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LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE EL CONFLICTO

Fue deber de la Comisión de la Verdad y Reconciliación analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú.

Según Abimael Guzmán, el PCP‐SL era heredero directo del momento más radical del maoísmo: la denominada Gran Revolución Cultural Proletaria (1966‐1976) y su reclamo de una dictadura omnímoda sobre la burguesía. De acuerdo a Guzmán, la Revolución Cultural china es el hito mayor de la historia humana, porque descubrió cómo cambiar las almas. Sin embargo, una vez que las fronteras del PCP‐SL dentro del universo de la izquierda maoísta estuvieron más o menos definidas, la imagen de Mariátegui fue palideciendo hasta desaparecer, mientras que Guzmán se convertía en presidente Gonzalo, cuarta espada del marxismo, encarnación del desarrollo de 15 mil millones de años de materia en movimiento. Desde ese ámbito surgen una personalidad como Guzmán y un proyecto como el del PCP‐SL. Este saber permitía comprender las leyes de la Historia y conducir, por tanto, al conjunto del país a un destino mejor. El abandono de la educación pública por parte del Estado y la persistencia allí de una transmisión vertical de conocimientos donde el maestro sabe y el alumno aprende / obedece, creó un ambiente propicio para la propuesta senderista. De esa forma, el PCP‐ SL pudo desplegar su dimensión de proyecto pedagógico tradicional y autoritario; y pudo reproducir también las viejas jerarquías verticales dentro del propio partido, entre jefatura y militantes, pues era la jefatura (es decir, Abimael Guzmán) la única capaz de interpretar las leyes de la Historia. A esta sociedad le correspondió un Estado poco legitimado. Hasta la década de 1970, la ley, el orden jurídico y el Estado republicano mismo eran cuestionados desde el paradigma revolucionario, que consideraba a la democracia representativa una forma vacía de contenido y subestimaba derechos y libertades individuales considerados burgueses. La vigencia del estado de derecho era también cuestionada desde la derecha por una larga tradición de pronunciamientos militares. Así, los grandes cambios estructurales que transformaron el país fueron seguidos a duras penas por un proceso intermitente de modernización, democratización y reforma del Estado que, precisamente en las dos décadas previas al estallido del conflicto armado interno, desembocó en dos entrampes: El de la vía liberal democrática, iniciada desde 1956 y desarrollada con más nitidez durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde (1963‐1968).

El estallido del conflicto armado interno encontró entonces a un Estado desbordado pues la transición democrática abierta en 1977 abarcaba campos más allá de aquellos relacionados directamente con el cambio de régimen político. Para 1980, el tamaño del aparato estatal (burocracia, empresas públicas, porcentaje del PBI estatal) había crecido y, sin embargo, el Estado como institución tenía mayores dificultades para cumplir sus obligaciones básicas con sus ciudadanos. Como parte del proceso de desmontaje de la Reforma Agraria, el gobierno del general Morales Bermúdez procedió a la desactivación del denominado Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social ( SINAMOS ), el aparato estatal que de alguna forma había cubierto el vacío dejado por los poderes locales tradicionales en el campo.

Debilidad de los partidos políticos.

Sobre la duración del conflicto El segundo gobierno de Fernando Belaunde podía haber esperado algún alzamiento armado semejante a los que por entonces tenían lugar en América Central o el Cono Sur. El gobierno y las Fuerzas Armadas desconfiaban de líderes izquierdistas como Hugo Blanco, que alcanzó la segunda votación más alta para la Asamblea Constituyente de 1978, después de Haya de la Torre ; de partidos marxistas como el PCP‐Unidad, la UDP o el UNIR, que conformarían poco después Izquierda Unida y tenían fuerte influencia en organizaciones sociales como la Confederación General de Trabajadores del Perú ( CGTP ), la Confederación Campesina del Perú ( CCP ) o el sindicato magisterial ( SUTEP), que vivían por entonces sus años de auge. De esta forma, los pequeños puestos policiales en el norte de Ayacucho fueron rápidamente obligados a replegarse, mientras el gobierno de Belaúnde se mostraba reticente a convocar a las Fuerzas Armadas, como ya se explicó. Además de la sorpresa general, contribuyó a la supervivencia de SL su carácter radicalmente autárquico. Además, el PCP‐SL apareció muy temprano como propuesta de un nuevo Estado, portador de orden y administrador de una justicia vertical y draconiana, que ponía coto a conductas consideradas antisociales recurriendo a castigos físicos y a los denominados ajusticiamientos.

Sobre la crueldad en el conflicto Así, entre 1958 y 1964 tuvo lugar en el Perú el movimiento campesino más importante por esos años en América Latina. La movilización no fue tan amplia como en la década previa, pero la organización campesina alcanzó su pico más alto luego de la reorganización de la CCP y la creación de la Confederación Nacional Agraria (CNA ) en 1974. En 1955, masivas movilizaciones políticas en Arequipa provocaron la renuncia del temido Ministro de Gobierno y Policía, Esparza Zañartu, lo que marcó el inicio del fin de la dictadura de Manuel A. De esta forma, la Constitución aprobada en 1979 parecía poner simbólica y legalmente fin a las

grandes exclusiones políticas que habían obstaculizado nuestra construcción como estado nacional. Luego de las profundas transformaciones demográficas, económicas, políticas y socioculturales de las décadas previas, y del sismo político que significó el reformismo militar, el país parecía encaminado a consolidar un Estado nacional, moderno y democrático. Luego de la entrada de las Fuerzas Armadas para combatir la subversión, la táctica senderista de los contrarrestablecimientos incrementó aún más el número de víctimas civiles. Desde Lima, Guzmán propuso construir comités populares cerca de donde se instalaban bases militares260 para provocar la reacción del Estado: esto contribuyó también a que el número de víctimas sea tan elevado. A partir de 1983 se revelaron los abismos ya anotados: no sólo la falta de una comunidad nacional de ciudadanos, sino el desprecio teñido de racismo por los campesinos, que permeaba las instituciones del Estado incluyendo a las Fuerzas Armadas. Sobre la derrota de los grupos subversivos Si bien el avance de la subversión fue una de las causas del quiebre democrático, el golpe de Estado de abril de 1992 se dio cuando el PCP‐SL se encontraba estratégicamente derrotado. Existieron, además, organismos fiscalizadores que cuestionaron los crímenes y violaciones de los derechos humanos, tanto del Estado como de los grupos subversivos : organizaciones de derechos humanos, sectores importantes de la Iglesia Católica y de iglesias evangélicas. Ellos fueron los precursores del cambio de estrategia que, como ya se ha mencionado, otorgaba más peso al trabajo de inteligencia, volvía la represión más selectiva, buscaba ganar a la población rural y establecer alianzas con los ronderos o presionar al campesinado para que se organice en comités de autodefensa allí donde encontraba resistencia. En lo que se refiere al PCP‐SL, el viraje hacia el capitalismo en la China post Mao convirtió a los seguidores de la Revolución Cultural en una excentricidad. El PCP‐SL se vinculó a un llamado Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) que agrupaba a docena y media de grupúsculos sin incidencia en sus respectivos países. De esta forma, mientras el Estado y las Fuerzas Armadas rectificaban los aspectos más indiscriminados y contraproducentes de su estrategia, en diferentes partes del país y en diferentes momentos a lo largo de la década de 1980 se constataba la repetición del ciclo senderista : conquistar bases/restablecimiento/contra rrestablecimiento/repudio de la población. La diferencia entre unas Fuerzas Armadas que aprenden y un PCP‐SL que repite sus errores demuestra cómo la cantidad de víctimas en general, y en especial las rurales y quechua hablantes, provocadas por agentes del Estado disminuyen notoriamente; mientras que el PCP‐SL continúa, e incluso incrementa, su agresión contra aquéllos en cuyo nombre supuestamente actuaba.