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• Jhon Ramos Paredes

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GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS COMENTARIO 3.- En la madrugada del 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, al mando del general de división E.P. Juan Velasco Alvarado,1 se levantan en armas, tomaron Palacio de Gobierno y derrocaron al Presidente Constitucional Fernando Belaúnde Terry; además otros tanques tomaron el local del Congreso, la prefectura, los locales de los partidos políticos Acción Popular y APRA, Radio Nacional, el Ministerio del Interior y las estaciones de Televisión. En la tarde del mismo día se dio el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, firmado por el General de División Ernesto Montagne Sánchez, como Comandante General del Ejército, el Vice-almirante Raúl Ríos Pardo de Zela en su condición de Comandante General de la Marina y el Teniente General Alberto López Gausillas como Comandante General de la Fuerza Aérea. A las 6 de la tarde, Velasco se presentó como Presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y realizó la ceremonia de juramentación de los ministros de estado; el gabinete fue presidido por Ernesto Montagne Sánchez y militares como Edgardo Mercado Jarrín en Relaciones Exteriores, Francisco Morales Bermúdez en Economía, Jorge Fernández-Maldonado en Energía y Minas y Armando Artola Azcárate en Interior. A los seis días de instalado el nuevo gobierno, se anuló el Acta de Talara y se nacionalizó lo que detentaba 2 la International Petroleum Company; el 9 de octubre fue declarado el día de la Dignidad Nacional.

Reforma Agraria En su discurso con motivo de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado precisó los objetivos de la misma, plasmados en los considerandos de la ley. En uno de los pasajes enfatizó que la reforma agraria debería «poner fin a un injusto ordenamiento social que ha mantenido a la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos» y que debía cancelar los sistemas de latifundio, reemplazándolos «por un régimen justo de tenencia de la tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediana propiedad en todo el país». La reforma agraria se incluía en una propuesta estratégica más amplia: «la reorientación de los recursos de capital hacia la industria…cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado», conscientes del «inevitable destino industrial de nuestra patria».

La reforma agraria fue aplicada en la costa y en la sierra. Aun cuando no alcanzó a ser aplicada en la selva, en los años del gobierno militar se dieron dos normas importantes desde el punto de vista del acceso a la tierra y de seguridad de la tenencia. En 1974 el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria de las Regiones de la Selva Alta y Selva Baja, para regular el acceso a la tierra en la región amazónica. La mayor contribución de esta ley fue el reconocimiento del derecho de los asentamientos indígenas a la propiedad legal de sus tierras. Esta ley (DL 20653) declaraba la tierra comunal indígena como inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, reconocía derechos sobre la tierra solo a las comunidades nativas, es decir, a los asentamientos locales y no a los pueblos indígenas en tanto pueblos originarios.