las de comercio justo, estableciendo redes duraderas y mutuamente provechosas entre productores campesinos e indígenas del Sur y consumidores del Norte. Un estudio comparativo que hice sobre la reacción de dos comuninades campesinas de diferentes regiones de México después del derrumbe de los precios del café, me permitió valorar las posibilidades y límites de las diversas estrategias adoptadas (Beaucage 2005). La venta de café orgánico permitió a una de ellas – con la agricultura más diversificada – superar la crisis, como sucedió también en varias partes de Oaxaca y Chiapas. Mientras que otras dos, más dependientes del mercado, optaron por la venta de un mayor volumen, con insumos químicos y a precio bajo, y la cuarta abandonó provisionalmente el cultivo del aromático para dedicarse a la colecta de productos silvestres de mayor precio en el mercado. En esas tres, aumentó la emigración, mientras que la primera lograba un mejor equilibrio entre una producción diversificada y las necesidades de las familias (Beaucage 2004). En cuanto a los medios de lucha, el proceso de la globalización ha fragmentado sus comunidades, pero les proporciona a la vez un conjunto heterógeneo de aliados : como ecologistas, antropólogos, feministas y teólogos de la liberación. También encontraron interlocutores en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) surgidas en los países del Norte en la gran época del desarrollismo y reorientadas a apoyar iniciativas locales. Estos actores tienen también intereses en las luchas y esto puede generar contradicciones, como veremos más adelante.

2.5 Conclusión Del análisis de la fase actual de la globalización, se desprende que el concepto designa dos fenómenos bien distintos. Por una parte, es exacto que vivimos en un período en que las mercancías, los capitales y la información circulan en forma acelerada, en comparación con períodos anteriores. Por otra parte, el concepto encubre, en primer lugar, que esta circulación no es neutra, sino que se hace bajo hegemonía estadounidense (hegemonía que parece cada vez más cuestionada). En segundo lugar, la globalización encubre también, una enorme ambigüedad en cuanto a la problemática del « desarrollo sustentable » en el Tercer Mundo; en la práctica, este se ve fragmentado entre un sector rentable, « de mercado », y un amplio sector al que le corresponden unicamente políticas puntuales de ayuda humanitaria destinada a los más « vulnerables » en caso de catástrofes (Mendes Pereira 2005 : 2). Esto permite entender la orientación que toman los movimientos populares actuales. Tanto las mujeres como los indígenas y los campesinos rechazan esta dicotomía. Para ello, se apropian algunos elementos del propio discurso del desarrollo (sustentabilidad, necesidades básicas y derechos culturales y de género) y elaboran objetivos y caminos propios de acción, como veremos a continuación con más detalle.

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3.

INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LOS ANDES Y DE MESOAMÉRICA

Los indígenas y campesinos de América Latina han resistido y resisten de varias formas y a varios niveles frente a la ofensiva actual del capital, esencialmente extractivo y financiero, para apropiarse los recursos que todavía quedan fuera de su poder. Examinaré separadamente la situación en las zonas con una alta densidad indígena de Mesoamérica y de los Andes, para después examinar el caso de Brasil. Pienso que hay suficientes diferencias en los procesos de estas dos áreas para justificar la división, aunque hay tendencias recientes muy claras hacia la convergencia, como veremos más adelante.

3.1 La lucha por la tierra El recurso fundamental por el que han luchado los indígenas durante los últimos cinco siglos es indudablemente la tierra. No se puede entender el significado de esta lucha sin volver al tipo de colonización que impuso España en esta amplia área, que va desde los Andes hasta Mesoamérica, la más poblada de la América precolombina. Los historiadores han estudiado este modelo colonial de conquista-subordinación, que obligaba a los pueblos indígenas a una aculturación forzada, rápida, tanto a nivel religioso (la ‘conversión’) como político : se fraccionaron los imperios y reinos, reduciendo la sociedad indígena a nivel de las comunidades : ayllus y calpullis. Se instauró una sociedad de castas : arriba, los españoles (y luego los criollos), abajo los ‘indios’. En el último escalón de esa jerarquía se encontraba la mujer indígena, sometida a lo que se llamó la « triple opresión » : explotada como trabajadora (en las haciendas y los obrajes), discriminada como indígena, y oprimida por el sistema patriarcal que había sido reforzado aún más por la conquista6. Esta estructura, social, étnica y de género se fue complicando con el aumento progresivo de los mestizos (‘ladinos’, ‘cholos’), pero se mantuvo mucho después de las independencias. Ha dejado huellas profundas hasta hoy en el imaginario social latinoamericano, más aún en las regiones con fuertes poblaciones indígenas. A nivel económico, en esta primera fase de la globalización, que corresponde al período colonial, a los indígenas se les obligaba a contribuir con su trabajo al auge del comercio internacional a través de la extracción minera y, luego, de productos agrícolas exóticos como el cacao y la caña de azucar; por otra parte, sin embargo, se les reconocía la propiedad comunal de tierras para su subsistencia (el ‘común de naturales’). En este exiguo espacio físico y social, los pueblos indígenas, a pesar de la grave crisis demográfica y cultural que acarreó la conquista española7, mantuvieron su identidad a través de esa relación con la tierra, y lograron la persistencia, abierta o disimulada, de amplios sectores de su cultura, a la vez que se apropiaban de instituciones religiosas y civiles españolas, ligadas a la vida aldeana (el cabildo, la cofradía, el compadrazo). Donde las comunidades indígenas eran bastante compactas, como en el Sur de México, el Oeste de Guatemala o en las Sierras y el Altiplano andinos, se mantuvieron los 6

El cristianismo de la época, si bien propuso el modelo ideal de la Virgen como contraparte de las Diosas-Madres, por otra parte difundió una imagen de la mujer real como un ser inferior, impuro por naturaleza y fuente de pecado para el hombre. 7 Se estima que la disminución de la población originaria, por el trabajo abusivo y sobre todo por la difusión de las enfermedades contagiosas, fue de alrededor de 50% en los Andes, mientras alcanzaba el 90 % en zonas de Mesoamérica; en las Antillas, los indígenas desaparecieron casi por completo.

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idiomas. Donde los colonos españoles recibieron ‘mercedes’ de tierras en medio de las comunidades, como en el Salvador, Nicaragua y Colombia, se generalizó el uso del español. Pero, incluso en estas zonas, las comunidades, ya definidas como campesinas, conservaron la misma concepción de la tierra comunitaria como el bien fundamental que hay que defender, sin el cual la existencia misma del grupo está amenazada. En efecto, sus tierras eran codiciadas por los hacendados, quienes, con la disminución de la minería, se reorientaron hacia la agricultura de exportación y la ganadería. La defensa de la tierra comunal o bien se hizo por la vía legal, como lo atestiguan las inumerables actas de los archivos coloniales; o bien estallaba la sublevación que, habitualmente, era a la vez protesta económica, motín y herejía. Las crónicas coloniales aluden una y otra vez a estos levantamientos de tipo ‘mesiánico’ que a veces se extendían a regiones enteras, como la rebelión de los tzeltales de Chiapas, en 1712 y la de Tupac Amaru, en la Sierra peruana, en 1780. El hecho que el mensaje evangélico pudiera ser interpretado una y otra vez por los indígenas para subvertir el orden colonial revela la capacidad de los grupos subalternos para utilizar los símbolos dominantes en una perspectiva propia. Las luchas agrarias no cesaron después de las independencias (1810-1821), puesto que la élite de criollos y mestizos que incitó a echar a los peninsulares generalmente trató de hacer funcionar el sistema en su beneficio. Se inicia entonces una segunda fase de la globalización, que corresponde a la dominación neo-colonial de potencias extranjeras sobre países políticamente independientes. Las burguesías criollas, nueva clase dominante, buscó articularse con los nuevos centros de poder económico, en primer lugar Inglaterra y luego Estados Unidos, e insertarse de pleno en el mercado internacional como exportadores de materias primas, tanto mineras como agrícolas, en dirección de las nuevas metrópolis. En las haciendas tradicionales, los indígenas estaban reducidos a la condición de ‘acasillados’, ‘huasipungueros’ o ‘terrazgueros’, obligados a pagar, mediante trabajo o en efectivo, para poder sembrar las tierras que siempre habían sido suyas. A principios del Siglo XX, en el Cauca, Colombia, el indio Quintin Lame dirigió la sublevación de los terrazgueros contra los terratenientes (Castrillón Arboleda 1973). En otras partes, para surtir a los nuevos mercados con el café, el algodón, el azúcar, el ganado, los liberales en el poder decidieron privatizar los bienes ‘de mano muerta’ es decir, las tierras eclesiásticas y comunales, expulsando a los campesinos indígenas o mestizos o convirtiéndolos en peones de hacienda. En 1848, los mayas yucatecos se negaron a abandonar sus milpas que los hacendados querían transformar en plantaciones de henequén (agave o fique) para surtir de fibra a las cosechadoras-trilladoras de McCormick, instaladas en la pradera de Estados Unidos y Canadá: la llamada ‘Guerra de Castas’ ensangrantó la península durante casi tres años. De México a Chile, abundaron los levantamientos en contra de esta gran expropiación que hizo el capital apoyado por los ejércitos llamados nacionales. Al fin, uno de ellos fue victorioso : la Revolución mexicana, que duró de 1910-1917, logró la inclusión de la reforma agraria en la Constitución. En consecuencia, en los años 1930, el presidente Lázaro Cárdenas realizó una reforma agraria en torno a un ideal de autosuficiencia alimentaria nacional, a la vez que la nacionalización del petróleo proporcionaba fondos para la educación, la salud y la industrialización del país. Se inauguraba una tercera fase de la inserción de América latina en la globalización, la que tuvo diversos nombres y que llamaré ‘la construction de un capitalismo nacional’.

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En efecto, el proceso ocurría también, con importantes variaciones, en otros países, como Argentina y Brasil. Pero, a diferencia de México, no se acompañó de reformas agrarias : la tierra quedó en manos de los latifundistas frente a cientos de miles de campesinos sin tierra. En consecuencia, la burguesía nacional en el poder quedó sin esos aliados esenciales en el campo, cuando la derecha político-militar arremetió contra ella8. Veinte años después de México, en Bolivia, el Gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, vencedor de la Revolución de 1952, también accedió a las reivindicaciones agrarias de los campesinos del altiplano y realizó una reforma agraria, a la vez que nacionalizaba las minas de estaño. En ambos países, los campesinos indígenas, a través de sus asociaciones, se volvieron firmes apoyos a las fracciones progresistas de la burguesía nacional que les habían reconocido su derecho a la tierra a la vez que otorgaba a los obreros el derecho a la sindicalización. En ambos países también, la redistribución de las tierras se acompañó de una política general de reapropiación de los resursos fundamentales del país. La política educativa incorporó a un número creciente de jóvenes, incluyendo mujeres, y la política de salud mejoró las condiciones pésimas que existían previamente en el campo, en particular la salud materno-infantil. En 1961, el miedo a la expansión de la revolución cubana (1959) en Latinoamérica, incitó Estados Unidos a proponer para el continente un amplio programa de reformas, conocido como la Alianza Para el Progreso; incluía planes de reforma agraria, para incorporar a los campesinos al mercado, como productores y consumidores. Varios gobiernos se negaron rotundamente a todo cambio, como Guatemala y El Salvador. Otros pusieron en marcha procesos que fueron a menudo interrumpidos por un golpe de Estado militar (Honduras, Brasil). En Ecuador, la reforma agraria se realizó en dos fases, respondiendo también a una movilización campesina : a partir de 1964, se eliminan los rezagos feudales del huasipungo, y a fines de los 70, se empieza a repartir las grandes propiedades. A diferencia de los otros dos países, la Iglesia católica dió un apoyo importante al movimiento agrarista ecuatoriano (Bretón 2001 : 113 sig.). Los campesinos indígenas de las tierras altas no tienen sólo que luchar contra los latifundistas: tanto en Mesoamérica como en los Andes, tuvieron que enfrentarse con las empresas mineras. En efecto, estas reciben de los gobiernos nacionales amplios permisos de extraer cobre, oro o estaño del suelo (frecuentemente en tierras indígenas) a cambio de unas regalías que, si bien contribuyen al erario público (y a los ingresos privados de los altos funcionarios públicos), dejan a las comunidades sólo los sueldos miserables de los mineros y, cuando se van, sólo canteras y pozos abandonados, suelos desgastados y mantos acuíferos agotados o contaminados. En Perú y Bolivia apareció hace más de cien años un nuevo tipo social : el indígena campesino-minero, que conserva y explota tierras en su comunidad y trabaja en al mina. En esas regiones, hubo y hay una resistencia cada vez mayor a la explotación y al saqueo. Las luchas mineras en Bolivia llevaron a la expropiación de las minas de estaño y a la constitución de la ente pública Comibol, en los años cincuenta, cuando llegó al poder el MNR. En Perú, los mineros campesinos de la región de Pasco obtuvieron del gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado (1968-1976), la nacionalización de la mina Cerro de Pasco cuya fundición de cobre contaminaba sus tierras hace decenios. Sin embargo, las políticas neoliberales llevadas a cabo en América latina se tradujeron en la reprivatización de las empresas estatales de minas e hidrocarburos y volvieron los 8

Tanto en Guatemala (1954) como en Brasil (1964), los intentos de promulgar leyes de reformas agrarias fueron parados por golpes militares.

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mismos problemas. Por ejemplo, durante los últimos tres años, la comunidad maya de Sipakapa (San Marcos, Guatemala) lleva a cabo una lucha contra la extracción de oro a tajo abierto por la Montana Exploradora : esta pertenece à Glamis Gold, una empresa canadiense que recibió un subsisdo de 45 millones de dólares del Banco Mundial (col. 2005). La actividad de esta reduce dramaticamente el abastecimiento de agua de miles de campesinos, mientras que sus residuos, con alto contenido de cianuro, amenazan directamente la salud de la gente y de sus rebaños de vacas y ovejas. Apenas una de las doce comunidades de la región recibe algún beneficio económico de esta explotación, mediante los sueldos (bajos) pagados a una parte de sus habitantes que trabajan en la mina. Los comuneros han combinado la acción directa con los trámites jurídicos. Por una parte, en 2004, bloquearon la carretera de acceso à la mina, cuando supieron que se iba a transportar un enorme tanque destinado a almacenar el cianuro que utiliza la empresa. Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el gobierno) prohibe las concesiones de tierras para explotación de riquezas naturales en zonas indígenas, sin consultación y aprobación por estas. Así que en 2005, se organizó un referendo en todas las comunidades, siguiendo los usos y costumbres : todas (menos una) rechazaron masivamente la ampliación proyectada de la mina y pidieron el cese de sus operaciones. Se entregó este resultado a las autoridades que, hasta entonces negaban la existencia del problema9. Los campesinos indígenas de los Andes no sólo se enfrentan con la explotación directa de recursos en sus tierras, sino con los problemas que gerera el transporte de petróleo y de gas desde los pozos, situados en las tierras bajas de Oriente y las ciudades y puertos de la Costa Pacífica. En Ecuador, la empresa EnCana, una petrolera canadiense, en años recientes se abrió paso de la selva al mar, cruzando cientos de kilómetros de territorios indígenas y tierras comunales, expropiando, reubicando comunidades y contaminando ampliamente la tierra, el agua y el aire. No sólo obtuvo el permiso de los gobiernos neoliberales, sino que estos le prestaron el apoyo de las fuerzas de represión contra los oponentes, campesinos, ecologistas y periodistas (Drost 2005). Mientras que, en los casos anteriores, las comunidades indígenas que viven de la tierra se oponen a que esta sea expropiada y destruida por expresas mineras extranjeras, la situación es muy diferente donde, como decíamos antes, las comunidades combinan, a veces hace más de un siglo, el trabajo de la mina con la agricultura y la ganadería. Aquí el problema surge cuando la empresa cierra la mina de la que dependen pueblos enteros. A menudo, no se han agotado las reservas de cobre o de estaño, pero las transnacionales han descubierto en otras partes del mundo yacimientos más rentables. O, como ocurrió en Bolivia en los años ochenta, son los grandes acreedores internacionales que obligan al gobierno a cerrar las minas que exigirían inversiones importantes para su modernización. 9

Una situación similar prevalece en el noreste de Guatemala, donde una comunidad maya kekchi intenta recuperar las tierras que le fueron arrebatadas por otra empresa minera canadiense, la Flye, que opera bajo el nombre de Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN). La empresa ocupa trescientas hectáreas sobre las mil que el gobierno guatemalteco ha otorgado a empresas mineras extranjeras, o sea, la tercera parte del territorio de los maya kekchi en la región. Cuando trescientas familias ocuparon pacificamente las tierras, fueron violentamente desalojadas. Paralelamente, prosiguen la lucha legal, amparados por la Defensoría Q’eqch’i, una ONG local. En el contexto guatemalteco, sin embargo, el espacio para las luchas legales es mucho más reducido que en otros países : en esta misma región tuvo lugar, en 1978, la masacre de Panzos, cuando los indígenas protestaron contra la International Nickel Company (INC), otra empresa minera canadiense que había usurpado sus tierras.

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Muchos de los mineros abandonaron entonces sus pueblos para irse a las capitales, donde les esperaba una vida precaria en los « pueblos jóvenes », como se llaman a las barriadas pobres de Lima, o en El Alto, cerca de La Paz. Otros se fueron a las selvas de oriente, y trataron de sobrevivir de la agricultura en condiciones difíciles, tanto economicamente como para su salud e incluso para su seguridad física (por la presencia de las mafias de la coca). Una tercera parte se quedó y continuó la explotación minera en condiciones artesanales. Grupos de trabajadores, a menudo familiares o amigos, explotan juntos unas galerías abandonadas y venden el mineral recolectado a comerciantes locales. Si bien esto les permite no abandonar a su familia ni su pueblo de origen, esos mineros artesanales se enfrentan con numerosos problemas. En primer lugar, se les paga un precio muy bajo por el mineral; por eso, en Bolivia, se organizaron en cooperativas, para aumentar su capacidad de negociación y regular los conflictos que podían ocurrir entre ellos en la mina. Otro problema surge cuando, después de un alza importante del precio del mineral, las empresas que habían abandonado deciden volver, como ocurrió en octubre 2006 en Huanuni, Bolivia, donde los trabajadores de la empresa pública Comibol se enfrentaron con los miembros de las cooperativas (con un saldo de 16 muertos y 61 heridos). En cuanto a relaciones de género, una ideología patriarcal imperó en el reparto agrario. A nivel legal, la tierra se entregaba a los « hombres jefes de familia » y las mujeres sólo podían usufructarla a título provisional, en caso de viudez, y esperando que un hijo varón pudiera ser titular. El Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, reconocía, en un balance de su labor agrarista, que no había « logrado definir una estrategia de acción sobre este tema » (cit. por Bretón 2001 : 118). La promoción de las mujeres será paulatina, a través del acceso ampliado a la educación primaria y secundaria, así como de su incorporación al mercado de trabajo y a las organizaciones. En los antiguos pueblos mineros, el cierre de las empresas ha hecho la vida más difícil para las mujeres. Con el éxodo de los hombres, recae sobre ellas una parte considerable del trabajo para la subsistencia de la familia. Donde se mantiene la minería artesanal, frecuentemente se incorporan niños y mujeres a este trabajo minero, lo que tiene consecuencias negativas sobre su educación y su salud. Las mujeres han respondido a estas nuevas necesidades conformando grupos de barrio para buscar soluciones colectivas a estos problemas, a la vez que para adquirir conocimientos y nuevas formaciones profesionales.

3.1.1 Conclusión Los procesos agrarios de México, Bolivia y Ecuador ilustran una propuesta fundamental del pensador y político peruano Carlos Mariátegui, quien sostenía, contra los que veían la indianidad únicamente como una cuestión ‘cultural’, que la condición indígena en las antiguas colonias españolas de Mesoamérica y de los Andes tenía una dimensión agraria fundamental (Maríategui 1969). Ahora bien, el reparto agrario, donde se hizo, se hizo hacia campesinos. Así que, en un primer tiempo, los indígenas, tanto mexicanos como bolivianos y ecuatoriamos pusieron énfasis en su identidad campesina, que les permitía beneficiarse de las reformas. En sus parcelas, hombres y mujeres del campo cultivaron los productos alimenticios básicos (papas, maíz, frijol) para alimentarse y vender sus excedentes a la población de las ciudades, mientras que las grandes propiedades seguían orientadas más bien al mercado industrial o exterior. Así vemos como la reivindicación actual de soberanía alimentaria se

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inscribe en las tendencias históricas profundas de la actividad de los campesinos indígenas; particularmente de las mujeres quienes, cuando el marido trabaja en la mina o emigra, tienen la responsabilidad principal de producir la comida de la familia. El caso de los pueblos mineros de Bolivia y Perú nos muestra, sin embargo, que la identidad indígena bien puede coexistir con una ocupación fuera de la agricultura : el factor decisivo parece ser la pertenencia a una comunidad. En fin, el « desarrollo » capitalista, en el campo, la ciudad o la mina, se hizo ignorando los problemas específicos de las mujeres, suponiendo que « las mantiene su marido » : la crisis agrícola o minera plantea problemas nuevos, y agudos, para las mujeres, obligando a buscar nuevas salidas.

3.2 Etnodesarrollo en zonas indígenas : México y Ecuador Ya mencionamos como a fines de los años sesenta, muchos gobiernos latinoamericanos descubrieron que se encontraban con un déficit alimentario que, además de estimular la inflación, les obligaba a gastar buena parte de sus escasas divisas extranjeras para comprar los granos que antes producían. En muchas partes, se decidió entonces llevar a los campesinos indígenas los « beneficios de la revolución verde », promovida por la Alianza para el Progreso y que había impactado sobre todo a las grandes propiedades : se trataba esencialmente de un paquete tecnológico compuesto de variedades de alto rendimiento, fertilizantes químicos y pesticidas, más la mecanización de cuantas operaciones fuera posible. En México, el Plan Puebla fue su adaptación al campesinado indígena y mestizo de la Sierra y del Valle. Por su parte, los campesinos indígenas, una vez en posesión de una parcela, se daban cuenta que no por eso se acababan sus problemas (Bretón 2001 : 119, nota 34). Para poder producir, necesitaban ciertos productos manufacturados, tanto sus herramientas como bienes de consumo básicos (ropa, cazuelas…). Por eso tendrían que dedicarse en parte a cultivos comerciales, como café, algodón, caña de azúcar, en tierras antes dedicadas a la producción de autoconsumo. Pero los intermediarios compran barato y venden caro. La solución que ofrece la ‘Revolución verde’ es producir más para compensar la baja de los precios. Lo que implica comprar más fertilizantes, etc. (y el precio de estos productos nunca baja) y reducir o eliminar la producción de autosubsistencia y el descanso de la tierra. En otras palabras, el mercado es una tenaza que oprime el campesino tanto cuando compra como cuando quiere vender. De allí el interés de buscar formas alternativas de intercambio, como asociaciones de productores o cooperativas de consumo, para eliminar el costoso intermediarismo. Así que un auténtico etnodesarrollo, o sea una verdadera reapropriación de sus recursos para satisfacer las necesidades definidas por la cultura, pasa necesariamente por el control de los mecanismos económicos de intercambio, además de la subsistencia. Para mostrar los logros y también las dificultades a las que se tienen que enfrentar esas experiencias, compararé brevemente dos procesos : el primero en la Sierra Norte de Puebla, al que estuve asociado durante varios años, y otros en distintas regiones de Ecuador (Bretón 2001; Ospina Peralta 2005).

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3.2.1 Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla (México) contra el « desierto verde » En México, la burguesía industrial que alcanzó el poder después de la revolución vió la necesidad de modernizar el campo e impulsó reformas en la tenencia de la tierra (la reforma agraria), en educación, en salud y en extensión agrícola. Al campo se le confió la tarea de proveer alimentos baratos a la creciente población de las ciudades, y también materias primas para la indústria y divisas para las exportaciones. Logró cumplir esta tarea durante treinta años, de 1940 a 1970, aproximadamente. Sin embargo, en 1969, cuando llegué a la Sierra Norte de Puebla, región densamente poblada por los indígenas nahuas y totonacos, parecía que el progreso social y político no había llegado aún. El poder regional estaba en manos de unos caciques que lo controlaban todo, desde el comercio del café a la designación de las autoridades locales (en colusión con el « Partido del Estado », el PRI), pasando por el lucrativo monopolio de la producción y distribución del aguardiente. En la Sierra baja, los campesinos indígenas cultivaban maíz en sus reducidas parcelas y habían adoptado y adaptado la caficultura, como estrategia a la vez económica y ecológica (Beaucage 1974). Se cultivaba maíz en las tierras más productivas, para cubrir parcialmente el consumo, mientras que los cafetales habían sido sustituidos casi completamente por la cobertura vegetal en las lomas abruptas y pedregosas. La caficultura tradicional indígena no tiene que ver con el monocultivo de los latifundios, puesto que hemos censado en los cafetales más de ciento sesenta plantas comestibles, medicinales, o utilizadas para construcción, artesanías y leña (Taller de Tradición Oral y Beaucage 1997). Gracias a esta diversidad vegetal, y a la sombra de los Ingas, se puede preservar indefinidamente un suelo accidentado, que sería rapidamente erosionado por la agricultura o la ganadería. Además, el cafetal indígena cobija una numerosa fauna y avifauna. En este ambiente, el cafeto ‘criollo’ si bien se desarrolla más despacio, puede producir durante treinta años. En 1970, una crisis agrícola mundial disparó el precio del maíz, mientras que estancaba el precio del café, haciendo entonces menos viable este modelo, y empezó una migración fuerte hacia las ciudades A la vez, se desarrolló en la región una lucha popular en varios frentes. Primero, una organización agraria, la Unión Campesina Independiente, se formó para protestar contra una alza abusiva del impuesto predial, primero, contra la persistencia de latifundios encubiertos en la Sierra Alta, después. El gobierno respondió con una represión selectiva, que acabó con la UCI. Luego, en 1974, se puso en marcha el Plan Zacapoaxtla para traer a la región la famosa ‘revolución verde’ implantada en otras partes. Se decretó la Sierra baja ‘zona cafetalera’ y se encargó al Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) la tarea de aumentar a todo costo esta producción que, en aquel período pre-petrolero, traía al país importantes divisas extranjeras. El plan de INMECAFÉ era transformar la región en lo que se llama hoy día un ‘desierto verde’ : una zona enteramente dedicada al monocultivo, con variedades nuevas de rápido crecimiento y de alto rendimiento con la eliminación de las milpas y de la diversidad florística del cafetal. Para apoyar el programa, se contaba con créditos y asesoría técnica y se compraba a precio de

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garantía la cosecha a los campesinos agrupados en Unidades Económicas de Productores de Café (UEPC). A la vez, e independientemente, se consolidaba un amplio movimiento campesino, la Unión de Pequeños Productores de la Sierra (UPPS), que luego tomó la forma legal de Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske (SCARTT). Con la asesoría de jóvenes agrónomos progresistas y de católicos socialmente comprometidos, atacaron de frente el intermediarismo implantando una red de cooperativas locales que eran a la vez puntos de abastecimiento básico, a precios preferenciales, y centros de acopio para el café, la pimienta gorda, las frutas y otros productos regionales. Aunque el gobierno estatal de Puebla se puso de parte de los acaparadores (sin hablar de los gobiernos municipales, directamente controlados por ellos), los campesinos recibieron el apoyo del gobierno federal, entonces empeñado en modernizar la agricultura campesina, aunque fuera a expensas de los caciques. En 1984, o sea, en menos de diez años, la SCARTT agrupaba a más de cincuenta comunidades, esencialmente nahuas, con ocho mil socios. El kilo de café cereza, que en 1970 se canjeaba en las tiendas por un kilo de maíz – el alimento básico de los indígenas mexicanos - llegó a valer cinco kilos del cereal, lo que se tradujo en una innegable mejora del nivel de vida del campesino indígena (Beaucage y Montejo 1984). En los pueblos surgieron comités para traer luz eléctrica, agua entubada, clínicas y escuelas. Las obras de infraestructura crearon fuentes de trabajo para los tiempos muertos de la agricultura. Durante estos años, contrariamente a lo que quería imponer INMECAFÉ, la SCARTT fomentó el autoabastecimiento y la diversificación agro-ecológica entre los campesinos indígenas. Por una parte, se proporcionaba fertilizante para el maíz, para aumentar la productividad de las pequeñas parcelas, favoreciendo la auto-subsistencia. Por otra parte, se encontraron mercados para producciones complementarias dentro de los cafetales, como naranjos, plátanos, zapote, mamey y pimienta gorda (Pimenta dioica), para evitar la dependencia del monocultivo, a la vez que las plantaciones evitaban la erosión en las fuertes pendientes. Aunque los campesinos indígenas no descartaron los créditos de INMECAFÉ, se identificaron más con la SCARTT, cuyas propuestas correspondía a su estrategia productiva tradicional. En 1989, cambió bruscamente el panorama : Estados Unidos se negó a firmar de nuevo el acuerdo internacional que fijaba un precio de garantía y se derrumbó el precio internacional del café. Cuando el gobierno mexicano, aplicando una política ultraliberal, suprimió INMACAFÉ, se fragilizó la economía campesina y aumentó la emigración. La organización se hizo más dependiente del financiamiento estatal, el cual estaba ligado a la ejecución de determinados proyectos de infraestructura, cuando no a un apoyo político abierto al partido en el poder. A partir del 1993, la SCARTT cambió su estrategia de policultivo sustentable y propuso el monocultivo con insumos químicos, para aprovechar el alza de precios (que duró a penas cuatro años). Desde 1998, ha estado intentando regresar a una perspectiva medioambientalista y de autosuficiencia en la explotación de los recursos naturales. Se busca colocar en el mercado productos de ‘valor agregado’ como café orgánico (con marca propia), miel virgen y mermeladas de frutas locales. Además de proteger la tierra que soporta

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la milpa y el cafetal, la organización ha descubierto que el entorno natural con montañas verdes y sus cascadas, y su rica tradición cultural indígena, posee un importante atractivo turístico, hasta ahora aprovechado únicamente por el sector hotelero y comercial privado. Se edificaron viviendas para acoger al turismo nacional e internacional. A pesar de estas iniciativas, sin embargo, en un contexto general de ultraliberalismo, completado por ayudas estatales de corte asistencialista, le dificulta a la SCARTT el constituir una alternativa fuerta a la emigración, para los campesinos nahuas. Sin embargo, los logros de los indígenas de la Sierra baja rebasaron mucho el campo estrictamente económico. Dejaron de aceptar el trato despectivo de que eran objeto por parte de la población mestiza. Su empoderamiento se manifestó cuando la SCARTT logró imponer su canadidato en las elecciones municipales de Cuetzalan, en 1986. En cuanto a la participación de las mujeres, ellas se fueron incorporando paulatinamente, a medida que iba avanzando la organización. El proceso fue indudablemente lento, debido en parte a la fuerza de la ideología patriarcal en las sociedades indígenas mesoamericanas (una situación parecida se vive en los Andes). En un principio, acudían muy pocas a las asambleas y no tomaban la palabra : la mayoría decía que « no hablaban bien » el castellano y, sobre todo, no era la costumbre que las mujeres participaran en reuniones ni otros eventos públicos. Sólo asistían las viudas y algunas solteras. Progresivamente, ante la falta de personal para las tiendas cooperativas, se contrataron mujeres jóvenes y escolarizadas, que cumplieron con sus tareas a la satisfacción general10. Pero no se conformaron con este papel subalterno : en un pueblo, crearon su propia tienda, para abastecerse con productos de uso cotidiano que los hombres « olvidaban de traer » a la tienda cooperativa : ¡como hilo y agujas!. A nivel regional, varias mujeres crearon una sociedad independiente de artesanas para promover mejor la venta de sus tejidos. A la vez, sus nuevas actividades las incitaron a cuestionar la división tradicional de las responsabilidades entre hombre y mujer. Unos hombres no admitían que sus esposas o hijas pasaran tanto tiempo « fuera de casa » y las activistas eran a menudo objeto de chismes crueles, pretexto de violencia doméstica. Más de una pensó en « dejarlo todo » frente a estas dificultades, pero, a mediano plazo, el hecho de reunirse con otras mujeres permitió a cada una darse cuenta que muchas vivían los mismos problemas; también contribuyó la ayuda y el ejemplo de las asesoras no indígenas, que ocupaban puestos de decisión junto a hombres y mostraban que era posible combinar vida profesional y vida familiar. Las mujeres lograron la inclusión de sus propias reivindicaciones (en materias de salud, de vivienda, de servicios) en los pliegos petitorios que antes, reflejaban casi exclusivamente el punto de vista masculino. Una de las actividades de la sociedad de artesanas que tuvo mayor impacto fue la realización de una jornada contra la violencia de género, en la propia cabecera regional, un día de mercado : cientos de mujeres visitaron los quioscos de información y muchas participaron en los talleres. En varias partes de México, la lucha contra la

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Me comentaba humorísticamente un cooperativista ; « Esque ellas no toman [aguardiente], no hacen cuentas chuecas y ¡atienden a las compañeras que vienen a comprar sin intentar enamorarlas! »

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violencia y el asedio sexual fue incorporada a las demandas económicas y por servicios de las organizaciones de mujeres (Saumier 2001). 3.2.1.1

Conclusión En la Sierra de Puebla, después de una breve fase agrarista, el movimiento indígena campesino para la defensa de los recursos, permitió arrebatar a la burguesía regional mercantil el control de los procesos de producción, comercialización y abasto. Si bien triunfaron a nivel regional, las fluctuaciones del precio del café en el mercado mundial y la política ultraliberal del gobierno mexicano, a partir de 1984, no dejaron que se consolidara a largo plazo la economía agrícola regional próspera implementada en los años setenta. Aunque no se logró repetir la experiencia del « alcalde de las rancherías » de 1986-1989, la lucha económica ha tenido un impacto social y político importante : los indígenas organizados ya son un actor imprescindible en la vida regional y están desapareciendo los modelos racistas de comportamiento. Por otra parte, el propio desarrollo de la organización ha implicado la apertura de nuevos espacios para las mujeres indígenas, algunos compartidos con los hombres en la SCARTT, y otros propios en la sociedad de artesanas.

3.2.2 Los quichuas de la Sierra ecuatoriana : de la reforma agraria al etnodesarrollo Resulta esclarecedor la comparación entre este proceso en México y otros que analizaron Bretón (2001) y Ospina Peralta (2005) en la Sierra ecuatoriana, entre los años 1980 y 1990. Hemos mencionado anteriormente que en Ecuador, el movimiento agrario desembocó, a partir de 1964, en una reforma agraria que transformó la estructura social y económica de la región serrana, con la distribución de cientos de miles de hectáreas de tierras de las haciendas hacia los campesinos indígenas (Bretón 2001 : 156 sig.). Las exíguas parcelas otorgadas, sin embargo, no permitieron una verdadera reapropiación de los recursos que permitiera la reproducción fisíca y social del campesinado, como se ve por la continuidad de la emigración (ibid. : 159). Si bien esta constituye un fenómeno antiguo en la Sierra, solía ser integrada en el ciclo de vida : los hombres, sobre todo, salían a trabajar a la costa o a la ciudad para juntar el dinero necesario para la construcción de su casa o para la compra de una parcela que trabajarían después. Ahora cobra más importancia la llamada « descampesinización » : varios migrantes, hombres y mujeres, ya no se dedican después a la agricultura o a la artesanía, ni siquiera cuando regresan a su comunidad. Optan por insertarse en el mercado del trabajo asalariado o en el auto-empleo (perqueño comercio, transporte, etc.). Varios organismos - sobre todo relacionados con la Iglesia Católica, pero también con los protestantes (ibid. : 165) - después de facilitar el acceso a la tierra, incitaron a la creación de organizaciones para luchar contra la exclusión social. A estas, se les denomina « organizaciones de primer grado (OPG) » cuando operan a nivel comunitario y « de segundo grado » (OSG), cuando incorporan varias OPG a nivel regional. El trabajo de los grupos de apoyo hizo hincapié en la formación de los cuadros (el llamado « capital social ») para echar

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a andar un desarrollo alternativo, para y por los indígenas. Mientras tanto, la acción estatal se hacía marginal, de acuerdo con la doctrina ultraliberal (ibid. :163, 167). Este contexto tuvo ventajas evidentes, así como inconvenientes. En cuanto a las ventajas, las organizaciones no tuvieron que depender de las fluctuaciones del precio de determinados productos para realizar sus actividades, como en la Sierra de Puebla. Tuvieron acceso a programas con fondos importantes, nacionales y sobre todo internacionales, como la Misión Andina del Ecuador, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progessio, etc. El contexto pareció favorable para que el Banco Mundial echara a andar, en relación estrecha con las OSG, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros de Ecuador (PRODEPINE), que quiso ser un modelo de descentralización y participación, el de mayor alcance en América Latina (ibid. : 232 sig.). Estos programas, así como las numerosas ONGs implantadas en el país, adoptaron la perspectiva del desarrollo sustentable y participativo y del etnodesarrollo, tal como lo definimos antes : las demandas debían surgir de las propias comunidades, quienes fijaban las necesidades prioritarias, dentro de las tres metas del movimiento : « respeto, democracia, desarrollo ». Esas demandas eran encaminadas hacia las organizaciones de segundo grado (OSG), a las cuales se atribuían los fondos. La autonomía financiera permitió realizar actividades en campos no inmediatamente redituables como la educación, la cultura y las infraestructuras. La práctica de la democracia en las organizaciones se vió favorecida por la política de descentralización administrativa del gobierno ecuatoriano a partir de los años ochenta. Se esperaba que el uso de los recursos naturales (tierra, agua, vegetación…) se reorientara « hacia dentro », al contrario del modelo « hacia fuera » de las haciendas. A nivel general, después de dos décadas, el balance tiene luces y sombras. Si bien ha surgido un nuevo liderazgo propiamente indígena, capaz de negociar con agencias estatates e internacionales, y si las organizaciones se imponen ya como interlocutores imprescindibles para cualquier programa de desarrollo, los indicadores globales de exclusión y marginalidad no se han modificado en la Sierra ecuatoriana, afectando tanto a la poblacion indígena como a la mestiza (ibid. : 145). No parece haber correspondencia entre la intensidad de la acción llevada a cabo por las ONGs y las organizaciones indígenas y el mejoramiento del bienestar material. Para entender mejor el proceso, sus logros y posibles fallos, utilizaremos el estudio de caso realizado por Ospina Peralta en la provincia de Cotopaxi y en el cantón de Cotacachi (prov. de Imbabura) De entrada, las dos regiones estudiadas recibían una evaluación negativa, aunque diferencial, de los organismos oficiales de desarrollo: en Cotopaxi, provincia de población densa y de tierra alta y erosionada, el desarrollo sería « imposible », mientras que es « posible » aunque difícil, en el cantón de Cotacachi, que cuenta con mejores recursos naturales (agua, tierra y clima). A diferencia del proceso mexicano examinado anteriormente, los proyectos de desarrollo regional nacieron de la fuerza política del movimiento indígena cuando quiso pasar de una fase de protesta a una fase de propuesta, como se lo exigían sus bases y sus aliados (Ospina Peralta 2005 : 7). Como se ha señalado, el auge ultraliberal de los años ochenta y noventa se caracterizó por la

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retirada del Estado, pero simultaneamente por la llegada en masa en varias zonas del continente de las ONG : en las regiones estudiadas, proporcionaron fondos y asesoría a las organizaciones11. Así que, en esta segunda fase, la relación entre las OSG y los instituciones externas (Estado, Iglesia, ONGs) fue desde un principio mucho muy estrecha. Por ejemplo, las instituciones proporcionan 95% del presupuesto de la OSG en Cotopaxi y 85% en Cotocachi (ibid. : 14). En cuanto a funcionamiento, Ospina Peralta observó diferencias importantes entre la provincia de Cotopaxi y el cantón de Cotacachi. En la primera, su análisis concluye que perduran viejas tradiciones clientelistas; los líderes de la OSG ocupan una posición similar a la del hacendado y las comunidades les piden fondos a cambio de apoyo político, mientras que los comités locales carecen de financiamiento y de importancia. En el cantón de Cotacachi, hay más autonomía de las comunidades donde mujeres y jóvenes participan en forma paritaria en la gestión presupuestaria (Ospina Peralta 2005 : 15). Espontáneamente, sin embargo, los proyectos de las comunidades se orientaron más a la realización de infraestructuras que hacia los proyectos productivos. Aquellas pueden ser necesarias para el desarrollo, como mejores vías de comunicación, pero a menudo son esencialemente simbólicas, como edificios públicos nuevos. En eso, se sigue una vieja tradición de « pedir para obras » mientras que hay poca experiencia de organizarse para producir; además (como en toda América Latina) el contexto ultraliberal aumenta el riesgo para cualquier empresa productiva rural (ibid. : 34) En Cotacachi es donde se formulan más proyectos productivos. Examinándolos, se notan tendencias profundas de la agricultura actual en la zona : su « feminización », entre los sectores más pobres (que representan entre 75 y 91% de la población – Bretón 2002 : 139), mientras que los hombres salen en búsqueda de trabajo asalariado. En Cotacachi, donde hubo más participación de las bases y de las mujeres pobres, los hombres propusieron proyectos orientados al mercado, y las mujeres, proyectos relacionados con la subsistencia (Ospina Peralta 2005 : 46). Se observan aquí iniciativas como un proyecto de ecoturismo, relacionado con la protección del medio ambiente (en particular contra la amenaza de la minería de cobre). En Cotopaxi, los fondos fueron mayormente atribuidos a una multitud de proyectos comunitarios de infraestructura. En ambos procesos, se observa el mismo « efecto colateral » : los mestizos les « tienen más respeto » y los indígenas « tienen menos miedo ». Un indígena añade : « Para consolidar el respeto, hay que gobernar bien. Si no, aumenta el racismo. » (ibid. : 23-24). En cuanto a la participación de las mujeres, Bretón subraya cómo la introducción de la perspectiva de género en el movimiento se debió originalmente a las ONGs (ibid.). Aún en 1999, el FEPP subraya en su balance que « la cobertura de mujeres en las actividades del proyecto es aún muy limitada. » (cit. por Bretón, ibid. 118). Sobre todo, si se considera el proceso de feminización de la agricultura, consecuencia directa de la emigración masculina (ibid. : 119). 11

En un estudio comparado de la distribución de la población indígena, de la pobreza y de las organizaciones nogubernamentales de desarrollo (ONGD) en Ecuador, Victor Bretón considera que la concentración de ONGs en el cantón de Cotacachi es « moderada » en comparación con cantones como Riobamba u Otavalo, por ejemplo. En la provincia de Cotopaxi, varia de « alta » en Latacunga a « baja » en Salcedo y Pujilí (Bretón 2001 : 139).

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Ospina Peralta analiza más detalladamente esa problemática en los dos proyectos y subraya como fue en Cotacachi donde las mujeres tuvieron un papel más importante: allí hubo más proyectos productivos y estos se relacionaron con las necesidades cotidianas de las familias. Concluye que la exclusión de género no tiene solamente un impacto sobre la condición de las mujeres, sino también un efecto claramente negativo en el propio desarrollo regional (Ospina Peralta 2005 : 46). 3.2.2.1

Conclusión En resumen, los campesinos indígenas de la Sierra ecuatoriana se han dotado de una estructura organizativa muy coherente, que integra a las comunidades (Organizaciones de Primer Grado – OPG), las regiones (Organizaciones de Segundo Grado - OSG) y el nivel nacional (CONAIE y FENOCIN). Se han fijado el objetivo general de reapropiarse colectivamente de los recursos, reorientando su uso hacia sus necesidades sentidas (etnodesarrollo) y, para ello, han participado en un gran número de proyectos, locales y provinciales, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, haciéndose « entidades protagónicas en el contexto del desarrollo regional. » (Carrasco 1993, cit. por Bretón 2002 : 126). Sin embargo, los estudios comparativos detallados llevado a cabo por Bretón, resaltan que si bien las Organizaciones no-gubernamentales de desarrollo han concentrado su acción sobre las regiones indígenas (generalmente las más pobres) y han contribuido a consolidar las OSGs en estas zonas, no hay relación observable entre este esfuerzo combinado y el alivio general de la pobreza (Bretón, ibid. : 130) o sea, un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales. Además, la reapropiación colectiva que se fijó como objetivo, choca contra el proceso muy real de individualización de la gestión de los recursos, fomentada por el contexto económico actual, que insta a producir cada vez más para el mercado, reduciéndose la actividad de autosubsistencia (ibid. : 114). La apertura indiscriminada de fronteras hace cada vez más dificil la planificación común necesaria para una producción sustentable (ibid. : 116). Esta situación obviamente contribuye el actual proceso de ‘descampesinización’ de los jóvenes, al que aludíamos antes. Y, paradójicamente, las propias organizaciones y las ONGs forman parte de este nuevo mercado del trabajo asalariado local, que compite con la agricultura. Ahora bien, en el nivel actual de concientización, ‘descampesinización’ ya no implica automáticamente ‘desindianización’ como antes : la sociedad indígena aparece ahora compuesta de agricultores y artesanos, pero también de obreros especializados, maestros, administradores y personal sanitario, como cualquier sociedad moderna. Al problema del clientelismo contagiado desde el Estado y la vieja cultura política, hay que añadirle otro, el inconveniente para las direcciones de las organizaciones indígenas de estar tan cercanas a las de las instituciones de desarrollo. Se refuerza una tendencia a subordinar la lógica de la organización a la lógica administrativa de los que les otorgan los fondos, a veces « múltiples y poco coincidentes

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con las necesidades y demandas campesinas » (ibid. 169). Es así como, fijándose « desde fuera » la igualdad de género, se definió como un objetivo del desarrollo (con estructuras y actividades específicas) y no como una condición básica, relacionada con la democracia, que permite el desarrollo (Ospina Peralta 2005 :12-13). Influye también en la dinámica de poder : « [en Chimborazo] cada OSG actuaría como una especie de cacicazgo bajo el liderazgo de una élite dirigente » (Bretón 2002 : 126). Como en la Sierra de Puebla, el proceso de ‘descampesinización’ afecta de una manera muy particular a este nuevo liderazgo, cuya forma de pensar y cuyo estilo de vida llegan a aproximarse más a los de sus contrapartes urbanas que a la membrecía de las organizaciones. Al respecto, si bien Ospina Peralta nota que impera el clientelismo en las dos zonas estudiadas (op. cit : 38), también nota una diferencia en Cotacachi, donde la presencia de varias organizaciones a nivel local, indígenas y mestizas, rurales y urbanas, logran un cierto equilibrio de poder (ibid. : 31, 38). Concluye el autor que parece que la estructura cantonal se presta mucho más a la generación de una auténtico proceso de reapropiación democrática de los recursos y de su desarrollo, que una estructura provincial, en particular en cuanto a la participación activa de las mujeres.

3.3 Conclusión Como acabamos de ver, en las tierras altas de Mesoamérica y de los Andes, el movimiento de reivindicación agrarista se fue diversificando para incluir el control de la producción y comercialización, las reivinciaciones de género y luego el medio ambiente y su defensa. Los gobiernos de países como México y Ecuador, además de promover una redistribución agraria, aceptaron a las organizaciones de productores y a las cooperativas, con las que se pensó alejar la amenaza de los movimientos armados. Estas organizaciones permitieron y siguen permitiendo la formación de un liderazgo nuevo en los pueblos indígenas de las tierras altas, obligando a la opinión pública a reconocer sus capacidades de gestión y negociación. Sin embargo, en el conjunto de países de la región, el endeudamiento excesivo de los años setenta – principalmente debido al gasto militar y a la corrupción – hizo que la baja de los precios de las materias primas, a partir de 1979, provocara la « crisis de la deuda » de 1982. Para « resolverla », en todo el continente, el FMI y los grandes acreedores lograron que se adoptaran políticas económicas neoliberales, cuya primera expresión fueron los Programas de Ajuste Estructural (PAE) de los años ochenta, reduciendo drásticamente subsidios y servicios al sector popular, urbano, campesino e indígena. Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis debilitó los regímenes militares que se habían adueñado del Cono Sur. Las presiones internas y externas llevaron al proceso de « transición a la democracia » que se llevó a cabo durante los años ochenta y noventa y que sigue sin completarse. El objetivo explícito de los PAE, más allá de alcanzar un equilibrio presupuestario, era incorporar a América Latina más profundamente en un mundo ‘globalizado’ donde iban desapareciendo las fronteras para mayor beneficio de las transnacionales y del capital financiero internacional. En el campo, a la vez que iban mermando rápidamente las ayudas estatales, se destartalaron los organismos de crédito y de compra de productos a precios de garantía (café, azúcar, granos). A cambio, se les ofrecía a las

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organizaciones económicas la ‘libertad’ de poner en marcha sus propias redes de comercialización a nivel nacional e internacional. En varios países, las ONGs apoyaron la creación y la consolidación de estas redes. Golpeadas de frente por la interrupción de muchos programas de apoyo, las comunidades indígenas y campesinas optaron primero por estrategias de sobrevivencia, mientras que se observaba un reflujo en las organizaciones obreras y campesinas regionales y nacionales. Pero progresivamente, gracias a la experiencia adquirida anteriormente, se amplió el abanico de las luchas. Varias se orientaron específicamente hacia la comercialización de los productos agrícolas, para reemplazar a los organismos públicos que desaparecían. Como les era muy difícil competir con las transnacionales agroalimentarias, varias exploraron vías alternativas. Por ejemplo, en varios países, asociaciones campesinas de productores de café, al no poder contar más con organismos estatales de comercialización, decidieron articularse directamente a los compradores de las ciudades y del extranjero. Es la idea del ‘comercio justo’: los consumidores se comprometen a comprar a un precio razonable, sin pasar por los intermediarios, un producto (café, cacao, azúcar, artesanías…) de las organizaciones campesinas; estas se comprometen a entregar un producto de calidad, en candidad determinada (Renard 1998). El principal problema al que se enfrentan es la limitación del mercado, al tener un acceso muy limitado a las grandes cadenas comerciales. En lo que toca a la problemática de género, la crisis económica, que obligó a muchos hombres a emigrar en busca de recursos para la subsistencia, facilitó a las mujeres tomar un papel de mayor importancia en la vida pública. Aprovechando los progresos realizados en los años sesenta y setenta, no solamente establecen en distintos sitios sus asociaciones propias, sino que ocupan cada vez más espacios antes reservados a los hombres en los sindicatos, organizaciones y administraciones (p. ej. los municipios). De la lucha económica común, las mujeres pasaron a frentes de lucha propios, como contra la discriminación de género (a veces en las propias organizaciones), hasta la violencia en los hogares. A medida que se fueron manifestando su combatividad y sus capacidades organizativas, fueron disminuyendo también ciertos prejuicios tradicionales hacia las mujeres, aunque quedan fuertes resistencias. Paralelamente, las mujeres tuvieron que aumentar su confianza en sí mismas y dejar de pensar que el tiempo dedicado a la organización era tiempo « robado » a sus familias (Rauber 2005)12. El proceso fue bastante diferente en las tierras bajas, como veremos a continuación, aunque se observan actualmente convergencias profundas.

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Isabel Rauber nota cómo las mujeres trajeron a las luchas una orientación muy práctica, y directamente relacionada con las necesidades de las familias (2005 : 22 sig.).

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4.

INDÍGENAS DE LAS TIERRAS BAJAS TROPICALES Y SEMITROPICALES : DE LA MOSQUITIA (HONDURAS) A LA AMAZONÍA (BRASIL)

Los pueblos indígenas de las tierras bajas se distribuyen esencialemente en las selvas tropicales y subtropicales que cubren o cubrían el continente, desde América Central hasta el norte de Argentina, pasando por las Guayanas, la Amazonía y el Mato Grosso. Por lo general, estos pueblos constituyen hoy en día una proporción muy pequeña de la población total de los países donde viven (del 1 al 10%) pero ocupan todavía amplios territorios, cuyos recursos mineros, forestales e hidráulicos son codiciados por ganaderos, colonos, empresas madereras y mineras nacionales y transnacionales. A esto se añaden, en años recientes, los atropellos que sufren por parte de grupos guerrilleros, de paramilitares y de narcotraficantes, obligándolos a veces a abandonar sus territorios. Examinaré brevemente el caso de los garífunas de Honduras, el de los indígenas de la Amazonía (sobre todo brasileña) y mencionaré situaciones particulares vividas por los indígenas del Pacífico colombiano, de Ecuador y de Bolivia.

4.1 La lucha contra el « frente ganadero » : los Garifunas de Honduras Los garífunas que viven en las selvas costeras de la Mosquitia (al nordeste de Honduras) con los que conviví un año y medio en los años sesenta, habían desarrollado un sistema complejo y eficaz de exploración de los recursos naturales de su entorno de bosques, ríos y lagunas. Como en muchos pueblos indígenas de las tierras bajas tropicales, la mujer es la encargada de producir, mediante la horticultura, el alimento básico, la yuca amarga (Manihot utilisima), con la que fabrican grandes tortas, el casabe. Los hombres se dedican principalmente a la pesca en el mar y en las lagunas. Además son ellos quienes tumban (« descombran ») el monte anualmente, para varias parcelas donde se siembra yuca, plátano, arroz, maíz y cocoteros. Un sistema cuidadoso de rotación de cultivos deja la tierra descansar hasta que crece otra vez la vegetación tropical, señal de que se ha restaurado su fertilidad. En la selva, además, se practican la cacería y la colecta de muchos productos: leña, madera para construcción de casas y de cayucos, palmas y nueces de corozo (Attalea cohune). La horticultura garífuna producía bastante yuca, plátanos, arroz, y maíz para su alimentación, completada con la pesca y la cría de animales de traspatio. Sin embargo, la falta de mercado para sus productos obligaba a los hombres jóvenes a emigrar a las plantaciones bananeras, a las ciudades, incluso hasta Estados Unidos, para ganar el dinero necesario para los bienes manufacturados que consumen hoy en día, como ropa, herramientas y utensilios domésticos (Beaucage 1966). En ese ecosistema forestal frágil, el manejo autóctono del medio ambiente, combinado con un extenso sistema de reciprocidad económica, había logrado mantener un equilibrio durante más de ciento cincuenta años (Beaucage 1995, 2007). Los garífunas de la Mosquitia no tenían problemas jurídicos en cuanto a la tenencia de la tierra, habiendo logrado hace bastante tiempo la titulación de ejidos. Sin embargo, la tenían que defender cada vez más contra las invasiones de ganaderos ladinos que, después de haber arrasado con los bosques del interior del país, se extendían hacia la selva tropical. Este fenómeno corresponde a uno de los tres ‘frentes’ que Darcy Ribeiro identifica en el asalto contra los habitantes de la selva tropical, junto con los ‘frentes’ de las empresas mineras y forestales. Esta « ganaderización », como también se llamó, redujo enormemente la superficie boscosa de México y de todo Centroamérica, además

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de una inmensa franja de la cuenca del Amazonas. Eran generalmente los cazadores garífunas quienes traían la noticia de las invasiones a las comunidades. Los garífunas vieron una relación entre la emigración de los hombres jóvenes y la reducción de los « descombros », que facilitaba las invasiones. Para avanzar en la solución de ambos problemas, se acudió a veces, a la acción directa pacífica : en el pueblo de Tocamacho, hubo un boicot eficaz de un ganadero, que tuvo que retirarse. A más largo plazo, se formaron dos cooperativas de productores, para vender directamente en las ciudades costeras, evitando a los comerciantes locales : se crearían así fuentes locales de ingreso para los jóvenes, además de extender el área cultivada precisamente en las zonas anheladas por los ganaderos. En esta prspectiva, la cooperativa de productores de Bataya hizo un arrozal de ocho hectáreas en 1966. La empresa, que me tocó asesorar (en forma voluntaria) fue un éxito el primer año. Pudimos aprovechar de una rivalidad entre los acaparadores regionales y vender en la ciudad más de trescientos quintales a un precio 50% más elevado que el que pagaban los tenderos de los pueblos. Las fiestas tradicionales celebradas por Navidad, cobraron un tono particularmente alegre : no solamente por la mejora económica, sino porque los garífunas habían afirmado colectivamente su fuerza : varios comerciantes ladinos habían dicho de antemano que los indígenas serían « incapaces » de llevar el proyecto a cabo. El segundo año, surgieron problemas. Primero, en la producción. Animados por el buen precio obtenido por el arroz, muchos productores le dieron prioridad en sus planes de produccón para 1968, lo que les llevó a dedicar menos tiempo a los cultivos de subsistencia como la yuca y el plátano. Estos necesitan tierras más altas, mientras que el arroz crece bien en las tierras bajas y humedas. La estrategia productiva de un hogar garífuna exige una distribución cuidadosa del trabajo del hombre y de la mujer entre ambos tipos de tierras, principalmente en la corta estación seca, cuando se hacen el descombro y la quema (Beaucage 1970). En consecuencia, muchas familias se endeudaron más para comprar comida (harina, frijoles) con los comerciantes que exigieron, según su constumbre, que « les pagaran con arroz. ». Sin embargo, se hubiera podido superar este problema, por ejemplo, poniendo en marcha una cooperativa de consumo. El segundo problema era más dificil de resolver. Los acaparadores regionales, frente al peligro de una organización alternativa, cerraron filas y decidieron que ninguno compraría más de la cooperativa. Además, la dictadura militar de López Arellano reprimía duramente cualquier organización popular que cuestionara la dominación de los terratenientes y grandes comerciantes. Las autoridades miraban con mucha sospecha una organización que, además de agrupar miembros de una étnia minoritaria, tenía fama de apoyar a la oposicíon liberal. En Limón, otro pueblo garífuna, la cooperativa tuvo que suspender sus actividades y sus dirigentes, exiliarse. En Bataya, la cooperativa no pudo contar ni con asesoría gubernamental para el cultivo y la transformación del arroz, ni con ningún crédito para la la producción. En estas condiciones, parecía que el ‘desarrollo de la comunidad’ que proponía la Alianza para el Progreso era imposible sin cambios estucturales fundamentes a nivel nacional. En años siguientes, se intensificó en los pueblos garífunas de la costa la doble tendencia emigración-ganadería, trayendo un importante deterioro ambiental, en unas tierras que, aunque pertenezcan formalemente a las comunidades, dejaron de ser integradas en sus prácticas ecolológicas sustentables.

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Las mujeres garífunas, como las otras mujeres indígenas de las tierras bajas, participan en forma muy intensa en la agricultura, como primeras responsables de la producción de subsistencia. En Bataya se planteó rápidamente la problemática de la participación de las mujeres en las decisiones. Tanto mi compañera como yo pudimos apreciar como las campesinas indígenas iban conquistando espacios. Las reuniones de la cooperativa, a las que las mujeres garífunas « se invitaron » espontáneamente, llegaron rápidamente a ser una tribuna donde presentaban sus reivindicaciones …aunque no estuvieran al orden del día. Tenían un argumento decisivo : por su horticultura, eran las que « daban de comer ». Por ejemplo, exigieron que los hombres encerraran los cerdos que criaban, para que dejaran de dañar sus yucales. También rechazaron la « costumbre » de pagarles la cuarta parte del jornal de un hombre, con el pretexto que « terminaban antes para ir a preparar la comida »; en este caso, se propuso un pago por tarea de labor ejecutada, que satisfizo a las dos partes13. En resumen, la experiencia de la cooperativa de arroceros permitió a un pueblo de campesinos garífunas del noreste de Honduras defender sus tierras comunales contra la invasión de los ganaderos. También afirmaron positivamente su identidad indígena, rebasando a los intermediarios locales para tomar en mano todas las fases de la producción y de la circulación de su principal cultivo comercial. Como en otros tantos casos, la lucha por los recursos naturales parece indisociable de la lucha contra la pobreza. El caso de Bataya, muestra también el delicado equilibrio que hay que mantener entre la producción de subsistencia y la que se destina al mercado, producciones que, en este caso, corresponden a dos nichos separados del entorno forestal costero. Para las mujeres garífunas, las asambleas fueron una ocasión de cuestionar una valoración de su trabajo que consideraban injusta, pero también para hacer triunfar sus propias prioridades: la subsistencia de sus familias. Finalmente, todos nos dimos cuenta de la dificultad enorme, para una organización rural aislada, de luchar contra todo un sistema social y político.

4.2 La lucha por el territorio: los indígenas de la Amazonía Si bien, en Mesoamérica y en los Andes, la colonización española integró a los pueblos indígenas como campesinos dentro de una sociedad pluriétnica, el tipo de explotación de la tierra y de la gente que instauraron los portugueses en Brasil inició una dinámica muy diferente. Como en las Antillas, el sistema colonial se estableció sobre la importación de mano de obra africana y su integración en grandes dominios esclavistas, propiedad de europeos y de sus descendientes. Para crear el enclave azucarero del Nordeste y luego explotar las minas del sur, hacía falta ‘liberar’ la tierra de sus primeros ocupantes, los indios; de ahí una guerra permanente y aniquiladora. Así se despobló de indígenas una inmensa faja de tierra, en el hinterland (interior) de las colonias costeras, asegurando la expansión posterior (grandes haciendas ganaderas o de cultivos comerciales).

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Siguiendo la división tradicional del trabajo, los hombres tumbaron los árboles para el arrozal colectivo, mientras que hombres y mujeres juntos sembraron, desyerbaron y cosecharon. Se habían apuntado los días trabajados por cada uno, con la idea de remunerar los jornales, lo que se hizo cuando se vendió la cosecha. La asamblea acordó que el desyerbe y la cosecha se hicieran dividiendo el campo en « tareas » de 25 metros cuadrados. Es de notar que los hombres hacían las suyas individualmente, mientras que las mujeres juntaban unas cuantas tareas que desyerbaban o cosechaban colectivamente, lo que les permitía a la vez conversar, hacer chistes … y terminar antes que los hombres para ir a preparar la comida!

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Frente a la expansión de las fazendas coloniales, muchos pueblos indígenas o bien desaparecían simplemente (el caso más frecuente, según Darcy Ribeiro - 1977), o bien se replegaban hacia el interior, conservando su independencia, aunque en condiciones cada vez más precarias, o bien, en contadísimos casos, lograban sobrevivir en una aldeia dos indios enclavada entre los latifundios de la costa o del sertaõ. Las reducciones jesuitas, en la frontera del imperio portugués y del español, constituyen un caso muy especial de campesinización de los guaraníes. Después de la expulsión de los jesuitas, se quedaron como campesinos independientes, hablando hasta hoy el guaraní, y formaron la base del Paraguay. En el siglo XIX, con la independencia de Brasil, y luego con la instauración de la República que remplazó al Imperio, se modificaron considerablemente la economía y el cuadro legal del país. El café, el ganado y el hule se añadieron al azúcar y a las minas, y, casi a fines de siglo, se liberaron los esclavos. A la vez, Brasil recibió un flujo importante de inmigrantes europeos. Pero en lo que se refiere al modelo de relaciones con los indígenas, las pautas fundamentales permanecieron sin cambios: la integración de nuevas regiones al ‘país útil’ pasaba por la extinción de sus primeros habitantes, que el nuevo vocabulario liberal no llamaba ya ‘indios’, sino ‘silvícolas’. En su frontera, este modelo sustitutivo se acompañaba a menudo de formas de esclavitud, como en la Amazonía donde, en pleno siglo XX, pueblos enteros eran sometidos y obligados a recoger caucho (hule) o castañas oleaginosas. Pero la consecuencia casi inevitable - y en general bastante rápida - del ‘contacto’ era y es la casi-extinción de los indígenas, a la que contribuían tanto la violencia del despojo, las epidemias y otras secuelas de la colonización como el alcoholismo y la desorganización social. A medida de la expansión tierra adentro de los tres frentes de colonización, la destrucción de los indígenas se acompañaba de la del medio ambiente: a la explotación diversificada de los recursos sucedía el monocultivo, el ganado o la mina. Si bien la guerra histórica de Brasil contra los indígenas fue esencialmente una guerra privada, con sus ‘frentes’ ganadero, minero, forestal, agrícola, el Estado brasileño tuvo un papel activo en su marginalización y eliminación. Por ejemplo, después de la instauración de la dictadura militar, en 1964, Brasil fue el primer campo de ensayo del modelo económico neoliberal que después se generalizaría a todo el continente. Una dimensión importante, decretada en 1970, fue la « integración de la Amazonía al país », a través de grandes obras de infraestructura (carreteras, presas hidroeléctricas) para estimular la explotación maderera, minera, ganadera y agrícola de este territorio cuya inmensidad había protegido hasta entonces a muchos grupos indígenas. Una nueva agencia, la Fundaçaõ Nacional do Indio (FUNAI), fue creada para « proteger » a los pueblos originarios, en el marco legal de un Estatuto do Indio. Tres años después, el gobierno militar publicó la Ley de emancipación y otras medidas, que, contradiciendo las garantías legales contenidas en el Estatuto, conportaban una política agresiva de integración « reducir a 20 000 los 220 000 indios existentes en el Brasil » en un plazo de diez años (Zarate Vidal y Rosemberg Seifer 1986 :180). Sin embargo, la existencia misma del Estatuto permitió la intervención de los grupos y sectores interesados en la suerte de los indígenas y en oposición con la dictadura (entre ellos, la Iglesia Católica que creó el Conselho Indigenista Missionario - CIMI): elaboraron una crítica implacable del genocidio que continuaba, en violación total de la ley. La oposición política también supo aprovechar el hecho de que la junta recibía cuantiosos créditos del extranjero por su política de ‘desarrollo’ de la Amazonía. En los últimos años de la dictadura, la cuestión de los indígenas llegó a ocupar un lugar mucho más

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importante del que se podía esperar de su escaso peso demográfico. A las críticas internas se iban añadiendo las presiones internacionales, sobre todo por parte de organizaciones de ecologistas, que utilizaron la destrucción de la selva amazónica y de sus habitantes como símbolo del saqueo del planeta. El trabajo de organización local desembocó en la creación de la Coordinaçaõ das Organizações Indígenas da Amazonía Brasileira (COIAB). Las zonas orientales de los países andinos conocieron un destino similar al del interior de Brasil. Olvidadas durante siglos por la sociedad colonial asentada en la Sierra y en la Costa del Pacífico, sufrieron a partir de fines del siglo XIX los efectos del efímero boom del caucho, y luego, la migración paulatina de colonos de la tierras altas, expulsados por la violencia (Colombia), por la estructura agraria latifundista (Perú), por la crisis minera (Bolivia), o atraídos por las concesiones de tierras « baldías » después de las reformas agrarias de Ecuador (1964 y 1975). A partir de los años cincuenta, los éxitos de la explotación petrolera atrajeron aventureros y transnacionales. En los años setenta y ochenta, la expansión desordenada del cultivo de la coca en amplias zonas de la región, y la violencia extrema que la acompañó, trajo un problema aún mayor para la propia supervivencia de los grupos indígenas de la Selva y para los derechos humanos fundamentales de los campesinos recién asentados. Asediados por todas partes, los indígenas de la selva ecuatoriana formaron las primeras organizaciones étnicas amplias de la región. Por ejemplo, en 1962, en Ecuador, se formó la Federación de los Centros Shuar para defenderse mejor de la invasión de colonos (CONAIE 1988 : 98). Tanto en Ecuador como en Bolivia, Brasil y Perú las organizaciones de la selva plantearon a los gobiernos nacionales la necesidad de delimitar territorios donde pudieran realizar sus actividades tradicionales, tratando a la vez de preservar el delicado equilibrio del medio ambiente de la serva tropical, frente a la invasión simultánea de ganaderos y empresas petroleras. El caso de Brasil ejemplifica bien la complejidad de estos procesos. A principios de los años ochenta, la junta militar, agobiada por un endeudamiento masivo y la crisis económica, tuvo que ceder a las presiones de la sociedad civil y abrir el paso a la democracia. En las discusiones sobre la nueva Constitución, el tema de los derechos de los nativos fue uno de los que más polémica suscitó. En la contienda se enfrentaron, del lado pro-indígena, los principales componentes de la nueva sociedad civil brasileña (sindicalistas, clases medias, jóvenes, ecologistas) y la Iglesia, en contra de los defensores del viejo orden (latifundistas, empresarios mineros y militares) (Carneiro da Cunha 1989 : 138-140). Al final, los derechos que la Constitución reconoció a los pueblos indígenas (Cap. 8) fueron los más favorables de toda la historia de Brasil, y entre los más avanzados de América. Ante todo, su derecho de existir, como tales, sin la amenaza de una « emancipación » forzada que los reducía al estatuto de jornaleros errantes. El elemento jurídico fundamental ya no fue la tutela, sino el reconocimiento de « la organización social, las costumbres, los idiomas, las creencias, las tradiciones de los indios, y sus derechos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente » (Art. 231, cit. por Carneiro da Cunha ibid. : 136). Esta mención del derecho territorial es fundamental pues, como hemos visto, siempre ha sido el objeto principal del conflicto interétnico en Brasil, y sin esta base material no puede haber ningún margen de autonomía indígena. Precisamente el primer inciso define la "ocupación" en una forma amplia y flexible que permite cubrir las distintas

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formas de explotación del medio ambiente de los cientos de étnias del país. Se incluyen: "las [tierras] que habitan en forma permanente, las que utilizan para sus actividades productivas, las que son indispensables para la reproducción de los recursos del medio ambiente necesarios para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones" (ibid.). Estas tierras son inalienables (Art. 4, id. : 137) y toda acta privada sobre ellas (venta, alquiler) se declara invalida de antemano. A raíz de la nueva constitución, varios grupos indígenas se vieron reconocer superficies importantes como territorios donde desarrollar su vida a su parecer, siendo prohibida la entrada a empresas y colonos. Lograron convencer a la opinión pública y al poder legislativo del carácter específico de su relación con el medio ambiente. No pedían cierta superficie para desmontar y cultivar, como los campesinos, sino un conjunto de recursos para desempeñar sus actividades de pesca, su horticultura, para la colecta de las materias primas para sus casas, sus cayucos y sus numerosas artesanías. Se establece sin embargo una importante excepción : el Congreso de la Unión (y no el poder ejecutivo, como antes), podrá decidir la expropiación de una parte de estas tierras para utilización de sus recursos hidroeléctricos y minerales, bajo previa consultación de las poblaciones implicadas y su participación en los resultados de la explotación (Art. 3, id : 136-137). ¿Cómo podemos evaluar la importancia de estos cambios sobre el control efectivo que ejercen los indígenas sobre sus territorios y los recursos que contienen? Por supuesto las situaciones varían mucho de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Tomaré ejemplos de Brasil, Ecuador y Bolivia. Como dijimos en un principio, es esencial distinguir entre la ley y el proceso real. En Brasil, mientras que en 57 años de existencia, el Serviço de Proteçaõ aos Indígenas había apenas delimitado (demarcado) 1 634 735 has de tierras indígenas, la FUNAI, en pocos años, delimitó 34 629 865 has. Por ejemplo, a los yanomami, en la frontera con Venezuela, les tocó un territorio de millones de hectáreas donde podían seguir viviendo con plena autonomía. Pero con la mera noticia de que había oro allí, a principio de los años noventa, este territorio lo invadieron en pocos meses 40 mil garimpeiros, o buscadores de oro. Los 10 mil indígenas iban a ser exterminados rápidamente, cuando la presión de varios sectores que apoyaban a los autóctonos obligó al gobierno de Collor de Mello a tomar la única medida susceptible de echar a los invasores, es decir, bombardear las pistas de aterrizaje con las que se abastecían, obligándolos a salir del territorio yanomami. Pero hay que recordar que los garimpeiros tienen escaso peso político, y el amplio movimiento de apoyo a los indígenas estaba todavía en ascenso en ese entonces. En los años siguientes, los sectores mineros se organizaron. Su primera meta fueron las tierras donde no habían todavía reivindicaciones indígenas, a menudo porque los grupos que vivían allí tenían escaso contacto con el mundo exterior. Como la Constitución daba prioridad absoluta a los derechos indígenas, algunos empresarios, cuando topaban con ellos, resolvían el problema haciéndolos desaparecer antes de que alguien se diera cuenta; lo que era y sigue siendo posible por el tamaño reducido de los grupos (que a menudo no rebasan los cien individuos)14. 14

Un ejemplo entre tantos. En enero de 1996, en el distrito de Xupinaguaia, Estado de Rondonia, un latifundista llamado Hercules Golvieia Dalafini, al encontrar una maloca de indios canoe en un rincón de « su » extensa finca, los mando matar por sus peones y luego, aniveló el suelo con tractor. Fue denunciado por un agente de la FUNAI, que precisamente

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Una segunda dimensión de la contraofensiva del capital extractivo, tanto en Brasil como en Bolivia y Ecuador, fue comercial. Al retirarse los forestales y mineros de las tierras delimitadadas, numerosos grupos indígenas, acostumbrados a adquirir bienes manufacturados a cambio de productos o de trabajo, se quedaron sin abasto. Intereses mineros y forestales entraron en contacto con algunos líderes de las étnias autónomas y les propusieron algún dinero a cambio del ‘derecho’ de explotación de sus recursos. A pesar de la autonomía legal, en la situación de tremenda desigualdad de poder en que se encuentran los grupos indígenas, algunos han vuelto a caer en relaciones de dependencia muy similares a las de antes. Otros, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, han logrado negociar con las transnacionales petroleras acuerdos en los que otorgan derechos, a cambio de obras de infraestructura y garantías sobre la preservación del medio ambiente. (ver más adelante). También han habido retrocesos legales. En Brasil, aprovechando que el movimiento de apoyo a los indígenas había disminuido mucho en los años noventa, las empresas mineras, brasileñas y transnacionales, presionaron al presidente Fernando Henrique Cardoso para que modificara la Constitución en lo relativo a la demarcaçaõ de las tierras indias. Se insistió en la « injusticia » y en la « inconstitucionalidad » de un proceso jurídico que daba prioridad « absoluta » a una de las partes (la parte indígena) en reclamar tierras, sin que pudieran siquiera presentar protestas los terceros (en el caso, latifundistas y empresarios). El gobierno accedió a sus argumentos y en 1996, emitió el decreto 1775, que permite la contestación de la delimitación de tierras indígenas. Las consecuencias fueron inmediatas : se presentaron protestas de ‘particulares’ que afectarán a unas trescientas de las 544 zonas delimitadas15. En el estudio comparativo coordinado por Guillaume Fontaine (2004) sobre la situación de los pueblos indios de tierras bajas de los países andinos frente a la ofensiva actual de las petroleras, la conclusión general es que la legislación es poco efectiva en sí, para permitir el control efectivo de la tierra y de los recursos por los autóctonos, frente a adversarios de esta importancia. En el caso de Colombia, Alfonso Avellada Cusaría llega a la misma conclusión que Teodoro Bustamante y María Cristina Jardín en el de Ecuador : en el área amazónica, el mapa de la miseria y de la exclusión se superpone casi perfectamente al de las explotaciones petroleras. De la misma manera, en los casos peruanos estudiados por Carlos Soria, las empresas, en vez de respetar acuerdos medioambientales, prefieren indemnizar a los indígenas por los vertidos ‘accidentales’ y otros daños. La preferencia va a indemnizaciones individuales y no a compensaciones colectivas (Fontaine 2004 : 12). A la vez que se destruye el medio ambiente, disminuye la capacidad de los pueblos para asegurar su reproducción física y social de forma autónoma.

buscaba entrar en contacto con este grupo. En determinadas circunstancias, se ve que la simple existencia de una ley protectora, en vez de mejorar la situación, puede acentuar la brutalidad de un proceso interétnico que no se ha alterado en lo fundamental. 15 Por ejemplo, en la Serra da Raposa, Estado de Roraima, un propietario protestó porque su fazenda quedaba encerrada dentro del territorio tradicional reconocido a los sarare. Como estos han ocupado estas tierras desde tiempos inmemoriales, por la Constitución de 1988, debería considerarse nula la pretensión del fazendeiro. Pero el juez, alegando que había « indicios de ocupación » de la fazenda Guanabara desde 1917, la excluyó de la tierra sarare, así como otras propiedades mas recientes. Y eso, a pesar de que una anciana relatara que el único « indicio » de presencia no-india en 1917, es cuando el primer dueño de la fazenda mató de un tiro al cacique indígena de entonces, que era el padre de la anciana. Esto había provocado el abandono de la maloca (en cuyo sitio el fazendeiro hizo su casa) y también la dispersión de los sarare en los bosques alrededor. Este fue al « acto fundador » que, a principio de 1998, un tribunal brasileño reconoció para darle su título al fazendeiro actual

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Otro fenómeno, el de desplazamientos forzados de pueblos indígenas, se observa en el Pacífico colombiano, bajo el impacto de causas varias. A lo largo de los noventa, cientos de wounaan y de embera-katio y todo el pueblo zenú tuvieron que abandonar sus territorios, frente a las agresiones combinadas de los narcotraficantes y de la guerrilla, que asesinaron a sus líderes. (ONIC, s.f. : 1). En los territorios de refugio, las « oleadas de ayuda humanitaria » acabaron de desestructurar su organización económica y social. Además, en 2000-2001, cuatrocientos embera-katio fueron expulsados por la presa hidroeléctrica Urrá. La compensación en efectivo sólo agravó la destrucción de su modelo de subsistencia (ibid. : 3). En los últimos años, han sido los paramilitares quienes, aprovechandose de la debilidad numérica de los pueblos de la selva, los matan y los despojan de sus tierras : los sobrevivientes van a engrosar las filas de las decenas de miles de refugiados en las ciudades de la región (ibid. : 4). En Bolivia, Marc Gavardá (en Fontaine, coord. 2004) muestra como el mapa de las concesiones de las empresas de hidrocarburos corresponde casi exactamente con el mapa de los territorios reclamados por indígenas y con el mapa de las reservas naturales; lo que indica una falta total de preocupación por el derecho de los pueblos originarios y por la protección de la biodiversidad. Se supone que al declarar una zona ‘reserva natural’ en lugar de ‘territorio indígena’, será más facil después modificar sus límites para ‘acomodar’ las exploraciones y la explotación minera.

4.3 Conclusión ¿Cuáles son los resultados principales de las luchas indígenas para recuperar el control sobre los recursos naturales en las tierras bajas, veinte años después de su inscripción (por lo menos parcial) en la agenda política de los diversos países? En primer lugar, se observa una gran diferencia entre el proceso jurídico y la realidad. A nivel jurídico, muchos de los pueblos de las selvas de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia han logrado que se les reconozcan derechos sobre millones de hectáreas (más de tres millones de hectáreas, solamente en la Región Amazónica Ecuatoriana). Y a nivel local se encuentran numerosas experiencias interesantes, como la de los chachis del noroeste ecuatoriano, que han establecido un acuerdo de explotación forestal sustentable con una empresa transnacional. Según este acuerdo, la empresa extrae determinada cantidad de madera, paga una compensación a los chachis y les entrega los plantíos para que ellos reforesten. (Encalada, García, Ivarsdottter 1999). Sin embargo, a nivel de la realidad socio-política general, en las zonas indígenas, la relación dominante entre indios y no indios sigue siendo una guerra privada por la tierra y los recursos y esta impone sus pautas al marco jurídico : tanto por la violencia directa (posible por el aislamiento relativo) como por los intentos continuos de corrupción del personal de las agencias gubernamentales y de las autoridades indígenas, culminando con las presiones políticas al más alto nivel para modificar la ley. Como lo señala Nancy Postero en el caso de Bolivia : en 2002, sólo se titula el 8% de la tierras reclamadas por los indígenas (Postero 2005 : 75). Añade Sarela Paz : « […] la nación multicultural de Bolivia es sancionada jurídicamente dentro de un proyecto neoliberal […] Estamos ante una autonomía imaginada y controlada por el Estado […] La real tenencia del territorio indígena es casi virtual […] y las negociaciones, interminables ». (Paz, 2005, p 101-102) ¿Quiere decir ésto que nada ha cambiado en la situación de despojo de sus recursos naturales que sufren los pueblos indios de las tierras bajas? Por supuesto que no. Es

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cierto que los indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, tienen que seguir luchando por sus tierras a pesar de que la constitución se las había otorgado. Pero, a diferencia de los ‘sin tierra’, que también luchan contra los latifundistas, los indígenas pueden hacer valer los artículos constitucionales que les dan cierta fuerza legal, aunque ésta sea bastante limitada en términos reales. En este contexto, la situación de los pueblos amazónicos continúa siendo crítica. La distancia y la incomunicación relativas los desaventajan frente a las empresas petroleras y mineras, extranjeras pero también brasileñas, que codician sus territorios. Como sus hermanos de tierras altas, ellos también sintieron hace muchos años ya la importancia de desarrollar estrategias en el campo propiamente político, como veremos a continuación.

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5.

ESTRATEGIAS POLÍTICAS INDÍGENAS : LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE COMO UNA LUCHA POR LA IDENTIDAD PROPIA

Ya mencioné anteriormente como, durante el amplio movimiento agrario que se desarolló en América latina a lo largo del siglo XX, muchas comunidades autóctonas de Mesoamérica y de los Andes optaron, estratégicamente, por poner el énfasis en su identidad campesina más que en la indígena : la primera les podía valer el reconocimiento de algunos derechos, mientras que la segunda o bien no era reconocida por la ley, o bien solamente les traía dificultades suplementarias. Esta situación cambió significativamente a partir de los años setenta. Las nuevas organizaciones indígenas decidieron reivindicar pública y políticamente su identidad étnica, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de sus líderes habían sido dirigentes campesinos en las luchas agrarias; otros habían estudiado para ser maestros y habían conocido mejor el mundo de los blancos, koyot, kaxlan o qara. Sin olvidar la lucha por la tierra, insistieron más sobre la dimensión propiamente cultural de sus reivindicaciones. El movimiento evolucionó primero por separado en Ecuador, en Guatemala, en México, en Bolivia durante los años sesenta y setenta. Nacieron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI) en México y el Movimiento Tupak Katari en Bolivia; se formaron grupos culturales mayas en el Altiplano occidental guatemalteco y se organizó en Chiapas el Primer Congreso Indígena. La crisis agrícola de los setenta y luego, la « crisis de la deuda » de 1982 impusieron una convergencia entre los movimientos identitarios y los movimientos económicos entre los campesinos indígenas, orientándolos hacia nuevas formas de lucha : un número creciente de ellos comprendió que no podrían recuperar el control sobre sus territorios y sus recursos sin una lucha política. El Estado contestó a la movilización indígena y campesina con una política de doble filo. Por una parte, desde México hasta Chile, se dirigió la represión contra los sectores más radicales de la ciudad y del campo, bajo el pretexto de ‘lucha contra el comunismo’: aumentaron los asesinatos y las ‘desapariciones’ forzadas después de los golpes militares que afectaron a Brasil (1964), Uruguay (1971), Chile (1973), Argentina (1976) y las dictaduras pusieron un fin abrupto a los proyectos reformistas. En otros países, se plantearon todavía reformas agrarias, pero de minifundios, como en Ecuador, o « de maceteros » como en Colombia. En Perú, el gobierno militar de Velasco Alvarado decretó una reforma agraria en la que la tierra expropiada era entregada a unas « cooperativas » que en realidad eran entidades burocratizadas alejadas de la necesidades campesinas. Arreció la represión contra las organizaciones campesinas independientes y, en muchas partes, se llegó a la conclusión de que la era de las reformas agrarias ya había terminado. Por otra parte, varios acontecimientos de carácter internacional dieron más auge a un movimiento político explícitamente indígena, que después se desarrollaría con modalidades propias en cada país. Entre los momentos fuertes de esta redefinición he escogido un acontecimiento / proceso a nivel continental : la Celebración del Quinto Centenario de la llegada de Colón (1992), y luego tres procesos nacionales : las marchas y bloqueos en Ecuador (1990, 1994), el levantamiento zapatista (1994) y la elección a la presidencia de Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), en Bolivia, en 2006.

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5.1 El Quinto Centenario A fines de los años ochenta, varios países de América y Europa anunciaron la celebración con gran pompa del aniversario del « descubrimiento » de América, lo que provocó la indignación de las organizaciones indígenas de todo el continente. Estas vieron en ello la glorificación de la Conquista y les pareció necesario elaborar una contra-celebración, lo que dió lugar a varios encuentros internacionales, entre 1989 y 1992. En octubre de 1989, en Bogotá, arrancó la Campaña de Resistencia Indígena y Popular. En julio de 1990, tuvo lugar en Quito el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios. En 1991, en Xelajú (Quetzaltenango), Guatemala, hubo el Segundo Encuentro Continental, pero, esta vez, de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Notemos que fue sólo en el 2004 cuando se celebró, también en Quito, la Segunda Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala. Los cambios de nombre, de un encuentro a otro, reflejan las dificultades de producir una definición que correspondiera a la realidad diversificada de más de treinta millones de personas, esparcidas desde Alaska hasta Patagonia. En mi opinión, el encuentro de 1990 en Quito fue el que produjo los materiales discursivos más ricos, fruto de la reflexión de ocho comisiones de trabajo. La primera comisión, sobre la autodeterminación, tropezó primero con la apelación misma del colectivo indígena : nacionalidades, pueblos o naciones indias, « según la denominación que tenemos en cada país » (in Sarmiento, dir., 1998 : 308-313, cursivas mías). Se elige por fin ‘pueblo’, porque el término « tiene un estatuto en los documentos de derecho internacional » (ibid.). Más adelante, una vez afirmado el derecho a la autodeterminación, se añade que se trata de una « plena autonomía dentro de los marcos nacionales »(cursivas mías), aunque se precisa « o soberanía, en el caso de los pueblos de América del Norte. Lo que desemboca en un proyecto político : el autogobierno. Para eso, hay que destruir « el actual sistema capitalista ». Los congresistas subrayan desde el principio que esta lucha no debe llevarse a cabo de manera aislada : hay que « caminar al lado de los campesinos, de los obreros, de los sectores marginados y de los intelectuales comprometidos en favor de nuestra causa para destruir el sistema dominante y opresor y construir una sociedad pluralista, democrática y humana. » Se puede apreciar el camino recorrido, desde las luchas aisladas para recuperar tierras u oponerse al saqueo de una transnacional : la lucha por la reapropiación de los recursos exige un pleno control sobre su propio destino colectivo, como indígenas. Las ponencias y declaraciones quieren definir una identidad y una visión del mundo propiamente amerindias. Ponen en relieve, primero, que se trata de una visión claramente moderna, a pesar de las muchas referencias a las raíces milenarias de la indianidad. Trazan una oposición entre un pasado propio de igualdad y armonía con la naturaleza y un presente de enajenación, de destrucción y de opresión ; invocan la necesidad de una alianza de todos los oprimidos para construir una utopía igualitaria, donde podrán gobernarse de manera democrática. (Se presenta una visión similar en CIMI 2001). El carácter profundamente subversivo del discurso político amerindio aparece cuando establece un nuevo sujeto histórico, depositario de los atributos y los derechos anteriormente reconocidos al sujeto dominante, el Estado Nación : los pueblos indígenas, como sede de una cultura, de una historia y de saberes propios, y de un derecho a decidir por sí mismo de su presente (autogobierno) y de su porvenir (autodeterminación) en territorios propios.

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Allí es donde se inserta la preocupación por el medio ambiente, que mencionamos anteriormente. Las organizaciones indígenas comparten la crítica ya generalizada hacia un crecimiento económico que no toma en cuenta la capacidad del medio en recuperarse y que se traduce, por ejemplo, en la transformación de la selva amazónica y de los bosques centroamericanos en pastizales pobres y de los pastizales en semidesierto, al cabo de algunos años. Y, apoyándose en el Artículo 8 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, contraponen sus tradiciones de respeto a la naturaleza a la destrucción que hacen los grandes ganaderos y las empresas extractivas interesadas en las ganancias a corto plazo. Así es como los kunas de Panamá, frente a la invasiones de colonos en su territorio, elaboraron el Plan de Estudio y Manejo de las Áreas Silvestres de Kuna Yala (PEMASKY), que articulaba los conocimientos indígenas tradicionales y las técnicas conservacionistas modernas. Así lograron asegurar las fronteras de su territorio (Martínez Maurí 2005 : 153). Sin embargo, a un nivel más general, el texto que resultó del Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas encerraba una contradicción en el modo mismo de la síntesis que trataba de realizar a partir de representaciones comunes. Uno se encuentra frente a dos proyecciones distintas de la indianidad que se intentó hacer coexistir en los encuentros de Quito y de Xelajú : la primera, centrada en lo que se podría llamar una ‘indio-clase’, más propia de los pueblos mesoamericanos y andinos y la otra, en un ‘indio-pueblo-nación’, más propio de los indígenas de las tierras tropicales así como de Estados Unidos y Canadá. Esta divergencia, ya presente en la imprecisión entre ‘autonomía’ y ‘soberanía’ refleja una tensión profunda en el seno del movimiento indígena americano. En Mesoamérica y en los Andes, los indígenas se organizaron primero para reclamar tierras para cultivar para sus comunidades, que es una forma de organización social mucho más anterior a la conquista española y que la política colonial atacaba y reforzaba a la vez. La presencia histórica de mayorías mestizas y de fuertes minorías indias, ha creado une visión particular en relación con el Estado nacional : los indígenas más politizados se consideran los verdaderos mexicanos, guatemaltecos, bolivianos, oprimidos pour una camarilla sin vergüenza, extranjera o, por lo menos, sumisa al extranjero. Históricamente, estas organizaciones han estado cerca de los partidos de izquierda y adoptan un vocabulario y una estrategia similares : favorecen las alianzas amplias con los campesinos mestizos y afrodescendientes, los sindicatos obreros y los sectores populares de las ciudades, para lograr cambios sociales y políticos que formulan en términos de ruptura con al sistema capitalista. Por el contrario, en las regiones y los países en los que la colonización de substitución ha triunfado (Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, así como el oriente colombiano, ecuatoriano, peruano y boliviano), los indígenas nunca han considerado que poseían la misma identidad que la mayoría nacional (y esta siempre los ha excluido, incluso en Paraguay, donde, paradójicamente, amplias capas del campesinado hablan todavía el guaraní). En consecuencia, la representación propuesta por las organizaciones indígenas es la de una lucha de naciones colonizadas contra una nación colonial dominante. Se insiste en la legitimidad que da el estatuto de primeros habitantes del territorio, antes de la constitución de los Estados nacionales actuales. De allí las referencias a la Tierra-Madre y la reivindicación de una espiritualidad propia16. Sus principales aliados son las Iglesias progresistas, los intelectuales y los grupos 16

También los pueblos indígenas de las tierras altas poseen cosmovisiones propias y desarrolladas que reflejan la dimensión espiritual de su relación con la tierra y el medio ambiente (el dios-maíz, la Pachamama…). Pero, hasta un período muy reciente, sus organizaciones no incluían esta dimensión espiritual en sus reivincicaciones, esencialemente agrarias.

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ecologistas. Sus logros se materializan en las diferentes formas de autonomía regional, en las zonas en las que los indígenas todavía forman la mayoría : la Mosquitia, en Nicaragua, la Amazonía o el Gran Chaco. Las regiones autónomas serán dirigidas con instituciones tradicionales de gobierno y no se prevee compartir el poder con ningún Estado de tipo occidental.

5.2 Procesos nacionales : Ecuador, México, Bolivia A pesar de estas divergencias, tanto las comunidades indígenas y campesinas de las tierras altas como los pueblos de la selva quedaron convencidos de que dificilmente lograrían vencer el poder de las transnacionales, apoyadas política y militarmente por los Estados nacionales, si no le daban un carácter propiamente político a sus luchas. Los años noventa los inauguró la CONAIE con las grandes marchas y plantones con los que se obligó a los sucesivos gobiernos de Ecuador a reconocer su existencia como nacionalidades con una participación verdadera en la educación (bilingüe y multicultural), en la administración local y regional y en el control de los recursos de la selva y de la sierra. A fines del decenio, las organizaciones indígenas llegaron a ser la fuerza principal de un importante movimiento popular; exigieron y obtuvieron la renuncia de los gobiernos que no cumplieron con los acuerdos firmados, por su apego a las directivas del Fondo Monetario Internacional. Los indígenas ya son actores de primer plano en el escenario económico y político de Ecuador aunque su alianza con los militares a principios del decenio haya provocado un distanciamiento con el resto del movimiento popular. Últimamente su voto ha sido importante en la llegada al poder del actual gobierno reformista (Ponce 2000; Porras Velasco 2005). En México, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primero de enero de 1994, tuvo una amplia repercusión sobre el movimiento indígena y popular, tanto a nivel nacional como internacional. En la misma fecha en que México ingresaba al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los insurgentes retomaron los objetivos de la Revolución de 1910 : reforma agraria, justicia social y democracia. La rebelión obligó el gobierno a reconocer, en los Acuerdos de San Andrés, los derechos de los pueblos indios, aunque la Ley Indígena de 2001 no incluyera dos aspectos centrales de los Acuerdos (la autonomía y los territorios indígenas) sin los cuales no pueden tener un control efectivo de sus recursos. El neozapatismo marcó un paso de gigante en las luchas populares e indígenas en el país, a pesar de que se reconocen hoy unos errores importantes en la lucha : en particular, la falta de una estrategia de alianzas con las demás organizaciones indígenas, campesinas y populares (Pérez Ruíz 2005). El proceso boliviano quizás presente la mayor originalidad. Si bien el movimiento Tupac Katari, de corte etnicista, tuvo un papel importante, en los años ochenta y noventa (Quispe 1989), fue otra vertiente del movimiento campesino indígena, intimamente ligada a la defensa de los recursos, que produjo, hasta ahora, los mayores resultados. Esta vertiente parte, en los años ochenta, de la lucha de los cocaleros de Chapare por su derecho a continuar un cultivo milenario y se aglutina a las protestas de campesinos y usuarios de agua de Cochabamba contra la privatización del recurso (Hoffmann et al. 2003). Llega a su cumbre cuando el gobierno de Sánchez de Lozada decide, hace tres años, permitir la exportación de gas a través de Chile. El actual gobierno, dirigido por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, no tardó en lanzar un conjunto de reformas a nivel agrario, educativo, cultural, y para la recuperación de los recursos estratégicos del país.

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5.3 Conclusión Los tres ejemplos anteriores ilustran como el movimiento político continental estimulado por las luchas del Quinto Centenario se tradujo después en procesos nacionales diferenciados. Todos reflejan distintas maneras de asociar la lucha por la defensa de la tierra y de los recursos, a la lucha política. Al igual que en las luchas económicas, el elemento crucial me parece residir en la relación con el Estado. El proceso ecuatoriano ilustra los peligros de una asociación demasiado estrecha con un Estado capaz de ‘fagocitar’ (tragarse) a sus dirigentes (Bretón 2001). Por otra parte, la línea aislacionista del EZLN, que prohíbe a sus bases cualquier contacto con las instituciones del Estado, desemboca en su debilitamiento a mediano plazo (Reyes Ramos 2004). En fin, la trayectoria del movimiento indígena y campesino de Bolivia parece ilustrar una asociación exitosa entre la dimensión económica de recuperación de los recursos (coca, agua, gas) con la dimensión identitaria (étnica y nacional) y la dimensión política (alianzas amplias y toma demócrática del poder).

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6.

LOS CAMPESINOS DE LAS TIERRAS BAJAS : EL CASO DE BRASIL

Mientras en las tierras altas, la identidad indígena abarca a menudo a una proporción importante, si no mayoritaria, de la población rural, en las tierras bajas, la colonización sustituyó a los pueblos indios por una población que no se distingue del grupo dominante por pautas culturales, como los pueblos indígenas, sino por su modo de inserción en el proceso productivo : los campesinos. Para entender como se formó el campesinado brasileño, empezaremos aclarando lo que se quiere decir por ‘campesinado’.

6.1 La naturaleza del campesinado Más allá de las muchas definiciones, legales, históricas o idealizadas que se pueden hacer del campesinado, podemos estar de acuerdo con la definición que propuso Eric Wolf : los campesinos son gente que tienen un control sobre los medios de producción y que producen, además de su subsistencia, un excedente que se entrega a otros actores sociales (Wolf 1966). Lo primero, el control sobre los medios de producción los distingue de los obreros agrícolas, que venden su fuerza de trabajo a un dueño que posee la tierra, el ganado, la maquinaría, etc. Lo segundo, la producción de un excedente, los distingue de los agricultores indígenas, que tradicionalmente producen solamente para su subsistencia. Varios estudiosos, incluyendo el propio Marx, creyeron que el campesinado, herencia de la Edad Media, estaba destinado a una pronta extinción, y que lo remplazarían latifundios capitalistas empleando mano de obra asalariada17. También fué el punto de vista de Lenin en sus primeras obras18. Wolf (1966) propuso que las sociedades campesinas se distinguen una de la otra por el tipo de excedente que entregan. Bajo el feudalismo, pagan una renta, en especie, en efectivo o en trabajo, al dueño de la tierra. Bajo el capitalismo, pagan un excedente al comerciante que vende sus cosechas y les anticipa los bienes que necesitan, así como al industrial que compra sus materias primas para transformarlas y al capital financiero que les otorga el crédito que necesitan para producir. Por su parte, Chayanov19, propuso que el campesinado era un sistema de producción transhistórico, fundado en el trabajo familiar y en el hecho de que la unidad campesina de producción es a la vez unidad de consumo. No creo que haya una contradicción fundamental entre los dos puntos de vista. Marx y Lenin subrayaron que habían fuerzas en la estructura misma del capitalismo que tendían a la descampesinización : esencialmente, el advenimiento de la producción a gran escala con el uso de maquinaría e insumos químicos, frente a un campesino que no podía acumular capital, por estar aislado, presionado por el comerciante y el usurero. Chayanov se situa más bien a nivel de la estrategia individual y familiar que considera siempre las necesidades que satisfacer (consumo), la fuerza de trabajo disponible (producción) y la rentabilidad de las alternativas que se ofrecen. Él observa que los campesinos no se quedan pasivos frente a las fuerzas potencialmente destructivas del capital y que usan sus recursos (trabajo, tierra, animales, etc.) para sacar el mejor beneficio de la situación. 17

Vease El Capital, T.1, Sec. 8, « La acumulación primitiva ». Vease : El desarrollo del capitalismo en Rusia, cap. 2-4. 19 Vease : « La organización de la granja campesina » en La teoría de la economía campesina, de Alexander V. Chayanov. 18

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Podemos reconciliar Chayanov y Marx-Lenin si incluimos en la estrategia campesina la organización colectiva para recuperar tierras, vender y comprar juntos o defender un patrimonio natural que les pertenece (Vía Campesina 1996). Esta capacidad de los campesinos de formar movimientos, reivindicativos o revolucionarios, en determinadas circunstancias, implica generalmente alianzas con otros sectores. Por ejemplo, en Brasil, las Ligas Agrarias con los sindicatos obreros y los sectores medios democráticos, durante la dictadura militar. En Colombia se observó un proceso similar.

6.2 La división imperialista del trabajo y el campesinado Durante los siglos XIX y XX, el mundo se dividió, de forma duradera, entre dos polos. Por un lado, un pequeño número de países europeos, a los que se unirían Estados Unidos, Canadá y Japón, donde el capitalismo industrial se desarrolló más rápidamente, por motivos históricos, geográficos y culturales : forman la Metrópoli, o el Centro. Por otro lado, están África, Asia y América Latina, o sea las tres cuartas partes de la humanidad : es la Periferia. Desde el siglo XVI, todos formamos parte del mismo Sistema-Mundo, como lo llamó Wallerstein (1976), mucho antes de que se inventara la palabra ‘globalización’. Los primeros nexos que se establecieron entre los diferentes puntos del mundo, después de las grandes navegaciones de españoles, portugueses, ingleses y franceses, fueron obra del capital comercial : se traían a Europa materias primas y productos de lujo de los países exóticos, donde se establecieron colonias. Un comercio triangular unió Europa, África y América : de Europa salían tejidos, herramientas y armas hacia África, donde se compraban esclavos para traerlos a América, de donde se regresaba con oro, plata, azúcar, tabaco y aguardiente. Este comercio cambió la estructura de clases en los países europeos, el Centro, donde se especializaron en la industria de transformación. En Inglaterra, los nobles expropiaron a los campesinos, para remplazarlos por los rebaños de ovejas que abastecían de lana a la industria manufacturera. Por su parte, en Francia, los campesinos aliados a la burguesía eliminaron a la nobleza durante la Revolución (17931802), y en Alemania prevaleció una situación mixta. Mientras tanto, las burguesías centrales obligaron a las colonias y ex-colonias (la Periferia) a limitarse a la producción minera, forestal y agrícola. También se desarrollaron en las colonias formas nuevas de producir: empresas mineras que utilizaban asalariados, plantaciones de caña, de tabaco que utilizaban esclavos (primero indios, luego negros). Y nuevas clases sociales : surgieron ‘burguesías asociadas’, que sacan beneficio de la explotación agrícola y minera pero dependen de la metrópoli para sus mercados - e incluso para sus maneras de pensar – hasta después de las independencias políticas de la repúblicas latinoamericanas. Las consequencias de esta división imperialista del trabajo sobre el campesinado brasileño fueron importantes. El latifundio esclavista que prevaleció en todo el país, (como también en Venezuela, en las Antillas y en las costas de Colombia y Ecuador) no permitió la constitución temprana de un campesinado en Brasil. Se formó progresivamente el mundo campesino del caboclo en la frontera agrícola y política y en los intersticios de los latifundios, en el nordeste, y en las zonas del interior. Recibió nuevos contingentes con la liberación de los esclavos, a fines del siglo XIX y la inmigración de colonos europeos, sobre todo en el sur del país..

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Cualquiera que sea su origen, los campesinos comparten la misma estrategia económica de base : asegurar la subsistencia con la parcela (roça) completandola por alguna actividad comercial propia (cultivo de cereales, algodón o café, colecta de caucho o de castañas, por ejemplo) o el trabajo ajeno (como jornalero migrante, por ejemplo). Es lo que les distingue de los agricultores y de los empresarios agrícolas, dedicados principalmente a la producción para el mercado (café, azúcar, algodón, ganado). A lo largo de la historia de Brasil, ha existido una oposición a la vez que una relación de complementaridad entre los caboclos o campesinos precarios y los latifundistas. Por ejemplo, en el frente de expansión de los cafetales en la zona de Saõ Paulo en el siglo XIX, los campesinos, a la vez que sembraban sus parcelas, tumbaban el monte y preparaban la tierra para el café, que era cultivado después por esclavos y luego por inmigrantes europeos. A la vez, el avance cafetalero los iba empujando cada vez más adentro. A la vez que el capitalismo busca someterles estrechamente a través de los mecanismos de mercado, la competencia de la gran empresa agrícola (el ‘agribusiness’) por tierra y mercados, así como la producción extranjera, tienden a arruinar a buen número de ellos : es la llamada ‘descampesinización’ a la que aludimos antes. En el período de capitalismo nacional, la industria pudo absorber gran cantidad de inmigrantes del campo, que constituyeron el proletariado de las grandes ciudades de América Latina. Sin embargo, durante los últimos decenios, la apertura indiscrimada de fronteras a los productos extranjeros ha reducido mucho esta capacidad de absorción. Así que la lucha actual del campesinado brasileño es una lucha por su supervivencia como clase social y modo de vida distinto, en contra de su desaparición y de su marginalización en las favelas de las ciudades.

6.3 ¿Quienes son y donde están los campesinos de Brasil? El estudio de Martins de Carvalho (2005) concluye que hay alrededor de 7 millones de familias campesinas (camponêses)en Brasil. Están esparcidos por todo el país, con mayores concentraciones en el Nordeste (4 millones) y en el Sur (casi 1 millón) (2005 : 177). Además de su dispersión, la gran diversidad de sus modos de subsistencia ha dificultado su unión por mucho tiempo. Por ejemplo, unos tienen una parcela y algunas cabezas de ganado; muchos viven como precarios en un latifundio. Se distinguen los ribeirinhos, que viven a orillas de ríos, los seringueiros, que recogen el caucho en el bosque, los castanheiros que cosechan castañas oleaginosas, los pescadores, etc. Martins de Carvalho subraya que el proceso de unificación empezó en tiempos de la dictadura militar (1964-1986). El motivo del golpe de Estado fue precisamente la ley de reforma agraria que iba a decretar el presidente Goulart. Luego, las políticas de la junta, muy favorables a las transnacionales forestales y mineras y a los latifundistas, acarrearon la expulsión de miles de caboclos. Paulatinamente, estos se dieron cuenta de que la gran mayoría (unos cuatro millones) tenía una condición común : la ausencia de derecho a la tierra. En el mejor de los casos eran minifundistas o precarios, que podían ser despachados en cualquier momento. En base a los primeros sindicatos regionales se formó el Movimiento de los Sin Tierra (Movimento Sem Terra - MST) en 1985. Su objetivo fundamental fue y es el asentamiento de los millones de familias de campesinos que carecen de tierra en los latifundios. Desconfían de las gestiones puramente políticas, puesto que los gobiernos democráticos que se han sucedido desde el fin de la dictadura (incluso el actual gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva) reparten tierras a un ritmo extremadamente

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lento, que no responde a las necesidades apremiantes de los campesinos. Por eso, el MST combina los trámites legales con la acción directa y sus miembros ‘acampan’ u ‘ocupan’ las tierras, para presionar tanto al gobierno como a los dueños; una vez legalizada la ocupación, el campamento se vuelve asentamiento (Porto-Gonçalves, s.f.). Hoy en día, el MST está presente en 23 de los 27 estados de Brasil y organiza alrededor de un millón y medio de personas; 350 mil familias viven ya en los asentamientos ganados por su lucha y 80 mil más, en los ‘campamentos’, en espera de un reconocimiento oficial. Otra organización, el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) protesta contra la multiplicación de las represas que provocan su expulsión y destruyen el medioambiente para producir hidroelectricidad (Movimento dos Atingidos por Barragens s.f.)

6.4 Tendencias actuales Vale la pena notar que si bien, en la mayor parte del país, la creación de comunidades de ‘asentados’ es la forma más común de reivindicar la tierra, en la Amazonia, se esta observando una verdadera territorialización del país entre los campesinos, muy parecida a la que promueven y practican los indígenas. A los 110 millones de hectáreas que ya tienen delimitadas o que reclaman los pueblos indios, hay que añadir 18 millones que son explotadas y reclamadas por los recolectores de nuez de babaçú, 10 millones, por los recolectores de caucho, y 1,2 millones por los recolectores de castañas (Martins de Carvalho, 2005 : 91-92). Se puede observar que estas nuevas agrupaciones campesinas están íntimamente relacionadas con la naturaleza misma de los recursos de los que obtienen una parte importante de sus ingresos, y que se encuentran diseminados sobre grandes superficies. Así que, a la vez que reclaman la tierra, su objetivo es asegurar la sustentabilidad, protegiendo estos recursos de la voracidad de las empresas hidroeléctricas, mineras y forestales, así como de los ganaderos, que realizan inmensos desmontes para efectuer una explotación industrial. Se nota una clara convergencia con los objetivos de las organizaciones indígenas, echando así las bases de la unión de los Pueblos de la Selva (os Povos da Floresta). En las zonas agrícolas del sur y del centro de Brasil, la defensa campesina del medio ambiente está teniendo otro matiz ; la lucha contra el agronegocio que reduce doblemente la biodiversidad : por una parte, cuando sustituye a las muchas especies del monte por el ‘desierto verde’ de los eucaliptos, por otra parte, cuando remplaza la diversidad de cultivos para la subsistencia y el mercado local por el monocultivo de transgénicos (en particular la soya) destinados a la exportación (Malvezzi 2004). Aunque el movimiento campesino contraataca principalemente difundiendo los conocimentos tradicionales de la agricultura campesina (Col., 2006), recurre también a acciones más directas, como las ocupaciones de tierras. Es obvio que una de las metas fundamentales del movimiento campesino brasileño es frenar la descampesinización de sus miembros, proporcionándoles los medios para subsistir. Una de las tendencias recientes de la descampesinización es el aumento de las migraciones internacionales que afectó primero a México y Centroamérica, y ahora está alcanzando rápidamente a los países andinos. En varios países, las remesas de los emigrantes ya constituyen un componente importante de la balanza de pagos, a la vez que aparecen movimientos sociales transfronterizos (Morales 2005 : 1-2). Por otra parte, esta migración masiva tiene efectos mixtos sobre la economía campesina, en particular sobre las mujeres. Es cierto que permite a muchos hogares rurales hacer

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frente a la crisis de la agricultura. Pero también esta entrada de divisas aumenta la importación de alimentos, fragilizando aún más la producción doméstica (como el caso del maíz en México). En tercer lugar, en la medida en que los hombres emigran más, dejan a las mujeres la responsabilidad económica y social casi total del hogar y de la parcela. Las mujeres del campo ya tienen varios años agrupandose y participando de forma independiente en el movimiento. Luchan a la vez por sus derechos específicos y manifiestan su preocupación por la recuperación de la autonomía alimentaria. Por ejemplo, el 8 de marzo del 2005, en Brasil, integrantes del Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil (MMC) decidieron y llevaron a cabo la destrucción de plantíos de Aracruz Celulose, una transnacional sueca dedicada a la siembra a gran escala de eucaliptos, el ‘desierto verde’ al que aludíamos arriba. Las mujeres campesinas han tenido que recorrer un largo camino. Si bien, como sus hermanas indígenas de las tierras altas ocupaban siempre un lugar secundario en un hogar patriarcal, la cultura ibérica comprendía además el componente machista, característica de las sociedades mediterráneas, y que inferioriza a la mujer a nivel físico, intelectual y político. Como en las tierras altas, las necesidades de la lucha las han sacado del aislamiento del hogar campesino y les han permitido darse cuenta que compartían problemas comunes y que sus reivindicaciones debían de ser parte de las del movimiento.

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7.

CONCLUSIONES

De este breve recorrido resalta que el movimiento indígena y campesino reciente, en defensa de los recursos naturales, se ha extendido, se ha transformado y se ha intensificado, a la vez qeu las propias sociedades en las que se inserta. Se ha extendido : el movimiento por la defensa de los recursos naturales, que parecía antaño limitado a pueblos de la selva (Centroamérica, Amazonía) y a sus aliados, está incorporando hoy, cada día más, a los millones de indígenas de las zonas más densamente pobladas de Mesoamérica y de los Andes, así como a los campesinos de las tierras bajas del sur del continente. A la vez que se extendía, el movimiento se ha transformado. En las tierras bajas, la lucha contra el genocidio en los años setenta, se ha transformado en un proceso de reapropriación de los recursos, y en la búsqueda de una articulación nueva con la sociedad dominante. En las tierras altas, la lucha agraria, por tierra para cultivar, se amplió en una lucha por el territorio y por la valoración de las diferencias culturales. Campesinos e indígenas se dan cuenta que de poco sirve que se les reconozca el derecho a una parcela, si continúa la tala de los bosques alrededor, o si una empresa minera o petrolera agota o contamina el agua que necesitan. Se requiere un control, por parte de los pueblos indígenas y campesinos, sobre su medio ambiente : de ahí que la lucha por el territorio se acompañe de una demanda de autonomía, cuyo contenido varía mucho en función de las condiciones locales. Por ejemplo, un grupo indígena relativamente aislado en la Amazonía puede pedir ‘autonomía local’, los kunas de Panamá ‘autonomía regional’, y los indígenas de Chiapas, ‘autonomía regional pluriétnica’ (Díaz-Polanco 1996). Por otra parte, los campesinos en los campamentos y asentamientos del MST ponen en pié mecanismos de autogobierno que se asemejan a municipios autogestionados, mientras que los amplios colectivos de los Pueblos de la Selva, reclaman una forma de territorialización relacionada con los recursos que explotan. También el movimiento se intensificó, puesto que, al frente de la lucha por la tierra y la cultura se añadieron otros frentes, por la defensa de la vida campesina y de los recursos vegetales y animales (mamíferos, aves, peces) que la sustentan. Esta multiplicación de los frentes de defensa ha correspondido a una embestida mucho más fuerte del capital extractivo y agroindustrial, buscando nuevas fuentes de abastecimiento de energía (petróleo, hidroelectricidad) productos agrícolas, forestales, mineros, para surtir la voraz demanda energética mundial así como los llamados ‘mercados emergentes’ de China y de la India. Este capital extractivo aspira esencialemente a una rentabilidad a corto plazo, incompatible con la sustentabilidad; una vez destruido un ecosistema, se muda a otra parte, dejando atrás solamente destrozos (minas abandonadas, bosques arrasados, ríos contaminados). A nivel cualitativo, la lucha se ha diferenciado también, incorporando a la protesta las reivincidicaciones de la mujeres y la propuesta de alternativas. Podemos decir que, en todo el continente, los ejes principales de estas alternativas son una sustentabilidad social y la soberanía alimentaria. La sustentabilidad social es a la vez ecológica, económica y de género. Ecológica, porque aparece esencial a los indígenas y campesinos que la actividad humana no acarree la destrucción del medio ambiente, sino que este permanezca aprovechable para las generaciones futuras. Económica, porque los pueblos indígenas y campesinos quieren satisfacer sus necesidades

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legítimas a través de la explotación de los recursos. De género, porque las mujeres, sobre quienes recaen responsabilidades enormes en la reproducción biológica y cultural de los grupos indígenas y campesinos, exigen la inclusión de sus reinvindicaciones en las demandas y propuestas. Esto implica una lucha contra las empresas que invaden el territorio desde afuera (madereras, mineras) como contra las que buscan controlar la agricultura y la cría de animales desde adentro : vendiendo insumos químicos, semillas transgénicas y maquinaria agrícola, y comprando los productos para el mercado urbano o la exportación, al precio que ellos quieren. Esta sustentabilidad social difiere del llamado conservacionismo, en el que se pretende conservar pedacitos de ‘naturaleza virgen’ – llamados parques nacionales o reservas de la biósfera – sin que los humanos puedan aprovechar sus recursos (Beaucage 2007). Es significativo que, tanto en México como en Bolivia, por ejemplo, grandes petroleras han fomentado la creación de parques naturales en zonas donde hay yacimientos de hidrocarburos, para sustraerlos a las reinvindicaciones indígenas. Su objetivo es poder renegociar después con el Estado la obtención de derechos de exploración y explotación, modificando los límites de estos ‘parques’. En la implementación de estas alternativas económicas sustentables, los campesinos e indígenas pueden contar con aliados : desde las Iglesias hasta profesionistas que les ayudan a experimentar nuevos cultivos y formas del manejo del ambiente, e incluso organizaciones de consumidores, nacionales o extranjeros, deseosos de adquirir alimentos que no sean transgénicos ni ‘envenenados’ por los insumos químicos. Pero se enfrentan tambien con dificultades. En primer lugar, porque el contexto económico general actual en América Latina y en el mundo es el producto de más de veinte años de políticas neoliberales, que tienden precisamente a socavar la sustentabilidad social y la soberanía alimentaria. Se abrieron indiscriminadamente las fronteras y se suprimieron los acuerdos que garantizaron, por muchos años, los precios de algunos productos básicos, como los cereales y el café, por ejemplo. A los pequeños productores de coca del Chapare, en Bolivia, se les indemnizó por la destrucción de sus plantaciones, y se les dijo que sembraran « otras cosechas » ; pero no hay quien las compre a precio rentable. Esta dificultad de planeación a medio plazo ha sido subrayada en un encuentro reciente de colectivos de base (Col. 2000). Así que, además de los cambios locales y regionales, hace falta a las organizaciones construir fuertes redes nacionales e internacionales. En el proceso mismo de la lucha por los recursos naturales y el territorio, las propias sociedades indígenas y campesinas se transformaron. Los líderes tradicionales de las históricas luchas agrarias y los dirigentes guerrilleros (donde hubo guerrilla) dejaron el lugar, a partir de los años ochenta, a una nueva generación de jóvenes, maestros, catequistas, promotores culturales, formados por el Estado, la Iglesia y las ONGs. Además de su labor profesional, les tocó retomar las reivindicaciones de sus pueblos y negociar en términos jurídicos aceptables en las sociedades en vía de democratización. Por primera vez, un contingente importante de mujeres se integró a este nuevo liderazgo : tanto porque querían participar plenamente en el proceso global de lucha, como porque querían cambiar la correlación de fuerzas entre los géneros en las sociedades campesinas e indígenas. A todos les tocó resistir a los sobornos, de los gobiernos y de las empresas, y escapar de la represión que se desencadena con regularidad en el campo. Mientras que antes luchaban aislados, los pueblos indígenas y campesinos aprovechan ahora la era de la comunicación para establecer relaciones directas unos con otros, así

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como con sus aliados nacionales e internacionales. A nivel nacional, la Iglesia, los grupos medioambientalistas, académicos y estudiantiles, así como otros elementos de la sociedad civil, fureron los que los apoyaron principalmente. Así se logró, en Brasil, que se incorporaran los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución de 1988. Los pueblos indígenas lograron hacer llegar sus denuncias a nivel internacional, apoyándose en el Convenio 169 de la OIT para lograr inscribir su problemática en la agenda de las Naciones Unidas y de la OEA. Después les fué más fácil presionar a los gobiernos nacionales para reconocer sus derechos jurídicos e inscribirlos en las constituciones de cada país. En el proceso, sus organizaciones y sus líderes alcanzaron un protagonismo político y simbólico nunca antes visto. Ha sido mucho más difícil cambiar la condición material real de las decenas de millones de familias indígenas y campesinas, cuya situación tendió más bien a deteriorarse. Varios gobiernos han firmado decretos que contradicen leyes y acuerdos anteriores que reconocían el derecho a la tierra y al territorio. En Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva frustró las esperanzas de los que lo habían apoyado, como el MST, organización que esperaba una rápida implementación de la reforma agraria : los logros se limitan a lo que el movimiento puede conquistar por sus propias fuerzas. También en Brasil, la situación de los pueblos indígenas ha sufrido importantes retrocesos. Prosigue la « mineralización » de la Amazonía, se estancan las demarcaciones de tierras y el CIMI denuncia : « Hoy, por represas, hay hambre, suicidios, desestructuración, genocidio. » (2001 : 71). En Ecuador y en México, después de grandes marchas y sublevaciones, los gobiernos aceptaron firmar acuerdos con las fuerzas populares en los que se promete desarrollo para todos … para después otorgar migajas. Esto obliga a las organizaciones indígenas y campesinas a mantener y desarrollar sus alianzas con otros actores sociales, para presionar constantemente a empresas y gobiernos. En este respecto, el breve análisis que hicimos de tres experiencias recientes muestra que no hay un sola estrategia victoriosa, sino que hay que adaptarse a la situación de cada país y a coyunturas cambiantes. Tal como mencionado antes, se podría arriesgar la hipótesis de que, si bien la falta de alianzas amplias y el aislamiento completo del Estado es perjudicial para el éxito de la lucha por la reapropriación de los recursos (como pasó a los zapatistas), el acercamiento extremo con el Estado y las instittuciones de desarrollo, como se pudo observar en Ecuador, desemboca en una separación entre el liderazgo indígena y campesino y las demandas de las bases. En comparación, la articulación de las reivindicaciones de justicia social con las étnico-nacionales es generadora de amplios consensos, como pasó en Bolivia. Quizás el mayor logro del período reciente sea el que los indígenas y los campesinos, tanto hombres como mujeres, hayan podido insertarse definivamente en el escenario político, y plasmar en la consciencia colectiva que no se puede dejar la tierra y los recursos básicos al agronegocio o al capital extractivo, sino que se debe confiar en los actores sociales de base que los cuidan y alimentan con su trabajo al resto de la sociedad, actores que han de ser apoyados.

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