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Regional Workshop in Land Issues in Latin America & Caribbean region 19- 22, 2002, Pachuca, Mexico

PONENCIA:

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA: Visiones para una Agenda de Estado

Preparado por: Carlos Alejandro Cabrera del Valle Director Catastro Nacional UTJ-Protierra Guatemala, Centro América

Guatemala, abril de 2002

Política Agraria y Desarrollo Rural en Guatemala

INDICE I. INTRODUCCION, LA POLITICA AGRARIA Y EL DESARROLLO RURAL ................. 3 II. LA TIERRA Y EL DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA, PODEMOS ESBOZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:.................................................... 6 Discurriendo en nuestra realidad............................................................................... 6 III. COMO VAMOS A ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO RURAL? ............................................................................................... 10 1. Qué significa combatir la pobreza?....................................................................... 10 2. Búsqueda de la justicia en el área rural................................................................. 13 3. Los Recursos Naturales y su aprovechamiento ...................................................... 14

IV. LA POLITICA AGRARIA COMO EJE DE LA POLITICA DE DESARROLLO RURAL................................................................................................. 15 1. Ordenamiento agrario e institucionalidad............................................................ 15 El catastro y registro nacional como eje transversal de la nueva política agraria.... 21 La rol de la comunidad internacional en el catastro nacional ................................ 26 2. La mediación de conflictos agrarios con un contexto legal civilista....................... 28 V. PROPUESTAS DE POLITICAS Y PROGRAMAS........................................................ 29 VI. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DE CONSULTA............................................................ 32

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Política Agraria y Desarrollo Rural en Guatemala

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA: VISIONES PARA UNA AGENDA DE ESTADO1 Carlos Alejandro Cabrera del Valle 2

I. INTRODUCCION LA POLITICA AGRARIA Y EL DESARROLLO RURAL La definición de una política de desarrollo rural que tome como base la concepción, definición e implementación de una política agraria es, en el fondo, visualizar el país que queremos en el futuro, o al menos el país que queremos y creemos es el que debe tener la mayoría de la población. La cuestión agraria tiene que ver con el marco jurídico que establece el estado para identificar y tipificar la relación entre los sujetos y la tierra, su acceso, su aprovechamiento o no, sus usos y las garantías para ejercer el dominio real sobre la misma. Entendemos entonces, que la situación agraria se nos presenta como un conjunto de elementos que integran la estructura rural del país: La legislación agraria, regulando la tenencia de la tierra y la explotación racional de los recursos naturales; el uso inteligente de la tecnología; el crédito agrícola oportuno y suficiente para dinamizar la producción, la transformación y comercialización; así como otras relaciones derivadas de las anteriores, como los tipos de empresas agropecuarias; la estructura social del sector agrario; las relaciones sociales de producción en el campo y la organización del sector público.

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Las opiniones expresadas en el presente documento son responsabilidad del autor. Guatemalteco, Licenciado en Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con estudios avanzados en Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar. Director Nacional de la Unidad TécnicaJurídica UTJ-Protierra, del Gobierno de Guatemala. Ha sido consultor del BID, PNUD, IICA UNOPS Nueva York, CADESCA y Banco Mundial.

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La Política Agraria, con fundamento en una metódica jerarquización, concatenación y sistematización de las relaciones de los elementos principales actuantes en la situación agraria, señala el rumbo de las acciones tras un objetivo predeterminado. Atendiendo a la jerarquización de las relaciones, encontramos las que son ineludibles de considerar, tienen el carácter de principales y actúan de prerrequisito de existencia de otras. Es el caso del Tema Tierra. Desde la perspectiva de lo Jurídico Social está el nexo Persona-Tierra. El Ordenamiento Jurídico Constitucional reconoce, protege y garantiza la propiedad privada sobre la tierra; por tanto, en el ámbito nacional y desde la visión de lo Jurídico, la Tierra materialmente se encuentra dividida en fracciones y asignada en propiedad cada fracción a una o varias personas; esa investidura de propietario permite ejercer sobre el bien diversas facultades de disposición: puede producir en ella, puede darla en arrendamiento, puede venderla, heredarla, donarla, etc. Su calidad de propietario le acredita con un título inscribible en un Registro de la Propiedad y desde ese momento tiene para sí una dimensión nueva en lo económico y en lo social. Ese título le permite ingresar a un mercado formal y es la garantía que requiere el financista para poner a disposición del propietario recursos monetarios para los objetivos que éste pretende alcanzar. De ahí, el carácter estratégico que tiene la Propiedad sobre la tierra. Una Política Agraria bien concebida, no puede dejar de considerar esta relación básica, si pretende ser el resorte impulsor del Desarrollo rural, a la medida de las exigencias del tiempo en que vivimos. No es posible el Desarrollo Rural, si en lugar de propietarios tenemos simples posesionarios y con un marco jurídico que les impide progresar, organizarse para la producción y generar riqueza, que aún con la mejor asistencia técnica, no podrán trascender la producción de subsistencia, dada la insuficiencia de su garantía crediticia y su desorganización. La forma cómo se armonizan estos elementos con el objetivo de generar mejores condiciones de vida en el campo, constituyen la semilla del Desarrollo Rural. Sobre la base de lo anterior resulta prácticamente imposible definir una política de desarrollo rural sin antes haber definido cual será la política del estado en materia agraria. 4

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Ambos, la situación agraria y la situación rural, tienen su propia existencia y sus propias expresiones. Se entiende que la situación rural es más amplia que la situación agraria, pero esta ultima, según nuestra perspectiva, determina a la primera. En Guatemala podría decirse que la situación agraria se expresa en la percepción sustentada que la propiedad de la tierra representa un eje estratégico de acción en materia de interpretación histórica y de cambio del desarrollo, mientras que el desarrollo rural se expresa en términos e índices de población en situación de pobreza o pobreza extrema. Una política de desarrollo rural debe buscar promover, eventualmente, un cambio en la situación rural, en beneficio, desde una óptica determinada, de la población rural. Se dice “eventualmente” pues una política de desarrollo rural bien puede ser mantener el status quo de la situación rural. ello ocurre especialmente cuando se trata de obviar el aspecto agrario. La política agraria por su lado, determina la visión del Estado en materia de propiedad sobre la tierra, lo cual rige todo el sistema de relaciones de mercado y por lo tanto de transacciones y de acumulación de riqueza. La ausencia de una verdadera política agraria deja al desarrollo rural huérfano de visión, pero sobre todo, le quita direccionalidad a las intenciones de política.

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II. LA TIERRA Y EL DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA PODEMOS ESBOZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1.

Combatir la pobreza y la pobreza extrema, de tal manera que en el tiempo la misma se reduzca gradualmente y en última instancia, desaparezca como expresión social colectiva. Aunque la pobreza es una expresión que cubre los dos espacios, urbano y rural, es en este último que tiene sus representaciones más crudas.

2.

Que las relaciones ciudad-campo sean más justas, de tal manera que la riqueza que se genera encuentre una distribución que garantice como mínimo que la población rural goce de condiciones de una vida digna en sus derechos elementales.

3.

Un aprovechamiento económico y sostenible de los escasos recursos naturales.

4.

Generar mejores condiciones económicas que permitan la acumulación de capital familiar para emigrar a otras actividades que disminuyan la presión social sobre el Area Rural.

DISCURRIENDO EN NUESTRA REALIDAD En términos generales, como país, puede afirmarse que tenemos las siguientes características: 1. Un porcentaje importante de la población rural no posee tierra para trabajarla directamente, por lo que se emplea en la producción de artesanías, en el sector informal de ventas, asalariado agrícola o bien emigra a la ciudad ante la falta de oportunidades. Una parte de este segmento de la población rural alquila pequeñas extensiones de tierra y básicamente para la siembra de maíz. El nivel de educación es en general de analfabetismo. En este segmento se concentra el mayor porcentaje de la población en extrema pobreza y la mayor población indígena. Trabajan en fincas de cultivos permanentes de exportación, según las épocas del año.

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2. Otro porcentaje importante de la población rural sí posee tierra para cultivarla directamente, pero en extensiones que le permiten únicamente alcanzar su subsistencia. Aquí estamos frente a la mayor parte de la población rural pobre, que posee tierra bajo los regímenes jurídicos de Comunidad Germana y Romana heredados de los españoles y profundizados por las políticas agrarias del siglo pasado bajo la falsa creencia de evitar con ello el Minifundismo. Estas formas de propiedad en comunidad y especialmente la Romana, muy difundida en el territorio nacional, está concebida con una serie de trabas legales que dificultan la transmisión del Derecho de los Copropietarios a extraños, lo que ha provocado que los adquirentes de la tierra se desatiendan de la inscripción registral, dándose un rompimiento del tracto sucesivo e iniciando una transmisión extra-registro, o informal, creando una situación anárquica en el Derecho de Propiedad y en la Posesión actual, convirtiéndose en un gigantesco obstáculo para las iniciativas de desarrollo, dentro de un sistema financiero que se rige por el mercado y las garantías demostrables de la propiedad privada para el otorgamiento de créditos. A esto debemos agregar que en estos segmentos no permeó la creación del Registro de la Propiedad, continuando con la institución de la Tradición, en razón de que ancestralmente se transmiten los derechos con el respaldo de la palabra dada o el simple escrito y la entrega de la cosa, que en todo caso, son suficientes para revestir de fuerza obligatoria los pactos de transmisión.

Minifundio: Ubicado a 30 kms de distancia de la ciudad capital, Santiago Sacatepéquez, con una extensión territorial de 32 Kms² presenta una partición territorial de 13,070 predios.

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3. Un porcentaje mucho menor de la población rural posee extensiones de tierra que les permiten generar un excedente y, bajo condiciones de mercado, acumular riqueza a través del mercado. La propiedad, salvo excepciones, en la mayoría de estos casos no tiene ningún problema. Se dedican a cultivos permanentes y a la agroindustria. Su nivel de educación es alto tomando en consideración que parte del éxito de la cosecha depende de su comercialización en el exterior. 4. El Sector Industrial es poco desarrollado y se observa un estancamiento estructural desde los años 70, mientras que el Sector Servicios y Financiero absorben la mayor cantidad de la Población Económicamente Activa, aunque con un desarrollo relativo. Mucho se ha hablado que en Guatemala existe una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, afirmación basada en las estadísticas de los censos agropecuarios de 1950, 1967 y 1979. Los primeros resultados reales obtenidos del proceso de catastro nacional muestran otra realidad a la cual regresaremos mas tarde. Por otra parte, tal y como lo recoge el texto de un ensayo presentado en febrero de 2001 en la Universidad de Buffalo por la Dirección de UTJ-Protierra, “De acuerdo con un análisis reciente (enero 2001) de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de Guatemala –SEGEPLAN-, tomando como referencia la línea internacional de pobreza, señala que en el país existen alrededor de 6 millones de habitantes cuyos ingresos mensuales son menores de Q389.30 (US$600.00 anuales). Asimismo, expresa que un 27.8% de la población total vive en condiciones de extrema pobreza con un ingreso anual equivalente a US$300.00.” 3 Una explicación de este desbalance entre el ingreso per cápita nacional y el ingreso de la población en situación de pobreza y pobreza extrema podría ejemplificarse a través del Coeficiente de Gini, que para Guatemala es de 0.58.4

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State University of New York at Buffalo. After Peace Agreeements, Pág. 8. Febrero 2001 SEGEPLAN. El Drama de la Pobreza. Pág 13. Enero 2001

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Los indicadores sociales de Guatemala no dan lugar para perderse. De acuerdo con las estadísticas del Informe de Desarrollo Humano del 2000 Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano, elaborado por el PNUD, para 1998 el porcentaje de población analfabeta en el país era de 31.7%, versus una población alfabeta que concentró, según su tasa de asistencia neta, un 55% en el nivel primario, 19.5% en el nivel secundario y apenas un 4.8 en el nivel diversificado. En Guatemala asistir a un salón de clases universitario, es, definitivamente, un privilegio.5 La tasa de mortalidad infantil, siempre para 1998, fue de 45/1,000; la tasa de desnutrición crónica alcanzó el 46.4%; mientras que la mortalidad en general fue de 7.4/1,000. La esperanza de vida promedio, hombres y mujeres, era de 63.5 años en 1998 y el 43. 8% de la población es menor de 14 años, presentando una pirámide de población con base ancha. Un 26.4% del total de la población económicamente activa goza de los servicios del seguro social. En el área urbana un 38.8% de los hogares está conectado a una red de agua, mientras que en el área rural se reduce al 24.7%. En el tema de sanidad ambiental, un 31.8% de los hogares urbanos está conectado a una red de drenajes, mientras que en el área rural este indicador es de 0.8%. Asimismo, el 39.5% de los hogares urbanos cuenta con energía eléctrica mientras que sólo el 24.6% de los hogares rurales cuenta con esta infraestructura clave para el desarrollo.

Esta realidad social tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida nacional: en el aprovechamiento de las riquezas naturales, en la relación hombre-naturaleza, en la perspectiva de construir un futuro para las generaciones venideras, en el comportamiento global social frente al régimen político y su participación en el mismo, creer en la democracia o el autoritarismo, en las interrelaciones de la población como conglomerado social en visiones segmentadas, urbana y rural, ricos y pobres, indígenas y ladinos, hombres y mujeres, en la aplicación del mismo poder político, centro, departamentos, municipios y comunidades. Somos entonces, un país, con grandes desigualdades sociales, con una población donde reluce, fundamentalmente, la carencia 5

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala: La fuerza incluyente del desarrollo humano. Informe de Desarrollo Humano 2000.

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III. COMO VAMOS A ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO RURAL? Teóricamente es difícil encontrar oposición alguna a los objetivos de política de desarrollo rural trazados anteriormente, sin embargo, donde se encuentran opiniones encontradas es en el cómo alcanzarlos y ello tiene que ver con la percepción de la realidad en que vivimos y el nivel de conocimiento en general que se tiene sobre ésta. Un nivel diferenciado de conocimiento sobre la realidad lo único que logra es retardar las posibles soluciones al problema, pues se debe de comenzar equiparando los conocimientos para generar una propuesta de consenso. Así por ejemplo, los dos extremos de la percepción serían, por una parte, los que creen que distribuyendo la tierra se alcanzara una mejor situación en el área rural, perjudicando a un pequeño número de empresarios agrícolas y favoreciendo a la gran mayoría de población campesina empobrecida, y por otra, los que insisten, sin entender el problema de fondo, que la distribución de la tierra no es la solución y que por el contrario, lo que se necesita son reglas claras que permitan, promuevan y consoliden la inversión privada, la apertura de nuevos mercados para conseguir mejores precios, la productividad para incrementar la rentabilidad, un clima fiscal favorable y un gobierno netamente subsidiario. Ambas posiciones, la primera por basarse en datos falsos y la segunda por simplista, merecen únicamente tenerlas como referencia para tener cuidado de no caer en lo absurdo al momento de realizar propuestas. 1. Qué significa combatir la pobreza? En primer lugar si hablamos de niveles de pobreza extrema, lo primero es lograr que la población no fallezca por causa del hambre y las enfermedades derivadas. Así, cabe pensar en un programa mixto, de corto plazo, que durante un tiempo determinado combine la entrega de alimentos con acciones de salud preventiva, focalizada en la niñez y las mujeres en lactancia y embarazadas y que a la par se entreguen semillas mejoradas y distribuyan fertilizantes a bajo costo para incrementar la cosecha de granos básicos. Es una acción dirigida a aquellos segmentos de la población campesina que no son propietarios de tierra, a los que la alquilan en pequeñas extensiones, y a los que poseen pequeñas extensiones pero que, en todos los casos se carece de tecnología y recursos 10

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A la par habría que implementar un programa de generación de empleo masivo, buscando generar alternativas en los ingresos de la población rural, pero nos encontramos con un mercado de cultivos temporales con precios deprimidos en el mercado internacional y una mano de obra flotando completamente descalificada para otras actividades que no sean agricultura de subsistencia.6 Además la generación de empleo debe ser sobre actividades que muestren algún nivel de sostenibilidad. Cuáles son esas actividades? De qué nivel de inversión estamos hablando? La entrega de tierras o el acceso a la misma a través del mercado es otra de las opciones que deber ser considerada como una medida de corto plazo. Por qué?. Debido a que precisamente logra contener la demanda de alimentos a través de la siembra de cultivos de subsistencia, y no requiere de mayor calificación y su uso por parte de la población es inmediato. De ahí que la demanda de los campesinos sea por la tierra a cualquier costo, pues les garantiza su sobrevivencia en el corto plazo. 7 Cuando se desatiende esta realidad, es fácil pensar en invasiones de tierra, con las consecuencias que ello podría traer para la estructura económica de un país rural. La variante de acceso a la tierra a través del mercado, como es la experiencia del Fondo de Tierras en Guatemala desde 1999 y en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz tiene, por una parte, la ventaja que no necesariamente se adquiere tierra sin mejoras, pues el subsidio del Estado permite cotizar fincas con algún cultivo y grado de tecnificación, lo cual permitiría pensar que cada compra de tierras permite elevar en términos generales el nivel de vida de los beneficiarios casi automáticamente, mientras que por la otra presenta la variante de generar nuevamente un círculo vicioso en la pobreza rural, donde la familia beneficiada, vive para pagar una deuda, en momentos en que la realidad de mercados de los principales productos agrícolas está mermada. En ambos casos, además, se requiere de asistencia técnica, la que por falta de tradición en el sector privado y ejemplo de corrupción en el sector público en el pasado, no ha logrado despegar del todo. 6

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Según el Informe de Desarrollo Humano 2001 de PNUD, a nivel latinoamericano, Guatemala cuenta con una de las tasas más bajas de productividad media; esta se explica a partir de que Guatemala tiene uno de los niveles más bajos de calificación de fuerza de trabajo en América Latina. A partir de los años 50, Latinoamérica ha experimentado políticas de ajuste estructural en sectores agropecuarios que dependen de políticas macroeconómicas. Con respecto a las políticas agrarias, se tiende a fortalecer los mercados de tierras que promuevan la transparencia en el acceso a la tierra. Se impulsan la titulación, la modernización de los sistemas de registro de la tierra y la creación de bancos de tierra.

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Debe por otra parte, diferenciarse a los beneficiarios del acceso a la tierra por la vía del mercado, privilegiando únicamente a aquellos con voluntad y posibilidades reales de pagar el saldo de la deuda. En caso contrario, la situación se torna paradójica pues se desprestigia la misma política de subsidio y se amarran la productividad del recurso suelo a los candados del mercado financiero, repercutiendo sobre los supuestos beneficiarios. El costo en términos financieros de esta política de corto plazo es muy alto, no sólo por la demanda calculada en miles de dólares americanos sino por las características de una oferta parcial que eleva los precios. Tomando en consideración que cerca del 70% del territorio nacional presenta diferencias y divergencias en materia registral, las fincas con “papeles en orden” tienden a subir de precio, superando incluso aspectos elementales como la calidad y uso del suelo de otras tierras en venta pero sin papeles en orden. La entrega de tierras por la vía de la expropiación tiene las mismas características que el acceso a través del mercado, pues el Estado se ve en la necesidad de pagar por las tierras expropiadas, teniendo que lidiar con el agravante de menoscabar el derecho de propiedad privada señalado en la Constitución de la República. La confiscación de tierras no puede ser considerada como una propuesta de política pues evocaría las razones mismas que dieron lugar a un conflicto armado que duró 36 años. Asimismo, y sin entrar en detalles, una política de corto plazo de combate a la pobreza debe implementar un programa de emergencia para combatir la desnutrición infantil y en madres, en período de lactancia y mujeres embarazadas, situaciones que normalmente van aparejadas. Las medidas de corto plazo en un programa de combate a la pobreza serían entonces: ? ? ? ? ? ? ?

Entrega emergente de alimentos Alimentos por trabajo Entrega de semillas mejoradas Entrega de fertilizantes Generación de empleo masivo Acceso a la Tierra vía mercado y Asistencia Técnica Programa de combate a la desnutrición infantil y desnutrición materna

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Esta política de corto plazo sin acompañamiento de medidas de política estructurales, tiende a convertirse en un callejón sin salida, pues se alimenta de la inercia de la pobreza rural, agigantando y postergando la solución definitiva al problema. Debe además, ser coherente en su espacio físico, pues en caso contrario, los recursos se diseminarían en impactos imperceptibles de forma irremediable.

2. Búsqueda de la justicia en el área rural. Una política de Desarrollo Rural debe, ex-oficio, buscar elevar el nivel de vida de la población a la que busca beneficiar.

Sin embargo, debe tenerse cuidado en no tratar de trasladar la

concepción del desarrollo urbano al área rural. Los valores y la cultura de la población por otra parte, deben ser respetados. Los elementos mínimos que buscan equipararse, entonces, deben ser coherentes con los derechos universales del hombre: ?

Derecho a la Vida

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Derecho al Trabajo

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Derecho a la Salud

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Derecho a la Educación

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Derecho a la Vivienda

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Derecho a la Recreación

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Derecho a la Libertad Espiritual

La política de desarrollo rural en el caso guatemalteco tiende a convertirse en la política del Estado pues la población objetivo se estima en 1.6 millones de familias.

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3. Los Recursos Naturales y su aprovechamiento Guatemala es un país con un fuerte potencial para aprovechamiento de sus recursos naturales. Se estima que el 70% del suelo nacional es de vocación forestal y de hecho el 22% del territorio son bosques primarios y áreas protegidas, concentrándose, sin embargo, en el altiplano occidental, la mayor parte de tierras con vocación forestal para aprovechamiento a escalas comerciales.8 Paradójicamente, es en esa área donde se concentra la mayor pobreza del país y la mayor parte de la población indígena. Somos un país de pobres que almuerza en mesa de oro.

Áreas Protegidas: El sistema de áreas protegidas de Petén abarca un área de casi 18,000 kms² y es una de las más importantes del mundo.

La vocación forestal del suelo guatemalteco hace que la política de Desarrollo Rural se proyecte en el largo plazo, con un horizonte arriba de los 20 años, congruente con el período que necesitan los bosques para crecer y ser rentables comercialmente, con variantes que fácilmente pueden hacer fracasar cualquier política. También acá deben considerarse necesarias las políticas relacionadas con el recurso hídrico, ya sea para fines de generación de energía o bien para consumo humano y animal o el riego en plantaciones de uso intensivo del suelo.

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Elementos mínimos que debe considerar la política de desarrollo rural en materia de aprovechamiento de recursos naturales son: ?

Vocación forestal del suelo

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Áreas Protegidas

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Agua para consumo humano y animal

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Agua para generación de energía

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Agua para riego

IV. LA POLITICA AGRARIA COMO EJE DE LA POLITICA DE DESARROLLO RURAL Una verdadera política agraria para Guatemala debe tener al menos tres grandes pilares. 1. ORDENAMIENTO AGRARIO E INSTITUCIONALIDAD Producto de su misma historia, Guatemala tiene una realidad agraria totalmente desorganizada. A la política de la Colonia, caracterizada por la creación de grandes latifundios a través del mecanismo de denuncia, la creación de pueblos de indios y las encomiendas y los repartimientos, se han sumado una serie de políticas erradas y arbitrarias tomadas durante el período de vida independiente, siendo las más importantes las expropiaciones para la expansión del cultivo del café a finales del Siglo XIX, la reforma agraria de 1952 y la política de colonización de los años setenta hasta la fecha. El resultado de las diferentes políticas agrarias puestas en marcha desde la concepción del Estado Moderno actual, es la fragmentación de nuestra historia rural. Para comprender la realidad agraria guatemalteca hay que entender que todo lo que encontramos son pedazos de historia,

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FAO/UNESCO. Revista Presencia No. 30. Facultad de Ciencias Económicas USAC. Nov. 1997 Pág. 31

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fragmentos resultantes de alguna medida de política que se tomó sin considerar a la otra y algunas veces en forma repetida pasando por encima de la norma anterior. Ejemplos de cada uno de los pasajes de la historia se pueden observar perfectamente hoy en día en toda su dimensión. Por ejemplo: ?

Los “pueblos de indios” de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, ambos en el departamento de Sololá, con un gran conflicto histórico vigente debido a que no existen límites territoriales entre los diferentes pueblos, apareciendo en la descripción Registral en el Segundo Registro de Quetzaltenango, la leyenda que dice “se inscribe a favor de los pueblos hermanos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán”. Su expresión reciente ya cobró vidas y la tensión permanece aún en nuestros días.

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Las encomiendas de Huité, Zacapa, donde por los años 1700, se concedieron en propiedad privada, tierras ya habitadas y poseídas por los oriundos del lugar; prueba de ello es que éstos lograron allá por el año 1900, que fueran inscritos sus derechos en fincas proindivisas; es decir, en Copropiedad, y que en la actualidad son poseídas por trabajadores agrícolas que son dueños de uno o más predios dispersos.

Copropiedad Romana: Ubicado a 170 kms de distancia de la ciudad capital, Huité Zacapa, con una extensión territorial de 76.5 Kms² presenta una partición territorial de 3,963 predios catastrales asentados en 8 fincas registrales.

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Las grandes fincas de café de la boca-costa y Las Verapaces con la migración alemana.

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La creación del Registro de la Propiedad y del Segundo Registro en Quetzaltenango a finales del siglo XIX.

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La creación de las parcialidades y las entregas de tierra en copropiedad a los “milicianos” y la creación de Comunidades Agrarias Indígenas, amigos del Presidente Manuel Estrada Cabrera en los años ´20.

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Las expropiaciones de la Costa Sur y entrega a campesinos sin tierra, para luego ser devueltas registralmente a sus antiguos propietarios 9. Algunos nunca lograron desalojar a los beneficiarios originales.10 Tal es el caso de “El Pilar” en el municipio de la Democracia, departamento de Escuintla.

Reforma Agraria 1952: Ubicado a 80 kms de distancia de la ciudad capital, en La Democracia Escuintla, se encuentra el Parcelamiento El Pilar con, 852 pequeños posesionarios.

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De las 765,233 manzanas de tierra expropiadas por el Decreto 900, 603,775 fueron devueltas a sus dueños originales; sin embargo, algunos se vieron en la obligación de ceder parte de las tierras expropiadas para evitar enfrentamientos con los campesinos. Hamdy Jim. Reforma y Contrarreforma: Política Agraria en Guatemala, 1952-1957 en 500 años de lucha por la tierra. Pág 380.

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Los parcelamientos entregados en Patrimonio Agrario Colectivo en los años 50 y que ahora son lotes de veraneo individual por su proximidad con las playas del litoral pacífico. Cuyuta y Río Blanco en el departamento de Escuintla son buenos ejemplos al respecto.

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Las entregas y la distribución de tierras de la Franja Transversal del Norte y Petén en los años 70, donde en el año 2002 se calcula que cerca del 90% de los actuales posesionarios carece de legitimidad en su tenencia y difiere del beneficiario original. A ello se suma la creación de las zonas protegidas en los 90, con un 80% de ellas en Petén y con conflictos legales de delimitación, propiedad y posesión. Por ejemplo, la zona núcleo del área de Reserva de Xutilhá y Machaquilá, es uno de los nueve proyectos que impulsó el FYDEP en la adjudicación de tierras. Es decir, no es remoto encontrar propietarios a la zona núcleo de esa área protegida.

Áreas Protegidas: Xutilhá-Machaquilá creada como zona protegida en 1995 ya había sido distribuida por el FYDEP entre 1970 y 1987 inclusive en sus zonas núcleos.

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La decisión de crear áreas de reserva territorial a partir de 1894 sin una verdadera política de aprovechamiento y promoción de las mismas generando una gran confusión en las poblaciones asentadas a lo largo del litoral pacífico del país. Iztapa y Puerto San José son claros ejemplo de ello, lo mismo que las riberas del río Dulce y las orillas de los lagos de Flores en Petén e Izabal en Izabal.

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Las compras subsidiadas asistidas por el mercado en cualquier punto del país con el actual Fondo de Tierras, vigente desde mayo 1999. Algunas entregadas bajo la forma de Patrimonio Agrario Colectivo, más por inercia del Decreto 1551 que por convicción y entendimiento de las implicaciones de esa forma jurídica de adjudicación.

Cada una de estas decisiones tiene hoy una gran consecuencia, una expresión de acumulación o desacumulación de riqueza. Cada decisión formó, en su momento, parte de una visión de política, de una percepción sobre como debía ser el desarrollo en el campo y como debía conducirse su población rural guatemalteca. Muchas medidas de política se tomaron considerando que el Estado jugaría un papel importante en el desarrollo del agro, otras, considerando un prejuicio sobre comunidades indígenas y campesinas pobres, a las que históricamente se les niega el derecho a la propiedad privada individual y se les induce a la copropiedad bajo el argumento que podrían fragmentar la tierra y luego vender y finalmente se cae en la posición en las que se consideran ambas como premisas (la creación del Instituto de Transformación Agraria –INTA y los Patrimonios Agrarios Familiares, con tutela del Estado por 20 años). Actualmente el Fondo de Tierras atraviesa un período de transición, entendimiento y reflexión sobre la trascendencia de las medidas de política en materia de regularización que deben tomar sobre las tierras entregadas por el Estado entre 1960 y 1999. Una Política de Desarrollo Rural Sostenible no puede ni debe obviar esta realidad agraria, con un nivel de complejidad extraordinario. Aproximadamente el 70%

del territorio del país se

encuentra inmerso en esta verdadera maraña de confusión con respecto a límites, ubicación, y derechos legítimos de propiedad. Para generar un desarrollo sostenible en el uso y administración del recurso tierra se tienen que tomar decisiones trascendentales en materia del derecho de propiedad. Esta decisión será determinante sobre el país que queremos persista o se transforme para dentro de veinte o treinta años.

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Nótese que el eje se denomina Ordenamiento Agrario y no Ordenamiento Territorial que es posterior y más tiene que ver con la aplicación y usos del catastro. Se denomina Ordenamiento Agrario pues se debe legislar sobre la nueva relación que queremos exista entre la población y la tierra en el campo. Se debe tomar la decisión de si nos vamos por mantener las cosas como están y postergar la solución, o bien poner en marcha un modelo intermedio que concilie realidades con objetivos, o bien dirigirnos totalmente a una economía de mercado abierto basada estrictamente en la propiedad privada. Las decisiones que como sociedad tomemos en ese sentido deberán ir acompañadas de una institucionalidad que de forma y contenido a la ley, valorando las experiencias del pasado donde la intromisión del Estado no ha sido la más afortunada, hasta los extremos del mercado que terminan por excluir a quienes queremos beneficiar. Para profundizar un poco más en materia de Institucionalidad, dos ejemplos: a. Contamos con un Registro de la Propiedad basado en una norma civil, copiada textualmente del Código Civil Español del siglo pasado. En el Registro se inscriben derechos sobre bienes inmuebles, pero no se lleva control de estos bienes inmuebles a través de un sistema catastral. La institucionalidad de protección al derecho de propiedad no se ha modificado en los últimos 120 años y cuando nació respondía a la expansión del cultivo del café y la necesidad de garantías hipotecarias. El control de las tierras entregadas por el Estado se ha llevado en los denominados “Libros de Transformación Agraria”, la pregunta es como se hace para verificar que una finca de transformación agraria tiene límites claros con fincas originadas por la transmisión de dominio en el ámbito civil, que se lleva en los Libros normales del Registro. Aún somos de los pocos países en América Latina que no posee norma catastral y el conservadurismo legal le teme como un instrumento que menoscaba al Registro cuando en realidad es un instrumento que dará vida real al mismo

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b. Cuando en 1967 se emite el Decreto 1551 y se crea el INTA, se da institucionalidad y campo jurídico a una política de colonización agraria. Sin embargo, cuarenta años después para el Estado fue imposible sostener esta institucionalidad que se caracterizó por la corrupción, el desorden y el descontrol. La intención de entregar tierras en copropiedad –Patrimonios Agrarios Familiares- fue que el Estado, a través del INTA, proporcionaría asistencia técnica y crediticia a los beneficiarios de los programas de adjudicación de tierras y que el mismo, por un período de 20 años, no podría ser dividido, embargado o vendido. 38,000 expedientes de adjudicación abiertos en Petén, con un manejo manual, rebasaron por completo la capacidad de la institucionalidad de esa política. Además, convirtió al Estado en un ente “rentista”, vendiendo la tierra, aceptando una prima del 10%, no cobrando el resto o haciéndolo con métodos corruptos e inscribiendo con reserva de dominio un predio al que jamás se visitó para medir.

EL CATASTRO Y REGISTRO NACIONAL COMO EJE TRANSVERSAL DE LA NUEVA POLITICA AGRARIA. Para muchos países, el catastro es una herramienta de planificación de uso común e histórico. De hecho, algunos países europeos no conciben el desarrollo si hace falta un catastro, que es el registro del inventario de la ubicación, posición y relación legal de la población con el territorio. Además, en casos como Holanda y Suecia, el catastro es requisito indispensable para ejercer el derecho de propiedad. Para Guatemala, sin embargo, el catastro va un poco más allá que una simple herramienta de desarrollo. El Catastro es la actividad que técnicamente nos va mostrando el estado de cosas en la realidad agraria guatemalteca. Es el proceso que paso a paso comienza a mostrarnos el verdadero rostro de la relación tierra-hombre, legal y de hecho. No se puede modificar la realidad, o no se debería, sin antes conocerla.

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En el documento “El Contexto Económico y Social de Guatemala y el Catastro como instrumento de desarrollo” 11 se plantea el hecho que ¿Por qué es tan importante la claridad en los derechos sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra?, ¿Qué tiene que ver con la pobreza?, ¿Es este elemento un insumo fundamental para promover el verdadero desarrollo del país? Cálculos preliminares, realizados con base en la investigación Registral de los proyectos piloto catastrales de UTJ-PROTIERRA, señalan que más del 70% del territorio nacional tiene problemas de ubicación e inscripción de derechos reales en el Registro de la Propiedad. El impacto de este dato es demoledor sobre la base de una realidad histórica construida a partir de lo agrario y donde la principal riqueza y las relaciones entre los ciudadanos se llevan a cabo en el ambiente agrario.

Ejidos Municipales Urbanos Petén: San Francisco Petén fundado en 1821 y ubicado a 18 kms de distancia de la ciudad Flores Petén, antes del proyecto catastral 1998-2000 toda la tierra urbana era propiedad de la corporación municipal en ejido. El Catastro identificó 2,375 predios urbanos y actualmente hay 700 nuevos propietarios.

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Satate University of New York at Buffalo. Ibid pág. 7

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El contexto agrario tiene que ver con los siguientes elementos, cuya falta de tratamiento condena irremediablemente al país y su población a transitar eternamente por los caminos de la pobreza y la exclusión social: a. El Registro General de la Propiedad, como ente que resguarda el derecho de propiedad de la tierra frente a terceros y que abre las puertas al comercio interno entre las personas y las instituciones a través del crédito, es fundamentalmente un registro de derechos y no de medidas. Ello conlleva problemas de ubicación física, donde es imposible reconocer el objeto donde recae el derecho, trayendo consigo de paso, conflictos, despojos, estafas, falta de credibilidad del sistema económico en general, etc. b. El nivel de conflictividad agraria arranca por la falta de definición de linderos y derechos y la falta de instrumentos jurídico-culturales que logren compactar la problemática agraria nacional. c. El proceso de configuración de la ubicación y forma de los predios en el territorio nacional y las relaciones y calidades de dominio para quienes los poseen, parte del hecho mismo de la falta de derechos sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra y es fuente de dificultad y confrontación para cualquier proceso de ordenamiento territorial. d. La construcción de una realidad jurídico-agraria sin bases físicas hace del proceso de regularización con base catastral un elemento estratégico para la definición de una nueva política de desarrollo económico. Sin embargo, este proceso podría durar hasta 50 años si no se actúa con celeridad y seguridad. e. El desarrollo municipal, cuyos orígenes son población y territorio, se ve mermado ante el desconocimiento de sus potencialidades y las relaciones entre los vecinos frente a los recursos económicos y naturales de su jurisdicción, que no logran visualizarse como grupo ni conocen lo que verdaderamente tienen y en qué relación y frente a quién lo tienen. f. Proyectos de largo plazo, como la diversificación de cultivos, el riego, la explotación de recursos forestales, el crédito rural agrícola, las zonas protegidas y el ecoturismo, requieren de certeza jurídica sobre la tierra para ser verdaderos programas de desarrollo.

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g. La política de vivienda, urbana y rural, comienza por la identificación y la adquisición de tierras, así como la planificación urbana para el crecimiento de la población y la demanda de servicios. La implementación de la política de distribución a través del crédito de largo plazo, se basa en la claridad de los derechos y la posibilidad de recuperar la inversión. Sin certeza jurídica, no hay política de vivienda. h. La aplicación de la justicia en el agro, cuando se trata de conflictos de propiedad o límites, debe contar con elementos precisos y concretos para que sea pronta, oportuna y eficiente. ¿Cómo puede dilucidarse un conflicto de propiedad si no existe claridad en los derechos de quienes la poseen, o más aún cuando es confusa la identificación física del inmueble? i.

Sin conocer nuestros recursos, su ubicación, su potencial y su relación con la población y sus necesidades, es imposible salir de la pobreza.

j.

Sin una política permanente y clara que busque dar certeza jurídica sobre el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra, las medidas, las acciones, los proyectos y los programas —públicos y privados— que se ejecuten en el ambiente agrario nacional, carecerán del elemento de sostenibilidad que sólo lo otorga la perspectiva cierta de la visualización de un futuro en paz. El catastro y su contraste con la referencia Registral en el contexto histórico, es el que nos va mostrando el impacto que han tenido las medidas de política agraria tomadas en el pasado. Por ejemplo, es fácil entender como en San Jacinto, un municipio a dieciocho kilómetros de distancia de la cabecera departamental en Chiquimula, en el oriente del país, no tenga sede ni un solo banco del sistema que permita el acceso al crédito a los productores. Inscrita a favor de la municipalidad en 1933 jamás se habían producido las desmembraciones que garantizaran el derecho de propiedad de los predios de vivienda urbana y los predios rurales, por lo que el mercado de tierras es completamente informal y más vinculado a la herencia que a la compraventa. Lo mismo nos encontramos en Petén, donde las municipalidades tienen la potestad de vender del ejido municipal el área destinada para crecimiento urbano de la población desde hace 30 años y por falta de apoyo no se había logrado realizar.

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Tierras Municipales: San Jacinto Chiquimula, ubicado a 180 kms de distancia de la ciudad capital, antes del proyecto catastral 1998-2000 toda la tierra era propiedad de la corporación municipal. El Catastro identificó 2,842 predios y actualmente hay 100 nuevos propietarios.

Por otra parte, es innegable que la base de datos catastral, gráfica y alfanumérica, constituye, con el respectivo programa de capacitación, un auténtico tesoro en el nivel municipal en sus aspiraciones por fortalecer la descentralización y el poder local y una clara aproximación a las necesidades de la población en su contexto geográfico que busca el ordenamiento territorial.

Ortofoto: La ortofoto por sus características métricas es un instrumento valiosísimo de planificación urbano y rural. Nótese el crecimiento no planificado de la cabecera municipal de la Democracia.

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La rol de la Comunidad Internacional en el Catastro Nacional: Uno de esfuerzos más importantes de la cooperación internacional en Guatemala ha sido apostar al fortalecimiento del Estado derecho mediante su apoyo financiero y técnico al establecimiento catastral de Guatemala. Se cuenta actualmente con el respaldo de cooperantes en los que se expresan los objetivos y los resultados ya alcanzados: ?

Suecia. En 1997 se obtuvo la donación por US$2.2 millones para: a) Apoyo a la implementación de la estrategia de Gobierno en el tema tierras en el contexto de los Acuerdos de Paz (US$1.1 millones), administrados por el PNUD; y b) Asistencia Técnica Internacional para acompañamiento de procesos en marcha, especialmente de Información Geográfica y Registro y Catastro (US$1.1 millones), administrados directamente por la cooperación sueca. El apoyo de la cooperación sueca en su II Fase se encuentra en plena ejecución. Convenio entre el PNUD y Suecia, firmado a los 3 días del mes de Octubre del año 2001 para el Proyecto “Fortalecimiento del Catastro Nacional de Guatemala, fase II” en apoyo a la ejecución del catastro en Escuintla. Donación de US$2.4 de recursos financieros y US$1.1 millones en asistencia técnica.

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Banco Mundial. Con fondos de préstamo se ejecuta: a) El establecimiento del proceso catastral, regularización de la tenencia y registro en Petén; y b) Diseño de un Modelo de Modernización Administrativa y Operaciones del Registro de la Propiedad en el contexto del proceso catastral. Convenio de préstamo BIRF cuatro mil cuatrocientos quince guión GU (BIRF 4415-GU) entre el Banco Mundial y el Gobierno de Guatemala, firmado a los doce días del mes de agosto del año 1997, para el Proyecto Administración de Tierras de Catastro y Registro de Petén. Préstamo US$31.0 millones. Entre 1992 y 1996, el Banco Mundial, a través del Proyecto RUTA, con sede en Costa Rica y expresiones nacionales en cada país centroamericano apoyo la generación de pensamiento en torno a un proyecto de catastro en Guatemala.

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Comunidad Europea. Donación para la ejecución del proyecto piloto en el Departamento de Sacatepéquez para luego trasladar la experiencia a todo el Departamento y luego a otros departamentos a seleccionar. La cooperación inició en septiembre de 1998 y terminó en diciembre de 1999. Donación US$1.0 millón

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Alemania. Asistencia Técnica de la cooperación alemana, a través de la GTZ, que apoya al Gobierno de Guatemala en la definición de las normas técnicas para el levantamiento catastral y la realización de un ejercicio en la región Las Verapaces. Su inició fue en octubre 1998 y finaliza la segunda fase en diciembre 2002.

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Holanda. Con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos, se ha definido las acciones y ejecución del catastro y ejecución en los departamentos de Zacapa y Chiquimula. Acuerdo firmado entre el PNUD y los Países Bajos, firmado a los seis días del mes de marzo del año 2001, para el Proyecto “Apoyo al Catastro, Regularización y Registro en Zacapa y Chiquimula”. Previamente entre 1998 y el año 2000 se ejecutó un Proyecto Piloto en dos municipios. Donación US$7.0 millones

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Navarra, España Acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de la República de Guatemala a través de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, referente a apoyo al establecimiento, mantenimiento catastral y coordinación con la entidad de registro de derechos de la propiedad en el Departamento de Sacatepéquez, firmado a los veinticinco días del mes de abril del año 2001. Donación US$500.0 mil.

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FRANCIA. Apoya al Catastro Nacional con asistencia técnica permanente de un técnico con nivel de master en geodesia y catastro, así como en la planificación del programa superior de capacitación catastral desde 1997.

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Noruega. En enero de 2002, el Gobierno de Guatemala publicó el Acuerdo Gubernativo en el cual se valida la aceptación de la donación en asistencia técnica para la realización de un estudio de factibilidad para el Proyecto de Catastro y Registro en el Departamento de Izabal, el cual dio inicio en marzo de 2002. 27

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USAID, Estados Unidos. En Octubre del 2000, AID apoyó al Catastro Nacional para realizar operaciones de levantamiento de información catastral, en conjunto con el Fondo de Tierras en aquellas fincas que se habían adquirido en el período 1998-2000. Donación US$120.0 mil

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PNUD. Entre 1998 y el año 2000, PNUD apoyó financieramente la consolidación de la estrategia del catastro nacional con US$500.0 mil.

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México. En el año 2001, UTJ-Protierra y el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de México, firmaron una Carta de Entendimiento que ha permitido capacitar a técnicos guatemaltecos en aquel país en cursos de especialización.

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Colombia. En marzo de 2002, UTJ-Protierra y el Instituto de Geografía Agustín Codazzi de Colombia firmaron una Carta de Entendimiento que busca alcanzar los mismos objetivos y resultados logrados con la cooperación mexicana.

La Comunidad Internacional ha sido un soporte fundamental para apoyar la estrategia de catastro nacional. En los países desarrollados, la relación tierra, catastro, propiedad, mercado y desarrollo es clarísima e indivisible. 2. LA MEDIACION DE CONFLICTOS AGRARIOS CON UN CONTEXTO LEGAL CIVILISTA. Uno de los mayores obstáculos para la implementación de una política agraria en Guatemala, es el nivel y profundidad de la conflictividad rural, donde se mezclan confusiones originadas por la simple posesión producto de una medida de distribución y la concepción del derecho de propiedad que emana del Código Civil, con aspectos puramente culturales y rivalidades históricas entre pueblos vecinos. En tanto no se defina la política de ordenamiento agrario y el catastro no se realice, deberá existir una política de mediación por parte del Estado que de tratamiento específico a los conflictos en el área rural. La situación es tan compleja que a veces es muy fácil entrampar los procesos que se 28

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deciden ir por la vía judicial, terminando las partes en verdaderas batallas campales, con la cauda de seres humanos ofreciendo su vida por algo que nadie, ni los jueces, entienden. Tanto el Catastro como la Mediación de Conflictos fueron visualizados claramente en los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Sin embargo, la magnitud, como proyectos, de ambas tareas es inmensa y presentan un horizonte de largo plazo. Además, con el tiempo comienzan a verse condicionadas por la falta de un ordenamiento agrario, no previsto en las discusiones de paz. El ordenamiento agrario determinará si el rol del Estado se mantiene en una oficina que atiende básicamente la mediación de conflictos y el apoyo a que las partes lleguen a acuerdos extrajudiciales o si bien se crea la Procuraduría de Derechos Agrarios y la Jurisdicción Agrario Ambiental, previstas en los Acuerdos de Paz, pero que no tienen fundamento real ni sentido propositivo ante la falta de definición del Estado sobre las directrices en materia de propiedad. Debe por otra parte, rescatarse la intención de los Acuerdos de Paz de brindar asistencia legal gratuita en materia de conflictos de tierra, superándose la incompatibilidad de que sea el Estado el que brinde dicha asistencia a cualesquiera de las partes sin un marco regulatorio que garantice la imparcialidad en la asistencia.

V. PROPUESTAS DE POLITICAS Y PROGRAMAS

Que vamos a hacer para implementar una política de desarrollo rural de largo plazo, debe ir ligada a las soluciones y políticas que encontramos en el ámbito agrario. Así, pueden mantenerse los objetivos de la política, pero la forma, el cómo, será diferente y el rumbo completamente distinto. En el corto plazo, la política de desarrollo rural tiende a confundirse con una política de combate a la pobreza, con algunas de las medidas que ya fueron desarrolladas anteriormente en este estudio de caso y que no son sustentables desde el punto de vista económico e inviables su continuación en el mediano y largo plazos. 29

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Para el mediano y largo plazos pueden recrearse tres escenarios de políticas de desarrollo rural y agrario: a. Donde priva la máxima de promover la propiedad privada, buscando desaparecer el rol del Estado en el largo plazo y normando el aprovechamiento del recurso tierra por el mercado. Se busca homogeneizar a la población ante la ley y la cultura en su expresión indigenista pasa a un plano meramente folclórico, artesanal y turístico. Elimina la política de subsidios. b. Donde se interpreta la realidad histórica y cultural, generando una política de opción voluntaria, de propiedad agraria y propiedad privada, regulada, en materia de beneficios de la acción de la ley y el Estado. Establece una política de subsidios complementaria e integral en el cumplimiento de responsabilidades y beneficios. c. Donde priva la máxima de alcanzar la total distribución de la tierra entregándola en posesión, usufructo o propiedad a quienes la trabajan y la necesitan. Y no entregando una maceta de tierra a cada habitante como se ha querido hacer ver. Busca fortalecer el rol del Estado y el mantenimiento y creación de subsidios. El escenario 1 es el reflejo de la tendencia de corte neoliberal que ha venido predominando en el pensamiento de los generadores de política desde la década pasada. Propio para países sin tradición cultural diferente a la dominante y con alternativas para encontrar el desarrollo diferentes a las emanadas del área rural. El escenario 3 es el sueño clásico truncado de los movimientos revolucionarios que siguieron a la revolución cubana en América Latina desde 1960 y cuya bandera ha estado expuesta en los principales conflictos armados reivindicatorios. El escenario 2 es el que a nuestro criterio debería ser aplicado en un país con las características de Guatemala y por ello habrá que realizarlo en forma conjunta con los actores interesados, de forma que se produzca un verdadero "empoderamiento" de la política y una apropiación de los actores y los beneficiarios.

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Actualmente el tema de Desarrollo Rural y Combate a la Pobreza ha ido tomando auge en los generadores de opinión. La Coordinador Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC-, recién acaba de lanzar su esbozo de propuesta de desarrollo rural para ser discutida con el Gobierno en su concepción, aceptación e implementación. Las organizaciones empresariales tienen su propia estrategia de desarrollo rural. Ambas propuestas encajan en los escenarios 1 y 3. El rol del Gobierno será de mediador y generador de consensos. Tenemos una discusión incipiente en un problema enraizado y oscuro, pero el panorama no admite titubeos..., todo largo trayecto comienza por un primer paso.

Guatemala, abril de 2002

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VI. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DE CONSULTA Brockett, Charles. Transformación Agraria y Conflicto Político en Guatemala, 1944-86. En 500 años de Lucha por la Tierra Cabrera del Valle, Carlos Derecho Agrario y Política Agraria en Guatemala After Peace Agreeements. State University of New York at Buffalo. Febrero 2001 Cabrera del Valle, Carlos Aplicación de Derecho Agrario en Guatemala, Estrategia y Propuesta Tercera edición Impresos Transgrafic Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala 500 Años Sembrando el Evangelio. Guatemala, 15 de agosto de 1992. Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala El Clamor por la Tierra. Nueva Guatemala de la asunción, febrero 1988. Castellanos Cambranes, Julio. 500 años de lucha por la tierra. Recopilación de la situación Agraria en Guatemala. Editorial de FLACSO, 1989 Constitución Política de la República de Guatemala promulgada el 15 de Mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente COPREDEH Acuerdos de Paz, Suscritos entre Gobierno de Guatemala y URNG. Guatemala 1997. 1ª. Edición Decreto 24-99, Ley del Fondo de Tierras FAO/UNESCO. Revista Presencia No. 30. Facultad de Ciencias Económicas USAC. Guatemala 1997

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