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• Kevin Y. Cornelio Prado

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CONVIVENCIA DEMOCRATICA

Convivencia democrática significa “vivir” “con” el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. Vivimos

en

un

mundo

globalizado,

y

la

importancia de la convivencia requiere trascender de cualquier simplificación de su significado. Convivir no es solo cohabitar, no es un simple vivir en compañía de otros. Convivir es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen nacional, religión o discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia. Es imposible la convivencia democrática si no se fundamenta en los valores de Tolerancia y Solidaridad. Una de las incomprensiones que dificultan la convivencia es el alcance que se da al valor de la Tolerancia. Practicar la Tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas, significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz ya ser como son. Es un pilar central de la convivencia pacífica democrática. Sin lugar a dudas la convivencia pacífica y democrática también depende del valor de la Solidaridad. Este significa unidad, pertenencia común, interdependencia, apoyo mutuo, comunidad de esfuerzo y sentimiento, es una virtud que debe extenderse a todos los ámbitos, desde lo privado hasta lo público.

La convivencia democrática precisa fomentar la generalización de una educación para todos y a lo largo de toda la vida que se inspire en valores y se alimente en una visión global de un mundo en paz y libertad. En los comienzos del tercer milenio se ha instalado en el mundo un sentimiento de inseguridad y ansiedad que va desde el ámbito de la defensa y seguridad ciudadana frente al terrorismo y a las fuerzas en pugna por lograr un poder hegemónico hasta la vergüenza y el escándalo de una creciente extrerna pobreza en el seno de muchos países. De ahí que el relativismo moral imperante muestre una creciente incoherencia entre los valores e ideologías frecuentemente proclamados frente a las prácticas, hábitos y actitudes reales en relación con todos esos grandes problemas y desafíos. Frente a ello no se trata de proponer soluciones concretas paradigmáticas, sino de abrir el debate en torno a diversos escenarios globales posibles y promover la conciencia colectiva sobre el alcance de los problemas y la viabilidad de las soluciones globales o locales alternativas, a la vez que invitar a la creatividad, a la innovación y a la participción ciudadana, en el seno de las más diversas sociedades y culturas, desde una convivencia democrática activa. Todos los pueblos e individuos aspiramos a la felicidad y a una elevada calidad de vida en todos los órdenes y, si somos conscientes y consecuentes con nuestros naturales sentimientos, debemos quererlo hacer extensivo a nuestros descendientes. El medio principal a tal fin es esencialmente la educación o, más concretamente, la formación, el aprendizaje y el adiestramiento adecuados para resolver los problemas de raíz, desde la dignidad humana, los derechos y los deberes de cada persona. Sin embargo, esa respuesta educativa no puede seguir siendo la simple expansión ni la mejora de los sistemas educativos existentes por medio de reformas y planes de actuación. Una revolución educativa en el siglo XXI tiene que lograr superar, sobre todo, la frustración que existe en el mundo actual ante el desajuste entre la oferta de los sistemas educativos frente a la necesidad de personas con una amplia formación integral, con un alto nivel cultural, proclives a una convivencia democrática y coherentes con los valores que proclaman. Además, esas personas deberán poseer, cada vez más, una sólida formación profesional actualizada que les haga capaces de crear riqueza a la vez que se preocupan por conseguir un desarrollo sostenible, social y humano.

LA CULTURA DEMOCRÁTICA La cultura democrática Ante la mayoría parlamentaria abrumadora que el electorado dio al movimiento gobiernista, los actores políticos mediáticos-privados han recurrido a denostar dicha mayoría y con un sesgo patriarcal juzgar la capacidad de las mujeres que ya conducen la nueva Asamblea. Y ese sesgo ha pasado por preguntarse quién está detrás de ese poder; por condenar una relación entre Ejecutivo y Legislativo, por lo demás obvia y necesaria, ya que expresan un solo proyecto político en el poder. Y como no faltaba más, ahora esos actores mediáticos opositores han recurrido a la categoría de “cultura democrática” para indicar que la nueva mayoría carece de la misma. En un país como el Ecuador, con una historia sumamente compleja de dominaciones diversas y vasallajes violentos; una historia de opresiones sistemáticas y estructurales, de poderes locales hacendatarios, aún presentes en la mentalidad de las viejas élites y sus agentes ideológicos, hablar a la ligera de cultura política resulta paradójico. Estos medios reclaman una cultura política democrática basada en el pasado, en un pasado que fue positivo para ellos, precisamente porque fueron de muchas maneras beneficiados del prestigio que las élites otorgaban. Entonces su cultura democrática pasa porque se mantengan sus privilegios a costa de sacrificar el presente y futuro de las mayorías. Son claras las intenciones de reconstruir la historia o de mantener su capacidad de hacer historia a su imagen y semejanza, pero lo bueno es que la memoria social perdura y emerge a cada instante recordando los tiempos de oprobio. La cultura democrática es una construcción continua en disputa por toda la sociedad y no la marca registrada de ciertos sectores privados; dicha cultura democrática no puede sostenerse en privatizar la esfera y la opinión pública o privilegiar la pureza idealista de las instituciones mientras las mayorías aún padecen los riesgos continuos de la concentración de la riqueza en pocas manos. Una cultura democrática en construcción exige modificaciones en el diseño institucional centrado en lo humano-naturaleza y no en la maquinaria de acumulación capitalista. Por lo tanto, la cultura política en una sociedad del Buen Vivir exige restituir a los pobres y un orden donde las instituciones sean medios para el bien colectivo-comunitario e individual, pero no para los cultores de una democracia artificial, banal, moralizante y sin contenido. El pueblo, lo popular que atraviesa a todos los grupos sociales, debe nutrir la cultura democrática como síntesis de las culturas, de la diversidad y heterogeneidad que caracteriza al Ecuador. Aún estos actores mediáticos privados no logran despegarse de ese horizonte de sentido racial y patriarcal, donde solo ellos pueden tener voz y las mayorías deben permanecer silentes y, en el mejor de los casos, ser meros personajes de sus literaturas folclóricas. Por eso es necesaria una revolución cultural que mine la sociedad de los patriarcas y gamonales.

Las creencias consisten en las ideas que predominan entre los miembros de una sociedad sobre lo que es verdadero o falso. Representan el conocimiento creado por la sociedad y compartido y aceptado por los individuos. Las ideologías –entre ellas las ideologías políticas en sentido restringido- son sistemas de creencias muy organizados e integrados. Contribuyen a explicar y dar sentido al mundo y a nuestra posición en él, igual que a legitimar modos de organización social.

Aunque las ideologías políticas están relacionadas con sistemas de valores, en ellas predomina el aspecto cognoscitivo. No es raro que un individuo, por convencimiento racional, adhiera o abandone bruscamente una ideología. Los cambios en los valores básicos de las personas son mucho menos probables (Inglehart, 1990, pp. 371-92). Las pautas de comportamiento comprenden una variedad de reglas que definen la conducta aceptada y esperada de las personas en diversos contextos (Cialdini y Trost, 1998). Abarcan desde la simple conducta típica o repetitiva observada en un grupo –“la norma” en términos de una acción “normal” o corriente-, hasta las normas en su acepción fuerte: reglas establecidas e inculcadas con un sentido de obligación, cuya falta de cumplimiento produce una sanción informal o formal de la sociedad. La intensidad de la obligación y las sanciones varía con la importancia de la norma: es mínima en ciertos hábitos y costumbres y máxima en los tabúes. Los valores implican fines deseables que motivan la conducta de las personas. Son abstractos o generales, de modo que trascienden acciones y situaciones específicas: la solidaridad o el respeto por los demás, por ejemplo, son relevantes en una variedad de contextos (esto último los distingue de las actitudes y las normas, que están asociadas a conductas, objetos y circunstancias particulares). También sirven como criterios para seleccionar o evaluar (personas, opiniones, políticas de gobierno, etc.). Además, están ordenados en un sistema de prioridades basado en la importancia relativa de cada uno respecto de los otros. La sociedad en su conjunto y cada individuo poseen un sistema específico de prioridades de valor. Esta organización jerárquica de los valores es otra diferencia con las actitudes. Cómo influyen los valores en la conducta de las personas? Su importancia relativa está en el eje del mecanismo. Cualquier conducta o actitud involucra normalmente más de un valor. Estos múltiples valores guardan entre sí relaciones de complementariedad o conflicto. Para un individuo, aceptar un empleo bien pago y promisorio puede ser congruente con sus valores de éxito y riqueza material, pero quizás entre en conflicto con sus valores de independencia y disfrute del tiempo libre. Su decisión estará guiada por un trade-off entre los valores competitivos que son relevantes en esa situación. Las conductas de una persona en un contexto dado no dependen solo de sus valores. Éstos intervienen con fuerza cuando: a) son relevantes para la situación; b) son importantes para la persona (en especial, si son centrales para la auto-definición del Yo (“soy honesto”, “soy ambicioso”).

ACUERDO NACIONAL El Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado en base al diálogo y concertación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas y social de Perú. El acuerdo fue suscrito el 22 de julio de 2002.12 Los 4 objetivos del acuerdo son Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del País y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

a principal finalidad de este evento es tratar cuatro temas puntuales:    

Seguridad ciudadana Lucha anticorrupción Formalización Agenda social

Las bancadas no irán completas. Cada partido asignó a distintos representantes para que acuda a la reunión. En el caso de Fuerza Popular, quienes confirmaron asistencia, irán Karina Beteta y Rolando Reátegui. Pese a ello, Luis Galarreta, el vocero de Fuerza Popular, no dudó en aprovechar el momento para mandar una chiquita. “Esto ha sido convocado creo que a dos días de Nochebuena y eso señalaba a un medio que me parecía extraño, apresurado, pero siempre es bueno conversar y hacer intercambios”, dijo.

Y para qué sirve, El Acuerdo Nacional busca la concertación y la comunicación entre todos los asistentes. El premier, Fernando Zavala, ya dejó claro que la reunión forma parte del proceso de diálogo iniciado entre el partido oficialista y el fujimorismo. Walter Albán, director ejecutivo de Proética, declaró para Tv Perú y aseguró que el Acuerdo es una buena oportunidad para el gobierno. “El diálogo, cuya segunda parte empezará mañana con el Acuerdo Nacional, es la posibilidad para que el gobierno se recomponga, tenga aire, reestructure líneas”.

CRISIS EN EL PERU 1980 El Perú a partir de 1980 retornó a la democracia, luego del Gobierno Revolucionario de las

Fuerzas Armadas. Lamentablemente junto con esto apareció la amenaza terrorista, que sometió al país por los siguientes veinte años. Los subsiguientes gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García no pudieron responder adecuadamente frente a esta amenaza. Pero para mediados de la década de 1990, durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori se pudo contener la amenaza terrorista gracias a que el GEIN desarticuló al principal grupo terrorista, Sendero Luminoso. Este gobierno culminó a mediados del 2000 con un fuerte rechazo popular y denuncias de corrupción. Luego de la caída de este gobierno, se estableció un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Se convocaron a elecciones en el 2001 en las que salió elegido Alejandro Toledo. Antecedentes: La caída del gobierno revolucionario y la

asamblea constituyente El gobierno revolucionario de las fuerzas armadas dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. El protagonista Juan Velasco Alvarado inició el denominado oncenio de la vergüenza en el Perú. Expropió casi todas las empresas del país: todas las pesqueras que habían logrado poner al país en el primer lugar en las exportaciones de harina de pescado, todas las mineras, las empresas de petróleo, incluyendo las expendedoras de combustible, denominadas grifos, las empresas de telecomunicaciones, las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, todos los medios de prensa escrita y televisada, todas las tierras agrícolas productivas y las grandes empresas agrícolas productoras de afamado algodón pima peruano y las azucareras. Cerró el país al mercado externo y desconoció la deuda externa del país En el año 1980 la democracia vuelve al país, con la reelección no consecutiva de Fernando Belaúnde Terry como Presidente. Muchas de las reformas más radicales del Gobierno Militar son derogadas, como devolver los medios de prensa a sus legítimos propietarios. El gobierno generó muchas expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia de forma dictatorial. Se rodeó de un equipo económico liberal, liderado por Manuel Ulloa, director del diario Expreso y ministro de economía de su gobierno, que desplazó a varios de los antiguos dirigentes de Acción Popular. Las reformas económicas propuestas, sin embargo, no pudieron ser aplicadas en su mayor parte. Sendero Luminoso Ese mismo año el grupo terrorista maoísta Sendero

Luminoso declaró, en el departamento surandino de Ayacucho, la guerra al Estado peruano. Este grupo se encontraba dirigido por Abimael Guzmán, quién había sido profesor de filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. A partir de 1983, intensificó su campaña, imponiendo un régimen de terror en el sur andino asesinando a miles de campesinos y autoridades locales.

CRICIS DE 1985 "La economía peruana mostraba un pronunciado nivel de inflación, un reducido crecimiento económico y un alto déficit del sector público. Paralelamente, se enfrentaban altas tasas de desempleo con una persistente reducción del salario real", señala la introducción del documento. Ese año representa el fin del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el comienzo del primero de Alan García. Asimismo, leer el reporte sirve para recordar que la inflación ya había empezado a dispararse antes de que el gobierno aprista se iniciara -aunque fue durante ese gobierno que esta se disparó- y para tomar la foto de las primeras medidas económicas que llevaron a que nuestro país cayera en la hiperinflación que caracterizó el fin de la década del 80. "A partir del 28 de julio, en que hubo cambio de autoridades políticas en el país, el nuevo gobierno constitiucional adoptó un Programa de Emergencia cuyos objetivos principales consistían en combatir la inflación y establecer las bases para una reactivación de la producción", reza la introducción de la memoria anual. Inversión El informe también permite recordar que, en 1985, muchas de las inversiones estratégicas en el país las realizaba el sector público a través de sus empresas. En el sector energético, las inversiones más importantes fueron las realizadas por la estatal Electroperú, específicamente en las centrales eléctricas de Restitución, Charcani V y Machu Picchu. La empresa estatal Tintaya S.A. inició en abril de 1985 las operaciones de la mina Tintaya, en Espinar (Cusco), la cual ahora ha sido reemplazada por el proyecto Antapaccay de Glencore Xstrata. Por su parte, Petro-Perú destinó sus inversiones a la compra de equipos y materiales requeridos para mantener el nivel de produción en el yacimiento Laguna-Zapotal, en Talara (Piura). Asimismo, llevó a cabo actividades de prospección, evaluación y perforación exploratoria en la selva norte. En la actualidad, solo puede refinar y distribuir combustibles y está en veremos su regreso a la explotación a través del Lote 192. Precios El reporte también recuerda que la economía peruana ya venía siendo afectada por un acelerado proceso inflacionario, cuyo ritmo fue reducido, con consecuencias futuras

negativas, por el Plan de Emergencia de García en los últimos cuatro meses del año, llegando a cerrar 1985 a un ritmo de 158.3% anual. Actualmente, el BCR evalúa subir la tasa de interés de referencia para que la inflación no se dispare por encima de 4%. Sueldos Durante 1985, el ingreso mínimo legal fue elevado tres veces y, en marzo y junio, la bonificación suplementaria aumentó. Las primeras alzas fueron en marzo y junio, hasta los 360 intis, y el 31 de julio, tres días después de asumir la presidencia, Alan García aumentó el ingreso mínimo legal a 540 intis. Asimismo, se ordenó el aumento de los sueldos del sector público y el magisterio en 15% y 22%, respectivamente, en agosto. Pese a ello, en el primer semestre, el ingreso promedio real (capacidad de compra) de la población bajó durante todo 1985 en comparación con años anteriores. Otros datos para recordar - 75% fue la tasa de encaje marginal para la banca comercial a fines de 1985. - 65% fue el encaje efectivo al cierre del año. - El rendimiento de los depósitos en los bancos era negativo por la inflación. - 87% subió la emisión primaria (impresiónd de billetes) durante los últimos cinco meses del año. - 5.75% cayeron las exportaciones, por los bajos precios internacionales del cobre, el hierro y el café. - 15.6% era la presión tributaria (ingresos tributarios sobre PBI), debido a que se elevaaron los impuestos a los combustibles y las importaciones.

Crisis en el peru 1999

Crisis de Gobierno En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero agrónomo descendiente de japoneses, Alberto Fujimori, derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, candidato de la coalición derechista Frente Democrático (FREDEMO). Fujimori, que contó en la segunda vuelta con el voto del APRA y de algunos sectores de izquierda, impuso un programa de austeridad dirigido a detener la hiperinflación y a restaurar la confianza internacional para la concesión de créditos a su país.

autogolpe de Estado En abril de 1992 Fujimori, mediante un ‘autogolpe’, suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno ante la protesta general de la opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. En septiembre fueron capturados varios dirigentes destacados de Sendero Luminoso (entre ellos su fundador y principal ideólogo Abimael Guzmán) y en noviembre los seguidores de Fujimori lograron una amplia mayoría en las elecciones legislativas. En 1993 Estados Unidos y otros países acreedores reanudaron la concesión de créditos a Perú. El 31 de octubre de ese año los peruanos aprobaron mediante referéndum (52,9% de los votos a favor, frente a un 47,1% en contra) una nueva Constitución que otorgaba mayor poder al presidente, reformaba el poder legislativo y permitía a Fujimori volver a presentarse en abril de 1995 a las elecciones presidenciales, que de nuevo ganó de forma abrumadora, derrotando a Javier Pérez de Cuéllar, antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,

fujimori aspira a un tercer mandato El presidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció el 27 de diciembre de 1999 que volverá a presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 9 abril de 2000, con el objetivo, según él, de consolidar las reformas económicas emprendidas en sus dos anteriores mandatos. La Constitución peruana de 1993 prohíbe al presidente presentarse a un tercer mandato, pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó el 31 de diciembre todas las apelaciones que había presentado la oposición para demostrar la inconstitucionalidad de las aspiraciones de Fujimori, arguyendo que en realidad será su segundo mandato constitucional tras la aprobación de aquella ley magna

Fujimori se autoproclama vencedor en las elecciones El candidato del opositor Perú Posible, Alejandro Toledo, decidió no presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y así se lo comunicó oficialmente el 22 de mayo, a seis días de la celebración de los comicios, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según él, no se daban las condiciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. La Organización de Estados Americanos (OEA) y los demás organismos internacionales de observación presentes en el país anunciaron su retirada ante la imposibilidad de avalar los resultados.

Perú: sublevación de una unidad militar al sur del país El 17 de octubre, la oposición al presidente peruano, Alberto Fujimori, llamó a los ciudadanos a la movilización, ante los nulos avances logrados en el camino hacia la celebración de unas elecciones libres. El 21 de octubre, el ministro de Justicia, Alberto Bustamante, confirmó que el gobierno peruano condicionaba la celebración de las mencionadas elecciones a la aceptación, por parte de la oposición, de una amnistía general para los militares y policías implicados en delitos de narcotráfico y violaciones de los derechos humanos. Finalmente, gobierno y oposición acordaron fijar como fecha para los comicios el 8 de abril de 2001. El 24 de octubre, se abrió una nueva crisis cuando el ex asesor presidencial y responsable de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos, abandonó su exilio en Panamá y regresó a su país. El 25 de octubre, Fujimori ordenó su detención, después de acuartelar al Ejército y a la Policía,

El 28 de octubre, Fujimori destituyó a cuatro generales adeptos a Montesinos. Al día siguiente, una unidad militar del sur de Perú, a las órdenes del teniente coronel Ollanta Moisés Humala, de la localidad de Toquepala, en el departamento de Tacna, se levantó en armas contra Fujimori, exigiendo su dimisión inmediata así como la captura de Vladimiro Montesinos.1[6]

CRISIS EN EL PERÚ 2004 enovación de la mesa directiva 

A fines de julio de 2004, el congreso de la República elegirá la nueva Mesa Directiva para el periodo 2004-2005. Las candidaturas confirmadas para la presidencia del Congreso son Luis Solari, por el partido oficial, y Antero Flores Aráoz, por el partido de oposición. Ambos candidatos han empezado las conversaciones con los grupos aún indecisos, especialmente el candidato del oficialismo, puesto que existe el riesgo de que el candidato de oposición obtenga la mayoría para convertirse en el siguiente presidente del Congreso.

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Las implicancias de poseer como presidente del Congreso a un miembro de la oposición pudieran ser que ante la baja aceptación del Ejecutivo, y del gobierno en general, sería más prudente que un miembro desligado del partido de gobierno asuma la responsabilidad del Congreso. No obstante, este hecho pudo ser contraproducente para los propios intereses del Ejecutivo y aumentar los probabilidades de un golpe de Estado como lo respaldan los gobierno de Fernando Belaunde (Primer gobierno 1963-1968) y Alberto Fujimori (1990-1995), en los que la oposición ocupó la presidencia del Congreso.

Reformas constitucionales

En noviembre de 2004, la comisión de constitución del congreso se reunió con líderes políticos a fin de aprobar la reforma constitucional sobre conformación parlamentaria. Sin embargo, ya el presidente de la comisión de presupuesto advirtió que aprobar la bicameralidad del congreso, le supone a éste un gasto de S/.60 millones de soles aproximadamente. La reunión resulta importante para aclarar las confusiones que existen respecto a la bicameralidad en la Comisión de Constitución, en la cual pese a existir un gran número a favor de la reforma, no existe un consenso para crear un plan para la reforma que solucione discrepancias como el número de integrantes que tendrán ambas cámaras(APRA propuso que los diputados sean 120 y los senadores 150, mientras que grupos como UN plantearon que los diputados sean 150 y los senadores 50) o el tipo de distrito electoral que de adoptará (APRA propuso un distrito múltiple mientras que PP propuso un distrito único). Pretensión de resolver el conflicto marítimo con Chile: En el año 2004, Perú inicia la pretensión de modificar la delimitación marítima con Chile. Dicha pretensión será formalizada el 19 de junio de 2004 por el presidente Alejandro Toledo, quien se decía que tenía tal pretensión a raíz del descenso que había tenido en niveles de aceptación popular. Fracaso de la instauración del voto facultativo Entre marzo y abril de 2005 se intentó realizar la reforma constitucional que le permitiría a los peruanos sufragar en las elecciones de manera voluntaria. La iniciativa salió de algunos congresistas, quienes buscaban reformar el tercer párrafo del artículo 31º de la Constitución, norma que establece que el voto es obligatorio. Sin embargo, la propuesta fue discutida y solo se

llegó a aprobar a nivel de comisión, con seis votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones; a pesar de ello, no se llegó a un consenso para su final aprobación, por tal motivo el dictamen no llegó a someterse a votación en el Pleno del Congreso.25 Escándalos Políticos Escándalo Mufarech A finales de octubre, hubo un enfrentamiento entre el ministro de Economía, pedro Pablo Kuczynski, y el congresista Jorge Mufarech (PP). Mufarech acusó a PPK de “falta de sensibilidad con los pobres”. Su infatigable campaña contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) y el sistema de supervisión de importaciones siguió dando choques con las estadísticas, aludiendo a cifras absurdas, apartando a personas honorables y coincidiendo con intereses personales. Ahora el actual superintendente de Aduanas, Arturo Ramírez Salomón, es el blanco de las acusaciones y PPK también por avalarlo. Haciendo abuso de su inmunidad parlamentaria, Mufarech comenzó la semana acusando a congresistas de su bancada y funcionarios presentes y pasados de Aduanas.28

Crisis ministerial de 2005 En los primeros días de agosto de 2005, surgió el rumor de la posible designación de Fernando Olivera como Canciller, nombramiento que había sido descartado por el premier. Sin embargo; el día 10 llegó a Palacio de Gobierno el primer ministro Carlos Ferrero Costa a firmar la resolución suprema que nombraba a Olivera como Ministro. El 11 de agosto, Olivera asistió a Palacio a juramentar como Ministro de Relaciones Exteriores; pese a ello, la Presidencia del Consejo de Ministros envió un comunicado minutos después de la toma de juramento, en el cual se anunciaba a todos los medios de prensa la renuncia con carácter de irrevocable del primer ministro Carlos Ferrero Costa. Según la constitución, si el Presidente del Consejo de Ministros es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete; es decir todos los ministros están obligados a renunciar.

Últimos meses del gobierno El jueves 8 de diciembre, Alejandro Toledo convocó a elecciones generales para el 9 de abril de 2006, para la elección del Presidente de la República y Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.38 Las elecciones se realizaron y pasaron a segunda vuelta Ollanta Humala y Alan García; el balotaje se realizó en junio, en donde resultó ganador Alan García. El 28 de julio se dio la ceremonia de transmisión de mando, inició en la Catedral de Lima con la tradicional misa y Te Deum, celebrados por Juan Luis Cipriani Thorne. Luego de ello, Toledo regresó a Palacio de Gobierno, mientras que al Palacio Legislativo llegaban los presidentes de los poderes públicos, del Tribunal Constitucional, el gabinete ministerial saliente presidido por el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, llegó el cardenal

VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA COLECTIVA En el Perú vivimos un conflicto de veinte años con miles de víctimas que sufrieron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres colectivas). El Informe de la Comisión de la Verdad, cuya publicación de conclusiones y recomendaciones, significó un punto de quiebre frente a la "historia oficial" del fujimorismo y su balance de veinte años de la violencia política. La teoría de los excesos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que pretendió imponernos, fue desvirtuada por la Comisión de la Verdad, que sostuvo que se produjeron en determinados períodos de tiempo y en diversas zonas geográficas violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos, como sostuvimos desde un comienzo las organizaciones. Los procesos de justicia transicional como el que vivimos en Perú se caracterizan por cuatro elementos fundamentales: En primer lugar, la verdad, que permite reconstruir los hechos del pasado. Esta es una tarea permanente, que va más allá de las valiosas contribuciones de la Comisión de la Verdad y sus dos años de trabajo. Hay víctimas sobrevivientes, familiares y testigos que por temor no contaron su verdad y recién empiezan a sacudirse de sus miedos. En segundo término la justicia, negada durante veinte años, con mecanismos de impunidad, como la justicia militar, la inacción de la justicia común y las leyes de amnistía que se dieron durante el régimen dictatorial de Fujimori. En los últimos años se ha revertido con limitaciones esta tendencia, se han logrado importantes sentencias en el sistema interamericano (Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino, Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral y Consuelo García) por mencionar algunos casos. En la justicia interna, sentencias confirmadas por la Corte Suprema como la de los comuneros de Chuschi. En tercer lugar, la reparación integral del daño producido por la violencia política. En este aspecto se ha avanzado parcialmente al iniciarse un proceso de reparaciones colectivas a algunas comunidades campesinas de los Andes y centros poblados y comunidades nativas de la selva central. Son cerca de 900 comunidades las que deben ser reparadas hasta este 2009, pero el proceso tiene limitaciones y dificultades en establecer el carácter reparador de los proyectos aprobados a estas comunidades. Para iniciar las reparaciones individuales, el Consejo de Reparaciones, encargadas de establecer el Registro Único de Víctimas, ha avanzado en certificar 9.000 víctimas, quedando pendiente establecer los montos de la reparación económica y mejorar las modalidades de reparaciones en salud y educación. La memoria colectiva e histórica es el cuarto elemento fundamental de este proceso. Significa establecer la forma en que una comunidad o grupo recuerda su pasado y busca proporcionar una explicación al presente. Debe buscar proyectarse al futuro, para evitar que hechos que se produjeron en el pasado y causaron daño no se repitan más. Debe ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad dignifiquen a las víctimas. Debe ser un proceso en el que confluyan la historia y la memoria de las personas, debemos garantizar que las diferentes memorias dialoguen entre sí. Avances Los conceptos de memoria histórica y colectiva empezaron a ser usados por el Movimiento de Derechos Humanos en el Perú desde mediados de 1980. A partir de 1996, en el marco de la presentación de la publicación De la tierra brotó la Verdad, crimen e impunidad en el caso de La Cantuta, Aprodeh da a conocer las experiencias de las Comisiones de la Verdad existentes en otros países y empezamos a exigir la creación de una para el país. El movimiento de Derechos Humanos y las organizaciones de familiares empiezan a introducirlas en sus demandas.

Otra referencia emblemática son los museos de la memoria, construidos por los familiares de desaparecidos de Ayacucho y su organización ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados Desaparecidos). También está el Memorial de La Cantuta, ubicado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en honor de los estudiantes y el profesor de dicha casa de estudios, asesinados en 1992. A los memoriales y sitios de memoria hay que añadir nuevas iniciativas que surgen desde las organizaciones de familiares. A raíz de las investigaciones de la Fiscalía de Ayacucho a partir del año 2005 se inician las exhumaciones en el sector de La Hoyada adyacente al Cuartel de Los Cabitos en Huamanga, como resultado se hallaron inicialmente 15 cuerpos completos y restos de otras víctimas. En los años siguientes hasta 2008 se hallaron 19 nuevos restos óseos completos y restos de otras 47 personas. Así, en conjunto, tendríamos a la fecha 81 restos humanos. Los trabajos de exhumación, laboratorio, exhibición de prendas y pruebas de ADN deben continuar. Estos restos corresponderían a desaparecidos de los años 1983 a 1985; esta situación ha llevado a los familiares de desaparecidos de Ayacucho a demandar que el Cuartel Los Cabitos y zonas adyacentes se conviertan en Santuario por la Memoria. Similar pedido acaba de surgir en las últimas semanas ante el hallazgo de las fosas de Putis en el distrito de Santillana, provincia de Huanta en Ayacucho, donde a la fecha se han encontrado restos humanos de 64 personas. Estos espacios deben invitar a la población a reflexionar sobre lo sucedido en los 20 años de violencia política en el país, a tomar conciencia sobre lo ocurrido, a fin de evitar que la historia se repita y alentar la forja de una sociedad y cultura de Paz con pleno respeto a los Derechos Humanos Integrales. Para los familiares de las víctimas estos lugares se convierten en lugares