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Enrique O. Sdrech - Norberto Colominas

CABEZAS

Crimen, Mafia y Poder

Atuel

Colección Pistas Tapa: Marcelo Bigliano Foto de tapa: Revista Noticias Composición y Diagramación: Mari Suárez

ISBN 987-9006-52-6 © Atuel, 1997 San José 663 PB 3 (1076) Capital Buenos Aires - Argentina

IMPRESO EN ARGENTINA

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a Miriam Norberto Colominas

a Hebe Enrique O. Sdrech

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Índice Agradecimientos............................................................................................................... 7 Prólogo ............................................................................................................................. 9 La noticia ........................................................................................................................ 11 El plagio.......................................................................................................................... 13 Un malambo sobre las pruebas....................................................................................... 17 La Costa S. A.................................................................................................................. 21 El chileno........................................................................................................................ 25 La Costa S. A. /2............................................................................................................. 29 Testaferros y funcionarios .............................................................................................. 35 La magia de la rabdomancia........................................................................................... 39 Violencia y política......................................................................................................... 45 Los negocios de la mafia ................................................................................................ 49 Amenazas y atentados .................................................................................................... 53 Copamiento de empresas ................................................................................................ 57 Los negocios de la mafia /2 ............................................................................................ 63 Vinculación con funcionarios......................................................................................... 69 Mafia y globalización ..................................................................................................... 71 Carne podrida ................................................................................................................. 77 Los Pepitos o un crimen sin móvil ................................................................................. 81 De Los Pepitos a Ríos..................................................................................................... 87 La cava............................................................................................................................ 89 La organización del asesinato......................................................................................... 93 El juicio .......................................................................................................................... 97 Post data final para el juez Macchi................................................................................. 99 Epílogo ......................................................................................................................... 101 ANEXO 1 ..................................................................................................................... 103 Quién es quién .............................................................................................................. 103 ANEXO 2 ..................................................................................................................... 123 Fotos, mapa y documentos ........................................................................................... 123

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Agradecimientos A los compañeros de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) por su colaboración y apoyo. Al doctor Domingo Cavallo, quien puso a disposición el texto completo de su defensa en el juicio que le iniciara Alfredo Yabrán, un material reservado que fue de gran utilidad para los autores. Al Colegio de Abogados de Buenos Aires, por su aporte. A la Inspección General de Justicia, por su colaboración. Al diario Clarín y a la revista Noticias por su gentil cesión de fotografías, así como a los autores de las mismas. A los testigos que, en varios casos, ampliaron su declaración original ante el juez Macchi, por haber confiado en la discreción de los autores. A los periodistas y editores que aportaron valiosos materiales e ideas a la realización de este libro. Buenos Aires, 17 de octubre de 1997.

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Prólogo El abordaje de un caso verídico supone siempre, cuando menos, dos riesgos: la tentación de adecuar los hechos a los prejuicios de los investigadores, o bien —y en nombre de un estilo neutro— diluir hasta la inexistencia los verdaderos móviles de los protagonistas. En este trabajo quisimos alejarnos de esos extremos y articular la rigurosidad de la investigación en las fuentes con la interpretación más objetiva posible, ayudados por el oficio que da el periodismo a quienes lo han ejercido profesionalmente, como es nuestro caso, por 30 años o más. Lo peligroso hubiera sido perder de vista que los responsables actuaron movidos por pasiones, ideas o intereses determinados y aún bajo el influjo de un estado de ánimo que —creemos— ya los ha abandonado, como es la convicción de impunidad. Sin la reconstrucción de estos estados de conciencia el crimen de José Luis Cabezas carecería total o parcialmente de sentido y resultaría, por eso, aún más atroz ya que sería impersonal, enteramente inhumano. Un tercer peligro hubiera sido ir a las fuentes con una conclusión bajo el brazo, de modo que el trabajo de investigación no resultara más que la excusa para la formulación de una tesis. Este libro no nació de una tesis sino de una decisión profesional y gremial, es decir política. Si se mata a un periodista y los criminales no pagan por ello, el ejercicio de la libertad de prensa dejará de ser un derecho para convertirse en una pesadilla. Esa idea cobró forma mediante múltiples preguntas que podrían sintetizarse en una: ¿cómo se articuló la oscura red de causas y consecuencias que partió de la voluntad de una persona y derivó en un acto criminal en banda? Pero una pregunta lleva a la otra: ¿pagarán su crimen los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cabezas? La historia reciente del país empuja al pesimismo. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas que ordenaron secuestrar, torturar y asesinar a miles de argentinos, o lo hicieron ellos mismos, continúan viviendo en libertad. En un error que recién ahora muestra todo su significado, la democracia no depuró a las fuerzas de seguridad como sí lo hizo —al menos en alguna medida— con las Fuerzas Armadas. La voladura de la AMIA y el asesinato de Cabezas son una dolorosa prueba de ello. Aún está pendiente de esclarecimiento el atentado terrorista contra la embajada de Israel, y tampoco se ha hecho justicia con las docenas de crímenes del gatillo fácil. Los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem —y sus respectivos gobernadores— optaron por la dudosa seguridad que las policías podían ofrecer a los ciudadanos sobre el objetivo mayor de erradicar a los malvivientes de 9

uniforme, que ofenden por igual a la institución a la que pertenecen y al pueblo que les paga el sueldo. La tercera pregunta es más inquietante. ¿Cabezas es una víctima tardía de aquella década terrible o la primera de una democracia jaqueada por las mafias y las bandas policiales? Las conclusiones a las que se llega en este libro son el resultado de la investigación, no su origen. Los autores se inspiraron en la memoria viva de las 111 víctimas que la dictadura cobró ente los trabajadores de prensa, el gremio proporcionalmente más castigado por la represión de los años 70. El objetivo fue la reivindicación póstuma de la víctima 112. Porque no nos olvidamos de Cabezas. Porque no nos olvidamos de ninguno de ellos. También quisimos llamar la atención sobre el creciente peligro de informar, ya sea con una cámara, un micrófono o una computadora. O una pluma. Porque así fue desde los tiempos de Mariano Moreno, muerto en alta mar a manos de los enemigos de la Revolución de Mayo. Y así será en el tercer milenio. Por eso mucho nos alegraría que los estudiantes de comunicación puedan sentir, al leer este libro, lo que los autores al escribirlo: ¡han asesinado a otro periodista, pero el periodismo vive! ENRIQUE O. SDRECH - NORBERTO COLOMINAS

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La noticia Buenos Aires, 25 de enero.- En la madrugada de hoy fue hallado el cadáver de un hombre en el interior de un vehículo calcinado, descubierto en el fondo de una cava que fuera abierta en un camino vecinal que vincula las rutas 11 y 74 de General Madariaga, en las proximidades de Pinamar. Si bien se desconoce la identidad de la víctima, fuentes policiales indicaron que se trataría de un individuo de sexo masculino de entre 30 y 40 años de edad. Según puesteros del lugar que se encontraban en las inmediaciones, una gruesa columna de humo negro habría sido avistada poco antes de las 6 de la mañana. Uno de estos paisanos, de apellido Guevara, fue quien dio aviso a la policía tras descubrir el cadáver cuando se encontraba revisando unos potreros cercanos en compañía de su nieto. Al llegar al lugar la policía se encontró con un cuadro dantesco, ya que todavía humeaban los restos de un automóvil Ford Fiesta con un cadáver completamente carbonizado en su interior, con un tercio del cuerpo fuera del vehículo. Las primeras diligencias policiales apuntan a averiguar la identidad de la víctima, estimándose que ello podría ocurrir en el transcurso de las próximas horas.

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El plagio "El proceso de carbonización de un cadáver presenta sucesivas etapas cronológicas: 1) Retracción de la piel y desaparición rápida del vello y los cabellos; los brazos y las rodillas tienden a elevarse, actitud de prehensión de los dedos de la mano, retracción de los labios descubriendo la dentadura. 2) Movimientos bruscos de vaivén en todo el cuerpo, que lateralizan el cuerpo de izquierda a derecha. 3) Efracción de la piel y combustión de la grasa subcutánea, quemazón de los músculos, flexión de los brazos y también de las piernas, que se separan como si el cadáver adoptara la posición de "talla perineal", apoyando en la región sacra y con cierta hiperextensión del tronco. 4) Fractura de los huesos de los miembros y estallido de cavidades, comenzando por el abdomen. 5) Disminución del volumen total del cuerpo, amputación de los miembros, persisten restos de partes blandas carbonizadas, indiferenciables anatómicamente y muy friables. 6) Los huesos calcinados se observan de color marrón oscuro, el occipital, el sacro y las vértebras lumbares son las más resistentes a la acción del fuego". Aparte del horror explícito en la descripción objetiva de un cadáver calcinado, este fragmento es la prueba de un plagio. Se trata de un fragmento del informe que el médico policial Darío Amado (matrícula nacional 76.632; matrícula provincial 19.611) remitiera al Servicio Especial de Investigaciones Técnicas (SEIT), tras relevar el lugar del hecho y realizar las consideraciones médico legales del cadáver de José Luis Cabezas, tarea que llevó a cabo el 25 de enero de 1997, el día del crimen, cumpliendo instrucciones del jefe del servicio, doctor Eduardo Rouaux. El texto encomillado con el que se inicia el libro, completo, fue tomado y transcripto literalmente del libro "La muerte violenta", escrito por el doctor Osvaldo H. Raffo y publicado diecisiete años atrás. La cita se obtuvo de las páginas 40 y 41 de la quinta edición, realizada por Editorial Universitaria en 1997. Quizá el plagio de un informe policial no constituya un delito aberrante pero es una prueba elocuente de la actitud que tendría un sector de la policía bonaerense para entorpecer el esclarecimiento del crimen de Cabezas. Pocas veces en el país una causa judicial acumuló tantos vicios en la etapa de instrucción, y no sólo en la esfera policial sino también por parte del juzgado. Si para muestra basta un botón, una rápida enumeración de esos vicios incluiría los siguientes elementos:

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• un revólver volador; • una bala con dos cadenas de ADN; • una cámara fotográfica aparentemente recuperada gracias a la magia de la rabdomancia, aunque un peritaje posterior determinó que había estado sumergida en otro lugar antes de ser hallada en el canal 1; • un mitómano mistificador y ex presidiario al que el permitieron irrumpir en la causa como testigo encubierto, arrepentido y ciudadano modelo, que fuera propuesto posiblemente por la inteligencia naval (?) y que hizo creer al juez y a los investigadores en la culpabilidad de la banda de Los Pepitos, posteriormente liberados por falta de mérito; • un crimen sin móvil (en la hipótesis de culpabilidad de Los Pepitos); • una epidemia de rostrocidad. Permítaseme el barbarismo para definir la manía del juzgado de repartir incansablemente docenas de identikits que aumentaron la confusión general. Antes de sumergirnos —y el verbo es preciso— en los 100 cuerpos que lleva la causa al momento de ser escrito este libro, es necesario analizar los desaciertos y graves contradicciones que afloran en ella desde las primeras páginas del primer tomo. Desde los primeros minutos posteriores al crimen, en la comisaría de General Madariaga se hizo todo al revés de lo que mandan los libros. Por negligencia —difícil de admitir—, por compromiso personal o por órdenes superiores, su titular, comisario Mario Aragón, informado del hecho a las 7,15 del 25 de enero, recién al mediodía llegó a la cava donde todavía humeaba un automóvil con un cadáver adentro. Para justificar la demora Aragón explicó que había tenido que asistir a una reunión en Dolores de comisarios de la zona, encuentro que quizá existió aunque nadie informó cual era la decisiva importancia del temario a considerar para que un comisario incumpliera sus obligaciones más elementales. Con un entusiasmo digno de mejor causa, desde Aragón para abajo y hasta el último agente de General Madariaga se encargaron de hacer pedazos los sabios consejos de los padres de la criminalística moderna. Este es un punto en el que debemos insistir. Sea cual fuere el resultado final de la investigación por el crimen de Cabezas, alguien, desde el más alto nivel policial y judicial bonaerense tendrá que dar en su momento las explicaciones que permitan entender por qué se toleró y después se silenció el vandalismo desatado en el escenario del crimen. Independientemente del torpe o malintencionado accionar de la policía, que no acordonó las inmediaciones de la cava ni la cava misma, se permitió que docenas de turistas se llevaran piezas calcinadas del Ford Fiesta como recuerdo. El personal policial y de bomberos que actuó en el primer momento no hizo otra cosa que destruir indicios que, de haberse conservado o preservado, hubieran resultado de fundamental importancia para una investigación seria,

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responsable, tal como lo requiere cualquier crimen y este en particular. Para dar razón a aquellas voces que desde distintos ámbitos y desde la prensa independiente se alzaron para denunciar el estropicio de esas primeras actuaciones, bastaría con transcribir la opinión de algunos de los grandes maestros de la criminalística acerca de la importancia de preservar el lugar del hecho. "Se trata de un acto médico jurídico", sostiene Vibert. "Constituye las tres cuartas partes de la autopsia", explica Lassagna. Para Bianchi "es la autopsia del crimen" y para el legendario Edmond Locard, "respetar a rajatabla el escenario de un crimen no es otra cosa que aplicar el método científico a la comprobación, identificación y reconstrucción de un crimen". Para el ya citado profesor Osvaldo Raffo, que ingresó a la causa sin saberlo de la mano del plagiario Amado, "el lugar del hecho es un recinto sagrado y la condición esencial para el éxito de la investigación es aislarlo rigurosamente. La simple movilización de un objeto de su lugar original basta para llevar al investigador por el camino errado". ¿Por qué motivos en las actuaciones policiales tras el asesinato de Cabezas se violaron todos y cada uno de estos principios que ningún oficial de policía serio puede pretender ignorar? El sentido común indica claramente que nada se improvisó ni fue casual. Una actuación tan impresentable profesionalmente sólo se explica por el acatamiento de aberrantes órdenes superiores. Pero ¿quién las impartió? ¿Por qué? ¿Para proteger a quién o a quiénes? Para hacerse una idea de cómo la siniestra cava se convirtió en tierra de nadie bastará con reproducir un episodio narrado por Héctor D'Amico, director de la revista "Noticias", donde el desafortunado José Luis trabajaba como fotógrafo. Contó el periodista que no bien enterados en Buenos Aires de la trágica novedad, un grupo de colaboradores y amigos del semanario partió de inmediato hacia General Madariaga. Llegaron hasta los restos humeantes del Ford Fiesta poco antes de que una grúa común, sin ningún tipo de precauciones, lo enganchara por la parte delantera y se lo llevara a la rastra hacia la comisaría de General Madariaga, sembrando la ruta con piezas sueltas y elementos calcinados que hubieran sido de mucha utilidad para la investigación. No había siquiera un aburrido policía de consigna. Antes de que llegara la grúa y después de llorar un rato al lado de los restos, movidos por la desesperación o el previsible estado de shock, "abrimos la tapa del baúl y sacamos sus botas de lluvia, su piloto y algunas otras cosas. Queríamos tener un recuerdo de nuestro compañero asesinado. Sólo al regresar a Buenos Aires, deshechos, nos dimos cuenta del error que habíamos cometido", relató D'Amico.

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Un malambo sobre las pruebas El primer síntoma del ocultamiento por parte de la policía se registró a las 10:10 de la mañana del sábado 25 de enero, cuando dos periodistas del canal de cable local fueron a la comisaría de General Madariaga, como todos los días, para recabar novedades. Por toda respuesta les dijeron que el día pintaba tranquilo y que no había noticias de ningún tipo. Pero a esa hora ya habían declarado cuatro testigos, entre ellos el puestero Pedro Hilario Guevara y su nieto de 13 años, Fabio Daniel. Tres horas antes el puestero se había comunicado por teléfono con el oficial de guardia y le había comunicado el macabro hallazgo: en una cava ubicada frente a una de las tranqueras de la estancia Los Manantiales se hallaba un auto quemado con un cadáver en su interior. ¿Por qué tres horas después de haber recibido ese llamado y con todo el personal policial en el escenario del crimen se ocultó la información a los dos periodistas del canal 4 de General Madariaga —el notero Guillermo Pereira y el camarógrafo Leonardo Farías— que además eran bien conocidos por los policías? Ese día, además, los acompañó el periodista Daniel Ruiz, de una radio local. A la semana cobró cuerpo la hipótesis de que ese ocultamiento de información tuvo el propósito de evitar que los dos periodistas estuvieran presentes en la cava en el momento en que todos los indicios, las pruebas, los testigos mudos que después hablan en el laboratorio —y ayudan a crear líneas de investigación— eran sistemáticamente pisoteados, sustraídos o destruidos por la policía, si no retirados por los turistas como souvenir. En "El misterio del valle de Boscombe" el legendario Conan Doyle pone en boca de Sherlock Holmes una frase que ningún policía debería ignorar: "¡Cómo sería de fácil todo lo que tengo que hacer si hubiera llegado aquí antes que ellos irrumpieran como una manada de búfalos y si no se hubieran revolcado por todas partes!". Pero los reproches no se agotan con el torpe accionar policial. Los testigos involuntarios del asesinato incurrieron en numerosas contradicciones, según surge del sumario. En su primera declaración el puestero de Los Manantiales, Pedro Hilario Guevara, manifiesta que la mañana del crimen se había levantado a las 5, como es su costumbre, y que luego de tomar unos mates había salido junto con su nieto, ambos a caballo, para realizar sus tareas habituales. Añade que después de recorrer uno de los potreros se dirigieron a una calle vecinal, y que al salir por la tranquera, "donde existe una cava abierta por la Municipalidad de General Madariaga unos 15 días antes" —textual— habían observado en su interior un auto quemado, todavía humeante.

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Guevara agrega que cuando ello ocurrió serían aproximadamente las 7 de la mañana y que con su nieto pudieron observar en el interior del vehículo un cuerpo humano totalmente quemado. También dice Guevara que frente al horrendo espectáculo —y sin bajarse en momento alguno del caballo— galoparon hasta la estancia más cercana para llamar por teléfono a la policía. Existen en este relato dos detalles que no debieron pasar inadvertidos al juez de la causa. En principio, ¿por qué motivo Guevara aclaró en esa primera manifestación que aquella cava había sido abierta 15 días atrás por la Municipalidad de General Madariaga? En ese momento el asunto no tenía ninguna importancia y el puestero no podía adivinar la relevancia que tendría después, salvo que alguien lo hubiera puesto sobre aviso. Al repasar la causa se comprueba que el entonces comisario de General Madariaga, "el gordo" Mario Luis Aragón, al hacer una síntesis del escenario del crimen para sus superiores, a las 13 horas del aquel sábado 25, escribió: "A la salida de un potrero del campo Los Manantiales se observa una cava realizada hace 15 días por la Municipalidad de General Madariaga..." Posteriormente se desató un toma y daca de acusaciones sobre la autoría de la cava a partir de que José Luis Cabezas fue identificado como la víctima del crimen. Al conocerse en Pinamar la identidad del cadáver se dijo insistentemente que la cava había sido abierta con maquinaria de esa comuna y por pedido del intendente Blas Altieri. ¿Guevara abrió el paraguas antes de que se largara a llover? ¿O alguien sabía que venía tormenta y le puso un paraguas abierto en la mano? Ni el juez ni los investigadores volvieron a preguntarle a Guevara ni a Aragón sobre este detalle. Ni siquiera se convocó al maquinista vial que abrió la cava. La segunda contradicción quedó al descubierto por la declaración de una menor de nombre Micaela, que en la mañana del crimen acompañaba a su amigo Roberto Robaina, apicultor, en el automóvil de éste, desde General Madariaga hacia unos campos que arrienda un familiar del muchacho, ubicados cerca de la cava. Para llegar hasta sus abejas Robaica y la menor debieron pasar necesariamente frente a la cava, ya que sólo podían transitar por un camino de tierra que conecta la ruta 11 con la 74 (ver mapa). Los dos jóvenes declararon que al aproximarse a la cava les salió al encuentro Guevara, de a caballo, y les recomendó no bajarse del auto y seguir su camino porque allí había un auto quemado con el cadáver de una mujer adentro, y que la víctima tenía un balazo en la cabeza. Se ignora todavía por qué razón Guevara feminizó el cadáver, pero llama la atención que advirtiera a los jóvenes sobre el tiro en la cabeza. ¿Cómo lo sabía? Si nunca se bajó del caballo ¿cómo pudo advertirlo desde una distancia de 15 metros en un cadáver carbonizado? Quizá el juez se lo pregunte algún día. Horacio Roberto Arancedo es el propietario de la estancia Los Manantiales, frente a una de cuyas tranqueras la Municipalidad de General Madariaga abrió, según llegó a denunciarse, por pedido y con máquinas enviadas

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por el intendente Altieri, la cava que se convertiría en el cementerio del fotógrafo. La noche del viernes 24 Arancedo había concurrido a una reunión en Cariló, de donde había regresado aproximadamente a las 5,30. Entró a su casa cerca de las 6,10 y posteriormente declaró ante el juez que no vio nada anormal: ni gente, ni autos, ni fuego ni humo. Los peritos estiman que Cabezas fue duramente golpeado, baleado y quemado segundos antes de las 5,35, cuando quedó clavada la aguja horaria de su reloj pulsera. De ser así, ¿cómo el propietario de ese lugar no vio nada sospechoso al pasar frente a la cava después de esa hora? Sería una sorpresa para muchos conocer la cantidad de personas que pasaron por la cava antes, durante y después del crimen. Guillermo Crinigan es un comerciante establecido desde hace muchos años en General Madariaga. En la madrugada del sábado 25 subió a su camioneta y se dirigió a la estancia La María Inés, ubicada a sólo 5 kilómetros de Los Manantiales. Antes de llegar a su destino pasó por lo de Guevara, de quien es amigo, pero fue recibido por la esposa ya que el puestero y su nieto estaban recorriendo el campo. Al regresar Guevara con la infausta noticia, y sólo por curiosidad, Crinigan pasó por la cava y vio los restos del auto quemado con su macabra carga. ¿Cómo es posible que Crinigan no haya visto nada sospechoso al pasar por la cava y media hora después, atraído por el relato de Guevara, pudo ver la tenebrosa escena? Otros puesteros tampoco se pusieron de acuerdo con la hora de iniciación del fuego. En tanto que algunos, ubicados a. más de 1.500 metros de la cava, aseguran haber visto una columna de humo negro levantándose hacia el cielo aproximadamente a las 5.45, otros, que se encontraban a no más de 200 metros, dicen no haber visto nada. Andrés es camionero. No se conoce su apellido, pero de haberle contado al juez de la causa lo que vio pudo haberlo ayudado a dar un giro de 180 grados en la investigación. Por casualidad Andrés fue testigo presencial de la muerte del fotógrafo cuando conducía su camión desde General Madariaga hacia la estancia Las Chucas. En la ruta 74 tomó por un camino de tierra. Al acercarse a la cava le llamaron la atención cuatro automóviles detenidos, por lo cual continuó a marcha lenta. Ya frente a la cava vio a un numerosos grupo de personas, no menos de diez, muy cerca de un auto blanco, que estaba metido dentro, y vio también a un hombre joven arrojar el contenido de un bidón dentro del auto. A todo esto Andrés había detenido la marcha del camión y contemplaba la escena con una mezcla de terror y curiosidad. De pronto uno de los individuos giró su cabeza y vio el camión. De inmediato se acercó haciendo el típico ademán de sacar un arma. ¡Qué vivos que son, así cómo no van a cobrar el seguro! atinó a decirle al desconocido que ya estaba junto a él.

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"¡Tómatelas o sos boleta!", fue toda la respuesta que recibió. No hay en todo General Madariaga una sola persona que no conozca al camionero Andrés ni la historia que cuenta. Pero el miedo se mueve rápido, mucho más que los investigadores y el juez. Ese miedo es culpable de que un peluquero de apellido Cañete, que practica aerobismo a pie o en bicicleta por ese tortuoso camino de tierra que lleva a la cava, y un custodio de la discoteca Ku, de Pinamar, que vive a 300 metros del lugar donde mataron a Cabezas, se nieguen a prestar declaración ante el juez o la brinden retaceada. El camionero Andrés, el peluquero Cañete y el custodio de Ku son los tres testigos que vieron al grupo asesino, el incendio y la huida. Ninguno de ellos declaró oficialmente todavía. Todos los nombrados, desde el puestero Guevara al vecino Crinigan, pasando por la menor Micaela y su acompañante, y varios más —muchos— que esa madrugada se encontraban en el lugar o en las inmediaciones, coinciden en haber visto dos misteriosos vehículos: un Ford F-600 y una pick-up japonesa. Y coinciden además en haber observado a unos ignotos pajareros a bordo de un Torino blanco, merodeando la cava antes, durante y después del crimen. Tal vez el testimonio de Bernardo Bernardino Barrientos, otro vecino de General Madariaga que ya declarara en tres ocasiones, pudo haberle permitido al juez establecer una nueva línea de investigación, ya que no sólo vio sino que también dialogó con uno de los tres hombres que estaba inspeccionando la cava en la tarde del 24 de enero. Barrientos vende leña y ese día, con su camión cargado, se dirigía hacia San Clemente del Tuyú. Al llegar a la cava le sorprendió la presencia de dos hombres parados al lado de un camión Ford F-600, que parecían estar inspeccionando el lugar. Al pasar a su lado reconoció a uno de ellos, por lo cual detuvo el camión y le preguntó si tenía algún problema o necesitaba ayuda. Imprevistamente la respuesta llegó por boca de un tercero, desconocido, que salió de atrás del camión y secamente le contestó que todo estaba bien y que no necesitaban nada. Barrientos siguió viaje sin sospechas pero grande fue su sorpresa cuando, al regresar a General Madariaga, ya de madrugada, volvió a encontrar al trío cerca de la cava. Los tres hombres estaban casi en el mismo lugar donde los había encontrado varias horas antes. Esta vez Barrientos se limitó a saludar con un guiño de luces, que fue correspondido desde el F-600 y siguió viaje. Si bien Barrientos tuvo el coraje de presentarse a declarar, no colaboró para nada en el momento de hacer un retrato hablado de los tres individuos, que hubiera sido muy útil para los identikits. El miedo, que no sólo se mueve rápido sino que además es muy vivo, volvió a ganar la partida.

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La Costa S. A. A pocas horas de conocerse la noticia del asesinato de Cabezas se tuvo la certeza de que poderosos intereses habían ordenado el crimen. Pero una cosa es saberlo y otra demostrarlo. Al principio no hizo falta la amenaza artera, anónima y cobarde que es norma en la Argentina para paralizar una investigación que puede comprometer al poder o a los poderosos, tal como viene ocurriendo con periodistas y también con jueces y fiscales decentes. Por esos días alcanzaba con la sistemática destrucción de evidencias que venía realizándose en el escenario del crimen. Muy pronto las ciudades de Mar del Plata, Dolores, General Madariaga y Pinamar se embarazaron de denuncias que involucraban en los hechos al intendente de esta última, Blas Altieri, al entonces comisario Alberto Pedro Gómez y a oficiales como Gustavo Prellezo, Sergio Camarata, Jorge Cabezas, Aníbal Norberto Luna y a no menos de diez policías de Pinamar. Y junto a ellos aparecían los nombres de una veintena de presuntos delincuentes comunes. Según las denuncias, este grupo de policías y ladrones comunes venían cometiendo todo tipo de delitos en el cinturón de la costa que va de Las Toninas a Pinamar, incluyendo los balnearios de Cariló, Valeria del Mar y Ostende. Se la conoce como la Banda de la Costa. Robos en casas de veraneo, distribución de drogas y eventualmente homicidios eran las especialidades de la casa. Las denuncias afirman que se trataba de una asociación ilícita que pronto fue apodada "la mafia chica" para diferenciarla de la otra, la grande, que sentaba sus reales en Buenos Aires y que un par de meses después entraría en escena como actor principal. El primer aviso de que se venía un aguacero de denuncias se tuvo en Mar del Plata, en un programa matutino que emite FM Residencia desde el 96.5 del dial, en el que una voz masculina dejó grabado el siguiente mensaje: - "Les habla un amigo. Si ustedes quieren esclarecer el homicidio del periodista tienen que buscar en (Villa) Gesell, Pinamar y Valeria del Mar, donde opera la mafia de la droga". - "Averigüen cuánto hace que está enquistado un oficial de calle (aunque no lo nombra, se refiere a Carlos Salvá, según se supo después) y el mismo comisario (Alberto Pedro) Gómez". Hoy ambos están procesados en la causa. - "Esto tómenlo confidencialmente: calle 108 y avenida 13, bolivianos que venden droga, mucha droga. Iguetti 141 y 3, 212 y Avenida Buenos Aires. Ojo, al periodista no lo mataron los expertos, lo mataron los sucios que, del apuro, se olvidaron de sacarle las esposas. Mucha gente, muchos coches..." La comunicación telefónica, que está incorporada en el expediente judicial en base al informe número 79 de la comisaría de Pinamar, escrito el 29 de enero, se cortó a esa altura.

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De inmediato hubo un segundo llamado, que también se registró. Decía así: - "Soy yo nuevamente. Les hablé respecto del crimen del periodista ocurrido en Pinamar. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar a la mafia de la policía, la mafia de la droga, la mafia de los delincuentes que asolan las casas". - "Hay un conocido delincuente que se roba todo y no lo detienen porque está en connivencia con la cana". Para la policía de Pinamar se trató sólo de un infundio amparado en el anonimato. Sin embargo, tiempo después y por encargo del entonces secretario de Seguridad provincial, Eduardo De Lázzari, y a pesar de las presiones en contrario, el comisario Alfredo Del Guasta llevó adelante una investigación interna exhaustiva y llegó a la conclusión de que por lo menos una docena de policías de la comisaría de Pinamar estaban implicados directa o indirectamente en el asesinato de Cabezas. Tanto fue así que los comisarios Gómez —de Pinamar— y Aragón —de General Madariaga— fueron puestos en disponibilidad y el primero de ellos procesado. Lo mismo ocurrió con Salvá, Prellezo, Camarata y compañía. En ese momento muchos recordaron aquel mensaje anónimo que transmitiera FM Residencia. Y más aún cuando el tema de la distribución de drogas en la zona quedó incorporado a la causa. Otra denuncia, también anónima pero esta vez por escrito, alertaba sobre un residente de Pinamar que había tenido ocasión de ver a los asesinos, la madrugada del 25 de enero, a bordo de uno de los cuatro automóviles utilizados para el crimen. Este pinamarense se llamaría para el denunciante Daniel Aníbal Montero y sería un técnico muy apreciado en la ciudad. En la medianoche del viernes 24 Montero habría visto pasar, a bordo de un Ford Escort descapotable, a cinco de los asesinos que llevaban colgado, fuera del automóvil, un juego de esposas con las que posteriormente inmovilizarían a Cabezas. Muy pocos le dieron crédito a esta versión. A mediados de febrero ya casi nadie se acordaba de esa denuncia y mucho menos del detalle de las esposas colgando fuera del auto, que parecía delirante. Sin embargo el 21 de febrero compareció en el Escuadrón de Caballería de Pinamar una persona de 35 años, que se identificó como Darío (no Daniel) Aníbal Montero, técnico de profesión, con domicilio en esa ciudad, para declarar que alrededor de las 23,30 del viernes 24, en circunstancias en que se encontraba ubicado en las escaleras del casino del Bosque, sobre la calle Júpiter, le llamó la atención un automóvil Ford Escort Cabriolet de color negro, que venía por la calle Primero de Julio, es decir la que pasa por detrás de la comisaría, y que se dirigía por Júpiter hacia la avenida Bunge. "Me llamó la atención —declaró entonces Montero— que el auto entró por Júpiter muy velozmente a pesar del embotellamiento del tráfico. El coche tenía la capota recogida y en el parante ubicado en la parte media colgaba un par de esposas. Los ocupante eran cinco personas, todos varones". Montero recuerda "vagamente a uno de ellos, que era medio rubio, con cabellos casi hasta los hombros y barba tipo candado. Eran todos jóvenes, entre 20 y 30 años de edad".

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La declaración de Montero fue incorporada a la causa. En el mes de junio Alejandro A. Delmar firmó una denuncia de una carilla y media, la hizo imprimir y la distribuyó por todo Pinamar, General Madariaga y Dolores. Vale la pena recordar su contenido: "Si la cava hablara nos preguntaría sobre el intendente de Pinamar, señor Altieri, nexo, puente y amigo de Alfredo Yabrán y del comisario Gómez, que prefirió estar siete años en la comisaría de Pinamar antes de hacer carrera, ascender a comisario inspector e ir a otro destino (qué amor a Pinamar, o digo a Yabrán, o digo a jugosas dádivas) y ubicar a su hijo como chofer de Arapacis" (nombre del hotel propiedad de Yabrán en Pinamar). Al aparecer el cadáver de Cabezas, un vocero del intendente Altieri anunció prontamente en medios de Pinamar que la cava había sido abierta por orden municipal, para sacar tierra y rellenar caminos de la ciudad. Esto contradice la explicación dada por los operarios de la excavadora a vecinos y puesteros de la zona, en el sentido de que la cava sería utilizada para quemar las ramas que se amontonaban tras la poda de los árboles (¿en enero?). ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Cómo puede ser que la máquina empleada para abrir la cava recorra la distancia entre Pinamar y General Madariaga sólo para buscar tierra? ¿Por qué hurtar tierra en un municipio vecino y dañar, además, un campo de propiedad privada? ¿No hay tierra para relleno en Pinamar? ¿No hay un claro donde se pueda quemar leña? Y por fin ¿llamó la justicia a declarar al intendente y a los operarios de la excavadora? No. ¿Los sometieron a un careo? No. Otra asignatura pendiente. Es notorio que esta frágil explicación de Altieri no se sostiene y que resulta por lo menos ingenuo aceptarla sin más. Sin embargo no se investigó al intendente ni a su entorno. En otro tramo de su nota el denunciante insiste en que se debe averiguar en Pinamar. Dice que se debe investigar al maquinista que abrió la cava y pregunta: "¿La excavadora era de Altieri o de la empresa De Vito & Cía? Hay que interrogarlos a ellos porque el señor De Vito es el dueño del balneario donde Yabrán y su séquito tienen carpas arrendadas. Y preguntarles por qué el personal policial conocía a los matones de Los Hornos". Continúa Delmar: "Pidan un plano de Pinamar y que Altieri explique públicamente por qué, por orden de Yabrán, bloqueó y después cerró la calle De La Sirena, parquizando con árboles y pasto el antiguo paso entre De la Ballena y avenida de Las Acacias, lindero con la misteriosa casa Narbay (inversión del apellido Yabrán). El denunciante sostiene en su nota que el asesinato se cometió con la complicidad de Altieri, De Vito, el comisario Gómez y muchos más". Y se despide así: "No distraigan su tiempo. Mi apellido y dirección son simbólicos, como pseudónimos, y los hechos, personajes y denominaciones comerciales son imaginarias. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia". Otros sueltos apuntaban al ex comisario de Pinamar, Alberto Mario Gómez, a quien los denunciantes consideraban un miembro más del gabinete municipal, en tanto que Altieri era su principal valedor político ante la jefatura policial de La Plata.

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Le atribuían a Gómez no sólo enriquecimiento ilícito —que en la costa parece ser algo que viene con el cargo, como los galones— sino la dirección operativa de la banda que vendía drogas y desvalijaba casas. Pero estamos hablando de volantes (ver anexo) que eran prolijamente distribuidos entre el centenar de periodistas que por esos días acampaban en la ciudad. Sus anónimos autores atacaban a fondo la moral, las costumbres, los procederes y las ocupaciones diurnas y nocturnas de varios hombres que en la zona se mentaban por lo bajo y con temor. Y si bien personalizaban las responsabilidades, dejaban en claro que estaban denunciando una organización, una estructura cuya conducción adjudicaban siempre a los mismos cuatro hombres: Blas Altieri, Alberto Gómez, Víctor Pardo y Rafael ("el Rafa") De Vito, aunque de tanto en tanto incluían un quinto apellido, de extrazona: Yabrán. Entre tanto revoleo de acusaciones llamaba la atención la justeza de algunos datos, por ejemplo con relación al asesinato de un suboficial de la comisaría de Pinamar, muerto de un balazo en plena calle, en 1995. Afirmaba la denuncia que la bala de 9 milímetros fue disparada —desde un patrullero perteneciente a esa dependencia— por un uniformado a quien acompañaban otros tres policías, entre ellos una mujer. Cuando recibió el balazo la víctima estaba parada en una rotonda de la avenida Bunge. El proyectil ingresó por el costado izquierdo del tórax. Este hecho nunca fue debidamente esclarecido y el autor del disparo alegó en el juicio —celebrado en Dolores— que había sido una fatalidad porque él había disparado al aire (¡desde un patrullero y en plena avenida Bunge un policía disparó al aire un proyectil que dio en el pecho de otro policía!). De todos modos, ¿por qué Gómez siguió tranquilamente al frente de esa comisaría tras el extraño suceso? Nadie fue condenado y otra vez no hubo respuestas, ni entonces ni después.

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El chileno Hasta los tribunales de Dolores había llegado la noticia de que un mecánico de General Madariaga guardaba un gran secreto que podría dar un vuelco espectacular a la causa. La versión indicaba que el hombre en cuestión, Oscar "Cacho" Santos, había cerrado su taller mecánico y vivía enclaustrado en su casa por el miedo. De confirmarse, el trascendido abría para el juzgado una nueva e interesante línea de investigación. Se sabía que el gran secreto que atormentaba a Santos estaba relacionado con la confesión que, totalmente alcoholizado, le había hecho un ciudadano chileno, de apellido Contreras Agüero, cuyas declaraciones previas en sede judicial habían dejado un amplio margen para la sospecha. El jueves primero de abril la fiscal de cámara María Elena Brignoles de Nazar —cuyo esposo fue durante años comisario de Pinamar— anunció su decisión de concurrir a la casa de Santos, acompañada por la fiscal Analía Graciela Ávalos y la auxiliar letrada Claudia Inés Cachaza. Ese mismo día las tres mujeres partieron rumbo a General Madariaga en un automóvil del juzgado. Y entonces se cumplió una vez más la clarividente Ley de Murphy, ya que poco antes de llegar a destino el automóvil en que viajaban las damas tuvo un desperfecto y no pudieron continuar. Un oficial de la comisaría de Madariaga, de apellido Lencinas, ofreció su propio vehículo y acercó a las mujeres hasta la casa de Santos. Después que las oficiales de justicia le ofrecieran todas las garantías y le prometieron que se trataba de una declaración informal, puesto que no sería incorporada a la causa, el mecánico narró la experiencia vivida con el chileno Contreras Agüero tras la confesión. En ese momento Santos decidió no relatar —sí lo haría más adelante en sede judicial— la forma en que murió Cabezas, producto de una brusca retorsión de las vértebras cervicales. "Tuve mucho miedo de contarles toda la verdad", se justificaría después. Pero no obstante Santos relató que cuando el chileno recibió la primera citación para declarar adoptó una actitud propia de un demente. Se orinó encima varias veces, se revolcó en el barro y se tomó dos litros de vino. En esas condiciones se presentó a declarar, aseguró Santos a sus interlocutores, ya que el chileno sostenía —dijo— que nadie iba a sospechar de un borracho mugriento y maloliente. Terminada la charla, las dos fiscales intentaron vanamente que Santos firmara su declaración. El mecánico seguía en estado de pánico. Una cupé Torino blanca, chapa C365045, con varias jaulas-trampa en su interior, vista y reconocida por varios testigos que habían pasado por la zona de la cava en la madrugada del 25 de enero, seguía estacionada en la puerta del

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taller, mudo testigo de que la historia de Santos no era producto de su imaginación. Por las dudas el mecánico conserva todavía un boleto de compra del auto, donde figura que le vendió al chileno esa cupé, tomando como parte de pago un Ford Falcon de 1976. Esta cupé con las jaulas-trampa es la que habría sido reconocida como la que antes, durante y después del crimen merodeaba la cava con unos misteriosos "pajareros" abordo. Es evidente que alguien le hizo notar al juez Macchi la conveniencia de citar a Santos, ya que su testimonio podría ser de mucha utilidad en las investigaciones. Después de conversar con la fiscal de cámara, a mediados de julio el juez decidió que el aporte del mecánico podría valer la pena. El inconveniente era que Santos no quería concurrir porque tenía mucho miedo y decía que varias veces el chileno se había acercado hasta su casa para intimidarlo y amenazarlo de muerte. No obstante el juez tomó una determinación. Un oficial de la bonaerense, de excelente puntería e inmejorable legajo, fue elegido para conducir el automóvil que debería pasar a buscar a Santos por su casa de General Madariaga y llevarlo hasta el juzgado de Dolores, prometiéndole todas las garantías del caso. Y así fue. Ya en la ruta 56, que conecta General Madariaga con General Conessa, fácil fue advertir que los dos hombres tenían compañía. Un Wolkswagen Gol blanco, en el que viajaban tres individuos, intentó en varias oportunidades ponérsele a la par, cosa que no pudo hacer gracias a la pericia conductiva del oficial. Dos kilómetros antes de llegar al peaje de General Conessa, el Gol, lanzado a toda velocidad, llegó a tocar dos veces el paragolpes trasero del auto en el que viajaba Santos. Al llegar al peaje los ocupantes del Gol desistieron de la persecución porque —se supo después— un Chevrolet Monza, con dos personas a bordo, enviado presuntamente para dar apoyo al traslado del testigo, se ubicó detrás del coche que lo conducía y lo acompañó hasta Dolores. Ya en el juzgado Santos repitió, esta vez con lujo de detalles —incluyendo el episodio de la retorsión de cervicales— la historia que le había contado el misterioso chileno. —"Declaré durante más de tres horas y lo hice tranquilo porque el ex juez Villasol, al que conozco desde hace muchos años, tuvo la deferencia de acompañarme y estuvo permanentemente a mi lado durante toda la declaración", diría Santos al salir del juzgado. Sin embargo al mecánico lo esperaban tres desagradables sorpresas. Ya en el juzgado alguien le aconsejó tirar al cesto de papeles el libro de teología que, como se recordará, había sido encontrado por él en la guantera de la cupé Torino con dos páginas subrayadas, la 12 y la 21, donde se hacía referencia al poder purificador del fuego. Cuando Santos terminó de exponer se sintió aliviado, aunque ese estado de ánimo le duraría muy poco, apenas el tiempo que tardó en enterarse que debería volver a su casa en un ómnibus de línea, aunque, eso sí, el juzgado le pagaría el pasaje.

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¿Y las garantías y seguridades personales prometidas? ¿Y si los ocupantes del Gol estaban al acecho? Aquella fue una noche muy larga para Santos. Llegó a la calle de su casa con más miedo que nunca. Cuando estaba por entrar, mirando para todos lados, vio que un auto con cristales polarizados, sin luces, pasaba lentamente frente a él. Santos jura que en el asiento del conductor iba sentado el chileno. Apuró los pasos y entró a su casa. De un solo vistazo se dio cuenta que en su ausencia alguien había estado allí. ¿Los del Gol? ¿El chileno? Trancó la puerta de entrada y se pasó la noche sentado, sin pegar un ojo. Faltaban, entre otras cosas, una pulsera de su esposa, que por este problema de su marido estaba viviendo en casa de unos parientes. Por la mañana, muy temprano, Santos fue a radicar la denuncia por robo a la comisaría. Al salir de su casa encontró la pulsera colgando de la rama de un árbol. "Están intentando ponerlo nervioso, meterle miedo", le dijeron en la comisaría. "Y pucha si lo consiguieron", admitió el mecánico. Apiadándose de la situación de Santos, el subcomisario Omar Buzzi dispuso entonces que el sargento ayudante Carlos Alfano le diera custodia permanente. Santos se lo agradecerá mientras viva, pero los comentarios en todo Madariaga indican que la decisión de proteger a Santos partió del despacho del gobernador Eduardo Duhalde.

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La Costa S. A. /2 En los días posteriores al crimen de Cabezas la sociedad no salía de su estupor por los ribetes de crueldad y salvajismo exhibidos por los asesinos. Pero aún así todas las miradas —menos las del Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 3 de Dolores— se dirigieron a la comisaría de Pinamar y a las autoridades comunales. No era una actitud prejuiciosa ni aventurada. Los pinamarenses tenían sobrados motivos para pensar que forzosamente el crimen estaba vinculado a la policía local y a la municipalidad, y conectado de alguna manera con el negocio de la droga, aunque no precisamente por los hábitos de la víctima. Por eso es válido analizar, a la distancia, las principales denuncias que mediante simples volantes mimeografiados tapizaron el partido de Pinamar hacia fines de enero. Por entonces una fuerza civil había ocupado la ciudad: eran periodistas de todo el país que se habían instalado allí para informar el caso. Después ese regimiento de cámaras, grabadores y micrófonos acamparía en Dolores. Para muchos periodistas la sombra de Alfredo Nallib Yabrán parecía proyectarse como telón de fondo en el escenario del crimen. La hipótesis surgía de los multimillonarios emprendimientos del discreto empresario en Pinamar, por todos conocidos, de su estrecha amistad con la cúpula comunal y del revés sufrido cuando el gobierno provincial le negó autorización para otro de sus grandes proyectos: la construcción de un puerto privado para 500 barcos. Esto hubiera hecho de Pinamar —ya convertida en la capital de verano de la política argentina— un rival directo de Punta del Este. La hipótesis más común sostenía que al asesinar a Cabezas, Yabrán había enviado simultáneamente dos mensajes: uno a la revista "Noticias" —que había tenido la osadía de publicar una foto suya— y otro al gobernador Duhalde, que le había arruinado un negocio. Por eso —agregaban los defensores de esa hipótesis— los asesinos quemaron el cuerpo en un lugar por donde el gobernador, de vacaciones, solía pasar casi todos los días para ir a pescar. Había también una contra hipótesis. Si todo eso había ocurrido así, ¿por qué Yabrán autorizaría el macabro festival en Pinamar, "su" ciudad, donde todos los focos apuntarían a su rostro y eso sería peor que la publicación de un millón de fotos? Para esto había dos respuestas. La primera sostenía que si no lo hacían allí los mensajes no habrían tenido el brutal impacto que tuvieron. La segunda era psicologista: lo había hecho en Pinamar porque allí Yabrán controlaba todo y estaba seguro de salir bien parado. Conjeturas, hipótesis, comentarios. Ninguna prueba, claro, y mal podía

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haberla cuando el juez estaba buscando elementos para inculpar a Los Pepitos, un grupo de personas que nunca en su vida habían visto ni oído hablar de Cabezas. Pero alguna gente sí sabía. A menos de una semana del crimen, el 29 de enero, Pinamar amaneció sembrada de volantes que decían cosas como estas: "Desde hace años venimos denunciando la existencia de una organización mafiosa y criminal cuya cúpula está integrada por el intendente Blas Altieri, el comisario Gómez y Víctor Pardo a nivel local". Seguía así: "Todos los mencionados son responsables directos de la corrupción generalizada en la Municipalidad de Pinamar, de la falta de controles en la madrugada del asesinato de Cabezas y de la venta de drogas en varios lugares del partido" El volante no se detenía allí: "A esto hay que agregarle las irregularidades permanentes en el corrompido Concejo Deliberante, donde se cocinan a un alto precio infinidad de excepciones a la ley municipal, entre ellas las que comprometen al ya denunciado Yabrán, beneficiado en el orden de los 15 millones de dólares en tierras". Afirmaba también que "La empresa del intendente, como ya lo denunciara (el ex ministro de Economía) Cavallo, cobró por la venta de todos los materiales de construcción (que utilizó la comuna) una coima de 25 millones de dólares". E hincaba el cuchillo: "En los niveles intermedios del municipio, donde se ubican secretarios y directores, el jolgorio es total. Milnar, jefe de compras, también llamado por los proveedores "el enano del 15 por ciento", será sometido juntamente con otros secretarios y directores a proceso penal por enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio se incrementó en dos millones y medio de dólares cuando gana un sueldo mensual de 1.500 pesos". Un tal Raffo, "director de servicios públicos de la comuna, conocido por su adicción a las drogas y su debilidad por las fiestas negras, es hoy un poderoso comerciante con locales en Pinamar y Cariló, y tiene varias propiedades en el partido. Otro caso de enriquecimiento ilícito". Y continuaba el tiro al blanco: - "Víctor Pardo actuó en el Concejo Deliberante y luego fue secretario de Gobierno. Es el responsable directo de la conexión con las organizaciones de la droga y los grandes negociados municipales". - "Canisa (alias "preservativo"), actual secretario de Gobierno, cumple a ciegas los mandatos del intendente y va camino del enriquecimiento ilícito. - "Caloni, ex presidente del Concejo Deliberante, era empleado en una panadería de Pinamar. Su patrimonio actual alcanza los cinco millones de pesos. Otro proceso por enriquecimiento ilícito. - "De Vito, socio de Altieri en todos los negocios que contrata el municipio. Su enriquecimiento es abrumador. Concesiones de playa, pavimentos, materiales, maquinarias. Involucrado en contrataciones ilegales. Socio de Víctor Pardo en el negocio de las drogas. - "Magrini, director de Seguridad en Playas, pasó a ser en poco tiempo "el millonario Mac Pato". Es dueño de balnearios, tres propiedades, varios vehículos y un gimnasio. También será denunciado".

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El volante concluía con una advertencia. "Si el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia no actúa y si la justicia federal tampoco lo hace, enviaremos la información detallada a todos los medios de comunicación del país. Los ciudadanos de Pinamar no soportamos más la carga que representa pagar lujosas camionetas 4x4 para los funcionarios municipales, viajes por todo el mundo y cuanta trivialidad se les ocurra". Como ya es costumbre, la apelación a los medios es el último recurso de pobres y desoídos. El suelto llamaba la atención sobre otro negociado inminente que se realizaría "con el dinero que entregará la provincia para asfaltar calles con hormigón. El municipio las va a hacer de asfalto caliente debido a que la empresa es del corrupto Blas Altieri. Así se desvirtúa que el dinero provincial es para crear fuentes de trabajo. Altieri desprecia al pueblo de Pinamar, al gobernador de la provincia y a la mayoría de los argentinos, a los que califica de negros de mierda". El volante estaba firmado con la sigla APEM, que corresponde a la Asociación de Pinamarenses Estafados por la Municipalidad. Ese era el texto que todos los lugareños y centenares de periodistas de todo el país leíamos, azorados, a menos de una semana del asesinato de Cabezas. Al pie llevaba una leyenda. "Medios, por favor, actúen antes de que sea tarde. Acuérdense de Cabezas. Evitemos más crímenes". En Pinamar el asesinato de José Luis pareció actuar como disparador de una ofensiva popular contra el poder político y policial, alimentada por una sucesión de delitos cometidos a ojos vista y autocontenida hasta ese momento por falta de espacio para expresarse. A principios de febrero la prensa nacional había puesto bajo sospecha las grandes inversiones realizadas por Yabrán en Pinamar. Los ambiciosos proyectos del country y appart-hotel Terrazas al Golf, la construcción y explotación del hotel Arapacis y un enorme puerto deportivo privado. Y seguían lloviendo denuncias. Para demostrar la connivencia que presuntamente existía entre Altieri, el ex comisario Gómez y varios funcionarios de la justicia de Dolores, en otros volantes se hacía referencia a un misterioso episodio ocurrido a mediados de 1993, cuando en una de las playas de Pinamar aparecieron dos contenedores herméticamente cerrados. De algún modo el océano los había depositado sobre la arena y no fue difícil establecer que se trataba de los restos de un accidente ocurrido en alta mar. Los contenedores, partes de un cargamento, se habían desprendido y caído por la borda en plena travesía, como se comprobó después. Hasta aquí todo indicaba que se trataba de un accidente y no se advertía ningún chanchullo. Sin embargo, semanas más tarde se afirmaba en otro volante anónimo que Altieri, junto con otros dos funcionarios de la comuna, había abierto una brecha en los contenedores utilizando maquinaria vial de la intendencia. Pero el contenido seguía siendo un misterio. Tiempo después se supo que se trataba de un costoso cargamento de alfombras persas. Las alfombras fueron trasladadas con rumbo desconocido y meses después, cuando llegaron a Pinamar representantes de una compañía

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aseguradora europea para investigar lo sucedido con los contenedores, el ex comisario Gómez manejó las cosas de modo tal que todo terminó en un papeleo intrascendente. Al contrario de lo ocurrido con la capa de la reina Sofía, las alfombras persas no aparecieron nunca más. En otra denuncia se señalaba que los contactos de Altieri con el poder no se agotaban en la policía y se hacía especial hincapié en la "buena llegada" del intendente con el fiscal federal Alberto Mola, un abogado de Pinamar que durante algún tiempo se había desempeñado como asesor del propio intendente en la comuna. El volante afirmaba que poco tiempo después de que el senador Eduardo Menem adquiriera una importante propiedad en Pinamar, Mola —sin ninguna experiencia judicial— fue designado fiscal federal en los tribunales de Dolores. Esto pudo haber sido una coincidencia, aunque cabe preguntarse qué relación puede guardar con el asesinato de Cabezas. "Mucha —es la respuesta del abogado Jorge Caldas Villar— porque está marcando la existencia de una cadena de conexiones aquí, en Pinamar, cuya investigación venimos exigiendo desde hace tiempo y con mayor insistencia desde que asesinaron a Cabezas". Caldas Villar fue subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. Se desempeñó también como secretario de congresos de escritores y delegado del país en encuentros culturales internacionales. Es miembro vitalicio de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación y de la Sociedad Argentina de Historiadores. Periodista de larga trayectoria en medios porteños, Caldas Villar dirige desde hace varios años la emisora FM Pinamar. Este abogado, escritor y periodista ha sido el blanco favorito de varias campañas intimidatorias contra la prensa independiente de aquella ciudad. "Esos ataques se iniciaron en Pinamar con el gobierno altieri-yabranista, en febrero de 1990", afirma. Caldas Villar se valió de los micrófonos de FM Pinamar para condenar duramente el asesinato de Cabezas y señalar líneas de investigación que fueron porfiadamente ignoradas por el juez Macchi. Cuando a principios de noviembre de 1995 estalló el polvorín de la ciudad cordobesa de Río Tercero, con su secuela de muertes y destrucción urbana, Caldas Villar editorializó el suceso en estos términos: "Debo advertir a los pinamarenses que están viviendo sobre un polvorín más peligroso que el de Río Tercero. Pese a las denuncias, nada se hace para evitar una tragedia de consecuencias imprevisibles". ¿A qué se refería? Nada menos que a las instalaciones clandestinas de gas licuado a granel, mediante el sistema de zepelines y garrafones, en el partido de Pinamar, en flagrante violación de las estrictas normas de seguridad de la Secretaría de Combustibles, la Secretaría de Energía y Puertos dependiente del Ministerio de Economía, e YPF Gas S.A. Muchos vecinos de Pinamar venían expresando sus temores en torno a las instalaciones del hotel Arapacis. Decían y dicen que en el subsuelo del edificio

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hay cuatro zepelines repletos de gas licuado. A fines de diciembre de 1996 la Asociación Civil de Propietarios de Pinamar, que agrupa a centenares de vecinos, se puso en contacto con el director nacional de Combustibles, Arnaldo Uzuriaga, y le expresó su preocupación por la permanencia y prosecución de instalaciones clandestinas de gas a granel que no respetaban ninguna norma de seguridad. Los vecinos acompañaron su denuncia con una docena de fotografías de los lugares donde se habían instalado zepelines y garrafones, entre otros, del hotel Arapacis. Como parte de la denuncia los vecinos preguntaban lo siguiente: "¿Qué garantías de colaboración puede ofrecer Pinamar en las investigaciones por el asesinato de José Luis Cabezas cuando, con total desprecio por la seguridad de miles de personas, se vienen obstaculizando sistemáticamente todas las inspecciones a las instalaciones clandestinas de gas?" La mayoría de las buenas preguntas no tiene respuesta. Esta tampoco la tuvo.

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Testaferros y funcionarios El procedimiento de valerse de testaferros para disimular patrimonio no lo inventó Alfredo Yabrán, aunque hizo buen uso de esa técnica con la colaboración de distintas personas, incluidos funcionarios que no dudaron en aceptar posiciones en "el grupo" aunque sin renunciar a sus cargos públicos. Un buen ejemplo de esto —entre tantos que podrían citarse— es la compra de tierras por parte de la empresa Bosquemar Emprendimientos Turísticos S. A. El 13 de mayo de 1994 se formalizó en Buenos Aires, ante el escribano Gonzalo de Azevedo, la escritura 147, por la cual Alicia Olimpia Alonzo compró la parcela 109 de la sección rural, circunscripción IV del Partido de Pinamar, con una superficie de tres hectáreas, noventa y siete áreas y dos centiáreas, por las que pagó 700.00 dólares. La señora Alonzo realizó la compra con dinero de y para Bosquemar Emprendimientos Turísticos S. A. (en adelante BET), con domicilio en Viamonte 352, piso quinto de Capital Federal, el mismo domicilio de Inversiones y Servicios S. A. y de apoderados y síndicos de Sky Cab, Villalonga Furlong, Intercargo y Ocasa, inmueble que pertenece a Aylmer S. A., propiedad de Alfredo Yabrán. El 11 de agosto del mismo año se formalizó la escritura de compraventa ente Pinamar S. A. y BET, de las parcelas 3, 4, 5, 6 y 8 de la manzana 165, sección W. El mismo día BET compró a Eduardo Enrique Bunge, Sara Josefina Bazterrica de Bunge, Sara Josefina Bunge de Gallastegui, Alberto Bunge y Carlos Augusto Bunge, la parcela 7 de la manzana 165, sección W. Resulta interesante consignar que la venta se realizó conforme a lo prescripto en los artículos 2661, 2663 y 2670 del Código Civil (esto es, dominio imperfecto), estableciéndose a favor de Pinamar S.A., una servidumbre gratuita, real, perpetua y continua, en cinco cláusulas, destacándose la prohibición de erigir cercos que superen el metro de altura, debiendo ser los mismos, en todos los casos, cercos "vivos". El 24 de agosto de 1994 el escribano Gonzalo de Azevedo certificó que la compra realizada por Alicia Olimpia Alonzo el 13 de mayo de 1994 fue para y con dinero de BET. El 16 de marzo de 1995 BET adquirió también las parcelas 11 y 12 de la manzana 167, y a la semana siguiente, el día 23 de marzo invirtió en Pinamar entre el 13 de mayo de 1994 y el 23 de marzo de 1995 la suma de 951.980,37 dólares en tierras. El 27 de enero de 1995 se publicó en Pinamar la noticia sobre el comienzo de los movimientos de suelo y desmonte en una zona adyacente a los links del campo de golf, en avenida Del Valle Fértil y Fragata 25 de Mayo. El proyecto fue encomendado al arquitecto Ramiro Sansó y la asesoría

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integral al ingeniero Luis Abruzzese, por entonces secretario de Turismo, Cultura y de la Producción de la Municipalidad de Pinamar, es decir que un funcionario público pasaba a ser contratado por la empresa BET sin abandonar su cargo. Un hotel de 5 estrellas, un sector de appart-hotel con 110 chalés, un spa, un centro de convenciones con capacidad para 1.000 personas y otro gastronómico y de esparcimiento junto a un lago artificial con playa integrada, además de un área comercial, conformaban el proyecto. A mediados de marzo la bancada radical del Consejo Deliberante denunció la obvia incompatibilidad del cargo de Abruzzese con su posición de asesor integral del emprendimiento. Este respondió el 17 de marzo con una nota en la que, ratificando su carácter de "asesor", manifestó que "el proyecto data de unos tres años atrás y viene siendo conversado por este grupo económico con el que mantengo relación desde hace mucho tiempo (...) en base a la confianza enorme que me tienen pude lograr que la inversión se canalizara hacia Pinamar". Asimismo, Abruzzese destacó que la inversión realizada hasta esa fecha "orilla los dos millones de dólares, y seguimos (sic) comprando tierras". El 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado de 1976, Abruzzese dio marcha atrás y aclaró que "no he tenido ni tengo comercialmente nada que ver con los inversionistas ni sus empresas". Hacia fines de mayo ya se habían construido en el complejo alrededor de 1.700 metros cuadrados y empleado a unas 250 personas. Se había construido un gigantesco cerco perimetral de alrededor de tres (3) metros de altura, intercalando mampostería y rejas. Todo ello en evidente violación de la servidumbre establecida, lo cual motivó la reacción de un conocido profesional de la zona, quien publicó notas en diversos medios preguntándose si esa pared era la Muralla China o el Muro de Berlín. Ante las presiones de la oposición y de la opinión pública, el 7 de junio Abruzzese presentó su renuncia como funcionario, la que se hizo efectiva recién a partir del 1 de julio. A principios de ese mes, y debido a manifestaciones periodísticas en contra de la obra, el intendente Blas Altieri informó que había mantenido conversaciones con BET para averiguar si efectivamente se suspendería la construcción del complejo "Glorias al Golf, confirmando que el emprendimiento continuaría. En esa oportunidad el intendente dijo que "los planos están presentados desde hace mucho tiempo en el municipio" (sic). El 29 de septiembre el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 1512/94 asignándole indicadores urbanísticos a las parcelas y fracción adquiridas por BET, otorgándole el carácter de UPI, con lo cual el valor de los terrenos se incrementó notoriamente. Todavía no había planos de obra presentados, sólo un anteproyecto. El 9 de julio, por primera vez aparece por escrito el nombre del verdadero inversor del proyecto "Glorias al Golf. En una nota realizada al entonces ex funcionario, Abruzzese aseguró que "las obras del complejo Glorias al Golf, cuyo principal inversor es el empresario de correos privados Alfredo Yabrán, no sufrirá demoras", amenazando con que si seguía la oposición a ellas "en el término de un mes y pico habrá un replanteo" con la posibilidad de mudar el

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complejo "a otra ciudad, otra provincia, otro país". Abruzzese destacó sus méritos al afirmar que estaba "relacionado con esta inversión, fui el que se acercó por una relación que data mucho tiempo atrás con el inversor". Señaló también que "llegaron a los oídos del señor Alfredo Yabrán, permanente visitador (porque) tiene una casa en Pinamar (ubicada De la Ballena 196) algunas versiones", lo que generó una reunión entre ambos. "En una reunión que sostuvimos el lunes 26 (de junio), en ciertos aspectos convinimos que en el término de un mes, mes y pico, si todo apunta a un feliz término, se seguirá con la construcción". El 10 de julio el intendente Altieri ratificó haber mantenido reuniones con los directivos del complejo a fin de asegurarse la continuación de la obra. Para fines de ese mes la construcción ya había superado los 6.000 metros cuadrados. Esa obra, que cambió su nombre original por "Terrazas al Golf, es una de las que más excepciones al Código de Ordenamiento Urbano y Código de la Construcción detenta en Pinamar. Según las normas vigentes las obras no pueden superar los cimientos si no tienen los planos aprobados. Esta llevaba más de 6.000 metros cuadrados construidos sin documentación, y se había erigido un muro de casi tres metros de altura cuando las normas no permiten más de un metro y de "cerco vivo" También es oportuno consignar que, además de Abruzzese, Altieri también tuvo una activa participación en el emprendimiento, y no sólo como intendente sino a través de su propia empresa, Organización Itar S. A., que fue la encargada de realizar la provisión de materiales de obra y maquinarias para los movimientos de suelos. Asimismo, Altieri y el arquitecto Sansó tuvieron participación en las obras a través de su empresa en común, Constructora Edilizzia S. A., domiciliada en Júpiter y De las Medusas, en el mismo edificio de Organización Itar. Ayúdame que te ayudaré. Es evidente que Altieri y Abruzzese tenían todo el derecho (y el deber) de defender ese proyecto de inversión si lo consideraban de provecho para la comunidad pinamarense. A lo que no tenían derecho era a confundir dichos intereses con los suyos particulares, recibiendo sueldos, honorarios y jugosos contratos por parte del inversor.

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La magia de la rabdomancia A mediados de mayo, de las sucias aguas del Canal Uno, o mejor dicho de su fangoso lecho, un grupo de buzos de la policía bonaerense extrajo la cámara Nikon F-4 que utilizaba Cabezas. Fue hallada entre el tercer y cuarto pilote del puente Villa Roch, ubicado en el kilómetro 245 de la ruta 11. El equipo de buzos estaba conformado por siete hombres que se sumergieron en ese lugar la tarde del 15 de mayo. Diez minutos después uno de ellos, el oficial inspector Pablo Cestaro, emergió alzando la cámara fotográfica en su mano derecha. En ese momento el único detalle que permitía suponer que se trataba del equipo de Cabezas eran las calcomanías de "Garfield" y "Minnie" adheridas a la cámara. Se llegaba así al final de una búsqueda intensa que se había iniciado con rastrillajes por tierra a la vera de las rutas 11, 56 y 74. El subcomisario Jorge Venturini, uno de los responsables del procedimiento, informó que muy cerca de la cámara se había encontrado además una bolsa de plástico con veinticinco balas, cuatro de calibre 32 corto y ocho de calibre 32 largo, seis de calibre 38 y siete de calibre 11.25. Pero ¿había llegado la policía hasta ese lugar gracias a las conclusiones de una investigación? ¿O por la confesión de alguno de los detenidos? ¿O producto de un golpe de suerte? Nada de eso. La idea había sido del director de Defensa Civil de la provincia, Bartolomé Llovet, quien les propuso consultar a Néstor Vinelli, de 83 años, ex rector de la Universidad de Lomas de Zamora, director de la Escuela Municipal de Arboricultura de esa ciudad y entusiasta del arte de la rabdomancia. La rabdomancia es un sistema tan viejo como el hombre que consiste en detectar a distancia, mediante la percepción de sus emanaciones, un cuerpo enterrado u oculto. Sus adeptos parten de la premisa de que todo cuerpo vibra y que esas vibraciones pueden ser percibidas mediante una herramienta especial. Durante siglos esa herramienta era simplemente una rama de árbol en forma de horqueta que se utilizaba sobre todo para buscar agua. El ingeniero Vinelli, más moderno, utilizó un alambre de acero con la forma de una letra "e" manuscrita, con asas en los extremos. El jueves 15 se inició el operativo alrededor del mediodía. Acompañado por un nutrido grupo de comisarios, Vinelli y Llobet partieron desde la cava. Varias veces Vinelli hizo detener la marcha de los vehículos al detectar vibraciones en su alambre, aunque sin resultados. A las 18 todo el grupo se detuvo en el kilómetro 245 de la ruta 11, sobre el puente que cruza el Canal Uno, a la altura de Conesa. Decidido, el anciano aseguró a los policías: "No busquen más, está allí, bajo el agua", y señaló entre el tercer y cuarto pilote. Lo demás es historia conocida. La explicación oficial fue que el hallazgo

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significaba un importantísimo avance en las investigaciones, ya que demostraba que los integrantes de la llamada Banda de Los Hornos habían dicho la verdad. En calcadas respuestas ante el juez, los cuatro hombres habían asegurado que fueron rompiendo la cámara durante el viaje a la Plata y arrojando los restos por las ventanillas en distintos lugares del recorrido. La explicación oficial decía también que así quedaba demostrado que Prellezo había sido el autor material de la muerte de Cabezas, aunque nadie explicó por qué motivo el hallazgo de la cámara demostraba que Prellezo había sido el único asesino. Nadie se animó a explicar cómo Retana, González, Auge y Braga —los "horneros"— habían podido romper la máquina durante el viaje. Estas cámaras profesionales están construidas en titanio, una aleación irrompible e invulnerable al fuego, razón por la cual los asesinos de Cabezas no la dejaron en la cava dentro del Ford Fiesta. Hasta un escolar sabe de la resistencia del titanio, que se utiliza para fabricar piezas esenciales de proyectiles, misiles y fuselaje de aviones. Sin embargo, ante las declaraciones idénticas de los cuatro miembros de la banda, nadie en el juzgado les preguntó cómo habían hecho para romper con sus manos una cámara construida con ese metal. Quizá se lo pregunten algún día. Nadie explicó tampoco cómo pudo ser que las calcomanías siguieran adheridas a la cámara después de estar más de cuatro meses en el agua. Nadie dijo nada más sobre el origen de aquella bolsa de plástico con proyectiles de distinto calibre ni su vinculación, si tiene alguna, con el asesinato de Cabezas. Nadie explicó, tampoco, cómo en aquella vía de agua por la que cruzan animales de 400 kilos que se entierran hasta el vientre, y que arrastra desperdicios y metales de todo tipo, la magia de la rabdomancia pudo detectar sólo y únicamente la cámara fotográfica de Cabezas, aunque quizá el titanio tenga una vibración especial... Y durante varios meses nadie explicó algo mucho más importante: por qué la cámara seguía sin peritar y se ignoraba, en consecuencia, si tenía un rollo en su interior. Recién el 27 de agosto se conoció el resultado del peritaje de la cámara fotográfica de Cabezas. La conclusión de los expertos de la Dirección de Peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense no asombró a nadie: la cámara había sido arrojada al Canal 1 mucho tiempo después de lo que declararan los matones de Los Hornos. Antes la cámara había permanecido, intacta, en otro lugar. Los peritos llegaron rápidamente a esta conclusión porque en el interior de la cámara había restos de dos líquidos diferentes. Como era previsible, la Nikkon F-4 de José Luis estaba vacía. De todos modos no conviene tomar la rabdomancia a la ligera, y no tanto por la atracción que despiertan los fenómenos ocultos sino porque esta cuestión forma parte del escenario social del crimen y de la psicología de varios de sus actores. Los fenómenos ocultos o aparentemente inexplicables, como por ejemplo

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los casos de premonición, de transmisión del pensamiento, de clarividencia, así como el movimiento o traslación de objetos sin contacto físico —telekinesis— y fenómenos parecidos han sido motivo de preocupación y de estudio casi desde los inicios de la humanidad. El avance del positivismo y la irrupción de nuevas ciencias en el siglo XIX relegó todo lo conocido y escrito sobre aquellos fenómenos —que no era poco— al terreno de la magia y la superstición, creando así una superstición nueva, la de la ciencia. A partir de entonces fue imposible tratar de abordarlos sin correr el riesgo de ser desacreditado. Fue Charles Richet, quien en 1922, con su "Tratado de Metapsíquica", repuso el interés sobre un tema tan apasionante y polémico como la parapsicología, que a partir de ese momento, y restituida desde entonces su condición paracientífica comenzó a recuperar espacio y adeptos. Muchos lectores se llevarían una sorpresa si supieran cuántas veces la justicia y la policía, sin excluir a políticos ansiosos y a empresarios insomnes, así como a familiares de personas que afrontan un tremendo infortunio, desde accidentes y graves enfermedades a secuestros extorsivos, ansiosos todos ellos por conocer el futuro inmediato, han requerido la opinión de algún clarividente. Y no sólo en la Argentina. Cuando en 1972 un avión Fairchild F-27 de la Fuerza Aérea Uruguaya, con cuarenta y cinco pasajeros, la mayoría integrantes del equipo de rugby Old Christians, de Montevideo, desapareció en medio de una fortísima tormenta de viento y nieve en la cordillera de Los Andes, el famoso arquitecto Carlos Páez Vilaró no tuvo reparos en reconocer que junto a otros padres de los muchachos accidentados había viajado a Viena para entrevistar a un reconocido parapsicólogo holandés. Habían llevado fotografías de sus hijos e incluso del avión en el que viajaban. Aquel parapsicólogo —que después asombraría al mundo anunciando su propia muerte un año antes de que ocurriera y cuando gozaba de perfecta salud, acertando no sólo el día sino la hora y los minutos exactos— les dijo a los padres que el avión se había estrellado contra un gigantesco cerro pero que no todos los pasajeros habían muerto, y que los sobrevivientes esperaban ayuda. Le fue imposible dar mayores precisiones respecto al lugar del accidente, pero una y otra vez repitió un número: 3.170. Operadores de vuelo, expertos en coordenadas y peritos en cartas aéreas intentaron vanamente extraer de aquella cifra algún dato importante para encontrar los restos del avión. Pero cuando los arrieros chilenos —los primeros en llegar al cerro donde se encontraban los sobrevivientes— revisaron el aparato pudieron comprobar que el altímetro había quedado clavado en los 3.170 metros. Esa era la altura del avión en el momento del accidente. El vidente holandés había desmentido al tango: no toda fama es puro cuento. Esa historia destrabó en la Argentina los prejuicios o el miedo al ridículo de las autoridades judiciales y policiales, que comenzaron a reconocer la utilidad de realizar, en ciertos casos, una consulta oportuna a la persona indicada. Así la parapsicóloga Leonor Hernández se hizo famosa por su notable acierto en el caso de la desaparición de la doctora Cecilia Giubileo, ocurrida en la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca en la medianoche del 15 de junio de

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1985. Otra parapsicóloga, esta vez de Mar del Plata, le dijo a la policía dónde encontrar una llave de la casa de la familia Cicconi, cuya hija Silvia Angélica, de 17 años, había sido asesinada en su dormitorio de 19 puñaladas. Esa llave se había convertido en una pieza fundamental para la investigación del crimen. Ramsey, un santafesino que siempre asombró con sus aciertos, descubrió en qué lugar de Mendoza había sido enterrado por los delincuentes el cuerpo de su víctima. El brutal asesinato de los hermanitos Mondaque, ocurrido en Valeria del Mar hace muchos años, permitió demostrar la bien ganada fama de un parapsicólogo de la costa. Los chicos habían desaparecido y llovían llamados anónimos de gente que aseguraba haberlos visto en Mar del Plata, en Córdoba, en Luján. Curiosamente la investigación estaba a cargo de un comisario de Pinamar de apellido Gómez, apodado "Pajarito" y apreciado por todos. Ese Gómez llevó adelante una labor intensa. Junto a bomberos voluntarios, baqueanos, vecinos y empleados de la municipalidad montados en máquinas viales recorrió médanos, pinares, realizaron excavaciones y buscaron en playas apartadas, aunque sin resultado positivo. Una tarde apareció un hombre extraño, de barba larga y mirada profunda. Se acerco a un grupo de rastreadores y les dijo: "No revisen más los médanos ni los montes; los cadáveres de los pibes no están a más de 50 metros de la casa donde vivían". Efectivamente, al abrirse la puerta de una vieja heladera en desuso ubicada detrás de la vivienda aparecieron los cuerpitos de las víctimas. Estos relatos eran necesarios para explicar que también el crimen de Cabezas generó en muchos dirigentes políticos e investigadores policiales la imperiosa necesidad de consultar a alguien que pudiera aportar su capacidad extrasensorial. Y aquí entra en escena Susana López Gabriel, una clarividente que vive en General Madariaga, conocida desde hace años como consultora de quirología, tarot y reiki, aunque su fuerte es la parapsicología. La fama de esta mujer ya excedió los límites de la ciudad. A partir del asesinato de Cabezas el consultorio de Susana fue visitado, siempre tarde en la noche, por comisarios que tuvieron participación —y por otros que la tienen aún— en la investigación del caso. También por políticos que han demostrado un marcado interés en la resolución del crimen —entre los que algunos vecinos citan incluso al gobernador Duhalde— y por policías y alcahuetes que desean y vienen trabajando a tiempo completo para que el caso quede impune. Susana López Gabriel, con gran prudencia y porque además es su trabajo, los atiende a todos y contesta sus preguntas lo mejor que puede. Según dichos recogidos en Dolores, ha tenido aciertos que desconciertan por su exactitud. Se le adjudica una descripción detallada sobre los últimos minutos de vida de José Luis, sobre la conexión entre la policía y la mafia de la droga y sobre una tallarinada gigante servida en la noche del 25 de enero en Pinamar —pocas horas antes del asesinato— a la que concurrieron policías de la costa. Todos estos datos, verificados uno a uno con el correr de los meses, han

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convertido a Susana López Gabriel en una pieza clave de las investigaciones. Y también la han llenado de miedo. Pero dejemos que Susana se las entienda con su miedo y retomemos la socarrona suspicacia con que los habitantes de Pinamar, General Madariaga y Dolores comentaban con el periodismo las infinitas posibilidades de la rabdomancia. ¿Cómo demonios puede alguien encontrar —se preguntan los paisanos— guiado por un alambre, una cámara fotográfica en un sucio canal que pisotean a diario miles de toneladas de ganado? Superado el estupor inicial, un interrogante más se sumó a la absurda galería de disparates que ya había acumulado la causa, como la bala con dos cadenas de ADN, las tres autopsias con resultados diferentes, la destrucción sistemática de todos los indicios que se habían salvado del fuego en la cava y el tiro en la boca del sargento ayudante Mariano Quinteros, del destacamento de Valeria del Mar, sobre el que volveremos. Una versión, nunca desmentida, indicaba que en realidad la cámara de José Luis permaneció durante varios meses en casa de la cuñada de Auge, en Los Hornos, y que inclusive se utilizó a mediados de febrero para sacar fotos en una fiestita familiar (esto último figura en una declaración de la mujer incluida en la causa, y posteriormente desmentida). La versión agregaba que el 13 de mayo alguien tomó una decisión: retiró la cámara de la casa de la cuñada de Auge y horas después la arrojó desde el puente Villa Roch a las aguas del Canal 1. Allí la encontró Vinelli el 27 de agosto con su alambre mágico. Es que el titanio tiene, nomás, una vibración especial.

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Violencia y política Para la mayoría de la opinión pública el asesinato de José Luis Cabezas fue claramente político, tanto por su cuidadosa planificación como por su salvaje, cobarde y desprolija ejecución. Un desaguisado impresentable digno de las peores chapuzas de la dictadura, a menos que todo el siniestro circo haya sido parte del mensaje. Aunque desde diciembre de 1983 la democracia recompuso la paz, no pudo desterrar la violencia. Desde entonces hasta hoy se han sucedido numerosos crímenes indudablemente políticos y otros que, sin serlo en su origen, terminaron involucrando a personas y personajes de la política. Pero debe recordarse que el terrorismo de Estado se fue como llegó: matando. Hace 15 años, tras la ominosa derrota de Malvinas, un asesinato conmovía al país casi tanto como el homicidio del fotógrafo de Noticias. Un día de octubre de 1982, cuando la junta militar se ahogaba en el río de sangre que había derramado, el publicista Marcelo Dupont debía realizar unos trámites en el microcentro y decidió trasladarse en subte. Fue visto por última vez cuando salía de una estación de la línea B. El hombre ignoraba que sus pasos eran seguidos de cerca. Cuatro días más tarde su cuerpo fue hallado sin vida y con evidentes signos de tortura en una exclusiva zona de Palermo donde residen políticos, diplomáticos y altos jefes militares. Un barrio porteño donde hay siete embajadas, por ejemplo, y la seguridad es algo que se descuenta porque se paga junto con las expensas. El cuerpo de Dupont había sido arrojado desde el tercer piso de un edificio en construcción en la calle San Martín de Tours. Y nadie había visto nada. José Luis Cabezas —un fotógrafo profesional que estaba cubriendo la temporada de verano para "Noticias"— fue visto por última vez al salir de la residencia de otro empresario postal, Oscar Andreani, que esa noche daba una fiesta en su residencia, un impresionante chalet ubicado en un excluyente barrio de Pinamar, esa bella ciudad de la costa bonaerense. Salvo el presidente de la Nación, en enero del 97 veraneaban en Pinamar las figuras más notorias de los gobiernos nacional y bonaerense, del parlamento, la justicia y el empresariado. Es decir que la zona estaba rodeada de custodios, hombres de espaldas anchas y culatas gruesas, servicios para todo servicio y guardaespaldas expertos en armas de fuego, artes marciales y otras delicadezas. Sorprendentemente, lo que debió haber sido un territorio inexpugnable para los asesinos se convirtió en una zona liberada para el secuestro y asesinato del fotógrafo. Cabezas se retiró de la residencia quizá llamado por algún conocido pero ignorando que desde hacía un tiempo sus pasos también eran seguidos de cerca.

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Un rato después, esposado, su cuerpo era consumido por las llamas en un automóvil alquilado por la editorial Perfil —editora de Noticias. Aún calcinado, su cadáver mostraría las huellas de un duro castigo. Una retorsión de las vértebras cervicales le había provocado la muerte, no los dos balazos que le dieron después en la nuca. El incendio posterior fue un espectáculo atroz y gratuito, inútil incluso para destruir los testigos mudos del crimen. Cuando Dupont fue asesinado el país se estaba recuperando a duras penas de otros dos secuestros seguidos de muerte, ambos impunes hasta hoy: los de la diplomática Helena Holmberg y el esposo de Marta Mac Cormak de Branca. Cuando Cabezas fue asesinado los argentinos no podían superar su indignación por otros tres secuestros seguidos de muerte: los de Miguel Bru, Andrés Núñez y Mario Bonino. En 1982 los voceros del desfondado poder militar intentaron inventarle a Dupont un alocado itinerario previo a su muerte, así como relaciones con gente de baja estofa con el propósito de justificar el crimen, que seguirá siendo un crimen a pagar aún en el caso de que aquéllas hubieran sido verdaderas. En 1997 el entonces comisario de Pinamar, Alberto Mario Gómez, alias "la liebre", tuvo el tupé de decir públicamente que a Cabezas lo habían mandado matar los propios directivos de Editorial Perfil para vender más ejemplares. Otros amanuenses y declarantes anónimos (ver capítulo 9) trataron de inventarle a Cabezas relaciones con gente de baja estofa, un presunto chantaje a Yabrán, e incluso vinculaciones con traficantes de drogas. El juez Macchi se preocupó por investigar su cuenta bancaria, su vida privada y la de su familia, incluidos los hábitos de su esposa. Resultado: cero. Cabezas y los suyos estaban más limpios que el agua mineral. El cadáver de Marcelo Dupont fue sometido a autopsias cuyos resultados resultaron fraguados para entorpecer cualquier atisbo de investigación competente. Las autopsias practicadas en los restos de José Luis Cabezas generaron un escándalo, ya que las conclusiones de los forenses no coincidían con la realidad, a tal punto que provocaron la renuncia de un alto funcionario de los Servicios Especiales de Investigación Técnica (SEIT). Pero no fueron estos los únicos casos de crímenes sin castigo contra el telón de fondo del terrorismo de Estado, derivados de la convicción de impunidad y del desprecio por la vida. Si el semejante no vale nada se lo puede matar sin pagar el crimen. El empresario Osvaldo Sivak también fue secuestrado y asesinado. En este caso los criminales —un grupo de oficiales y suboficiales de la Policía Federal— fueron procesados y condenados a prisión perpetua. Pero dos policías —al igual que en el caso Cabezas— hicieron de Judas al fingirse amigos de la víctima y uno de ellos llegó a pasarle la mano por el hombro a con el único propósito de "marcarlo" ante los secuestradores. Por esas macabras coincidencias en la muerte, dos de los policías involucrados en el secuestro y asesinato de Sivak se suicidaron, y otros dos policías vinculados con el caso Cabezas también trataron de quitarse la vida.

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Quizá todos los intentos de suicidio sean oscuros, pero estos cuatro — como dicen en México— son de color hormiga. Junto con los policías responsables de la muerte de Sivak fueron detenidos el mayor del Ejército Félix López Fader y el capitán Rafael Roberto Fossa, acusados de secuestro extorsivo. Pero en el caso Sivak la Policía Federal lavó la ropa sucia en casa, ya que se encargó de investigar exhaustivamente hasta que identificó y capturó a los siete asesinos del empresario, sus propios ex compañeros Félix Miera, Ignacio Báez, Héctor Galeano, José Benigno Lorea, Roberto Buletti, Alberto Caeta y Mario Bivorlavsky. Los seis primeros fueron condenados a reclusión perpetua porque además del asesinato de Sivak fueron hallados culpables de las muertes de Eduardo Oxenford y Benjamín Neuman, los otros dos empresarios secuestrados por la misma época. Para hacerse una idea de la prolijidad con que la Federal investigó el caso bastará señalar que uno de los elementos probatorios —el que finalmente desenredó la madeja— fue el examen de la saliva que Roberto Buletti había dejado en el filtro de un cigarrillo. Buletti fue considerado el ideólogo de la banda que secuestraba y asesinaba empresarios previa cobranza de un rescate. Según consignó el juez Martín Irurzún en una impecable sentencia de 44 páginas, Buletti había recomendado el secuestro de Sivak porque era un buen hombre y no ofrecería resistencia. Una prueba de su cinismo quedó al descubierto cuando la esposa de la víctima, la actual candidata a diputada nacional Marta Oyahnarte, desesperada por la suerte corrida por su marido, acudió a pedirle ayuda. Buletti le aconsejó que a pesar de la prohibición expresa de los captores fuera a la policía y formulara la denuncia. Tal era su convicción de impunidad. El sargento Rubén Caeta —detenido en la localidad costera de San Clemente del Tuyú— apareció muerto en su celda de la división Defraudaciones y Estafas del Departamento Central de Policía. La explicación oficial fue que Caeta se había ahorcado colgándose de unos barrotes con un vendaje que tenía en la zona torácica. El sargento Mario Bivorlavsky optó por pegarse un tiro en los primeros días de diciembre de 1987, cuando fue descubierto por la policía en una precaria vivienda de otra localidad de la costa: Las Toninas. Esta vez la explicación fue que al verse rodeado por los federales a Bivorlavsky sólo le quedaron tres opciones: entregarse para salvar la vida, aunque debiera pasarla en la cárcel; tratar de romper el cerco a balazos o suicidarse. Eligió lo último. Esa explicación y las posteriores explicaciones de la explicación no lograron despejar las dudas. No faltó quien pensara en un ajuste de cuentas interno o en un silenciamiento preventivo. Pero nadie pudo probarlo. Ya en plena investigación del crimen de Cabezas, otros dos policías, ambos de la bonaerense, también decidieron acabar con sus vidas en circunstancias tan poco claras como las del caso anterior. El subcomisario Osvaldo Miguel Vitello, un oficial superior de 47 años

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con veintiocho de servicio, se disparó una bala calibre 38 en la sien dentro del dormitorio que ocupaba en la sede del máximo organismo de inteligencia de la policía provincial. Vitello estaba circunstancialmente a cargo de esa dependencia por ausencia de su titular. Murió dos días después. Otra fue la suerte del sargento Mariano Quinteros, que prestaba servicio en la delegación Valeria del Mar —dependiente de la comisaría de Pinamar— y que estuvo vinculado al caso Cabezas por más de un motivo. Una mañana de principios de mayo, sorpresivamente Quinteros fue encontrado agonizando en el piso de la delegación policial. Tenía un balazo en la boca y su estado era desesperante. Fue llevado al hospital municipal de Villa Gessell, donde después de una operación de urgencia permaneció en estado de coma durante varios días, aunque sobrevivió. La explicación oficial: intento de suicidio. Pero su hija Paula hizo saber públicamente que rechazaba de plano esa hipótesis y denunció que desde el asesinato del fotógrafo su padre venía recibiendo presiones y amenazas por parte de sus superiores. Otra post data para el juez: sería bueno que Quinteros relatara o escribiera —si todavía no puede hablar— qué fue lo que le pasó. Policías federales y bonaerenses implicados en asesinatos, investigaciones serias y de las otras, suicidios oscuros, secuestros, crímenes y la costa bonaerense —desde Las Toninas a Villa Gesell— como territorio liberado para el delito parecen ser los denominadores comunes de los casos Sivak y Cabezas. Aunque esta sucesión de hechos no prueba necesariamente nada, ¿se trata sólo de una infeliz coincidencia? Entre los dos casos hubo cuatro policías que intentaron suicidarse y tres de ellos murieron. Otra post data para Macchi: si esos tres hombres hubieran perdido la vida a manos de delincuentes comunes ya se hubiera sabido, porque en la Argentina los asesinos de policías no suelen terminar sus días en la cama.

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Los negocios de la mafia A principios de agosto el periodismo creyó detectar que la fiscal de cámara María Elena Brignoles de Nazar parecía haber iniciado una investigación paralela a la del juez Macchi, apoyada presuntamente por agentes de inteligencia de la Armada, porque trascendió que la aparición de Redruello como agente encubierto, colaborador de la policía y protegido del juez de la causa, se debía a una gestión realizada por el comisario inspector Jorge David Pombo, pero a pedido de un alto oficial que trabaja en el edificio Libertad. Inmediatamente los periodistas apelaron a sus archivos para buscar nombres, pero no hacía falta. En noviembre de 1996, dos meses antes del crimen, y en respuesta a una demanda iniciada en su contra por Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo había elaborado una lista de los represores del terrorismo de Estado reconvertidos en custodios, guardaespaldas o empresarios de agencias de seguridad ligados a emprendimientos del entrerriano, y provenientes en su mayoría de la Armada Argentina (AA) o del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El ex ministro de Economía le presentó al juez una lista que incluía los siguientes nombres: Jorge Eduardo Acosta Alias "el tigre". Capitán de Navío (R), jefe operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de torturas y asesinatos durante la dictadura militar.1 Adolfo Miguel Donda Tigel Alias "Gerónimo", "Palito" o "Dunda". Capitán de Fragata (R), ex jefe de Inteligencia de los grupos de tarea de la ESMA. Director suplente de Zaptam S.A. En la ESMA estuvo detenida su cuñada, que estaba embarazada. Tras dar a luz un varón la mujer fue asesinada y su sobrino entregado a una familia desconocida. Actualmente se ignora el paradero del niño y el lugar donde fue depositado el cadáver de la madre. Donda Tigel engañó a sus padres respecto de la suerte corrida por su cuñada y su sobrino. Su hermano ya había sido asesinado en un presunto enfrentamiento con fuerzas militares. Víctor Hugo Dinamarca Alias "El chango". Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y enlace con la ESMA. Socio gerente de Bridees S.R.L. y accionista de Sky Cab S.A. y de Asistencia de Vehículos Comerciales S.A.

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Para una completa información sobre el terrorismo de Estado consultar "Nunca más", el libro que resume las conclusiones de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el gobierno de Raúl Alfonsín y presidida por don Ernesto Sábato.

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Carlos Orlando Generoso Suboficial (R) del SPF. Vicepresidente de Zapram S.A. y empleado de Bridees S.R.L. Marcelo Claudio Carmona Alias "Choper". Suboficial (R) del SPF. Presidente de Zapram Technical S.A. y socio gerente de Zapram S.R.L. Juan Carlos Castillo Alias "la serpiente". Suboficial (R) del SPF. Vicepresidente de Zapram Technical S.R.L.; también vinculado a Bridees S.R.L. Héctor Francisco Montoya Suboficial (R) del SPF. Socio gerente de Bridees S.R.L. Alberto González Menotti Alias "el gato". Oficial retirado de la A.A. Roberto González Alias "Federico". Ex oficial principal de la Policía Federal. Exonerado. Roberto Naya Alias "Hernán" o "Paco". Oficial (R) del SPF. Ramón Vallejos Suboficial de la A.A. especialista en escuchas telefónicas. Aristóbulo Nicanor Moreira Alias "el negro". Oficial (R) de la AA. Enrique Peyón Alias "mochila" o "giba". Capitán de Fragata (R). Fernando Luis Zizzutti Ex cabo del Ejército. Exonerado. Miguel Ángel Caridad Suboficial del SPF. Socio fundador de Bridees S.R.L. D'Imperio (se ignora el nombre de pila) Alias "Abdala". Capitán de Navío (R). Grandoglio (se ignora el nombre de pila) Comisario de la Policía Federal. Era el encargado de operar la documentación personal del grupo, haciendo valer sus conexiones en la fuerza para acelerar trámites.

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La historia de este equipo se remonta a 1976, cuando en la ESMA operaba un grupo de tareas que no sólo se dedicó a aplicar hasta sus últimas consecuencias la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este grupo de tareas había personal de la Armada y también civiles y miembros del SPF y la Policía Federal. Allí se inicia esta historia. Con el advenimiento de la democracia, el grupo comienza a reunirse en la sede del Servicio de Inteligencia del SPF, ubicado en Varela al 400 de la Capital Federal, que en ese entonces conducía un oficial de apellido Vallarino con el auspicio del director del cuerpo, de apellido Neuendorf (alias "Neuman"). El contacto con Alfredo Yabrán se establece a través del doctor Enrique Carlos Schlegel, ex integrante del SPF y amigo personal de Dinamarca. Los jefes actuales del grupo serían el propio Dinamarca, Donda Tigel y Naya. La tarea actual de Ríos (sería responsable de la seguridad personal de Yabrán, de su familia y de sus propiedades) es sólo una estimación porque no ha podido ser verificada. Este grupo ha operado y opera utilizando diversas sociedades, entre ellas Zapram S.A. y Zapram S.R.L. Merecen una mención especial las que operan en el aeropuerto de Ezeiza: - Intercargo S.A. - Interbaires S.A. - Edcadassa S.A. - Servicios Quality Control S.A. Otra empresa singular es Zapram Technical S.A. que además de realizar las mismas tareas que las empresas homónimas opera en la intermediación de equipamiento electrónico de inteligencia y contrainteligencia. Brides S.R.L. a cargo de Dinamarca, se encarga de proveer seguridad a las empresas del grupo, en especial a Villalonga Furlong, Oca y a todas las que integran el subgrupo Inversiones y Servicios. También atiende, aparentemente bajo la responsabilidad directa de Gregorio Ríos, la seguridad personal de Alfredo Yabrán, en especial en su casa, oficinas y desplazamientos. Servicios Quality Control S.A., a cargo de Donda Tigel, se encarga de proveer seguridad en el aeropuerto de Ezeiza. Es la continuadora de las sociedades Zapram tanto por personal y bienes como de clientes. Con tal continuidad se sustrajeron de la quiebra los bienes que correspondían a los acreedores de las sociedades Zapram, entre ellos el Estado Nacional. Además Bridees le provee servicios de seguridad a Transportes Vidal S.A. Tecnipol S.R.L. es una sociedad de larga data dedicada a la provisión de elementos de seguridad para las Fuerzas Armadas y de policía, que fuera adquirida por Yabrán en 1993. Toda esta estructura de seguridad se basa en la provisión de servicios a las empresas del grupo, dividiéndose las tareas en dos áreas: las relacionadas con el aeropuerto de Ezeiza, a cargo de Donda Tigel y Zizzutti, y las relacionadas con el negocio específicamente postal, bajo la responsabilidad de Dinamarca. Las oficinas funcionaban (o funcionan) en Paraná 597 (6to. piso, oficina 35, y 7mo. piso, oficina 47) y Paraná 641 (2do. piso, departamentos A y B),

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ambas direcciones de la Capital Federal y todas propiedades de Bridees S.A. El exceso de facturación de estas empresas llamó la atención de la D.G.I. Cuando el organismo fiscal las inspeccionó, el grupo decidió urdir la siguiente maniobra: denunció que les habían robado un vehículo en el que transportaban todos y cada uno de los documentos de las tres sociedades, e incluso la computadora donde estaba toda la contabilidad. Con este ardid Zapram S.A., Zapram S.R.L. y Zapram Technical S.A. solicitaron la quiebra. Mientras tanto sus clientes Intercargo, Interbaires y Edcadassa se quedaron con el crédito fiscal facturado por las ya quebradas. Aunque no forma parte de la presentación del ex ministro de Economía, la siguiente es una nómina complementaria de custodios personales, amigoscustodios, empleados y/o socios de Yabrán en empresas proveedoras de seguridad. Conviene tenerlos en cuenta porque algunos de ellos aparecen vinculados al caso Cabezas: - Arce, Luis - Archuvi, Ricardo - Arredondo, Hugo - Avena, Juan - Borches, Héctor - Boyler, Claudio - Cabral, Omar - Cáceres, Francisco - Cascio, Carlos - Cocina, (¿?) - Montero, Jorge - Mouriño, Carlos (alias "Coco") - Pesaresi, (¿?) - Pistoni, Luis - Rabuffetti, Alejandro - Regales, Félix

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Amenazas y atentados Antes de que Cavallo expusiera sobre las mafias en el Congreso ya se habían producido numerosos actos de violencia, sabotaje e intimidación en el ámbito de la actividad postal. Recordaremos algunos a título de ejemplo: Mailcorp S.A. Alejandro Morales, jefe de personal de esta empresa, fue privado de su libertad, sufrió lesiones y recibió amenazas entre el 30 y el 31 de diciembre de 1991. Intervino la Comisaría 2da. de la Capital Federal y la causa se tramita ante el juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción número 6, a cargo del doctor Roberto Enrique Hornos. Abel Cuchetti Luego de abrir el registro de permisionarios, hasta entonces limitado a unas pocas empresas, el interventor de Encotel, Abel Cuchetti, sufrió diversos atentados. El 6 de agosto de 1992 lo interceptaron a la salida de su domicilio, en Marcelo T. de Alvear 1185, Capital Federal, y lo agredieron de consideración en su pierna derecha. El diagnóstico determinó doble fractura de peroné. El agresor, que fue perseguido por lo colaboradores del agredido, logró escapar en un automóvil en que lo aguardaba otro sujeto que los amenazó con un arma. La causa se tramita ante el juzgado en lo Criminal de Instrucción número 27, secretaría 106. Uno de los colaboradores de Cuchetti, Miguel Ángel Altimari, también venía recibiendo amenazas desde veinte días atrás, tanto en su domicilio como en su oficina, en las que se le decía: "Vos y Cuchetti van a ser boleta". El 17 de agosto se volvieron a recibir amenazas en el teléfono del domicilio particular, que fueron escuchadas en este caso por la señora Rosa Medina de Altimari, a quien se le dijo que "Cuchetti y tu marido van a ser boleta". El 16 de diciembre explotó una bomba causando daños frente al inmueble de la calle Las Canarias número 70, en el barrio Argüello de Córdoba. En Las Canarias 60, al lado de la casa afectada, se domiciliaba Cuchetti. Ese mismo día, con pocas horas de diferencia, se produce otro atentado en la empresa postal Cargo S.A., en la misma ciudad, frente al inmueble de Boulevard Los Alemanes 125, barrio Los Boulevares. Cargo S.A. había sido autorizada como permisionaria durante la gestión de Cuchetti y acababa de ganar una licitación del Banco Israelita de Córdoba. Cuchetti sufrió otra amenaza al recibir por correo un artefacto con forma

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de bomba postal y una leyenda que decía: "Si fuera de verdad ya estarías muerto". Guillermo Seita Cuando este ex funcionario se desempeñaba como secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía sufrió un atentado con bomba en su casa de Mar del Plata, el 5 de septiembre de 1992. El 14 de enero del año siguiente su esposa, Teresita Solleiro, recibió también un simulacro de bomba postal en el interior de un libro, con una tarjeta que decía: "Esta vez fue de juguete. Si hubiera sido de verdad no alcanzabas a leer el libro". Por entonces Seita comentó con sus allegados: "no descarto que tales actos hayan sido ordenados por Yabrán". Transclear S.R.L. Esta empresa es un correo privado que, después de la desregulación, se presentó a un concurso de precios que realizó Telefónica de Argentina para la distribución de facturas a sus clientes. El 22 de octubre de 1993 Telefónica abrió el concurso, resultando que las dos ofertas más bajas habían sido presentadas Encotesa y Transclear. En la madrugada del 20 de noviembre de 1992, a la 1.30, desde un automóvil se realizaron tres disparos con armas de fuego contra el local de Transclear, ubicado en avenida Cobo 1232, Capital Federal. A principios de abril de 1994 Telefónica decidió otorgarle una parte del contrato a Transclear y otra a Encotesa. El 18 de ese mes, en el mismo local de Transclear que había sido baleado, explotó una bomba que dañó no sólo ese lugar sino también locales contiguos y varios vehículos estacionados. Intervino en este caso la Comisaría 12 y el juzgado de Instrucción a cargo del doctor Adolfo Calvete. Pablo Rojo El licenciado Pablo Rojo —actual presidente del Banco Hipotecario Nacional— era entonces secretario de Desregulación y como tal supervisó la elaboración del Decreto 1187/93, del 10 de junio de 1993, que desreguló el mercado postal. A los pocos días de publicado el decreto Rojo fue amenazado de muerte, extremo que denunció ante la Comisaría 17. Luis Cerolini En medio de la discusión sobre la contratación de los servicios de correos del Banco Hipotecario Nacional (BHN), en los que se pretendía descalificar a Encotesa de la correspondiente licitación, por su opinión a favor de Encotesa sufrió un atentado en su domicilio particular el procurador del Tesoro de la Nación y vicepresidente del BHN, doctor Luis Cerolini. Este funcionario se oponía a dejar fuera a Encotesa y dejó sentada su posición en el acta del directorio número 1885 del 15 de junio de 1994. El anterior proveedor del servicio de correo del Banco era Ocasa, que

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cobraba 1,40 peso por envío, pero aquellos que debía realizar a zonas no rentables los reensobraba y reenviaba por Encotesa, a 40 centavos por unidad. El 18 de julio, por la noche, el domicilio particular de Cerolini fue violado y se le sustrajeron una gran cantidad de bienes, destrozándole también otras pertenencias. Intervino la Comisaría 27 y el juzgado de Instrucción a cargo del doctor Sergio Daniel Torres. Por esos días Cerolini le confió a sus íntimos sus firmes sospechas de que los autores del ataque habían sido enviados por "gente de Yabrán". Encotesa El 21 de octubre de 1994 estalló una bomba en el edificio Bruno Ramírez de Encotesa. Por ese entonces la empresa, ya reconvertida, había mostrado su viabilidad y prestaba servicios en forma eficiente y competitiva, ganando mercados aún a costa de las empresas de correo privadas. La denuncia se formuló en la Comisaría 46 e intervino el juez de Instrucción doctor Nerio Bonifatti. Seprit Postal El 19 de noviembre de 1992 fue asaltado un vehículo de la empresa Seprit Postal, siendo robada la carga que llevaba. Este hecho fue denunciado en la subcomisaría 71 de San Pedro, provincia de Buenos Aires. El 26 de mayo de 1995 estalló un artefacto explosivo en la sucursal Rosario, a consecuencia del cual recibió graves heridas un empleado de la empresa. Este hecho se tramitó ante el juzgado de Instrucción de la 12da. denominación de esa ciudad. El 9 de junio del mismo año se produjo un asalto en la sucursal Buenos Aires de la firma, a plena luz del día, con destrucción de parte del mobiliario. Pocos días después, el 21 de agosto, se produjo el asalto e intimidación a un chofer de otro vehículo de Seprit. La denuncia se radicó en la seccional 11 de Córdoba. Inforsec También sufrió un atentado con bomba la oficina de Inforsec, ubicada en pleno centro de Buenos Aires. El informe sobre el grupo atacante realizado en aquellos días por Inforsec sostenía: "El objetivo principal (del atentado) es negociar todo el contrabando que se encuentra en los depósitos de LADE: mercaderías no amparadas por documentación aduanera, bultos canguro, equipajes acompañados, etc. Las empresas ingresan a la pista para obtener la correspondencia pre y post área de Encotel. Están siendo investigadas por la Policía Federal por sus vínculos con el tráfico de drogas". "José" En el programa "Hora Clave" que conduce el periodista Mariano Grondona, emitido por Canal 9 el 24 de agosto de 1995, se puso al aire un reportaje a un individuo que no quiso identificarse y que prefirió responder al

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nombre de "José", quien contó que muchos empresarios postales fueron amenazados y que a él le advirtieron: "Abrite o sos boleta". Preocupado por su situación, José refirió haber concurrido a la embajada de los Estados Unidos, donde, al plantear el tema, se sorprendió cuando fue atendido por personal de la Drugs Enforcement Agency (DEA). Cuenta José que quiso aclarar que no se trataba de eso, sino de un tema de deslealtad comercial, y que entonces el personal de la DEA le informó que Alfredo Yabrán estaba siendo investigado por la agencia. José dice que quedó de una pieza —y no postal— cuando le pidieron sus datos personales, en especial cicatrices y estado de sus dientes, para poder hacer un reconocimiento en caso de desaparición. D.G.I. Según la edición de Clarín del 8 de noviembre de 1996, el director de la D.G.I. e interventor en la Aduana, Carlos Silvani recibió una extraña visita que le habría dicho lo siguiente: "debe tener cuidado porque pueden matarlo, como hicieron con Echegoyen", agregando que "le dijera a su chofer que no se alejara del auto en ningún momento, porque podría producirse un sabotaje". Concluyó la advertencia con una exhortación para que Silvani "se cuidara sobre todo el sábado 9 en Ezeiza", con lo que al jefe de los recaudadores le habría sorprendido el "profundo conocimiento de su agenda, puesto que mañana (por el sábado 9 de noviembre de 1996, Silvani) viaja al exterior desde Ezeiza.".

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Copamiento de empresas El grupo Yabrán ha obtenido el control de nuevas empresas y lo ha hecho por diversos métodos. A continuación veremos con detalles un ejemplo de este modus operandi, en el caso de la empresa Expreso Los Pinos S.R.L. (en adelante Los Pinos). Esta empresa tuvo su origen en Paraná, Entre Ríos, y en sus inicios estuvo integrada por los hermanos Mario Alberto y Enrique Carlos Harispe, junto a una tercera persona de apellido Aizcorbe que al tiempo se separó de los hermanos y fundó una nueva empresa de correo llamada Aizcar S.A. Los Pinos trabajaba como empresa de transporte de correspondencia interbancaria (especializada en clearing) desde mediados de la década del 70, época en que se había incrementado notablemente el movimiento de cheques. Recién el 10 de abril de 1980 obtuvo de la entonces Encotel la autorización para operar como permisionaria en todo el país. Hasta aquí la misma historia que docenas de permisionarios que se iniciaron clandestinamente y luego se "blanquearon" obteniendo un permiso oficial. Ya en 1980 la empresa ofrecía servicios en todas las provincias del norte del país, desde el litoral hasta la cordillera. En 1981 hacían el clearing del Banco Nación en casi todo el tercio norte del país. Y allí empezaron sus problemas con "el grupo". De un día para otro se comunicó con los administradores de la empresa un coronel que cumplía funciones en el Banco Nación y les informó —por teléfono— que su contrato se rescindía por razones de seguridad nacional. De inmediato Ocasa inició sus servicios para el Banco Nación en aquella zona. Como consecuencia de esa rescisión Los Pinos empezó a tener problemas económicos. A mediados de 1984 comenzó a trabajar para la empresa Hugo Benjamín Lifschitz, quien promovió una reunión entre Alberto Harispe y Alfredo Yabrán. El encuentro se realizó en el restaurante de la Cámara de Sociedades Anónimas, Florida 1, de la Capital Federal, y según los dichos de Harispe, Yabrán le dijo que tenía que vender Los Pinos, e inmediatamente le hizo una oferta "irrisoria". El almuerzo terminó en discusión. Después Harispe se reunió una vez más con Yabrán en un bar, y una tercera en el hotel Mayorazgo de Paraná, donde Yabrán le exigió la entrega de Los Pinos. Pero la verdadera guerra comenzó cuando los Harispe dieron por terminada la negociación con el rey de las estampillas. El 29 de noviembre de 1984 se produjo la apertura de la licitación 32/84 para operar el clearing del Banco del Chaco. Presentaron ofertas Los Pinos (3.530.000 pesos), Oca (9.637.051 pesos), Ocasa (7.420.240 pesos), Villalonga Furlong (8.149.00 pesos) e Inter-Car (4.892.991 pesos), todas, salvo la primera,

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controladas por Yabrán. Los Pinos comenzó a prestar el servicio el 2 de enero de 1985. En enero y febrero de ese año dos camionetas de Los Pinos son sacadas de la ruta en forma sospechosa. El 9 de marzo se produjo un atentado incendiario en el garage de Los Pinos, en Resistencia, oportunidad en que se incendió una camioneta y los bomberos evitaron que el fuego se propagara a otros vehículos estacionados allí. La policía del Chaco encontró un bidón que había contenido nafta y una linterna que no eran de la empresa. El 10 de abril la Municipalidad de Resistencia clausuró, con gran cobertura periodística, el local incendiado de Los Pinos. La clausura fue levantada por el Superior Tribunal de Justicia el 10 de mayo, pero el daño ya estaba hecho. El encargado de "mover" a la Municipalidad en contra de Los Pinos fue un individuo llamado Roberto Prieto, que pronto reaparecería en esta historia. A partir de entonces, y para no abundar, se suceden en catarata los siguientes hechos: - Hugo Benjamín Lifschitz, un viejo conocido de los hermanos Harispe, trabajó un tiempo como empleado en Los Pinos hasta que sorpresivamente fue contratado como director general de Inter-car S.A., la empresa archienemiga de los Harispe y, obviamente, cabeza de playa de la ofensiva de Yabrán. - En la primera mitad de 1985 Lifschitz comenzó a comprar créditos de terceros contra Los Pinos o sus propietarios, en un intento de asfixiarlos económicamente e impedirles continuar con su actividad, sobre todo poder cumplir el contrato con el banco del Chaco, visto que en todas las ejecuciones de esos créditos se solicitaba el embargo de cuentas y créditos de Los Pinos en el banco provincial. - Después ocurrieron otros chanchullos como el robo de un portafolio con dos cheques rebotados que los Harispe habían recuperado pagándolos a sus tenedores, y el posterior juicio para su cobro por parte de Alfredo Torrillo, un jubilado ferroviario de muy escasos recursos, domiciliado en la Capital Federal. - Este modesto jubilado también promovió otras causas contra los Harispe y su empresa. Obtuvo para ello créditos contra los hermanos en distintas entidades. Así compró, por ejemplo, además del cheque, el crédito que tenía Osecac contra Los Pinos y que no había podido cumplir, así como el crédito por saldo deudor de Los Pinos en el Banco de Paraná, que luego ejecutó. Lo notable es que el precio pagado por el jubilado fue el total del crédito y que, en ambos juicios solicitó el embargo sobre el crédito que tenía Los Pinos por realizar el clearing del Banco del Chaco. - Lifschitz compró además otros créditos contra Los Pinos, como uno del Banco Comercial del Norte, pagado por cuenta y orden de Jorge Goncevatt. - Otro de los créditos comprados por Lifschitz correspondía a una hipoteca bancaria que gravaba la propiedad particular de Mario Harispe, que rápidamente ejecutó, de modo que uno de los dos dueños de una empresa otrora floreciente se quedó sin casa. - Osvaldo Horacio Mori compró un crédito contra Los Pinos al Banco Coinag Cooperativo garantizado por una hipoteca sobre el domicilio de Los

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Pinos y lo ejecutó. Ahora sin sede. Nadie podrá dudar de la legalidad de comprar créditos de terceros. Es por ello que los dueños de Los Pinos no promovieron causas penales por las cesiones de créditos. Pero cuando se trata de perjudicar a un competidor se realiza, por lo menos, una práctica desleal. Pero los hermanos Harispe sí promovieron juicio por la ejecución de los dos cheques robados. Y es esa causa la que pone al descubierto que detrás de la ejecución de los cheques se encontraba otra vez Lifschitz, testaferro de Yabrán. De esa causa surge que el jubilado Torríllo nunca viajó a Paraná sino que dio un poder a un abogado de esa ciudad, Osvaldo Raúl Schmukler, por correo y sin conocerlo. Que ese abogado era amigo íntimo de Lifschitz. Que el jubilado ejecutó el cheque por pedido de Lifschitz. Que el jubilado desconocía que se habían adquirido y ejecutado en su nombre otros créditos contra Los Pinos. Todo ello fue reconocido en la causa por el propio Lifschitz, quien también admitió haber entregado los cheques robados que un tal Isa ejecutó en Resistencia, y al ser preguntado por el juez sobre las circunstancias en que obtuvo esos dos cheques, respondió que fue llamado por teléfono a su oficina por una persona que no conocía, la cual le ofreció los cheques y que luego se encontró con ese desconocido en el bar del hotel República, y para reconocerse lo hicieron llamar por los altavoces del hotel. En ese acto, y sin firmar ningún papel, Lifschitz recibió los cheques y pagó el precio total. En el juicio en cuestión el jubilado fue patrocinado por el mismo abogado que atendió a Lifschitz. - Al tiempo que Los Pinos afrontaba estos problemas, Encotel resolvió no renovarle el permiso para operar en clearing. - La abogada de Expreso Los Pinos, doctora Fromglia, se contactó con Lifschitz y organizó una reunión con él y con un gerente de Los Pinos de apellido Andrade. Dicha reunión se realizó el 19 de agosto de 1985 en el estudio de la abogada y fue grabada casi en su totalidad sin que Lifschitz lo supiera. Ese mismo día Lifschitz concurrió al local de Los Pinos para incitar a un paro y allí fue sometido a vejámenes, hecho por el cual fueron condenados Enrique Harispe y otras personas. Pero la grabación de la reunión fue presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas —que entonces existía y estaba a cargo del doctor Ricardo Molinas— como prueba de una denuncia que realizaron los hermanos Harispe. De esa grabación surgen los siguientes elementos: 1) Lifschitz pretendía iniciar un paro del personal de Los Pinos para que la empresa no pudiera prestar el servicio. 2) Lifschitz mantuvo una conversación con Alfredo Enrique Nallib Yabrán en la que éste le propuso darle a Los Pinos la licitación del Banco de Entre Ríos a cambio del 10 por ciento de las acciones de la empresa, y que Harispe no aceptó. 3) Que Yabrán tenía como objetivo destruir a Expreso Los Pinos. 4) Lifschitz reconoce haber comprado todos los créditos contra Los Pinos

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y contra Mario Harispe para destruir a esa empresa. 5) El pliego de condiciones original del banco del Chaco estaba hecho a la medida de Ocasa y Lifschitz los hizo modificar (cuando era amigo de los hermanos Harispe) para que pudiera participar Los Pinos. 6) Que Ocasa produjo los atentados contra Los Pinos. 7) Que quien le presentó al doctor Isa para que ejecutase los cheques fue "el gordo" Roberto Prieto —que reaparece— representante de la empresa 9 de Julio S.A. y luego gerente de Regiones del Interior del País de Encotesa. 8) La empresa Inter-Car en la que Lifschitz ingresara al abandonar Los Pinos ya no existe más. Se fusionó con Sky Cab S.A., propiedad de Yabrán. 9) El domicilio y los números de teléfonos que tenía en aquella época Inter-Car pertenecen actualmente a Aylmer S.A, empresa que Yabrán reconoce como propia. 10) Isa fue y es apoderado de la empresa 9 de Julio S.A. —otra de las empresas controladas por Yabrán— que realiza la recolección de basura en la ciudad de Resistencia. 11) En la reunión donde quedaron grabados los hechos que aquí se enumeran participaron, además de los ya nombrados, Antonio Jorge Tiesi, Osvaldo Raúl Schmukler, Alfredo Tonillo y Vicente Constantino Tur. 12) Jorge Bertoldo fue el inspector sumariante en el expediente por el cual se rescindió el contrato de Los Pinos con el Banco de la Nación, decisión que fuera comunicada telefónicamente por un coronel que adujo razones de seguridad nacional. Al jubilarse, Bertoldo empezó a trabajar en Ocasa. En noviembre de 1996 Cavallo no se limitaba únicamente a proporcionar los nombres que demostraban los vínculos entre Yabrán y varios represores del terrorismo de Estado. Esos hombres ocupaban además distintos cargos en empresas de Yabrán, es decir que la conexión no era circunstancial sino orgánica. La obediencia debida los había dejado en libertad y el grupo de tareas se había reconstituido bajo las órdenes de un nuevo jefe, Gregorio Ríos, según algunos el máximo responsable del aparato de seguridad de Yabrán, aunque otros sostienen que ese lugar lo comparten Donda Tigel, Dinamarca y Naya, quedando a cargo de Ríos solamente la seguridad personal y familiar de Yabrán. Cavallo denunció que, valiéndose de testaferros, el empresario postal ocultaba ser el verdadero propietario de grandes empresas y patrimonios, y le suministró al juez de la causa —con abundancia de nombres, datos, cifras y fechas— varios proyectos de construcciones millonarias a realizarse en Pinamar (ver anexo). Llama por eso la atención que en noviembre de 1996, y en una presentación judicial cuya finalidad era defenderse en un juicio iniciado en su contra por Yabrán, Cavallo se refiriera extensamente a personas y situaciones que se gatillarían en la madrugada del 25 de enero de 1997 en una solitaria cava de la costa bonaerense, en el borroso límite entre la pampa y la playa. Los autores quieren cerrar este largo capítulo con una disculpa hacia los lectores por su extensión, pero estiman que el relato pormenorizado de este caso despeja dudas sobre el modus operandi del señor Alfredo Yabrán. Pero hay más, como veremos en el capítulo siguiente.

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Nota Post data para el juez Macchi: Si algún político le asegura que no sabe lo que es la mafia y que nunca oyó hablar de ella, no le crea. Está mintiendo.

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Los negocios de la mafia /2 Dicen que el movimiento se demuestra andando y que no hay mejor manera de reconocer a un rengo que verlo caminar. Esa sabiduría sencilla es perfectamente aplicable al modus operandi de la mafia: no hay mejor forma de conocerla que verla actuar, por ejemplo en los siguientes casos: Ciccone Calcográfica Esta empresa estaría desde hace un tiempo bajo el control de Alfredo Yabrán. Imprime nada menos que documentos nacionales —pasaportes, DNI, de automotores— y todas las boletas de los juegos de azar que administra Lotería Nacional. El procedimiento para obtener el control fue un crédito por 25 millones de dólares que supuestamente la Banca della Svizzera Italiana otorgara a Ciccone y que la empresa no pudo devolver. Dicho crédito sería de acreedor supuesto, por cuanto, en realidad, el dinero fue aportado por Yabrán. El 19 de enero de 1995, como parte de su aporte para "solucionar" los problemas financieros que tenía la provincia de Córdoba —gobernada entonces por Eduardo Angeloz—, Alfredo Yabrán depositó la suma de 25 millones de dólares a una tasa del 14% anual, con vencimiento el día 19 de abril de 1995, en el Banco de la Provincia de Córdoba, operación que se registró en dos certificados: el 101.538 C por 6.700.000 dólares a nombre de María Cristina Pérez —esposa de Yabrán— y 101.539 C por 18.300.000 dólares a nombre del propio empresario. Producido el vencimiento, los Yabrán ordenaron al banco provincial girar los fondos a la cuenta de su titularidad 8-A-51420-A en la Banca della Svizzera Italiana, sucursal Nueva York. Esta triangulación de la deuda de Ciccone explica la razón de las asociaciones del "grupo" con Ciccone, en licitaciones tan cuestionadas como son la provisión de pasaportes y de documentación automotor, entre otros negocios. En su presentación ante la justicia, Cavallo señaló que "quien fuera director y gerente general de Ocasa, Alberto Isaac Chinkies (ya se verá su relación con lo sucedido a la empresa Rhodas), detenta hoy el cargo de gerente general de Ciccone Calcográfica S.A." La vinculación entre Yabrán y Chinkies es de vieja data. Fueron compañeros de trabajo en la multinacional Burroughs, de donde fueron despedidos aproximadamente en la misma época. "Mientras me desempeñaba como ministro —continúa Cavallo— recibí en audiencia al señor Ciccone, quien me solicitó apoyo para conseguir un crédito sustitutivo del que —según me refirió— le había hecho dar Alfredo Enrique

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Nallib Yabrán por intermedio del Banco della Svizzera Italiana y cuyos intereses se le hacían insoportables". "En esos días viajé a los Estados Unidos de Norteamérica y me entrevisté con (el subsecretario del Departamento de Estado) Alex Watson. Este se interesó por la relación entre Ciccone Calcográfica y Yabrán, porque estaban considerando la liberalización del requisito de la visa para los pasaportes argentinos, y —según me comentara el funcionario norteamericano— la posibilidad de que Yabrán controlara a Ciccone Calcográfica, hacía poner en dudas tal disposición. Yo le expliqué que, por lo que conocía, Ciccone se encontraba a la búsqueda de líneas de financiamiento alternativas en bancos argentinos, de los que era proveedor de chequeras, bonos, etc. Esto satisfizo al subsecretario Watson y poco tiempo después los pasaportes emitidos por la República quedaron eximidos del requisito de la visa", señaló. "Algunas semanas más tarde me llegó el comentario que el señor Ciccone no había conseguido créditos sustitutivos del que tenía con el querellante (Yabrán), por cuanto su empresa no había sido considerada merecedora de los mismos", concluyó Cavallo. DHL Esta empresa se dedica al servicio de courier, y como tal, está adherida a la organización internacional DHL. Se constituyó en 1979 entre dos ciudadanos británicos, y era administrada desde Montevideo, debido al escaso movimiento que había con el país en ese entonces por el monopolio estatal del correo argentino. Cuando estalló la guerra de las Malvinas y se decretó la indisponibilidad de los bienes británicos, los socios originarios de la sociedad decidieron venderla a los abogados de la misma. Ricardo A. Giachino y Carlos Roberto Mackinlay. Estos adquieren la totalidad del paquete accionario, 90% el primero y 10% el segundo. Posteriormente Giachino negará la calidad de socio de Mackinlay imputándole ser en realidad un testaferro suyo, lo cual desencadenará un juicio entre ambos, motivo de dificultades para la administración de la sociedad. Las presiones sobre la empresa comenzaron en noviembre de 1986 con una denuncia anónima recibida por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Ricardo Molinas, por el origen británico de DHL Internacional. También la Aduana realizó una cantidad de procedimientos de intercepción y apertura de la correspondencia, únicamente a DHL. En el procedimiento de abril de 1987 participó Roberto "Oreja" Fernández, que trabajaba para Juan Carlos Delconte —entonces administrador de la Aduana— y era, según DHL, "hombre de Yabrán". DHL sufrió quince (15) denuncias entre octubre de 1985 y noviembre de 1988. José Celestino Blanco, entonces diputado nacional por el PJ, impulsó la investigación de tres de esas denuncias; el entonces diputado nacional del PJ Osvaldo Borda fue autor de una de ellas, en tanto que el entonces diputado

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radical Carlos Bello fue el impulsor de otras dos. Otros diputados que cargaron contra DHL fueron Roberto García, Roberto Sanmartino, Carlos A. Alderete, Rogelio Papagno, Carlos Tenev y Oscar Fappiano, todos del PJ. En ese mismo período Encotel inició veintiséis (26) sumarios contra DHL. En diciembre de 1987 fue enviada una circular anónima a los clientes de DHL "informándoles" que la empresa realizaba contrabando mediante la utilización indebida de sus servicios. Este acoso sistemático, del que participaron miembros del Congreso, la Aduana y Encotel, culminó con la asfixia de DHL y la firma de los siguientes acuerdos: 1) El traspaso de Giachino a favor de Natalio Carlos Levitán (en comisión) del 50% de las acciones, formalizado el 28 de diciembre de 1988, el día de los Santos Inocentes. 2) La compra de Giachino a Mackinlay de la propiedad del 10% de las acciones y la firma del acuerdo con Natalio Carlos Levitán. Dichas operaciones se realizaron en el estudio del doctor Rodolfo Balbín, quien también firmó el acuerdo con Levitán. Intervino el escribano Gonzalo de Azevedo. Llamativamente, el 22 de febrero de 1989, esto es a dos meses del arreglo con "el grupo", se suscribió un acuerdo de conciliación con Encotel que dio por terminados los sumarios anteriores. Veamos quiénes son algunas de las personas que participaron de este juego del gato y el ratón. a. Carlos Roberto Mackinlay es director de Edcadassa e Interbaires y síndico suplente de Itercargo. b. Rodolfo Balbín fue presidente y síndico titular de Ocasa. c. Arnaldo Eduardo Verzura es accionista de Sky Cab, director suplente y accionista de Franchise Service International S.A., integrada entre otros por Enrique Sewach, quien fuera uno de los periodistas más críticos con la gestión del Correo Argentino. d. Gonzalo de Azevedo fue el escribano que constituyó Inversiones y Servicios S.A. En la asamblea de Transportes Vidal S.A. del 28 de octubre de 1992 aparece como apoderado de un accionista. También intervino en la constitución de Oca, de Inversiones y Servicios S.A. y de Edcadassa. Escrituró una gran parte de los inmuebles de Aylmer S.A. Es el escribano habitual de Oca. Escrituró las propiedades por Bosquemar Emprendimientos Turísticos S.A. e. Natalio Carlos Levitán fue presidente y es apoderado de Aylmer y es también síndico de Yabito S.A., empresas reconocidas como propias por Yabrán. f. José Celestino Blanco fue gerente general de Edcadassa, accionista (junto con su pareja) y director de Orgamer S.A. g. Roberto Sanmartino, actualmente socio del hijo del ex fiscal Molina. Ambos trabajan para "el grupo". Sanmartino fue uno de los que presionó en la Cámara de Diputados para que se tratase el proyecto de la ley de Correos que tenía por entonces media sanción del Senado. También en este caso, como en el ya comentado de Expreso Los Pinos, Alfredo Yabrán tuvo participación directa presionando y amenazando a los propietarios de empresas de la competencia. El hecho lo relató el testigo Héctor

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Enrique Lanzani el 11 de abril de 1995 en una de las causas que promoviera Giachino. Allí el testigo refiere un almuerzo que compartieran Yabrán, Balbín, Giachino y el propio Lanzani, en el hotel Libertador en septiembre de 1988. Dice el testigo que Yabrán se jactó entonces de manejar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y amenazó en reiteradas oportunidades a Giachino. También dice el testigo que Yabrán hablaba de DHL como propia. Rhodas Cargo Service S.A. Esta era una empresa permisionaria postal, cuyo titular sufrió una gran cantidad de persecuciones para ser quitado del mercado, lo que efectivamente se produjo a fines de 1992, cuando presentó la quiebra. Los hechos de los que fue víctima su titular, Raúl Alberto Sei — denunciados ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 106, causa 67.412— son los siguientes: a. Privación de su libertad en junio de 1989, oportunidad en que sus captores le advirtieron "que se retirara del negocio y que no sacara los pies del plato". b. Segunda privación de la libertad, esta vez con lesiones físicas, en noviembre del mismo año. c. Reiteradas amenazas telefónicas de muerte. d. Amenaza de muerte luego de haber concurrido a la Casa de Gobierno a ver al doctor Oscar Fappiano para interiorizarlo del problema. Luego de esa entrevista, una vez lo amenazaron diciéndole que "si volvés a la Casa de Gobierno vas a terminar en una zanja". Posteriormente Fappiano, ya diputado nacional, impulsó en la Cámara una denuncia contra DHL, otra empresa postal apetecida por Yabrán. e. Gran cantidad de trabas y cuestionamientos arbitrarios que le formulaba Encotel, por ejemplo sucesivas revocaciones del permiso para operar. f. El informe de la Comisión de Fiscales que investigara la denuncia de Sei ante la Procuración, incluye un párrafo por demás interesante. Dice que el denunciante "...hizo referencia a que en 1990 se reunió con Alberto Chinkies, que le indicó que sus problemas en el correo se podían terminar ese mismo día, pero que tenía que ceder el 30% de las acciones en forma gratuita. Que ése era el precio para continuar trabajando sin inconvenientes. (El denunciante) acotó que esa persona no tenía cargo en ninguna empresa postal, que estaba por encima de ellas, sabiéndose por comentarios —sin poderlo demostrar— que Chinkies era la mano derecha de Alfredo Yabrán. Que esa persona en todo momento habló de 'nosotros' y del 'grupo' ". Pero Sei no sabía que al momento de hablar con Chinkies, éste ya era miembro del directorio y gerente general de Ocasa. AB Transportes S.R.L. Este es un caso en el cual, mediante atentados, asaltos y presiones

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ilegítimas a través del poder de policía que tenía Encotel, se llevó a la quiebra a otra empresa de correo privada. Fundada en 1980, diez años después la sociedad estaba integrada por dos socios, Raúl Alberto Agis (uno de los fundadores, 10% del capital) y José Ricardo Gentile (casi el 90% restante). Algunas acciones estaban en poder del empresario industrial Enrique Menotti Pescarmona. Se desempeñaban como gerentes Ricardo José Dumanjó y José Ernesto Rodríguez. Esta empresa se desenvolvía sin mayores dificultades en el mercado, hasta que obtuvo un contrato para distribuir correspondencia de Telecom Argentina. A partir de allí comenzaron las presiones para sacarla del medio. El 15 de agosto de 1992 explotó una bomba en el local de la empresa (Guanahaní 176, Capital Federal). Al decir de uno de los gerentes, "esto fue la culminación de una campaña periodística en contra, liderada por Gerardo Daniel Hadad". Del sumario de los fiscales surge que los directivos recibieron llamados intimidatorios y que Menotti Pescarmona decidió vender su participación a raíz de estas intimidaciones. De la declaración de Gentile, socio mayoritario de AB Transportes entre 1992 y 1994, surge que los atentados y amenazas no se relacionaron con su actividad postal, pero sí claramente con la de transporte, a la que también se dedicaba como lo indica su razón social. La correspondencia trasladada por la empresa era frecuentemente robada. Esos mismos robos generaban sumarios de Encotel que producían incertidumbre entre los clientes del servicio de AB Transportes. Según declararon en el juicio los damnificados, la campaña de difamación contra esta empresa, a la que se acusó de estar en connivencia con Encotesa — cuando en realidad era perseguida por ésta— era liderada por Gerardo Daniel Hadad. Finalmente, el 15 de octubre de 1991 Gentile cedió "en comisión" el 30% de las cuotas sociales a Miguel Ángel Gandulla. El 15 de julio del año siguiente compareció a protocolizar los instrumentos legales de Gandulla su apoderado, el ya conocido Horacio de Azevedo. El 29 del mismo mes, Gandulla designó comitente a Jorge Carlos Aires. Según Gentile, Gerardo Daniel Hadad y Enrique Szewach fueron los más activos en la campaña de desprestigio contra la empresa. Miguel Ángel Gandulla, el supuesto comprador en comisión, que luego designaría un comitente que destruiría judicialmente a la empresa, no es otro que el apoderado de Transportes Andreani S.A. Figura además como titular del 30% de las cuotas sociales de International Bounded Couriers S.R.L., dato recogido en la Inspección General de Justicia.

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Vinculación con funcionarios Alfredo Yabrán niega ser propietario de varias empresas, las que a su vez se valieron de funcionarios públicos para lograr los objetivos del "grupo". Veamos algunos casos por demás ilustrativos. Vacalluzo (Encotel) Raúl Carmelo Vacalluzo es un abogado que fuera nombrado interventor de Encotel por decreto 398 del 26 de febrero de 1990. Inmediatamente de asumir Vacalluzo designó asesor de Encotel al comisario Carlos Juvenal Romero Villar, presidente del directorio de Orgamer S.A. que, como ya se ha dicho, es una de las empresas del "grupo" que se ocupa de cuestiones de seguridad. El abogado Vacalluzo compartía su estudio jurídico, ubicado en Lavalle 1290, subsuelo, oficina 18, de la Capital Federal (según constancia del Colegio Público de Abogados), con su colega Carlos Alberto Cofiño, quien fuera apoderado de Oca en numerosas presentaciones ante Encotel, y en ese mismo carácter integró, durante la intervención de Vacalluzo, la Comisión Asesora de Encotel para el otorgamiento de permisos, un puesto clave para los intereses del "grupo". Encotel renovó con gran anticipación los permisos para operar de Ocasa, Oca y Sky Cab, y el 20 de junio de 1990 se dispuso el cierre del registro de nuevos permisionarios y la prohibición de hacerlo a todos aquellos que, habiéndole obtenido antes de esa fecha, no hubieran iniciado sus actividades postales, mostrando así la conducta anticompetitiva y oligopólica del grupo. Veamos finalmente dos casos de licitaciones dirigidas a excluir de antemano a determinados oferentes, en particular a Encotesa. Automóvil Club Argentino. Licitación 26.100 para la provisión del servicio de transporte y entrega de documentación y correspondencia. La apertura de los sobres con las ofertas se realizó el 28 de octubre de 1994. Si bien esta licitación corresponde a una institución privada, el pliego de bases y condiciones contenía cláusulas excluyentes. El sistema de licitación era de doble sobre, y la oferta de Encotesa fue excluida por no superar la evaluación del sobre número 1. El servicio lo prestaba y lo presta Oca. Banco Hipotecario Nacional. Licitación pública 249/93 para la provisión del servicio de distribución y acondicionamiento de distintos tipos de documentación emitida por el banco. A continuación enumeraremos las cláusulas limitantes para la participación de Encotesa.

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• Infraestructura para el mantenimiento de los vehículos, ubicación de los talleres de mantenimiento, los cuales deben ser operados por personal propio. • Nómina completa de la flota automotor propiedad del oferente, cuya antigüedad no debe superar los cinco años. • Flota automotor tipo pick-up, capacidad de carga de hasta 750 kg. y carrocería metálica. • Detalle de la ingeniería propuesta para el sistema de seguimiento y control, cuyo empleo y funcionamiento deberá acreditarse con una antigüedad mínima de dos años. • La evaluación de las prestaciones se efectuó sobre la base de parámetros que otorgaban puntaje. En el caso de la antigüedad de la empresa se computaba a partir de la fecha de constitución de la sociedad. El puntaje máximo era de 5 puntos (más de 9.1 años de antigüedad). En el caso de Encotesa, de acuerdo a la fecha en que se aprobó el estatuto, le hubieran correspondido 0.5 puntos. Esto es un absurdo si se considera que Encotesa fue la continuación formal y legal del Correo Argentino, con el que ninguna empresa postal del país puede competir en el rubro antigüedad. Otros tres casos similares fueron los concursos desarrollados para la provisión de servicios similares a la Anssal, al Ministerio de Justicia y al Banco de la Provincia de Tucumán, todos ganados por Oca y de los que fue excluida Encotesa. ARCHIVADO REF.: ZNC317 20-10-1996

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Mafia y globalización Existe un modelo de acumulación mafioso aunque no por ello menos capitalista. Se trata de una forma irregular de obtener y multiplicar beneficios, en el sentido de que representa una captura de ganancias definida por la violación sistemática de leyes, códigos —salvo los propios— y regulaciones de cualquier tipo, generadas por el propio capitalismo para defenderse del caos. Además, la mafia no paga impuestos y cuando le interesa un negocio desconoce el no. Sólo respeta los límites que puede ponerle el poder político cuando no está contaminado por ella, aunque tratará de torcer esa voluntad con su método de acceso favorito: la corrupción. La mafia está internacionalizada. Es fuerte en Italia, Francia y el norte de África, y maneja el enorme mercado negro de Rusia y los ex países comunistas. Está instalada desde tiempo inmemorial en China y Japón. En estados Unidos ya era poderosa antes de la Gran Depresión y se robusteció tras la Segunda Guerra Mundial, en la que colaboró con el ejército vencedor. Bolivia, Perú, Colombia y México son los cuatro países que cosechan, producen, fraccionan y transportan la droga hacia los Estados Unidos, donde vive el 40% de los consumidores del mundo. Allí la droga pura se "corta" varias veces con otras sustancias hasta que llega por fin al adicto convertida en dosis. Desde varios países se envía droga a Europa. También desde la Argentina, que se ha incorporado al mapa de América como creciente mercado de consumo, pero sobre todo de tránsito. El paso siguiente del negocio ya entra en una zona gris de semilegalidad, puesto que para lavar el dinero sucio de la droga se necesita la vista gorda o la cooperación directa de los bancos. Ninguna de las grandes instituciones financieras del mundo se perdería su parte en el 17% que les corresponde por lavar una facturación anual del orden de los 350.000 millones de dólares, lo que deja una ganancia de 60.000 millones de dólares, algo así como 5.000 millones por mes. Pero las mafias no son iguales en todos los países ni trafican con lo mismo, si bien todas comparten las características de ilegalidad, violencia y una vinculación más o menos sórdida y cambiante con el poder, o mejor dicho con los poderes que controlan la sociedad. Como también administran negocios limpios o de superficie, su formidable capacidad de acumulación ha llevado a los cárteles colombianos, por ejemplo, a utilizar su enorme poder económico para disputar el poder político, lo que desembocó en un duro enfrentamiento militar que a poco estuvo de iniciar una guerra civil. Antes de esa etapa, el cártel de Medellín había lanzado su propio partido político, el Movimiento de Recuperación Nacional (Morena), con el que obtuvo

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representantes en varios distritos. Después fue ilegalizado. Para comprender la naturaleza estructural de ese conflicto basta con repasar unas pocas cifras. La droga genera en Colombia, en el cálculo más modesto, ingresos por aproximadamente 10.000.000.000 de dólares al año, en tanto que, sumadas, las fracciones tradicionales de la burguesía colombiana (agrícola, cafetalera, esmeraldera e industrial, ésta última incipiente) quedan bastante lejos de los diez ceros. Mafia y poder, violencia y volúmenes de acumulación, recursos suficientes para competir con el poder político o asociarse con él, en un inacabable minué de desconfianza, traiciones y ajustes de cuentas. Por fin, cuando el desacuerdo entre las mafias y el poder se vuelve inmanejable, sobreviene una escalada de asesinatos y atentados, lo que provoca una grave alteración de la paz y también de la democracia. El ejemplo de Colombia ya ha sido suficientemente difundido. Pero no ocurre lo mismo con el de México, donde hace dos años la violencia conmovió al país en plena campaña electoral y provocó una serie de crímenes políticos, a consecuencia de los cuales fue detenido y procesado el hermano del entonces presidente de la Nación. Insistentes denuncias realizadas dentro y fuera de México le atribuyen al ex presidente Salinas de Gortari una suerte de condescendencia con el llamado cártel de la Costa. El grado de compromiso institucional va en aumento y ya ha penetrado las estructuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder). Posteriormente dos generales del ejército mexicano, encargados de reprimir el narcotráfico, fueron denunciados por la DEA (Drug Enforcement Agency) debido al amparo dado a las bandas que ingresan drogas en los Estados Unidos. En la Argentina, esta vinculación roza virtualmente a todos los poderes reales del país, a saber: Ejecutivo Protección política a cambio de dinero para las campañas electorales y negocios ilegales diversos, como por ejemplo el todavía no aclarado caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, en el que están involucrado el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y los empresarios Emir Yoma, ex cuñado del presidente de la Nación, y Alfredo Yabrán. Esta conexión no es nueva. Empezó a gestarse durante la última dictadura militar y continuó bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Parlamentario y judicial Amparo por dinero o favores, personales o políticos, presentes o futuros. Policíaco y militar Protección, negocios y rentas compartidas. Dos ejemplos: Yabrán es socio de la Fuerza Aérea en Edcadassa y de la Policía Federal en la impresión de documentos de identidad.

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Un sector de la Iglesia ¿Colaboración económica a cambio de tolerancia complaciente, como en Italia? Un conocido obispo de Córdoba fue denunciado en este sentido, aunque desmintió toda conexión. La llamada Mafia de la Costa es un ejemplo del modus operandi de estas bandas (en este caso una combinación de políticos locales, policías y ladrones) en la franja de mar que va desde Villa Gesell, balneario favorito de la juventud, hasta Pinamar, capital de verano de la Argentina desde que está mal visto que los políticos pasen sus vacaciones en Punta del Este. Ese territorio incluye los balnearios de Cariló (selecto y sofisticado), Valeria del Mar y Ostende (más acordes con las posibilidades de la clase media). En la década del 90 estos tres balnearios, y sobre todo el último —más despoblado— se han convertido en el lugar de peregrinaje estival de intelectuales, artistas y profesionales de los medios. ¿Cómo opera allí la Mafia de la Costa o mafia chica, a la que muchos insisten en atribuir la ejecución del crimen de Cabezas? Los políticos conducen y aportan el pararrayos, la policía pone la oficialidad y abre el paraguas, mientras que los soldados, simples delincuentes comunes, salen a la calle y se mojan. El menú es poco creativo pero altamente rentable: negociados que involucran necesariamente a la municipalidad, venta de drogas y desvalijamiento de viviendas. Hasta el asesinato de Cabezas ése es el juego que más le gustaba jugar, si no a toda, por lo menos a buena parte de la policía de la costa. El robo de chalés se perpetra fácil y tranquilamente durante nueve meses al año, ya que la mayoría de ellos sólo está ocupado durante el verano. Aunque de diciembre a marzo mueve mucho dinero, la mafia chica no condiciona mayormente el desarrollo de la economía, ya que sólo involucra a los adictos, a los lugareños y a los propietarios de casas. La mafia grande sí lo hace, porque sus operaciones impactan sobre el escenario nacional de los negocios e influyen en la imagen del país. La mafia grande altera parámetros fundamentales para el desenvolvimiento de la actividad económica, como ser: Estabilidad institucional • Renuncia del ministro de Justicia, Elías Jassán, por sus negadas vinculaciones con Yabrán (de una de cuyas empresas, Interbaires, había sido ejecutivo antes de acceder a la función pública), luego confirmadas fuera de toda duda. • Recepción del empresario postal en la Casa Rosada por parte del ministro coordinador Jorge Rodríguez. • Persistentes denuncias contra el ministro del Interior Carlos Corach, por sus vinculaciones con Yabrán, que motivaron más de un pedido de interpelación y varios de juicio político por parte de la oposición, todos ellos fracasados. • Defensa pública de Yabrán por parte del presidente Carlos Menem y del ex diputado y jefe de la bancada radical durante el gobierno de Raúl

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Alfonsín, Chacho Jaroslavsky.1 Seguridad pública • En sus operaciones de superficie, Yabrán y sus asociados controlan, entre otros sectores importantes de la economía, la más grande compañía de correo privado hasta la reciente privatización del Correo Central, el sector de carga y free-shop de los aeropuertos, la impresión y distribución de documentos de identidad y de cheques y valores bancarios y la confección de documentación de automotores, así como un importante número de empresas de seguridad, acusadas de emplear a ex represores de la dictadura militar. • El grupo pretendía adquirir también el Correo Central, pero tuvieron que desistir ante la presión de la opinión pública y de las empresas locales e internacionales interesadas en participar de su privatización. • El contrabando de oro por el que está procesado en los Estados Unidos el financista Enrique Piana, dueño de la casa de cambios homónima. Durante la investigación de este negociado en la Argentina fue agredido varias veces el fiscal Pablo Lanusse y en otra oportunidad una de sus hermanas. • "Piana sería una de las puertas de acceso a EE.UU. para el lavado de dinero proveniente de la Argentina". • Las conexiones de la mafia no son pequeñas. "Casa Piana aparece ligada a maniobras de sobrefacturación de manufacturas de oro, ingresadas a EE.UU. a través de las firmas Mold Dies & Novelties Corporation, Intergold Corporation y el Banco MTB". • Este banco neoyorkino "aparece relacionado con varios casos de corrupción vinculados a nuestro país: allí se depositaron las coimas, producto de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y se sospecha que hay ahí coimas del contrato IBM-Banco Nación". • Además, "desde una cuenta (en el MTB) de la firma Daforel — involucrada en la venta de armas— también se giraron dos millones de dólares a una empresa de Emir Yoma, ex cuñado de Carlos Menem"2. • Daforel es el anagrama de Alfredo, primer nombre de pila de Yabrán, y una de las empresas cuya propiedad se le adjudica. Seguridad jurídica • El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue quien realizó la segunda y más sonora denuncia pública del carácter mafioso de los negocios de Alfredo Yabrán y sus vinculaciones con el gobierno. El primer denunciante había sido el líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Alvarez. • Cavallo declaró reiteradamente que Jassán, Corach y el secretario privado de la presidencia, Alberto Kohan, estaban estrechamente vinculados con 1

Periodistas parlamentarios dignos de crédito aseguran que Jaroslavsky nunca obtuvo réditos personales de esta amistad públicamente reconocida. Los autores de este libro comparten esa opinión. 2 Los cuatro párrafos encomillados fueron publicados en la página 10 del Diario Clarín en su edición del 22 de agosto de 1997.

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Yabrán, y los hizo responsables, en combinación con jueces federales controlados aparentemente por el segundo, de un complot para enviarlo a la cárcel u obtener una condena que impida su postulación como diputado nacional. Mayor o menor grado de acatamiento de las leyes • Esto tiene influencia directa sobre las costumbres socialmente aceptadas y la moral pública. Evasión impositiva • Repercusión directa sobre el déficit fiscal, y por ende sobre los recursos disponibles para el gasto social. Violencia • Crímenes sin castigo, numerosas víctimas del gatillo fácil, asesinatos vandálicos como el de José Luis Cabezas y una luctuosa cadena de violencia impune. La suma de estos elementos y circunstancias incide negativamente sobre la marcha de la economía y sobre la imagen del país en el exterior, lo que reinicia el círculo vicioso. En este sentido es un secreto a voces que los grandes capitales internacionales que se mueven en el negocio de la carne no están dispuestos a invertir en el país —elegible si los hay en este rubro— hasta que no se discipline a grandes operadores que obtienen desde el arranque una indescontable ventaja del 30% porque no pagan impuestos. El mejor ejemplo es el "rey de las vacas" Alberto Samid —varias veces denunciado por la DGI por evasión impositiva— quien cuenta para ello con la colaboración de la policía bonaerense, cuya tarea es hacer la vista gorda frente a la circulación de enormes camiones jaula por todo el territorio provincial, todos los días, desde y hacia todos los destinos, con documentación inexistente o fraguada. Sin la colaboración de la bonaerense este delito sería irrealizable.3

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Abundante información sobre las prácticas, usos y costumbres de las policías Federal y bonaerense, en los siguientes libros y revistas: "Amia, el atentado", de Juan José Salinas, Editorial Planeta, Colección Espejo de la Argentina, segunda edición, Buenos Aires, 1997. "La bonaerense", de Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer, Editorial Planeta, Colección Espejo de la Argentina, primera edición, Buenos Aires, 1997. "¿Cómo lo arreglamos? La policía: podemos cambiarla", de Rodolfo Pascolo, Editorial Catálogos, primera edición, Buenos Aires, 1997. Revista Noticias, informe especial "Maldita Policía" y números siguientes al asesinato de Cabezas.

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Carne podrida Entre los quinientos testimonios recogidos por el juez Macchi en los 100 tomos que ya ha acumulado la causa, hay uno que ocupa cinco fojas y es absolutamente desconocido. Esta denuncia fue formulada por una mujer joven, con reserva de identidad, el 7 de febrero, y está incorporada a la causa en fojas 3780 a 3785, ambas incluidas. Fue tomada por las fiscales María Elena Brignoles de Nazar y Claudia Inés Cachaza. A pesar de la íntima repugnancia que les provoca el manejo de esta información, los autores consideran un deber de objetividad incluirla en el libro puesto que figura en la causa. La denunciante asegura haber conocido a Cabezas en el verano de 1995 en Pinamar, en el balneario Cocodrilo. Agrega que lo volvió a encontrar en el mismo lugar, en enero de 1996, y por tercera vez en los primeros días de enero de 1997, en esa oportunidad en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. "El 12 de enero lo volví a ver, esta vez en una confitería de Valeria del Mar, en momentos en que estaba conversando con un muchacho, sentados los dos solos". Al acercarse la denunciante, "el joven que estaba con Cabezas se puso de pie y se fue rápidamente, dejándolo muy alterado", afirmó. Dijo después que Cabezas, al verla, le comentó vagamente que estaba negociando algo, negándose sin embargo a explicar de qué se trataba. En tales circunstancias, la declarante hizo ademán de retirarse, pero Cabezas la tomó de un brazo, con fuerza, y le pidió que se quedara. "Por la forma como me apretó el brazo me di cuenta de que tenía necesidad de ser escuchado. Entonces nos cruzamos a otro boliche, creo que su nombre es Snack. Cabezas llevaba un bolso, de esos que usan los fotógrafos, con manija larga porque lo llevaba colgando del hombro", contó. Cabezas abrió el bolso, del que sacó unas diez o quince fotos color, y le dijo: "Ahí tenés a Yabrán". La denunciante sostuvo que tales fotos "fueron tomadas en una habitación en la que se ve una cama matrimonial, con sábanas color celeste o lila, sin respaldo". Mirando la cama de frente —dijo— "se ve a un varón recostado en ella, desnudo; del lado izquierdo se ve a otro varón, de aproximadamente 15 años, y del lado derecho se ve a una mujer, también desnuda, de aproximadamente 25 años, y a los pies de la cama, con las manos apoyadas en ella y la cabeza agachada, se ve a otro menor, también desnudo, que en esos momentos estaba siendo penetrado sexualmente por el ano por una persona a la que Cabezas identificó como Yabrán". Y amplió detalles señalando que el fotógrafo le dijo que en ese tipo de fiestas se consumía mucha droga, y que uno de los chicos que participaba "se dio

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vuelta y desapareció". Aquí no se comprende cabalmente el alcance de la expresión "se dio vuelta" (si es literal o traduce metafóricamente el efecto provocado por la droga), de modo que no queda claro si el menor murió o se marchó. Siempre según la denunciante, Cabezas le habría dicho que estaba en negociaciones por esas fotos, y que un tal "Rafa" era el contacto entre él y Yabrán. En la jerga periodística estas versiones se conocen como "carne podrida" y se toman con pinzas. Esta en particular agravia en su honor tanto a José Luis Cabezas como a Alfredo Yabrán, ya que el primero aparece como un chantajista y el segundo como un degenerado. Pero ¿por qué?, ¿para qué? Es evidente que la versión tiene, por lo menos, tres lecturas: 1) Perjudica a Cabezas para favorecer a sus asesinos. 2) Perjudica a Yabrán para comprometerlo todavía más ante la opinión pública. 3) Los perjudica a ambos —ya que tal como está formulada no puede favorecer sólo a uno de ellos— para aliviar la situación de los policía procesados. ¿Cuál fue la especulación y cuáles las intenciones? ¿A quién hubiera beneficiado si, realmente, esa bajeza pudiera beneficiar a alguien? Quizá la revelación del nombre de la denunciante podría dar alguna pista para rastrear el origen y propósito de la versión, que queda consignada sólo a beneficio de inventario. Cinco días después, el 12 de febrero —y esta vez ante el juzgado de José Luis Macchi—, se presentó Francisco Benzi, un periodista de un canal de televisión local y de la radio FM Bosques. Aunque no hay prueba alguna —en estos casos es difícil obtenerlas— en medios periodísticos de La Plata se asegura que este hombre tiene vinculaciones con algún servicio de inteligencia, presumiblemente con el de la Armada. Benzi denunció que el lunes siguiente al crimen de Cabezas se había presentado en su lugar de trabajo (¿cuál?), una mujer que se identificó con una cédula de identidad de la Policía Federal como Rosa Gallo, y exhibió además dos pasaportes, uno argentino y otro italiano, donde figuraba como Beatriz Gallo. Añadió que la mujer estaba muy mal vestida y con signos evidentes de haber recibido una paliza. "Tenía golpes en el rostro y un gran hematoma, y vino a pedir ayuda porque había sido agredida por su marido, al que suponía vinculado con el crimen de Cabezas", explicó Benzi en el juzgado. Dijo también que Rosa o Beatriz Gallo había observado hechos y actitudes extrañas por parte de gente que acudía a su domicilio; como la aparición de botellas de ácido sulfúrico y planchas de telgopor, elementos que, combinados con nafta, permiten obtener una sustancia viscosa altamente combustible, tipo napalm. La mujer, según la denuncia de Benzi asentada en fojas 1820, 1821 y 1822, aclaró que su pareja había pertenecido a una empresa de seguridad, que antes había trabajado para la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y que en esos momentos colaboraba con la policía de la provincia de Buenos Aires.

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Añadió también que el asesinato de Cabezas era frecuentemente comentado durante las reuniones que se realizaban en su casa. Por ese motivo Benzi señaló en su declaración que le proveyó a la mujer un micrófono disimulado en una lapicera (¿cómo y dónde lo obtuvo?) y le pidió que aprovechara para registrar a su concubino cuando hablara del tema. Posteriormente, siempre según Benzi, la mujer le informó que su pareja, en un ataque de nervios, le había dicho textualmente: "Aquí hay mucha gente importante que nos banca y de la misma forma que hicimos mierda al gordo Cabezas te vamos a hacer mierda a vos y no te vamos a pagar". Al concluir su exposición Benzi aclaró que vivía de su profesión de periodista, que no tiene retribución ni sueldo de ningún organismo (¿de inteligencia?) oficial ni privado, y que no tenía interés en la recompensa ofrecida por el gobernador Duhalde. "Aporto estos datos como deber y obligación de ciudadano, y sólo porque quiero colaborar para que se esclarezca el hecho y se descubra la verdad", declaró antes de firmar su exposición ante el juez. El tema de la mujer golpeada no volvió a tratarse en la causa. ¿Cómo se llama su marido, el presunto colaborador de la bonaerense? ¿Quién es la gente que se reunía en su casa? ¿Quién o quiénes eran los destinatarios de las bombas tipo napalm? Como antes, como casi siempre, muchas preguntas y ninguna respuesta.

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Los Pepitos o un crimen sin móvil En Pinamar el asesinato de Cabezas fue la gota que colmó el vaso. El crimen que había costado una vida joven e irrecuperable sirvió al menos para desnudar una trama corrupta que incluía: - policías de la costa cebados en el delito; - el malambo que la policía de General Madariaga bailó sobre el escenario del crimen; - la complicidad de algunos profesionales de la medicina forense, responsables de estropear la buena investigación que debió hacerse en la mesa de mármol; - los negociados en la intendencia, cuyo principal responsable, Blas Altieri, fue acusado de todo tipo de ilícitos, muchos de los cuales habrían sido cometidos, según el tenor de las denuncias, en complicidad con Alfredo Yabrán; - el propio Yabrán, sobre quien recayeron gravísimas sospechas de haber sido el autor intelectual del crimen. Pero no es la primera vez que un asesinato ilumina sórdidos rincones de la realidad. Así ocurrió, por ejemplo, con los siguientes casos: - Cecilia Giubileo, una doctora cuya misteriosa desaparición en la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca reveló una historia digna de aparecer en alguno de los círculos del infierno imaginados por el Dante. - Graciela Celihueta, médica veterinaria desaparecida en Necochea. - Oriel Briant, la bella profesora de inglés de City Bell. - Silvia Angélica Cicconi, la adolescente de Mar del Plata ultimada en su habitación de diecisiete puñaladas. - Kuhne y Edward, dos mujeres asesinadas en Salta, donde todavía las recuerdan como víctimas del narcotráfico. - Nahir Mostafá, de Tres Arroyos. - Jimena Hernández, la niña encontrada muerta en la piscina del colegio al que concurría; - María Soledad Morales, cuyo asesinato ya ha generado tres juicios pero está lejos de resolverse, y que virtualmente acabó con la carrera política del ex gobernador Ramón Saadi. Todos estos crímenes aberrantes tuvieron un denominador común: la policía ocultó pruebas, el poder político presionó a los jueces y los periodistas que intentaron investigar fueron amenazados de muerte o agredidos hasta obligarlos a desistir. Con estos antecedentes a la vista, ¿cómo hubiera podido ser distinto el

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caso Cabezas, sobre todo considerando el tipo de hormigueros que la línea editorial de la revista Noticias venía pateando en los últimos tiempos? Sólo un ingenuo podría haberse sorprendido por la sistemática destrucción de pruebas y el embarramiento de la causa, o por el intento de presentar a un grupo de "perejiles" (que en la jerga de la policía son aquellos que poco o nada tienen que ver con el crimen que se investiga) como responsables de un asesinato que ni siquiera soñaron cometer. Los llamados delincuentes comunes (se les dice así, suponemos, porque debe haber otros que son especiales) tienen una psicología. No hacen cualquier cosa. Por lo general imaginan la posibilidad de dar golpes que les reporten la mayor cantidad posible de dinero con el mínimo riesgo, y sólo algunos de ellos buscan además un cierto prestigio en el ambiente. Pero todos tratan, siempre, de no ser descubiertos y los mejores profesionales del delito planifican cuidadosamente la destrucción de sus huellas. En su lenguaje, ser descubierto y encarcelado es "perder". Y todos, sin excepciones, quieren ganar. Sólo aquellos que se sienten totalmente impunes pueden matar como mataron los asesinos de Cabezas. Tras las primeras actuaciones y superada la inútil y farragosa etapa de los identikits, se consideró que había llegado el momento de mostrar sospechosos y detenidos, futuros procesados. También sobre esto hay antecedentes para todos los gustos. Veamos unos pocos ejemplos: - Carmelo Piaquadío, un pobre barrendero oligofrénico que casi paga lo que no debía en el asesinato de Nahir Mostafá. - El vidriero Minse, un hombre honesto y trabajador, que era el novio de la asesinada Oriel Briant y al que se le hizo la vida imposible. - El "Pacha" Pérez, un inocente acusado de asesinato en el caso de la joven Cicconi, mencionado más arriba. Del mismo modo entró en escena la banda de Los Pepitos. Margarita Graciela Di Tulio, alias "Pepita la pistolera", vivía con comodidad en Mar del Plata. No podía equipararse, por supuesto, con la madre Teresa de Calcuta, ni lo intentaba, ya que es dueña de un respetable prontuario donde la droga se da la mano con el proxenetismo. Pepita es una conocida madama de aquella ciudad. En agosto de 1985 le atribuyeron el triple homicidio de los hermanos Losada —Alejandro y Mario— y de su amigo Omar Córdoba, acribillados en un episodio de oscura trama que nunca terminó de aclararse. Flavio Steck, Pedro Villegas, Domingo Dominicetti y Luis Martínez Maidana, un uruguayo de 49 años, completaron el quinteto que debía tocar una partitura escrita con los codos. Según de quién se tratara, los cinco fueron acusados de haber planificado, participado y/o dirigido el crimen de Cabezas. Hubo, naturalmente, horas y horas de ruedas de presos, careos e indagatorias, y numerosos allanamientos. En una de las tantas febriles diligencias, una noche fue virtualmente tomada por asalto la vivienda de Martínez Maidana, donde se secuestró un revólver Colt calibre 32 largo, que se hallaba en el estante superior de un placard ubicado en su dormitorio. A la vista.

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Haría rechinar los dientes de un experto en balística el tratamiento recibido por el arma que presuntamente había sido utilizada para ultimar al fotógrafo. Bastaría señalar que uno de los oficiales que participó del procedimiento la retiró del estante y se la colocó al cinto, al mejor estilo far-west, y se la llevó puesta —suponemos— hacia el peritaje, sin tomar ninguno de los recaudos que aconsejan los manuales de criminalística. Horas después alguien tuvo la desfachatez de anunciar que el caso estaba resuelto, que el arma asesina había sido secuestrada y que la banda de Los Pepitos era la responsable del crimen. Los periodistas no salían de su asombro ante semejante falta de escrúpulos, y los más experimentados pusieron rápidamente sobre aviso a sus redacciones. En ningún medio importante del país se tomó en serio la culpabilidad de Los Pepitos, porque no cerraba ni con siete llaves. Sobre llovido, mojado. Sorpresivamente —y en una franca intromisión en los asuntos de la Justicia— el ministro del Interior Carlos Corach y el secretario privado de la Presidencia, Alberto Kohan se entrevistaron a puertas cerradas con José Luis Macchi. No bien descendieron del helicóptero que los había transportado desde la Casa Rosada hasta un campo en las afueras de Dolores, los dos funcionarios se dirigieron al despacho del juez, quien vulneró el secreto de sumario —dispuesto por él mismo— al contar a sus inesperados visitantes las últimas novedades surgidas tras la detención de los cinco Pepitos. Siete horas después de haberse entrevistado con Macchi, Corach anunciaba públicamente en la Casa de Gobierno que una de las tres armas secuestradas —la de Martínez Maidana— había sido utilizada para dar muerte a Cabezas. Más que un error por desprolijidad fue un papelón por urgencia. Corach quería terminar de envolver el paquete, entregarlo y olvidarse del asunto lo antes posible. A la pasada, cabe recordar que en los días inmediatamente posteriores al asesinato, el único dirigente de primera línea del justicialismo que se hizo ver fue el antecesor de Corach en el ministerio del Interior, Eduardo Bauzá, que ya había mudado su despacho de la Casa Rosada al Congreso. Y nadie lo hostigó ni lo molestó en absoluto, quizá por respeto a un hombre que había salido a dar la cara por algo que no debía. La pericia balística tuvo graves imperfecciones técnicas. Porque no sólo fue imposible probar que ese Colt 32 era el arma utilizada por los asesinos sino que tampoco se pudo demostrar cómo había hecho para llegar a la cava. El circuito placard de Maidana-Cava-placard de Maidana era más difícil de recorrer que el autódromo de Nurburgring en triciclo durante una carrera de Fórmula 1. El papelón del ministro del Interior dio pie a las primeras muestras de humor de los periodistas que cubrían el asesinato. El Colt 32 de Maidana pasó a ser conocido como "el revólver volador". Lo demás es historia conocida. La Cámara Penal de Dolores fue disponiendo, una a una, las libertades de Los Pepitos por falta de mérito. Los

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expertos en balística del SEIT, que habían examinado el proyectil, recibieron durísimas críticas. El informe según el cual el Colt 32 de Maidana era el arma del crimen fue sepultado por pericias posteriores, lo que provocó la renuncia de un alto y prestigioso jefe del servicio. La historia de Los Pepitos podría terminar aquí, aunque para ser justos con ellos —que no la pasaron nada bien— hay que consignar que posteriormente se conocieron gravísimas denuncias por el tratamiento que el grupo policial encargado del allanamiento en el domicilio de Martínez Maidana le dio al arma del uruguayo, llegando inclusive a dispararla en un descampado con el único propósito de justificar en el laboratorio su uso reciente. Pero sería incorrecto no mencionar que la única acusación que recayó sobre Los Pepitos provino de un oscuro personaje que el comisario inspector Jorge David Pombo recomendara al Comisario Mayor Víctor Fogelmann y al juez Macchi, el 7 de febrero, aparentemente por una sugerencia originada en el edificio Libertad. Cinco días después de aquel escrito de Pombo, Carlos Alberto Redruello estaba frente al juez Macchi dispuesto a firmar lo declarado a fojas 1235 y 1236. En esa oportunidad Redruello admitió que había cumplido con una condena en la cárcel de Bahía Blanca por falsificación de documentos de automotores. Le recordó al magistrado que quien había llevado esa causa era el doctor Fava, titular del Juzgado Criminal Número 2 de aquella ciudad. Redruello expuso también que antes, en 1978, había purgado otra condena por delitos similares en una cárcel de San Juan. Y no vaciló en admitir que ambicionaba la recompensa de 300.000 pesos que había ofrecido el gobernador Duhalde para todo aquel que colaborara en el esclarecimiento del crimen de Cabezas. Formalizados los "mea culpa" de rigor, con fecha 13 de febrero, Redruello se ofreció para actuar como agente encubierto y aportar los datos necesarios para detener a la banda de Los Pepitos. En fojas 1824 y 1825 dejó constancias de una reunión mantenida a mediados de diciembre de 1997 con Domingo Dominicetti (de quien había sido compañero de celda en algún penal). En esa oportunidad alguien, cuyo nombre no recordaba, había comentado que "la gorda Di Tulio estaba muy molesta con un chabón de la revista Noticias" (sic), sin poder precisar ningún otro detalle. En esa audiencia Redruello contó además que en ningún momento de la reunión se dijeron nombres ni apellidos, pero que al retornar diez días después a Punta Alta, donde vivía, y enterarse el sábado 25 de enero que en una cava ubicada en General Madariaga habían asesinado y quemado a un fotógrafo, no tuvo la menor duda de que se trataba "del chabón de la revista Noticias" que había provocado el fastidio "de la gorda Margarita". Carlos Alberto Redruello salió del juzgado de Macchi a bordo de un Renault 18, con un teléfono celular y 25.000 pesos en el bolsillo —que alguien o algunos le proporcionaron generosamente— convertido en el agente encubierto que haría encarcelar temporariamente a Los Pepitos. Y así nomás, con esa única acusación formulada por un individuo que no tenía otra carta de presentación que su prontuario, y en el lenguaje del hampa,

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"Los Pepitos no tuvieron más remedio que comerse el garrón". Y al menos para los periodistas acampados en Dolores, Corach ya había empezado a ser "el revólver más rápido de la costa".

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De Los Pepitos a Ríos "¿Vos apretaste el gatillo?" "¿Por orden de quién lo mataste?" "¿Sos el único responsable?" Un scrum de periodistas lo apuró con estas preguntas cuando el ex oficial de la bonaerense, esposado a la espalda, ingresaba, hosco, al despacho del juez Macchi. Al salir se repitieron la escena y las preguntas. Esta vez Prellezo contestó. Sin darse vuelta y antes de ser introducido en el automóvil que lo llevaría otra vez a la cárcel, gritó: "¿Por qué no le preguntan a los represores?" Aunque esa respuesta no inquietó a nadie, desorientó a la mayoría, a tal punto que no se escucharon especulaciones sobre su significado. En julio la escena volvió a repetirse y las preguntas, palabras más o menos, fueron las mismas. Esta vez Prellezo era conducido a las oficinas periciales de La Plata, donde sería examinado nuevamente por los psiquiatras José Antonio Abásolo y Silvia Dulau Dumm. El presunto autor material del crimen de Cabezas debió cruzar otra vez por un campo minado de flashes, grabadores, micrófonos y cámaras de televisión. Y cuando el celular arrancaba volvió a gritar: "No se olviden del proceso que se instaló en el 76". En ambos casos el ex policía pudo haber negado la autoría del crimen, aceptarla o permanecer callado. O dar un nombre. En cambio prefirió culpar a los represores en general, lo que los periodistas interpretaron como un consejo de su abogado. Ya se sabe que en la galería del terrorismo de Estado el horror se disimula bastante bien; cualquier crimen parece menos criminal comparado con el infierno de un campo de concentración. Pero una vez a solas con la pareja de psiquiatras, Prellezo habló del crimen. Contó quién le dio la orden de contratar a los matones de Los Hornos, a quienes llamó "perejiles". La idea no era matar a Cabezas sino "apretarlo para que se asustara". "Sí, fue Yabrán", admitió Prellezo, según el testimonio brindado por los psiquiatras.

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La cava "Le tiraron el muerto al gobernador. Es un mensaje. Él sabrá lo que quiere decir", se empezó a comentar en Pinamar, y según fuentes insospechables el propio Duhalde lo tomó así. No había mucho espacio para especular con otra hipótesis. Poco después del asesinato Duhalde pasó a escasos 20 metros de la cava rumbo a una de sus conocidas excursiones de pesca en las Saladas Grandes. Preguntó qué había pasado y después de informarse y meditar unos minutos, dijo secamente: "Vamos..." Las características de la cava son atípicas si se las coteja con el resto de las que se hacen habitualmente en la zona para utilizar la tierra extraída en el relleno de pozos o en la construcción de caminos elevados. Bastaría con echar un vistazo para darse cuenta que no se trata de la clásica cava hecha por una máquina retroexcavadora, que al concluir deja en el terreno un agujero de aproximadamente 3 metros de profundidad por unos 2 metros de diámetro. Por su suave declive, la cava abierta frente a una de las tranqueras de la estancia Los Manantiales parece más bien una rampa de las que se utilizan en las playas de estacionamiento. La rampa inicia su descenso casi sobre el camino que conecta la ruta 11 con la 74. Tiene un ancho de aproximadamente 4 metros y va descendiendo suavemente en un recorrido de unos 5 metros hasta topar con su fondo, una pared de dos metros y medio. Esa curiosa y sugestiva ingeniería debió llamar la atención de los investigadores y del juez Macchi cuando la reconocieron, porque su diseño ofrecía elementos claros para pensar en un acto premeditado. El intendente de General Madariaga, ingeniero Raúl A. Marcovich, intentó al principio una explicación. "Lo que ocurrió es que teníamos rota la única retroexcavadora del municipio y se tuvo que utilizar una pala mecánica; fue una excepción y no debe prestarse a malas interpretaciones", dijo. Pero el 6 de febrero, en el Escuadrón de Caballería de Pinamar, se presentó Oscar Domingo Cano, suboficial retirado de la policía bonaerense y hombre de gran experiencia en la zona. "Hice un análisis detallado de la forma en que ocurrieron los hechos y estoy en condiciones de aportar algunas conclusiones. Lo hago de manera espontánea, voluntaria y desinteresada", aclaró. Tras realizar algunas consideraciones sobre el móvil del crimen, Cano sostuvo que "los autores sabían que si el asesinato no era debidamente aclarado, chau credibilidad del gobernador Duhalde". Y añadió que el hecho de que el cadáver apareciera con las esposas puestas no había sido un olvido de los asesinos. "Fue parte del mensaje que quisieron enviar", afirmó. "Yo diría que existe la posibilidad de que hayan participado un 50% de

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custodios privados o ex integrantes de un grupo de tareas", consideró este hombre a diez días del crimen, cuando Macchi, Fogelmann y sus resfriados sabuesos no habían descubierto ni siquiera la "pista" de Los Pepitos. Y luego Cano se explayó: "puede ser que no utilizaran una pistola calibre 9 mm por temor al estampido, ya que a esa hora el balazo de un arma potente podía hacer mucho ruido y despertar a alguien. En pleno campo, a ras de tierra y en un pozo, una 9 mm haría un ruido cinco veces superior en el eco del amanecer, llevando el estruendo a unos dos kilómetros de distancia". En otro tramo de su declaración, Cano apuntó certeramente al núcleo del misterio. "A Cabezas lo interceptó algún conocido, es evidente. En Pinamar eso no es difícil (...). Pero una vez establecido el hecho de que han secuestrado a una persona, la han matado y le han prendido fuego, operando con total libertad y sin preocuparse por ocultar el cadáver, cabe preguntarse: ¿Quién era el jefe de la seccional? ¿Quién estaba de oficial de calle? ¿Qué personal tenía turno ese día entre la 1 y las 6 de la mañana?" Con una agudeza envidiable Cano continuó con su razonamiento: "Es raro que se haya tirado el auto con el cuerpo adentro en un lugar tan lejano y también resulta sospechosa la fecha en que se abrió la cava y el lugar donde se hizo. ¿Alguien se preguntó con qué fin se hizo y por qué se abrió allí? Quizás fue preparada a ese sólo efecto, para matar a Cabezas y mostrárselo a alguien, que se sabía que pasaría por allí, a metros de allí, y decirle: Duhalde, mirá lo que te hicimos". Las deducciones de este Sancho de la bonaerense deberían haber hecho enrojecer de vergüenza profesional a varios rocinantes, pero nadie se dio por aludido. Y la sorpresa no termina ahí. El mismo 6 de febrero Cano le propuso a un superior, el comisario inspector Jorge David Pombo —ese oficial que un tiempo después recomendaría al impostor Redruello por aparente sugerencia de la Armada y embarcaría con ello en el papelón de Los Pepitos tanto a Macchi como a Fogelmann— lo siguiente: "Sería de interés hacer la prueba balística de ecoresonancia para determinar, con testigos, el lugar de la ejecución y establecer cuántos vehículos, supongo que no menos de dos o tres, estuvieron en el lugar como apoyo..." Sherlock Holmes hubiera hecho una mueca de satisfacción, y Watson pudo haber escrito un comentario, si no agudo al menos elogioso. Edgar Allan Poe hubiera aprovechado a fondo ese aire siniestro de nocturnidad entre el campo y la playa, justo antes del amanecer, mientras que Phillip Marlowe hubiera encendido lentamente un cigarrillo, de esos rubios que él fumaba, sin filtro, antes de empezar a tomar nota mentalmente de cada elemento contradictorio, extraño, fuera de lugar y nosotros nos hubiéramos deleitado con el relato de esas deducciones en la prosa de Raymond Chandler. Hasta un esforzado cultor del género como el catalán Andreu Martín hubiera sacado mejor partido de esa madrugada. Pero Fogelmann y Macchi no se dedican a la literatura. Ojalá lo hicieran, entre pepito y pepito. Y remata Cano: "Yo creo que el señor Gabriel Micci debe saber algo que no cuenta; él debió percatarse en los días anteriores al secuestro y asesinato de

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Cabezas de que un grupo los estaba siguiendo, los estaba vigilando, porque así debió ser". No es que no haya policías agudos, es que no los toman en serio.

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La organización del asesinato Cuando la investigación se orientó hacia la banda mixta de lúmpenes y policías, el juez Macchi y los investigadores debieron sentir un gran alivio, aunque todavía los inquietaba una duda: ¿Para qué poder político o económico había trabajado Prellezo y, tal vez sin saberlo, la patota de Los Hornos? Es oportuno reproducir aquí un duro párrafo de la Cámara de Dolores dirigido a Macchi cuando éste revocó la prisión preventiva de Los Pepitos: "Llama poderosamente la atención que el señor magistrado no haya tomado medidas procesales pertinentes con los funcionarios policiales que prestaron distinto tipo de colaboración primero y luego obstaculizaron la investigación del crimen". Y añadía: "Esos graves e importantes obstáculos en la búsqueda de la verdad aparecen superados merced a una intensa y permanente movilización social que se tradujo, en gobernantes y gobernados, en una firme voluntad política comprometida a que José Luis Cabezas no fuera otra víctima más de un crimen impune al que aparecen vinculados funcionarios policiales". Para ese entonces el doctor Alejandro Vecchi, abogado de la familia Cabezas, ya se había cansado de pedirle al juez la detención de todos los policías que en la noche del crimen habían estado en la comisaría de Pinamar o cumpliendo funciones en la zona. El testimonio de Horacio Braga, uno de la banda que declaró diez horas ante Macchi, aportó los siguientes elementos: - "El 24 de enero estábamos durmiendo cuando Prellezo nos pasó a buscar. Ya sabíamos quién era el periodista. Lo habíamos visto el día del accidente del Land Rover (cuando Cabezas discutió con un inglés desconocido frente a un stand donde se exhibía ese vehículo). Ese día Prellezo manejaba su Fiat Uno blanco. Estábamos todos: Auge, Retana, Gonzáles y yo. Prellezo nos dijo que habían localizado a Cabezas en la playa UFO, al ir a buscarlo chocamos contra un Fiat 147 y tuvimos que parar. Vimos a Micci y a Cabezas en el Ford Fiesta, pero los perdimos porque Micci manejaba muy ligero. - "Volvimos al departamento de Valeria del Mar. Nos duchamos y después Prellezo nos pasó a buscar de nuevo porque —dijo— era el momento ideal para hacerlo. En el auto Prellezo recibió una llamada. Le confirmaron que Cabezas estaba en la fiesta de Andreani y fuimos para allá. Todavía pensábamos que nada más teníamos que apretarlo. Porque cuando viajamos por primera vez a la costa, Prellezo nos dijo que teníamos que apretar a una persona que lo estaba jodiendo a él y a Camaratta. Nos dijo que era un fotógrafo de medio pelo, un pelagatos. No se preocupen, no es nadie importante, nos dijo. - "Pero nos dimos cuenta que no era ningún pelagatos cuando Camaratta nos dio el número de Noticias, en Pinamar. Yo tenía que llamarlo, intentar que

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bajara y darle un susto. Cuando llamé me asusté y corté. Ahí nos dimos cuenta de que no era ningún pelagatos. Quisimos irnos pero no nos animamos. Prellezo nos había bancado todo. Ya estábamos jugados". En su prolongada exposición, Braga, el último de la banda en entregarse, explicó que en la muestra hecha por la firma Land-Rover, frente mismo a la comisaría de Pinamar, aquel 22 de enero, cuando el incidente de Cabezas con un inglés desconocido, él y sus tres compinches llegaron a estar a sólo dos metros de su futura víctima. "Fue el oficial Luna quien le avisó a Prellezo que el fotógrafo estaba ahí, en esa exposición, y Prellezo nos dijo: Vamos rápido para allá, así saben quién es Cabezas". Bajo la mirada de Macchi empezaban a verse uniformes azules y todo empezó a ser más creíble. El relato de Braga parecía coincidir plenamente con la declaración de una persona, identificada como Carlos Hugo Duarte, quien el 7 de febrero se presentó ante el juez para hacer un relato que, desgraciadamente, no fue tenido en cuenta. Duarte señaló que la noche del viernes 24 se hallaba participando de una cena en el balneario Chalao y que, finalizada la misma, se había reunido con un grupo de amigos, quienes prolongaron la velada tocando una guitarra y cantando. "Siendo aproximadamente las 4,45 me retiré a bordo de un jeep de mi propiedad para regresar a mi domicilio y para evitar circular por el centro, ya que tenía pocos frenos, decidí hacerlo por la calle Martín Pescador, saliendo por la avenida del Mar. Al llegar a Tobías doblé a la izquierda hasta Burriquetas y retomé por esta última, volviendo hasta Martín Pescador, para doblar por Apolo", declaró bajo juramento Duarte. Y agregó: "Ya era de día y circulaba a muy baja velocidad. Pude observar detenidos sobre la misma mano izquierda a tres vehículos. El primero de ellos, el más cercano a la banquina, resultó ser una camioneta, creo que Trafic, de color blanca. El que seguía era un Peugeot 405, de los nuevos. Ambos rodados tenían la trompa orientada hacia la avenida Bunge. El tercer rodado, un Fiat 147 blanco con vidrios polarizados, tenía la trompa orientada en sentido contrario". El declarante señaló que serían en esos momentos las 4,55 y que recuerda bien haber visto en el lugar al oficial Camaratta y al suboficial Páez, dando detalles de la ropa civil que vestían. Y agregó: "En Pinamar al oficial Páez le dicen Schwarzeneger o Rambo porque siempre anda de musculosa y haciendo lomo (sic)". Esto fue declarado el 7 de febrero, a dos semanas del crimen, y desoído por los investigadores y el juez a pesar de que se trataba de un testimonio directo. Reconstruido, el ciclo que lleva al asesinato se empezó a organizar a mediados de diciembre de 1996, cuando la oficial de la bonaerense Silvia Belawsky de Prellezo inició discretas gestiones en la jefatura de La Plata para rastrear los antecedentes de José Luis Cabezas. Por esos mismos días comenzaron a llegar a Valeria del Mar los primeros matones de Los Hornos. El último de ellos lo haría el 2 de enero a bordo de un viejo Dodge 1500 propiedad de Prellezo, quien ya se había ocupado de

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seleccionar y alquilar el departamento donde se alojarían. También en diciembre Alberto Redruello había comenzado su trabajo de infiltración en el círculo íntimo de Los Pepitos, con quienes tenía buena relación por haber compartido algunos años de cárcel con dos de ellos. Por ende, queda claro que la impunidad de los asesinos fue bien planificada, incluso mejor que el crimen, puesto que los que organizaron el atentado habían previsto un grupo de matones baratos —la banda de Los Hornos— para hacer el trabajo y otro de perejiles —Los Pepitos— para cargar con el muerto. Así como Redruello fue elegido para infiltrarse entre Los Pepitos por su conocimiento previo de dos de ellos, Prellezo se ocupó de seleccionar la mano de obra porque conocía desde chico a dos de los matones. Es más. Su padre, Anastasio Prellezo, mantenía una estrecha relación con José Luis Auge, ya que éste se encargó durante 19 años del reparto de galletitas de la familia Prellezo. Con el tiempo, Gustavo ingresó a la escuela de policía Juan Vucetich y llegó a graduarse como oficial. Atrás había quedado un largo tiempo de sacrificios y penurias en el humilde barrio de Los Hornos. Pero en las pocas escapadas que de tanto en tanto hacía para ver a su padre, Prellezo jamás dejó de compartir un café con sus viejos amigos, especialmente con "Pepe" Auge. Así ocurrieron los hechos y hay pruebas suficientes acumuladas en la causa. Pero si alguien las considerara insuficientes para demostrar la participación en el crimen de oficiales y no pocos suboficiales de la bonaerense, así como de una cantidad todavía indeterminada de siniestros personajes de los años terribles de la dictadura militar, allí está el sorprendente Excalibur, ese cantaclaro electrónico que probó las numerosas llamadas de celular a celular que por esos días realizaron entre sí Prellezo y el cancerbero de Yabrán, Gregorio Ríos.

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El juicio Una vez reunidas las pruebas, sumados los indicios, valorados los datos y establecidas las pericias técnicas, la gran pregunta que queda por responder es ésta: ¿bajo qué cargos serán acusados los autores materiales e intelectuales del crimen de José Luis Cabezas en el juicio público que se iniciaría, posiblemente, en el primer cuatrimestre de 1998? Los que ejecutaron a José Luis Cabezas no constituyen un problema: autoría material o participación en el crimen, ya sea primaria o secundaria. En el caso de la instigación las cosas se complican un poco más. Existe la figura jurídica del instigador, que en esta oportunidad le sería aplicada a Gregorio Ríos, porque según el criterio de quienes llevan adelante la instrucción habría sido el jefe operativo del atentado. Distinto es el tema de la presunta responsabilidad de Alfredo Yabrán, a quien el juez Macchi no le aplicaría la figura del instigador sino otra, a un tiempo superior y abarcadora del conjunto de las responsabilidades: la de autoría mediata. Según fuentes judiciales de Dolores, el derecho internacional prevé una forma de influencia sin cuya participación un crimen no hubiera podido consumarse. Esa figura se conoce como autoría mediata, y es la que se aplica en Estados Unidos para que la ley pueda acusar con un encuadre claro a los capos de la mafia. Esto libera a los fiscales de la necesidad de probar la participación directa y personal de un individuo en un crimen; basta con acreditar su condición de jefe de la organización que lo cometió o que lo encargó a otros. En principio, esta figura define delitos de orden público —el holocausto del régimen nazi y el genocidio de la dictadura militar argentina, por ejemplo— aunque también puede aplicarse a organizaciones de particulares como son, por ejemplo, las guerrillas o las mafias. Sin embargo, y a pesar de su importancia, ésta es una cuestión secundaria. Lo central será comprobar si la Justicia tendrá o no la suficiente autonomía — como la que tuvo en el juicio a las Juntas, por caso— para llevar hasta el final la acusación contra todos aquellos que tuvieron que ver con el crimen de José Luis Cabezas y según el grado de responsabilidad que le correspondiere a cada uno. Existe aquí un punto de escepticismo en suspenso, porque si bien no es fácil que el peso de la ley caiga sobre los pescados gordos de este crimen, las autoridades políticas del país saben que la sociedad no se conformará con menos que la verdad y la justicia, tal como las entiende el sentido común implícito en la opinión pública mayoritaria. Si las figuras de autoría mediata e instigación les fueran aplicadas respectivamente a Alfredo Yabrán y a Gregorio Ríos, la de autoría material recaería sobre Gustavo Prellezo y los cuatro integrantes del rejuntado de Los

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Hornos. Los oficiales Sergio Camaratta y Aníbal Luna serían partícipes primarios, figura que quizá le fuera aplicada también al ex comisario de Pinamar, Alberto Mario Gómez, aunque eventualmente podría beneficiarse con una acusación menor: la de partícipe secundario. Algunos sostienen incluso —un poco aventurada o interesadamente— que podría quedar libre de culpa y cargo. Lo cierto es que al concluir la redacción de este libro, Gómez permanecía en libertad. Después sigue una larga lista donde se mezclan otros miembros de la Policía Bonaerense, custodios civiles y ex represores de la Armada y el Servicio Penitenciario, más algún suboficial del Ejército y algún que otro "federal". En estos casos también habría participación secundaria, es decir necesaria pero no determinante en la consumación del crimen. Y aunque últimamente nadie lo menciona, la justicia debería evaluar el grado de responsabilidad que podría caberles a las autoridades políticas de Pinamar. Excluidos Yabrán y Ríos, a quienes no se les ha podido probar complicidad con la dictadura militar fuera de los negocios, al menos hasta donde los autores saben, y los oficiales Prellezo, Camaratta y Luna —que por una cuestión de edad no pudieron participar en los años 70— el resto de los implicados tiene un denominador común: los une la dictadura militar y el espanto de la salvaje represión que costó miles de vidas. El terrorismo vuelve a aparecer, pero esta vez no como supuración del Estado sino desde un sospechoso sector del ámbito privado que goza (o gozaba, está por verse) de amparo estatal. Y entre los implicados en el asesinato de José Luis Cabezas se repiten varios de los apellidos que hace veinte años fueron sinónimo de muerte. Sería peligroso olvidar que los crímenes aberrantes de la dictadura militar quedaron, en definitiva, impunes. Pero hace bien recordar que, no obstante el indulto, la sociedad argentina ya ha dictado su sentencia inapelable: memoria perpetua. Y ésa es quizá la peor de las condenas.

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Post data final para el juez Macchi Debe José Luis Macchi saber que los autores de este libro han rastrillado los interminables tomos de la causa hasta los límites de su inteligencia, que ha cedido antes, y de su empecinamiento profesional, que les ha permitido llegar hasta aquí. Sumado a otras investigaciones complementarias, han sido casi cuatro meses de un trabajo cansador, por lo que imaginan la fatiga que debe sentir el juez después de esta temporada de diez meses en el infierno. Por eso quieren aliviar su carga con la luminosa consigna helénica: que el rigor lo acompañe y el trabajo no lo fatigue. En todo ese recorrido los autores no han encontrado fallas notorias que imputarle al magistrado, excepto la impresentable acusación a Pepita y sus amigos. Sí creen que Macchi debió prestar más atención a algunas declaraciones lúcidas, como la del suboficial Cano, formulada a diez días del crimen; que debió tomar en serio algunas denuncias anónimas con información certera hechas por vecinos de Pinamar —que sabían lo que decían— y menos a la mezcla rara de intrigantes y servicios que lo llevaron a tener que explicar un revólver con alas, una bala con dos cadenas de ADN y tres autopsias con resultados diferentes. En fin, se sabe desde siempre que el reloj de la Justicia tiene engranajes políticos y que a veces parece tener días de 1.000 horas y meses de 600 días. Pensamos también que en alguna oportunidad el juez no repreguntó con la suficiente agudeza y que en otras se le escaparon algunas contradicciones evidentes, aunque siempre en asuntos que no resultaron decisivos. Con el debido respeto, lo hemos señalado. No obstante estos reparos, Macchi les parece un juez probo, decente, que hace su trabajo sometido a stress de combate por aquellos que desean que siga cortando cabezas con Excalibur, la espada tecnológica, y todavía más por quienes aseguran que ya cortó demasiadas y ahora quieren cortarle la suya. Los autores no sólo aprecian el trabajo del juez y sus colaboradores sino que entienden sus problemas y ya se resignaron a su manejo de los tiempos. En ningún momento experimentaron que la investigación periodística entrara en contradicción con la instrucción judicial. Las post-data que aparecen aquí y allá en el libro son, a un tiempo, reacciones contra la impotencia y aisladas gotas de humor en medio de la fatiga. Puede el juez descansar desde hoy de estos autores que se despiden con este último recordatorio, sabiendo que en varias oportunidades han sentido lo que él seguramente sintió, han dudado por las mismas cosas que lo hicieron dudar a él y se han enfurecido —probablemente como él— por declaraciones malevolentes y omisiones escandalosas. Los autores pondrían el grito en el cielo ante la menor insinuación de

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reemplazar a Macchi por otro juez que tardaría, si lee muy rápido, más de un año en interiorizarse del contenido de las aproximadamente 22.000 fojas que ya ha acumulado la causa, tras lo cual tendría que empezar de nuevo. Por eso afirman categóricamente que más vale juez Macchi conocido que Rey Arturo por conocer.

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Epílogo Al paciente lector Ahora que ha terminado de leer este libro, quizás le interese saber que su redacción comenzó el 5 de junio y concluyó el 20 de septiembre de 1997, dos días cualesquiera que ciertamente no pasarán a la historia. Pero sí lo harán el asesinato de José Luis Cabezas y sus consecuencias políticas, de una manera doblemente emblemática: como expresión de la barbarie mafiosa y como símbolo de la resistencia democrática al avance de las mafias. El crimen de José Luis se produjo en un momento en que los medios de comunicación ocupan un destacado lugar en la escena pública, tanto por el avance del Ejecutivo como por la declinación de los poderes Legislativo y Judicial. Ese momento coincide con el avance de las mafias. Por eso, cuando dos periodistas se disponen a escribir un libro sobre estos temas en la Argentina de hoy, saben que cargan con un peso adicional puesto que su trabajo será leído, analizado y criticado desde una posición políticamente binaria: a favor o en contra de quién fue escrito, para beneficiar o perjudicar a quiénes, etcétera. Como tantas veces antes, A o B, River o Boca, Ford o Chevrolet. Por momentos pareciera que la simple búsqueda de la verdad interesa cada vez a menos gente. Amén de los propósitos enunciados en el prólogo, también escribimos este libro para contribuir en alguna medida al esclarecimiento de un crimen brutal y paradigmático, porque si queda impune comprometerá la libertad del periodismo precisamente cuando está ubicado en un destacado lugar en la escena pública —o fue puesto allí, mejor dicho, por una dinámica de fuerzas concurrentes que no controla— en un período que coincide con el avance de las mafias. Este libro también fue escrito para denunciar el clima políticamente inmoral de la costa bonaerense, desde Las Toninas hasta Pinamar, que no por causalidad fue el escenario del crimen. Y fue escrito, además, para alertar —si todavía hay tiempo— sobre la colusión de las mafias con poderes y poderosos que deberían combatirlas. Si ese vínculo contra natura no hubiera existido, es muy probable que José Luis todavía sacara fotos. Evidentemente, los autores no podemos hacer conjeturas sobre el desenlace del juicio oral que comenzará —esperamos— a fines de este año o durante el primer cuatrimestre de 1998. Afirmamos, sí, que con menos evidencias que las que se han reunido en este caso, en la Argentina se condenó y encarceló a mucha gente, inocentes incluidos. Y si bien no somos abogados, estamos convencidos que en los cien volúmenes que ya acumuló la causa, existen pruebas y elementos de juicio suficientes como para encarar —desde la Justicia y los poderes que

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correspondan— las siguientes tareas: • Condenar por homicidio calificado a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cabezas, es decir, a todos los policías y civiles comprometidos en el crimen. • Encarar de una vez por todas una reestructuración a fondo de las policías de provincia —y no sólo de la bonaerense— allí donde se detecten inocultables resabios conceptuales, metodológicos y operativos (es decir, culturales) de la dictadura militar. • Iniciar procesos penales a la caterva de políticos mendaces que han patrocinado un festival del delito en la costa bonaerense, desde 1990 en adelante, en concurrencia con policías y delincuentes comunes, amén del enriquecimiento ilícito, que tal como están las cosas ya parece un delito menor. • Enjuiciar por prácticas mafiosas (con las figuras penales que en cada caso correspondan o que se legislen en el futuro) a otro buen número de particulares y a todos sus asociados, ya sean individuos o instituciones. • Anular inmediatamente y sin resarcimiento alguno —por ley si fuera necesario— cuanto contrato hayan firmado la Nación o las provincias con individuos, empresas, grupos o instituciones de cualquier naturaleza, nacionales o extranjeras, a los que se le comprueben fehacientemente prácticas mafiosas. Esto significaría brindar a los argentinos la oportunidad de experimentar que la democracia es una construcción común y cotidiana, a un tiempo individual y colectiva, donde el individuo —sin otra calificación que la de ciudadano— tiene posibilidades reales de expresarse, colaborar y ser escuchado, y donde el sentido común sea valorado como un bien social y no despreciado como si se tratara de una virtud mediocre. Si este libro fuera útil para ayudar en estas tareas que hacen a la consolidación de la democracia, aunque sólo fuera en una pequeña medida, los autores sentiríamos que valió la pena el esfuerzo de escribirlo y que ser periodista todavía sirve para algo.

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ANEXO 1

Quién es quién ABÁSOLO, José Antonio Médico psiquiatra de la Plata. Es uno de los peritos que examinó a Gustavo Prellezo, presunto autor material del crimen de José Luis Cabezas. ABRUZZESE, Luis. Ex secretario de Turismo, Cultura y de la Producción de la Municipalidad de Pinamar. Según sus dichos fue quien aconsejó a Yabrán la construcción del hotel Arapacis y del Complejo Terrazas al Golf. Fue empleado de Yabrán mientras ejercía sus funciones en la comuna. Posteriormente debió renunciar por la presión combinada de la opinión pública y de la oposición. ACOSTA, Jorge Eduardo Alias "el tigre". Siniestro personaje que durante la dictadura militar se desempeñó como jefe operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Represor célebre. Trabaja para Alfredo Yabrán. AIZCORBE (¿?) Ex socio de los hermanos Harispe en la empresa postal Expreso Los Pinos S.R.L. ALFANO, Carlos Sargento ayudante de la bonaerense. Custodio del mecánico Oscar Santos. ALFONSIN, Raúl. Ex presidente de la Nación entre 1983 y 1989. Fue uno de los gestores de la Alianza entre la UCR y el Frepaso. ALTIERI, Blas. Intendente de Pinamar. ALTIMARI, Miguel Ángel Colaborador de Abel Cuchetti en Encotesa. ALTIMARI, Rosa Mediana de. Esposa de Miguel Ángel. 103

ALONSO, Alicia Olimpia Testaferro de Alfredo Yabrán, a nombre de quien compró por 700.000 dólares la parcela de tierra 109 de la circunscripción IV del partido de Pinamar, el 13 de mayo de 1994. ALVAREZ, Carlos. Alias "Chacho". Jefe político del Frente para un País Solidario (FREPASO), que se presentará a las elecciones de renovación parlamentaria del 26 de octubre en alianza con la Unión Cívica Radical (UCR). AMADO, Darío Médico forense que en su informe sobre el cadáver de José Luis Cabezas plagió parcialmente la descripción de un cadáver calcinado de un libro del doctor Osvaldo H. Raffo. "La muerte violenta", escrito diecisiete años atrás. ANDRADE (¿?) Uno de los participantes de la reunión en el estudio de la doctora Fromglia, abogada de Expreso Los Pinos S.R.L., que fuera grabada y presentada ante la justicia. ANDREANI, Oscar. Empresario postal en cuya casa de Pinamar, durante una fiesta, fue visto por última vez José Luis Cabezas. ANDRÉS (se ignora su apellido) Camionero y testigo fundamental para el esclarecimiento del crimen. Se trata de un vecino de General Madariaga que se desplaza habitualmente por toda la zona. Vio a los asesinos cuando estaban por incendiar el Ford Fiesta de José Luis Cabezas. Todavía no declaró ante el juez Macchi. ARAGÓN, Mario Ex comisario de General Madariaga. Es uno de los principales responsables del desaguisado policial en el lugar del hecho, donde por falta de protección adecuada se perdieron numerosas pruebas. ARANCEDO, Horacio Roberto. Dueño de la estancia Los Manantiales. ARCE, Luis Custodio de Alfredo Yabrán. ARREDONDO, Hugo Custodio de Alfredo Yabrán. ARCHUVI, Ricardo. Custodio de Alfredo Yabrán y mano derecha de Gregorio Ríos. Procesado

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por el asesinato de José Luis Cabezas. ÁVALOS, Analía Graciela Oficial de justicia de Dolores. Trabaja junto a la fiscal federal María Elena Brignoles de Nazar. AVENA, Juan. Custodio de Alfredo Yabrán. BAEZ, Ignacio. Integrante de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak. BALBÍN, Rodolfo. Fue presidente y síndico titular de Ocasa. BARRIENTOS, Bernardo Bernardino Otro testigo importante del crimen. Declaró ante el juez Macchi pero no colaboró a la hora de realizar un retrato hablado de los asesinos. BAUZÁ, Eduardo. Actualmente es senador justicialista por la provincia de Mendoza. Desde 1989 fue ministro de Salud y Acción Social, primero y de Interior de los gobiernos de Carlos Menem, en los que también ocupó la secretaría General de la Presidencia. BENZI, Francisco. Periodista y/o presunto agente del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que presentó a la testigo Rosa o Beatriz Gallo. BERTOLDO, Jorge Empleado de Oca. BIANCHI. Médico forense italiano. BIVORLAVSKY, Mario. Integrante de la policía Federal. Se suicidó al verse cercado por una patrulla policial en la localidad costera de Las Toninas. BRIANT, Oriel. Profesora de inglés asesinada en City Bell. BRIGNOLES de Nazar, María Elena Fiscal de la cámara federal de Dolores. Intervino reiteradamente en el caso Cabezas.

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BONIFATTI, Nerio. Juez de instrucción en una de las causas que se le siguen a Alfredo Yabrán. BONINO, Mario. Periodista asesinado en oscuras circunstancias. El gremio de prensa ha pedido con insistencia una investigación exhaustiva de este caso. La respuesta oficial ha sido el silencio. BORCHES, Héctor. Custodio de Alfredo Yabrán. BOYLER, Claudio. Custodio de Alfredo Yabrán. BRU, Miguel. Joven asesinado por el gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. BULETTI, Roberto. Integrante de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Osvaldo Sivak. BUNGE (Familia compuesta por Eduardo Enrique, Sara Josefina Bazterrica de, Sara Josefina de Gallastegui, Alberto y Carlos Augusto). Terratenientes, fundadores de Pinamar. Le vendieron a Alfredo Yabrán las parcelas de tierra necesarias para construir el hotel Arapacis y el complejo Terrazas al Golf. BUZZI, Omar Subcomisario de la bonaerense. Fue quien dispuso, aparentemente por indicación personal del gobernador Eduardo Duhalde, una custodia permanente para el mecánico Oscar Santos. CABEZAS, José Luis La víctima. Fotógrafo profesional de la revista "Noticias". Casado, tres hijos. Cuando fue asesinado estaba cubriendo por quinto año consecutivo la temporada de verano en Pinamar. CABEZAS, Jorge Oficial de la policía bonaerense. Procesado como cómplice necesario del crimen de José Luis Cabezas. CABRAL, Omar. Custodio de Alfredo Yabrán.

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CÁCERES, Francisco. Custodio de Alfredo Yabrán. CACHAZA, Claudia Inés Oficial de justicia de Dolores. Trabaja junto a la fiscal federal María Elena Brignoles de Nazar. CAETA, Alberto. Integrante de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Osvaldo Sivak. CALDAS VILLAR, Jorge Periodista, abogado y escritor de larga trayectoria en medios porteños, actualmente dirige la radio FM Pinamar. Formuló y agitó por radio numerosas denuncias de vecinos de la ciudad contra las autoridades municipales, en particular por la instalación de depósitos de gas licuado a granel (en garrafones y zepelines) que no respetan ninguna norma de seguridad. Desde 1990 viene denunciando presiones y amenazas por parte "del gobierno altieri-yabranista", como él lo define. CALVETE, Adolfo Juez de instrucción en una de las causas que se le siguen a Alfredo Yabrán. CALONI (se desconoce su nombre de pila) Ex presidente del Consejo Deliberante de Pinamar. Acusado de enriquecimiento ilícito. CAMARATA, Sergio Oficial de la policía bonaerense y amigo de Gustavo Prellezo. Está detenido y procesado como partícipe necesario del asesinato de José Luis Cabezas. CAMILIÓN, Oscar. Ex ministro de Justicia. Procesado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. CANISA (se desconoce su nombre de pila). Secretario de gobierno de la Municipalidad de Pinamar. Acusado de enriquecimiento ilícito. CANO, Oscar Domingo. Suboficial (R) de la policía bonaerense. A dos semanas del crimen de José Luis Cabezas presentó una serie de brillantes conclusiones para orientar la investigación, pero lamentablemente no fueron atendidas ni por el juez de la causa ni por el comisario mayor Fogelmann y sus sabuesos. Lo segundo se

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comprende más que lo primero. CAÑETE, el peluquero Otro testigo importante del asesinato. Todavía no declaró con amplitud ante el juez Macchi. CARIDAD, Miguel Ángel. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. CARMONA, Marcelo Claudio. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. CASCIO, Carlos. Custodio de Alfredo Yabrán. CASTILLO, Juan Carlos. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. CAVALLO, Domingo Ex canciller y ex ministro de Economía de sucesivos gobiernos del presidente Carlos Menem. En agosto de 1995 formuló una resonante denuncia contra Alfredo Yabrán, a quien acusó de mafioso en la Cámara de Diputados. Actualmente es candidato a diputado independiente por la Capital Federal. CELIHUETA, Graciela. Médica veterinaria desaparecida en Necochea. CEROLINI, Luis. Procurador del Tesoro y ex vicepresidente del BHN. CESTARO, Pablo Oficial inspector de la bonaerense. Fue quien sacó de las aguas del Canal 1 la cámara Nikkon F-4 que había pertenecido a José Luis Cabezas. CICCONE (¿?) Dueño de Ciccone Calcográfica, copada por Yabrán en 1995 mediante un préstamo disfrazado de crédito externo, que la empresa no pudo devolver. CICCONI, Silvia Angélica. Infortunada adolescente marplatense que fuera asesinada en su habitación de diecisiete puñaladas. COCINA. (¿?) Custodio de Alfredo Yabrán.

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CONTRERAS AGÜERO ("el chileno") Se supone que anduvo merodeando la cava a bordo de una cupé Torino blanca con jaulas para pájaros. Borracho, le contó detalles del crimen de José Luis Cabezas al mecánico Oscar "Cacho" Santos, quien los trasladó al juez Macchi. CORACH, Carlos. Actual ministro del Interior. Acusado por la oposición de tener fluidos vínculos con Alfredo Yabrán. CÓRDOBA, Omar. Asesinado en Mar del Plata junto con los hermanos Alejandro y Mario Losada. CRINIGAN, Guillermo. Vecino de la estancia Los Manantiales. CUCHETTI, Abel Ex interventor de Encotesa. CHANDLER, Raymond. Uno de los grandes narradores norteamericanos de este siglo junto a William Faulkner, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Comparte con Dashiell Hammett la renovación profunda del género policial, que fue sacado de los salones elegantes y puesto en la calle, su lugar. De Chandler son célebres sus novelas "El largo adiós", "Adiós, muñeca" y "La ventana siniestra", protagonizadas por el detective Phillip Marlowe, ese Quijote moderno de las ciudades. CHINKIES, Alberto Isaac. Ex compañero de trabajo de Alfredo Yabrán en la empresa Burroughs y gerente general de Ciccone Calcográfica, importante empresa controlada por el empresario telepostal. DAMICO, Héctor. Periodista. Director de la revista "Noticias". DE AZEVEDO, Gonzalo. Escribano que trabaja para Alfredo Yabrán. DELCONTE, Juan Carlos. Ex administrador de la Aduana durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Tras su paso por la función pública fue procesado por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.

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DEL GUASTA, Alfredo. Prestigioso comisario de la policía bonaerense. Fue quien condujo la investigación paralela que permitió descubrir a los presuntos asesinos materiales de José Luis Cabezas. DE LÁZZARI, Eduardo. Ex secretario de Seguridad del gobierno bonaerense. Fue quien decidió que el comisario Alfredo del Guasta realizara una investigación paralela a la conducida por Macchi y Fogelmann, por entonces dedicados a encontrar pruebas contra Los Pepitos y a resultas de la cual (gracias a un dato clave al que accedió el gobernador Eduardo Duhalde) se encontró la pista de los matones de Los Hornos que condujo a la detención de Gustavo Prellezo y otros policías de la costa. DELMAR, Alejandro. Seudónimo de un pinamarense que distribuyó copias de una fuerte denuncia contra las autoridades municipales, funcionarios y amigos del intendente Altieri. DE VITO, Rafael. Empresario de Pinamar. Vende materiales y maquinarias para la construcción. Es amigo y —según varias denuncias formuladas por vecinos— socio de Blas Altieri y Víctor Pardo en negocios ilegales. DINAMARCA, Víctor Hugo. Se desempeñó en la ESMA junto al "tigre" Acosta y Donda Tigel. Represor durante la dictadura militar. Trabaja para Alfredo Yabrán, de quien es otro de los jefes de su aparato de seguridad. DI TULIO, Margarita. Madama de Mar del Plata. Jefa de la denominada Banda de Los Pepitos, a quien se quiso responsabilizar por el asesinato de José Luis Cabezas. Fue detenida y posteriormente liberada por falta de mérito. DOMINICETTI, Domingo. Integrante de la banda de Los Pepitos. DONDA TIGEL, Adolfo Miguel. Actuó en la ESMA junto al "tigre" Acosta. Represor célebre, actualmente es uno de los jefes del aparato de seguridad de Alfredo Yabrán. En la ESMA estuvo detenida su cuñada, embarazada de seis meses. Después de dar a luz, la madre fue eliminada y el bebé entregado a una familia desconocida. Actualmente se desconoce el lugar donde fue arrojada o enterrada la madre, así como el destino del niño. Donda Tigel engañó a sus padres sobre el destino de su cuñada y de su nieto. Su hermano —militante montonero— ya había sido muerto en un presunto enfrentamiento con efectivos de las Fuerzas Armadas.

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DOYLE, Conan. Escritor británico, creador del famoso detective Sherlock Holmes y su amigo, el doctor Watson. DUHALDE, Eduardo. Gobernador de la provincia de Buenos Aires a quien —se supone— estuvo dirigido uno de los mensajes de los asesinos de Cabezas (el otro mensaje, en la misma hipótesis, tuvo por destinataria a la revista "Noticias"). Impulsó decididamente la investigación para esclarecer el crimen y detener no sólo a los autores materiales sino también a los responsables intelectuales del crimen, diferenciándose así claramente de la actitud adoptada por el gobierno nacional. DULAU DUMM, Silvia. Médica psiquiatra. Uno de los peritos que examinó a Gustavo Prellezo, presunto autor material del crimen de José Luis Cabezas. DUPONT, Marcelo. Publicista secuestrado, torturado y asesinado por agentes de la dictadura militar en 1982. FARÍAS, Leonardo. Periodista de General Madariaga. FAVA (¿?) Titular del Juzgado Criminal Número 2 de Bahía Blanca, que encarceló a Carlos Alberto Redruello por falsificación de documentos de automotores. FERNÁNDEZ, Roberto. Alias "Oreja". Trabajaba en la Aduana con el entonces administrador Juan Carlos Del Conte. FOGELMAN, Juan Carlos. Comisario mayor de la policía bonaerense, a cargo de la investigación del crimen de José Luis Cabezas. FOSSA, Roberto. Ex oficial del Ejército. Condenado por el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak. FROMGLIA, (se desconoce su nombre de pila). Abogado de los hermanos Harispe, dueños de Expreso Los Pinos. GALEANO, Héctor. Integrante de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Osvaldo Sivak.

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GALLO, Rosa Beatriz. Testigo que involucró a su marido en la conspiración para asesinar a Cabezas. GENEROSO, Carlos Orlando. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. GIACHINO, Ricardo. Abogado de DHL Argentina. GIUBILEO, Cecilia. Médica desaparecida en la Colonia Montes de Oca. GÓMEZ, Alberto Mario. Ex comisario de Pinamar. Los habitantes de la ciudad formularon graves cargos en su contra. Lo acusan de enriquecimiento ilícito y de ser uno de los jefes de la Banda de la Costa. No obstante las múltiples acusaciones de que fue objeto, todavía permanece en libertad. GÓMEZ, "Pajarito" Ex comisario de Pinamar, sin ninguna vinculación con el también ex comisario de esa ciudad Alberto Mario Gómez. GONZÁLEZ MENOTTI, Alberto. Alias "el gato". Ex oficial principal de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. GONZÁLEZ, Roberto. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. GUEVARA, Fabio Daniel. Nieto adolescente de Pedro Hilario. Cabalgaba junto a su abuelo cuando éste descubrió el cadáver calcinado de José Luis Cabezas. GUEVARA, Pedro Hilario. Puestero de la estancia Los Manantiales, ante una de cuyas tranqueras se abrió la cava que resultaría el cementerio de José Luis Cabezas. Fue la persona que descubrió el cadáver y dio aviso a la policía de General Madariaga. GRONDONA, Mariano. Periodista. Columnista del diario "La Nación" y conductor del programa "Hora Clave" que se emite por Canal 9 Libertad. HARISPE, Mario Alberto y Enrique Carlos. Dueños de la empresa postal Expreso Los Pinos, obligada a quebrar por

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maniobras de gente vinculada con Alfredo Yabrán. HERNÁNDEZ, Jimena. Niña ahogada en la piscina del colegio al que concurría, en circunstancias no aclaradas todavía. HERNÁNDEZ, Leonor. Parapsicóloga bonaerense. HOLMBERG, Helena. Diplomática asesinada por agentes de la dictadura militar. ISA (¿?) Abogado de Paraná que ejecutó cheques de Expreso Los Pinos. JAROSLAVSKY, Chacho. Ex presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Reconoció públicamente su amistad con Alfredo Yabrán. JASSAN, Elías. Ex ministro de Justicia. Debió renunciar por sus vinculaciones con Alfredo Yabrán, de quien fuera empleado antes de acceder a la función pública. KOHAN, Alberto. Secretario privado de la Presidencia. Al igual que Corach, acusado por diputados del Frepaso y la UCR de mantener estrechos vínculos con Alfredo Yabrán. KU (el custodio de la discoteca) No se conoce su identidad. Vive a trescientos metros de la cava donde mataron a José Luis Cabezas. Todavía no declaró ante el juez Macchi. KUHNE Y EDWARD (los autores no han podido averiguar sus respectivos nombres de pila). Se trata de dos mujeres asesinadas en Salta por sicarios de la droga. LASSAGNA Médico forense francés. LENCINAS (se desconoce su nombre de pila) Oficial de policía de General Madariaga. Fue quien trasladó a la fiscal Brignoles de Nazar y las oficiales de justicia Ávalos y Cachaza al domicilio de Oscar Santos.

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LEVITAN, Natalio Carlos. Operador de Alfredo Yabrán. Participó en el copamiento de DHL. LIFSCHITZ, Benjamín. Operador de Alfredo Yabrán contra Expreso Los Pinos. LOCARD, Edmond. Médico forense francés. LÓPEZ GABRIEL, Susana. Parapsicóloga de General Madariaga a quien se atribuyen sorprendentes revelaciones de los últimos minutos de vida de José Luis Cabezas. LÓPEZ FADER, Rafael Félix. Ex oficial del Ejército. Condenado por el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak. LOREA, Héctor. Integrante de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Osvaldo Sivak. LUNA, Aníbal Norberto. Oficial de la policía bonaerense. Procesado como cómplice necesario del crimen de José Luis Cabezas. LOSADA, Alejandro y Mario. Hermanos de Mar del Plata, por cuyos asesinatos se responsabilizó en un momento a Margarita Di Tulio, aunque no hubo pruebas suficientes para condenarla. LLOVET, Bartolomé. Director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Fue quien recomendó al rabdomante Néstor Vinelli al juez José Luis Macchi. MAC CORMAK DE BRANCA, Marta. Esposa del industrial asesinado por la dictadura militar. MACCHI, José Luis. Juez federal de Dolores a cargo de la instrucción del caso Cabezas. MACKINLAY, Carlos Roberto. Abogado de DHL. Argentina. MAGRINI (se desconoce su nombre de pila) Director de seguridad de playas de la municipalidad de Pinamar. Acusado de enriquecimiento ilícito.

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MARCOVICH, Raúl A. Intendente de General Madariaga. MARLOWE, Phillip. Detective creado por Raymond Chandler, uno de los grandes maestros de la novela negra, el relato policial duro sin jarrones chinos ni té con masas. MARTIN, Andreu. Escritor nacido en Barcelona, integrante de una corriente de narradores catalanes que reivindicó, recreó y difundió un nuevo relato policial europeo, alejado tanto del relato-problemas, por lo general irreal o irrelevante a lo Agatha Christie como del racionalismo francés del inspector Maigret, detective con todo y pipa. MARTÍNEZ MAIDANA, Luis. Integrante de la banda de Los Pepitos. MENEM, Carlos. Presidente de la Nación desde julio de 1989, reelegido para un segundo período de cuatro años en 1995. MENEM, Eduardo. Hermano del presidente de la Nación y titular del Senado. MICAELA La menor (por eso se reserva el apellido) que acompañaba a Robaina cuando se cruzaron con el puestero Pedro Hilario Guevara. MIERA, Félix. Oficial de la Policía Federal (PF). Condenado a prisión perpetua por el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak. MILNAR (se desconoce su nombre de pila). Jefe de compras de la Municipalidad de Pinamar. Denunciado por coimero y por enriquecimiento ilícito por vecinos de la ciudad. MINSE (¿?) Vidriero de profesión y novio de la asesinada Oriel Briant, a quien se quiso responsabilizar por el asesinato de la muchacha. MOLA, Alberto. Fiscal federal de Dolores. MOLINAS, Ricardo. Titular de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

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MONDAQUE. Hermanitos asesinados en Valeria del Mar. MONTERO, Darío Aníbal. Importante testigo que vio a cinco de los asesinos a bordo de un Ford Escort descapotable, portando un juego de esposas colgada del parante del auto y saliendo por la calle de atrás de la comisaría de Pinamar, pocas horas antes del asesinato de José Luis Cabezas. MONTERO, Jorge. Custodio de Alfredo Yabrán. MONTOYA, Héctor Francisco. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. MORALES, Alejandro. Jefe de personal de la empresa Mailcorps S.A. MORALES, María Soledad. Adolescente asesinada en Catamarca en medio de una fiesta sexual en la que se consumieron drogas. Actualmente se sustancia el tercer juicio por este caso que conmocionara al país y que provocara la caída en desgracia del ex gobernador de la provincia, Ramón Saadi. MOREIRA, Aristóbulo Nicanor. Alias "el negro". Oficial (R) de la AA. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. MORENO, Mariano. Uno de los héroes de la Revolución de Mayo y primer periodista argentino, fundador de "La Gaceta". MORÍ, Osvaldo Horacio. Compró y ejecutó un crédito impago de los dueños de Expreso Los Pinos S.R.L., que les costó a sus dueños la pérdida de la sede de la empresa. MOSTAFÁ, Nahir. Niña asesinada en Tres Arroyos en la anoche del 31-12-89. MOURIÑO, Carlos. Alias "Coco", amigo personal y eventualmente custodio de Alfredo Yabrán, a quien acompañó a Dolores cuando éste fue a declarar ante el juez José Luis Macchi. Desde septiembre viene realizando declaraciones altisonantes con el propósito de embarrar la cancha. Su credibilidad es igual a cero.

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NATA, Roberto. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. NEUMAN, Benjamín. Empresario secuestrado y asesinado por una banda policial. NÚÑEZ, Andrés. Joven asesinado por el gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. OXENFORD, Eduardo. Empresario secuestrado y asesinado por una banda policial. OYAHNARTE, Marta. Viuda de Osvaldo Sivak, empresario asesinado por una banda integrada por oficiales y suboficiales de la Policía Federal. Actualmente es candidata a diputada metropolitana por la Alianza entre el Frepaso y la UCR. PÁEZ VILARÓ, Carlos. Prestigioso pintor, escultor, arquitecto uruguayo, constructor y propietario de Casa Pueblo en Punta del Este. PARDO, Victor. Empresario y ex funcionario de la Municipalidad de Pinamar. Es amigo y —según denuncias de vecinos— socio del intendente Blas Altieri en negocios legales e ilegales. PERERA, Guillermo. Periodista de General Madariaga. PÉREZ, María Cristina. Esposa de Alfredo Yabrán. PÉREZ, el "Pacha". Un inocente acusado por el asesinato de la joven Cicconi. PESARESI (¿?) Custodio de Alfredo Yabrán. PEYÓN, Enrique. Alias "mochila" o "giba". Capitán de Fragata (R). Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán. PIANA, Enrique. Dueño de la financiera homónima. Está detenido y procesado en los Estados Unidos, donde la justicia de ese país lo acusa de contrabando de oro y evasión impositiva.

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PIAQUADÍO, Carmelo. Barrendero a quien se quiso responsabilizar por el asesinato de Nahir Mostafá. Es inocente. PISTONI, Luis. Custodio de Alfredo Yabrán. POE, Edgar Allan. Notable cuentista norteamericano nacido en Boston. Es considerado el creador de la ficción policial moderna. POMBO, Jorge David. Comisario de la bonaerense. Fue quien le presentó al juez Macchi al agente Carlos Alberto Redruello, por aparente sugerencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). PRELLEZO, Gustavo. Oficial de la policía bonaerense y presunto autor material del crimen de José Luis Cabezas. Detenido y procesado. PRIETO, Roberto. Operador de Alfredo Yabrán. Fue gerente de Regiones del Interior del país de Encotesa. QUINTEROS, Mariano. Sargento de la policía bonaerense que prestaba servicios en la delegación Valeria del Mar, dependiente de la comisaría de Pinamar. Apareció una mañana con un balazo en la boca. La explicación oficial fue que se trató de un intento de suicidio, pero su hija Paula lo niega terminantemente. Aún no declaró ante el juez Macchi. RABUFETTI, Alejandro. Custodio de Alfredo Yabrán. RAFFO (se desconoce el nombre de pila). Funcionario de la Municipalidad de Pinamar acusado de enriquecimiento ilícito. RAFFO, Osvaldo. Prestigioso médico forense, autor del libro "La muerte violenta" que plagiara su inescrupuloso colega Darío Amado. RAMSEY Parapsicólogo de Santa Fé.

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REDRUELLO, Carlos Alberto. Agente encubierto que se infiltró en la banda de Los Pepitos y en cuyos dichos se basó el juez Macchi para dictar la prisión preventiva de la banda, posteriormente liberados por la Cámara Federal bonaerense por falta de mérito. Actualmente está detenido y acusado de participar en el crimen de José Luis Cabezas. Fue recomendado a Macchi por el comisario Jorge Néstor Pombo, por aparente sugerencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). REGALES, Félix. Custodio de Alfredo Yabrán. RICHET, Charles. Médico francés, autor del libro "Tratado de Metapsíquica", publicado en 1922. RÍOS, Gregorio. Suboficial (R) del Ejército. Es considerado uno de los jefes de seguridad de Yabrán. Fue detenido y procesado por el juez Macchi como uno de los instigadores del asesinato de José Luis Cabezas. Actualmente cumple prisión preventiva. ROBARÍA, Roberto. Apicultor de General Madariaga. Se cruzó con Pedro Hilario Guevara poco después que éste descubriera el cadáver de José Luis Cabezas. RODRÍGUEZ, Jorge. Ministro coordinador del segundo gobierno del presidente Carlos Menem. ROJO, Pablo. Presidente del Banco Hipotecario Nacional. ROUAUX, Eduardo. Médico, jefe del servicio de medicina forense de la provincia de Buenos Aires. Es quien le encarga a Darío Amado la inspección del cadáver de José Luis Cabezas, cuyo informe resultara un plagio parcial. RUIZ, Daniel. Periodista de General Madariaga. SÁBATO, Ernesto. El más conocido y prestigioso de los escritores argentinos vivos. Presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que elaboró el estremecedor informe denominado "Nunca Más". SALINAS DE GORTARI, Carlos Ex presidente de México.

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SALVÁ, Carlos. Oficial de la policía bonaerense. Acusado de ser uno de los jefes de la Banda de la Costa. Su nombre saltó a la notoriedad durante la investigación del caso de tráfico de drogas que involucró a Guillermo Cóppola. SAMID, Alberto. Empresario de la carne. Acusado de evasión impositiva por la DGI, según la cual debería abonar en concepto de impuestos unos 80 millones de dólares. SANSÓ, Ramiro. Arquitecto que realizó los planos del emprendimiento Terrazas al Golf, y socio del intendente Blas Altieri en Pinamar. SANTOS, Oscar. Mecánico de General Madariaga, muy apreciado por la comunidad y a quien un tal Contreras Agüero, apodado "el chileno", le confiara, borracho horrendos detalles del asesinato de José Luis Cabezas. SCHMUKLER, Osvaldo Raúl. Abogado de Paraná, amigo de Benjamín Lifschitz y testigo de una comprometedora conversación grabada en el estudio de la doctora Fromglia. SEITA, Guillermo. Fue asesor político del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. SEWACH, Enrique. Periodista, socio de Franchise Service Internacional. SILVANI, Carlos. Director general de la DGI e interventor de la Aduana. SIVAK, Osvaldo. Empresario secuestrado y asesinado por una banda de oficiales y suboficiales de la Policía Federal, dos de los cuales se suicidaron. El resto de la banda cumple condena de cadena perpetua. STECK, Flavio. Integrante de la Banda de Los Pepitos. TIESI, Antonio Jorge. Testigo de una comprometedora conversación grabada en el estudio de la doctora Fromglia. TORRES, Sergio Daniel. Juez de instrucción en una de las causas que se le siguen a Alfredo

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Yabrán. TORRILLO, Alfredo. Jubilado ferroviario utilizado por Benjamín Lifschitz —operador de Alfredo Yabrán— contra Expreso Los Pinos. TUR, Vicente Constantino. Testigo de una conversación comprometedora grabada en el estudio de la doctora Fromglia. USURIAGA, Arnaldo. Director nacional de Combustibles. Entrevistado por la Asociación Civil de Propietarios de Pinamar para denunciar la instalación de gas licuado a granel en zepelines y garrafones que no respetan ninguna de las normas de seguridad impuestas por las autoridades. VALLEJOS, Ramón. Suboficial (R) de la AA., especialista en escuchas telefónicas. Represor de la ESMA. VENTURINI, Jorge. Subcomisario de la policía bonaerense. Dirigió la búsqueda de la cámara de José Luis Cabezas junto al rabdomante Néstor Vinelli. VERZURA, Arnaldo Eduardo. Accionista de Sky Cab, director suplente y accionista de Franchise Service Internacional S.A. VIBERT. Médico forense catalán. VILLASOL (ex juez) Amigo del mecánico Oscar Santos. Lo acompañó durante su declaración ante el juez Macchi. VILLEGAS, Pedro. Integrante de la banda de Los Pepitos. VINELLI, Néstor. El rabdomante que la ingenua versión oficial quiso hacer creer que había encontrado la cámara de José Luis Cabezas en aguas del Canal 1, en el puente Villa Roch. VITELLO, Osvaldo Miguel. Oficial de la policía bonaerense. Se suicidó en 1997, tras el asesinato de José Luis Cabezas, cuando comandaba circunstancialmente el área de

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inteligencia policial. WATSON, Alex. Ex subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. YABRÁN, Alfredo Yallib. Empresario postal nacido en Entre Ríos. Pesa sobre él la grave acusación —que hizo suya la opinión pública mayoritaria— de haber instigado u ordenado el asesinato de José Luis Cabezas. Sólo la protección que tiene en altas esferas del poder explican que aún se encuentre en libertad. Con fecha 10 de octubre declaró durante cinco horas ante el juez Macchi y al cierre de este libro había sido llamado a declarar ante la Comisión Antimafia de la Cámara de Diputados. YOMA, Emir. Ex cuñado del presidente Carlos Menem. Está involucrado en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. ZIZZUTTI, Fernando Luis. Represor de la ESMA. Trabaja para Alfredo Yabrán.

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ANEXO 2

Fotos, mapa y documentos

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Foto de Juan Carlos Vollaro premiada en la IX Edición del Festival Internacional "Visa para la Imagen" que se realizó en Perpignan, Francia. Fue publicada en el diario Clarín.

La cava

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El juez José Luis Macchi

La viuda de Cabezas

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El auto en que mataron a Cabezas

Ex comisario Alberto Mario Gómez

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José Luis Cabezas con su hija Candela

Gregorio Ríos

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Suelta de globos negros. Se hace todos los días 25

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129

Primera declaración del chileno Juan Héctor Contreras Agüero

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Declaración de Darío Aníbal Montero, que vio a los asesinos a bordo de un Ford Escort descapotable

131

Denuncia de vecinos de Pinamar a pocos días del asesinato de José Luis Cabezas

132

Declaración del peluquero Cañete

133

Denuncia anónima emitida por una radio FM de Mar del Plata tres días después del crimen

134

Declaración del vecino de Pinamar, Carlos Hugo Duarte

135

Declaración del suboficial de la bonaerense Domingo Cano, a dos semanas del asesinato de Cabezas

136

Declaración del colaborador encubierto Carlos Alberto Redruello, posteriormente procesado por el juez José Luis Macchi.

137

Declaración del periodista y/o agente de los servicios Francisco Benzi, introductor de la testigo Rosa o Beatriz Gallo.

138

Declaración de la testigo de identidad reservada que dice haber visto fotos de una orgía en la que participaban menores y en la que también estaba Alfredo Yabrán, en manos de José Luis Cabezas.

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Portada del informe del SEIT, realizada por el doctor Darío Amado, quien plagiara un libro escrito 17 años atrás.

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Presentación por la cual el comisario Jorge David Gómez Pombo le propone a su par Víctor Fogelmann como colaborador a Carlos Alberto Redruello.

141

Declaración del puestero Pedro Hilario Guevara, quien descubriera el cadáver de José Luis Cabezas en la cava.

142

Informe del comisario inspector Carlos Alberto Rossi, con una descripción falsa de elementos encontrados en la cava.

143

Denuncia anónima que, entre otras cosas, responsabiliza a la Municipalidad de Pinamar de abrir la cava donde fuera quemado el cadáver de José Luis Cabezas.

144

Suelto periodístico que informa sobre el almacenamiento de gas en instalaciones clandestinas, que fuera denunciado, entre otros, por el periodista Caldas Villar.

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Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 1997 en impresiones SUD AMERICA - Andrés Ferreyra 3767/69. Capital

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