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LIBERTAD DE OPINIÓN NUMERO: 38 AÑO: II SEMANA; IV ABRIL 2011

LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Desde que el País retornó en 1978-1979 a la formalidad democrática, se han realizado ya ocho procesos plebiscitarios. 3 de referendo y 5 de consulta. Analizando bien las circunstancias, independientemente del texto de las preguntas, todos ellos sirvieron para medir la aceptación de los presidentes de la República y por lo regular han sido muy útiles para esquivar o aplacar un conflicto político y no precisamente para los temas por los que aparentemente fueron convocados. Recordemos la consulta de Febres Cordero en 1986, y la de Sixto Duran en 1995, ciertamente se tocaban asuntos muy importantes como el derecho a la participación política fuera del marco de la llamada partidocracia, la descentralización, el aseguramiento universal, la distribución territorial equitativa de recursos, la prohibición de paralización de los servicios públicos, sin embargo el pronunciamiento popular evidentemente respondió a la aprobación o rechazo de la gestión gubernamental, ahora estamos

también frente a una situación similar. Y esto lo saben muy bien los artistas del marketing político y por ello todo su poderoso aparataje apunta en esa dirección. Más aun los temas de la consulta han sido seleccionados y formulados de tal manera que sean útiles para ese objetivo. De manera que quienes nos convocan a “profundos debates” sobre el contenido y proyecciones de las diez preguntas se encuentran absolutamente fuera de foco. La Revista especializada TENDENCIA publicada por el Ildis, financiada por la Fundación Alemana Ebert en su número 11 de Feb./Mar. 2011 , en su artículo de investigación corporativa, dice textualmente: (Pag 20) “El 30 de Septiembre sucedió (¿por coincidencia?) cuando el Gobierno tenía en ciernes dos “temas calientes”: el reto de aplicar la “muerte cruzada” a la Asamblea Nacional dominada por sus propias fuerzas de Alianza País; y la convención de Alianza País que amenazaba sorpresas y revueltas internas, y cuya caja de pandora no terminaba entonces de revelarse. El 30 de Septiembre hizo que la brújula de ambos hechos políticos cambiara sorpresivamente de norte”. El tema central es que han

transcurrido más de cuatro años y pese a los visibles empeños y hasta rabietas de Correa, su circulo integrado por muy buenos y aprovechados alumnos de la partidocracia, han ido desde el primer día minando las posibilidades de un cambio en la línea de la equidad, puesto que, por lo visto, a ellos les interesa ante todo el poder político y su permanencia. Prueba de ello es lo que pasó desde la formulación del mismísimo Estatuto para la Constituyente el

2007 , lo sucedido en la Asamblea de Montecristi el 2008, la elección del 2009. Tal como en el caso de Mahuad el círculo o la troika, está muy bien atrincherado en las posiciones claves de la Asamblea Nacional con el Corcho y su séquito, en las cinco funciones del Estado, ciertas alcaldías y prefecturas y ministerios claves, Buró Político, Dirigencia de Alianza País y sus respectivas lugartenencias estructuradas en las provincias. Esta la razón por la que no les convenía generar una estructura política que abra un debate, que ciertamente al círculo no le resulta deseable ni soportable. El Presidente Correa, por lo visto, tiene la acrobática tarea de mantener el equilibrio entre este círculo de la partidocracia de nuevo cuño que se armó bajo su alero de popularidad y la fuerza pública que como claramente lo dijo el Jefe del Comando Conjunto la tarde del 30 del Septiembre antes de la “operación de rescate”, son leales a la institucionalidad democrática, pero están absolutamente de acuerdo en las reivindicaciones expresadas por la Policía, excepciones que por otra parte habían venido siendo consagradas en la Constitución de Montecristi y en la famosa Ley de Servicio Público aprobada por la unanimidad de la Asamblea Nacional y cuyos efectos están en plena e incontrastable ejecución. Si se observa lo que sucede en la Asamblea Nacional, se verá que ahí no hay ninguna oposición, sino al contrario una unanimidad, presta a mandar al

limbo todo aquello que ponga en riesgo la estructura de poder, consolidada en las indefiniciones de una transición que no quieren que termine sino con el siglo XXI . Eso pasó con el sistema único de remuneración del sector público, con la descentralización, con la regionalización horizontal para la equidad territorial, con la ley que garantice la libertad de comunicación, con el seguro universal, con la calidad y equidad educativa, con la equidad financiera, con el sistema de justicia etc.etc. Si observan los diarios nacionales del año 2008 , podrán apreciar mejor en detalle, todo lo que está produciendo su efecto ahora el 2011 . Oportunamente se advirtió al país sobre las consecuencias , pero como bien sabemos el lema de moda es el de que “Va porque va”. El 16 de Septiembre del 2008 , la Asamblea Constituyente publicó un suplemento en todos los diarios que se denominaba “Esquema Constitucional del Estado” ahí se pudo ver con claridad las reales intenciones ,cuando se crearon cinco funciones en lugar de tres y se colocaron las cinco funciones bajo la misma égida política que actuará en un régimen denominado de transición en el que ya no hay organizaciones políticas sino organizaciones sociales. Ahora mismo para la Consulta de Mayo se excluyeron disimuladamente a las organizaciones políticas en hibernación y se asignaron los espacios publicitarios a las organizaciones sociales o gremiales.

La Función de Transparencia y Control Social, responde a lo que se denomina la participación de la sociedad civil en el Estado. Como que si la sociedad se dividiese en sociedad civil y sociedad política. A esto hay que añadir todo el proceso de estigmatización de lo político y el surgimiento de infinidad de organizaciones que se trata de articular con evidente sentido político en la gran Coordinadora de Movimiento Sociales. Todo esto constituye el contrabando ideológico metido desde afuera, con la clara finalidad de precisamente debilitar los niveles de participación política de los pueblos. Todo este esquema lo tienen muy bien manejado determinados artistas del marketing populista infiltrados en el proceso de cambio. Alexis Ponce, Coordinador Permanente de la Asamblea de los Derechos Humanos en el Diario El Expreso de 28 de Diciembre del 2008, en el marco de un reportaje sobre las quejas de los aspirantes al Consejo de Participación ya dice textualmente “Será un Consejo de Exclusión Ciudadana” y afirma además: “ellos necesitan siete personas de su más absoluta confianza..” la pregunta es quienes son ELLOS?. El problema es de tal naturaleza que yo intuyo que si el Presidente no sospecha y hala el freno, ya tuviéramos mediante los inefables “concursos de merecimientos”, designada la Corte Nacional de Justicia en el mismo estilo del Consejo de Participación y nombrados todos los órganos de

control del Estado bajo la misma égida política, surgida de las organizaciones sociales que según todos y todas dizque integran la sociedad civil. Ellos nombran las comisiones ciudadanas de selección, donde como es obvio, no entra nadie que no este alineado y bien identificado. Pero, por otra parte , ha venido funcionando desde hace rato ya en el país un proceso de autoexclusión sicológica generalizado. Quién se atrevería a meterse en esos círculos de veedores y veedoras, ellos y ellas hablan hasta un lenguaje propio y no admiten digresiones. Ahí está el caso del famoso concurso para Fiscal General y todas sus incidencias: los Penalistas de alta experiencia que en el país hay muchos y destacados, ninguno ni por sueños se le pudo haber ocurrido someterse a semejantes concursos y procesos. Bien sabemos como funciona aquello de la calificación de méritos, eso de los títulos de cuarto nivel. Es el terreno de los expertos en engrosar su curriculum con certificaditos de toda especie, y luego vienen las famosas pruebas donde les preguntan adivinanzas de verdadero o falso, si o no o perogrulladas folclóricas como si saben de qué Cantón fue oriunda Dña. Tránsito Amaguaña o que año nació Dn. Eloy Alfaro. Fuimos enfáticos el año 2007 y 2008 en insistir que por este chaquiñán se lo iba a someter al país a una engañifa buena para consolidar en el poder una pandilla, pero no una estructura verdaderamente

democrática y respetable del Estado. Si es necesario la creación de la Función de Control del Estado a parte de las tres funciones tradicionales, esta función debería de haber estado estructurada de tal manera que no este sometida ni condicionada por ninguna otra de las funciones del Estado. El camino para este propósito era y sigue siendo la creación del Consejo de Estado, integrado por consejeros del más alto nivel y experiencia, que si bien son calificados como elegibles mediante un proceso imparcial y serio de selección, son designados por el pueblo en elecciones universales de entre la lista de elegibles en cada una de las siete regiones y dos distritos metropolitanos. Esta elección universal y directa debería ser efectuada al margen de partidos políticos y sin ninguna publicidad que no sea la publicación y difusión oficial de la lista de elegibles con el respectivo resumen de su hoja de vida. Este Consejo de Estado debe hacer las veces de la Corte Constitucional y de la Función de Transparencia y Control Social, para establecer el control constitucional y la designación calificada de los demás órganos de control del Estado como: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensa Constitucional, Consejo Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Justicia, Consejo de Evaluación Educativa, Consejo de Comunicación Pública Cultura y Cultos.

Esta Función de Control del Estado, debe estar absolutamente separada de las otras funciones y desvinculada de la necesaria y democrática confrontación política. La reforma política es aún una asignatura reprobada en nuestro país y por ello ojalá los resultados de esta consulta conduzcan a que el Jefe de Estado asuma la responsabilidad de convocar a la “muerte cruzada” y que conjuntamente con la elección de una nueva Asamblea se consulte mediante referendum las reformas constitucionales, que proponga el Jefe de Estado y que serían introducidas por la nueva Asamblea cuyos primeros 90 días, por pronunciamiento plebiscitario incluido en la consulta, debería dedicarlos exclusivamente a asumir la condición de constituyente. Hay que salir del pantano de los “infiltrados con agenda propia” lo más pronto, el costo de oportunidad que esta pagando el país es muy alto y con efectos irreversibles.