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Introducción a las Políticas Públicas

DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES.

LICENCIATURA EN GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA

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DOCENTE:

MIGUEL BARRERA ROJAS MATERIA:

INTRODUCCION A LAS POLITICAS PÚBLICAS.

CHETUMAL, QUINTANA ROO A 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

ENSAYO AMAZONAS CLANDESTINO. 1

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Uno de los problemas más graves a nivel mundial, que causa mucha preocupación y requiere ocupación de manera inmediata es el narcotráfico y la tala desmedida de madera de manera clandestina. Son muchos los factores que a lo largo de la historia han contribuido para que esta problemática lejos de ser erradicada haya crecido desmedidamente. Y es que al ser un problema de índole mundial requiere que los gobiernos involucrados trabajen de la mano generando políticas públicas que generen soluciones para todos y contribuyan a erradicar dicho problema sin causar daños colaterales donde se vea afectada la economía de la población indígena que muchas veces se ven forzosamente envueltas en esta problemática. Tal como es el caso en Sudamérica, Brasil; donde las poblaciones indígenas son agricultores de la hoja de coca, la producción y comercio de la misma. Taladores ilegales y mineros ilegales como se menciona en el documental amazonas clandestino que se desarrolla en seis episodios donde, el periodista David Beriain se introduce en estas traicioneras regiones para mostrarnos a quienes luchan por cosechar sus tesoros prohibidos: desde el narcotráfico hasta la minería clandestina de oro, pasando por el tráfico de madera, las muertes de ecologistas y las guerrillas. En el primer episodio de la serie, llamado El valle de la cocaína, Beriain viaja hasta el VRAE, un remoto valle peruano que se ha convertido en el mayor productor mundial de cocaína, donde conoce todo el proceso de producción y distribución de esta droga. En este capítulo el periodista David Beriain nos muestra en medio de una charca en la selva el proceso de producción de la pasta base que si no es la droga en si es el inicio de todo. Cuidando la identidad de cada persona involucrada que nos comparte lo que se vive a diario en esa parte del amazonas nos muestra a detalle los ingredientes para la pasta base donde notamos que el proceso es algo complicado y está a cargo de gente indígena que en si no gana mucho, solo lo suficiente para sostener a su familia, donde en el VRAE mencionan que sin la hoja de coca no hay vida para ellos, el cultivo de la hoja de coca en Perú se mueve de manera gris, es decir está permitido ser agricultor de hoja de coca pero se está limitado a venderle solo al estado para uso tradicional pero es ilegal si la vendes al narco. Solo en el VRAE se calcula que hay 20.000 hectáreas de cultivo coca donde en manos del narco produce 200 toneladas de cocaína al año. Es curioso que la gente que cultiva la hoja de coca que en sí es la materia prima de la cocaína gane tan solo las migas de la ganancia que esta droga produce. 280 millones de dólares Es la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico de cocaína en el mundo, según el Informe anual de la Oficina para la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas. Según los narcos entrevistados en el programa, el 90% de la droga producida en Perú se queda en Brasil. Estados Unidos y México, por su parte, son quienes se hacen con la mayor parte del producto a nivel mundial: su mercado recibe unas 188 toneladas al año. Solo el 20% es la porción de la producción mundial que, se estima, acapara Perú, el 2

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primer destino de Beriain en el documental. Desde 2012, el valle de los Ríos Apurímac, Eme y Mantaro –o VRAE– se convirtió en el principal granero mundial para el tráfico de cocaína. Aunque las plantaciones han reducido a unas 42,900 hectáreas en 2014 gracias a la erradicación de plantaciones del gobierno peruano, las autoridades continúan redoblando esfuerzos para evitar que Perú se convierta en el próximo “estado narco”. Según el informe de la ONU en el 2015 Perú redujo en un 6.1% sus cultivos de hoja de coca y planea reducir a la mitad sus cultivos de esta planta hacia el 202. Se ha aprobado la estrategia nacional de lucha contra las drogas del 2017-2021 por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, son los tres mayores productores mundiales de hoja de coca, insumo clave para la elaboración de cocaína. Este es un problema que sin duda alguna forma parte de la agenda pública y no solo es preocupante para Perú. En el 2015 el Congreso aprobó una ley que faculta a la Fuerza Aérea, como último recurso, interceptar y derribar avionetas del narcotráfico, una labor que antes se realizaba con apoyo de Estados Unidos, pero que en el 2001 se suspendió porque se derribó por error una avioneta con misioneros, donde murieron dos personas.

Otro motivo de preocupación es el ingreso de plantaciones de coca a áreas naturales protegidas, aproximadamente de 135 hectáreas en el 2015, lo que representaba un 23% más que el año previo.

“En el ámbito diplomático, desde mediados de los años noventa se plantearon convenios políticos basados en la idea de la convergencia de intereses entre los países de América del Sur, sustituyendo las referencias hasta entonces usuales de América Latina. Aún durante el gobierno de Itamar Franco, el canciller Celso Amorim (que, por cierto, fue también designado por el presidente Lula para ocupar ese mismo cargo) decretó la creación del ALCSA -- Área de Libre Comercio Sudamericana (1994) que en ese momento fue interpretada como una reacción a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en especial, a la entrada de México a ese acuerdo. Ese anuncio, que no tuvo grandes consecuencias en el momento en que se realizó, fue un anticipo de algunos de los problemas que ya desde entonces se presentaban no sólo en la diplomacia brasileña, sino también en otras áreas del gobierno y de la élite nacional. De cierta forma, se estaba produciendo una aproximación de la retórica y estrategia diplomática a las concepciones geopolíticas que hasta entonces se 3

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habían sostenido en los asuntos relativos al área militar y de seguridad. A partir de ese momento, una meta de la diplomacia brasileña fue la creación de un pacto político sudamericano que se hizo realidad en 2000, con la reunión de los jefes de estado sudamericanos, reunión que fue la primera de su tipo en la historia de la región. (Agenda sudamericana de Brasil. ¿Proyecto, 2006)

La agenda pública Es un espacio creado para que las publicaciones de la sociedad civil, entren a participar en un debate público, para que haya un cambio social en el desarrollo de la democracia, depende de la calidad de dialogo colectivo, por eso buscan fortalecer las capacidades de las organizaciones o grupos que puedan mejorar su intervención con su vida por ello el estado se ve obligado a priorizar el narcotráfico y crear políticas públicas que mejoren el sistema. Ya que este es un tema que realmente alarma a la ciudadanía quien busca seguridad y bienestar. Este es un tema en la agenda prioritario, pero también algo delicado debido a que por otra parte es base fundamental de la economía de gran parte del estado peruano. “El ámbito comercial es una vertiente interesante para evaluar los avances y límites del enfoque sudamericano en las estrategias de Brasil. También en ese aspecto dicha estrategia ha mostrado que cuenta con un activismo razonable de parte de Brasil, pero, al mismo tiempo, ha acumulado problemas y desafíos importantes. (Agenda sudamericana de Brasil. ¿Proyecto, 2006) Los presidentes de América del Sur enfatizaron su preocupación por el problema de las drogas ilícitas y de los delitos conexos en la región, el cual-según realidades nacionales específicas- puede estar asociado a cuestiones tales como el contrabando, el tráfico ilícito de armas y el terrorismo. Se trata de amenazas que representan riesgos para la seguridad misma de las estructuras políticas, económicas y sociales de los países sudamericanos. El compromiso de los poderes del Estado y del conjunto de la sociedad civil es esencial en la lucha contra estos problemas. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 (a) del Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo de Trujillo, adoptó la Decisión 458 titulada "lineamientos de la Política Exterior Común". En dicha Decisión se establece, como uno de los principios en que se sustenta la PEC, "la paz y seguridad subregional e internacional y la solución pacífica de controversias" y, entre sus objetivos, se encuentra "el fortalecimiento de la paz y seguridad en la Comunidad Andina". Asimismo, en el área de acción política de la PEC

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se señala: e) Seguridad y fomento de la confianza Adoptar medidas conjuntas para el fomento de una cultura de paz y de solución pacífica de controversias, el fomento de la confianza. Especialmente en las zonas fronterizas, la limitación de armamentos y el desarrollo de nuevas concepciones regionales de seguridad democrática. (Wagner, 2001)

El periodista David igual menciona la tala ilegal que se da en Brasil, menciona que es una guerra oculta algo que sin duda conocemos y desconocemos en el corazón de la amazonia un lugar donde se encuentra la frontera de triple de Brasil, Perú y Colombia, según la ONU ya se ha arrasado con el 17% de esta región. La mitad de asesinatos a ambientalistas en el mundo sin duda se da en esta región. “La tala ilegal atenta contra la conservación y el uso sostenible del bosque tropical. Su existencia revela una inadecuada cultura forestal y es facilitada por condiciones sociales, políticas y económicas que desfavorecen el desarrollo de un buen manejo forestal. (Louman) Los bosques de Perú están bajo asedio. Por toda la Amazonia peruana, madereros ilegales y otros "legales", igualmente destructivos, se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), dos especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90 por ciento de la madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Las cifras oficiales informan que la mayoría de la madera dura peruana es exportada a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Gran parte de esta madera es importada en violación de los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente. . Por otra parte, la extracción de madera peruana muchas veces ha implicado la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta previa, a la subsistencia y a la integridad cultural. “La tala ilegal es aquella que se practica en violación a las normas existentes sobre el uso del bosque, ya sea porque se realiza sin contar con los permisos correspondientes, para los cuales a menudo no se cuenta con los requisitos necesarios, o porque éstos se obtienen en forma dolosa. En Brasil, se estima que 80% de la tala en la Amazonía es ilegal. Cifras de esta magnitud también se rumoran para los bosques latifoliados de países como Honduras y Nicaragua; hay estimaciones alrededor del 25% para países como Costa Rica y Guyana. Aunque estas apreciaciones son muy difíciles de verificar, son un indicador de la magnitud de dicha actividad (MINAE 2001)

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. La tala ilegal, según su definición, no necesariamente contribuye a la deforestación y degradación de los bosques; sin embargo, las regulaciones legales del aprovechamiento maderero tienden a procurar el manejo sostenible del recurso y su violación tiende a significar un mal manejo”. (Louman) A medida que se talaron los bosques de las zonas más accesibles, la mafia forestal peruana comenzó a penetrar cada vez más en la selva, en busca de especies cotizadas. La mayoría de estas áreas remotas forman parte los territorios que han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, incluso comunidades no contactadas y vulnerables. En Ucayali, por ejemplo, los madereros ilegales han abierto caminos hasta lo más profundo de la Reserva Murunahua, que amenazan la integridad de los territorios de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. En una palabra, la mayor parte de la madera ilegal de Perú es extraída de las reservas comunales de las Comunidades Nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en aislamiento voluntario, o de las zonas de conservación protegidas. La organización de la explotación ilegal en Perú se basa en un sistema regional amazónico que existe desde hace mucho tiempo, conocido como habilitación, el cual está financiado y controlado por intermediarios y por una poderosa mafia maderera. Las cabezas de esta mafia suelen estar vinculadas con las estructuras de poder locales, incluido el gobierno regional. Los intermediarios (habilitadores) adelantan dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas (habilitadas) para ingresar al bosque a cortar árboles, los transportan a aserraderos de "blanqueado" para "legalizarlos", y luego los envían a depósitos de madera situados en los centros urbanos. Los equipos de leñadores ilegales están en constante movimiento y bien armados, y se ha comprobado que usan armas de fuego para resistir cualquier tentativa de decomisar su madera en el bosque. La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización. Conflictos entre los madereros y las comunidades indígenas La tala sin control ha desembocado en conflictos entre las comunidades indígenas (con o sin título de propiedad) y los leñadores ilegales, que invaden sus territorios ancestrales para cortar madera sin permiso. Desde 2002, los jefes de la tala ilegal han promovido todos los años, tanto en Madre de Dios como en otros lugares, invasiones masivas a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con el objetivo explícito de obligarlos a desplazarse y así poder declarar que dichos pueblos no ocupan ciertas zonas de bosque donde abunda la madera valiosa. 6

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Los choques entre comunidades indígenas y leñadores se han vuelto cosa habitual. Hace muy poco tiempo, en mayo de 2005, dos leñadores fueron muertos a flechazos cuando estaban talando en el curso superior del Río Piedra, en Madre de Dios. Estas muertes provocaron fuertes protestas a nivel nacional; sin embargo, los líderes indígenas afirman que aún no se sabe cuántos de los suyos fueron víctimas de las balas de los leñadores durante el enfrentamiento. Verdaderamente se teme que los madereros estén masacrando comunidades indígenas remotas, pero tales atrocidades son aún desconocidas en el mundo exterior. En toda la región, leñadores ilegales y empresas madereras supuestamente "legales" aplican estrategias turbias y manipuladoras para lograr el acceso a los recursos de las Comunidades Nativas. Tanto los leñadores como las firmas madereras suelen inventar acuerdos escritos informales o firmar contratos formales con los líderes comunitarios sin conocimiento ni consentimiento del conjunto de la comunidad. En muchas de éstas no existen estructuras colectivas eficaces para la toma de decisiones, y los madereros se aprovechan de esta debilidad para hacer tratos con individuos o grupos reducidos. Bajo la presión de organizaciones regionales de pueblos indígenas, como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), conjuntamente con varias ONG y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno peruano adoptó una serie de iniciativas para combatir la tala ilegal. También se tomaron medidas para brindar protección a los pueblos indígenas no contactados. En abril de 2002 se estableció por Resolución ministerial una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, situada en el nacimiento del Río Piedra en Madre de Dios. En agosto, FENAMAD firmó un acuerdo con el gobierno para instalar puestos de control y vigilancia en la frontera Sur de la reserva (conocida como la línea 343). La crisis que predominó en la mayoría de las economías sudamericanas entre finales de la década pasada y principios de la actual alcanzó también a los dos proyectos de unión aduanera que conviven en el sur del continente, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur. Repitiendo su tradicional comportamiento pro-cíclico, el comercio intra regional se redujo en forma severa; paralelamente, las respectivas negociaciones sumaron nuevos conflictos y el incumplimiento de algunas de las normas y estándares previamente acordados deterioró la calidad institucional de ambos acuerdos y sembró fundadas incertidumbres sobre las perspectivas del pretendido proceso de profundización de la integración regional. La recuperación de las economías en los últimos tres o cuatro años, en un contexto de fuerte crecimiento en toda la región, le devolvió cierto dinamismo a los intercambios intrazona, modificando una de las 7

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condiciones que dificultaban el avance de las respectivas agendas integracionistas. Sin embargo, la mejora de la situación económica y comercial no ha sido suficiente para relanzar la marcha institucional; por el contrario, con rasgos diferentes, ambos procesos atraviesan por una coyuntura crítica. (Porta, 2008) En octubre del mismo año, el gobierno creó la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en el Perú, la cual elaboró luego un plan de acción en este sentido. Se organizaron mesas redondas nacionales y regionales sobre política forestal, durante las cuales el gobierno solicitó propuestas sobre cómo combatir la tala ilegal. Se han aprobado numerosos decretos y resoluciones gubernamentales para reglamentar las actividades madereras, sancionarlas cuando son ilegales e investigar los casos de corrupción. Desde principios de la década del noventa, la inversión extranjera directa (IED) originada en los países en desarrollo ha crecido muy dinámicamente. Este proceso ha sido liderado por algunas economías asiáticas emergentes y, dentro de las latinoamericanas, sólo Brasil, México y, en menor medida, Chile han protagonizado flujos relativamente importantes. La gran mayoría de estas inversiones se ha dirigido a la propia región y se observa un rol preponderante de los respectivos. (Porta, 2008) A pesar de todos los compromisos formales y de todos los decretos, resoluciones, leyes y planes de acción, muy poco se ha hecho en realidad. El gobierno tiene más de 50 Puestos de vigilancia en la región amazónica, pero éstos no son efectivos debido a los funcionarios corruptos que permiten el tráfico de troncos robados y madera aserrada a cambio de soborno. Aún en los casos en que el personal gubernamental no es corrupto, los puestos no pueden tomar ninguna medida por la gran carencia de recursos. Los casos en que se ha decomisado oficialmente madera ilegal talada por empresas madereras han sido poco frecuentes y de escaso volumen. La policía y las autoridades forestales no han apoyado los puestos de vigilancia a cargo de FENAMAD en la línea 343; como consecuencia de esto, los leñadores ilegales invaden continuamente el área protegida. En mayo de 2005 se estimaba que había no menos de 150 campamentos de leñadores dentro de la Línea 343. Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para hacerlos salir. Algunos de los puestos de vigilancia han sido saqueados o incendiados por los equipos de leñadores clandestinos. La mafia y las grandes empresas madereras son los mayores obstáculos para toda reforma progresista, tanto a nivel local como regional. Es por esta razón que muchas de las reservas propuestas para los

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pueblos indígenas no contactados aún no han sido legalmente instituidas. Tal es el caso de Napo Tigre, Yavarí Tapiche y Cashibo Cacataibo. La demora en la designación de estas áreas se debe en parte a la presión de los poderosos intereses comerciales e industriales que se oponen con fuerza a toda zona de bosque protegida, incluidas las reservas para pueblos indígenas no contactados y las extensiones de los títulos de propiedad ya existentes de las Comunidades Nativas. La nueva ley forestal adoptada en 2001 fue un elemento central de la respuesta del gobierno a la tala ilegal. Dicha ley debía promover una extracción sustentable de la madera en la selva peruana. Desafortunadamente, ésta fue implementada con precipitación, burlando las medidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y la tala ilegal y destructiva continuó con la misma intensidad. Las organizaciones de pueblos indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han señalado que la agencia gubernamental responsable de supervisar la delimitación y la venta de las concesiones, conocida como Instituto de Recursos Naturales (INRENA), ha violado numerosas normas de la ley forestal. Denuncian que esa agencia ha delimitado concesiones sin consulta previa y sin una evaluación social y ecológica, en contravención de las obligaciones contraídas por el Estado según la Convención 169 de la OIT y de varias leyes para la protección del medio ambiente y de las Comunidades Nativas. De este modo, las concesiones han sido impuestas en tierras indígenas en muchos lugares de la región amazónica. Por otra parte, los concesionarios usan el sistema de concesiones para blanquear la madera ilegal robada en las tierras indígenas y áreas protegidas adyacentes. Se mezcla la madera legal con la ilegal, usando los permisos de transporte de las concesiones madereras legales para evitar ser descubiertos. Cada vez son más las empresas madereras que ofrecen su apoyo a las Comunidades Nativas para que obtengan un permiso de extracción que les permita "legalizar" y "blanquear" su propia madera ilegal extraída fuera de la zona autorizada. Como explicó en 2004 el finado Sr. Kruger Pacaya, ex presidente de ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali). Las empresas pagan a las comunidades precios extremadamente bajos por su madera, y descuentan la mayor parte de sus costos como "crédito" otorgado a la comunidad, que éstas deben reembolsar en trabajo o madera. Recientes informes llegados de la región de Alto Purus revelan el alto grado de explotación y abuso a que están sometidas las poblaciones indígenas: reciben 30 dólares por un árbol de caoba adulto, el cual es vendido en11.000 dólares en Pucallpa. Como explica Arlen Ribeira, líder Huitoto y miembro de AIDESEP:

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"La tala ilegal y el robo de madera por medio de transacciones fraudulentas se practican a gran escala en el Alto Purus. Nuestros hermanos se vuelven cada día más pobres. Sus tierras están sufriendo grandes daños, dejándolos en una situación económica cada vez peor. Es una terrible explotación, a la que hay que poner fin..."

Los informes de los indígenas del Alto Purus confirman que la agencia gubernamental INRENA y los militares están implicados en el tráfico ilegal de madera. Ciertos funcionarios gubernamentales han sido acusados decomplicidad con la mafia maderera que extrae caoba y explota a las Comunidades Nativas. La lucha desde la base contra la tala ilegal Frente a la corrupción generalizada de las autoridades gubernamentales, que además se muestran reacias a enfrentarse con las poderosas y peligrosas mafias madereras, las comunidades indígenas de los bosques han decidido actuar por sí mismas y decomisar la madera robada en sus tierras y áreas protegidas adyacentes. En la Selva Central, por ejemplo, las comunidades Ashaninka formaron sus propios Comités de Vigilancia, Control y Defensa Forestal. Estos grupos de defensa territorial se han enfrentado a los leñadores armados y los han expulsado de sus bosques nativos. Acciones similares tuvieron lugar en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero en general el gobierno no ha recompensado a la comunidad e incluso, en algunos casos, se llevó la madera y la vendió como de su propiedad. Las Comunidades Nativas y las ONG que las apoyan tomaron también ellas sus propias iniciativas independientes de vigilancia local. Ejemplo de ello es el trabajo de las ONG CEDIA y Shinai, que han establecido puestos de vigilancia independientes y utilizado el GPS para evitar la entrada de leñadores ilegales en la reserva de Kugapakori-Nahua. Shinai trabajó directamente con las comunidades indígenas para ayudarlas a reunir sus propios datos por GPS y presentarlos a las autoridades gubernamentales como evidencia de incursiones ilegales. En unos pocos casos, esta evidencia de base presentada a las autoridades de Lima empujó al gobierno a tomar medidas para decomisar la madera y expulsar a los leñadores clandestinos. A pesar de estos logros, la mayor parte de las iniciativas tomadas desde la base carecen de recursos y no cuentan con el reconocimiento oficial. Las organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil local se sienten cada vez más frustrados ante tantos decretos y planes gubernamentales que prometen tomar medidas pero hacen poco o nada para detener en los hechos la tala ilegal. "Estamos hartos de tanto diálogo político y mesas redondas forestales. El gobierno quiere seguir hablando de las formas de combatir la tala ilegal, pero no está dispuesto a hacer nada serio. Hasta el 10

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nuevo sistema de concesiones ha promovido el blanqueado de madera. Lo que necesitamos ahora es una serie de medidas reales para la aplicación de la ley y la protección legal de las tierras boscosas de los pueblos indígenas. Ya es tiempo de aplicar efectivamente todos los Decretos, Resoluciones y Acuerdos." (Jorge Payaba, Presidente de FENAMAD, setiembre de 2005). En su larga lucha para combatir la tala ilegal y la crisis forestal en Perú, las organizaciones indígenas y las ONG que las apoyan continúan reclamando: 

Expulsión inmediata de los madereros ilegales de las Reservas Estatales para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.



Medidas urgentes para controlar y vigilar efectivamente las fronteras de las reservas para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

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Investigación y sanción de los operadores forestales ilegales que actúan dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas.

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Nuevos mecanismos y recursos para asegurar una aplicación adecuada de las leyes y protecciones existentes referidas a los pueblos indígenas y los bosques.



Los países importadores deben dejar de comprar madera dura peruana hasta que cesen la tala ilegal y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

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Reforma de la ley forestal y cambios en su aplicación que garanticen el respeto de los derechos consuetudinarios de los indígenas a su territorio, sus tierras y sus recursos.



Mayor reconocimiento y ayuda técnica y legal para la defensa territorial y las iniciativas de vigilancia tomadas por las comunidades indígenas y locales.



Programas de capacitación y de fortalecimiento institucional para las Comunidades Nativas y sus organizaciones afectadas por la crisis de los bosques.

Otra problemática que sin duda forma parte de la problemática de américa del sur y que no podemos pasar por alto es la explotación minera en busca de oro. Selvas son explotadas en busca de oro. Este tema también fue investigado por nuestro periodista David y expuesto en el documental amazonas. Y como en ambos temas de narcotráfico y tala ilegal la población indígena es quien responde a la mano de obra básica como base principal de su economía exponiendo su vida incluso. En los tres territorios clandestinos corre sangre. El profesor Raimo Vayrynen, de la Universidad de Georgetown, llama la atención que, además de la predominancia actual de los conflictos interestatales, el crimen internacional organizado constituye una conflictividad emergente, cuya rápida expansión está estrechamente vinculada al crecimiento de la violencia urbana, que se

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articula internacionalmente. Sus causas se pueden hallar en el creciente desempleo y expansión del sector informal de la economía. (Porta, 2008)

Y es que el extractivismo en Perú es un problema ecológico latente. A pesar de todos los foros paneles debates y lucha contra el mismo aun es fuerte en Sudamérica y al ser economía base de los indígenas a estos no les importa dañar la naturaleza, tristemente como menciona un indígena en el documental amazonas para ellos ante la crisis económica eligen entre dar muerte a una persona (narcotráfico) o dar muerte a un árbol (tala ilegal y minería ilegal) siendo estas dos actividades las más realizadas en la amazonia. Y es que el sueldo oscila entre los 50 euros luego de 24 horas seguidas de trabajo. El extractivismo convencional, y en especial aquel de las décadas de 1980 y 1990, se caracterizaba por el acotado papel del Estado, transfiriendo al mercado la marcha de los emprendimientos y las interacciones entre sus actores. Las empresas mineras o petroleras disfrutaban de la liberalización de flujos de capital (tanto la recepción de inversiones, como la toma de ganancias), flexibilización o reducción de las regulaciones laborales, ambientales y territoriales. Como consecuencia, en especial las corporaciones transnacionales, se expandieron en estos países. (Gudynas, 2009)

Y es que el documental nos muestra que no es tarea fácil y que el gobierno intenta a través de leyes erradicar este problema y vigila se cumplan pero la pobreza extrema logra que sean muchos los que arriesguen su vida y su libertad. El extractivismo actual no es idéntico al que se observaba bajo gobiernos conservadores, y los gobiernos progresistas introdujeron diversos cambios. Por ejemplo, el gobierno del MÁS en Bolivia, desembocó en cambios en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que pasa a constituirse en un actor clave frente a esos sectores. Algo similar ocurre en distintos sectores en todos los países, donde se debe reconocer que el protagonismo y las medidas tomadas sobre los sectores extractivos han cambiado. Dado que hablamos de una triple frontera es necesario que se creen estrategias internacionales tomando en cuenta que la interdependencia entre las sociedades implica una serie de interrelaciones transnacionales y transfronterizas que dan cuenta del complejo escenario internacional. “Los apoyos de los Gobiernos Regionales son importantes, ya que muchas de las aplicaciones de los intereses de la Alianza pasan por la sensibilidad que ellos y otros agentes regionales tengan hacia el mundo Aymara”. (Miranda, 2008)

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En el 2013 La UN en la Amazonia y la Gobernación del Amazonas presentan el proyecto de investigación “Ciudades y poblaciones fronterizas: una propuesta hacia la armonización de las políticas públicas en la frontera internacional del departamento del Amazonas con Brasil y Perú.

Más de un siglo después de la construcción conflictiva de la triple-frontera, surge un espacio de diálogo subregional que promueve el desarrollo económico del espacio transfronterizo y su inserción en el mercado global por medio de la cooperación política, posibilitando que nuevos horizontes de acción estén siendo imaginados. (Miranda, 2008)

Como se puede observar en el documental, la selva amazónica se enfrenta a una serie de problemas, entre los cuales podemos encontrar: – La falta de recursos de los gobiernos de los países que comparten la selva. – Los saqueadores que son los que se encargan de la deforestación y extracción de recursos vegetales y especies animales, contaminación del agua – y medio ambiente porque además provocan incendios. – Las Multinacionales que por explorar riquezas minerales (Petróleo, metales, minerales, gas natural…), desequilibran la ecología. – La invasión masiva de inmigrantes que llegan diariamente a colaborar con el ya existente saqueo. – La ausencia de leyes protectoras de la selva, y las leyes que hay al respecto, no se cumplen. Sin duda la selva amazónica es un problema transfronterizo. Bajo esta circunstancia es considerable un proyecto BID. El proyecto BID conlleva la aparición de la noción de “patrimonio natural y cultural” como clave para el reconocimiento de la alianza trinacional: la idea de preservación de los patrimonios es una condición para la proclamación de ciertos espacios como “bienes públicos” regionales o mundiales. Así es como participa de la redefinición de lo “público” fuera de las soberanías nacionales y de su transferencia hacia instituciones a niveles múltiples, tanto privadas como públicas (Badie 2003). En este contexto, las políticas territoriales de desarrollo se manejan siguiendo el principio de “desarrollo con identidad” que supone el “empoderamiento” de las poblaciones locales (Deruyttere 2006). En la concepción del Banco Mundial, “empoderamiento” y “buena gobernanza” se reforzarían mutualmente (World Bank 2002), ya que la capacitación de las elites políticas locales por estas instituciones es un medio eficiente 13

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de difundir los paradigmas de desarrollo de nidos en las o cinas de Washington. La situación de liderazgo chileno en este caso particular es una prueba de la capacidad propia a este país en adaptarse a los paradigmas internacionales, desde la aplicación del “modelo neoliberal” hasta la utilización de redes a niveles múltiples para la aprobación externa de la acción política local (Rouvière 2008). Más que de un debilitamiento del Estado, una hipótesis muy presente en la literatura sobre la gobernanza, la dinámica de legitimación de la AE surge de la adaptación práctica de los actores involucrados, tanto social como discursiva. (prat, 2009) El problema transfronterizo nos afecta a todos por que impacta al medio ambiente impacta en la economía y en la seguridad nacional e internacional. Sin embargo enfocándonos en los países enrolados en este tema la mayor parte del problema se produce en Brasil (país que tiene casi el 65% o las 3/5 partes de la selva amazónica) y sobre todo en Rondonia y Mato Grosso, estados en los que las actividades agrícolas y ganaderas han llevado a la progresiva destrucción de esa parte de la selva con la finalidad de cubrir la demanda de productos de exportación como la carne y la soya, una suerte de tándem mortal para la supervivencia de la selva amazónica brasileña. Es necesaria La influencia de actores externos en el contenido de las políticas de la región, el hecho es que esta influencia pueda servir como arma a los actores políticos locales para tener más peso en la elaboración de políticas territoriales, en espacios donde las políticas de Estado muchas veces generan esperanzas insatisfechas.

El reconocimiento de la acción política transfronteriza por los Estados se realiza por el intermediario de las fuentes internacionales de cooperación y mediante interacciones sociales específicas. Esta dinámica social se acompaña de una estrategia discursiva elaborada en función de la coyuntura de apertura de fronteras y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. (prat, 2009)

Este documental sin duda es un claro ejemplo de extractivismo como problema transfronterizo donde el uso de la agenda pública es meramente necesario para lograr resultados a través de políticas públicas que puedan contribuir a la mejora de esta situación que se vive en la amazonia y poder rescatar la selva amazónica, disminuir la tala ilegal, la explotación minera y la producción elevada de hoja de cocaína.

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Bibliografía Gudynas, E. (2009). El nuevo extractivismo del siglo 21. programa de las americas comentario, 12. Louman, B. (s.f.). El desafío de la tala ilegal. revista forestal centroamericana, 12. Miranda, S. G. (2008). De “Aymaras en la frontera” a “Aymaras sin fronteras”. En S. G. Miranda, Dialogo Andino (págs. 31-46). chile: DIALOGO ANDINO. Porta, F. (2008). La integración sudamericana en perspectiva. Problemas y dilemas. CEPAL. prat, U. a. (2009). si somos americanos. revista de estudios transfronterizos, 13-29. tomazini, R. S. (2006). Agenda sudamericana de Brasil. ¿Proyecto. agenda publica, 16. Wagner, A. (2001). La seguridad en la agenda de cooperacion politica sudamericana-. revista del centro de estudios, 146.

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