• Author / Uploaded
• Nicolás Sinyasiki Pérez

Citation preview





Transición a la democracia o Regímenes autoritarios a democráticos.  Apertura (causas: plebiscito, etc.), negociación (amnistía y enclaves autoritarios) y cambio de régimen (ver debate de finalización).  Actores sociales  Partidos políticos  FF.AA  Movimientos sociales  Transición arriba – abajo, marco institucional Enclaves autoritarios: pueden ser institucionales (Constitución, leyes) éticosimbólicos (problemas de verdad y justicia respecto de violaciones de derechos humanos bajo el régimen militar) y actorales (núcleos civiles o militares renuentes a jugar el juego democrático).  Condicionantes internos – externos.  Coyunturales y de larga duración.  BIBLIOGRAFÍA: Juego de Patriotas, La novia, Garretón + Chile o Proceso global,  Desgaste político  Crisis de representación  Desmovilización popular  Cambio de reclamo radical a uno más democrático.  Corrupción  Desorganización económica.  Globalización  Políticas neoliberales  Desigualdad social  Bibliografía: Garretón, La novia, o Qué democracias?  Democracias frágiles, pobres, etc.  Principales problemas. Democracia social, participación,

Intro : Marcela Periodización de la transición. 3 países.

La transición brasileña se caracterizó por la tutela militar en sus primeras etapas y por la sanción de una nueva Constitución en 1988, fruto de un proceso constituyente iniciado con las elecciones parlamentarias de 1986. Las elecciones de 1989 supusieron la primera elección presidencial directa en tres décadas y se celebraron de acuerdo a la nueva normativa. Los militares habían llegado al poder en 1964 y se mantendrían en él durante dos décadas, para impulsar el llamado "milagro brasileño". Los gobiernos del general Humberto Castelo Branco y de sus sucesores introdujeron importantes cambios en la economía, en la sociedad y en las formas políticas brasileñas. El sistema funcionaba con dos partidos políticos, el oficialista Alianza Renovadora Nacionalista (ARENA) y el opositor, aunque tolerado, Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Entre 1966 y 1974 la hegemonía de ARENA fue clara. A partir de 1979 la transición política se aceleró con la llegada de un nuevo presidente, el general Joáo Baptista Figueiredo, que se comprometió a la completa democratización del país. Entre las medidas por él impulsadas se cuenta la sanción de una nueva ley de partidos políticos, que acabó con el sistema bipartidista artificial que existía en Brasil. En las elecciones de noviembre de 1982 la oposición ganó en diez de los veintidós estados del país. Y si bien la oposición obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados, no tenía el control ni del Senado ni del Colegio Electoral, que debía elegir en 1985 al nuevo presidente. Ese año llegó a la presidencia Tancredo Neves, que llevaba como compañero de fórmula a José Sarney, un antiguo militante del partido gubernamental. La muerte de Neves antes de asumir su cargo, permitió que Sarney ocupara la presidencia. Pese a su giro conservador la transición siguió adelante y en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1989, el 15 de noviembre, el candidato del Partido de la Reconstrucción Nacional, Fernando Collor de Mello, y el del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio da Silva, Lula, obtuvieron la mayor cantidad de votos y pasaron a la segunda vuelta. Un mes más tarde Collor de Mello obtenía el 53 por ciento de los votos, frente al 47 por ciento de Lula.

1974-1979. Distensión, políticas represivas “rebajadas” diversos sectores de la sociedad brasilera comenzaron a pedir, y más tarde a exigir, la apertura del régimen hacia un sistema más transparente y democrático 1985. Nueva democratización y fin de los gobiernos militares, al ser elegido por un colegio electoral Tancredo Neves, de setenta y cuatro años de edad. 1985. Súbitamente, Neves es urgentemente hospitalizado y fallece en abril, por lo cual le substituye José Sarney. 1988. Se promulga la sexta Constitución republicana. 1988. En diciembre, los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, firman en Buenos Aires distintos acuerdos económicos. 1989. En febrero se produce el primer encuentro de los pueblos indígenas del Xingú, en plena Amazonia, para protestar contra la destrucción de la selva. 1989. En noviembre y diciembre se celebran las primeras elecciones presidenciales libres después de veintinueve años, tras cinco gobiernos militares. En la segunda vuelta se confirma Collor de Mello como ganador.

1990. El 15 de marzo asume la presidencia Collor de Mello. 1992. En diciembre y tras un largo pulso con la opinión pública, el presidente Collor de Mello se ve obligado a dimitir, a consecuencia de una sentencia que le encuentra culpable de corrupción pasiva. 1992. Itamar Augusto Cautiero Franco es elegido nuevo presidente de Brasil hasta 1995 1995. Toma el poder Fernando Henrique Cardoso, principal dirigente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Entra en vigor el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 1998. El 4 de octubre se celebran elecciones presidenciales en las que resulta reelegido el presidente Fernando Henrique Cardoso para un segundo mandato de cuatro años. Descubrimiento de un grupo indígena no contactado en la Amazonía. Fuerte crisis económica y devaluación del real. 1999. El Banco Central interviene el mercado cambiario. Grave crisis en el Mercosur. La crisis económica perjudica seriamente la popularidad del presidente Cardoso. PERÍODO 1974 – 1979 DISTENSIÓN MULTIPARTIDISMO (PREVIO BIPARTIDISMO, ARENA y MDB

Aparición del PMDB (ANTERIOR MDB), PT Y PDS(ANTERIOR ARENA). ¿Cómo podía ser que funcionara tan bien, y durante tantos años, un modelo económico que en otros países que ya estudiamos había dado frutos más precarios? ¿Era este autoritarismo burocrático una verdadera solución que podía aplicarse más allá de las fronteras brasileras? Las respuestas, en definitiva, vinieron con el tiempo, pero conviene hacer en este punto un comentario que nos puede ayudar a comprender mejor lo acontecido. Brasil, como es sabido, es un país de dimensiones continentales que partía de niveles muy bajos de ingreso cuando decidió transitar por la vía del nacionalismo económico. Tenía, por lo tanto, un amplio mercado potencial que, bajo las condiciones creadas por el proteccionismo, quedó virtualmente cautivo de los empresarios locales. La experiencia histórica ya acumulada permite afirmar que la viabilidad de la política de sustitución de importaciones está en relación directa con el tamaño y las potencialidades del mercado sobre la cual se aplica. Un mercado amplio y en expansión permite superar con más holgura la etapa "fácil" del modelo y adentrarse en la sustitución de bienes más complejos que requieren de economías de escala para poder producirse con cierta racionalidad. No es casual entonces que esta política haya llegado más lejos y durado más tiempo en Brasil que en naciones con mercados mucho más reducidos, como las de centroamérica por ejemplo, o que haya tenido un mayor éxito que en los lugares –como Argentina– donde ya se partía de niveles superiores de consumo. Estas circunstancias favorables no pueden ocultar, sin embargo, una debilidad esencial: al propiciar en última instancia un retraso tecnológico y al involucrar al sector público como propietario de las empresas que requieren de mayores inversiones, la sustitución de importaciones va creado paulatinamente una disminución del crecimiento y propiciando que el estado incurra en mayores gastos de los que puede soportar. Los equilibrios fiscales, tan destacados en la

primera etapa de la dictadura brasileña, fueron cediendo así el lugar a los más conocidos déficits públicos que conocimos en Latinoamérica. Desde el punto de vista político, por otra parte, tampoco la viabilidad del modelo resultó muy clara después de algunos años. Suavizadas las políticas más represivas luego de 1974, diversos sectores de la sociedad brasilera comenzaron a pedir, y más tarde a exigir, la apertura del régimen hacia un sistema más transparente y democrático. Esto quedó claro aún para los propios gobernantes militares que, desde 1979, prometieron y comenzaron a recorrer un camino que llevaría parsimoniosamente hacia la democracia. Pero la debilidad intrínseca de este modelo autoritario se apreció también en otro aspecto: la extendida corrupción, "el matrimonio corporativista de los detentadores del poder del Estado con los agentes económicos privados" [Leme, Op. Cit., p. 267.] , que acabó borrando las fronteras entre ambos sectores y produjo un sistema donde las élites políticas se enriquecieron desmesuradamente mientras se producía una redistribución del ingreso cada vez más desigual (v. infra, 15.3). Hacia mediados de los setenta, a pesar de estar gobernado por una dictadura "de derecha", Brasil presentaba una extensión del sector estatal que sólo era superada por Cuba en el hemisferio y que lo aproximaba, al menos en este sentido, a los países socialistas. Había más de 560 grandes empresas estatales y muchas más donde el estado participaba como accionista, [V. íd., pág. 270. V. también p. 271.] el estado poseía casi un tercio de todos los activos industriales y más de la mitad de los financieros, y el gasto público había sobrepasado, ya en 1970, un tercio del PIB total. [V. íd., pág. 271 y Erickson, Op. Cit., pág. 197.] A pesar de la constante afluencia de capital extranjero éste no resultaba suficiente para garantizar un ritmo mínimo de desarrollo. Por eso el gasto público fue aumentando durante todo este período y, al no poder cubrirse con la recaudación interna, comenzó a crecer también el endeudamiento con el extranjero. La deuda externa brasilera, que era de $ 3.300 millones en 1967, aumentó a $ 52.285 millones para 1978 y duplicó este último valor seis años después. Las condiciones estaban dispuestas para el estallido de una crisis que, como la del resto de América Latina, había sido preparada por la colosal ampliación de las funciones y los egresos del estado.

1979-1982 LA APERTURA - FIGUEREIDO Ese mismo año de la crisis, 1982, se inició también en firme la apertura política del régimen dictatorial. En noviembre (15) se realizaron por primera vez elecciones directas para gobernadores de estado que arrojaron un resultado bastante desfavorable para las fuerzas oficialistas. De allí en adelante la situación política, en el contexto de una economía que retrocedía con rapidez, se deterioró agudamente para el gobierno.

TRANSICIÓN 1982-1995 En 1983 aparecieron en toda su magnitud las consecuencias de la crisis de la deuda externa. La inflación se disparó a 180% en medio de una severa recesión: cayeron bruscamente las inversiones nacionales y extranjeras, miles de firmas se declararon en bancarrota y el ingreso per cápita resultó un 11% inferior al de 1980, con un aumento sin precedentes del desempleo. La oposición al régimen, hasta allí contenida y dispuesta a aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, se hizo entonces abierta y violenta. Estallaron disturbios y saqueos

en las principales ciudades del país y un extendido repudio al régimen cobró fuerzas en todos los ámbitos de la sociedad brasilera. La situación se parecía bastante, al menos superficialmente, a la que soportaba Chile en esos mismos momentos. Pero había algunas diferencias dignas de mención que explican, al menos en parte, el distinto curso que siguió la historia en ambos países. La dictadura de Brasil no tenía ante los ciudadanos más que una justificación económica, mientras que en Chile todavía Pinochet gozaba de bastante prestigio por haber superado el caos y evitado el tránsito hacia una economía abiertamente socialista; la situación económica era igualmente mala, pero en el país andino la inflación no golpeaba a los ciudadanos con su constante presión hacia el empobrecimiento, en tanto que en Brasil los precios seguían una escalada al parecer inacabable. Pero la mayor diferencia entre ambos casos sólo pudo verse algún tiempo después: asentada sobre bases más sólidas, la economía chilena se recuperó en un tiempo inusualmente breve, cegando en sus fuentes buena parte del descontento, en tanto que la brasilera siguió por un camino descendente que no acabaría hasta tanto no se reestructurase en profundidad Lo cierto es que, pese a toda la actividad opositora, el régimen militar también logró mantener, como en Chile, el cronograma de retorno a la democracia que había fijado previamene. No hubo así elecciones presidenciales directas, como exigía la mayoría de la población, sino una selección realizada por un Colegio Electoral bastante restringido. Aún así salió favorecido para el cargo de presidente un civil, Tancredo Neves, que se había situado en un plano de oposición moderada ante la dictadura. Su fallecimiento, por razones de salud, antes de que pudiera asumir el cargo, fue tal vez trágico para el curso de los acontecimientos futuros. En su lugar quedó José Sarney, más próximo políticamente al régimen anterior y, sobre todo, mucho más debil en cuanto a los apoyos que era capaz de concitar.

El Plan Real y sus Perspectivas Cardoso, convencido de que ningún proyecto económico podría resultar exitoso si no se controlaba férreamente la inflación, fue preparando el terreno para lanzar, en julio de 1994, el único "plan" que hasta el momento ha resultado exitoso en Brasil desde 1964, el Plan Real. La idea central de Cardoso, bastante semejante a la que se había aplicado ya en varios otros países de América Latina, era tener una moneda estable vinculada al dólar, eliminar de un modo sistemático el déficit fiscal y reducir el nivel de intervención del estado en la economía. La nueva moneda fue el real, e inmediatamente comenzó a funcionar como "ancla" para el resto de las variables económicas, mientras se trazaban firmes límites a la emisión monetaria y se ponían en práctica diversas medidas de ajuste similares a las que ya hemos comentado en los casos anteriores: se redujeron los aranceles y se eliminaron las restricciones cuantitativas al comercio exterior, aboliéndose de paso el programa que reservaba a las empresas brasileras el mercado de la industria de la computación, se emprendió una reducción de personal en la administración pública federal y, en conjunto, se llevaron a cabo diversas acciones destinadas a racionalizar los ingresos y disminuir los egresos fiscales. [V. Frediani, Planes..., Op. Cit., pág. 27.]

Los resultados del Plan Real fueron inmediatos. La inflación descendió abruptamente, desde cotas de más del 40% mensual a cifras menores del 5%, lo que creó en poco tiempo un nuevo ambiente de confianza en los agentes económicos (v. supra, Gráfico 1). El producto económico creció un 5,7% con respecto a 1993 en tanto comenzaban a afluir nuevamente, y de modo masivo, capitales extranjeros al país. En un clima de optimismo fomentado por el control evidente de la inflación, Cardoso se postuló a la presidencia de la república y ganó las elecciones con un 54,3% de los votos, asumiendo la presidencia el 1 de enero de 1995. Desde allí continuó con su programa de reformas que, a medida que avanzaba, encontró crecientes dificultades políticas por dos razones: a) porque, si bien la democracia ya se había consolidado en el Brasil a diez años del fin de la larga dictadura militar, el sistema de partidos políticos todavía se encontraba en un estado de fluidez, con formaciones "inestables, frágiles y fragmentadas" [Longo, Op. Cit., pág. 151.] que no le aseguraban una mayoría en el congreso y que hacían difícil pronosticar el resultado de cualquier votación; b) porque una buena parte de las complejas regulaciones y privilegios de la etapa anterior –como la estabilidad laboral y las pensiones de los funcionarios públicos– estaban asentadas en la propia constitución del país (v. supra). Esto obligaba a que "cada reforma" tuviese "que ser una reforma constitucional", como ha dicho el propio Cardoso, agregando que "ningún otro país ha tenido que cambiar la constitución para implementar las reformas económicas y políticas básicas". [F. H. Cardoso en declaraciones a Newsweek, Dec. 29, 1997/Jan. 5, 1998, pág. 14.] Para aprobar una reforma constitucional en Brasil se necesitan dos votaciones calificadas, con mayoría de dos tercios, de cada una de las dos cámaras que componen congreso. Cuando el efecto tequila golpeó la economía brasileña a comienzos de 1995 ésta recién comenzaba a deslastrarse del intervencionismo del pasado. Se registraron presiones muy fuertes sobre el real pero Brasil no devaluó: gastó $ 6.000 millones, de los $ 31.000 que tenía en sus reservas, para defender su moneda, y logró mantener la paridad. Este resultado se obtuvo porque sólo una pequeña parte de los capitales extranjeros invertidos en el país eran volátiles y por la firmeza que demostraron las autoridades monetarias ante el shock externo. [V. La Rotta, Adriana, "Lo que le falta a Brasil", en La Nación, Buenos Aires, 31/10/97.] Cuando después, en octubre de 1997, se hundieron los mercados y hubo fuertes devaluaciones en Asia Sudoriental, se repitió una historia semejante: de los $ 60.000 millones de reservas que tenía Brasil tuvo que gastar aproximadamente unos $ 20.000 para sostener el valor de su moneda, pero nuevamente lo hizo con éxito. En ambos casos desoyó consejos, incluso del FMI, que lo instaban a "adaptar el tipo de cambio" al cambiante entorno externo. Las autoridades financieras prefirieron, por el contrario, que "el gobierno y la economía se adaptasen a una moneda sólida" porque, con el historial de Brasil en materia de devaluaciones e inflación, cualquier flexibilidad en este sentido hubiera precipitado un retorno a la clásica inestabilidad del país. *O’Grady, Mary Anastasia, "Whatever the IFM Says Brazil Should Defend the Real", The Wall Street Journal, January 16, 1998.] En el caso brasilero, como en los de Argentina o Perú por ejemplo, resultaba imposible proceder a pequeñas devaluaciones que ajustasen el tipo de cambio sin desencadenar un pánico que otra vez llevase a la inflación. El comportamiento de esa variable, por otra parte, ha cumplido con las expectativas, pues después de un 22% en 1995 se ha situado por debajo del 10% anual y mantiene una firme

tendencia descendente. El crecimiento del PIB no ha llegado a los niveles de otros tiempos, pues se mantiene entre el 3 y el 4% anual en los últimos años, pero ese desempeño no puede calificarse de malo si se tiene en cuenta que el programa de ajustes no ha producido una recesión y que todavía resta mucho para alcanzar una auténtica economía de mercado. El nivel de vida de la población, desaparecido el cruel impuesto inflacionario, muestra ahora síntomas de mejoramiento: hay una recuperación de los salarios reales de más del 25%, una tasa de desempleo estable y relativamente baja y una expansión del crédito personal y del consumo que no se veían en décadas. [Según datos de la CEPAL.] El mayor logro de las reformas ha sido la amplitud de las privatizaciones, que están alcanzando sectores claves de la economía nacional, como el petróleo o las telecomunicaciones. Con la venta de la gigantesca Companhia Vale de Rio Doce, que obtuvo un precio de más de $ 3.000 millones en mayo de 1997, se dio un paso decisivo a favor de la credibilidad del programa, que espera obtener más de $ 66.000 millones por liquidación de activos públicos en el curso de 1998. El sostenido interés mostrado por los inversionistas por las empresas de telecomunicaciones de Brasil, aun en circunstancias de crisis internacional de los mercados, augura un posible cumplimiento de esta cifra, haciendo del programa de privatizaciones brasilero uno de los mayores del mundo. El éxito de las privatizaciones ha atraído una suma importante de capitales extranjeros y está contribuyendo decisivamente a estabilizar las finanzas fiscales. Se está tratando de reducir también la presión impositiva sobre la economía, mejorar la infraestructura –mediante la concesión de autopistas al sector privado–, consolidar el sistema financiero y realizar reformas laborales. En casi todos estos puntos se han logrado notables avances, aunque en materia de seguridad social y costos laborales falta todavía un difícil camino por recorrer, pues el presidente necesita del respaldo del congreso para actuar y debe neutralizar fuertes presiones sindicales. No obstante, habiendo logrado la reforma de la constitución, que le permitió postularse para un nuevo período presidencial, y habiendo triunfado también en las elecciones generales de 1998, Cardoso tiene ahora un camino mucho más despejado que al inicio de su gestión en 1995.

GARRETÓN MOVIMIENTOS SOCIALES Hay así un viraje desde el movimiento nacional-popular hacia el movimiento democrático, es decir, hacia un movimiento central que, por vez primera, no se orienta hacia el cambio social radical y global sino hacia el cambio de régimen político. Con ello, el movimiento social gana en términos estratégicos, pero se paga el precio de la subordinación de las demandas particulares a las metas políticas. A la vez, esto otorga el rol de liderazgo a los actores políticos. Lasnegociaciones y concertaciones en el nivel de las cúpulas y de las elites tienden a reemplazar las movilizaciones sociales durante la transición democrática y los procesos de consolidación. En este sentido, el proceso de democratización política tiende a separar la acción colectiva en dos lógicas que penetran a todos los actores sociales. Una es la lógica político-estatal orientada hacia el establecimiento de una democracia consolidada como condición para cualquier otro tipo de demandas. La otra es la lógica particular de cada uno de los movimientos orientados hacia beneficios concretos en la democratización social como condición para apoyar activamente al nuevo régimen democrático. La existencia de enclaves autoritarios después de la inauguración del régimen democrático mantuvo la importancia de los movimientos de derechos humanos al comienzo de las nuevas democracias. Pero éstos se vieron severamente limitados por las restricciones de los otros enclaves autoritarios y especialmente por el riesgo de regresión autoritaria. Ello confiere a los actores políticos, en el gobierno y la oposición, roles claves en la acción social subordinando, de esta manera, los principios de acción de otros actores a su propia lógica. A su vez, las tareas relacionadas con el proceso de consolidación privilegiaron, al comienzo, las necesidades y requerimientos del ajuste y estabilidad económicos desestimulando, así, la acción colectiva que se pensaba ponía en riesgo tales procesos. Como resultado, se produce un cierto grado de desarticulación y desactivación de los movimientos sociales. Pero más importante aún es que, al establecerse el régimen democrático, incompleto dadas las tareas pendientes de la transición en todos los casos, se deja a los movimientos sociales sin un principio central de proyección. Así, la pregunta, después del movimiento nacional popular y del movimiento democrático que lo reemplazó, tiene que ver con la posibilidad de un nuevo y central movimiento social en América Latina y con cuáles serán los movimientos sociales particulares que lo encarnarán.

PARTIDOS POLÍTICOS En la medida que en general se trató de transiciones negociadas, el interlocutor principal por parte del bloque democrático fueron los partidos.

¿Qué democracia? Las transiciones desde dictaduras militares o regímenes autoritarios a regímenes democráticos constituyeron los procesos políticos fundamentales en la década del 80. Se trataba de

establecer un núcleo básico de instituciones democráticas que resolvieran los problemas propios de todo régimen político: quién y cómo se gobierna la sociedad; las relaciones entre la gente y el Estado; y la canalización de conflictos y demandas sociales. Todo ello en reemplazo de mecanismos e instituciones propiamente dictatoriales definir mejor en términos de profundización, relevancia y calidad de los regímenes democráticos, lo que se superpone en muchos casos con los aspectos mencionados de transición y consolidación aún pendientes En términos generales, podemos decir que la matriz sociopolítica latinoamericana, clásica o nacional-popular, prevaleciente desde la década de los 30 hasta los 70, con variaciones acordes con los periodos y los países, se constituyó por la fusión de diferentes procesos: desarrollo, modernización, integración social y autonomía nacional. Toda acción colectiva estaba cruzada por estas cuatro dimensiones y todos los diferentes conflictos reflejaban estas fusiones, que caracterizaban los componentes de la matriz y debilitaban el régimen institucional. Los regímenes militares de los 60 y posteriores, el proceso de globalización con sus consecuencias económicas, y los procesos de ajuste estructural ligados a la imposición de una economía de mercado, apertura externa y reducción del papel del Estado como agente económico, ocasionaron la crisis de esta matriz y su descomposición o desarticulación. En todos los casos ello fue inicialmente acompañado de un aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales, así como de la desarticulación de los mecanismos de protección de los sectores vulnerables y de las formas clásicas de acción colectiva.

Cavarozzi A esta altura quisiera definir los aspectos centrales del proceso de «ajuste caótico». Como adelantaba en la nota 15, a partir de 1982 la balanza comercial argentina ha arrojado saldos positivos; similares resultados se han dado en los casos de Brasil y México. Asimismo, la magnitud de los déficit fiscales ha tendido a disminuir, si bien este comportamiento ha sido menos consistente que el anterior, y los altibajos han sido un dato habitual. Durante la década de 1980, por ende, las economías latinoamericanas más grandes han mostrado algunas «mejorías» si se las mide de acuerdo a las recomendaciones de los planes de estabilización tradicionales inspirados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero subrayar, más bien, es cómo se lograron estos ajustes y cuáles han sido las consecuencias de este patrón de ajuste. Uno de los factores principales del ajuste fue la caída de importaciones resultante del brusco declive de los niveles de actividad económica. Se puede destacar que una de las consecuencias paradójicas de los paquetes estabilizadores recomendados por los partidarios del libre comercio ha sido una resustitución de importaciones inducida por la recesión. Los déficit fiscales, a su vez, fueron reducidos «... sin tener en cuenta los efectos de largo plazo» (cfr. FANELLI et al.: op. cit., pág. 58). Estos autores detallan cuáles han sido algunas de las irracionales políticas de ajuste típicamente impuestas por los reductores-de-déficit-acualquier-precio:

«... a) la reducción de los salarios reales en el sector público a niveles que van más allá de lo que es políticamente sostenible y aconsejable en términos de eficacia; b) la aplicación de impuestos temporarios y extremadamente ineficientes; c) la postergación de gastos operativos y de mantenimiento imprescindibles, dañando irreparablemente la productividad del sector público y reduciendo la vida útil de valiosos activos como carreteras, edificios y vehículos; d) el atraso de pagos a proveedores domésticos y prestamistas internacionales, y e) liquidando los inventarios de las empresas públicas.» Sin embargo, el punto que quiero enfatizar es que los ajustes fueron más bien el resultado de procesos incontrolados de deterioro y no el efecto deliberado de las políticas en sí. En los últimos años de la década de 1980, Argentina y Brasil mostraron ejemplos repetidos de políticas convulsivas; intentos de ajuste, cada vez más extremos, y al mismo tiempo rápidamente frustrados, se combinaron con versiones de corto plazo y medidas contradictorias. A su vez, cada nuevo paquete de ajuste fue implementado partiendo de situaciones más difíciles; en ese contexto, el fenómeno de histéresis caracterizó crecientemente al proceso de fijación de políticas. La consecuencia más importante del patrón de «ajuste caótico» fue que se agudizaron los efectos más negativos del agotamiento de la MEC, es decir, la intensificación de la recesión y el incremento de los niveles de marginalidad económica y social. Al mismo tiempo, y esto fue lo más trágico, esos enormes costos se pagaron en vano: por una parte, no fueron erradicadas las condiciones de inestabilidad crónica; por la otra, no fueron construidos los cimientos para la emergencia de un nuevo modelo economicista, dirigista o de libre mercado. Algunos economistas han aprehendido parte del fenómeno de «ajuste caótico» al referirse al concepto de «mecanismos amplificadores» (FANELLI et al.: op. cit., págs. 33-38). Ellos destacan que, a partir de la década de 1970, la combinación de alta (e hiper) inflación y la fragilidad de los instrumentos financieros han llevado a un patrón de funcionamiento en el que los efectos de shocks y dislocaciones, incluso en el caso de que éstos no sean demasiado intensos, repercuten inmediata y «amplificadamente» en el conjunto de la economía. Uno de los corolarios del predominio de los mecanismos amplificadores es que las políticas tradicionalmente usadas para administrar las crisis se tornan prácticamente inservibles. Pero quiero subrayar que la noción de «mecanismos amplificadores» está aludiendo, al menos implícitamente, a un fenómeno más global y de carácter político: la de-construcción de toda autoridad pública. El «ajuste caótico» no es meramente un proceso económico; es, más bien, la manifestación de la crisis terminal de una matriz, la que denomino MEC. Por tanto, el «ajuste caótico» no comprende únicamente el colapso de los mecanismos técnicos y burocráticos de regulación estatal; también incluye la ruptura de los instrumentos políticos a través de los cuales el Estado promueve el consenso, o al menos la aquiescencia, de la mayoría de la población en torno a objetivos fijados colectivamente. El régimen de alta inflación y la fragilidad de los instrumentos financieros son simplemente la punta del iceberg. Ellos constituyen una evidencia, ciertamente la más dramática, de un

proceso más global: el descrédito generalizado y crónico de que el Gobierno central, sea a través de inducciones o de imposiciones, será capaz de convencer a la mayoría de la población, y especialmente a las grandes firmas capitalistas, de que sus políticas pueden lograr una mínima efectividad. La devaluación aguda de la moneda, como así también de los instrumentos financieros domésticos, se transforman en la ilustración monetaria de la evaporación de toda autoridad pública. La comparación entre, por un lado, Argentina y Brasil (y quizá Uruguay) y, por otro, Chile (y quizá México) nos estaría revelando que la aplicación rigurosa de las políticas de ajuste inspiradas por los partidarios del libre mercado no~constituye la panacea que los enfoques disciplinarios apoyados por instituciones como el Fondo Monetario querrían hacernos creer. La probabilidad de que la democracia se consolide no depende solamente de la modalidad de transición (análisis de Garretón). 



Prerrogativas de los militares sobreviven a la transición, o incluso reemerjan después de ella, impida, o al menos erosionen, la consolidación definitiva de las instituciones de la democracia política Cómo pueden las negociaciones debilitar la efectividad y representatividad de las instituciones.

En el proceso, juegan también un papel importante la DESORGANIZACIÓN ECONÓMICA y EL DESGASTE POLÍTICO. En este sentido, el autor sostiene que no sólo las transiciones iniciaron el camino hacia la democracia, también consistió en el agotamiento de la matriz Estado-céntrica que se había estructurado gradualmente 1930 5 tendencias: 

   

Doble crisis, o Fiscal: calidad de servicios públicos se deterioró sistemáticamente y la inversión pública se redujo o Déficit de balanzas de pagos se transformaron en un fenómeno crónico. Endeudamiento externo mucho más elevado y a la fuga de capitales. Capitalistas redujeron drásticamente los niveles de inversión. La inflación en subida El sistema económico mundial evolucionó, globalización de la producción, demanda de mayor flexibilidad de parte de las firmas y los gobiernos nacionales. Ruptura de los lazos sociales. Actores colectivos del pasado por un proceso de desintegración.

Esto sugiere el colapso de los mecanismos construidos a partir de la década de 1930. Agotamiento de la matriz político-económica que prevaleció en estos países latinoamericanos durante casi medio siglo, es decir, de las postrimetrías de la Gran Depresión hasta los finales de la década de 1970.

Neoliberalismo Consenso de Washington Éste no es otra cosa que una estrategia de estabilización económica definida por el gobierno estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que persigue, según sus propulsores, reducir el “tamaño” del Estado mediante la privatización (desestatización) de empresas y servicios públicos, terminar con el déficit fiscal y abrir los mercados nacionales con el objetivo de acrecentar inversiones de capital externo que posibiliten un mayor crecimiento económico. El mundo asiste hoy a un proceso que acentúa un doble proceso de desigualdad social: en el interior de cada una de las sociedades y entre cada una de ésta s. A escala planetaria, e se proceso -bueno es no olvidarlo- no tiene precedentes. Es te rasgo pone en la agenda de discusión académica, política y de estrategias gubernamentales, partidarias y ciudadanas, dos cuestiones centrales: la de la igualdad y la de la ciudadanía sociales Una característica de la conflictividad social actual, en Argentina, es la virtual ausencia (o, al menos, reducción) de acción colectiva, reemplazada por respuestas atomizadas, que a veces tiene por protagonistas a los directos perjudicados (como en el caso de los trabajadores de las fábricas de electrodomésticos y “linea blanca”, sobre todo los de Tierra del Fuego, o el de los empleados municipales jujeños), sin motivar la solidaridad de clase o meramente corporativa, pero que más a menudo adopta formas anómicas, incluso individuales, expresándose como violencia fragmentada y delictiva común (por ende, tratada como noticia policial), no traducida en violencia política, al estilo de la practicada en las décadas de 1960 y 1970.40 Como se sabe, estas formas de acción, derivadas de la exclusión social , no sólo no favore cen sino que impiden la constitución de actores sociales y políticos y, consecuentemente, de acción colectiva Como la Reina que Alicia encontró en el País de las Maravillas, el neoconservadurismoliberal salvaje, sólo conoce una única salida para las dificultades: “cortar las cabezas”. Por ahora las corta de una en una... Si no se lo detiene, ¿cuándo comenzará a cortarlas masivamente? O tal Vez mejor, ¿no las estarem os ya viendo rodar? LOGICA DE LA GUERRA.

Construcción de la democracia Los regímenes políticos dictatoriales y el terrorismo de Estado tuvieron una fuerte penetración social, invadiendo ámbitos y espacios cotidianos y privados que en el imaginario social no corresponden a la esfera de la política (las libretas de teléfonos, por ejemplo). También generaron espacios de resistencia y de solidaridad, ocultos y clandestinos, que aunque no se autodefinieron como públicos o políticos, funcionaron como espacios alternativos de socialización y de aprendizaje de patrones de conducta de relación con la esfera pública. La transición a la democracia involucra la reconstrucción de las instituciones del Estado y la transformación de las instituciones de la sociedad civil. Implica el desmantelamiento de formas antidemocráticas de ejercicio del poder (autoritarias, corporativas y/o basadas en la pura fuerza). Y también un cambio en las reglas que gobiernan la distribución del poder, el

reconocimiento y la vigencia de los derechos, la legitimidad de los actores sociales. A su vez, la gente tiene que adoptar comportamientos y creencias adecuadas o coherentes con la noción de democracia, aprendiendo a actuar dentro del renovado sistema institucional. Y los líderes políticos y las clases dominantes tienen que aprender a reconocer y tomar en cuenta los derechos y las identidades de actores sociales diversos, renunciando a la arbitrariedad y a la impunidad3 En el plano macrosocial, este proceso de construcción de derechos y responsabilidades tiene como referente el Estado, corporizado en aparatos institucionales tales como el aparato jurídico y las instituciones de bienestar. En la teoría democrática, estas instituciones derivan de su poder y su legitimidad de su representatividad, o sea, de la delegación de poder que la ciudadanía deposita en ellas. Que estas instituciones sean efectivamente depositarias de la representación ciudadana, sin embargo no está asegurado por ningún mecanismo de la democracia formal. De hecho, el Estado latinoamericano ha sido y es ajeno y lejano a la ciudadanía, apropiado por algunos y no por todos. Esto implica que el reconocimiento de las instituciones estatales y su legitimidad por parte de los “sujetos de derecho” es un largo proceso histórico de luchas sociales, sin garantía de un final necesariamente “feliz” y armónico. La tarea de la transición es, en este sentido, ardua. Partiendo de un aparato institucional estatal apropiado por autores autoritarios, el desafío de la transformación de esas instituciones, que tiene que cambiar el “dueño”. Y es en este punto donde la relación que la ciudadanía establece con las instituciones estatales se vuelve crucial. En efecto, contrariamente al funcionamiento cotidiano con expectativas relativamente claras y ordenadas de las democracias estables, en la vida cotidiana, durante períodos de transición, resulta difícil saber de ante mano cuáles son las tareas que deben asumir las distintas agencias del Estado, cuáles las responsabilidades de la ciudadanía. Si partimos de la necesidad de un proceso de democratización del Estado, corresponde a los actores de la sociedad civil la difícil tarea de demandar, empujar, promover y “policiar” ese proceso, cuando al mismo tiempo y de manera especular, se aprende y construye ciudadanía.

Juego de patriotas. Momento en que concluye la transición: cuando el poder civil democrático no tiene ningún tipo de condicionante originado en el ejercicio de la dictadura e impuesto por esta en su retirada, ni intentos de cuestionamiento de decisiones del poder civil que afectan a los militares, por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando estas dejan de tener prerrogativas que escapan a sus funciones específicas como PARTE del Estado y quedan subordinadas por completo al poder civil. Cambio de régimen político, se produce cuando las características sustancialmente distintivas de la dictadura dejan de tener vigencia y ceden lugar, en buena proporción, a las que, de modo antagónico, lo son de la democracia: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, DE OPINIÓN, DE PRENSA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS; PLURALISMO POLÍTICO E IDEOLÓGICO; SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO; OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANNOS, REALIZACIÓN DE ELECCIONES LIBRES, SIN PROSCRIPCIONES.

Primer gobierno posdictadura o democrático es el que se ejerce. En las condiciones de cambio de régimen recién señaladas, tras la consagración de los candidatos triunfantes en elecciones realizadas todavía bajo gobierno militar. Condicionantes: La instauración o la reinsatauración de la democracia política estuvo en mayor o menor medida condicionada por los términos en que se desarrollaron las diferentes transiciones desde las situaciones de dictadura. Fueron internos y externos con dimensiones temporales de larga duración (estructurales) y de coyuntura. COYUNTURALES. Situación económica internacional. Crisis de la deuda externa (relación con las dos crisis petroleras previas 1973 y 1979). Remite política interna de cada país. Endeudamiento para el pago del servicio de la deuda, Plan Brady, Baker, resultados modestos, década perdida, caída del PBI y flagelo de la inflación. La democracia que prosigue a la dictadura llega DEBILITADA a la escena para encragarse de la crisis, siendo ella misma un elemento de la crisis. El continuum dictadura democracia, por todo esto no es un transito indiferente a ala sociedad nacional. Reordenamiento de las instituciones y de las relaciones políticas.

Chile Se utilizaron dos plebiscitos para dar la impresión de que se consultaba al país. En 1978 se preguntó a los chilenos si apoyaban al general Pinochet ante la agresión internacional. Según fuentes oficiales, el 75 por ciento de ellos respondió que sí. En 1980 se pidió al país que aprobara una Constitución nueva cuya forma era decididamente autoritaria, con un período de transición de ocho años en el cual Pinochet ejercería un poder ejecutivo sin restricciones y con la posibilidad de que fuera reelegido para otros ocho años al concluir el plazo. La constitución de 1980 creó un sistema de gobierno presidencial con pocas limitaciones. Una parte importante del Senado sería nombrada en lugar de elegida. La Cámara de Diputados perdió todo poder real para vigilar al ejecutivo. La Constitución institucionalizó el poder de las fuerzas armadas en un Consejo de Seguridad Nacional, al que se dio una función en casi todas las cuestiones importantes y un papel decisivo en los asuntos constitucionales. El principio del control civil sobre el estamento militar fue abolido a todos los efectos. El gobierno afirmó que los resultados del plebiscito sobre la Constitución, en el cual participó el 93,1 por ciento del total del electorado, fueron del 67 por ciento a favor, el 30 por ciento en contra y el resto anulado o en blanco. Sin embargo, la falta de registros, el control total del proceso electoral por parte del gobierno, la masiva propaganda oficial, las insignificantes protestas de la oposición y, sin duda alguna, el fraude, la intimidación y el miedo a expresar oposición en una votación que quizá no sería secreta hacen que estas cifras sean muy dudosas.

En vez de participar en ella, lo que más le preocupaba era tomar una serie de medidas que redujeran el poder del gobierno entrante. Se aceleró el proceso de privatización de la

economía, que ya estaba muy avanzado. Se ideó una ley electoral que daría una representación excesiva a la derecha en el Congreso. Se promulgó una ley referente a las fuerzas armadas que haría que el control presidencial sobre los militares fuese muy difícil: el presidente, por ejemplo, no tendría la facultad de destituir a los comandantes en jefe de las diversas armas. Se alteró la composición del Tribunal Supremo. Se impuso una serie de restricciones al futuro Congreso que haría casi imposible investigar las actividades del gobierno Pinochet. La oposición protestó contra estas medidas, a veces con éxito, como en los casos del plebiscito sobre la reforma constitucional y la composición del ejecutivo del Banco Central. Pero poca duda cabía de que el programa político del futuro gobierno se dedicaría en gran parte a tratar de enmendar las restricciones a sus actividades impuestas por el gobierno Pinochet.

Existía ahora un acuerdo mucho mayor sobre la política económica: casi todos los partidos aceptaban que el mercado y el sector privado tenían un papel fundamental en el desarrollo económico El gobierno entrante quería mantener la próspera economía basada en la exportación y acogió con los brazos abiertos la cooperación de las inversiones extranjeras, aun cuando también se propusiera incrementar los ingresos impositivos. Este consenso en el campo de la política económica se reflejó de forma más general en las actitudes ante el sistema político. Muchos estaban de acuerdo en que era necesario hacer concesiones con el fin de sostener un sistema democrático El legado de los años de Pinochet tuvo su vertiente áspera también. El problema de la pobreza era agudo y difícil de resolver. La distribución de la renta había empeorado de modo perceptible y entre 3 y 4 millones de chilenos vivían en la pqbreza. Asimismo, muchos de los servicios que eran necesarios para aliviar la pobreza — sanidad, educación, seguridad social— habían sido descuidados por el gobierno Pinochet y andaban muy escasos de fondos. Sostener el crecimiento económico y hacer frente a la desigualdad social sería una difícil tarea que deberían resolver los gobiernos en años sucesivos. Otro legado del gobierno Pinochet fue dejar pendiente la justicia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Poca duda cabe de que los derechos humanos habían sido violados de un modo masivo y sin precedentes en el Chile de Pinochet. Los futuros gobiernos tendrían que intentar complacer a quienes pedían una satisfacción y, al mismo tiempo, no provocar a los militares hasta el punto de que retirasen su apoyo al orden democrático. El hecho de que el comandante en jefe del ejército bajo el gobierno Aylwin siguiera siendo el general Pinochet indicaba la naturaleza del problema que se les planteaba a los nuevos gobernantes al tratar de consolidar un sistema político plenamente democrático. El caso chileno presenta en este contexto una triple particularidad: en primer lugar, no se hereda una crisis económica, por cuanto el cambio básico de modelo económico y sus costos fueron realizados bajo el régimen militar; en segundo lugar, se trata del único caso en que casi todo el bloque opositor a la dictadura se configura como coalición de partidos de gobierno al inaugurarse la democracia; en tercer lugar, las dos ventajas anteriores son contrarrestadas por la profundidad y extensión de los enclaves autoritarios, lo que plantea la paradoja de una de las transiciones con democracia más incompleta pero con régimen más consolidado

Globalización – Democracia. El valor resignificado de la democracia política liberal, representativa es tal que permite actuar, en cierta medida, como reaseguro de la institucionalidad jurídica e institucional de países en los cuales -en otras condiciones históricas- la ruptura de ésta hubiese sido la norma. La derrota de los militares carapintadas en Argentina, el freno a los ímpetus golpistas de sus camaradas paraguayos e incluso la inacción (sin perjuicio de la presión sobre su gobierno) de los uniformados chilenos frente al enjuiciamiento del dictador Pinochet por tribunales europeos, primero, y chilenos, luego, tras la decisión negativa británica, son posibles, en medida considerable, por el consenso internacional en pro de dicha forma de democracia política (Ansaldi)

Dictaduras Institucionales A diferencia de las tradicionales dictaduras autocráticas, las nuevas son el resultado de la decisión de las fuerzas armadas, qua institución, de tomar por asalto el Estado (del cual son parte), desplazar al poder civil y gobernar apelando a mecanismos de selección de los gobernantes decididos y ejercidos por las jerarquías militares (Ansaldi) En la primera mitad de los años ochenta, las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas comienzan a ceder. Por entonces, varios factores se asocian para jaquearlas, entre las cuales descuellan la crisis financiera o de la deuda externa y, de modo muy significativo, el comienzo de la pérdida del miedo por la gente que, aun con inicios modestos, sale a ganar la calle para reclamar libertad y democracia política. Los resultados son transiciones conservadoras, pactadas, excepto en Argentina, donde la derrota de las fuerzas armadas en la aventura irresponsable de las islas Malvinas priva a los militares de cualquier posibilidad de imponer condiciones. Los procesos de transición son complejos y simples a la vez. Complejos, por el número de actores que intervienen en ella -si bien su capacidad de decisión se ordena vertical y desigualmente- y los condicionamientos históricos más o menos mediatos y/o inmediatos, tanto internos (nacionales) cuanto externos (internacionales). Simples, porque el procedimiento general es una solución de negociaciones tomada en el vértice, por las direcciones de los partidos políticos, y eventualmente de organizaciones representativas de intereses (sean de masas, como los sindicatos obreros, o más restrictivas, pero también más poderosas, como las de la burguesía), y las conducciones militares. En tales salidas, las masas pese a su importante papel en las luchas antidictatoriales- son marginadas. Así se aprecia en Brasil, Uruguay, Chile... Es decir, la lógica de las transiciones es igual o similar, mas la historia de cada una de ellas es diferente e incluso específica. Por cierto, Argentina muestra, por la razón antes señalada, una variante importante, si bien la desmovilización de las masas no está ausente. En las transiciones de dictaduras a democracias políticas que se producen en América Latina, la gran novedad es la renuncia a transformaciones radicales. Esto es, a diferencia de los sesenta y de comienzos de los setenta, en la década de 1980 la revolución se diluye como posibilidad, aun cuando Nicaragua (triunfo del sandinismo) y El Salvador aparecen como ratificación (a la postre, también relegada) de ella

Hay, en cambio, un énfasis muy fuerte en la democracia política, entendida en su forma clásica de democracia liberal representativa o democracia formal. En ese sentido, la apariencia muestra una consolidación de la democracia. Pero se trata sólo de una formalidad: hay elecciones periódicas, en muchos casos limpias y transparentes, si bien todavía persisten mecanismos clientelares La ciudadanía política es prácticamente universal, pero en la práctica se asiste a una licuación del ciudadano en mero votante, cuando no en abstencionista. En efecto, la abstención -una de las manifestaciones de la creciente apatía política- es considerable en muchos países y hasta crece en países en los cuales el voto es obligatorio. Probablemente, no contribuyan a frenar esa tendencia abstencionista -tal vez hasta la estimulen- las prácticas plebiscitarias impulsadas por el presidente Chávez, en Venezuela, y a las que parece sumarse el uruguayo Jorge Batlle. En Chile, donde la transición se prolonga como consecuencia de las salvaguardias impuestas por el dictador Pinochet antes de su salida del poder -mediante una constitución impuesta por las fuerzas armadas-, se produce lo que G. Cáceres Quiero ha llamado una “intersección entre dictadura y democracia”. A diferencia de lo ocurrido en otros países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, España, en Chile hay un bloque socio-político partidario de la dictadura muy fuerte, con una relación de fuerzas electorales muy próxima a la del bloque democrático, constituido por casi todas las organizaciones políticas antipinochetistas (de los partidos históricos, el gran ausente es el Comunista, que había sido parte del gobierno de la Unidad Popular durante 1970 y 1973). Si bien es cierto que desde 1988 (plebiscito) y 1989 (asunción del primer gobierno de la Concertación) este bloque es mayoritario, en las últimas elecciones la derecha se ha acercado notablemente y aunque la posición antidemocrática de sectores civiles y militares pinochetistas, poco partidarios de jugar lealmente el juego democrático y aceptar sus reglas, es todavía fuerte en todos los planos -económico, social, político, militar-, no menos cierta es la estrategia diferente que lleva adelante el sector más inteligente de la derecha chilena, encabezada por Joaquín Lavin, que tiende a desprenderse del lastre del ex dictador.

ECONOMÍA Al mismo tiempo, fuerzas económicas poderosas se enfrentan en pos de lo que algunos analistas llaman “golpe de mercado”: unos, en favor de la dolarización total de la economía, otros, de la devaluación. Ambas corrientes ponen en jaque la política de la convertibilidad, convertida en una trampa: ha doblegado a la inflación (hay, incluso, deflación), pero al mismo tiempo, por la sobrevaluación del peso, encorseta el crecimiento y la competitividad de una economía crecientemente desnacionalizada. La consigna electoral de la Alianza -“Crecer con equidad”, tomada de la Convergencia chilena (1989)- implica la adopción del modelo neoliberal-conservador, al cual se le atribuye una supuesta mayor capacidad para desarrollar la economía, y la pretensión ingenua de morigerar el brutal costo social que ese crecimiento macroeconómico -no siempre logrado, como la propia Argentina lo muestra en la actualidad y desde hace dos o tres años- conlleva en materia de desigualdad social. Empresa muy difícil, si no vana, pues la lógica del modelo de crecimiento fundado en el Consenso de Washington y su patrón de acumulación de capital es excluyente.

En Brasil, la histórica debilidad de los partidos y del sistema de partidos se mantiene, vis-à-vis el presidencialismo, la perpetua negociación entre el Ejecutivo y el Congreso, la política de alianza cupulares, el desarrollo de una política neoliberal atemperada -al menos comparada con los otros países latinoamericanos-, un incremento de las también históricas desigualdades socio-económicas -esas que hacen que el país sea denominado Belindia, por su combinación de ingresos como los de Bélgica en el vértice de la pirámide y de India, en la base- y el volcán de las acciones del Movimento dos Sem Terra (MST). Al igual que Uruguay -con el Frente Amplio-, Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos actuales en los cuales la izquierda tiene, en el corto plazo, posibilidades ciertas de llegar a ser gobierno nacional. En efecto, el Partido dos Travalhadores (PT) viene experimentando un sostenido crecimiento electoral, amén de haber sido parte de las segundas vueltas electorales en las tres últimas elecciones presidenciales (1989, 1994, 1999). Las sucesivas derrotas en esas instancias no han empañado la estrategia del único partido brasileño realmente orgánico. Por otra parte, la formidable experiencia del presupuesto participativo -orçamento participativo-, iniciada en la prefectura de Porto Alegre, no sólo constituye un mecanismo transparente y eficaz de utilización de los recursos públicos: es una manifestación empírica incontrastable de radicalización de la democracia. Constituye una manifestación del tipo de democracia que Macpherson especulaba como cuarta y superior forma de desarrollo de dicha forma de gobierno, la democracia participativa.

CORRUPCIÓN Una cuestión inescindible del cuadro de las democracias latinoamericanas actuales es la de la corrupción estructural. Su terrible expansión aparece potenciada por, o al menos asociada a, la generalización de la globalización neoliberal-conservadora. No estoy postulando una relación directa entre una y otra. En rigor, la corrupción estructural no es una novedad producida en la década de 1990: ella existe desde mucho antes, incluso socialmente aceptada y practicada (dentro de ciertos límites: evasión impositiva, coima a policías, conexiones clandestinas a servicios de agua, luz y teléfono, por ejemplo), alcanzando niveles excepcionalmente altos en la Colombia dominada por el narcotráfico y en el México hegemonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).26 Lo que la década de 1990 tiene de novedoso, al respecto, es la expansión y la mayor visibilidad de la corrupción estructural, en particular por los procesos de privatización de empresas estatales. La corrupción dentro de (o tolerada por) los niveles más altos del Estado alienta su práctica en todos los escalones de la burocracia y en la propia sociedad. Según sostiene Susan Rose Ackerman, economista y profesora de la Yale University, "[p]ara combatir la corrupción se necesitan líneas directrices desde la cúpula del poder. Si los escalafones medios saben que los de arriba tienen posiciones fuertes contra la corrupción se van a cuidar mucho".27 Ergo y contrario sensu, la ausencia de líneas directrices para la lucha frontal contra la corrupción, por parte de la cúpula del poder, no hace más que alimentar su práctica en los escalones subalternos En agosto de 2002, la organización International Transparency dio a conocer su habitual informe anual sobre los niveles de corrupción en 102 países. Sus datos ratifican el peso de la misma en América Latina. Así, Chile, el país menos corrupto de la región, ocupa el 17º lugar

(con 7.5 puntos, dentro de una escala que va de 0 -altamente corrupto- a 10 -altamente limpio), siguiéndole Uruguay (32º, con 5.1), Costa Rica (40º, con 4.5), Brasil y Perú (45º, con 4,0), Colombia y México (57º, con 3.6 puntos), El Salvador (62º, con 3.4), Panamá (67º, con 3.0), Argentina (70º, con 2.8), Honduras (71º, con 2.7), Nicaragua y Venezuela (81º, con 2.5), Bolivia (89º, con 2.2) y Paraguay (98º, con 1.7 puntos), En esa escala, Argentina aparece descendiendo, respecto de la medición del año anterior, del 50º al 57º puesto. Al respecto, el presidente de TI, Peter Eigen, señalaba que en dicho país “el Estado parece haber sido capturado por una red de dirigentes que lo usan en beneficio propio”. En ese sentido, no es un dato menor la constatación arrojada por varias y sucesivas encuestas de opinión pública, según las cuales los jueces (o la justicia), los políticos y los dirigentes sindicales gozan del menor grado de credibilidad (no superior, en el mejor de los casos, al 15 por ciento). Esos indicadores no son sensiblemente mejores en América Latina en conjunto: para Latinobarómetro, el Poder Judicial (33 %), el Congreso Nacional (27 %) y los partidos políticos (20 %) son las tres instituciones con menor confianza ciudadana, si bien el ambiguo “las personas” tiene también 20 por ciento. En contraste, la Iglesia Católica 72 %) y la televisión 60 %) aparecen como las instituciones con mayor grado de confianza. Como se aprecia, el panorama no es muy alentador. Bien mirada, la extensión de la corrupción no es un dato explicable sólo por razones propias de cada sociedad. La corrupción incluye, como es obvio, la vinculación entre dos o más partes (quien solicita la coima y quien la acepta; quien la ofrece y quien la recibe). Muy a menudo, una de esas partes está representada por personeros de empresas extranjeras. Tal situación se suma a un contexto que expone a las democracias latinoamericanas a intensa doble presión, una endógena, la otra, exógena. La segunda proviene de la política exterior norteamericana, especialmente orientada en dirección belicista e intolerante después del 11 de setiembre de 2001. Se expresa de diversas maneras, pero siempre con grosería: harto grosera, en el caso de Venezuela; muy grosera, en el de Brasil y Bolivia; grosera, e incluso cínica, en el de Argentina. Pero aquí y ahora me interesa destacar el papel de la presión endógena, pues remite a los actores sociales y políticos principales a la hora de resolver la construcción de un régimen político. Las burguesías ya han dado muestras de desdén por la democracia si ella atenta contra sus intereses inmediatos, como lo prueba elocuentemente el caso de Venezuela -tanto cuando el abortado golpe de Estado contra el presidente Chávez (con una inequívoca apelación a la lógica de la guerra, en detrimento de la lógica de la política), en abril de 2002, cuanto el lock-out de diciembre del mismo año- y menos visiblemente el de Argentina, en ocasión de la acentuación de la crisis política a partir de diciembre de 2001.

CREDIBILIDAD EN LOS POLÍTICOS – PARTIDOS POLÍTICOS La extensión de la corrupción estructural va ligada con la pérdida de credibilidad en los políticos y en los partidos políticos, cuando no en las instituciones estatales en general, comenzando por la justicia. En el caso de los partidos, esa carencia de credibilidad es inseparable de su creciente crisis de representatividad. No se trata de una cuestión que afecte a organizaciones y a políticos tradicionales. De hecho, reales o supuestos outsiders de la política -como Fernando Collor de Melo, en Brasil, Alberto Fujimori, en Perú, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, en Ecuador- han contribuido poderosamente a incrementar ese descrédito,

sumando sus experiencias a las de representantes de partidos tradicionales, como en los casos de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, Carlos Menem, en Argentina, y Carlos Salinas de Gortari, en México. Aunque no es posible incluirlo en ninguno de los planos en que se encuentran unos y otros de los recién señalados, el venezolano Hugo Chávez -que gana unas elecciones en las cuales la abstención es del 40 por ciento- también hace su aporte a la incredulidad ciudadana. En efecto, sus votantes apuestan por él en tanto luchador contra la corrupción -emblemáticamente representada por el adeco Carlos Andrés Pérez (1974-1979)-, pero en dos años de gobierno no se ha producido ninguna investigación sobre ella, al menos con resultados conocidos, sin contar las violaciones a los derechos humanos, tanto más notables cuanto la reciente “constitución bolivariana” es considerada una de las más avanzadas del mundo en la materia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Esa situación merece mayor atención de la que suele prestársele, especialmente respecto de la ficción de democracia que se construye a partir de la credibilidad asignada a los medios y a los periodistas y de la construcción de la realidad por parte de los mismos, en particular, la televisión (con la primacía de la imagen sobre el contenido y, sobre todo, la reflexión). Es significativo el tratamiento que los medios dan a la información originada en movimientos sociales o políticos contestatarios, o a las posiciones de intelectuales o políticos críticos. En este sentido, el problema parece radicar no tanto en lo que se dice, sino en lo que se calla u 31

oculta, es decir, en lo que Rafael del Águila ha llamado efecto CNN. Escapa a las posibilidades espaciales de que dispongo, el añadir otras consideraciones sobre la cuestión, pero entiendo relevante el, al menos, señalarla

POLÍTICAS NEOLIBERALES-CONSERVADORAS No obstante, la cuestión es compleja. Aunque a menudo no es planteada explícitamente, cuando no es soslayada por completo, esa cuestión compleja no es nueva, sólo que ahora aparece resignificada, tras la crisis del socialismo como alternativa al capitalismo. En efecto, ella estriba en saber hasta donde, en el contexto histórico-estructural latinoamericano, es posible aunar democracia y capitalismo. La aplicación rabiosa de las políticas propuestas por el Consenso de Washington, la debilidad para enfrentar los aspectos regresivos de la globalización neoliberal-conservadora, la expulsión de millones de hombres y mujeres del mercado de trabajo, el incremento brutal de la desigualdad social y de la pobreza (hay varios países en los cuales los pobres son el 70 por ciento de la población), el costo terrible de la deuda externa, la desprotección estatal son, entre otros, elementos que se suman a los agentes erosionadores de la construcción de un sistema político democrático. Las políticas neoliberales-conservadoras han producido una brutal fragmentación social, traducida en ruptura de los lazos de solidaridad y exacerbación de las desigualdades sociales. Tanto, como para poder decir que ha generado un régimen de apartheid social, toda vez que sus consecuencia y manifestación más visibles son la segregación socioeconómica y cultural de

grandes mayorías demográficas. Este apartheid social opera en dos registros entrelazados: el de cada una de nuestras sociedades, consideradas en su dialéctica interna, y el del mundo globalizado. En uno y otro, las distancias que existen entre hombres y mujeres ubicados en diferentes planos de la pirámide social se han tornado crecientemente mayores. El impacto es de tal magnitud que la tendencia estructural y la lógica misma del régimen se orienta -de no mediar una acción correctora del resto de Estado que queda- hacia una aún mayor desigualdad social. Las políticas neoconservadoras de los años 1990 han producido una brutal fragmentación social, traducida en ruptura de los lazos de solidaridad y exacerbación de las desigualdades sociales. Tanto, como para poder decir que ha generado un régimen de apartheid social, toda vez que sus consecuencia y manifestación más visibles son la segregación socioeconómica y cultural de grandes mayorías demográficas. Este apartheid social opera en dos registros entrelazados: el de cada una de nuestras sociedades, consideradas en su dialéctica interna, y el del mundo globalizado. En uno y otro, las distancias que existen entre hombres y mujeres ubicados en diferentes planos de la pirámide social se han tornado crecientemente mayores. El impacto es de tal magnitud que la tendencia estructural y la lógica misma del régimen se orienta -de no mediar una acción correctora del resto de Estado que queda- hacia una aún mayor desigualdad social. Las recientes elecciones en Bolivia, Brasil y Ecuador muestran, en una primera lectura, que porcentajes significativos, incluso mayoritarios, de los ciudadanos han expresado inequívocamente un dictum por un cambio estratégico, incluso sin romper los marcos del sistema capitalista.

DEMOCRACIA EXCLUSIÓN La cuestión de la relación entre democracia y exclusión no es nueva. Es la forma de referir la antes señalada, clásica ella, entre democracia y capitalismo. Si se quiere ser claros y precisos y mirar sin estrabismo, tal cuestión debe plantearse en términos de la relación entre las consecuencias de las políticas neoconservadoras de ajuste estructural y los derechos humanos. En esa dirección, Elizabeth Jelin se sitúa "en la perspectiva que analiza la relación entre democracia política, equidad económica y democracia social", para la cual "[l]a exclusión y la indigencia son la negación de derechos fundamentales. No puede haber democracia con niveles extremos de pobreza y exclusión, a menos que se defina como no humanos a un sector de la población".

BURGUESÍAS En cuanto a las clases dominantes, de una forma u otra, con argumentos variados en su expresión pero similares en lo sustantivo, nunca han creído en la democracia política, mucho menos en la social. La responsabilidad no les pertenece, sino que se la achacan a aquellos a los cuales explotan y dominan: pueblos inferiores, perezosos, ignorantes, carentes de preparación, según se ha dicho e iterado demasiadas veces en nuestra historia. Hay más que suficiente evidencia empírica acerca del carácter no democrático de las burguesías latinoamericanas como para creer que la proclamada adhesión actual a la democracia liberal, aún con todos sus límites, sea sincera. Su formidable capacidad

camaleónica le impele hoy a jugar el juego impuesto por la coyuntura política mundial. Pero Pinochet, la Junta Militar argentina, la dictadura brasileña, la experiencia de El Salvador, para poner algunos pocos ejemplos están todavía muy próximos en el tiempo como para creer en conversiones sinceras. El informe 1998 de la Comisión Andina de Juristas es ilustrativo de una tendencia aún predominante en casi toda América Latina. Después de señalar que el avance de la democracia en los países andinos no es bueno, pese a logros observables en los años recientes, se destaca un hecho preocupante: la “subsistencia (...) de contenidos autoritarios con ropaje democrático”. Es que hoy, la democracia política es una condición necesaria para hacer buenos negocios. La resolución de la crisis paraguaya, en marzo de 1999, es explicable, en buena medida, por la “cláusula democrática” del Mercosur, pero detrás del escenario los actores involucrados dirimen cuestiones de intereses económicos, algunos de ellos ilegales.

AHONDAR? No hemos avanzado mucho en la dirección de repensar a la democracia, sustantivamente, en el contexto de incorporación de América Latina a la globalización neoliberal. Tampoco en los efectos perversos de la licuación del ciudadano en simple votante, de la crisis de representatividad, de la ineficacia de instituciones claves de la democracia política representativo -especialmente el Parlamento-, del nexo Estado-empresarios ni, mucho menos, en las posibilidades, con fortalezas y debilidades, de formas embrionarias de democracia participativa, para citar apenas algunas cuestiones.

DEMOCRACIAS POBRES, la nota dominante es la pobreza, en el plano interno de nuestras sociedades, y la peligrosa inconsecuencia norteamericana en materia de reconocimiento de las opciones tomadas precisamente mediante la vía democrática que los Estados Unidos dicen preferir y defenderpor los pueblos latinoamericanos. Cuando digo que la pobreza es la nota dominante, no estoy pensando solamente en la carencia de recursos económicos. Así, tenemos democracias de pobres, pero también democracias pobres y un incierto futuro que hace pensar en pobres democracias si persisten o se imponen ciertas tendencias hoy presentes.

CONFIANZA EN LA DEMOCRACIA La misma investigación muestra que 50 % de los entrevistados está dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si éste resuelve los problemas de la sociedad, y 37 % opina que se puede pasar por encima de las leyes. Asimismo, 18 % (dos puntos más que en 2001) es indiferente al tipo de régimen (democrático o no democrático). Al mismo tiempo, se advierte el predominio de una concepción minimalista de la democracia, reducida a la existencia de libertad y elecciones, sin conceder relevancia a otras características de la democracia. “Un 50 % de los ciudadanos de la región quiere defender esos dos valores, tener presidentes elegidos y tener libertades civiles. Un 52 % también cree que los partidos políticos y el Congreso son indispensables, pero en promedio no le dan más de un 14 % de confianza a los partidos. Un 29

% solamente le tiene confianza a los gobiernos y un 36 los aprueba” (Latinobarómetro, 2002: 4). El mismo estudio señala: “El respeto a las minorías, el gobierno de la mayoría, el sistema de partidos y la función del parlamento, bienes políticos esenciales de una democracia, carecen de importancia para los ciudadanos de América Latina “En primer lugar, las elecciones *27 %+ y el desempeño económico *16 %+ son los sinónimos de la democracia para los ciudadanos de América Latina, lo que demuestra claramente su mayor debilidad, el hacer depender el apoyo del sistema democrático del ingreso digno de los ciudadanos en el olvido de los bienes políticos El trabajo de educación política, de una nueva educación política, se ha tornada más necesario que nunca. El punto de partida promedio en la región es bajo: según la investigación de Latinobarómetro (2002: 10), 52 % de los entrevistados considera que el desarrollo económico es más importante que la democracia (contra sólo 24 % que invierte la prelación), al tiempo que “para muchos latinoamericanos la democracia no significa algo que puedan expresar espontáneamente”. Para una política transformadora, otro resultado es más preocupante, constituyendo un obstáculo serio para construir la misma, si bien no exento -también él- de su cuota de ambigüedad. Según Latinobarómetro (2002: 4-5 y cuadro s/n “Opinión sobre la economía de mercado”), 57 % de los entrevistados en su estudio considera que la economía de mercado es la más conveniente para su respectivo país, porcentaje que se eleva al 66 % en el caso de la subregión centroamericana. Nicaragua, Paraguay y Costa Rica -con adhesiones de 77, 72 y 70 %, respectivamente- son los países donde la economía de mercado logra los mayores niveles de adhesión, mientras Argentina, Chile y Perú -con 43, 48 y 49 %, respectivamente- tres de las cuatro menores adhesiones. En México es de 66 %, en Venezuela, de 62, en Brasil y Colombia, de 56 por ciento. No dejan de ser llamativos los casos de Nicaragua, que atravesó la experiencia de la economía mixta impulsada por el sandinismo, y de Chile, paradigma de la economía de mercado impulsada por el neoliberalismo. Contrastando con esos altos valores de adhesión a la economía de mercado, los de satisfacción con sus logros es muy bajo, de 24 % promedio regional (pero de 42 % en América Central), con elevada dispersión entre el máximo y el mínimo de satisfacción. En Costa Rica se midió 53 %, pero en Argentina sólo 2 por ciento. En Paraguay fue de 7, en Perú, de 9 por ciento. En Colombia, la satisfacción fue de 11, en Chile de 19, en Venezuela de 23, en Brasil de 28 y en México de 34 por ciento. Uruguay, un país con una secular experiencia de intervención del Estado en la economía (que se remonta a la primera década del siglo XX, a partir del batllismo), la economía de mercado es considerada la más conveniente sólo por el 35 % de los entrevistados (es el país con el nivel más bajo), ubicándose la satisfacción con su funcionamiento en 10 por ciento.

REPENSAR LA DEMOCRACIA Ellen Meiksins Wood ha (re)planteado muy bien el problema: “en realidad, la economía del capitalismo ha invadido y reducido el dominio extraeconómico. El capital ha ganado control privado sobre cuestiones que antes eran del dominio público y, al mismo tiempo, ha cedido

responsabilidades sociales y políticas a un Estado formalmente separado. Incluso todos los ámbitos de la vida social que se encuentran justo afuera de las esferas de producción y apropiación, y fuera del control directo el capitalista, están sujetos a los imperativos del mercado y la mercantilización de los bienes extraeconómicos. Es difícil hallar un aspecto de la vida en la sociedad capitalista que no esté profundamente determinado por la lógica del mercado”. Ahora bien, como señala más adelante la profesora de la Universidad York, en Toronto, “el mercado capitalista es un espacio tanto político cuanto económico, un terreno no sólo de libertad y opción, sino también de dominación y coerción”. Por eso, a su juicio, “es necesario repensar la democracia no sólo como una categoría política, sino económica” (Wood, 2000: 324 y 336). Esa tarea de repensar la democracia es urgente y no puede dejar de lado su articulación con el proceso de globalización neoliberal, que es un proceso tanto económico cuanto social, político e ideológico. La articulación o el nexo entre Estado (mínimo) y grupos empresarios es una de las formas que adquiere ese proceso. Otra manifestación es la opción prioritaria del desarrollo económico por sobre la democracia -mayoritaria en la preferencia promedio de los ciudadanos En dos trabajos anteriores (Ansaldi, 2000 y 2001) he señalado que en el contexto históricoestructural y actual parece claro que, si las palabras no quieren decir cualquier cosa, la democracia política -en su forma hoy dominante, la liberal representativa- está lejos de estar consolidada en América Latina. Más aún: las realmente existentes son democracias políticas relativamente estables, no consolidadas ni, mucho menos, irreversibles. Están aún más cerca de la precariedad que de la fortaleza. Añadía también que no era aventurado proponer que el aumento de las protestas sociales y, sobre todo, las eventuales posibilidades de dejar de ser un medio para hacer buenos negocios por parte de las burguesías locales, extranjeras y transnacionales, las democracias podían seguir siendo, en América Latina, no sólo una asignatura pendiente, sino también expresión de una nueva derrota popular. Poco después, la burguesía venezolana dio, en abril y en diciembre de 2002, la primera prueba empírica en tal dirección. Frente a ello, Brasil nos marca un camino posible: como acaba de decir el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ese camino es el de la esperanza venciendo al miedo.

Anotaciones Poder político asumido por la institución militar, carácter reactivo contra la matriz de tipo nacional popular y un proyecto fundacional de recomposición capitalista y reinserción en la economía mundial. Desarticular político como movilización de masas. Exitosos en desmantelar los sectores sociales movilizados política o insurreccionalmente, fracasaron en eliminar las fuerzas políticas de la sociedad precedente y excepto en el caso chileno la generación de un nuevo modelo económico. Sin lograr nueva matriz sociopolítica. Pero también es cierto que su naturaleza misma consiste en que no hay derrocamiento ni derrumbe total del régimen, lo que implica presencia o proyección de éste tanto durante el proceso de transición como en las democracias nacientes. Mantienen cierta impronta del régimen anterior, lo que hemos denominado los enclaves autoritario Pueden ser institucionales (constitución, leyes) ético-simbólicos (problemas de Verdad y justicia respecto de violaciones de derechos humanos bajo el régimen Militar) y actorales (núcleos civiles o militares renuentes a jugar el juego Democrático).