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Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA 1° BACHILLERATO INTERNACIONAL NAGELLY B. OÑATE A.

ECUADOR TRAS EL RETORNO A LA DEMOCRACIA PERÌODOS PRESIDENCIALES JAIME ROLDÒS AGUILERA Mejoró las condiciones laborales. El 8 de marzo de 1980 pone en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. El 15 de abril de 1980 se conformó una junta de notables del país para buscar la solución a una pugna de poderes con el Congreso Nacional. El año 1981 lo anuncia como "el año del avance". A fines de enero y principios de febrero de 1981, hubo una confrontación bélica con Perú, en la Cordillera del Cóndor. Los enfrentamientos se dieron en la zona de Paquisha, Mayaycu y Machinaza. Roldós con habilidad y diplomacia en medio de la tensa crisis, llevó a la OEA el problema territorial, quedando allí la evidencia que el problema existía, a pesar de las negativas de Perú. Se destacó la intervención de su canciller Alfonso Barrera Valverde. En la obra física y social, Roldós construyó varios importantes puentes, como el de El Juncal, en el límite entre las provincias de Imbabura y Carchi. Promovió el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de Desayuno Escolar, para los niños de los sectores más pobres. El aporte más significativo de Jaime Roldós fue su política internacional en materia de Derechos Humanos en una época en que la mayoría de países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares como la de Pinochet en Chile y antecedidamente en el Ecuador.

OSVALDO HURTADO LARREA Una vez que asumió la Presidencia de la República, continuó con la realización de las obras emprendidas por el Presidente Jaime Roldós Aguilera, a medida de las posibilidades económicas del país. El 15 de junio Hurtado se dirigía a los ecuatorianos para explicarles el que, en previsión de una crisis económica inminente, aceptaran entrar en un régimen de austeridad, pues iba a restringir el gasto público y a contener el proceso inflacionario. Les anunció, además, que trabajaría por resolver el problema energético, corregir el carácter concentrador de la economía ecuatoriana que iba en desmedro del campo y de los pobres, y llevar adelante las reformas educacional, fiscal, administrativa, política y agraria, constantes en el Plan Nacional de Desarrollo. Propuso una concertación social y solicitó la unión de todos para enfrentar la crisis económica y mantener la democracia. En el mismo espíritu concertador, propuso -en febrero de 1983- a los personeros de la Comisión Económica para América Latina realizar "un esfuerzo concertado para desarrollar la capacidad de respuesta de la región frente a la crisis económica y a los problemas derivados de la deuda externa". Esta iniciativa llevó a la Celebración de la Conferencia Económica Latinoamericana de Jefes de Estado en Quito en enero de 1984.

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La crisis económica que estalló en 1982 obedecía a causas externas apenas modificables y a causas internas de manejo difícil: pesaron internamente en la economía nacional el conflicto fronterizo de 1981, las decisiones del Congreso de 1979, la cuantiosa deuda externa contratada desde 1973 y el manejo inadecuado de la economía del país, durante su gobierno. Las élites económicas menospreciaron al presidente, y éste las acusó de desleales con Ecuador y de corruptas. Los trabajadores declararon una huelga general en septiembre de 1982. En los años más críticos del gobierno de Hurtado, los de 1982 y 1983, Ecuador entró en un juego de reacciones repetitivas: medidas de ajuste, protesta empresarial desprestigiante, movilización sindical y estudiantil, retroceso moderado del ajuste. En octubre y noviembre de 1982 la reacción social fue violenta, en marzo de 1983 los empresarios se declararon en huelga; pero se mantuvo la democracia, no se abusó de la represión pese al estado de sitio y al toque de queda impuesto a mediados de octubre de 1982 y levantado a fines de ese mes. Durante su gobierno convirtió las deudas de dólares de algunos agentes económicos privados contratadas fuera del país, a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador, por lo que el Banco asumió el compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales, de esta manera las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa. Fue un proceso de especialización de deudas privadas más conocida como "sucretización" de la deuda ecuatoriana, que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano, por un monto acumulado de US.$ 4.462 millones. Con la devaluación había aumentado el valor nominal de los sucres de la deuda externa del sector privado, lo que podía causar quiebras y cierres masivos de plantas manufactureras y otros negocios. El sector privado alegó que las devaluaciones fueron causadas por las malas políticas del gobierno. Éste convirtió a sucres la deuda externa privada dolarizada, la denominada "sucretización", y aunque el Banco Central cobró comisiones para cubrir el riesgo de la tasa de cambio, una proporción grande de este riesgo se transfirió al Estado, que, además, extendió su garantía a la deuda externa privada. Con esta medida se compró la estabilidad democrática a un costo muy alto. Las medidas de ajuste fueron tomadas por el presidente mediante decretos ejecutivos contemplados en la Ley. Y fueron ejecutadas con firmeza. Según una encuesta de Gallup en Quito, Guayaquil y Cuenca, en julio de 1984, un mes antes de la entrega del mando, la actuación de Hurtado fue calificada de buena por el 42 por ciento de los encuestados, de regular por un 38 y de mala por un 18 por ciento.

LEÒN FEBRES CORDERO RIVADENEIRA Se posesionó el 10 de agosto de 1984 y sus seis primeros meses de su período presidencial se caracterizaron por el enfrentamiento con el Parlamento. Coherente con las medidas de ajuste no elevó los sueldos y salarios sino en una proporción algo superior a la inflación. Gobernó con decretos económicos urgentes, en total 26, para gestionar así el gasto público, convirtiendo de este modo la excepción en regla de gobierno. Durante su mandato, culminó y entregó el ahora desaparecido edificio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Guayaquil, aportó a través de la Unidad Ejecutora para el Deporte de su gobierno 200 millones de sucres para la construcción de diferentes estadios, construyó carreteras como Ibarra - San Lorenzo, construcción y la reparación en general de carreteras en Litoral, Sierra, Región Amazónica e Insular. Durante su gobierno aumentó las exportaciones no petroleras. En 1983 surgió la actividad subversiva del grupo terrorista Alfaro Vive, ¡Carajo! que en agosto de 1985 secuestró al banquero Nahím Isaías. El propio Presidente dirigió el operativo militar de rescate de la víctima, que murió con los secuestradores en condiciones que nunca fueron plenamente determinadas durante el mencionado asalto. La «lucha contra el terrorismo» se convirtió en política oficial del régimen. Las medidas económicas de ajuste ayudaron a que el PIB crezca y hubo superávit en 1984 y 1985. Pero en el segundo semestre de 1986 el precio del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional cayó de 27 a 8 dólares, y el 7 de marzo de 1986, aduciendo motivos éticos, el general Nagelly B. Oñate A. 1° BI

Frank Vargas Pazzos se rebeló en la base aérea de Manta y el 15 de marzo en la de Quito. En 1986, el Comandante General de las Fuerzas Armadas, Frank Vargas Pazzos, acusa Luis Piñeiro, Ministro de Defensa de Febres-Cordero, por sobreprecio en la compra de un avión Fokker F-28 para TAME. Se inicia un proceso de investigación el 19 de marzo de 1986, por una Comisión de Fiscalización del Congreso, el 24 de abril la comisión dictamina que no existió irregularidades en la compra del avión, a pesar de que la Contraloría General del Estado estableció glosas por 200 millones de sucres, sin establecer implicados en las irregularidades. En 1987, unos comandos de la Fuerza Aérea cercanos a Vargas secuestraron al presidente Febres-Cordero y a su comitiva en la Base Aérea de Taura durante 12 horas, y negociaron la libertad de los secuestrados a cambio de la libertad del general Vargas, prisionero desde marzo de 1986 por sus actos de rebelión, y también a cambio de que el Presidente no tomara represalias contra los secuestradores. El Congreso en su mayoría opositor aprovechó la coyuntura para pedir la renuncia del Presidente, pedido que finalmente no prosperó. En 1988, el régimen se debilitó por varios escándalos de corrupción en las altas esferas del gobierno, la caída del precio de petróleo, y la interrupción de las exportaciones petroleras debido a un terremoto, agravando la crisis económica y disminuyendo los ingresos hasta por 3 mil millones de dólares. El gobierno a partir de entonces incrementó el gasto público y el endeudamiento estatal, tomando medidas que estaban orientadas a la promoción de sector exportador, y del capital financiero. El equipo económico se desbandó y hasta el vicepresidente de la república, Blasco Peñaherrera Padilla, se alejó del presidente. A pesar de todo esto, el gobierno no alteró el plan de gasto para el último año de la administración, pues Febres-Cordero quiso terminar los proyectos que empezó. El desmesurado gasto público durante el último año de gobierno, cuando la economía estaba en crisis, reflejó la adopción de medidas calificadas como populistas, antepuestas a las principales que marcaron una tendencia hacia la liberalización de la economía. El PIB decayó en un 6% tras el terremoto de 1987 y creció la inflación en un 85,7% En el gobierno de Febres Cordero hubo varias denuncias de corrupción y abusos a los derechos humanos. Entre los casos de corrupción se encuentran la huida de Joffre Torbay, Secretario de la Administración Pública, luego de ser sindicado por la compra de 350 carros recolectores de basura a la empresa mexicana DINA que dejó una deuda de cuatro mil millones de sucres; denuncias de presunto sobreprecio para la vía Perimetral y robo de orejeras de oro, pinturas y obras de arte del Palacio de Carondelet. En mayo de 1987, Xavier Neira, Ministro de Industria del Gobierno de Febres-Cordero es sindicado por un supuesto caso de peculado en prestación de servicios con la empresa Ecuahospital. Durante los 33 meses que duró el proceso legal, Neira paso 18 meses en Miami. En febrero de 1990 el caso fue sobreseído por Ramiro Larrea, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.45 El 18 de enero de 1990, Ramiro Larrea, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictamina orden de prisión preventiva contra Febres-Cordero, por la entrega de 150 mil dólares en diciembre de 1986, al asesor de seguridad, el israelí Ran Gazit, quien colaboró en el combate contra la guerrilla en el Ecuador, también fue implicado el yerno de FebresCordero, Miguel Orellana, el caso fue sobreseído definitivamente en agosto de 1990 por la cuarta sala de la Corte Suprema de Justicia.45 Durante su gobierno se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente casos de desaparecidos, hechos que provocaron la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Ecuatoriano, imponiéndole la obligación de reparar a la víctimas y de investigar y sancionar a quienes cometieron dichos actos. Sin embargo sus seguidores sostienen que algunas de estas acusaciones no estuvieron sustentadas con pruebas documentadas e imparciales. También persiguió tenazmente a sus opositores políticos y atentó contra la independencia de las otras funciones del Estado.

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Rodeó con tanques de guerra la Corte Suprema de Justicia, para así evitar la toma de posesión de su nuevo presidente, el cual según el gobierno de Febres-Cordero era ilegal. Entre los casos de atropello a los derechos humanos durante su presidencia, uno de los más conocidos es el caso de la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arismendi, y el de la tortura, violación y ejecución extrajudicial de la profesora Consuelo Benavides, detenida por miembros de la Fuerza Naval de Ecuador. Durante tres años, hasta diciembre de 1988, las familias no conocieron cuál era el paradero de los desparecidos, a pesar de solicitar información repetidamente a las autoridades ecuatorianas. Durante su ataque a la delincuencia e insurgencia del país, se presume que se crearon «escuadrones de la muerte» dedicados a castigos y ejecuciones sumarias.62 El 3 de mayo de 2008, el presidente ecuatoriano y opositor de Febres-Cordero, Rafael Correa, creó en Quito una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante la presidencia de Febres-Cordero. Se espera que los elementos encontrados por la Comisión sirvan de base para iniciar procesos judiciales en contra de los principales cabecillas. A pesar de ello hay controversia alrededor de la comisión: sus opositores alegan que se debería investigar también a los acusadores, especialmente a los exguerrilleros; otros afirman que debería haber fuertes sanciones a los implicados. La Comisión de la Verdad en 2013 llegó a la conclusión que durante el gobierno de Febres-Cordero ocurrieron crímenes de lesa humanidad, comprobándose que existen indicios de que ocurrieron desapariciones forzadas, tortura, arrestos y detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de supuestos miembros de AVC, ante lo cual la Fiscalía llamo a juicio a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas de la época y jefes de la policía.

RODRIGO BORJA CEVALLOS El gobierno de Borja se enfocó en restituir los valores democráticos y libertades, realizando trabajo político de forma diplomática. Puso fin al autoritarismo y respetó a las otras funciones del Estado, con las cuales evitó enfrentamientos. Respetó e hizo respetar las normas de los Derechos Humanos, eliminó el Servicio de Investigación Criminal (SIC), denunciado como centro de torturas y creó la Oficina de Investigación del Delito, organismo técnicamente dotado para combatir prácticas antisociales y garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano. Al inicio de su gobierno no pudo controlar a la policía, por lo que continuaron los casos de desapariciones en el país. Enfrentó a multitudinarias protestas indígenas de la naciente CONAIE, quienes reclamaban por el estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Elaboró un plan nacional de rehabilitación social dirigido a crear una infraestructura para superar las condiciones físicas, psicológicas y de insalubridad de los reclusos. Invirtió 2.300 millones de sucres en la construcción de nuevos centros de rehabilitación con talleres de trabajo y capacitación en distintas disciplinas. Logró la desmovilización del grupo “Alfaro Vive” y su posterior reincorporación a la actividad política legal, erradicando la violencia armada. Desmanteló el principal cartel de la droga denominado “Los Reyes Magos” y estableció mecanismos de cooperación internacional para combatir este delito de proyecciones universales, preservando la soberanía nacional. Desarticuló el movimiento sindical. Impuso un estricto control al gasto público y a la emisión de dinero. Adoptó una política crediticia selectiva a favor de los sectores productivos de alimentos de consumo interno y de exportación. Reactivó la flota pesquera industrial del Ecuador y construyó el terminal marítimo de Esmeraldas. Planificó y ejecutó la Campaña Nacional de Alfabetización monseñor Leonidas Proaño, reduciéndose al 9.6 por ciento el índice de analfabetismo. Instituyó el Programa Nacional El Ecuador Estudia, para garantizar una permanente educación en los sectores marginados. De igual modo, estableció la Educación Preescolar No- Convencional, la Capacitación Ocupacional, el Desarrollo Cultural y Artístico y el Desarrollo Profesional, Científico y Tecnológico, los estudiantes recibían desayuno

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gratuito. Rellenó 800 hectáreas de superficie en los sectores sur y occidente de Guayaquil.1 El gobierno de Borja se manejó con estabilidad política en un inicio, al tener mayoría parlamentaria, pudiendo ejecutar sus planes de gobierno sin problemas por los dos primeros años, pero su alto gasto público, nacionalización de la industria petrolera y amnistía a Alfaro Vive provocaron protestas a nivel nacional, perdiendo la mayoría en el Congreso en el año 1990, perdiendo la estabilidad el país. Terminó su gobierno en medio de una crisis económica, alto gasto público, con sectores del país protestando, en particular los indígenas, quienes reclamaban sus derechos y un país plurinacional. En la presidencia de Rodrigo Borja se conforma una comisión internacional para investigar los crímenes de Lesa humanidad cometidos por el Estado ecuatoriano, esto debido a un informe acusatorio presentado por la DAS de Colombia en la que se acusa a la Policía Nacional del Ecuador de la desaparición de los menores. Con fecha 2 de noviembre de 1991, la comisión internacional presenta el informe ante el Presidente de la República, habiendo 88 sindicados en el caso Restrepo. El 11 de agosto de 1991, aparece el ex-agente del SIC-10, Hugo España quien fue uno de los testigos principales del llamado caso Restrepo, quien acusa a Guillermo Llerena y dice que los restos de los menores fueron echados en la laguna de Yambo en Cotopaxi. En aquellas fechas es detenido Camilo Badillo, ex agente del SIC-10, por encontrarse evidencia de su culpabilidad en los crímenes. El 16 de agosto de 1991, se dicta la orden de detención en contra de Hugo España por encontrarse evidencia en su contra respecto del caso de la muerte de los hermanos Restrepo. Si bien el gobierno de Borja a causa de las constantes presiones conformo la Comisión que dio con parte de la verdad, fue incapaz de clausurar los aparatos de represión policial existentes desde hace décadas.

SIXTO DURÀN BALLEN Durante su Gobierno impulsó políticas de austeridad que buscaban privatizar sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos y eléctrico. Inició un amplio programa de estabilización con apoyo del Fondo Monetario Internacional, lanzando una serie de leyes con el fin de reformar el sector financiero, los sectores de energía y el sector agrario. Paralelamente, comenzó un proceso de transformación del Estado con la aprobación de la Ley de Modernización como base jurídica de las privatizaciones, y la creación del Consejo de Modernización del Estado (CONAM) como ejecutor de esta ley. Para continuar con sus reformas necesitó reformar la Constitución, convocando a una Consulta Popular en 1994, en el que se aprobaron las reformas necesarias para implantar el modelo económico. Bajo el denominado Consenso de Washington en plena aplicación, se impusieron un conjunto de medidas económicas que integraban las políticas de ajuste estructural, las reformas estructurales del Estado, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio, las amplias garantías jurídicas para las inversiones extranjeras, y la flexibilización laboral. Renegoció la deuda externa en el marco del Plan Brady, que fracasó a los cinco años. A la vez, hubo un alza significativa de créditos del Banco Mundial quien le brindó un masivo apoyo. Solo en 1995 se comprometió cuatro préstamos en un paquete de un total de 312 millones de dólares, coordinado bajo la línea de «Reducción de la pobreza y gestión económica». Se reformaron varias leyes, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, que afectó al financiamiento del sector público y que permitió que la participación del Estado en los ingresos petroleros bajara del 90% al 33% en el mejor de los casos, pues había contratos donde se entregaba el 100% de los beneficios a las compañías privadas. Otra medida que generó controversias por incidir en el abuso y sometimiento al endeudamiento público, fue la eliminación del Comité de Crédito Externo en 1995.

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Por otra parte, el cumplimiento a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial, a más de la insistente privatización de los servicios públicos, devino en la reducción de los puestos de trabajo, la eliminación de supuestos subsidios y la rentabilidad en la gestión del Estado, lo que llevó, entre otras cosas, a eliminar la gratuidad de los servicios de educación básica y la inversión en salud pública. Concedió un polémico bono por 190 millones de dólares, pagaderos a 10 años de plazo y sin período de gracia, a través del cual, el país compensaría al Citibank y a otros acreedores por no haber pagado intereses a raíz del débito de 80 millones de dólares realizado por dicho banco en mayo de 1989. Muchos analistas concuerdan en que todas estas acciones ejecutadas bajo plan económico de Durán-Ballén, significaron la antesala a la insolvencia casi absoluta a la que llegaría el país en 1998 con una deuda externa de 16.400 millones de dólares. Para contrarrestar la creciente noción de corrupción en el Gobierno, Durán-Ballén convocó a una segunda consulta popular para permitir reformas para la modernización del estado, la cual fue rechazada en su mayoría. En enero de 1995, se inició un enfrentamiento entre los ejércitos de Ecuador y Perú por la disputa del territorio no delimitado en la zona del Alto Cenepa y el destacamento denominado Tiwintza, en lo que significó el último enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú, teniendo una tregua con un acuerdo del cese de fuego firmado el 13 de febrero de 1995 en Itimarati, Brasil. El 22 de febrero del mismo año volvieron las hostilidades. Después de pérdidas de soldados en ambos lados, se logró llegar a negociaciones con el apoyo de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro(Argentina, Brasil, Chile, y Estados Unidos). Con este apoyo, Perú y Ecuador acordaron reunirse en Brasilia para resolver los impases mutuos. Uno de los momentos más controvertidos en su presidencia es la renuncia del vicepresidente Alberto Dahik, quien iba a ser destituido mediante juicio político del Congreso, quien fue acusado de cohecho, traición a la patria y responsabilizado en la disposición arbitraria y corrupta de los fondos reservados asignados a la Vicepresidencia a favor de terceros y a beneficio personal, ante lo cual, por orden de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó su detención, pero Dahik presentó su renuncia y huyó del país antes de poder ser efectuada su orden de prisión. Fue electo por el Congreso el ministro de educación, Eduardo Peña Triviño como nuevo vicepresidente. Otro caso de corrupción del gobierno fue el denominado «Flores y Miel», en el cual una nieta de Durán-Ballén y su esposo habrían recibido créditos de casi un millón de dólares por parte de la CFN para una empresa llamada Flores y Miel, que terminó estafando a cientos de consumidores. Al revelarse el caso, la nieta del Presidente y su esposo huyeron del país en un vuelo del avión presidencial en el que también viajaba el Primer Mandatario. Considerado el tercer gobierno en encubrir los aparatos represores de la Policía Nacional del Ecuador, y que impidió la manifestación que todos los miércoles realizaban Pedro Restrepo, Luz Elena Arismendi y los demás familiares de los desaparecidos en la Plaza Grande. Durante su gobierno en junio de 1995, la entonces Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso Restrepo. Los policías en servicio activo cabo segundo Víctor Camilo Badillo, subteniente Doris Morán, teniente Juan Sosa y teniente coronel Trajano Barrionuevo, fueron sentenciados a 16 años de prisión, en el caso del primero de ellos, y a 8 años los restantes. Fueron encontrados inocentes los coroneles Gustavo Gallegos y Gustavo Zapata. A pesar de estas sentencias, aún se discute la culpabilidad de muchos sindicados.

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ABDALÀ BUCARAM ORTIZ Fue Presidente Constitucional durante 5 meses y 25 días. Tomó posesión el 10 de agosto de 1996 y fue destituido el 6 de febrero de 1997 por el Congreso Nacional de la República del Ecuador, que declaró su "incapacidad mental para gobernar". Llegó con un plan de gobierno con tres metas claras: un ajuste económico, político y social tajante y coherente, la paz con el Perú y la vivienda para los pobres. Se tomó 113 días en elaborar y anunciar el plan de ajustes que duraría al menos 10 años. Su estilo de gobierno fue informal, realizando sus reuniones de gabinete en varios cantones del país en vez del Palacio de Gobierno, realizaba espectáculos populares con el auspicio del partido oficialista como un concierto con la banda uruguaya "Los Iracundos", una Teletón con el presidente como anfitrión, además de tener frecuentes apariciones en programas de farándula en la televisión. Su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción y mala administración, como fue el caso de "Un Solo Toque", plan de vivienda emblemático y principal ofrecimiento de campaña, entregando 13 mil casas con teléfono en Durán a los adjudicatarios inscritos en el plan, pero recibió críticas por la poca planificación urbana en su implementación, además de no cumplir con el plan a nivel nacional. Implementó un plan de alimentación popular, creando la marca de leche pura "Abdalact", que recibió duras críticas por su baja calidad y contaminación, además del afán mesíanico y personalista del gobierno. Se creó el proyecto "Mochila Escolar", en la cual se entregaría a los niños de bajos recursos una mochila con todos los útiles escolares libros y desayuno escolar diario, el cual fue la raíz de un escándalo de corrupción y desviación de fondos, al nunca concretarse dicho plan, acusando la oposición a la ministra de educación de corrupción y además de falsificar su título de PhD. Fue acusado de nepotismo recibiendo fuertes críticas por esto, en particular por haber nombrado a su hermano Adolfo como ministro de estado y a su hijo Jacobo como director de la ADUANA. Se agregaron además acusaciones de desviación de fondos de la Teletón navideña a favor de los pobres auspiciada por el gobierno hacia el partido oficialista. Su plan económico se asentaba en la convertibilidad de cuatro nuevos sucres por dólar respaldados totalmente por la reserva monetaria internacional a iniciarse desde el primero de julio de 1997, implementando un sistema económico y financiero neoliberal ideado por el economista argentino Domingo Cavallo que aumentó el costo de servicios básicos como el gas doméstico, la electricidad, el agua potable y los teléfonos, produciendo fuertes protestas a nivel nacional y paros que aceleraron su derrocamiento. En febrero del mismo año el diputado del Partido Social Cristiano Franklin Verduga presentó una moción en el Congreso Nacional con el objetivo de destituirlo de la presidencia de la república, alegando incapacidad mental. La moción fue apoyada por 44 diputados del Partido Social Cristiano y de Democracia Popular, concluyendo las protestas el día 11 de ese mes. Los expresidentes Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja Cevallos, el ex-candidato presidencial Rodrigo Paz y el dos veces candidato presidencial Jaime Nebot se reunieron el 3 de febrero en la Federación de Trabajadores Petroleros para pedir abiertamente que "se impulsara una reforma política que será la labor de un gobierno constitucional de transición concertado y que el Congreso se convocara extraordinariamente el 5 de febrero". En Quito, el alcalde metropolitano Jamil Mahuad aglutinó los movimientos sociales para deponer al presidente. En Cuenca, el alcalde Fernando Cordero Cueva y el arzobispo Alberto Luna canalizaron la oposición de la ciudad contra el presidente de la República. Después de manifestaciones populares en el país especialmente en la ciudad de Quito, el 5 de febrero de 1997 una serie de organizaciones sociales convocan a una marcha en todas las ciudades del país, para expresar su repudio a la administración Bucaram.

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El Congreso Nacional, aprovechando un vacío legal en la Constitución de la República, destituye a Bucaram bajo la figura de incapacidad mental El comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador dirigido por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas General Paco Moncayo en cadena nacional manifiesta que las Fuerzas Armadas mantienen un punto de vista neutral sobre la situación política del país. Bucaram sale del país en vuelo desde la ciudad de Guayaquil a su autoexilio en Panamá el 11 de febrero de 1997.

JAMIL MAHUAT WITT La campaña electoral de Mahuad se basó en resaltar el desprestigio del expresidente Abdalá Bucaram por la corrupción en su gobierno. Se posesionó el 10 de agosto de 1998, día que entraba en vigencia la nueva Constitución promovida por Fabián Alarcón, prometiendo el fin de la inestabilidad política que precedió a su gobierno. Una de sus primeras actuaciones como presidente fue la firma del Acuerdo de Paz con el Perú, el 26 de octubre de 1998, que estableció hitos definitivos de frontera y acabó con el largo y costoso conflicto Perú-Ecuador. Fue mérito de Mahuad haber dado prioridad a la paz, haber asumido personalmente la negociación, haberla llevado a un plano político y haberla conseguido en dos meses y medio. El acuerdo definitivo se firmó en Brasilia el 26 de octubre, presentes los mandatarios de Argentina, Brasil y Chile, un representante personal de Clinton, los reyes de España, los presidentes de Bolivia y Colombia y un representante de Juan Pablo II. El Acta Presidencial de Brasilia daba por terminadas global y definitivamente las 'discrepancias ' entre las dos Repúblicas, señalaba la frontera terrestre por donde Perú había siempre interpretado el Protocolo de Río, ratificaba el Tratado de Comercio y Navegación del mismo Protocolo y comprometía a los dos Estados a un amplio Acuerdo de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, cuyo contenido especificaba claramente. En 1999, el gobierno firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos para el uso de la Base Aérea de Manta. Este acuerdo se inscribía en el contexto del Plan Colombia para erradicar los sembríos de coca y vigilar el comercio de la droga. Mahuad expidió una ley de salvataje bancario, que destinó recursos del Estado para atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado. Según el gobierno de la época, para proteger los ahorros y el sistema financiero nacional. Esta política de salvataje se aplicó desde comienzos del gobierno de Mahuad y consistió en la emisión inorgánica de dinero. Este dinero líquido se canalizó como préstamo a los bancos para impedir su quiebra. Una parte del dinero recibido se destinó, en efecto, a la compra de dólares y a su colocación fuera del país para cancelar créditos vigentes de los propios bancos. El Central trató de evitar la devaluación monetaria. Entre agosto de 1998 y febrero de 1999 vendió 700 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional. En marzo del 99, agotada la disponibilidad de sucres en las bóvedas, se recurrió al congelamiento por el lapso de un año de los depósitos del público superiores a los quinientos dólares. Pese a todo, quebraron muchos bancos. El gobierno creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que se encargara de devolver el dinero de los clientes de los bancos quebrados. Esta entidad devolvió muy poco y más bien continuó canalizando créditos a bancos como el Pacífico, el Popular y la Previsora que más tarde habrían de pasar a la propia Agencia. El Ministerio de Finanzas emitía bonos y los entregaba a la Agencia para que los canjeara con sucres emitidos por el Central. Este mecanismo dio lugar a una emisión inorgánica de mil trescientos millones de dólares entre marzo de 1999 y enero de 2000. Una parte de la emisión se destinó a comprar dólares. Se produjo, pues, una devaluación acelerada: entre el 29 de diciembre de 1999 y 6 de enero de 2000, el sucre se devaluó en 25.7 por ciento.

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El mandatario decretó un congelamiento de depósitos. El exceso de impresión de billetes por el Banco Central del Ecuador para afrontar las obligaciones contraídas por el Estado (con el precio del petróleo a 6 dólares el barril), hizo que la inflación aumentara considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos (un 67% de incremento). Mahuad asumió como salida la adopción del dólar estadounidense, en sustitución de la moneda nacional el 9 de enero de 2000. Antes de la dolarización decretada por Mahuad el precio del dólar en el mercado cambiario había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año. En suma, seis mil millones de dólares fue el costo del salvataje bancario para los ecuatorianos ya como inflación, devaluación, créditos del Central a los bancos, recesión, aumento del desempleo y compresión del consumo por los dineros congelados. Las familias se volvieron más pobres, las finanzas públicas se deterioraron y el gasto de educación, salud y desarrollo agropecuario fue dos veces y un tercio menor que el pago del servicio de las deudas interna y externa. En las familias del segmento más pobre, la tasa de desempleo llegó al 29 por ciento y, en el resto, al 14.4 por ciento. Esta crisis entre otros efectos provocó una fuerte emigración de ecuatorianos a otros países, sobre todo España e Italia. Fernando Aspiazu, cabeza del Banco del Progreso, reveló desde la prisión que había financiado la campaña de Mahuad y de la Democracia Popular con una suma de tres millones cuatrocientos mil dólares, él y Mahuad fueron multados por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador por haber contribuido ilegalmente en la campaña para su presidencia. La quiebra de los bancos había atizado el regionalismo y un sector de la clase dirigente guayaquileña había marchado contra el presidente. El congelamiento bancario volvió muy impopular a Mahuad. El 21 de enero de 2000, fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas del Ecuador le retiraron su apoyo luego de que los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (CONAIE), se tomaran las calles de Quito y avanzaran al Congreso Nacional, apoyados por un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas quienes actuaban de manera independiente a la institución militar. Cerca de la media noche se anunció la creación de un triunvirato, en el que estaban los indígenas representados por Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez, y el jurisconsulto Carlos Solórzano Constantine, quien representaba a la sociedad civil. Gutiérrez fue relevado en el triunvirato por el general Carlos Mendoza representando a las Fuerzas Armadas del Ecuador al momento en que el triunvirato tomo el poder y el palacio de gobierno. El triunvirato no obtuvo reconocimiento internacional ni apoyo popular, por lo que el Comando de las Fuerzas Armadas obligó a Mendoza a renunciar y a reconocer el orden constitucional. Finalmente, durante la madrugada del sábado 22 de enero de 2000, el vicepresidente de Mahuad, el catedrático guayaquileño Gustavo Noboa, fue declarado como nuevo presidente en un acto que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, siguiendo el orden constitucional, asumiendo formalmente y constitucionalmente ante el Congreso Nacional el día siguiente, ya que el Congreso declaro cesante a Mahuad como presidente bajo la cláusula de "abandono del poder" al haberse auto exiliado en la Embajada chilena con 87 votos de 96 posibles.

GUSTAVO NOBOA BEJARANO Gran parte de la población de estratos medios y las clases dirigentes, estuvieron de acuerdo con el retorno a la constitucionalidad democrática, pero los indígenas y los militares de rangos medios e inferiores que se habían movilizado contra Mahuad, se sintieron burlados y utilizados por los políticos y los altos mandos militares. Noboa realizó promesas de justicia social y de persistencia en la lucha contra la corrupción, llamó a formar una conciencia nacional que, al margen de "partidismos y ambiciones de grupos", contribuya a regenerar la función pública y poner fin a los "gérmenes de descomposición" existentes en las estructuras políticas y económicas del país. Los primeros meses de su gobierno fueron muy difíciles, pues el país atravesaba la

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peor crisis económica de los últimos cincuenta años de vida republicana. Al congelamiento de dinero que el pueblo había sido sometido por el gobierno de Mahuad se sumaron la escasez de fuentes de trabajo y una serie de exigencias económicas por parte de determinados gremios como los de los transportistas, los educadores y los trabajadores de la salud, que aprovecharon la ocasión para anunciar una serie de huelgas y paros. Con el objetivo de apaciguar las tensiones sociales y facilitar el diálogo con la CONAIE, Noboa dirigió al Congreso una petición de amnistía para los civiles y militares que participaron en la asonada golpista, petición que fue aprobada por los legisladores. Desde el mes de enero de 2001, justamente al cumplirse un año de su gobierno, se produjeron manifestaciones de los estudiantes en Quito, Guayaquil y Cuenca, en oposición al aumento de tarifas en el transporte público, precios de gas para uso doméstico y combustibles para vehículos; proponían que el Estado continúe con el subsidio de estos combustibles. En febrero, Noboa decretaba el Estado de Emergencia, luego que dirigentes del levantamiento indígena rompían el diálogo y cerraban las carreteras de la sierra. Los levantamientos dejaron tres campesinos muertos y más de ochenta heridos incluidos los militares. Finalmente se llegó a un acuerdo, a cambio de una rectificación parcial del Gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los combustibles, el gas doméstico y el transporte público, y la congelación de otras alzas anunciadas pero aún no aplicadas, como el incremento del IVA del 12% al 15%. Antes de finalizar el 2001 se inauguró el traspase de las aguas de la presa Daule-Peripa, hacia las presas de La Esperanza y Poza Honda, obra que transformará en cultivables los extensos pero áridos campos de Manabí, haciéndolos más aptos para la producción agrícola y ganadera que caracteriza a esa provincia. Otro objetivo del gobierno fue la venta de las compañías telefónicas y eléctricas, que desde su creación se habían convertido en una carga económica para el Estado. El producto de estas ventas sería destinado al Fondo de Solidaridad. A pesar de las dificultades sociales, políticas y económicas que debió afrontar, el presidente Noboa logró alcanzar importantes metas que se reflejan -de manera especial- en la obra pública, que concluyó más de 5.000 kilómetros de carreteras en la Troncal de la Sierra o Panamericana, que enlaza el Puente de Rumichaca, al Norte, con Macará, al Sur; la Vía del Pacífico, la Troncal Amazónica, el corredor arterial que enlaza Esmeraldas con Francisco de Orellana, en el Oriente; y las vía San Lorenzo-Ibarra y Loja-Zamora. Su gobierno llevó agua potable -por tubería- a varias poblaciones de la sierra y de la costa, y de manera especial a la península de Santa Elena, que había esperado por ella durante más de 30 años. Contrató la construcción del puente anexo al Rafael Mendoza Avilés -que une Guayaquil con Durán y al que luego se le dio el nombre de Carlos Pérez Peraso- y confirmó al Municipio Porteño que el gobierno aportaría con el 75% del costo de la construcción de los viaductos en las avenidas Quito y Machala. El gobierno de Gustavo Noboa mantuvo el sistema de dolarización y acentuó las políticas neoliberales iniciadas por su antecesor. Renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady declarada por Mahuad. En agosto del 2000 logró la re negociación de la deuda externa, que fue lograda por el enviado especial Ing. Jorge Gallardo Zavala en condiciones muy beneficiosas para el Ecuador. Para entonces, un acontecimiento más determinó la vida económica del Ecuador: el 9 de septiembre se retiró de circulación el Sucre, y como única moneda empezó a utilizar el dólar norteamericano. Noboa y los demás responsables públicos, basaron todas las esperanzas de incrementar los ingresos fiscales con el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Su construcción fue aprobada el 15 de febrero de 2001 y en noviembre de 2003 el oleoducto inició sus operaciones. El proyecto tuvo una fuerte oposición de organizaciones campesinas y ecologistas, que anunciaban que este proyecto traería como consecuencia la devastación de las comunidades rurales y la afectación de los ecosistemas. El programa de privatizaciones, durante el Gobierno de Noboa, tuvo un avance lento debido a: el escaso interés de los operadores extranjeros hacia las empresas de servicios del Estado, la

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movilización en contra de la privatización y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes habilitantes por parte del Tribunal Constitucional. Durante el año 2002, varios acontecimientos suceden: la erupción del volcán Reventador; explota un polvorín militar en Riobamba. La imagen del Presidente se vio afectada por algunos hechos: su hermano, Ricardo Noboa Bejarano, estuvo frente al Consejo Nacional de Modernización (CONAM), desde febrero del 2000 hasta el 2002, año en que dimitió tras haberse declarado inconstitucional la Ley Trole II por el Tribunal Constitucional y fracasados los procesos de privatización de las eléctricas y telefónicas por la oposición de sindicalistas y líderes políticos contrarios al gobierno. Un problema más fue la renuncia de su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emmanuel, después de que varios alcaldes acusaran a funcionarios de su ministerio de exigir sobornos a cambio de liberar partidas presupuestarias para sus municipios. Meses después, la Corte Suprema de Justicia ordenó al arresto de Emmanuel a petición de la Contraloría General del Estado por un presunto delito de falsificación de documentos. También trajo consecuencias funestas el que Noboa sugiriera el nombre del sacerdote Carlos Flores al Directorio de la CAE con la intención de moralizar las Aduanas. El padre Flores, nombrado entonces Gerente Distrital de la Aduana de Quito, cometió actos de corrupción y huyó al exterior como prófugo de la justicia, finalmente fue arrestado y condenado a 12 años de reclusión mayor, dentro del juicio penal que se le siguió por la ilegal negociación de 147 notas de crédito, por un monto de 4.9 millones de dólares.

LUCIO EDWIN GUTIÈRREZ Apenas electo, Lucio Gutiérrez, anunció un gobierno pluralista y de concertación nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales. Gutiérrez estructuró un gabinete diverso pero contradictorio: el frente económico y el frente político se encontraban en manos de los sectores tradicionales de la derecha. Por otro lado, entregó 4 ministerios a Pachakutik, entre los que destacaban los de Relaciones Exteriores y Agricultura, cuyos ministros eran personalidades de la intelectualidad indígena. Este gabinete tan diverso, no tuvo una mano conductora que le diera coherencia, cada ministro trabajaba casi en aislamiento, las reuniones de Gabinete eran escasas, poco productivas, sin embargo, jamás se plantearon rectificaciones. Pronto las discrepancias políticas con quienes lo habían ayudado a acceder al poder también se hicieron latentes y los movimientos indígenas, empezaron a presionar al mandatario hasta que el acuerdo se rompió. Gutiérrez luego de este quiebre frecuentemente realizaba cambios en su gabinete, designando como ministros a personajes políticos conocidos de partidos políticos tradicionales. Pero a los pocos meses de gobierno, sus aliados de izquierda observaron un cambio inesperado: el Presidente visita los Estados Unidos y declara públicamente ser su mejor amigo. Además altera las funciones y poderes del Estado para evitar oposición parlamentaria y hace un pacto con la derecha ecuatoriana representada por el Partido Social Cristiano (PSC), ante la falta de apoyo en el Congreso Nacional. Luego de firmar una de las Cartas de Intención con el Fondo Monetario Internacional, a manos de su ministro de Economía, Mauricio Pozo, dicha carta pasó a convertirse en el programa de gobierno. El presidente pretendió plantear la Ley Trole III que incluiría reformas a los sectores petrolero, eléctrico y a la seguridad social, para facilitar la participación de capital privado y ampliar las posibilidades de colocar bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ordenó un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta. Ante esta situación, el presidente levantó a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrándolos Ministros de Estado, subsecretarios y presidentes de empresas estatales como Petroecuador, Pacifictel, Andinatel, Aduanas, etc. En el campo político, seis militares retirados fueron también nombrados para el cargo de Gobernador, en diferentes provincias, de igual manera, sus familiares cercanos, lejanos y relacionados pasaron de

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inmediato a convertirse en empleados públicos, siendo el caso emblemático el del cuñado del presidente, Napoleón Villa, quién fue nombrado como director del Fondo de Solidaridad, cargo del que fue separado por el Tribunal Constitucional por nepotismo. La situación petrolera del país sufrió un grave revés a mediados del 2004 cuando el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con la multinacional petrolera norteamericana OXY. A principios de octubre de 2003, Gutiérrez debió soportar un escándalo que sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: El descubrimiento que -desde hacía varios años- de los cuarteles militares había desaparecido gran cantidad de armamento, y que este podría haber sido “negociado” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ante la presión pública, varios sospechosos fueron detenidos para ser sometidos a la “Justicia Militar”, pero las autoridades respectivas se negaron a dar sus nombres. A los pocos días el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en declaraciones formuladas por televisión ante la prensa estremeció la opinión internacional declarando que “De manera corrupta algunos miembros del Ejército Ecuatoriano, contra su gobierno, contra su país, contra la democracia, contra el gran pueblo ecuatoriano, contra su constitución, le han vendido eso a los terroristas colombianos”. La situación se arregló de forma diplomática meses después, habiendo antes roto relaciones diplomáticas los dos países. Las denuncias de “irregularidades comprobadas” no cesaban: el Ministro de Desarrollo Humano, Patricio Ortiz debió renunciar a su cargo envuelto en acusaciones que lo involucraban en un oscuro asunto relacionado con un sobreprecio o negociado, perpetrado en la adquisición de ciertos insumos destinados a socorrer a pobladores indígenas afectados por las erupciones del volcán Tungurahua. Al iniciarse el 2004 la situación social y política no había cambiado, y los indígenas, clamaban y proponía por todos los medios propiciar un nuevo levantamiento para “repetir el 21 de enero de 2000”; pero afortunadamente para el gobierno, si bien la situación económica de los ecuatorianos no había mejorado, tampoco se había deteriorado, y esto mantenía al pueblo relativamente tranquilo. Gutiérrez fue investigado por acusaciones de haber utilizado recursos públicos en apoyo del partido de gobierno y de sus candidatos durante las elecciones seccionales de Ecuador de 2004. Además muchos de sus ministros fueron investigados por corrupción, en particular en las carteras de Bienestar Social y Vivienda, teniendo que modificar su gabinete frecuentemente. En ese ambiente de incertidumbre y amenazado por varios partidos políticos que le exigían su renuncia, visitó los cuarteles militares y policiales para ofrecer a sus miembros un considerable aumento económico, sin considerar que la deuda social era impagable y que el presupuesto para la salud y la educación no podía cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales. Buscando también el respaldo de sus simpatizantes, empresas como Pacifictel despidieron intempestivamente a más de un centenar de trabajadores, que posteriormente serían sustituidos por miembros del partido político del Gobierno. A principios de noviembre del 2004 y convertido en líder de la oposición, Febres-Cordero intentó iniciar un Juicio Político para destituirlo del cargo. Para 2005, Gutiérrez insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos, tal cual lo denunció a la prensa el Crnel. Patricio Acosta, ex Ministro de Bienestar Social, ex Secretario de la Administración, quien además señaló que Gutiérrez, cuando era candidato a la Presidencia de la República, se había reunido y mantenido conversaciones con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno intentó implementar una ley de comunicación, por medio de la cual podría ejercer control sobre los medios de radiofónicos y de telecomunicación. Luego de la destitución de los jueces y la instauración de la Pichi Corte, la oposición denunciaba a Gutiérrez como un dictador, ante lo cuál el presidente se refirió a sí mismo como "dictócrata", provocando controversia y rechazo por parte de la oposición, medios de comunicación y ciudadanía.

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El 26 de enero de 2005, una multitudinaria marcha organizada por el Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, expresó su rechazo al “dictócrata”. A principios de febrero el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, convocó a también una marcha cívica política y popular con el propósito de exigir al gobernante rectificaciones. El gobierno inició una intensa campaña publicitaria incitando al enfrentamiento entre ecuatorianos, al tiempo que organizaba, para el mismo día 16 de febrero, la respectiva contramarcha. Gutiérrez dispuso que la ciudad de Quito sea “sitiada” por las FF.AA. Pocos días después Cuenca se sumaría a Guayaquil y Quito. Los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Abdalá Bucaram -que confirmaba el compromiso adquirido por el gobernante con el político expatriado- colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito que, a partir de entonces y convertidos en “forajidos” que era como los había llamado el presidente-, empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas, sin la conducción de ningún líder político. El presidente Gutiérrez como respuesta convocaba frecuentemente a contra marchas de sus simpatizantes que terminaban en la Plaza de la Independencia.24 Contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en la noche del 15 de abril -por medio de Decreto Ejecutivo No. 2752- Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia Nacional, dispuso la cesación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estableció como Zona de Seguridad a la ciudad de Quito, suspendió varios de los Derechos Civiles de los ecuatorianos, entre ellos la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio ecuatoriano y la libertad de reunión y asociación con fines pacíficos. Esta decisión provocó preocupación en los medios y la oposición, considerando que el presidente se había declarado dictador mediante el decreto. La Pichi Corte con esta decisión fue cesada, anulando todas sus decisiones, por lo que el expresidente Bucaram regresó a su exilio en Panamá y el gobierno perdió su mayoría parlamentaria. En varios medios se hablaba de la necesidad de derrocar a Gutiérrez para evitar una dictadura, por lo que dos días después fue anulada esta resolución, incrementándose las protestas y llamadas a la renuncia del presidente. El 20 de abril, luego de un incremento de intensidad de las protestas ciudadanas en Quito, el alcalde Paco Moncayo ordeno cerrar las entradas a la capital, impidiendo el paso de los buses con simpatizantes del presidente Gutiérrez. En la mañana de ese día, las protestas se tomaron el edificio del Ministerio de Bienestar Social, el cual quedó destruido e incendiado. Los manifestantes declararon que habían delincuentes armados protegiendo al ministerio, los cuales fueron retenidos por los manifestantes y luego por la Policía. Las protestas se habían tornado violentas, con saqueos en la capital, teniendo que actuar el escuadrón anti motines de la Policía, además las Fuerzas Armadas barricaron al Palacio de Carondelet. Para el medio día, los protestantes habían atravesado la barricada de las Fuerzas Armadas, ya que estas le habían retirado el apoyo al presidente Gutiérrez junto a la Comandancia de la Policía. Ante esto, Gutiérrez salió de Carondelet por los techos a bordo de un helicóptero ecuatoriano del Ejército. Un militar arrió la bandera del Palacio de Carondelet anunciando que ya no había gobierno. El Congreso Nacional, ante esta situación caótica, reunido en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), decidió la destitución de Lucio Gutiérrez, basados en una cláusula de la Constitución que permitía al Congreso remover al presidente del país por “abandono del cargo”, justificando su decisión en que, Gutiérrez, al haber ordenado el cese de funciones de los magistrados de la Función Judicial, había intervenido en otro poder del estado, por lo que había violado la Constitución y roto el orden constitucional, decisión que fue ratificada por la Procuraduría General del Estado. En su lugar, el Vicepresidente Alfredo Palacio asume la presidencia constitucional por sucesión, siendo posesionado en la CIESPAL por la entonces vicepresidente del Congreso Nacional Cynthia Viteri en una sesión improvisada mientras continuaban las protestas en el exterior del edificio.

ALFREDO PALACIOS GONZALES Nagelly B. Oñate A. 1° BI

No fue investido con la tradicional banda presidencial, dada la premura del evento. En su discurso inaugural, prometió retomar la agenda izquierdista abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la injerencia política en la administración de justicia y priorizar la inversión social por sobre el pago de la deuda externa. Después de su posesión y de una accidentada rueda de prensa, salió al balcón de CIESPAL, donde manifestantes quiteños exigieron que ordene el cierre del Congreso. Palacio se negó. Durante más de 12 horas, Palacio estuvo encerrado en un subsuelo de CIESPAL a la espera de que los manifestantes abandonen el edificio, que fue objeto de vandalismo como rechazo al Legislativo, pudiendo retirarse del sitio luego de entablar conversaciones con Paco Velasco, radiodifusor quien era uno de los líderes de las protestas y con el expresidente León Febres-Cordero Ribadeneyra, quienes pudieron lograr aminorar las protestas, permitiendo que una fuerte escolta militar lo trasladen al Palacio de Gobierno. Ya en el gobierno, integró un gabinete principalmente con ciudadanos alejados de la política activa, principalmente ciudadanos de avanzada edad, aunque había también ministros jóvenes, la mayoría siendo afín a ideologías progresistas y liberales. La primera preocupación de la administración Palacio fue evitar victimizar al ex mandatario Lucio Gutiérrez. Gutiérrez. Palacio recibió apoyo en su ciudad natal y después se dedicó a implementar una reforma política que incluía armar una nueva Corte Suprema, independiente de partidos e interese En el tema de salud, inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS), que se concretó en tres ciudades. Quito, Guayaquil y Cuenca por convenio con sus Municipios y utilizando un préstamo del Bono de Desarrollo Humano. También envió al congreso una reforma legal para integrar la Corte Suprema de Justicia, que fue denominada "La Corte Ideal" y una reforma legal para cambiar la forma de juzgamiento de los presidentes de la República, bajo el tratamiento de enmiendas constitucionales, las cuales no fueron aprobadas. Algo muy importante en su gestión fue el evitar inmiscuir al Ecuador en el Plan Colombia, rechazando las ofertas del presidente colombiano Álvaro Uribe, teniendo buena aceptación la gestión de Francisco Carrión como Canciller de la República. Su ministro de Economía, Rafael Correa, propuso eliminar el fondo petrolero FEIREP y sustituirlo por una cuenta especial en el presupuesto, denominada CEREPS. También se creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar inversiones en electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera. Terminaron así, eliminando el fondo de estabilización de los ingresos petroleros (FEIREP) al que, Correa especialmente, acusaba de ser un mecanismo que favorecía los intereses de los tenedores de bonos de la deuda pública y lo sustituyó por la "Cuenta de reactivación productiva y social" (CEREPS), que distribuía dichos recursos entre diferentes rubros. Palacio continuó con las negociaciones de Tratados de Libre Comercio que se iniciaron en el gobierno de Gutiérrez, teniendo avances en las negociaciones con EE.UU., siendo considerado esto por políticos de izquierda y de oposición como una traición de su promesa de retomar el modelo de gobierno progresista por el que fue electo como vicepresidente, además de bajar estándares de soberanía económica. El presidente Palacio tuvo muchas discrepancias con Correa por su manejo de la economía, principalmente por tomar decisiones sin el previo conocimiento del presidente en acuerdos internacionales, lo cual resultó en la renuncia de Correa al ministerio. Luego de la renuncia de Correa, Palacio nombró, en total, a 5 ministros para el manejo de esa cartera, entre estos Diego Borja, quien envió una ley para reformar los contratos petroleros en cuanto a las utilidades excesivas de operadoras petroleras, de esa manera impulsó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para que el Estado recibiera al menos el 50% de la renta petrolera. Borja también insistió que en el reglamento de la Ley no se diluyera la participación del Estado en los ingresos petroleros. La popularidad de Palacio fue deteriorándose luego de la salida de Correa, siendo muy criticado por haber fallado en

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implementar las reformas políticas que prometió en su posesión presidencial, además de ser criticado por haber llevado un manejo mediocre del sector público, no teniendo apoyo de ningún partido en el Congreso Nacional, enfrentándose continua oposición político que dificultó su manejo del gobierno. Alfredo Palacio terminó su mandato el lunes 15 de enero de 2007.

RAFAEL CORREA DELGADO El Gobierno de Rafael Correa se ha denominado Revolución Ciudadana, por las amplias reformas políticas, económicas, sociales, educativas, etc. que ha implantado desde el inicio de la gestión, en el 2007, para la aplicación de una forma de socialismo del siglo XXI en Ecuador, siguiendo la política exterior del bolivarianismo. La administración de Rafael Correa se inició el 15 de enero de 2007 con la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía decidiera si quería una Asamblea Nacional Constituyente siendo aprobada y promulgada la actual constitución en el 2008, que lleva por nombre Sumak kawsay. Durante su Gobierno ha habido gran inversión pública para infraestructura, carreteras, seguridad y desarrollo social. Produjo grandes cambios políticos y estructurales en el país, mediante la aprobación de nuevas leyes como el Código monetario y financiero, etc., que le han otorgado mayor protagonismo y control del Estado en la economía, además de promover la modernización y re estructuración de la función judicial. Correa fue reelegido en dos ocasiones, en el 2009 y el 2013, siendo el primer presidente en la historia de Ecuador en lograr esa hazaña, además de ser el primer mandatario en gobernar ininterrumpidamente por 9 años, hazaña única tomando en cuenta la historia de inestabilidad e ingobernabilidad que caracteriza al Ecuador. Desde al año 2013, su movimiento Alianza PAIS ganó mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pudiendo realizar mayores cambios políticos y económicos siguiendo su línea política a través de la aprobación de leyes y cambios constitucionales. Su Gobierno ha causado controversia por su relación con los medios de comunicación privados, a quien Correa considera sus opositores, siendo acusado por los políticos de oposición y los medios como un gobernante autoritario. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador se redujo de 36,7% en 2007 al 22,5% en 2014. Al mismo tiempo el índice de Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, pasó del 0,55% al 0,47% (la igualdad perfecta es 0%).40 El gobierno de Correa concluyó el 24 de mayo del 2017, cuando asumió el poder su exvicepresidente Lenín Moreno. Correa es el presidente que más tiempo ha ejercido el poder de forma consecutiva, por 10 años, 4 meses y 9 días, y el quinto en ejercer la presidencia por más tiempo en total

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BIBLIOGRAFÌA o http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/invuso cias/Ecuador.pdf o o o

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/con-roldos-elecuador-volvio-a-ejercer-el-voto-y-aposto https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/17/nota/6141097/retornodemocracia-tres-elecciones-fueron-mas-apretadas https://es.slideshare.net/darwinprm/el-regreso-de-la-democracia-en-elecuador

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https://prezi.com/wb4g42fayqr5/retorno-de-la-democracia-en-el-ecuador/ https://afese.com/img/revistas/revista53/transdemo.pdf https://issuu.com/andreacarangui/docs/presidentes-del-ecuador-desde-el-re

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