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El señor de la corte Natalia Aguiar A mis padres, que me enseñaron el valor del trabajo y la honestidad. A mi hermano, socio en las buenas y malas. A mis abuelos. A Lola, Tommy y Francis. A mis entrañables amigos y compañeros de ruta. Y a los que, desde su lugar, luchan por la justicia y un país mejor.

Prólogo Pensar en el Poder Judicial de Argentina es tener que pensar mucho y no siempre bien. La sospecha sobre miembros de un cuerpo, sin cuya existencia la democracia resultaría imposible, sobrevuela con insistencia desde hace décadas. Una porción significativa del Código Penal podría adaptarse, como una segunda piel bajo la toga, a jueces que tuvieron que salir por la puerta trasera de sus Juzgados. La misma hipótesis podría aplicarse a determinados magistrados que siguen en actividad. El destello que produce el reflejo de la plata provocó –y provoca– ceguera en la ambición de riqueza de esos hombres –y a veces mujeres– que un día eligieron olvidar que representan lo más sagrado de una sociedad: la justicia. Los medios de comunicación -con todas sus limitaciones y diversidad de propósitos- nacieron con la obligada vocación de denuncia de aquellos funcionarios e instituciones que se traicionan a sí mismos y emponzoñan un país. Los periodistas argentinos que conocen de memoria los pasillos de los tribunales de Comodoro Py y las escalinatas del Palacio de Justicia de la Nación, que es la casa de la Corte Suprema, fueron, en ocasiones históricas, valientes acusadores de aquellos que están más lejos que cerca de la ley. El respaldo de las empresas periodísticas en su trabajo supone una garantía y tranquilidad para ese investigador que tiene los ojos abiertos y el resto de los sentidos, en permanente estado de alerta. Denunciar el abuso de poder e identificar las diferentes caras de la corrupción no es tarea fácil para nadie. Mucho menos para alguien que, como Natalia Aguiar, no ha tenido a su lado el blindaje de una redacción. Tampoco debió ser sencillo sumergirse en registros mercantiles de Buenos Aires a Salta, con escalas diversas y parada obligada en Rafaela, ciudad de nacimiento del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Luis Lorenzetti. El desafío, visto y leído este libro, alcanzó proporciones enormes al rastrear sociedades encadenadas para tratar de localizar al creador de un tablero de piezas diseñado para engordar las alforjas propias a costa de las públicas. El periodista de investigación –en nuestro caso la periodista– vio multiplicar sus retos al abrirse paso en el camino del presupuesto de la Justicia. Hacerlo significó toparse con sorpresas impactantes. La primera, obras públicas

asignadas a constructoras que no llegan a colocar los cimientos o cuando lo hacen, se sostienen con la firmeza de un castillo de naipes. El ejemplo forma parte de una larga serie de hallazgos del libro que dan vértigo. Zambullirse en los charcos del Poder Judicial puede producir ese efecto. También, superar la capacidad de asombro: Contratos de sistemas informáticos que colapsan, intento de asalto tecnológico a los procesos electorales o el destino poco transparente de cientos de millones –o quién sabe si miles–, son algunos casos que vuelca la autora en estas páginas para arrojar luz donde pareciera imponerse la noche o, deliberadamente, el silencio. “Hacéte amigo del juez”, propone José Hernández en el Martín Fierro. Cumplir con la invitación (lo que significa) es, precisamente, lo que no hizo Natalia Aguiar. Periodista y abogada entendió que las causas de los pobres –y Argentina lo es en la Justicia– no pueden estar sometidas a acuerdos de pulpería. Natalia pasó una década larga atenta a las palpitaciones de los diferentes miembros de la Corte Suprema, conoce cada rincón del Palacio de Justicia y hasta el color de los ladrillos –los limpios y los otros– de la máxima instancia judicial. Este libro es la prueba de su tenacidad, de la dignidad de una mujer, de una periodista, que estuvo, parodiando la película de Fred Zinnemann, sola ante el peligro de rescatar la verdad. No tuvo detrás un equipo o una cabecera que la sostuviera. El resultado de su esfuerzo es la disección profesional de Ricardo Lorenzetti, el máximo responsable de esa Justicia que Argentina –y el mundo que la conoce- miran con recelo. La historia del Presidente de la Corte de la Nación pudo ser la historia cristalina de una mente brillante. La biografía que narra Natalia Aguiar pudo ser la del hombre que la mayoría de los argentinos pensó que era, cuando le designó el ex presidente Néstor Kirchner pero, no lo es. El jurista capaz de poner equilibrio, ser el fiel de la balanza incondicional de la justicia, templar con las presiones de otros poderes y evitar las tentaciones identificadas con el color del dinero, no es el que asoma en la mayoría de las páginas de este libro. En su lugar aparecen términos que ofenderían a una persona de bien: testaferros, fallos tarifados, traición, adjudicaciones a dedo y otras que el lector descubrirá en este informe minuciosamente documentado. También, con justicia, tendrá el lector la versión del protagonista o su derecho a réplica. El broche final es una entrevista que abruma como empieza y desconcierta como termina.

Este libro, en resumen, es una denuncia sin miedo, con documentos como prueba más que indicios, que los hay y son muchos. El Señor de la Corte, La historia de Ricardo Lorenzetti está repleto de citas y testimonios con nombre y apellidos. Es un trabajo de investigación y desencanto pero también de esperanza. Sin la colaboración de aquellos que ponen su voz al servicio de la periodista, sin el archivo y la información lograda –parte con ayuda de otros jueces, abogados, políticos y miembros de la Judicatura que creen en la justicia–, sospecho que Natalia Aguiar no podría haber llegado tan lejos. Todas las sociedades, y la Argentina no es una excepción, necesitan sentir que la justicia existe. El imperio de la ley es el único ordenamiento imperativo que los ciudadanos entienden imprescindible para sobrevivir con garantías mínimas de seguridad, desarrollo y dignidad. Descubrir el lado oscuro en la cabeza de la Justicia y de rebote en buena parte del resto del cuerpo, pese a las apariencias, es positivo. Saber quién es quién permite identificar a los jueces honorables y estos, aunque a veces surja la duda, existen y son muchos. Algunos, figuran en estas páginas. Carmen De Carlos Periodista. Corresponsal de ABC. Directora de SudAméricaHoy

Capítulo I Por encima del bien y del malCon más de diez años al mando de la Corte Suprema, Lorenzetti se volvió un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. La historia oficial del juez supremo. Macri, presidente electo. La primera de Lorenzetti en la frente: el fallo de la coparticipación. La venganza. La puñalada por la espalda a Fayt. Operadores, presiones y la retirada de Oyarbide. Con la Justicia a sus anchas, ahora iba por la política: el asalto (frustrado) del presidente de la Corte al sistema electoral. El hombre que lo enfrentó y le dijo no a Lorenzetti. “En treinta minutos tengo que sacar el decreto, me lo pidió Mauricio (Macri)”. Las palabras de Germán Garavano, flamante ministro de Justicia, reproducían el enojo del presidente con Ricardo Luis Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de la Argentina. La orden de Macri aquel 14 de diciembre de 2015 fue categórica: “Tenemos que demostrar quién manda”. Fabián Rodríguez Simón —“Pepín”, como lo conocen todos, abogado, hombre de confianza del presidente y diputado del Parlasur— escuchaba sorprendido al ministro. Garavano le pedía asesoramiento para ver cómo adelantaban el decreto, del que “Pepín” era autor, y nombrar en comisión a los nuevos ministros de la Corte Suprema que debían cubrir las vacantes de Carlos Fayt y Raúl Eugenio Zaffaroni. Los elegidos de Macri eran Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Tenían poco tiempo para resolver la situación. El gobierno buscaba devolver el “golpe”1 que había recibido de Lorenzetti apenas dos días después de ganar las elecciones. Al líder de Cambiemos y sucesor en la Casa Rosada de Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera le había dado tiempo a asumir la Presidencia cuando, por decisión de Lorenzetti, la Corte hizo público el fallo que, ahora, lo obligaba a enfrentar una millonaria deuda con los gobernadores. Lo hiriente de la decisión no era únicamente el daño económico a las arcas, semivacías, del Estado. Lo que ofendía a Macri y a todo el gabinete, era saber que esa sentencia había dormido el sueño de los justos durante una década y llevaba, al menos, dos años firmada. El desafío estaba servido y los más indignados eran los designados ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

A medida que conocían detalles, en el gobierno no podían creerlo. El fallo había llegado a tener, incluso, la rúbrica de ministros fallecidos como Carmen Argibay y Enrique Petracchi, además de la de Zaffaroni, el penalista que se jubiló de la Corte en 2014 y desde entonces asesoró a CFK en las causas que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. La sentencia del máximo tribunal, pese a estar firmada, estuvo congelada más de dos años en la Secretaría de Juicios Originarios, a cargo de José María Irigaray, hasta que llegó la contraorden. Consciente de lo insólito de la situación y del escándalo que podría armarse si transcendía, Irigaray, en 2013, mantuvo la siguiente conversación con Lorenzetti:2 —Doctor, en el sistema figura que el caso coparticipación está bajo mi órbita. Los otros ministros (jueces de la Corte) vinieron a preguntarme la razón. ¿Puedo responder que es decisión suya? —inquirió temeroso. De ninguna manera le habría contestado Lorenzetti. —Pero mire que ya me preguntaron y uno de los expedientes tiene redactado un proyecto de resolución para que circule (Nota de la autora: en la jerga judicial es que la causa pase por las diferentes vocalías de los otros ministros para la revisión) —insistió el secretario a su jefe. —Que siga figurando que lo tiene usted —remató Lorenzetti.La relación entre el flamante gobierno macrista y el Poder Judicial arrancó con aquella resolución que declaró inconstitucional la retención del reparto de fondos que le correspondían a las provincias. El 24 de noviembre de 2015, la Corte fue directa al bolsillo del futuro gobierno. Tenía que desembolsar, de inmediato, $93.000 millones de pesos que correspondían a: 13.000 acumulados en el 2016 más 80.000 de las provincias que presentaron la demanda: Córdoba, Santa Fe y San Luis. La sentencia había generado divergencias entre los jueces de la Corte —o ministros, en el argot del Palacio de Justicia—. Elena Highton de Nolasco discrepaba con sus pares y votó en disidencia. Esa decisión era un obstáculo para Lorenzetti que no podía contar, como deseaba, con todas las firmas y poner sobre la mesa una resolución unánime y sin fisuras. El anciano pero lúcido Fayt —a días de dejar su cargo a los 97 años— y Juan Carlos Maqueda apoyaban al titular de la Corte, en la forma y en el fondo de la cuestión.

La dimensión de aquella medida, algo parecido a un puñetazo en la mandíbula de Macri antes de que subiera al ring de la Casa Rosada, la explicaría más tarde Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de CFK: “Es una catástrofe” para el próximo gobierno porque “manda a la quiebra a la seguridad social”.3 El ex senador radical representante de la Cámara Alta en la Magistratura, Mario Cimadevilla, lo recuerda bien: “Si hubo una resolución inoportuna fue la de la coparticipación. Lorenzetti debió convocar al Ejecutivo y plantearle el caso. Los jueces tienen que ser conscientes del problema estructural que le generaron al Estado. Un juez que esté ajeno a la realidad del país no sirve para ser juez”.4 Para colmo, Cristina Fernández de Kirchner, todavía en la Rosada, se encargó de colocar otra mina en el camino del presidente electo que asistía, incrédulo, a los zarpazos postreros del poder. El 30 de noviembre, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la viuda de Néstor Kirchner ordenó devolver el 15 por ciento de la recaudación a las provincias argentinas. La factura, naturalmente, la tenía que pagar su sucesor. El mismo día de la accidentada investidura, Macri derogaría la medida. Aquel 10 de diciembre de 2015 pasaría a la historia por la negativa de CFK a traspasar el bastón de bando y colocarle la banda presidencial al sucesor porque al parecer se había negado a garantizarle impunidad judicial a ella y a los suyos. “Yo no manejo a los jueces” —palabra más palabra menos— es la frase que le atribuyen como respuesta a Macri ante los requerimientos, en los jardines de la quinta de Olivos, de quien por entonces era la anfitriona. La imagen del saludo de Lorenzetti —después de que el entonces titular provisional del Senado, Federico Pinedo, le tomara el juramento—,5 agarrándole la nuca con la mano al flamante presidente como si fuera un muchachito, también forma parte de la historia. Mientras el gobierno de Macri intentaba solucionar con senadores y gobernadores el conflicto planteado por la Corte y su antecesora, el supremo juez maniobraba entre bambalinas para ganar terreno en una Corte que, sospechaba, podía darle más de un disgusto con sus futuros compañeros. “Richard” pretendía, sorprendentemente, que el presidente designara como ministros de la Corte a dos magistrados de su confianza. Se trataba de Gustavo Hornos —camarista de Casación— y Domingo Sesin —miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba— quien había sido propuesto —sin éxito— por la mismísima Cristina Fernández. Célebre por la tenacidad e insistencia, Lorenzetti presionó, por distintas vías y de forma sistemática e ininterrumpida, desde el día siguiente que Macri ganara las elecciones. Para ello recurrió, entre otros intermediarios, al ex senador Nicolás Tito Fernández, hábil abogado de ciertos

asuntos privados y reconocido operador suyo. Cansado del acoso, Macri cerraría definitivamente las puertas a Tito y a cualquier tipo de “negociaciones sobre los futuros jueces”, confió un asesor de su absoluta confianza. El 14 de diciembre de 2015 el presidente, sin más contemplaciones, nombró ministros de la Corte por decreto y en comisión (pendiente de aprobación en el Senado) a Rosatti y Rosenkrantz en reemplazado de Fayt y Zaffaroni.6 La decisión la adoptó sin consultar ni siquiera a Rodríguez Simón, ideólogo de la estrategia legal. Macri dio la orden a Garavano y el ministro la cumplió. Lorenzetti entendió el mensaje de Macri: el que manda, soy yo. La decisión había tomado por sorpresa al titular de la Corte. Lo que tampoco sabía este era que el presidente precipitó las designaciones por el hartazgo que le causaban sus operadores y la ingeniería política que se veía obligado a desarrollar para acatar el dichoso fallo de los fondos de coparticipación de las provincias. “A día de hoy seguimos sin saber por qué se empeñó en sacar ese fallo. Fue una declaración de guerra sin sentido y, más tarde o más temprano, pagará por ello”, advierte un hombre del círculo rojo macrista. En el mismo sentido se manifiesta uno de los pocos amigos de Lorenzetti: “Tampoco lo entiendo, pero él prefiere guardar silencio”. Tal vez el presidente de la Corte sintió que ese era el momento político para emitir el fallo. O bien debía agradecer el nombramiento al kirchnerismo al que — además— libró durante una década de asumir la millonaria deuda con las provincias que hubiera significado un agujero negro en las arcas del Estado. Solo él sabrá a conciencia las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Lo paradójico del caso es que la idea original de Macri era esperar a septiembre para, con los nombres instalados, se debatieran los pliegos en el Senado,7 donde el gobierno pretendía dar una señal de fortaleza. Las repercusiones no tardaron en llegar. Elisa Carrió, diputada nacional y aliada en Cambiemos, puso el grito en el cielo y anunció que presentaría un proyecto de ley para evitar la designación de jueces por decreto.8 No reaccionó de igual modo el radical y ministro frustrado de Justicia, Ernesto Sanz: “La Constitución lo habilita absolutamente al Presidente”, defendió el mendocino.9 En la Corte la medida de Macri provocó el esperado revuelo. En una cena de magistrados la ministra Highton de Nolasco se despachó, copa en mano, con esta ironía: “brindo por Montesquieu”. Al ex senador Cimadevilla tampoco lo hacía

feliz la noticia. “Los que están en falta son los jueces. Ellos —recuerda— pusieron en juego el contrato social. Deberían brindar por Rousseau. El poder político debe garantizar la independencia y los jueces volver a ser jueces de la ley y no amedrentar con el poder”.10 Con los ánimos caldeados, el presidente Macri se reunió con Lorenzetti a mediados de diciembre de 2015. El encuentro fue, como no podía ser de otro modo, tenso, pero acordaron avanzar en la integración de la Corte con los nuevos ministros. Lorenzetti le aconsejó a Macri que los pliegos pasaran por el Senado.11 Confiaba en que la Cámara Alta los convertiría en papel mojado y los mandaría de vuelta a casa. Se equivocó. Macri logró lo que quería, colocar en la Corte a dos personas de trayectoria indiscutible que, además de ser juristas muy reconocidos, no tenían amistad ni relación con él. Es más, ni siquiera lo conocían personalmente.12 Carrió ya había denunciado que Lorenzetti “operaba” para sabotear en el Senado el nombramiento de Rosatti, por quien “Pepín” Rodríguez Simón la había consultado y ella había dado su visto bueno.13 Mirando fijo a la cámara, en entrevista con el periodista Luis Majul, se dirigió a él: “No sea hipócrita, usted es un corrupto. Está presionando, llamando senador a senador, para que no se designe a Rosatti en la Corte Suprema. Lorenzetti quiere ser presidente”,14 zanjó. La respuesta no se hizo esperar. El presidente de la Corte utilizó la página del Centro de Información Judicial (CIJ) para contestar: “Hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas”. El juez, frontal, añadió: “Quiero aclarar que hace muchos años que conozco al Dr. Rosatti y a su familia, y me une a él una relación de mutua consideración, por lo cual desmiento absolutamente que hubiera alguna gestión en contra de su nominación. Públicamente he declarado que ambos nominados son bienvenidos, y que nosotros no podemos intervenir en las decisiones del Honorable Senado de la Nación”.15 Los pliegos de los nuevos ministros (Rosatti y Rosenkrantz) fueron aprobados por el Senado el 15 de junio de 2016. Una nueva etapa comenzaba en la Corte Suprema.16 Rosatti asumió en junio de 2016,17 mientras que Rosenkrantz dos meses después. Así quedó conformado el máximo tribunal que renovó Néstor Kirchner cuando, en 2006, modificó la ley para reducir los integrantes de nueve a cinco. La incorporación de los nuevos ministros no fue una buena noticia para el

protagonista de este libro. Puso en crisis el modelo de conducción unipersonal de la Corte Suprema que había impuesto en los últimos diez años Lorenzetti, quien tiene mandato vigente hasta 2019.18

Sin piedad Pero no fue ese el único episodio que mostraría la avidez de Lorenzetti. También ocurrió con el tratamiento dispensado a su par Carlos Fayt, testigo del ejército de sombras que lideraba Lorenzetti, como solían deslizar los colegas. El juez decano no se imaginaría que aquel abogado de la ciudad de Rafaela que llegó a la Corte en 2004, tímido y de bajo perfil, se aprovecharía —años más tarde— de su vejez y sería el camino a su perdición en septiembre de 2015. “Un ángel con la cara sucia” como lo definiría Fayt y de quien no quería ni escuchar hablar y tampoco le hubiera confiado nada. Conocía en carne propia la traición del juez supremo. —Doctor, ¿dígame cuál es su secreto? —solía preguntarle Lorenzetti a Fayt con tono socarrón. —Los proyectos, que son los que alargan la vida —solía responder el ministro, como una forma de prevenir la repregunta. —Pero entonces, ¿no me va a decir cuántos años cumple? —insistía Lorenzetti. —El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia —contestaba sin revelarlo, con la complicidad del interlocutor. No en vano Fayt se había ganado la fama, pese a su edad, de ser el más suelto de lengua de la Corte.19El vínculo entre Lorenzetti y Fayt era de estima y cordialidad. Ambos compartían la pasión por el derecho y la obsesión por el trabajo, aunque también por la estética y la galantería. Cuando se encontraban, predominaba un ambiente distendido. El humor era un punto de encuentro y de cada reunión surgía una anécdota. La admiración era mutua. Así como Lorenzetti veía en Fayt un referente del “deber ser”, este —antes de que se sintiera traicionado por él— lo consideraba un hombre trascendente, con capacidad y posibilidades de disputar la Presidencia de la Nación, como observó en un almuerzo celebrado entre funcionarios judiciales. Aquellas declaraciones encendieron las luces de alarma en el kirchnerismo que, pese a hablar por entonces el mismo idioma con Lorenzetti, no perdía de vista que podía ser un adversario duro si se lanzaba como candidato. Para despejar temores

y evitar embestidas del oficialismo, el supremo juez negó aspiraciones políticas, de cualquier naturaleza, en una carta abierta publicada en el CIJ.20 “Continuaré —aseguró— en mis funciones como juez (…). La declaración del Dr. Fayt no tuvo otro alcance que una expresión de amistad y de respeto, que refleja la excelente relación que existe entre los miembros del Tribunal”.21 El kirchnerismo estaba convencido de que Lorenzetti lideraba una “minoría automática”, que se valía del supuesto deterioro cognitivo de Fayt, para manejar el tribunal a su gusto.22 La “embestida” desde el Ejecutivo, que necesitaba con urgencia colocar a dos jueces más que le fueran incondicionales, no tardó en llegar. Aunque el objetivo era deshacerse de Lorenzetti, a mediados de 2013 empezaron a tallar por el árbol que creían más frágil. Fue entonces cuando comenzó la operación de acoso y derribo contra Fayt con la coartada de su avanzada edad. Había cumplido 95 años. La munición gruesa se disparaba desde todos los escenarios del kirchnerismo, pero la que ordenaba y dirigía el fuego, sin tregua ni compasión, era la presidenta que toda Argentina ya conocía por sus siglas: CFK. Ella no soportaba que aquel anciano nonagenario no se hubiera jubilado después de haber cumplido 75 años, como establecía la Constitución de 1994, como lo reconocieron tres funcionarios del riñón K entrevistados para este libro. El problema que la ponía al borde del ataque de nervios era que no le podían aplicar la reforma con efecto retroactivo. La “abogada exitosa”, como se definió en una ocasión, comprendía perfectamente que Fayt era intocable, salvo que se demostrase que no estaba en pleno uso y capacidad de sus facultades. Era un momento complejo, triste. El juez más antiguo de la Corte23 nunca imaginó encontrarse en una situación similar. El salteño, de origen socialista devenido en radical, había sido testigo de todos los gobiernos de la democracia, conocía como nadie el sonido de las llamadas de teléfono del poder —que él evitaba responder— y se sabía al dedillo los tejemanejes de unos políticos históricamente insaciables. Pero nunca antes había sentido tan cerca de la garganta el filo de la guillotina que pretendía poner fin a una carrera ejemplar, como lo afirmaron algunos familiares y colaboradores más cercanos. El 2014 fue un año clave. Zaffaroni confirmó que renunciaría por imperativo legal en enero del año siguiente al cumplir 75 años.24 La noticia no era buena para el gobierno, que perdía un aliado imprescindible en la Corte y debía buscar un reemplazante. Aunque, si tenía suerte, serían dos. Eso, si se

lograba destituir a Fayt del cargo. Para lograrlo dudaban si podían contar con Lorenzetti. Cristina Fernández y el resto del gabinete ya no confiaban en él, por el contrario, le temían. La designación fue idea de Néstor Kirchner pero, como habían comprobado, no era garantía de lealtad incondicional. A lo sumo, de fidelidad circunstancial siempre y cuando él sacara algo a cambio. El kirchnerismo, con la excusa prevista de la avanzada edad de Fayt, finalmente arremetió contra el juez. El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se reunió en diferentes ocasiones con Lorenzetti. “Exploraba las posibilidades del alejamiento del juez y el papel que Lorenzetti estaba dispuesto a desempeñar”, confía una persona que veía pasar las visitas por el despacho del juez supremo en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Fayt se había convertido en un pedrusco en el zapato del gobierno, pero la puñalada por la espalda al venerable juez se la daría —según la familia— el hombre al que le había visto un futuro prometedor y presidía la misma Corte, su casa, durante diez de los doce años que habían transcurrido desde que llegó. A tal punto que la ciudadanía salió en su apoyo. La operación para lograr su renuncia arrancó el 21 de abril de 2015. Lorenzetti lo había convencido para que votara su reelección —por cuarta vez consecutiva— al frente de la Corte.25 Ese mismo día se hizo pública la acordada 11/15, que lo confirmó en su puesto, una vez más, con Highton de Nolasco como vice26 (período que se iniciaba en enero de 2016). El magistrado, ahora, se sentía seguro y con las manos libres. Horacio Verbitsky, columnista del diario Página 12 y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), intentó algo parecido a un amago de golpe contra la Corte —como fue analizado por los ministros— que sirviera para barrer a Lorenzetti, el premio mayor para el gobierno y de paso, terminar con los días de Fayt en el Palacio de Justicia. El periodista puso sobre la mesa las cartas con las que jugó Lorenzetti rodeadas de inconsistencias “inaceptables”, según consideró. Verbitsky, personaje al que la ex presidenta escuchaba con devoción, no mentía cuando negó que la acordada, como estaba por escrito, no había sido firmada “en la sala de acuerdos del tribunal”, en presencia de los cuatro jueces que lo integraban. En realidad, Fayt no asistía al Palacio desde hacía un mes para evitar confrontaciones con el gobierno.27 Era evidente que el débil trazo de la firma de Fayt (en la acordada) no había sido hecho en la Corte. Se produjo en su departamento de Recoleta, donde Cristian Sergio Abritta, el entonces titular de la Secretaría 5ª de la Corte, le había

llevado la resolución por orden de Lorenzetti.28 Las sospechas de irregularidades en “las maniobras que rodearon la votación” pusieron bajo la lupa no solo la reelección de Lorenzetti sino también sus ambiciones de poder. Se le reprochaba valerse del voto de Fayt con el fin de lograr los tres necesarios para ser reelecto presidente de la Corte, caso contrario debía votarse a sí mismo, y eso era impresentable hasta para él. Las acusaciones vertidas contra Lorenzetti no eran nimiedades. A las denuncias de Verbitsky —la decisión de Lorenzetti de anticipar, sin razones técnicas que lo justifiquen, casi un año la reelección y hacerlo firmar a Fayt en el domicilio particular y no en la sede de la Corte para evitar votarse a sí mismo, lo que consideraba un delito de falsedad ideológica— se le sumaron las declaraciones de algunas de las principales espadas del kirchnerismo. Zaffaroni, ya por entonces ex juez de la Corte, señaló que él no se hubiera hecho reelegir y “que la presidencia debería rotar”, mientras Aníbal Fernández lo atribuyó a una “falta de ética”. Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, fue más lejos y, tras referirse a Lorenzetti como “mono” —tal vez sabía que así lo llamaban de joven— y a Fayt como “momia”, opinó: “Lorenzetti hizo votar a Fayt para ser reelecto. Dios nos libre y nos guarde”.29 Lo cierto es que, harto de las críticas, Lorenzetti protagonizó otra de sus jugadas maestras: anunció primero en una reunión informal a Highton y a Maqueda que prefería no asumir la futura presidencia por “cansancio moral”, expresión que repetiría en una carta abierta a Verbitsky. El efecto, como esperaba, fue el “operativo clamor” para que permaneciera en la Corte. Algunos medios salieron en su defensa, lo quería. El kirchnerismo parecía resignarse a perder esa batalla, pero aún le quedaba la guerra contra Fayt. Esa se iba a librar en terreno presuntamente más favorable, desde La Cámpora. La agrupación liderada por Máximo Kirchner dio el puntapié inicial para impulsar el juicio político contra el anciano juez el 5 de mayo de 2015. La acusación fue por presunto “mal desempeño”. Además, el oficialismo le abrió un “proceso investigativo” (sic) para dar cuenta del estado de salud del jurista y su grado de lucidez. Casi en ese mismo momento, la diputada Carrió sostuvo que lo sucedido era “una entrega por parte de Lorenzetti”30 que usaba a Fayt como moneda de cambio para salvarse él. “Todos somos Fayt”, fue el slogan de una movilización que se realizó el 13 de mayo de ese año a favor del magistrado que —emocionado— escuchaba cantar el Himno desde su despacho.En un escrito presentado el 4 de junio, la diputada solicitó a los jueces de la Corte que

“evaluasen” el dictado de una acordada para “defender” a Fayt ante la “embestida oficialista” que pretendía apartarlo del cargo.31 Sin embargo, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti, consideraron que no eran “competentes” para “avalar a Fayt” ni resultaba “conveniente” su intervención.32 Lo cierto era que a Fayt le quedaba poco y nada en la Corte. Tras el lanzamiento de la fórmula presidencial kirchnerista Daniel Scioli-Carlos Zannini, el 16 de julio de 2015, las encuestas daban ganadora a la dupla. Ese pronóstico habría motivado un cambio de clima en la Corte. “O lo sacás vos o lo sacamos nosotros”, habría sido la frase categórica con la que Zannini, compañero de Scioli, increpó a Lorenzetti.33 Se refería al juicio político y a la comisión médica que habían convocado para analizar la salud de Fayt. Lo peor estaba por venir. El presidente de la Corte tomó nota de la petición y se puso en marcha. En reiteradas ocasiones le dijo a Fayt que ya no “podría sostenerlo”. En uno de los acuerdos o reuniones de la Corte de los martes, le dio a entender que había llegado la hora de presentar su dimisión. “Yo notaba que los respaldos a Fayt estaban afuera de la Corte”, evaluó Pablo Hirschmann, ex secretario letrado y hombre de confianza del ministro Fayt. Algo de cierto en eso había. “‘Ayúdeme’, me dijo sereno y me tomó fuerte del brazo. Yo había hecho un gesto n atural de asentimiento pero, en verdad, estaba sorprendido. Por esos días, en los que transcurría el juicio político en su contra, fui a verlo. Estaba apesadumbrado. Su pedido era para mí algo muy importante. Fue una demostración de confianza que me honraba”, contó Pablo Hirschmann, que atesora aquel recuerdo como uno de los más preciados de su memoria. El Papa Francisco, a través de una carta del arzobispo Mario Poli, envió una señal indudable de apoyo al juez porque consideraba que la embestida contra Fayt “vulneraba no solo el orden constitucional sino las normas éticas fundamentales de la convivencia pacífica”.34 La suerte del magistrado estaba echada. Había resistido lo indecible y cuando Lorenzetti le puso encima de la mesa su propia dimisión (él nunca la redactó), con fecha del 15 de septiembre de 2015 pero con efectos a partir del 11 de diciembre de ese mismo año,35 el día después del fin del mandato de Cristina Fernández, la firmó a regañadientes. Al menos, no se marcharía solo, lo haría con

“la señora”, se dijo. Así lo relata Margarita Escribano, su esposa, la misma que se enteró de lo sucedido aquel 15 de septiembre de 2015 por los medios de comunicación. Al igual que Hirschmann. Ambos, hasta el día de hoy, insisten: “Carlos Fayt nunca presentó su renuncia”. Sin embargo, Lorenzetti aseguró que sí lo hizo y además aclaró que el médico del ex ministro fue el que tomó la decisión, como se detalla en el último capítulo.36 Aunque Fayt tenía un médico personal, intervinieron los profesionales del cuerpo de peritos de la Corte como lo aseguró la familia del juez decano. De un modo u otro, lo cierto es que Lorenzetti había logrado su propósito. Ya no tenía necesidad de andarse con miramientos con Fayt que, resignado, había puesto su firma en el papel que lo desterraba, definitivamente, del Palacio de Justicia. El juez que había aguantado en su sillón, desde el gobierno de Raúl Alfonsín, descubriría en pocos días el valor de la palabra dada por el hombre más poderoso de la historia de la Corte. Sucedió cuando Lorenzetti rompió su promesa de ratificar por escrito la continuidad de sus empleados en el Poder Judicial. El último día en la Corte del viejo magistrado, previo a acudir al homenaje que le harían, la esposa se comunicó en persona con Lorenzetti para solicitarle, por última vez, que firmara la continuidad, en diferentes dependencias de la Justicia, del personal de Fayt. Lorenzetti volvió a negarse. Ella le dio un ultimátum: “O firma o no va al homenaje”, le dijo antes de cortarle el teléfono. Tras meditar unos minutos el escándalo que podría estallar, el mismo presidente la llamó y se acercó al despacho de Fayt. Margarita le presentó el listado de empleados con sus respectivos destinos. Lorenzetti les preguntó, uno por uno, si estaban de acuerdo. Lo estaban.El único que no figuraba en esa nómina era Hirschmann, quien cuando el presidente de la Corte le preguntó qué haría respondió que “acompañaría a Fayt hasta el final”.37 Fayt acudió entonces al último encuentro con sus pares. Fue su despedida, pero aún tendría otras sorpresas decepcionantes. Una semana antes había comenzado su mudanza, aunque todavía quedaban muebles y libros por embalar. No tuvo tiempo de terminarla. Lorenzetti, mientras le brindaba el homenaje, a sus espaldas, ordenó sacarlo todo y arrumbar en un rincón los enseres. De inmediato, dispuso la remodelación de la oficina del “prócer” de la Justicia —como se referían a él secretarios de la Corte y colaboradores— y una vez acondicionada a su gusto, se instaló. Ahora disfruta de un despacho que duplica el que tenía, más luminoso, con vistas a la calle Lavalle y pegado al museo de la Corte, donde se

alza la estatua del general San Martín. La última vez que Lorenzetti se puso en contacto con Fayt fue el 1 de febrero de 2016. Lo llamó para saludarlo por su cumpleaños y, de paso, darle la buena nueva: “Me he mudado a su despacho”, le dijo sin olvidar el tratamiento de usted que se dispensaban. La noticia le sentó mal a Fayt, pero habría otras. El hombre que tanto había admirado le había prometido, para seguir la tradición estadounidense, que mantendría habilitado un despacho en la Corte para que el veterano magistrado pudiera recibir personalidades, celebrar reuniones y realizar otras actividades de carácter institucional. Lorenzetti tampoco cumplió su palabra. Sin explicación previa y en simultáneo, la custodia de seguridad de Fayt, fue suspendida. “A pedido del jefe”, le diría uno de los custodios, en alusión al presidente de la Corte Suprema.

Adivina quién llama Si Lorenzetti no tuvo compasión con un par de 97 años, menos la tendría con un colega de una instancia inferior. A sangre fría, como la novela del estadounidense Truman Capote, Lorenzetti, no tendría miramientos para mantener su poderío. El hombre que lidera la Justicia estaba dispuesto a asumir cualquier costo. —¿Sabés cuántos presidentes de la Corte me llamaron? —fue la respuesta inesperada y rotunda que Lorenzetti escuchó en el teléfono y lo dejó perplejo. Era el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a quien llamaba (en febrero de 2016) para pedirle la renuncia. En un principio el juez ironizó y pensó que el motivo sería alguna denuncia. Se equivocó. Quería su dimisión. Era la segunda vez que le pedían que saliera del cargo por la puerta trasera. La primera había sido (en diciembre de 2015) en el despacho de Lorenzetti, en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde Canicoba Corral se defendió como gato panza arriba y le garantizó que no había razones para ello ni para ser investigado por mal desempeño.38 Canicoba Corral lleva adelante la causa contra el ex director de operaciones de la SIDE Jaime Stiuso y la investigación por el presunto lavado de dinero del ex fiscal Alberto Nisman y su familia. Pero también tiene lo que podría ser la sentencia de muerte en la Corte de su titular: la causa sobre supuestos sobreprecios e irregularidades en las obras públicas del Poder Judicial, donde el que parte y reparte no es otro que Lorenzetti, como denuncia el abogado Ricardo

Monner Sans. La secuencia de renuncias pedidas por Lorenzetti tendría su origen más en intereses suyos que en los del flamante gobierno de Macri. A mediados de 2016, Verbitsky,39 en su condición de director del CELS, aseguró que hubo “un ultimátum de Macri” a Canicoba y a los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. El mensajero “más insólito —según él— para solicitarles la renuncia” fue Lorenzetti. La teoría del “Perro” apuntaba a una especie de venganza, ya que ambos magistrados habían avalado el procesamiento de Macri por el caso de las escuchas ilegales, que al final fue resuelto por el ex juez federal Norberto Oyarbide. Lo seguro es que a este último el presidente de la Corte, el ministro Garavano y medio país, lo invitaron a dar un paso al costado. Otros aseguran que la pieza clave, el enviado más convincente para su “retiro”, fue Daniel Angelici, operador judicial, amigo del presidente y titular del club de sus amores Boca Juniors. Acorralado, el juez más cuestionado por la sociedad renunció ante el ministro Garavano el jueves 7 de abril de 2016 tras veintiún años en el cargo. Casi como si se diera un lujo —pese a liderar el ranking de denuncias por supuesto mal desempeño en la Magistratura— logró evitar el juicio político y librarse de investigaciones donde difícilmente podría salir bien parado. Sin ir muy lejos, aunque se despidiera entre lágrimas, consiguió que nadie hurgara en su sobreseimiento, por enriquecimiento ilícito, al ex presidente Néstor Kirchner y a su esposa Cristina Fernández.40 Pero como si el dominio de Lorenzetti no fuera suficiente, quizás aquellos episodios en los que intentaba congraciarse con el flamante gobierno no eran ajenos a una decisión delicada y temprana del presidente Macri. Cazador cazado o estrategia, Macri derivó por decreto “las escuchas” o interferencias telefónicas que venían solicitando los jueces a la Corte en el marco de investigaciones judiciales.41 La transferencia se oficializó el 15 de febrero de 2016 y los magistrados denominaron a la nueva estructura operativa, Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación.42 A pesar de que el traspaso incluía al personal y la infraestructura tecnológica, (como surge del acuerdo, el 15 de junio de 2016), los magistrados autorizaron 50 contratos a la nueva dirección. Esta fue delegada a Martín Irurzun por el período de un año.43 Por otro lado, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario letrado del juez federal Ariel Lijo, amigo personal del presidente de la

Corte, fue elegido director ejecutivo de la estructura que manejaría las escuchas. Lorenzetti se sentía reconfortado con “una mayor concentración de poder”.44

El asalto al sistema electoral Lorenzetti fue implacable a la hora de consolidar el mando. A lo largo de su gestión, Lorenzetti afinó las cuerdas judiciales del poder como si tuviera en las manos un delicado instrumento musical. Durante diez de los doce años de gobiernos kirchneristas demostró ser capaz, pese a alguna que otra embestida, de aguantar firme al frente de una Justicia bajo sospecha. Desde lo más alto del poder rediseñó los mecanismos de funcionamiento, pulió las aristas que tronaban en sus oídos, ensambló piezas y dio forma a la gran orquesta judicial que lo tiene a él como juez supremo, como al hombre que está por encima del bien y del mal. De los siete magistrados que integraron la Corte renovada por el fallecido Néstor Kirchner, fue Lorenzetti — Ricardito, Richard o el Mono, como lo conocen amigos y familiares— el que mejor demostró tener una muñeca extraordinariamente flexible al termómetro de la política y las mayores ambiciones de poder. Quizás eso motivara que Lorenzetti —quien ya había llegado a la cúspide de la carrera judicial— ahora buscara afianzarse en el ámbito político. Soñaba con convertirse en el único garante del sistema electoral argentino, o lo que es lo mismo, tener el control no solo de los votantes sino también de los resultados de los comicios. “Sin dudarlo, traspasaría muchos límites legales. A quemarropa arremetería contra la misma justicia que debía custodiar y pondría a la política nacional al filo del abismo: entre lo legal o lo ilegal”, opina el administrador general del Poder Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura, Juan Carlos Cubría.45 No había nada nuevo en el anhelo de Lorenzetti. Ya la modificación de la Ley Electoral 26.57146 efectuada en 2009 había despertado la voracidad del presidente de la Corte, según Cubría.47 Aquella norma establecía la reforma del Código Electoral Nacional, que incidía en la manera de confeccionar los padrones que se utilizan en los comicios. La norma establecía el nuevo tratamiento que la Justicia Nacional Electoral —que preside Lorenzetti— debía imprimirle a los datos que almacenaba y transmitía el Registro Nacional de las Personas (Renaper).48 Así fue cómo el juez supremo vio la luz al final del camino para “acaparar

el manejo del sistema nacional electoral”. Existía un resquicio que le podría permitir monopolizar la totalidad del sistema electoral, dejar fuera de juego a los magistrados que se ocupan de la materia y tener bajo su control absoluto las elecciones presidenciales, las provinciales, de gobernadores, municipales, legislativas… ¡Todas! La posibilidad de poder manejar los padrones electorales, altas y bajas de votantes, como los resultados de los comicios a lo largo y ancho del país era su objetivo, la antorcha olímpica, en palabras de Cubría. “Lorenzetti ya había tomado la justicia, ahora iba por la política”, insiste Cubría, el único funcionario que se atrevió a enfrentar al presidente de la Corte. El administrador no es un improvisado: además de ingeniero y abogado es el hijo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, la Chuchi —como la conocen en Tribunales— o María, como la menciona él. Lo cierto es que para Cubría había detrás un plan informático ideado para tomar el mando. La atrevida propuesta —en lo formal— había surgido de la Dirección General de Tecnología, por entonces a cargo de Gabriel “Trapito” Mehlman, hombre de llegada a Lorenzetti a través del juez Luis María Cabral, referente de la Asociación de Magistrados. Es decir que Mehlman respondía a la corporación judicial con quien Lorenzetti debió lograr empatía para construir liderazgo como se analizará en el capítulo 3. La iniciativa de Lorenzetti se basaba en implementar un nuevo software. Es decir, sustituir al actual Sistema de Información Electoral (SIE) por el Sistema de Gestión Electoral (SGE). Los cambios permitían tocar las vísceras más sensibles de las elecciones: los padrones electorales. Dicho en cristiano, esto significaba la transferencia de los datos de las veinticuatro jurisdicciones electorales que estaban resguardados por separado en el SIE a una única base de datos que se almacenarían en el SGE. Al ser solo una —que se manejaría como un simple documento de Excel— se tornaba susceptible a la “manipulación de los resultados de los comicios, responsabilidad que de esta manera quedaba solo en manos de Lorenzetti —a través de Mehlman—, sin el control judicial, según explicaciones de Cubría. Así, el presidente de la Corte les metería un hachazo a los veinticuatro jueces electorales. En rigor, “se pretendía anular la función de los magistrados que no podrían acceder ni manejar los datos de los votantes”, resumió el hombre al que, con la propuesta en forma de imperativo, trataron como un pibe.

Para ser más claros aún, añadió: “con una sola movida, muy inteligente, Lorenzetti, se habría convertido en el garante del sistema electoral y —si hubiera querido— podía cambiar los resultados de una elección”. No era ficción, era la más real de las verdades, en el análisis de Cubría. Lo que quería el presidente de la Corte no era poca cosa: “Quiere todo el poder y con este sistema que pretendía implementar se garantizaba tener a sus pies a los gobernadores provinciales, a los candidatos presidenciables y hasta al mismísimo Mauricio Macri”, insiste el ingeniero y abogado. Cubría pone como ejemplo el ballotage que ganó Macri el 22 de noviembre de 2015. “Si la misma noche del escrutinio de las elecciones se derivan desde el data center (sede del sistema informático judicial) 3000 votantes de un distrito al otro, se cambia el resultado de la elección. Y sin margen para que ninguno de los secretarios electorales ni jueces pudiera controlar o intervenir”, advirtió. Si Cubría accedía, algo a lo que no estaba dispuesto, la responsabilidad, vigilancia y control de las votaciones de Argentina pasarían a depender de Mehlman que era lo mismo que decir Lorenzetti. Eso, sin olvidar que el 2 de marzo de 2016 la Corte Suprema asumió la responsabilidad de la totalidad de la base de datos del Poder Judicial a través de la Acordada 6 del año 2016. Es decir, que toda la infraestructura informática, seguridad, transferencia de datos y padrones electorales, que hasta entonces dependían del Consejo de la Magistratura (Dirección General de Tecnología), pasaban a la órbita del máximo tribunal. Mientras en la arena política se debatía el proyecto de voto electrónico — que hizo cortocircuito y sucumbió en el Senado de la mano de los gobernadores y legisladores peronistas—,49 Lorenzetti daba en la justicia pasos agigantados. Había llegado el momento de cumplir el sueño de Lorenzetti: era martes 4 de abril de 2016. En ese preciso momento había empezado el pulso para ver quién se quedaba con el sistema electoral. —El viernes empezamos con la migración de datos del SIE al SGE —le dijo Mehlman a Cubría. —¡No! De ninguna manera. ¿Quién ordenó esa barbaridad? —respondió Cubría, según contó en off the record alguien que escuchó el diálogo.Mehlman se

mostraba inquieto, mientras el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel permanecía callado, nervioso y esquivaba la mirada. Cubría se puso firme. Sospechaba que detrás de esa “notificación” se escondía algo grande y peligroso. Necesitaba saber qué tramaba Mehlman, el representante de Lorenzetti en este asunto, tal como lo definió él. Aunque Schimmel era el emisario de la Cámara Nacional Electoral (CNE). —Necesito veinte días para leer el expediente porque esto es una situación compleja, me piden que apruebe un convenio de $9.108.000 y que avale la migración de datos del sistema informático actual al nuevo. —Bueno, no hay problema —le contestó Mehlman. Schimmel asintió. Paso seguido, Cubría desalojó a todos de la oficina y empezó a leer la documentación. A medida que avanzaba, el funcionario no podía creer lo que tenía ante los ojos: la destrucción total del sistema electoral argentino a través del nuevo software de gestión (SGE) que se tramitaba entre la UTN de Córdoba y el Consejo de la Magistratura. El asunto no era menor, pero además se daba la circunstancia poco grata de la supuesta vinculación de la UTN con el ex espía “Jaime” Stiuso ya que la Universidad de Córdoba era una sucursal de la institución donde se formó el ingeniero en Buenos Aires, como aseguraron los informáticos.50 ¿Y querían que Cubría estampara su firma en eso? Al hijo de la jueza electoral todavía le costaba asimilar lo que había dejado de ser una conjetura. Cabizbajo y pensativo, el hijo de la Chuchi, abandonó su oficina al final de la tarde aquel 4 de abril de 2016. Trataba de descifrar la estrategia de Lorenzetti porque, no tenía duda — se decía—, eran sus hombres los que impulsaban por indicación suya, este megaproyecto que pretendía colocarlo entre la espada del atropello y la pared de un posible fraude en las urnas. El miércoles 3 de mayo, mientras Cubría trabajaba en su despacho, recibió el llamado de un empleado díscolo de la Dirección General de Tecnología para advertirle que Mehlman se encontraba en el data center, dispuesto a realizar la migración de datos que anunciaban para tres días después. Es decir que lo que él ya veía como un virtual delito pretendían consumarlo el viernes siguiente. De inmediato Cubría, encolerizado, llamó a Mehlman y le dijo:— Escuchame, habíamos quedado que me daban veinte días para estudiar el

expediente. ¿Qué están haciendo? —Es, es, es (tartamudeando) que la Cámara me ordenó hacer la migración (transferencia) de los padrones electorales. Mehlman no pudo hablar más porque Cubría le cortó el teléfono y frenó todo de golpe: ese mismo día prohibió el traspaso de datos y la puesta en marcha de un sistema electoral que podría haber tenido efectos —posiblemente no democráticos— en los resultados de las siguientes elecciones. El número 1176/1651 con el que se registró la medida sería el de la desgracia para Lorenzetti, su fracaso, como advirtió Cubría. El administrador general no salía del asombro por varias razones. Pretendían no solo eliminar el sistema electoral vigente sino, además, que él suscribiera un contrato para implementar el nuevo software con la UTN-Córdoba de más de 9 millones de pesos, un monto que excedía a sus competencias. El escándalo estaba servido y, aunque atreverse a contrariar al presidente de la Corte tiene un precio, Cubría estaba dispuesto a pagarlo. Sabía que le harían la vida imposible, o al menos, lo intentarían. “Todo —continúa— habría quedado en manos de Lorenzetti si no lo atajo”. Él “al que habían tratado como si fuera un iletrado, un analfabeto funcional, había derribado a un corredor de fondo como Lorenzetti a mitad de camino”, analizaron senadores, jueces y funcionarios judiciales en una reunión secreta. “Le había arruinado el sueño que estaba viviendo con los ojos abiertos”, continuaron. Sabía que no se lo perdonaría. Pese al freno de Cubría, el presidente de la Corte no se dio por vencido. Así fue que, por su supuesta intercesión, la Comisión de Administración Financiera de la Magistratura (CAF) amplió, de manera excepcional y en contra de la ley, las atribuciones de Cubría. Para entender el modus operandi del juez supremo, la CAF autorizaba a Cubría a disponer del exorbitante gasto de $9.108.000, cifra que excedía sobremanera sus facultades que por ley se limitan a solo $1.500.000. La decisión se suscribió el 12 de mayo de 2016 a través del dictamen 22/16.52 Superado ese “obstáculo” financiero, también le permitían a Cubría firmar el convenio con la UTN sin requerir las especificaciones técnicas obligatorias del software que adquirirían, algo que chocaba de frente con la legislación vigente. “Era una manera de avalar que yo incumpliera la ley para luego tener las herramientas legales que les permitiera apartarme de mi cargo con justificación suficiente; me estaban tendiendo una trampa”, detalló Cubría.

Susceptibilidades al margen, este proyecto era respaldado por la Unidad Ejecutora Proyecto Informático del Consejo de la Magistratura (UEPI), según un informe de sus responsables emitido el 10 de junio de 2016.53 Los directores de la UEPI —Mehlman, Alejandro Falcone, Jorge Nasisi y Juan Carlos Cavo— son funcionarios que responden de manera directa a Lorenzetti a través de diferentes operadores, como se analizará en el capítulo 6. Además de establecer una serie de protocolos de seguridad informática para la implementación del nuevo software electoral, los funcionarios resaltaron que sería la Corte —y no Cubría— la que debía autorizar la migración de datos. A confesión de parte, relevo de prueba, como se suele escuchar en la jerga judicial. El andamiaje estaba aceitado. Lorenzetti había pensado todo de tal manera que él quedaría en el vértice superior de un triángulo de poder absoluto, sostenido en la base por Mehlman, desde la Dirección General de Tecnología del Consejo y apoyado en los costados por Santiago Corcuera, desde la Cámara Electoral, en palabras del administrador general del Poder Judicial.54 Pero nunca se imaginó el supremo juez que el asalto al sistema electoral lo frustraría Cubría, desde entonces su archienemigo. Así se lo hizo saber a través de senadores, jueces federales y operadores indiscretos que invitaron a Cubría a alejarse del cargo ante el “enojo” de Lorenzetti. Quizás la novela del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos Yo el Supremo55 podría explicar las actitudes de un hombre poderoso que desconoce los límites. 1. Entrevista realizada para este libro al jurista de la Academia Nacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. Además, se desempeñó como representante del estamento judicial en el Consejo de la Magistratura de Nación. En adelante las opiniones, información y todo aquello relacionado a la causa de la coparticipación, como la relación entre el presidente Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti, se atribuyen a esta fuente. 2. La supuesta “parálisis” de los expedientes surge del seguimiento de los mismos a través de la página web de la Corte Suprema. Sumado a información suministrada por fuentes del seno de la Corte Suprema que prefirieron el anonimato. 3. Infobae, 25 de noviembre de 2015: http://www.Infobae.com/2015 /11/25/ 1772253- coparticipacion-el-gobierno-el-fallo-la-corte-es-una-catastrofe/

4. Entrevista realizada para este libro el 21 de julio de 2016 a Mario Cimadevilla, ex senador radical, ex consejero de la Magistratura en representación del Senado en el periodo que abarcó desde noviembre de 2010 a noviembre de 2014. Actual titular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA. En adelante las opiniones e información relacionada a la resolución de coparticipación como la postura de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y demás ministros de la Corte y jueces nacionales y federales se adjudican a esta fuente. 5. La Nación, 10 de diciembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1852970- cuantos-segundos-duro-la-entrega-de-labanda-y-el-baston-presidencial-a-macri. 6. Télam, 14 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/ 201512/130060- macri-jueces-corte-suprema.html y en nota del diario La Nación de fecha 15 de diciembre de 2015, en el sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1854357-el-decreto- de-mauricio-macri-quedesigna-a-los-dos-nuevos-jueces-de-la-corte. 7. Entrevistas realizadas para este libro a asesores del presidente Mauricio Macri en agosto y octubre de 2016. 8. Clarín, 20 de diciembre de 2015: http://www.clarin.com/politica/Elisa_Carrio- Mauricio_MacriCorte_0_1489051469.html El proyecto fue impulsado también por Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez, del bloque de la Coalición Cívica. 9. Télam, 15 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/ 201512/130146- sanz-designaciones-corte.html. 10. Ídem 4. 11. Télam, 16 de diciembre de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/ 201512/130352- reunion-mauricio-macri-ricardo-lorenzetti-corte-supremahoracio-rosatti-carlos- rosenkrantz-consenso.html. Télam, 19 de febrero de 2016: http://www.telam.com.ar/notas/201602/136799-lorenzetti-conto-que-le-sugirio-amacri-que-los-candidatos-a-integrar-la-corte-pasaran-por-el-senado.html. 12. Ver nota realizada por Susana Giménez en Telefé, La Nación, 17 de diciembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1854952-mauricio-macri-

intimo-con-susana- gimenez. 13. Clarín, 16 de mayo de 2016: http://www.clarin.com/politica/fuertesdeclaraciones-Carrio-Lorenzetti-Zannini_0_1577842201.html en relación de la diputada nacional Elisa Carrió en el programa del periodista Luis Majul, La Cornisa, emitido por el canal América 2. 14. América TV, declaraciones de la diputada Elisa Carrió en el programa de Luis Majul, La Cornisa. Clarín, 16 de mayo de 2016: http://www.clarin.com/politica/fuertes-declaraciones-Carrio-LorenzettiZannini_0_1577842201.html. 15. CIJ, 19 de mayo de 2016, http://www.cij.gov.ar/nota-21537Comunicado-del- presidente-de-la-Corte--Ricardo-Lorenzetti.html. 16. La Nación, Gustavo Ybarra, 15 de junio de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1909342-carlos-rosenkrantz-y-horacio-rosattifueron- avalados-por-el-senado-para-ocupar-las-vacantes-en-la-corte-suprema. 17. La Nación, Adrián Ventura, 30 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1913934-al-asumir-en-la-corte-rosatti-condeno-laimpunidad-y-critico-contratos-de-obras-de-lopez. 18. Página 12, Irina Hauser, 19 de junio de 2016: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302131-2016-06-19.html y Página 12, Alfredo Zaiat, 26 de noviembre de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286954-2015-11-26.html. 19. >Anfibia, Irina Hauser, “Los Restos de la Corte”: http://www.revistaanfibia.com/cronica/los-restos-de-la-corte/ y en base a diferentes conversaciones con los ministros, familiares, secretarios letrados. 20. La Nación, Adrián Ventura, 13 de diciembre de 2012: http://www.lanacion.com.ar/1536397-lorenzetti-no-quiero-ser-candidato. 21. Télam, 12 de diciembre de 2012: http://www.telam.com.ar/notas /201212/1040- lorenzetti-dijo-que-no-piensa-en-la-candidatura-a-presidente-yseguira-en-su-cargo-de-juez.html. 22. La Nación, 11 de junio de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1792233-

el- kirchnerismo-avanza-contra-fayt-logro-dictamen-para-una-evaluacionpsicofisica. 23. Fayt sentó precedente en la causa en la que defendió su “cargo vitalicio” cuando el 19 de agosto de 1999 sus colegas resolvieron la nulidad del artículo de la Constitución (99 inciso 4) que en la reforma constitucional de 1994 fijó que los jueces del alto tribunal debían jubilarse a los 75 años porque él había sido designado antes de la modificación. 24. El reconocido jurista era un convencido de que la “vitalicidad no era una característica republicana”. La Nación, 13 de enero de 2014: http://www.lanacion.com.ar/1655092-zaffaroni-anuncio-que-dejara-la-corte. 25. Ricardo Lorenzetti fue reelecto por la Acordada por N° 19/12. 26. Por la Acordada 11/15 del 21 de abril de 2015 se reeligió a Ricardo Luis Lorenzetti como presidente de la Corte y a Elena Highton de Nolasco como vicepresidente. De dicho documento surge que quienes postularon a Lorenzetti en un cuarto periodo consecutivo como presidente de la Corte fueron Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco y Fayt. En tanto Maqueda y Fayt, agrega, “proponen a la doctora Elena Highton” como número dos. El nombramiento tramitó por el Expediente 4034/00. Se complementa con Acordada 19/12 y Acordada 15/15. 27. Página 12, Irina Hauser, 6 de mayo de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272092-2015-05-06.html.

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28. Página 12, 3 de mayo de http://www.pagina12.com.ar/diario/ajedrez/35-271884-2015-05-03.html.

2015:

29. La Nación, 7 de mayo de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1790744hebe-de- bonafini-llamo-mono-a-lorenzetti-momia-a-fayt-y-exigio-que-dejen-lacorte-suprema. 30. Entrevista realizada a Elisa Carrió en radio Mitre y publicada en el diario La Nación el miércoles 6 de mayo de 2015 en el sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1790361-elisa-carrio-atacan-a-fayt-y-yo-he-visto-aun- jefe-de-gabinete-duro-por-la-cocaina. 31. Clarín, 4 de junio de 2015: http://www.clarin.com/politica/carrio-

fayt_0_1369663419.html. 32. La política online, 16 de junio de 2015: http://www.lapoliticaonline.com/nota/89864/ y Télam, 17 de julio de 2015: http://www.telam.com.ar/notas/201507/113117-carrio-fayt-corte-suprematribunales- juez.html. 33. Entrevistas a tres secretarios de la Corte Suprema para este libro en agosto y octubre de 2016. 34. Perfil, 14 de junio de 2015, en calidad de primicia: http://www.perfil.com/politica/Exclusivo--La-carta-del-juez-Fayt-pararesponder-al- apoyo-del-arzobispo-Mario-Aurelio-Poli-20150615-0028.html y La Nación, Mariano De Vedia, 15 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1801813-firme-respaldo- de-la-iglesia-a-fayt-enplena-embestida-del-gobierno. 35. CIJ,15 de septiembre de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-17922-LaCorte- comunica-que-el-Dr.-Carlos-Fayt-ha-presentado-su-renuncia-al-cargo-deJuez-de-la- Corte--la-que-tendr--efectos-a-partir-del-11-de-diciembre-prximo.html. 36. Ver entrevista con la autora en el último capítulo. 37. Pablo Hirschmann ya había tenido problemas con Lorenzetti, lo que significó que no asumiera como secretario de Corte en la secretaría 2 pese a haber contado con el pedido explícito tanto de Fayt como de su par Juan Carlos Maqueda. Luego de la jubilación de Fayt, por la Resolución 3790/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda resolvieron transferir a Pablo Gustavo Hirschmann desde la Corte a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. 38. Perfil, 28 de diciembre de 2015: http://www.perfil.com/politica/mensaje-del- presidente-via-lorenzetti-paracanicoba-1226-0088.phtml? utm_source=redir_url_legacy y Página 12, 3 de enero de 2016: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289453-2016-0103.html. 39. Entrevista a Horacio Verbitsky en radio Del Plata, publicada el 2 de

mayo de 2016 en el sitio web: http://www.gustavosylvestre.com/politica/horacioverbitsky- lorenzetti-le-pidio-la-renuncia-a-3-jueces-federales/ y reproducida en varios medios entre ellos, la editorial Perfil. Sitio web: http://www.perfil.com/politica/verbitsky-en- nombre-de-macri-lorenzetti-pidiolas-renuncias-de-tres-jueces-federales-0502-0018.phtml? utm_source=redir_url_legacy. 40. Además de haber sido el juez que lideró el ranking de denuncias por “presunto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura, tal como surge de la base de datos de la página web del organismo, Oyarbide sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y al ex presidente Néstor Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito, con sustento en una pericia contable del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. La Nación, Paz Rodríguez Niell, 19 de enero de 2010: http://www.lanacion.com.ar/1214223- oyarbide-sobreseyo-a-los-kirchneren-la-causa-por-enriquecimiento-ilicito. 41. Tras una serie de episodios relacionados a supuestas inconsistencias en los servicios de inteligencia del país, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), sucesora de la Secretaría de Inteligencia (SI) —ex SIDE— al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó. De esta manera, la Oficina Judicial de escuchas —más conocida como “Ojota”— pasó a manos de la procuradora, con quien el gobierno de Mauricio Macri estuvo enfrentado. Por dec. 256/2015 el presidente Mauricio Macri resolvió transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de la Nación. 42. Por Acordada 45/15 del 29 de diciembre de 2015 dispuso postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia de las escuchas. Por Resolución 69/2016 la Corte Suprema autorizó a Ricardo Lorenzetti a suscribir el Acta de Transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 43. Como director de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, la Corte designó al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Martín Irurzun, quien ante cualquier inconveniente o ausencia sería reemplazado por el presidente de la Cámara Federal de Comodoro

Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. 44. Página 12, Irina Hauser, 23 de noviembre de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286720-2015-11-23.html.

2015:

45. Entrevista con la autora. 46. Ley 26.571 de Reforma Electoral promulgada el 11 de diciembre de 2009: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000164999/161453/texact.htm. 47. Ídem nota 45. 48. Lo citado se refiere a los artículos 74/80 de la ley 26.571 y lo establecido por la Cámara Electoral en el Expediente S39/2014 en la Acordada de fecha 7 de abril de 2015. Se modificaba también el circuito de esos documentos sensibles, como la modalidad bajo la cual el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe transmitir los datos y el tratamiento que la Justicia Electoral debe brindar, según lo establecido por la Cámara Electoral. 49. Infobae, 24 de noviembre de 2016: http://www.infobae.com/politica/2016/11/24/el-pj-fpv-rechazo-el-proyecto-delgobierno-y-se-cayo-la-reforma-politica/; Política Argentina, 24 de noviembre de 2016: http://www.politicargentina.com/notas/201611/17963-fracaso-delgobierno-se- cayo-el-voto-electronico.html. 50. Entrevista realizada para este libro el 4 de diciembre de 2016 a funcionarios informáticos del Poder Judicial. 51. Juan Carlos Cubría, administrador general del Poder Judicial emitió la Resolución 1176/16 (Expediente N 10-6934/10) el 3 de mayo de 2016 mediante la cual frenó el avance sobre el sistema electoral argentino. 52. Mediante el dictamen N° 22/16 de fecha 12 de mayo de 2016 la Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura informó al plenario del cuerpo que aprobaba el proyecto de resolución para que se diera marcha al expediente N° 10-06934/10: “Informe Ley 26.571 s/ el proyecto de implementación técnica de la nueva normativa electoral” y Expediente N° 1303231/16: “Solicitud proyecto de reingeniería del sistema electoral –Convenio UTN Facultad Regional Córdoba”.

53. Los directores de la Unidad Ejecutora Proyecto Informático, Alejandro Falcone, Jorge Nasisi, Gabriel Mehlman y Juan Carlos Cavo, mediante Nota UEPI N° 080/2016 de fecha 10 de junio de 2016, respaldaron la medida y dieron sus puntos de vista técnicos. Expedientes N 13-03231/16 y 10-06934/10. 54. El trámite se realizó mediante el expediente del Consejo de la Magistratura N°10-6934/10. 55. La novela de Augusto Roa Bastos, publicada en 1974, refleja como “El Supremo” al abogado, revolucionario y dictador perpetuo de la República de Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó primero en triunvirato en 1811, en consulado a partir de 1813, y como magistratura unipersonal desde 1816 hasta su fallecimiento, acaecido en 1840. La obra refleja los aspectos más negativos de su mandato y se subrayan la injusticia y la dureza del dictador.

Capítulo 2 Hay que salvar al Mono Desde la infancia, Ricardo Lorenzetti sintió que había nacido para cambiar el mundo. Curioso y observador por naturaleza, se convirtió en un lector incansable. Buscó sin descanso ampliar el horizonte del saber. La política, su gran pasión. Pasado montonero en su juventud de universitario peronista. Arquitecto y constructor minucioso de su destino. Hábil contorsionista para acercarse, hasta donde hiciera falta, junto a los que tenían el poder. De abogado de a pie a juez de la Corte. “¿Dónde carajo está el Mono? ¡El Mono!, ¡el Mono!”, gritaban los militares que derribaron a patadas la puerta de la casa de la calle 9 de Julio, en el centro de la ciudad de Santa Fe, donde vivían cinco estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Eran las 6 de la mañana de un caluroso sábado de 1976, posterior al golpe militar.56 Los uniformados, a punta de fusil, entraron en patota. Destrozaron los muebles; dieron vuelta los colchones y revisaron, uno por uno, los libros de aquella banda de terroristas o subversivos, como vociferaron a los cuatro vientos para advertir a los vecinos. El único que estaba en ese momento en la vivienda era Horacio Calciati. El joven dormía cuando el grupo de tareas, en compañía de miembros de la Policía Federal, convirtieron el sueño en una pesadilla que recordará hasta el último día de vida. Lo pusieron contra la pared, le separaron las piernas y lo cachearon. De un golpe lo tiraron al piso y, sin dudar un instante, lo intimaron para que confesara dónde ocultaba las armas. Eligió no hablar. Le asestaron un par de culatazos en la cabeza y le patearon las costillas sin descanso. Los gritos de auxilio se oyeron en toda la cuadra. Nadie acudió en su ayuda. Recibió una paliza feroz pero el operativo fue un fracaso. Por más que pusieron patas arriba todas las habitaciones, no encontraron ni una vulgar pistola. Se fueron con las manos vacías, sin llevarse nada ni a nadie. En el piso dejaron, en un charco de sangre, al hombre que únicamente despegó sus labios para expresar su dolor cuando le rompieron la cabeza y le fracturaron, prácticamente, todas las costillas.El Mono no estuvo en aquellas horas dramáticas. Minutos antes Calciati lo había ayudado a escapar por la parte trasera de la casona tras advertir ambos que los militares los

seguían. Cuando Lorenzetti se reencontró con Calciati quedó atónito. No podía creer lo que le habían hecho a su amigo, le habían dejado el rostro irreconocible y el cuerpo apenas se podía sostener a sí mismo. “El Mono” no era otro que Ricardo Luis Lorenzetti, militante de la Juventud Peronista (JP), ligada a la organización guerrillera Montoneros.57 Ricardo Capello, Alberto Infeld y Ricardo Roca, los otros estudiantes que compartían la fatídica casa, se salvaron de la redada de milagro. Ajenos a las actividades de sus dos compañeros, el destino quiso que estuvieran en otro lugar en ese momento. “No quiero ni recordar lo que viví esa noche, me molieron a palos por todas las partes del cuerpo”, recuerda Horacio Calciati. “Yo sabía dónde estaba el Mono”. Fui a avisarle del allanamiento para que huyera y no regresara hasta que se acomodaran los tantos”, detalla con melancolía. “Al día siguiente — continúa— compañeros infiltrados en las fuerzas de seguridad nos informaron que, desde la noche anterior, la manzana estaba vigilada por los militares”. El ahora contador no duda: “Ricardo Lorenzetti es una gran persona y amigo. Siempre me agradeció que le salvara la vida. Nunca lo olvidó. Nos conocemos desde el jardín de infantes, hicimos la secundaria juntos y luego compartimos la etapa universitaria. Tenemos una vida en común. Es una gran persona y gran amigo. Lo volvería a hacer”,58 garantiza. Los militares querían al Mono porque estaban convencidos de que su organización estudiantil, en realidad, era una tapadera de la guerrilla montonera. Nunca pudieron comprobarlo, pero su olfato —y algunos soplones— les aseguraban que no andaban desencaminados con ellos. Lorenzetti fue uno más en revolverse tras la caída de Isabel Martínez de Perón. Las Juntas Militares que asaltaron el poder, el 24 de marzo de 1976, tenían como objetivo declarado no solo restablecer el orden político y económico, sino también asegurarse el monopolio de la fuerza con la aniquilación de toda expresión de pensamiento crítico. En el camino, y como prioridad, querían terminar con Montoneros —muy activos también durante el efímero y caótico gobierno de la viuda del general— y asestar el golpe final a lo que quedaba de otros movimientos guerrilleros. Entre otros, el atomizado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que terminaría fusionado con Montoneros. A Lorenzetti lo fueron a buscar en varias oportunidades, pero el destino le tenía preparado un futuro más promisorio que centros clandestinos, vuelos de la

muerte o cualquiera de los suplicios que la dictadura acostumbraba a utilizar. A Omar Francisco “el Flaco” Operto, quizás el hoy supremo juez también le deba la vida. Le abrió la tranquera de uno de sus campos (del norte santafesino) y lo mantuvo escondido por algo más de tres meses después del allanamiento de la casa. Cuando las aguas parecieron volver a su cauce y el ruido de las botas se oía lejano, Lorenzetti salió de su madriguera durante el verano de 1977. Había tenido tiempo para pensar y poner en la balanza hasta dónde estaba dispuesto a llegar, a riesgo de perderlo todo. Decidió cuidar mejor sus espaldas, intentar pasar desapercibido y bajar su perfil de militante. Tenía claro que eso no significaría abandonar la política, una pasión que cultiva hasta el día de hoy. En ese terreno ambiguo entre la guerrilla y la juventud peronista, sus compañeros lo recuerdan como un teórico o ideólogo más inclinado a desarrollar estrategias que a empuñar un arma. El Mono volvió con pies de plomo a la facultad y se entregó de lleno a la vida académica. Ese ámbito le resultaba mucho más seguro y gratificante. Intuía que no era un disparate pensar que, en verdad y a su manera, podría “cambiar el mundo”,59 como, en el fondo, siempre había pensado.

Primeros pasos en la política Pero antes de que llegara la dictadura, Lorenzetti ya conocía la militancia. El debut había sido en el colegio de los hermanos maristas San José, donde participó en la Asociación de Estudiantes Secundarios (AES),60 un colectivo de jóvenes rafaelinos ligados a las protestas docentes en los 70. En la agrupación se había destacado por su activismo junto a Luis Anselmo, alias “Topo” o “Colo” Ricciardino, del Colegio Nacional, señalado como el líder del grupo; Daniel “el Flaco” Raviolo que estudiaba en el Colegio Comercial. Otros eran directamente conocidos por sus apodos o “nombres de guerra”, el “Colito” Pot, que era del Normal. La única mujer del grupo, la más pequeña, era Yolanda Rosa, más conocida como “Yoli” Ponti, que asistía religiosamente a clase al único colegio de monjas que había en Rafaela, Nuestra Señora de la Misericordia.61 Roberto Baschetti, sociólogo, escritor e historiador porteño especialista en el peronismo, escribió la biografía de todos los detenidos y desaparecidos en Argentina, aunque se detuvo en la ciudad de Rafaela y la provincia de Santa Fe. Recuerda que, salvo Lorenzetti, Pot y Raviolo, ese grupo completo cayó en manos de los militares. Los describe con “El Descamisado” en la mano, una producción editorial de la revista Qué Hacer, órgano de difusión política de los estudiantes secundarios de Rafaela (AES)”. Salían del colegio, con el uniforme y se

dedicaban a imprimir, a pura vuelta de mimeógrafo, la revista”, repasa. Baschetti, quien compartía la ideología de aquel colectivo, recuerda cómo gritaban que eran de “¡Santa Fe, de Aguirre y Branco, Montoneros de Perón!.”62 El Colo Ricciardino desapareció en abril de 1976 y Yolanda Ponti (quien además era hermana de su amigo el “Cabezón” Ponti); en diciembre del mismo año, con diecinueve años. La lista en Rafaela fue larga.63 El Mono había destacado en la primaria por ser un alumno brillante. Inteligente, con una oratoria impropia para su edad y una capacidad genuina para retener y asociar conceptos. El chico era toda una promesa en Rafaela. Por si esto fuera poco, su potencial y su marcada vocación por la judicatura saltaban a la vista. La historia cuenta que fue la maestra de la escuela primaria quien le advirtió a Aldo Nelson Lorenzetti que el hijo iba a ser abogado como relata el propio juez en su libro, El arte de hacer justicia. Lo que no imaginó “don Aldo”, alineado más al pensamiento de derecha, era que Ricardito se emplazaría, como miles de jóvenes de su época, con la izquierda revolucionaria.64 La dedicación a las letras y al estudio no impidió que el joven estudiante demostrara aptitudes en deportes varios. Jugó al rugby en el Club CRAR (Círculo Rafaelino de Rugby) con amigos como Operto; Mario “el Tano” Rossini y Orlando “el Indio” Long. Todos cursaban en el mismo colegio aunque, por diferencias de edad, en grados diferentes. La otra pasión deportiva de Lorenzetti era el fútbol; solía ir a la cancha a ver al club local de sus amores: Atlético de Rafaela. Lorenzetti finalizó la secundaria en diciembre de 1973. Para un joven idealista y repleto de inquietudes, la pequeña ciudad de Santa Fe donde vivía no tenía mucho para ofrecerle. No había universidades, académicos, ni demasiados libros. Esto lo desanimaba. Sabía que si no seguía el impulso irrefrenable de superación, la frustración le resultaría insoportable. Desde niño había soñado con ser abogado, pero una cosa era desearlo y otra muy distinta concretarlo. Había llegado el momento de arriesgarse. La familia fue quien más lo ayudó a disipar sus temores. Papá Aldo, un comerciante que se ganaba la vida vendiendo repuestos de autos por los pueblos cercanos, fue quien más lo estimuló a que se fuera a estudiar a otra ciudad. Ricardo Lorenzetti tenía al padre como modelo de esfuerzo y tenacidad. “Nunca dejaba de trabajar; no había lluvia, ni barro, ni niebla que lo detuvieran. Lo que

otros viajantes no vendían, él lo lograba”, recordaría años más tarde.65 La relación con su madre, Norma “Porota” Baldoménico —directora de escuela primaria— era y es, como suele suceder entre los únicos hijos varones, especial. A diferencia de su hermana Susana, desde chico se mantuvo muy apegado a ella. Madre e hijo parecen estar siempre en la misma frecuencia. La conexión resulta sorprendente, tanto que —como detallan los que conocen su vida, la oculta y la otra— basta un gesto o una mirada entre ellos para entenderse. En ella se refugia hasta el día de hoy y a ella escucha, con devoción, cuando duda o siente que el mundo se hunde bajo sus pies.66 Ricardito, como se dirige a él hasta el día de hoy doña Porota, heredó por vía materna la afición por la lectura. La misma pasión la encontraría más tarde en la profesora de literatura Analía Cortassa, la novia y primera mujer en llevarlo al altar. Paradojas de la vida, Lorenzetti la conoció en el casamiento de Horacio Calciati, el 4 de enero de 1980. “Organizamos el encuentro entre los amigos y desde entonces se pusieron de novios”, recordó el hombre que le salvó la vida, en noviembre de 1976, cuando la patota de militares y federales fueron a la casa a buscar al Mono. El flechazo fue total. Cortassa se convirtió en su primera esposa y con los años, en la madre de sus tres hijos Pablo, Lucía y Franco.

El Mono echó a volar Lorenzetti se mudó en 1974 a la ciudad de Santa Fe, donde comenzó la carrera de Derecho en la UNL. Allí se instaló en una casa junto a Capello, Infeld, Roca y Calciati. Compartirían gastos, se repartirían las tareas del hogar y se acompañarían mutuamente. Aunque la soledad no es un problema para el supremo juez. Si algo le gusta es preservar ciertos espacios y tiempos para disfrutarla. Ordenado y pragmático contumaz, la mayor parte del día lo dedicaba a la lectura y al estudio. Estaba convencido de que era la mejor forma de afrontar el futuro laboral. Cada viernes al mediodía, el movimiento de pasajeros de la terminal de micros de la capital de Santa Fe se incrementaba de manera considerable, debido a que muchos de los estudiantes universitarios regresaban a casa por el fin de semana. Para Lorenzetti ese viaje era sagrado. Apenas terminaba de cursar en la facultad armaba el bolso y —como haría al aterrizar en la Corte— partía a Rafaela. En la terminal lo solía esperar el papá, algún amigo y la noviecita de turno. Cada viaje era una manera de volver a disfrutar de la familia, la comida de mamá, el campo, el rugby, el fútbol y las salidas con los amigos de siempre.

De la Universidad le resultaba atractivo el mundo de las ideas, la producción del conocimiento científico y el espíritu crítico que imperaba sobre otros tipos de intereses. Dedicaba largas horas a la biblioteca de la facultad donde no se restringió a volúmenes pesados sobre lo jurídico. Descubrió y se empapó de autores renovadores europeos como el francés Emmanuel Mounier. También se entusiasmó con su compatriota Frantz Fanon, emblema del revisionismo histórico. En el apartado nacional devoró los textos del argentino y platense John William Cooke, referente del ala izquierda del peronismo.67 El comedor de la facultad era el lugar por excelencia de tertulias y ardorosas discusiones de los estudiantes. Aquella enorme sala se convirtió en un espacio para comer y debatir. La década del 70 estaba profundamente politizada y ese rasgo era común en la UNL, donde se vivía un clima bastante caldeado de movilización social. Allí el Mono conoció a otros jóvenes con experiencias y orígenes diferentes pero similar sensibilidad. Eran estudiantes que regían sus vidas según los parámetros particulares de igualdad y justicia social. El individualismo estaba desterrado. Había que pensar por y para el grupo. Dicho de otro modo, el objetivo era el bien común. Como correspondía a su edad, eran unos idealistas, enamorados de las utopías y activos luchadores de las mismas. Muchos de ellos militaban en distintas organizaciones, vinculadas al peronismo revolucionario, como la Juventud Universitaria Peronista (JUP), el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP) y la Agrupación Evita (AE).68 Lorenzetti interpreta aquellos años como parte de, “un quiebre generacional que se propuso romper las reglas, terminar con la hipocresía, ser libres (…). En el campo político buscamos la igualdad y la justicia a través del cambio social o de la revolución. En la escuela secundaria, en la facultad, en los barrios, el intercambio ideológico se encontraba en un punto de plena efervescencia”.69 Bajo la creencia en la inminencia del cambio y en la revolución, el Mono se sintió como pez en el agua en una militancia estudiantil que combinaba acción política con ideales. Un espacio donde confluía la radicalización católica con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (representados en Santa Fe por José María Serra y Carlos Aguirre Osvaldo Catena), y el trabajo social y político en los barrios periféricos.70 La llegada del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, mientras la guerrilla seguía a tiro limpio en Argentina, puso punto final a lo que Lorenzetti recuerda como el, “rico debate sobre cuál era la vía más adecuada para lograr un mundo mejor. Lamentablemente todo terminó en un drama de

muerte y represión” que, observa, “arrasó con buena parte de nuestra generación”.71

Un hombre y un destino Los noventa y seis kilómetros entre Rafaela y Santa Fe capital le permitieron no abandonar por completo su terruño mientras estudiaba derecho en la UNL. A poco de recibirse, comenzó a trabajar en los tribunales de su ciudad natal como meritorio.72 Bajo esta figura se desempeñó, sin recibir un centavo, pero con la esperanza de iniciar una carrera judicial. “Ingresé como pinche en la justicia para cumplir mi sueño de cambiar el mundo (…). El primer día de trabajo me dijeron: ‘Acá tenés aguja e hilo’ y me pusieron a coser expedientes”, recordaría luego Lorenzetti.73 Una vez recibido (1978) anheló subir, peldaño por peldaño, la escalera al cielo judicial. El primer paso fue convertirse en secretario letrado. Averiguó si era viable que un joven recién licenciado accediera a ese cargo. Contaba con el apoyo de los jueces civiles de la ciudad, que eran tres. La oposición surgió de la Corte provincial. Allí le advirtieron que lo más adecuado sería esperar, al menos diez años, porque no tenía conocidos ni ningún tipo de “relación” con alguien del Poder Judicial. Era así: Lorenzetti no tenía parientes jueces ni funcionarios judiciales que le facilitaran el ascenso. Lo cual era una gran desventaja, en especial en aquella época donde la modalidad habitual de ingreso a la familia judicial era por contactos. Lorenzetti buscaba insertarse laboralmente en la justicia rafaelina. No poder hacerlo por carecer de “palanca” y ADN judicial lo desesperaba. En honor a la verdad, contaba con una sólida formación y un impulso juvenil envidiable, suficiente para alcanzar el puesto deseado. En esa tesitura, el joven abogado tenía que elegir si seguir luchando para dar el salto definitivo al Poder Judicial o arriesgarse a ejercer la profesión como abogado litigante. En el último caso sabía que su economía podía convertirse en un juego imposible de equilibrio. Nada le garantizaba el éxito que le permitiera disponer de seguridad financiera. La incógnita la despejó un día que, casualmente, se cruzó en tribunales con uno de los jueces de la ciudad.74

—¿Cómo está Ricardo? ¿Ya decidió qué va a hacer?, —preguntó el magistrado. —Ahí andamos doctor —respondió Lorenzetti, mientras cruzaba los brazos y encogía los hombros. Se notaba que estaba algo fastidiado. —Opte por lo más difícil —le dijo el juez—. Usted es joven; si permanece en tribunales, siempre se quedará con la duda. Si prueba afuera, podrá irle bien o mal, pero la decisión tendrá el sabor de la aventura. Y además siempre podrá volver.Aquellas palabras surtieron efecto. Lorenzetti tomó una decisión, estaba preparado para luchar por sus convicciones y no esperar los favores del azar. Así fue que, “equipado con el esfuerzo personal de mi padre y formado bajo el calor de la inteligencia estratégica de mi madre, me lancé al mundo”.75 Renunció al trabajo de Tribunales y consiguió empleo en un estudio jurídico donde, para empezar, atendía el teléfono. De la misma manera que Lorenzetti buscaba futuro laboral, anhelaba encontrar un espacio para expresar el irrefrenable deseo de pensar en voz alta cuestiones profundas de la vida y de la cultura. Sentía una especie de ahogo intelectual que lo frustraba y que con el tiempo se le hacía cada vez más asfixiante.76 Encontró una manera de paliar esa sensación. Solía reunirse con su amigo Omar Corrado,77 un prestigioso investigador, músico e historiador, a leer todo lo que los motivaba. Por aquel entonces ambos estaban dando sus primeros pasos en la intelectualidad. A los dos les interesaban la musicología, el arte, la psicología, la lingüística, la antropología y la filosofía. Dedicaron tardes enteras a la lectura de los textos de Sigmund Freud y Gustav Jung. También leyeron a los autores de la Escuela de Frankfurt; de Jacques Lacan a Karl Popper, a Umberto Eco y a Thomas Khun. La afición o el enamoramiento por los libros era tal que el mismo Lorenzetti reconocería: “Si no me hubiera dedicado al derecho, me hubiera gustado abocarme a la economía, a la filosofía, a la hermenéutica y a la lingüística”.78 También era frecuente la asistencia del Mono y Corrado al Cine Club de Rafaela, un lugar —creado por tres personas que trabajaban en el correo— donde se exhibían películas de Europa oriental. Espacio alternativo a las dos únicas salas de cine comercial que había en la ciudad, poco a poco, los encuentros se hicieron rutina. Lorenzetti le propuso a su amigo Corrado y a los integrantes del

Cine Club crear un rincón cultural donde no solo se compartiera la pasión por el cine, sino también por la literatura, la filosofía, la música, la pintura…, las bellas artes en general. Las reuniones no eran multitudinarias, únicamente asistían amigos y familiares. Aunque también era el refugio de los grupos de la Juventud Peronista y montonera para debatir ideas, los jóvenes encontraron en ese reducto un espacio para desarrollar su pensamiento libre.79 Luego, con el apoyo de la municipalidad, el club creció en actividades y público. Realizaron presentaciones sobre el surrealismo, el dadaísmo, el modernismo y la música dodecafónica. La primera vez, el primer estudio A fines de la década del 70 y principio del 80 Lorenzetti ya estaba instalado por completo en Rafaela. Como todo universitario recién recibido, soñaba con tener un lugar propio para ejercer su profesión, pero no tenía experiencia previa, ni clientes. En su paso por tribunales había conocido al abogado laboralista Ángel Oyoli, quien a poco de jubilarse le ofreció heredar la cartera de clientes. La mayoría de ellos eran filiales locales de sindicatos fuertes como metalúrgicos, bancarios, de la leche y la carne, entre otros. Lorenzetti aceptó la propuesta y vio en ella una posibilidad de crecimiento. Y, de hecho, lo fue. Le sirvió de plataforma para dar los primeros pasos en la profesión. Así fue como instaló el estudio jurídico en una habitación de la casona antigua de los padres sobre la calle Chacabuco. Con paciencia provinciana, y a base de esfuerzo y trabajo, contando además con la inestimable ayuda de sus padres y de su hermana Susana, “Ricardito” se lanzó a la aventura. Al principio optó por trabajar tanto en derecho civil, comercial y laboral, como en cualquier caso que le llegara. No dejaba nada librado a la suerte. Se ocupaba, con sumo cuidado, de cada detalle. A la mañana temprano iba a Tribunales a presentar los escritos que preparaba la tarde anterior. A media mañana volvía al estudio, donde lo esperaba doña Porota, con mate recién cebado. Ella simulaba ser su secretaria y solía atenderle el teléfono en sus ausencias. Le dejaba anotados todos los llamados y luego su hijo, de acuerdo a las prioridades, los devolvía uno por uno. Por la tarde, con puntualidad británica, atendía a los clientes y estudiaba en profundidad cada caso. Algunas noches era usual verlo en el bar Siroco, ubicado en galería San Martín. Se trataba de un lugar mítico que marcó la historia de la noche rafaelina de las últimas décadas del siglo XX. Lorenzetti solía reunirse allí con políticos de la época, muchos de ellos amigos, pese a que eran mayores que él. Entre ellos,

Ricardo Peirone,80 contador y referente del justicialismo y José “Bachi” Imwinkelried, dueño de la librería Paideia. En Siroco encontró un lugar para reforzar su espíritu y talante de hombre político.81

Derecho, humano y político Desde principio de la década del 80, Lorenzetti combinó la faceta de abogado y académico con la de militante justicialista. Participaba de los debates y de las actividades que se realizaban en la sede local del PJ (Partido Justicialista). También colaboraba y asesoraba en el armado de cuadros políticos. En 1983, con el retorno de la democracia, el joven abogado Lorenzetti buscó, sin éxito, ser elegido precandidato a intendente de su ciudad82 por el PJ local. En paralelo a su actividad profesional buscó insertarse en el mundo académico. Por ello, comenzó a viajar a la UNL de Santa Fe, donde trabó un primer contacto con los claustros. Sin embargo, el gran impulso ocurrió en 1986,83 cuando se doctoró en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UNL, especializándose en derecho privado, de la mano de su mentor, el prestigioso civilista santafecino Jorge Mosset Iturraspe. Su tesis fue sobre la responsabilidad civil del médico, tema que ya conocía debido a su experiencia como asesor en la materia. Ese mismo año concursó para el cargo de profesor adjunto de la materia Derecho de las Obligaciones en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Allí, el civilista, camarista comercial y luego decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, se convirtió en su referente.84 Así fue como, a partir de 1986, a Lorenzetti se le abrieron las puertas del mundo académico. Comenzó a viajar para dictar clases no solo a Buenos Aires y Santa Fe, sino también a otros países. Intervino en congresos, escribió libros, revistas y organizó posgrados. La docencia le permitió obtener prestigio y la publicación de libros, notoriedad. Con el respaldo de Mosset Iturraspe, publicó libros a través de la editorial Rubinzal Culzoni.85 La misma empresa con la que luego recorrió el interior del país con presentaciones, charlas y congresos.



Horizontes lejanos, horizontes cercanos En el ámbito profesional Lorenzetti se había convertido en un abogado exitoso con fuerte instalación en el sector privado, político, sindical y empresarial, vinculados todos ellos al PJ local.86 Esto le permitió ganar dinero y reconocimiento entre sus clientes. Y aunque todo marchaba bien, esa estabilidad no terminaba de colmarlo de satisfacción. Necesitaba nuevos desafíos: se propuso expandir la cartera de gremios y sindicatos que asesoraba. Celso Trivelli, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), era otro abogado de renombre en Rafaela. Desde 1984, se había desempeñado como asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, era consultor de una amplia cartera de gremios entre los que figuraban madereros y comerciales, fuera de la órbita de Lorenzetti. “Pero Celso, para qué competir si podemos trabajar juntos”, le dijo a Trivelli. Seductor y hábil hasta el infinito con la palabra, logró convencerlo.87 La sociedad arrancó en 1986. El hoy supremo juez de la Nación mudó la oficina de la casa paterna a un estudio más grande sobre la calle Sarmiento, junto al nuevo socio. Logró así centralizar el asesoramiento a todos los gremios y sindicatos, o lo que es lo mismo, dominar el sector. De esta manera, no solo se aseguraron manejar la totalidad de los asuntos gremiales de Rafaela y los departamentos aledaños, sino también de mantener vínculo político tanto con el peronismo (afín a Lorenzetti), que gobernaba la provincia de Santa Fe, como con el radicalismo (afín a Trivelli), que había ganado las presidenciales con Raúl Alfonsín. El nuevo estudio se destacó en el tratamiento de cuestiones laborales, pero también abordaron temas tributarios, de responsabilidad civil, contratos y sociedades que eran la especialidad de Lorenzetti. Poco después, el caudal de trabajo se incrementó tanto que fue necesario incorporar dos abogados. Uno fue Daniel Pedrotti, conocido de Trivelli y referente de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical. El otro fue el justicialista Edgardo Allochis, del ala de Lorenzetti.88 Se conformó así un equipo de cuatro abogados que combinaban una sólida formación académica con convenientes vinculaciones políticas. Lorenzetti era el

primero en llegar, a las 7. Pedía que no lo molestaran durante una hora, escuchaba música clásica y empezaba a trabajar. Solía confeccionar una lista de objetivos y actividades a realizar en el día. Al finalizar la jornada todos se habían cumplido. Quienes lo conocieron en esa época, lo definieron como un profesional extremadamente trabajador, pragmático, con una formación jurídica muy “sólida” y de una lucidez extraordinaria que lo hubiera llevado a destacarse en cualquier profesión, aunque eso sí, de una “tremenda ambición”.89 Dentro del estudio, con quien tendría más afinidad sería con Pedrotti, quien en 1988, además de integrar el estudio jurídico Lorenzetti & Trivelli, fue designado en la delegación provincial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad.90 Sin incompatibilidades, Pedrotti mantuvo en paralelo la asesoría en la secretaría y el estudio jurídico. Ese nexo le permitió a la sociedad no solo posicionarse en los temas laborales y civiles, sino aumentar considerablemente la cartera de clientes. Como valor añadido, el estudio se había convertido en una plataforma de primera fila a nivel nacional. Era punto de encuentro de radicales y peronistas. Las ideologías las dejaban en la puerta. Con el tiempo, diferencias económicas, los respectivos caudales de clientes y el crecimiento particular de los abogados abrieron un abismo entre los colegas. Celos profesionales y la competencia imprevista entre los socios dieron paso a un escenario más parecido a un polvorín al borde de estallar. Un lunes de noviembre de 1989, cuando Pedrotti y Lorenzetti llegaron al estudio a la mañana, descubrieron un escenario insólito. Trivelli y Allochis, sin mediar palabra, se habían llevado los muebles y buena parte de la documentación. La separación había sido como un divorcio de mal gusto, abrupta e inesperada, pero Lorenzetti no le dio demasiada trascendencia al asunto. Por el contrario, en el fondo, —aseguran los suyos — debía estar frotándose las manos. Sin que le pudieran reprochar un mal gesto, había logrado quitarse del medio a Trivelli y Allochis, que optaron por abrir juntos otro despacho. El futuro juez supremo continuaría con Pedrotti91 en una sociedad que sería fructífera por mucho tiempo. Los dos compartían el entusiasmo por la profesión y la militancia política. Y, lo mejor, en partidos diferentes. Iban por todo. A los treinta y dos años, siempre ligado al justicialismo, Lorenzetti asesoró al grupo político que participó en las elecciones municipales y que tuvo a Rubén Pavetti como candidato a intendente. De ganar los comicios del 8 de noviembre de 1987, la intención de Lorenzetti era asumir la Fiscalía municipal. Sin embargo, los pronósticos no se cumplieron. Pavetti perdió las elecciones92 y Lorenzetti

continuó en su estudio. Ya en los 90, dos lunares oscuros se extendían sobre la figura de Lorenzetti en “la perla del oeste”:93 su cuestionada participación en el sistema de salud, como asesor de las clínicas que luego se convertirían en la máquina perfecta de hacer dinero y su desempeño como abogado, en simultáneo, de gremios y empresarios. El reproche de sus colegas era cristalino: “Siempre estuvo de los dos lados del mostrador”.94Todo queda en casa “Tendríamos las clínicas, los prestadores y la mano de obra”, le dijo Carlos Tita a Lorenzetti que, de inmediato, se interesó en el tema. Café mediante, uno de los socios mayoritarios de la empresa familiar Clínica Tita Hnos. SRL (luego Tita SA), consultaba al abogado para poner en marcha un formato que les permitiera, según el periodista Sergio Zenklusen y el militante del Movimiento Nacional Justicialista, Jorge Quevedo, “acaparar o monopolizar” el sistema de salud de la región. Los dos se fueron del encuentro masticando la idea. En sus manos exclusivas terminaría de decidirse el sueldo de todos y cada uno de los médicos de Rafaela. También, por obra y gracia de su genialidad, todas las prepagas de salud estarían en su bolsillo.Lorenzetti ya tenía como clientes a dos referentes peronistas y empresarios, Leonardo Parra (dueño del sanatorio Parra) y Rafael Barreiro (propietario del Policlínico Rafaela), ambos “relacionados al entonces titular del PAMI, Víctor Alderete”. Casi en simultáneo, el todavía abogado impulsó su estudio jurídico en Buenos Aires junto a otros colegas, a mediados del 1993. El buffet —ubicado en la calle Uruguay 775, piso 6to, oficina A— lo formaron, entre otros, él, Jorge Mosset Iturraspe y Alfredo Kraut. Se especializó en asesoramiento a clínicas, médicos e instituciones del sector por mala praxis. También apostaron a ciclos de conferencias, capacitación, seminarios de trabajo y defensa penal de médicos y sanatorios. En tanto, en Rafaela, “Lorenzetti ideó unir a las cuatro familias propietarias de las clínicas más importantes para mantener el monopolio de la salud en la zona. No era necesario competir si podían ganar todos por igual”.95 A partir de este proyecto comenzaron las diferencias con su socio, Daniel Pedrotti, porque este se negaba a que desapareciera la competencia entre los sanatorios. Su razonamiento era puro sentido común, ese acaparamiento implicaría el “detrimento de los derechos de los médicos, cuyos honorarios y salarios quedarían supeditados a piacere de ese consorcio de salud”.96 Ante la negativa

de Pedrotti por las incompatibilidades profesionales —ya eran abogados de las obras sociales y lo serían de las gerenciadoras de salud—, la reacción de Lorenzetti fue prometerle que armaría un estudio paralelo y que las cuestiones de salud las llevaría con otros abogados. Mayores rispideces anticiparon el fin de la sociedad.97 El proyecto que sugirió Lorenzetti dio sus primeros pasos sin Pedrotti. Así nació la unión societaria de los sanatorios Parra, Nosti y del Policlínico Rafaela, de los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro, respectivamente. Luego se sumó Reynaldo Casabella, del sanatorio Moreno. En marzo de 1994 constituyeron Asistencia - Sociedad de Responsabilidad Limitada (ASIS SRL). Lorenzetti y Juan Carlos Gómez Galissier fueron los letrados de la sociedad y los responsables de representarla.98 La gerenciadora ASIS fue el primer intento de los sanatorios locales por intermediar y conseguir los mejores contratos con las obras sociales, entre ellas IAPOS (de la provincia de Santa Fe) y el PAMI (a nivel nacional). Pero tuvo vida corta. Mención aparte merece el vínculo que ligó originariamente a Lorenzetti con Casabella. Este último había sido la cara visible de la financiera Relaciones con Empresas SA (RC SA), cuyo titular era Juan Carlos Lehmann. La empresa se encargaba de administrar dinero y además operaba en la Bolsa de Buenos Aires. Casabella había logrado que los empresarios y firmas más importantes de la zona le confiaran su dinero. Hasta el propio Lorenzetti, en 1993, se convirtió en inversionista. De repente, la ciudad se vio conmocionada: el 22 de agosto de 1996, cuando RC SA fue declarada en quiebra en la ciudad de Buenos Aires. Se descubrió que la financiera era insolvente e ilegal.99 Gran parte de los rafaelinos habían sido estafados, entre ellos Lorenzetti y su padre, por un total de $226.854. El abogado y futuro juez de la Corte Suprema, estaba desolado, pero no vencido. Se puso manos a la obra, dispuesto a dar la batalla para recuperar lo que era suyo. Inició el reclamo ante la justicia y —de paso— se transformó en el defensor del resto de los damnificados. Sus clientes quedarían decepcionados. Ninguno, pese a los honorarios de su abogado, logró ser indemnizado. Los únicos afortunados, los que sí lograron recuperar el dinero invertido —como figura en el expediente judicial— fueron Ricardo y Aldo Lorenzetti. La amenaza que habría escuchado Casabella de labios de su ahora estrecho colaborador, socio o jefe —

según quien hable— sería la apertura de un juicio de simulación. Lorenzetti le habría advertido que tenía localizado, al menos, un inmueble suyo de gran valor, que estaba a nombre de otra persona. Dicho en cristiano, que el titular era un testaferro o prestanombre, términos que el propia Casabella, a día de hoy, podría, si quisiera, presumir de conocer personalmente a fondo.100 A partir de ese momento, se puede decir que Casabella y Lorenzetti formarían un frente común de mutua dependencia. El “afortunado” abogado Lorenzetti decidió entonces incorporarlo a la gerenciadora de salud. Si la política hace extraños compañeros de cama, las finanzas, sin duda, superan cualquier fantasía. Con extraordinario olfato para los negocios, el futuro juez vislumbró en el sistema de salud un negocio rentable. La fórmula que diseñó era tan sencilla como exitosa. Se necesitaban al menos mil asociados, a los que se les cobraba per cápita. Se les ofrecía un servicio a bajo costo y de calidad media. Parra y Barreiro tenían la conexión con el PAMI, eso significaba un número de afiliados que garantizaba con creces la rentabilidad de la iniciativa. De allí en más, la historia es conocida. Durante los 90, en el ámbito de la salud se habilitaron empresas intermediaras con el PAMI y otras obras sociales, en especial las relacionadas con los gremios más poderosos. “Las gerenciadoras eran las intermediarias que ponía (Víctor) Alderete y las que cobraban coimas”, denunció en relación a Lorenzetti la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió.101 Ese esquema se plasmó a nivel nacional y sus consecuencias fueron consideradas “parasitarias”102 porque dificultaban el acceso a la salud. La ciudad de Rafaela no fue la excepción. En ese contexto no había tiempo que perder. Lorenzetti pasó de ser asesor a socio y fundador de APREME SRL. Esta se conformó el 26 de septiembre de 1996 con la unión de los cuatro sanatorios locales.103 Los socios, en esta ocasión, fueron: Carlos y Gustavo Tita, Leonardo Parra, Rafael Barreiro, Reynaldo Casabella y José Abdullatif. Así fue como se consolidó el monopolio de salud en Rafaela. Las críticas no tardaron en llegar, en especial la de los más perjudicados: medicos y asociados. A Lorenzetti se lo acusaba de ser “el ideólogo del acaparamiento del sistema de salud que, motivado por el tráfico de influencias, abuso de poder y las conexiones políticas, le garantizaron el éxito. Lorenzetti era

el encargado de armar la estructura legal y los contratos millonarios que firmarían los empresarios en las reuniones con los gremios y las obras sociales en Buenos Aires y Santa Fe”, como insiste Carlos Del Frade.104 La estructura “oligopólica” que había logrado APREME permitió que tuviera incidencia sobre las condiciones de trabajo y remuneración de más de 600 profesionales de la salud y sanatorios que quedaron sometidos al arbitrio de honorarios, “indignos e irrisorios, que los perjudicó sobremanera”.105 Este nuevo formato societario entró en pugna con la histórica Asociación Médica del Departamento Castellanos (ASMEDICA), surgida en 1964 y una de las primeras prepagas gremiales de la Argentina en agrupar a los médicos. En los 90, la asociación pretendía la autonomía en la labor médica y no estar “sometidos” al arbitrio de las gerenciadoras. Carlos Chiapero, Héctor Santana y Jorge Beninca, entre otros, tomaron la bandera de la causa y responsabilizaron a Lorenzetti de ser el estratega. “Hubo abuso de poder, aprietes, influencias, ventajas por sus conexiones políticas y una tremenda desigualdad con la asociación de médicos. Lorenzetti tenía una gran habilidad de disfrazar de legal lo que no lo era”, asegura el neurocirujano Jorge Beninca.106 Se dirimía la cuestión entre dos modelos de salud. “Mientras nosotros pensábamos en defender nuestro trabajo y curar a la gente, ellos hacían negocios. A estas familias que manejaban los contratos con las obras sociales, les decíamos los tres montoncitos,10 para administrar y 60 para servicios”. En alusión a que el 30 restante significaba “la ganancia”.107 El enfrentamiento era palpable. “ASMEDICA creció durante treinta años, pero el acabose sobrevino cuando logramos comprar el Policlínico, uno de los sanatorios más grandes de Rafaela. Ahí la decisión fue eliminarnos, porque éramos una fuerte competencia, un obstáculo para sus negocios”. El 2001 fue un año de quiebre. Las controversias entre APREME y la comisión directiva de ASMEDICA se dirimieron tanto en la arena judicial como mediática. Llovieron amenazas y denuncias cruzadas. En agosto de 2001, Lorenzetti renunció a APREME por razones personales, aunque el conflicto de fondo continuó. Para algunos, existieron otras razones de peso detrás de la dimisión. “Utilizar los recursos legales que rompen la barrera de la ética para conseguir esos fines bordea lo delictual”, advierte Del Frade.108

El cuarto poder

Lorenzetti había representado al intendente de la ciudad de Rafaela, referente del PJ, Ricardo Peirone, en un juicio por “calumnias e injurias” impulsado en 2001 contra el diario Castellanos. El pleito se desató tras la denuncia del concejal radical Luis Telesco contra Peirone por haber recibido “dádivas”. El funcionario reconoció que había aceptado un regalo del titular de la Red Megatone. No era cualquier obsequio. Se trataba de un Volkswagen Passat importado 0km, de un valor de treinta mil dólares. Pero había dos incompatibilidades. La primera que reconoció Peirone fue que en paralelo a su función de intendente era el contador de la empresa pero, además, Red Megatone figuraba como proveedora del municipio y esto contrariaba a la Ley de Ética Pública nacional. Así lo había plasmado el diario en diferentes notas. Sin embargo, Peirone se molestó por las publicaciones e inició la demanda civil contra Castellanos y su dueño, Pablo Visconti, y manifestó su enojo por las opiniones del subdirector Edgardo De Luca y por las del editor de la sección política, el periodista Gabriel Pecile. El abogado de Peirone, su amigo personal, Ricardo Lorenzetti,109 ganó el juicio contra el medio y logró que la justicia resolviera una indemnización de treinta mil pesos. Como el diario no tenía los fondos, su imprenta fue embargada, lo que para el matutino significaba el fin. “Una estrategia —advierte Francisco Marzioni— del político local para clausurar la única voz opositora a su gobierno en la ciudad”.110 Es posible que, a través de aquel caso, Lorenzetti avizorara un negocio y apuntara a los medios como una inversión. Junto a un grupo de amigos, Néstor Luis Zenklusen, Reynaldo Casabella, Leonardo Luis Parra, Omar Francisco “el Flaco” Operto y Héctor Daniel Marchi constituyeron en junio de 2003 Medios de la Región SA. En ese momento la sociedad tenía Radio FM Colón y más tarde adquirió la licencia de Radio Max y del Canal 8 Televisora Colón. Ya era un multimedios.111 Mientras Lorenzetti incursionaba en el rubro de comunicaciones, el diario Castellanos resistía la maniobra que intentaba acallarlos. “Los Menem como los Peirone, los Kirchner como los Juárez o los Saá no pueden convivir con la prensa independiente. Los asusta la libertad de los otros, por eso censuran. Por eso los denunciamos y, aun en soledad, resistimos sus ataques”, escribía por entonces Gabriel Pecile, editor de la sección Política del diario Castellanos. Esa fue la nota de opinión que publicó el matutino aquel lunes 17 de noviembre de 2003.112

La cuestión llegó a instancias internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) intervino ante la relevancia del tema y consideró un “exceso” el embargo de la rotativa del diario Castellanos, como lo explicó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina.113 Lorenzetti, al menos con su nombre, ya no pertenecía a la sociedad Medios de la Región SA, cuando esta se disolvió en 2013, año del pulso entre el gobierno y el Grupo Clarín por la Ley de Medios. La empresa se vendió a Eduardo Piedrabuena, accionista de Radio Universidad del Litoral SA, junto a otros socios,114 como el académico Mariano Candioti, quien más tarde sería consejero de la Magistratura. Sin embargo, Zenklusen, ex socio de Lorenzetti y presidente del Club Ben Hur, siguió vinculado a los medios y controló el contenido deportivo de radio La Red (del Grupo Vila-Manzano), en Rafaela. Zenklusen fue además presidente de la Confederación de Mutuales, tuvo cheques rechazados por más de cuatro millones de pesos, algunos correspondientes al Club Ben Hur, otros a la asociación de mutuales y en la ciudad santafesina lo vincularon al sistema de salud que estaba bajo sospecha.

Aterrizaje, directo y sin escalas, en la Corte Lorenzetti puede decir en voz alta, sin faltar a la verdad, que es arquitecto y constructor de su destino. También, que el límite de su ambición no tiene horizonte. Calculador, analiza cada paso que da, sopesa opciones, riesgos y obra en consecuencia.115 El juez supremo aprendió temprano a mirar a su alrededor y a sus espaldas. Reconoce al primer vistazo el perfil de los hombres y mujeres del poder y es hábil para arrimarse y buscar cobijo a su sombra. El Mono no se engaña, sabe quién es, de dónde viene y a dónde quiere ir. Solo y con ayuda de otros confiaba que podía escalar a lo más alto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para Ricardito, Buenos Aires era terreno conocido. Desembarcó en esta gran ciudad en 1993, para abrir un estudio jurídico junto a un grupo de colegas entre los que figuraban Mosset Iturraspe y Alfredo Kraut. El joven abogado se anticiparía a lo que hoy llamaríamos una clientela de “nicho”. El suyo, el que vislumbró con un potencial formidable, fue la salud. Formó un equipo de profesionales especializado en ofrecer sus servicios jurídicos a clínicas y médicos. Las demandas por daños y perjuicios o mala praxis eran —y son— un quebradero de cabeza para facultativos y empresarios de la sanidad que recibieron, con los brazos abiertos, el blindaje y defensa legal que prometía el

oriundo de Rafaela. En el camino a la cumbre de la Corte se ocupó de estrechar lazos con juristas, aprovechó cualquier ocasión para demostrar los dotes de orador que lo caracterizan y, ladrillo a ladrillo, fue levantando su carrera académica. La editorial Rubinzal Culzoni fue de suma importancia en su trayectoria. Le publicó su tesis doctoral y bajo su tutela viajó por Argentina para dar a conocer tanto sus libros como su pensamiento. En la última reforma constitucional de 1994, que se celebró en las ciudades de Santa Fe y Paraná, Lorenzetti fue consultado por los constituyentes por diversos temas civiles, pero en especial por el artículo 42 de la Carta Magna referido al derecho de consumidores. Allí conoció a Juan Carlos Maqueda —uno de los redactores del artículo— y a Eugenio Raúl Zaffaroni, ambos convencionales constituyentes. Este fue el primer encuentro con quienes diez años más tarde compartiría el máximo tribunal. Desde 1993 y hasta el 2004 Lorenzetti logró compatibilizar el trabajo como abogado (tanto en Rafaela como en Buenos Aires) con la militancia política y la carrera académica. Desde que se doctoró, con el retorno de la democracia, hasta arribar a la Corte, escribió trece libros. Algunos de ellos sobre asuntos de emergencia económica, comercio electrónico, responsabilidad por daños laborales, derechos de los consumidores y su debilidad: la empresa médica y los convenios del sector. Pero, sin haberlo previsto, se sorprendió con un éxito mucho más rentable de lo que pudo imaginar. Convenciones Colectivas de Trabajo (publicado en 1988) cautivó al histórico Ángel Federico Robledo.116 El peronista, muy cercano a la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, quedó deslumbrado con ese título y con su autor. Robledo, quien también se había recibido en la UNL, compartía un café con el futuro presidente de la Corte Suprema cuando este le puso un volumen sobre la mesa. De paso, aprovechó para pedirle un favor: que intermediara con la senadora Fernández de Kirchner entregándole su extenso curriculum vitae. El veterano político estaba impresionado por los antecedentes y la sagacidad — rozaba el atrevimiento— de su interlocutor. No gozaba de buena salud pero, seducido por el embrujo dialéctico y la personalidad de Lorenzetti, no dudó en ponerse en marcha e interceder a favor suyo con “Cristina”. Acostumbrado a

jugar con tantas barajas como se precise para ganar la partida, Lorenzetti repetía la jugada —o muy parecida— con otros miembros de la oposición. Convencido de que no hay peor gestión que la que no se hace, apeló a su amigo y coterráneo Enrique Osvaldo “Tronquito” Peretti,117 juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. También él podía acercarlo unas casillas más cerca del poder kirchnerista y, por tanto, de la Corte. Él fue quien se lo presentó al entonces senador y compañero de banca de CFK, Nicolás “Tito” Fernández, “el niño mimado de Cristina”, como lo identifica la diputada nacional del FpV Diana Conti.118 Tito y Lorenzetti simpatizaron de inmediato. Ambos estaban en la misma frecuencia y hablaban el mismo idioma. Habían estudiado en Santa Fe, aunque en distintas universidades,119 y por sus venas corría la sangre caliente de la pasión por la política. Trabado el lazo, Lorenzetti, cada vez que venía a Buenos Aires, visitaba asiduamente a Tito en su despacho del Senado. La postulación a la Corte era el tema recurrente. Hombre del riñón kirchnerista, el peronista fue uno de los personajes clave (hay más) que insistió a su favor ante la “primera ciudadana”, como se definió a sí misma, al principio del gobierno de su marido, la senadora Fernández. Tantas gestiones y padrinos políticos no tardaron en dar frutos. “Cristina propuso a Lorenzetti como representante del Senado ante el Juris de Enjuiciamiento del Ministerio Público”, confirmó Conti. El beneficiado negaría esto y ofrecería una versión diferente en su libro El arte de hacer justicia. “A comienzos del año [2004] —escribe Lorenzetti— organizamos un congreso ambiental para la defensa del agua y los glaciares, fundamos el Instituto Planeta Verde, y empecé a asistir a reuniones en el Congreso para promover estos temas. Fue justamente allí donde conocí a Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, quienes ya eran ministros de la Corte. Fui propuesto como miembro del jurado de enjuiciamiento de fiscales, cargo ad honórem para el cual no había disputa alguna. El cargo era el de representante del Honorable Senado de la Nación ante el Juris de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación. Lo acepté, y en agosto la propuesta fue votada por unanimidad de todos los senadores”, zanjó el santafecino. El Mono estaba a punto de dar el salto a la Corte. El ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, rastreaba información hasta debajo de las piedras para

que no hubiera ningún cabo suelto con el futuro magistrado. El presidente Néstor Kirchner quería saber todo sobre él antes de abrirle la puerta a la más alta magistratura. En Rafaela resumen la situación en una frase demoledora: “Pueden vestir al mono como quieran, pero el mono es el mono. El kirchnerismo necesitaba una espada de protección en la Corte ante la adversidad política, y él era el indicado”.120 La presentación oficial al matrimonio se hizo en el Calafate, “mi cable a tierra”, como proclamaba Cristina Fernández. El encuentro se produjo meses antes de que Kirchner terminara de convencerse —con ayuda de otros— de que él era perfecto para la Corte. La decisión ya estaba tomada. He is the one, dirían en Estados Unidos. “Cristina” estaba entusiasmada con el personaje. Su conocimiento del derecho, experiencia académica, poder de seducción y el don de la palabra que lo caracteriza, cautivaron a la entonces senadora y esposa del presidente de la Nación. “Conocimos a Lorenzetti en un congreso de derecho ambiental organizado por Tito Fernández antes de su postulación. Dio un discurso en Calafate. Ese fue nuestro primer acercamiento a quien sería el futuro presidente de la Corte”, rememora Conti, la mujer que defendía una “Cristina eterna” y tenía hilo directo con ella. “Viajamos, entre otros, con Eugenio Zaffaroni y Abel Fleitas Ortiz de Rozas (por entonces viceministro de justicia). El objetivo era la presentación oficial, aunque también hicimos turismo por el glaciar Perito Moreno”. Tito Fernández, “el niño mimado” de Cristina, como se refiere a él Conti, fue el encargado de “allanarle el camino a su amigo Ricardo Lorenzetti”. La diputada y ex consejera de la Magistratura no duda: “Ni Cristina ni Néstor lo conocían de antes, fue Tito Fernández el nexo directo”, confirmó. La versión coincide con la que ofreció la propia Cristina Fernández. “Por ese ex senador (en alusión a Fernández) yo conocí al doctor Lorenzetti, de quien es muy amigo. Él fue quien me lo presentó cuando yo era senadora. Inclusive, me decía que era un excelente candidato para ser miembro de la Corte”, relataría ya alejada de la presidencia, a un reducido grupo, seleccionado quirúrgicamente, de periodistas argentinos, y algún extranjero, que trabajaban o colaboraban para medios del exterior. Las declaraciones —muy parecidas a un extenso monólogo —, se produjeron el 23 de julio de 2016, en el Calafate.121

Por fin, el 14 de octubre de 2004, Néstor Kirchner puso su nombre sobre la mesa. El encargado de anunciar la propuesta fue el ex ministro de Justicia, Horacio Rosatti.122 Ahora bien, esto no hubiera sucedido si entre bambalinas no hubiera estado moviendo los hilos el eterno operador en las sombras, Enrique Coti Nosiglia. Con el radical de respaldo, para Lorenzetti, no haber tenido una carrera judicial previa ni ser un NyC (“nacido y criado” en la familia judicial) había dejado de ser un obstáculo. “El aporte de quien viene de la actividad privada puede ser muy interesante”, se justificó el juez en la presentación. El flamante magistrado se comprometió a incorporar “cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente”. En su declaración de intenciones y aseveraciones, proclamó, como si hubiera liderado una revolución, que se terminaba la denominada “mayoría automática”.123

El elegido Apenas se conoció la nominación de Lorenzetti, las repercusiones en la ciudad de Rafaela fueron inmediatas. El diario Castellanos publicó un editorial en el que aseguraba que la empresa impugnaría la nominación por su mala fe y falta de ética como abogado.124 Por su culpa, le habían embargado, injustamente, las rotativas allá por 2001, cuando defendió a su amigo e intendente de Rafaela, Ricardo Peirone. Además de las repercusiones mediáticas, el proceso de nombramiento de Lorenzetti tuvo un récord, a su favor, en relación al de sus pares: la menor cantidad de impugnaciones de parte de instituciones, ONG, entidades académicas y colegios profesionales.125 Solo tres organizaciones impugnaron su candidatura. La más grave fue la presentada por ASMEDICA: “El doctor Ricardo Lorenzetti fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: Apreme (…). Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento (…) lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, relataba el escrito.126 Las otras dos impugnaciones estuvieron a cargo de la Asociación Civil Portal de Belén y Mujeres por la Vida, de Córdoba, las que le cuestionaron su postura favorable al aborto. Sin embargo, Lorenzetti remarcó estar “a favor de la vida humana”.127

La noticia de la nominación sacudió a Rafaela. En los hechos, “el blindaje mediático empezó el día que se conoció su candidatura. Su poder en Rafaela, que ya era bastante, se trasladaba ahora a todo el país”.128 La cúpula del diario Castellanos y los periodistas fueron los únicos que se mantuvieron en pie de lucha. Una catarata de notas denunció el accionar de los médicos privatistas de APREME, asesorados por el abogado. El subdirector del diario, Edgardo De Luca, denunciaba las supuestas irregularidades a las que la gerenciadora sometía a la Asociación Médica de Castellanos”. Fueron días convulsionados. Poco a poco un hombre cercano a Lorenzetti, Guillermo Remonda, empresario identificado como socio del flamante ministro, empezó a influenciar en el diario Castellanos. Logró poner un pie adentro tras prestarle dinero a Pablo Visconti, dueño del medio, ante la endeble situación financiera que atravesaban luego del embargo de la rotativa. “El tema fue que cuando ingresé a trabajar en 2006 al Castellanos, Edgardo De Luca y toda la redacción atravesaban una situación de extrema tensión por el arribo de Remonda, quien primero fue de visita, luego participó de las reuniones de redacción, más tarde opinó, después las convocó y un día pasó a bajar la línea editorial”, recuerda el periodista Francisco Marzioni.129 La situación, para él y buena parte de la redacción, era ofensiva. Alguien sin noción de periodismo de pronto comandaba el diario. De Luca no lo soportó, renunció y detrás de él, su equipo de trabajo. Como subdirector pusieron a Fernando Garello. Remonda se hizo con las riendas del diario. Marzioni hace memoria: “Una tarde le dijo a Visconti, el dueño original, que no fuera más a la redacción y le prohibió la entrada”. Para él y para todos, resultaba evidente que ese advenedizo había adquirido el diario Castellanos, aunque, según él, “en los papeles figuraba como propietario Marcelo Calamante, un periodista de la sección Cultura y como director, Jorge Raúl F. Milia”. En rigor, en la escritura pública quienes figuran como titulares de la Editora Del Centro SA, que edita el diario, son Pablo Exequiel Ranzani y Marcelo Fabián Algarbe. “La línea editorial del diario — insiste el periodista— cambió de manera rotunda”.

Yo, el Supremo A los 49 años y con la aprobación del Senado, Lorenzetti se convirtió en ministro de la Corte Suprema. Era el cuarto juez nombrado, y el tercero en jurar, a propuesta del ex presidente Kirchner, junto a Argibay, Zaffaroni y Highton de Nolasco.

El “sí, juro” motivó un acalorado aplauso de los presentes, luego de que el entonces presidente del cuerpo, Enrique Petracchi, le tomara juramento el mediodía de aquel 22 de diciembre de 2004. La ceremonia, breve por cierto, tuvo lugar en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en la sala de Audiencias de la Corte, repleta, pero a diferencia de lo ocurrido en los juramentos de Highton de Nolasco y Zaffaroni —al que asistieron integrantes de todas las instancias del Poder Judicial—, en el del rafaelino era notoria la ausencia de camaristas y jueces inferiores”.130 Quienes sí lo acompañaron fueron sus padres Aldo y Norma, su hermana Susana, su primera esposa y sus hijos Pablo, Franco y Lucía. También participaron del acto ceremonial el ex procurador Esteban Righi, los juristas Daniel Sabsay, Jorge Mosset Iturraspe, Ricardo Peirone y el ex intendente de Rafaela, Omar Perotti. Entre otros invitados, no podía faltar el presidente de Sancor Seguros, Miguel Altuna, el mismo que estaba acostumbrado a escuchar los certeros comentarios, del ahora magistrado, en su productiva labor de asesor de la empresa. Al salir del Palacio, por una de las puertas laterales, Lorenzetti fue golpeado y abucheado por un grupo de ahorristas que reclamaba la devolución de sus depósitos bancarios. Lo increparon al grito de: “Corte adicta, Corte corrupta”.131 Eran los coletazos de la crisis económica del 2001. “Cuando llegué a la Corte (…) la atmósfera era terrible, no solo afuera sino también adentro. Tanto, que lo primero que me enseñaron los custodios del palacio fue cómo salir por una puerta distinta cada día para evitar las agresiones de los manifestantes”.132 Al día siguiente participó del primer acuerdo de ministros. Una lista de temas pendientes sobre los que debía dictaminar lo esperaban. Había dos de extrema sensibilidad: la pesificación de los depósitos en dólares y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En ese escenario, había otro desafío delicado, resolver el enfrentamiento que la Corte mantenía, ya por entonces, con el Consejo de la Magistratura.133 ¿El motivo? La administración de los salarios del Poder Judicial que la Corte quería para sí.

56. El golpe de Estado de 1976 en la Argentina, nominado Operación Aries por sus perpetradores, depuso al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de ese año. En su lugar se estableció una junta militar, liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. La junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional que se disolvió con el retorno a la democracia en 1983. 57. A fines de la década del 60, dentro del peronismo comenzaron a diferenciarse grupos que formaron el ala izquierda del movimiento. Este sector pensó al peronismo como movimiento revolucionario. Al discurso tradicional de Perón le sumaron la reinterpretación antiimperialista y social de su doctrina. Esta relectura del peronismo permitió que se acercaran al movimiento nuevos sectores de la juventud, entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario Montoneros, la organización más importante de la izquierda peronista. [Pacheco, Julieta, Acerca del programa de la organización Montoneros: ¿reformistas o revolucionarios?, 2014 http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/23%20Pacheco%20Julieta%20Montoneros.p Gillespie, Richard, >Soldados de Perón. Los Montoneros, Grijalbo, Buenos Aires, 1998. 58. Entrevista realizada para este libro al contador Horacio Calciati, el 19 de octubre de 2016. 59. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, 1ra edición, Buenos Aires, Sudamericana, 2014. 60. Página 12, 9 de marzo de 2014, Documental,> José “el Pelado” Villarreal, realizado por el Espacio de la Memoria de Rafaela: //www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-09.html. 61. Página 12, Leo Ricciardino, 9 de marzo de 2014: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-0309.html. Entrevistas a familiares de desaparecidos en la ciudad de Rafaela el 15 de noviembre de 2016. 62. Roberto Baschetti (nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1950),

sociólogo, escritor e historiador del peronismo, es autor de >La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964, entre otras obras. Autor de la página web: http://www.robertobaschetti.com/biografia/p/172.html. 63. Los desaparecidos en Rafaela, provincia de Santa Fe, fueron dieciocho, algunos de los cuales fueron sobrevivientes del terrorismo de Estado, aunque perseguidos y asesinados en democracia, como fue el caso de Silvia Suppo, quien atestiguó en una causa de delitos de lesa humanidad contra un juez federal y la mataron, como explicaron sus familiares. Los desaparecidos durante la última dictadura militar fueron: Reinaldo Hattemer, Ricardo Nicolini, José Luis Manfredi, Roberto Sinigaglia, Luis Anselmo Colo Ricciardino, José Antonio Rossi. Datos del libro >Homenaje a militares santafesinos. Aportes para la construcción de la memoria colectiva, Secretaría de Estado y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe”, noviembre 2007, editorial oficial del gobierno de Jorge Obeid. Página 12, Leo Ricciardino, 9 de marzo de 2014: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044- 2014-0309.html. 64. Entrevista realizada para este libro al periodista Francisco Marzioni el día 2 de agosto de 2016. Marzioni es uno de los profesionales rafaelinos que investigó y escribió sobre Ricardo Lorenzetti. 65. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, cit. 66. Entrevistas realizadas para este libro a amigos de Ricardo Lorenzetti en la ciudad de Rafaela, los días 2 y 3 de agosto de 2016. 67. Entrevistas realizadas para este libro a periodistas y amigos de Ricardo Lorenzetti en la ciudad de Rafaela, entre los días 2 y 3 de agosto de 2016. 68. Documental, >José “el Pelado” Villarreal, realizado por el Espacio de la Memoria de Rafaela, Página 12, 9 de marzo de 2014: //www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-43044-2014-03-09.html y entrevista al periodista director de la revista Palpitar, Sergio Zenklusen, en 2 de agosto de 2016. 69. Lorenzetti, Ricardo, >El arte de hacer justicia, cit. 70. “En el cruce de los Relatos… Fuentes orales para el estudio de la organización montoneros en Santa Fe”, Fabiana Alonso, Docente, graduada de la

Universidad Nacional del Litoral, Investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/DeSignosySentidos/article/viewFile/ Alonso y Fabiana (2013). Trayectorias grupales y memorias. A propósito de la formación de Montoneros en la ciudad de Santa Fe. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 71. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit. 72. La figura del meritorio o practicante fue una tradición que duró décadas en los juzgados y tribunales del Poder Judicial y se convirtió en la puerta de entrada para muchos estudiantes de derecho que años después se convertirían en jueces y magistrados federales. 73. Lorenzetti, Ricardo,> El arte…, cit. 74. Ídem. 75. Ídem. 76. Ídem. 77. Omar Corrado nació en Rafaela, Santa Fe, Argentina, en 1954. Se graduó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en 1975. Obtuvo en 1985 el grado de doctor de Tercer Ciclo en Historia de la Música y Musicología en la Universidad de París IV-Sorbona. Fue becario de los gobiernos de Francia y de Brasil, del Instituto Británico de París, del Instituto Goethe, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y del Centro de Difusión e Investigación Musical del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional de Rosario. La Opinión, Rosario, 18 de julio de 2009 :http://www.laopinionrafaela.com.ar/opinion/2009/07/18/h971871.php. 78. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit. 79. Entrevista realizada para este libro el 15 de noviembre de 2016 a Marina Destefanis, hija de la sobreviviente de la dictadura militar de 1976, Silvia Suppo, asesinada luego en plena democracia.

80. Ricardo Peirone fue detenido en 1975 —cuando todavía gobernaba María Estela Martínez de Perón— y fue liberado recién en 1983, luego de haber sido torturado y paseado por las principales cárceles del país. Fue un referente del Partido Justicialista que, mientras fue diputado, lanzó en 2004 el proyecto que se conoció como “la liga de intendentes” de Santa Fe con el aval de Néstor Kirchner. Luego fue intendente de la ciudad de Rafaela en dos periodos consecutivos, desde el 10 de diciembre de 1995 y 10 de diciembre de 2004. La Opinión, 16 de noviembre de 2004: http://www.rafaela.com/cms/news/ver/6743/1/La-Liga-de-Intendentes-yaest%C3%A1-en-marcha..html. 3470 Noticia. Rafaela, Minuto a minuto, 24 de marzo de 2012: http://www.3470.com.ar/sitio/VerNoticia.aspx?i=3725. 81. Entrevista realizada para este libro al periodista Francisco Marzioni el 2 de agosto de 2016. 82. Página 12, 8 de noviembre de www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-24486-2006-11-08.html.

2006:

83. Lorenzetti, R., >El arte…, cit. 84. Ídem. Atilio Alterini fue doctor en Derecho, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Desde 1977 se dedicó a la abogacía y a la carrera académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular de las cátedras de Derecho Privado, de Obligaciones Civiles y Comerciales y de Contratos, y decano de esa facultad, entre 2002 y 2010. 85. Rubinzal Culzoni es la misma empresa que en 2013 publicó el Código Civil y Comercial de la Nación, redactado y comentado por Ricardo Lorenzetti. 86. Entrevistas realizadas para este libro al periodista Sergio Zenklusen, director de la revista Palpitar, de la ciudad de Rafaela y a Jorge Quevedo, militante del Movimiento Nacional Justicialista y director del área de Prensa y Relaciones Públicas de la asociación ambientalista “Amigos por la Vida”, el día 2 de agosto de 2016. 87. Ídem nota 81. 88. Ídem.

89. Ídem . 90. Tras una pugna entre la Nación y la provincia, en Santa Fe no se reabrió la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación como tampoco las del interior de la provincia, que había sido cerrado por la última dictadura cívico militar. Esto impulsó a los movimientos gremiales a intermediar ante el entonces gobernador José María Vernet para la creación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, y delegaciones del interior. 91. Entrevistas a Sergio Zenklusen y a Jorge Quevedo, (ya citadas). Daniel Pedrotti asumió como asesor legal de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el periodo comprendido entre el mes mayo de 1988 y julio de 1996. En el año 1989 se desvinculó del estudio jurídico de Ricardo Lorenzetti: http://www.estudiopedrotti.com/profesionales.html. 92. Ese año la provincia de Santa Fe tuvo elecciones divididas. El 6 de septiembre se llevaron a cabo las legislativas nacionales en conjunto con las provinciales en las que resultó ganador el peronista Víctor Reviglio, que sucedió a José María Vernet. Rodolfo Bienvenido Muriel retuvo la intendencia de Rafaela con 15.243 votos contra 10.400 de Pavetti: https://www.rafaela.gov.ar/nuevo/Estructura.aspx. 93. Rafaela es conocida como “La Perla del Oeste Santafesino” por su belleza y pujanza, sus anchas avenidas y sus lugares de recreación que la convierten en parada inmejorable para los viajeros que transitan la ruta 34 o la 70. 94. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit. 95. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputado santafesino por el Frente Social y Popular (FSP), Carlos del Frade, el día 14 de agosto de 2016. 96. Ídem. 97. La sociedad entre Ricardo Lorenzetti y Daniel Pedrotti finalizó en 1998: http://www.estudiopedrotti.com/profesionales.html. 98. Río Negro, de http://www1.rionegro.com.ar/arch200403/10/n10g11.php.

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99. La firma RC SA se presentó en concurso preventivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires en la causa: “Relaciones con empresas SA. Inversiones y finanzas sobre concurso preventivo”, que tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 16, a cargo de la Dra Aydeé Elvira Cáceres Cano, ubicado en la calle Callao 635, piso 3ro. La síndica fue Alicia Kurlat. El pasivo verificado ascendió a la suma de $22.662.418. Finalmente, la Justicia declaró la quiebra el 22 de agosto de 1996, sin posibilidad de recuperar el dinero de parte de RC SA. 100. En la investigación se accedió a la documentación que respaldaba la medida cautelar y demanda por simulación que había iniciado Lorenzetti: supuestamente para evitar asumir sus deudas, Reynaldo Casabella, transfirió en fecha 10/4/95 a Gustavo Borda Bossana, inscripto el 8/5/95/Dominio: 34571Folio- 852.-Tomo 368. Impar.-Inmobiliario: 548.700/0187/0189/0072.-Calle Las Rosas 146/147/148. Rafaela. 101. Radio Mitre, “Lanata sin filtro”, 2 de diciembre de 2013: http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-Lanata-PAMI_0_1040296257.html. 102. Río Negro, 10 de marzo de 2004. entrevista a la entonces interventora del PAMI, Graciela Ocaña: http://www1.rionegro.com.ar/arch200403/10/n10g11.php. 103. Del Frade, Carlos, >Salud, valores y esperanza. Crónicas de lucha de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, 2010. Los cuatro sanatorios eran: Clínica Parra SRL, Tita Hnos. SRL, Policlínico Rafaela SA y Sanatorio Moreno SRL. 104. Entrevista al periodista Carlos del Frade, cit. En adelante toda opinión e información sobre el sistema de salud en el departamento Castellanos, la relación con los médicos y la intervención de Ricardo Lorenzetti se adjudican a esta fuente. 105. Ídem. 106. Entrevista realizada para este libro al neurocirujano Jorge Beninca el 3 agosto de 2016. 107. Ídem.

108. Carlos Del Frade fue el periodista que investigó tanto las supuestas irregularidades de la salud en Rafaela como el accionar de Lorenzetti y sus socios. Su trabajo se plasmó en el libro >Salud, valores y esperanza. Crónicas…, cit. 109. La causa tramitó en el Juzgado de Primera Instancia del Fuero Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Nominación de los tribunales rafaelinos caratulado: “Peirone, Ricardo Miguel, contra Editorial Castellanos SRL, Visconti Pablo y Pérez Ercolina”, titulares de la editorial. Edición Uno, 18 de noviembre de 2003: http://www.edicionuno.com.ar/noticias.php?idnota=1965. 110. Entrevista realizada para este libro al periodista Francisco Marzioni el 2 de agosto de 2016. 111. Perfil, investigación periodística de Mariano Confalonieri, enero 2013. En adelante toda información vinculada a la empresa Medios de la Región SA, socios y demás se adjudica a esta fuente. 112. Castellanos, Gabriel Pecile, editorial sección política del día 17 de noviembre de 2003. 113. Sociedad Interamericana de Prensa, 28 de noviembre de 2003, Miami: http://www.sipiapa.org/notas/1123230-la-sip-considero-como-un-excesoembargo-la- rotativa-periodico-argentino. 114. Los socios de la empresa Radio Universidad del Litoral SA, eran Eduardo Oscar Piedrabuena (presidente), Jorge Alberto Ricci (vicepresidente), Juan Carlos Nava (director), y los directores suplentes, Mario Francisco Benito Cataldo, Mariano Alberto Tadeo Candioti y Rubén Mario Lo Vuolo, entre otros. 115. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit. 116. Ángel Federico Robledo fue un dirigente peronista que ocupó los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Internacionales y Culto y del Interior durante las presidencias de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Tras la muerte de Perón fue designado embajador en México y luego en Brasil, volvió para asumir el Ministerio de Relaciones Internacionales. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue asesor ad honórem y miembro del Consejo Nacional de Consolidación de la Democracia.

117. Lorenzetti no se olvidaría de quien había sido su nexo con CFK para llegar a la Corte —a través de Tito Fernández— el juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti. Le otorgó a su hermano, el periodista Edgardo “el Tronco” Peretti la voz institucional del Consejo de la Magistratura. 118. Entrevista realizada para este libro a la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti el 24 de noviembre de 2016. 119. A partir de entonces se acercó a Lorenzetti como nexo entre el abogado y la senadora. Cuando terminaron la carrera de Derecho, Lorenzetti volvió a Rafaela (1978) y Tito Fernández, recibido en la Universidad Católica de Santa Fe, volvió a Puerto Deseado —su Santa Cruz natal— en 1986, tras recibirse de abogado y allí, a través de la militancia, conocería a Cristina Fernández de Kirchner; fue con ella, con quien trabó enseguida una amistad y llegaría luego a Néstor “Lupín” Kirchner. Fernández fue asesor del Concejo Deliberante de la ciudad de Caleta Olivia (1986-1989), y de la intendencia de la misma ciudad (1987) y luego en el municipio de Las Heras (1991), desde donde logró acuerdos comerciales con petroleras. El arribo a Buenos Aires fue sin escala al Senado en 2001 y luego reelecto en 2005, donde compartió banca junto a la senadora Cristina Fernández de Kirchner hasta 2011. 120. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit. 121. Ver entrevista completa en http://www.tiemposur.com.ar/nota/113013mira-la- entrevista-completa-de-cristina-con-la-prensa-internacional-en-elcalafate. 122. Kirchner instruyó al ministro de Justicia Rosatti para que iniciara el procedimiento para la designación del nuevo ministro previsto en el decreto 222, que establecía un mecanismo de control social sobre la postulación. Desde entonces, hubo quince días para la presentación de adhesiones y objeciones a la candidatura. Finalizada la etapa, el presidente Kirchner analizaría las opiniones recibidas y elevaría el pliego al Senado. Río Negro, ٥ de octubre de :http://www1.rionegro.com.ar/arch200410/15/n15g01.php. 123. En referencia a la Corte de la década del 90, durante las presidencias de Carlos Saúl Menem. 124. Revista Paco, Francisco Marzioni, 18 de enero de 2016:

https://revistapaco.com/2016/01/18/silencio-lorenzetti/ 125. Cabe recordar que a los quince días de haber sido propuesto, recibió 937 opiniones favorables, y 167 en contra. Mientras que 24 instituciones extranjeras y 103 nacionales lo avalaron. Entre ellas, el Colegio Público de Abogados, el CELS y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Los Andes, 23 de diciembre de 2004: http://www.losandes.com.ar/noticia/politica-138828. El Cronista, 10 de noviembre de 2004: http://www.cronista.com/impresageneral/Lorenzetti-fue-elcandidato-a-la-Corte-con- menos-impugnaciones-20041111-0136.html. 126. Del Frade, Carlos, >Salud, valores…, cit. 127. Página de diciembre :http://www.pagina.com.ar/diario/elpais/subnotas/-.html.

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128. Entrevista a Francisco Marzioni, cit. 129. Ídem. 130. La Nación, 23 de diciembre de 2004: http://www.lanacion.com.ar/665578- lorenzetti-otro-juez-elegido-por-kirchnerjuro-en-la-corte. 131. Página 12, 23 de diciembre de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-45172-2004-12-23.html.

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132. Lorenzetti, Ricardo, >El arte…, cit. 133. Los Andes, 23 de diciembre http://www.losandes.com.ar/noticia/politica-138828.

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Capítulo 3 El sastre de la justiciaPuntos y puntadas del hilado judicial detrás del mando del presidente de la Corte. El poder como proceso de dominación bajo la obediencia voluntaria pese a la resistencia, como lo define Steven Lukes. Lorenzetti cumplió, al pie de la letra, la tesis del británico. El hombre de Rafaela tejió con maestría una red de contactos con jueces claves y subordinados. Poder dentro del Poder Judicial. Complicidad ante la impunidad. El supremo juez demostró ser hábil para mover las agujas del reloj que determinan si una causa avanza, se interrumpe o queda congelada sine die. “Richard” —como se dirige a él María Bourdin, mano derecha y vocera aunque esté reunido—, intentó mostrarse, desde su incorporación a la Corte, políticamente neutral, con una imagen que se asociara a la de un hombre justo y equitativo cuyo único interés era firmar sentencias ajustadas a derecho. Sin embargo, no lo lograría. Su ambición, sumada a la larga mano o sombra de los gobiernos del matrimonio Kirchner, lo llevaría por otro camino. Para bien o para mal (dependiendo del caso) las decisiones judiciales incidirían oportunamente en el destino de dirigentes, ministros y funcionarios de primera y segunda línea. La agenda política, incluida la de Mauricio Macri, también dependería de las puntadas que diera en ese inmenso telar de la justicia. La “politización” del Poder Judicial es una expresión vieja que nunca dejó de tener vigencia. Basta recordar en los años 90 la revelación del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, de que su par de entonces en Interior, Carlos Corach, le había escrito en una servilleta la lista de jueces federales que respondían a los deseos del por entonces presidente Carlos Menem. Aquello fue una anécdota en comparación con lo que hizo el riojano con la Justicia en general y con la Corte en particular. No fue casual que, en ese contexto, la reforma constitucional de 1994 buscara transparentar el sistema de elección de los ministros del máximo tribunal en sesión abierta ante el Senado, e incorporara una nueva instancia, el Consejo de la Magistratura, cuya misión, entre otras cosas, sería seleccionar, fiscalizar y sancionar a los jueces. Hasta entonces, la designación de magistrados la realizaba

el presidente de la Nación con el acuerdo de la Cámara Alta. Dicho esto, era moneda corriente que pesara más la amistad que los méritos propios para conseguir una toga. El cambio fue relevante pero, aun así, la desconfianza hacia la administración de justicia se mantuvo e incluso se profundizó. Consciente de la situación, desde el arribo a la presidencia, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner tuvo en la mira al Poder Judicial. Aquella “Corte adicta” al menemismo se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de su gestión. Y antes de cumplir quince días en la Casa Rosada le declaró la guerra.134 Enérgico y por cadena nacional, Kirchner exhortó el 4 de junio al Congreso a poner en marcha el juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal. “No quiero nada fuera de la ley”, advirtió. Lo que buscaba el sucesor y elegido de Eduardo Duhalde, era terminar con “la célebre mayoría automática”, insistió. En paralelo, el santacruceño firmó el decreto 222 (el 19 de junio siguiente) en el que fijó limitaciones al Poder Ejecutivo en la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte. También ordenó la publicidad de los antecedentes, habilitó la posibilidad de presentar objeciones a las candidaturas propuestas e impuso la realización de audiencias públicas para que los postulantes pudieran responder preguntas. El mismo día de la cadena nacional el Congreso anunció el inicio del juicio político contra Julio Nazareno, el magistrado más denostado durante el menemismo, quien sin embargo lograría evitarlo al renunciar veintitrés días más tarde. Eduardo Moliné O’Connor, otro cortesano muy cuestionado, decidió dar batalla. Enfrentó el jury y en diciembre siguiente se convirtió en el primer miembro del máximo tribunal en ser destituido por el Senado. Dos años más tarde, en septiembre de 2005, Antonio Boggiano tendría el mismo destino, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López dimitirían ante la inevitable remoción.135 En octubre de 2003 habían sido designados en el máximo tribunal Eugenio Raúl Zaffaroni y en 2004, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, nombramientos que gozaron del reconocimiento de todo el arco político. No solo porque garantizarían mayor independencia al Poder Judicial sino también porque se percibían vientos de cambio ante el equilibrio ideológico y de género. En 2004

también había asumido Lorenzetti, pero no sería hasta noviembre de 2006 que sería elegido, por unanimidad de los pares, presidente del máximo tribunal desde el 1 de enero de 2007. Por fin, lo había logrado. Había llegado para quedarse. En la práctica, el cambio impulsado por Kirchner implicaba un giro osado, un cambio de 180 grados en la Corte. Los que conocían la experiencia en Santa Cruz desconfiaban al sospechar que bajo la apariencia de un mani pulite de los supremos jueces, podían esconderse otras intenciones. La pregunta que se imponía era: ¿estaba acaso el ex presidente construyendo una nueva mayoría automática? El constitucionalista Félix Loñ no lo duda.136 “Otra cosa —matiza— es que lo lograra”. El jurista reconoce que la Corte impulsada por Kirchner se enfrentó al gobierno en varias oportunidades decisivas. Lo hizo al defender la independencia de los jueces y frenar la reforma judicial o la denominada “Democratización de la Justicia”. El “fallo Badaro”, que obligó al Estado a reconocer y actualizar la deuda real de los jubilados, y el del destituido procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, al que los ministros ordenaron restituir en su cargo, son dos buenos ejemplos, aunque el primero se cumpliera parcialmente y el último se convirtiera en papel mojado sin que la Corte ejerciera siquiera el derecho al pataleo. No se puede decir lo mismo en la polémica llamada ley de medios. “Independientemente de si hubo o no presiones políticas, hubo disidencias ejemplares como las de los jueces Fayt y Argibay”, resaltó Loñ para ilustrar que fue imposible lograr un fallo unánime, ya que en algunos puntos resultó contradictorio aunque beneficioso para el gobierno de Cristina Fernández. Para Loñ, la historia demostró que para el “régimen kirchnerista” los fallos de los magistrados, como el de Eduardo Sosa —en el que la Corte ordenaba la restitución a su cargo de procurador de Santa Cruz— no eran obligatorios, sino que únicamente se cumplían si estaban de acuerdo con sus intereses. No opina lo mismo Eduardo Barcesat,137 asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “La renovación que hizo Néstor Kirchner de la Corte —observa— significó democratizarla. De ninguna manera quería mayoría automática propia, todo lo contrario”. Para reforzar el argumento, el también abogado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, recuerda que “Zaffaroni fue muy crítico del funcionamiento de la Corte de Santa Cruz y Néstor Kirchner lo eligió por eso”. Otro constitucionalista, Gustavo Arballo,138 matiza. “La Corte de Néstor

Kirchner fue bastante equilibrada. Según mi estudio, le falló un 50% a favor y un 50% en contra, por lo que no puede definirse como adicta”.139 Dicho esto, Arballo aseguró estar convencido de que cuando el ex presidente eligió a los nuevos jueces, antes los sondeó sobre dos temas: “El primero, las causas del corralito financiero que había desatado la crisis económica del 2001 y que finalmente el tribunal falló con la mirada del gobierno. El segundo tema que monitoreó Kirchner —añade— fue si estos juristas estarían dispuestos o no a acompañarlo en la reapertura de los juicios de lesa humanidad”. Por último, aclara, “si Kirchner hubiera querido una Corte complaciente, hubiera nombrado a Carlos Zannini como lo hizo en el Tribunal Superior de Santa Cruz”. Sin embargo, dos años más tarde, en noviembre de 2006, el Congreso convirtió en ley un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que reducía la cantidad de miembros de la Corte, de nueve —desde 1990— a cinco.140 La norma establecía además que, desde su entrada en vigencia, la cantidad de integrantes del tribunal se conformaría de manera transitoria con siete jueces y no se cubrirían las vacantes que eventualmente se produjesen hasta llegar a los cinco miembros. A las partidas de Nazareno, López y Vázquez, Moliné O’Connor y Boggiano se sumó la jubilación de Augusto Belluscio.141 De este modo, en junio de 2005, el máximo tribunal quedó conformado, finalmente, con siete miembros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, la última en jurar.142 De un modo poco ortodoxo, sin antecedentes similares en otro país, Néstor Kirchner había logrado sacarse de encima el peso de la “mayoría automática” menemista y reformar la Corte Suprema. La nueva, menos numerosa y flamante, sería considerada durante un tiempo la “Corte de oro”.143

Uno de los nuestros Para Ricardo Lorenzetti la llegada a la Corte significaba acariciar el cielo con las manos, el mejor de los sueños hecho realidad, pero también un gran desafío. Se había incorporado en un momento difícil, con el país hundido, sumido en una profunda depresión económica, social y política. Argentina y el mundo lo sabían. Por eso, a “Richard” le gustaba presentarse como un patriota resignado al

que las circunstancias habían obligado a prestar “un servicio” para que “el país saliera adelante”, aunque “personalmente tuviese que resignar muchas cosas”,144 como aseguraba en declaraciones públicas. A su juicio, el primer gran sacrificio que se ocupaba de recordar a quien quisiera escucharlo, fue alejarse de los afectos. Pero esos “sacrificios” tendrían pronto nuevas compensaciones. Veinticuatro meses después de haberse convertido en uno más en la Corte, Lorenzetti recibiría el premio mayor: ser ungido por los compañeros, y por unanimidad, presidente del máximo tribunal y en los siguientes nueve años, reelegido de la misma forma. Durante ese período construyó un esquema de gestión concentrado en su persona. En algunas iniciativas se inspiró en el modelo estadounidense que acostumbra a organizar conferencias nacionales de jueces en todo el país. Estos encuentros le valieron ganarse la simpatía de los magistrados federales y nacionales. Uno de los fines de esos encuentros era hacerlos partícipes en el diseño de políticas públicas, buscar consensos y mantener a la “familia judicial” unida. El otro fue impulsar y dar lustre a los discursos de apertura de cada año judicial que lo tenían a él como único orador. En ellos advertía sobre los parámetros de trabajo del cuerpo y las preocupaciones del mismo. Entre otras, la inseguridad, el narcotráfico, la transparencia, la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el acceso a la justicia. Bajo el lema de “gobierno abierto”, uno de los presidentes de la Corte Suprema más jóvenes de la historia, abrió —aparentemente ante la negativa a publicitar las declaraciones juradas— las puertas a la información y transparencia del modus operandi y las sentencias de la Corte. En simultáneo, incorporó unas pinceladas de modernidad, con visión global, al aplicar fallos innovadores y adecuados a la nueva jurisprudencia europea y norteamericana. En esa línea se destacaron los vinculados a la libertad de expresión, libertad sindical y la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal. También fomentó la participación de la sociedad civil, ONG y organismos de derechos humanos en causas relevantes, bajo la figura de “amigos del tribunal”. Además, impulsó la implementación de audiencias públicas. En materia financiera, administró los fondos del Poder Judicial y logró retener bajo su órbita algo muy tentador, el manejo de “la caja”, como se verá en el próximo capítulo. Además, como presidente de la Corte monopolizó la facultad de contratar empleados y funcionarios de todo el país, una decisión contraria a una vieja tradición que permitía a los jueces elegir colaboradores. Esto implicó

que jueces federales y nacionales, de norte a sur de la Argentina, necesitaran de su venia para contratar personal, aunque se tratara de la “señora de la limpieza”.145 De este modo, “cooptó voluntades” y armó una red de jueces “cómplices”, según Abel Cornejo, miembro de la Academia Nacional de Derecho, ex consejero y actual juez de la Corte Suprema de Salta. “Hubo una clara decisión del presidente de la Corte de evitar no solo el control hacia los jueces afines sino también el del presupuesto del Poder Judicial”.146 Su poder fue in crescendo, tanto que se amplió al ámbito político y empresarial. A punto tal que el ex presidente Kirchner, desconfiado de sus intenciones políticas, le cuestionó sus encuentros en el Palacio de Justicia con empresarios potentados. Tal vez esa haya sido la razón por la que el ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso,147 tuviera puesta la lupa en la Corte y reportara a Kirchner cualquier información o movimiento que le parecía sospechoso o sensible a los intereses del gobierno.148 Si bien es cierto que Lorenzetti no provenía de la “familia judicial”, debía incorporarse a ella. En el tribunal quien representaba a esa elite era Highton de Nolasco, emblema de la tradición judicial. Ambos mantuvieron un vínculo políticamente correcto, aunque por momento oscilante. Compartieron posturas, entre ellas la de anular la lista de jueces suplentes para la Corte que había aprobado el Ejecutivo. Sin embargo, pese a haber pactado la alternancia de la presidencia del cuerpo con Highton, la medida nunca se concretó y la única mujer que queda en la más alta institución judicial, tuvo que conformarse con la vicepresidencia. La compensaría por otro lado. En la dinámica interna, Lorenzetti delegó su confianza en un pequeño equipo de colaboradores, entre los que se destacan la hija de Highton —Elenita— y el secretario general y de causas especiales, Cristian Abritta. El modo de ejercer sus funciones llamó la atención de las voces opositoras que no dudaron en criticar su proceder. “Fue la cabeza de una red de complicidades e impunidad judicial — reitera Cornejo— desde una jefatura prácticamente sin control durante el kirchnerismo. Utilizó la concentración de su poder para maniobrar políticamente. Manejó la agenda y el timing de las causas sensibles”.

Algunos hombres buenos Los operadores políticos o lobistas son, históricamente, parte del paisaje natural de la política argentina. Manejan una cuota importante de poder. Algunos

fueron funcionarios, otros asesores y, quién más quién menos, hizo hasta de pañuelo de lágrimas de sus clientes. Su lenguaje preferido suele ser el off the record. El talento, el manejo del secreto y el verdadero “jefe”, sin duda, el poder. A muchos se los definió como “monjes negros”, extremadamente pragmáticos y encargados de aceitar los engranajes de la negociación política. Abrieron puertas, identificaron oportunidades y amortiguaron golpes.149 Lorenzetti podía ser nuevo en la Corte y en la familia judicial pero también era lo suficientemente inteligente para saber que necesitaba tener a su lado a colegas, funcionarios y políticos que lo ayudaran a cimentar su liderazgo. Entendía ese mundo al modo talibán, o estás conmigo o estás contra mí. El mensaje lo recibieron, de forma sutil, los magistrados de todo el país. A partir de entonces, tomaron conciencia de que enfrentarse al supremo juez significaría, la “extradición judicial”. Respetado en base al “miedo, su poder de venganza es inconmensurable”, asegura Cornejo. Para ejercer su “autoritarismo —añade—, necesitaba soldados dispuestos a cumplir cualquier desafío que les planteara”. Para el magistrado, Lorenzetti y los suyos, representan una versión judicial de lo que los militares entenderían por obediencia debida. O como observa Steven Lukes150 sobre cómo un líder construye y se asegura el poder y dominio sobre sujetos que, pese a resistirse, lo aceptan de forma voluntaria. Para armar la red de contactos Lorenzetti eligió a Luis María Cabral, Alfredo Kraut, Claudia Levín, Julián Ercolini, Ariel y Alfredo Lijo para legitimar su poder ante la familia judicial. Ya con sus soldados seleccionados, objetivos claros en la mira y alianzas estratégicas, Lorenzetti se convertiría en la espada de Néstor Kirchner en el Poder Judicial. “El Mono tiene la habilidad de un equilibrista a 4000 metros de altura con viento Zonda de frente. ¿Pero el kirchnerismo podría domarlo? Esa era la gran incógnita”, se pregunta el periodista Sergio Zenklusen.151

El padrino Entre la tropa que responde a la consigna de Lorenzetti se destaca, con un vínculo especial, Cabral, juez del tribunal oral en lo criminal No.9. Antes de ingresar en esa estructura de poder, Cabral era una persona respetada por su historia y valentía. Durante la última dictadura militar, cobró notoriedad como representante del Frente de Izquierda Popular (FIP), al presentar habeas corpus

para proteger a los detenidos. Quienes lo conocieron resaltan su inteligencia y vocación social. Sobresalió por instrumentar el marco jurídico de la Ley de Cupo Femenino (24.012) y el del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Llegó a la magistratura en 1993. Entre 1998 y 2006 fue vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (más tarde la presidió en varias oportunidades). En 2006 representó a este estamento en el Consejo de la Magistratura, que luego encabezó en 2010. “Bachicha”, como le dicen los amigos, no solo tenía pasado político respetable, sino también judicial. Su padre, Luis Carlos, había integrado la Corte Suprema entre 1966 y 1973. Era considerado un verdadero “NyC”, es decir nacido y criado en la familia judicial. Un personaje atractivo para alguien como Lorenzetti que recién llegaba. Fue Cabral quien, al incorporarlo al selecto grupo de la Asociación, lo apadrinó en la “familia judicial”. Compartían el entusiasmo por la política y el derecho. Lorenzetti había llegado a la Corte a través de Kirchner y Cabral era considerado un “kirchnerista intermitente”.152 Para Lorenzetti, era un “brazo ejecutor” en el Consejo de la Magistratura y su nexo con la aristocracia judicial. En 2011 Cabral fue nombrado juez interino en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. Y en 2013, dos semanas antes de que se le venciera el mandato, siete camaristas del tribunal lo designaron “subrogante permanente”. El nombramiento fue cuestionado al observarse que el cargo no había sido sorteado entre jueces federales, como lo establecía una norma. Es decir, que lo habían designado “a dedo”,153 según denunció el entonces diputado nacional Carlos Kunkel. Aunque ya antes, Jorge Auat y el CELS154 habían advertido el nombramiento “irregular”. Las voces críticas interpretaron que detrás de la designación de Cabral estaría Lorenzetti,155 quien buscaba que este fuera el nexo entre Corte, Gobierno y Casación. En tanto, la versión oficial se limitó a señalar que “la Corte avaló a Cabral, a través de una acordada, hasta que la vacante fuese cubierta según el sistema institucional”.156 Lo cierto es que el máximo tribunal debía intervenir en causas claves como el Memorándum con Irán, la de sobornos en el Senado y otras en las que estaban involucrados Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios afines. La causa del Memorándum con Irán157 era de importancia para el gobierno. Y mientras esta se dirimía en Casación durante 2015, las “dilaciones y manejos políticos” pusieron bajo la lupa a Cabral, quien “negociaba su voto con el gobierno”.158 Cabral fue desplazado de su cargo por la mayoría oficialista del

Consejo de la Magistratura159 con sustento en la ley de subrogancias aprobada por el Congreso. Y aunque la Corte, tiempo después, la declararía inconstitucional, Cabral no recuperó el cargo pese a los reclamos judiciales. Lo sucedido motivó que la diputada Elisa Carrió denunciara en las redes sociales que Cabral “había sido entregado por Lorenzetti, muy amigo de Zannini con el que hacen los pactos”.160 Además, otras voces adujeron que, por un supuesto pedido de Lorenzetti al entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, los consejeros radicales Gustavo Valdez y Ángel Rozas no asistieran al plenario en el que se apartó a Cabral161 y con esa ausencia habrían allanado la desvinculación. Mientras los hechos se precipitaban, Cabral no ocultaba hasta qué punto le irritaba que lo identificaran como “operador” de Lorenzetti. Si recordamos a Carlos Fayt, quizás se pueda afirmar que sería la primera vez, pero no la última, que el presidente de la Corte Suprema, en palabras de Cornejo, “entregaba un juez al gobierno sin miramientos. Utilizado y desechado”.

Tacita a tacita, la Colorada y los hermanos A la mesa íntima de Lorenzetti se sumó su viejo amigo y socio Alfredo Kraut. Con vastos antecedentes en derecho civil, conciliación, arbitraje, derecho al consumidor y en especial en derecho a la salud mental, Kraut fue el pie jurídico de Lorenzetti en tierras porteñas. Hombre de confianza, lo acompañó como titular de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema —desde 2007 a 2015 — cargo que implicaba organizar la dinámica interna y la administración del Tribunal. Tuvo acceso irrestricto a todo el manejo administrativo de la Corte y tenía trato directo con Lorenzetti y otros jueces. Conocía no solo los recovecos del Palacio de Tribunales, sino también las cafeterías de los alrededores, donde solía reunirse con distintos personajes del mundo de la política y la Judicatura. Siempre rodeado de amigos, lo consideran un personaje entrañable. Los que lo conocen bien aseguran que es de trato “ameno y cordial”. Poco a poco Kraut cobró mayor visibilidad en la Corte, en especial por el rol conciliador en momentos de tensión entre Gobierno y Justicia. Nunca se alejó de Lorenzetti y durante su gestión estuvo acompañado por el hijo Martín, quien ejerció la jefatura de despacho del Centro de Información Judicial (CIJ).162 La esposa de Alfredo Kraut, Andrea Débora Lippenholtz, también consiguió trabajo gracias a sus buenos oficios. Fue designada subdirectora general del

Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, pese a ser licenciada en psicología en vez de doctora en medicina, como requiere la ley.163 Otras de las personas en las que Lorenzetti confió —de momento están distanciados — fue Claudia Levín, más conocida como “la Colorada”, su amuleto de la suerte, coinciden jueces y funcionarios. Una abogada proveniente de Santa Fe, ocente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Llegó al Consejo de la Magistratura de la mano de su coterráneo, el consejero académico Juan Carlos Gemignani (padre). Interesada por la política, los dirigentes radicales, Enrique Coti Nosiglia y Ernesto Sanz, ejercieron, en cierto modo, de padrinos suyos. A través de ellos se acercó a Lorenzetti como supuesta portavoz de los intereses del sector. Combinación proporcionada de habilidad, capacidad y formación, fue designada en la Secretaría Académica de la Escuela Judicial y luego incorporada al Comité de Relaciones Internacionales del Poder Judicial.164 Los hermanos Lijo. Uno de los jueces con el que Lorenzetti tiene mayor afinidad es Ariel Lijo.165 Asumió el 14 de octubre de 2004 (con 37 años) junto a los magistrados Julián Ercolini, Daniel Rafecas y Guillermo Montenegro (actual embajador en Montevideo). Ariel y su hermano Freddy suelen ir de la mano a todas partes. Se conocen bien y se distribuyen las misiones. Juntos ganaron varios campeonatos de truco, comparten la pasión por los caballos de carrera y entre los judiciales corre un apodo que alude a un juego de palabras y el traslado de dinero. El mayor de los hermanos disfruta de un entusiasmo desmedido por el mundo de los pájaros aunque, en su caso, la debilidad se reduce a la canaricultura (cría y crianza del canario doméstico). Su otra pasión es —como Mauricio Macri y la mitad más uno de los argentinos— Boca Juniors.166 Lijo es uno de los pocos jueces que tiene acceso directo a Lorenzetti. Su segunda esposa, Magali Mazzuca, fue nombrada por él prosecretaria letrada de la Oficina de Justicia Ambiental, creada por la Corte en 2015.167 En su labor como juez, Lijo demostró destreza para llevar adelante causas de alto voltaje, como por ejemplo: AMIA,168 Siemens y Ciccone. También fue designado para investigar el supuesto procedimiento irregular por la millonaria contratación del software del Poder Judicial, en la que Lorenzetti y funcionarios afines estaban involucrados.169 Lo llamativo de la situación fue que la causa nunca avanzó. Alfredo Freddy Lijo, merece un párrafo aparte. Además de parecerse en lo físico a su hermano, los abogados del fuero lo ven seguido por los pasillos de Comodoro Py junto a un inseparable maletín. Fue señalado por el periodista

Carlos Pagni como el “gestor judicial” de De Vido, a quien le ofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales. El periodista Guillermo Cherashny definió en 2014 a Freddy como el habitual “valijero” que utilizaban De Vido y el banquero Jorge Brito para respaldar a los funcionarios corruptos del kirchnerismo.170 Mientras que el abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió a él como el “operador en la justicia”.171 Además la mujer de Freddy, María Carla Lago, fue socia del camarista Eduardo Freiler en una financiera, Minning Pride SA, creada en 2012.172 También “ganó notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó Alberto Nisman, horas antes de denunciar a Cristina Fernández. La acusación de Nisman recayó en el juzgado de Ariel Lijo”.173 El fiel de la balanza. Julián Ercolini es otro de los jueces que mantiene buena sintonía con Lorenzetti. Se desempeña como titular del Juzgado Federal No.10 de la ciudad de Buenos Aires. Inició su carrera académica de la mano del ex procurador general Esteban Righi. Dirige la especialización en Administración de Justicia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la que Righi y Lorenzetti son miembros de la Comisión de Especialización. Es de perfil bajo y buen trato. Hombre abocado a su familia y fanático de River Plate, fue Ercolini quien le sugirió a Lorenzetti a su ex secretario letrado, Reinaldo Rota, para que asumiera como secretario privado del presidente de la Corte, y así fue.174 Con la llegada del nuevo gobierno cambió el clima de la justicia federal. Las causas de corrupción contra el kirchnerismo, que durante doce años estuvieron en punto muerto, empezaron a resucitar. Quizás detrás de este fenómeno estaban “los consejos de Lorenzetti”.175 O, sencillamente, los magistrados, incluido Ercolini, empezaban a tomar conciencia de que soplaban nuevos vientos y había que adaptarse. La primera señal en este sentido se registró el 2 de abril de 2016. Ercolini ordenó el arresto del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal. Además, luego de un sorteo rodeado de “inconsistencias”,176 asumió la investigación por la muerte del ex fiscal de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman (tras el paso del fuero ordinario al federal). Como resultado de las supuestas irregularidades, Martín Irurzun, en su rol de presidente de la Cámara de Apelaciones, impulsó una investigación penal por el presunto sorteo irregular del expediente realizado mediante el software de gestión conocido como Lex100. La causa recayó primero

en Claudio Bonadio y luego, por conexidad —es decir por estar bajo la lupa judicial el mismo objeto del proceso o supuesto delito— fue derivada a su par, María Romilda Servini, como se verá en mayor detalle en el capítulo 9. En abril de 2016 Ercolini quedó a cargo, por decisión de la Cámara Federal, de la causa Hotesur en la que se investigaba el presunto lavado de dinero por parte de la familia Kirchner y distintos empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Ercolini tenía demasiadas causas bajo estudio. Por eso Lorenzetti, en junio de 2016, autorizó la contratación de cinco empleados para su juzgado, pero no solo para que trabajaran la causa Nisman, sino también en la causa en la que estaba involucrada Cristina Fernández.177 Acorde con la investigación y a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, Ercolini llamó a indagatoria a la ex presidenta, por supuesta asociación ilícita, el 12 de septiembre de 2016. Los fiscales le enviaron una lista de 227 puntos de prueba que tendrían a Cristina Fernández de Kirchner como responsable de un “plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado, a través de la asignación direccionada de obra pública vial” a Lázaro Báez. Ercolini activó la denuncia iniciada por la diputada Elisa Carrió y se sustentó además en un lapidario informe de Vialidad Nacional.178 “Lorenzetti maneja la agenda judicial de las causas sensibles al poder, la mayoría de los jueces federales le solicitan la bendición para las resoluciones icónicas y el momento justo”, asegura Cornejo.179 Lorenzetti también habría encontrado en Ercolini un lazo para acercarse al macrismo. El puente sería la esposa del juez, la periodista y consultora María Julia Kenny. Ella no solo tiene buena relación con el ministro de Justicia, Germán Garavano —con quien había trabajado tiempo atrás— sino que además fue contratada como jefa de prensa de esa cartera. Los jueces federales, que no sienten ninguna simpatía por Garavano, al que suelen llamarlo “Garabato” o “profesor Lambetain”, le reprochan a Ercolini la designación de Kenny. Pero Ercolini tenía algo mucho más polémico en su despacho: la presunta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura militar. En marzo de 2015 negó las indagatorias solicitadas por el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, a los accionistas y directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, así como al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros. El magistrado afirmó que en

el expediente no había pruebas que los involucraran en la denunciada apropiación de la firma. En esa misma línea, a más de un año, el 16 de septiembre de 2016 Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre, Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa por Papel Prensa.180 “No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa SA, acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”, sostuvo Ercolini. Pero daría un paso más antes de finalizar 2016, cuando el martes 27 de diciembre el magistrado procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos.181 También incluyó a De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario detenido Lázaro Báez, entre otros. En la resolución de 794 hojas, el magistrado ordenó el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas. La imputación había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques —hermano del viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— en base a un informe de Vialidad Nacional que, según los abogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado a indagatorias original de los propios fiscales.182 Pero con una velocidad de turismo carretera y también por pedido de los fiscales Pollicita y Mahiques el último día hábil del 2016 para la justicia, previo al receso de verano, Ercolini ordenó embargar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, en la causa Hotesur. Además ordenó “inhibir los bienes de las firmas Hotesur y Co.Ma” en los que tengan participación los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner.183 La ex mandataria en marzo del mismo año se desprendió de todos sus activos y los puso en manos de sus hijos. Los fiscales entendieron que esa cesión fue una maniobra para “frustrar” cualquier medida judicial. La causa Hotesur investiga a los Kirchner por el alquiler de habitaciones de hotel a empresas de Báez como una presunta maniobra de “retornos”. Se habrían canalizado fondos de origen ilícito proveniente de la concesión irregular de la obra pública.

La pregunta inevitable es por qué las causas tomaron un ritmo inédito no solo los últimos días del 2016, sino cuando Cristina Fernández de Kirchner ya no está al mando del Ejecutivo. ¿Una alerta de la justicia al presidente Macri? 134. Télam, 20 de mayo de 2013: http://www.telam.com.ar/notas/201305/ 18285-la- renovacion-de-la-corte-la-primera-gran-reforma-encarada-por-nestorkirchner.html. 135. Ídem. 136. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista Félix Loñ, el 22 de noviembre de 2016. 137. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista y especialista en derechos humanos, el jurista Eduardo Barcesat, el 21 de noviembre de 2016. 138. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista, Gustavo Arballo, el 18 de noviembre de 2016. 139. Arballo, Gustavo. “La Corte Suprema frente al Gobierno. Cuantificando datos sobre casos políticamente perfilados en el período 19842014”. https://www.academia.edu/14848328/La_Corte_Suprema_frente_al_Gobierno._Cuanti 2014. 140. La ley 26.183, sancionada el 29 de noviembre de 2006 y promulgada el 15 de diciembre del mismo año, redujo la cantidad de miembros de la Corte de nueve a cinco y de esta manera dejó sin efecto la ley 23.774 de 1990. 141. La Nación, 7 de junio de 2005: http://www.lanacion.com.ar/710925renuncio-el- juez-de-la-corte-augusto-belluscio. 142. La Nación, 3 de febrero de 2005: http://www.lanacion.com.ar/676454asumio- argibay-y-la-corte-volvio-a-tener-sus-nueve-miembros. Desde 2001 Carmen Argibay trabajaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Terminada su gestión por la defensa de derechos humanos, se sumó a la Corte. 143.

Revista

Anfibia,

Irina

Hauser:

http://www.revistaanfibia.com/cronica/los-restos- de-la-corte/ 144. Página 12, 3 de septiembre de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-40536-2004-09-03.html.

2004:

145. Así lo demostraron las resoluciones suscriptas por Lorenzetti durante sus diez años al mando del Alto Tribunal, aunque en contadas excepciones, sus colegas Elena Highton de Nolasco o Juan Carlos Maqueda suscribieron algunas de ellas. Tal como surge del análisis efectuado para este libro del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: http://www.csjn.gov.ar/ 146. Entrevista realizada para este libro al jurista de la Academia Nacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. Cornejo fue consejero de la Magistratura Nacional en representación de los jueces provinciales. En adelante, las opiniones en relación a Ricardo Lorenzetti se adjudican a esta fuente. 147. Fue el director general de Operaciones de los servicios de inteligencia argentinos durante treinta y cuatro años. También es conocido por los nombres de Jaime Stiuso, Horacio Stiuso, Antonio Stiuso, Antonio Stiles, Aldo Stiles y Jaime Stiles, entre otros. Aunque es más conocido como “Jaime” Stiuso. 148. Revista Anfibia, cit. “(…) En 2010 (…) Néstor Kirchner cuestionó las visitas de hombres de negocios, entre quienes también escrachó a Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor y Sebastián Bagó… Gerardo Werthein, ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios como también Héctor Magnetto, el CEO de Clarín”. 149. La Nación, Laura Di Marco, 29 de julio de 2007: http://www.lanacion.com.ar/929624-el-poder-en-las-sombras-como-mueven-lasfichas-los-operadores-politicos. 150. Lukes, Steven, >El poder: un enfoque radical, Siglo XXI, 2007. 151. Entrevista a Sergio Zenklusen, cit. 152. Clarín, 1 de julio: http://www.clarin.com/politica/Luis-Maria-CabralJuez- Companero_0_1385261914.html. 153. La Nación, 12 de julio de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1809706-

dilaciones-y-manejos-politicos-en-una-camara-claveobjetivo-casacion. Declaraciones del diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel. 154. Página 12, Irina Hauser, 14 de noviembre de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207777-2012-11-14.html. También surge de nota de fecha 16 de julio de 2015 de la misma autora: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277205-2015-07-16.html. 155. Página 12, Irina Hauser, 23 de noviembre de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286720-2015-11-23.html. 156. Página 12, 29 de junio de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-223339-2013-06-29.html.

2013:

157. El Memorándum de entendimiento Argentina-Irán fue un acuerdo suscripto en entre los gobiernos de ambos países en Addis Adeba (Etiopía). El instrumento que pretendía esclarecer el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires el de julio de , fue cuestionado por su supuesta inconstitucionalidad. Esta fue resuelta el de diciembre de ٥ por la Cámara de Casación Penal. 158. La Nación, Hugo Alconada Mon, 12 de julio de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1809706-dilaciones-y-manejos-politicos-en-unacamara- claveobjetivo-casacion. 159. La medida se había tomado con sustento en una Ley de Subrogancia (27.145) que había aprobado el Congreso de la Nación y se publicó el 18 de junio de 2015 en el Boletín Oficial. En ella se regulaba un nuevo procedimiento para designar subrogantes. La Corte por unanimidad la declaró inconstitucional el 4 de noviembre de 2015 y fijaron un régimen transitorio de designación de subrogantes. Además, declararon la inconstitucionalidad del reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces: http://cij.gov.ar/nota-18819-La-Corte-Suprema-declar--porunanimidad-la-inconstitucionalidad-de-la-ley- de-jueces-subrogantes.html. 160. Surge de @elisacarrio de fecha 30 de junio de 2015. 161. >La política online, 25 http://www.lapoliticaonline.com/nota/90238/.

de

junio

de

2015:

162. Listado de plantel de personal de la Corte Suprema entre 2007 y 2015. Además, como consta en sus antecedentes laborales: http://martinkraut.com/ 163. Alfredo Kraut se jubiló a finales de 2015. Y su mujer la licenciada Andrea Débora Lippenholtz fue nombrada subdirectora general del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, en reemplazo de la Dra. Marta Gargiulo, a través de la resolución N°4134 del año 2011 por medio del expediente 7236/11. 164. >Perfil, 10 de octubre de 2014: http://www.perfil.com/politica/elkirchnerismo-ahora-apunta-a-una-aliada-de-lorenzetti-en-el-consejo-10100033.phtml? utm_source=redir_url_legacy. Tiempo Judicial, 30 de mayo de 2016: http://www.tiempojudicial.com/fuerte-interna-en-el-consejo-nacion/ 165. >La política online, 7 http://www.lapoliticaonline.com/nota/85521/

de

diciembre

de

2014:

166. >Noticias, 11 de junio de 2014, Federico Mayol: http://noticias.perfil. com/2014/06/11/el-juez-lijo-cria-canarios-para-combatir-el-estres/ 167. La Corte Suprema de la Nación a través de la Acordada 8/2015 creó bajo su dependencia, la Oficina de Justicia Ambiental, el 8 de abril de 2015. 168. Lijo llevó adelante una de las causas del ataque contra la mutual judía AMIA, donde acusó de encubrimiento al ex presidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y al juez Juan Galeano, entre otros. Además, analizó las pruebas que dejó el ex fiscal Alberto. Nisman. La Nación, 20 de enero de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1761609-ariel-lijo-el-juez-de-las-causassensibles-para- el-kirchnerismo. 169. Entrevista realizada al abogado Ricardo Monner Sans, presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción, para este libro el 22 de julio de 2016. Surge también de acceso a la denuncia presentada por el abogado. Y >Tiempo judicial , 24 de febrero de 2016: http://www.tiempojudicial.com/software-denuncian-estafa-en-el- poder-judicial/ 170. Guillermo Cherashny, 10 de junio de 2014: http://elembudo.tv/seconfirma- nuestra-primicia-boudou-y-la-camara-federal-imputaron-a-brito-yechegaray/ 171.

La

Nación,

Carlos

Pagni,

25

de

abril

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2016:

dihttp://www.lanacion.com.ar/1892504-bovedas-joyas-y-jueces-bajo-sospecha. 172. Boletín Oficial http://chequeado.com/justiciapedia/wp- PRIDE.pdf.

y Chequeado.com : content/uploads/2015/01/MINNING-

173. La Nación, Carlos Pagni, cit. 174. Surge de entrevistas a secretarios letrados de la Corte. 175. Entrevista realizada para este libro a Abel Cornejo el 21 de julio de 2016. Página 12, Irina Hauser, 19 de junio de 2016: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302131-2016-06-19.html. 176. Tras el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones inició una denuncia penal que se registró bajo el Número 4204/2016 que tramitó ante el juzgado del juez federal Claudio Bonadio. 177. Ricardo Lorenzetti emitió la Resolución N° 1719/2016 el 14 de junio de 2016 en la que autorizaba la contratación de cinco agentes para el Juzgado Federal No.10 a cargo del juez Julián Ercolini para que intervinieran en las causas relacionadas con la muerte del fiscal Alberto Nisman y aquellas en las que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner, su sobrina Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Lázaro Báez, como también aquella vinculada a las presuntas irregularidades en el manejo de Aerolíneas Argentinas, a través de Mariano Recalde, entre otras supuestamente relacionadas todas al kirchnerismo. 178. La Nación, 12 de septiembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1937035- cristina-kirchner-fue-llamada-aindagatoria-en-la-causa-por. Infobae: http://www.lanacion.com.ar/1937035cristina-kirchner-fue-llamada-a-indagatoria-en- la-causa-por. 179. Entrevista con la autora. 180. La Nación, 16 de diciembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1967747- papel-prensa-sobreseyeron-a-bartolomemitre-hector-magnetto-y-ernestina-herrera-de-noble. 181.

La

Nación,

27

de

diciembre

de

2016:

http://www.lanacion.com.ar/1970651-el- juez-ercolini-proceso-a-cristinakirchner-por-asociacion-ilicita-y-ordeno-un-embargo-por-10000-millones-depesos. 182. Página 12, 27 de diciembre de https://www.pagina12.com.ar/11023- procesan-y-embargan-a-cfk.

2016:

183. La Nación, 30 de diciembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1971843- hotesur-embargaron-los-bienes-demaximo-y-florencia-kirchner. Los fiscales Pollicita y Mahiques denunciaron que todos los miembros de la familia hicieron millonarios retiros de dinero de Hotesur SA, la firma dueña del hotel Alto Calafate, eje de la investigación judicial. Habrían llegado a extraer más de $27 millones, que desembarcaron en las cuentas familiares. Pollicita y Mahiques resaltaron que este año, en forma paralela a las investigaciones penales, “Cristina, Florencia y Máximo Kirchner realizaron distintas operaciones sobre la numerosa cantidad de bienes que integran el acervo hereditario de Néstor Kirchner”.

Capítulo 4 Néstor, él y “la caja” La contabilidad secreta del Poder Judicial. El plan que ideó Ricardo Lorenzetti junto a Néstor Kirchner para construir un andamiaje financiero que le permitió mantener el control de “la caja”. El doble comando presupuestario entre Corte y Consejo de la Magistratura. Sospechas y denuncias de desvíos de fondos. Cómo sortear y liquidar los mecanismos de control del presupuesto. Compras a precios astronómicos de sistemas informáticos inservibles. Creatividad contable. ¿Malos entendidos o delitos de guante blanco?Triunfante con la renovación de la Corte, Néstor Kirchner, rápido de reflejos, advirtió que, a través del Consejo de la Magistratura, podía encontrar una herramienta no solo para, “concentrar poder político y doblegar a la oposición, sino también a los jueces federales”. La reflexión pertenece a Paula Oliveto Lago,184 legisladora porteña de la Coalición Cívica. Para consolidar la estructura de poder que pretendía Kirchner entre Corte y Consejo, era necesario nombrar como presidente del máximo tribunal a alguien confiable. Lorenzetti conjugaba varias condiciones: no solo era el más joven de los nuevos jueces sino que, además, había demostrado “lealtad”185 a la causa, como insiste una y otra vez Abel Cornejo. Para lograr su propósito resultaba prioritario consolidar una mayoría propia de consejeros kirchneristas en la Magistratura y licuar la fuerza de la oposición. Dicho de otro modo, reducir su número de representantes. Con este fin, el ex presidente decidió impulsar una reforma en el órgano que es juez y verdugo de los magistrados. El Consejo de la Magistratura, una versión judicial del Congreso, funcionaba —sobre el papel— de una manera autónoma. Se trataba —y se trata— de un órgano colegiado y de debate, responsable de seleccionar jueces, sancionarlos y llegado el caso, suspenderlos de sus cargos.186 Se incorporó al actual ordenamiento jurídico tras la reforma constitucional de 1994. Con su creación se pretendía evitar que los magistrados se nombrasen a “dedo” y pasaran a elegirse mediante concurso público en procesos transparentes. Su función tenía —y tiene— una dimensión extraordinaria pero, además, la reforma de la Constitución lo alumbraba con una “yapa”: la administración de los fondos del

Poder Judicial. Semejante atribución le dio un plus de poder al organismo que, a partir de entonces, se encaramó, por la fuerza del dinero, en el podium del poder. En el seno de la Magistratura debe concentrarse el manejo presupuestario de la justicia nacional pero también la federal, pese a que cada provincia, a su vez, tiene su propio Consejo. Al menos, eso es lo que expresa la letra y el espíritu de la Carta Magna. Sin embargo, nunca se respetó su voluntad. El gobierno de Carlos Menem (artífice de la reforma con Alfonsín mediante el Pacto de Olivos) impidió que la Magistratura asumiera las riendas de las finanzas judiciales. La primera amputación de hecho se produjo mediante la ley 24.937 de 1997 que relativizó esa facultad y limitó su tarea a la mera elaboración del presupuesto del Poder Judicial. Una vez concluido y en contra de lo establecido por la Constitución, debía remitirlo a la Corte que tendría la última palabra.187 Esto es, que sería la más alta instancia judicial la que aprobaría o modificaría el presupuesto de todo el Poder Judicial y lo distribuiría según su criterio. Néstor Kirchner estaba obsesionado con tener el control absoluto de la Magistratura. Lograrlo le permitiría tener en un puño a todos los jueces de Argentina. El 2005 sería el año en el que podría dar por cumplida la misión. Fueron unos meses de turbulencia y cambios para el Poder Judicial. Cristina Fernández de Kirchner impulsó, desde el Senado, la reducción de los integrantes del Consejo de la Magistratura que pasaron de 20 a 13 miembros. La medida significaba que el oficialismo se quedaría con siete de los trece consejeros. Los cuatro legisladores que le correspondían, más el elegido por Kirchner, el académico que era virtualmente suyo y uno de los tres jueces que, salvo evidencia contraria, era de su cuerda. Por fin, el matrimonio había logrado la mayoría para los asuntos de rutina. Únicamente le faltaban dos votos para designar a su antojo o poner en la calle a jueces amigos o magistrados díscolos. Pero además, el Congreso eliminó de la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema. A través del decreto 557 Kirchner dio una vuelta de tuerca más a la forma y el fondo de la Magistratura. A golpe de decreto, modificó la ley de autarquía financiera para redistribuir los recursos —que el Tesoro Nacional adjudica al Poder Judicial—, entre el Consejo y la Corte. De esta manera le asignó el 2,93% del presupuesto del Poder Judicial a la Magistratura y el 0,57% al máximo tribunal.188 Aparentemente, la medida favorecía a la Magistratura que parecía tener una especie de blindaje financiero con ese porcentaje. Lamentablemente, pronto se vería que estaba lejos de ser una realidad.

En la misma jugada la Corte recibió el control de los recursos específicos del resto del Poder Judicial. También pasarían a su disposición las partidas presupuestarias no asignadas o “superávit que había acumulado el Consejo”.189 Se trata de cifras que superaron los 900 millones de pesos. De este modo, la Corte se hizo con buena parte de las arcas de la Magistratura, que no le eran propias, mediante un procedimiento lejos de poder considerarse legal: un decreto y sin la intervención del Congreso de la Nación, como exige la Constitución. Oliveto Lago ilustra el escenario: “el millonario excedente presupuestario del Consejo que el ex presidente le había otorgado a la Corte, provocó un acalorado debate entre los consejeros de la Magistratura, donde la mayoría se inclinó por la inconstitucionalidad de la norma. Con ese fundamento —continúa —, muchos de ellos se opusieron a la reforma y denunciaron como ilegal el accionar del ex presidente Kirchner”.190 El planteo recayó ante el juez del fuero contencioso federal —sede de las causas en las que el Estado se encuentra involucrado— Ernesto Marinelli. El magistrado suspendió la vigencia del decreto con una medida cautelar pero, en segunda instancia, la puja por la caja la ganó el máximo tribunal. Cuando la cuestión arribó a la Corte para su intervención, ya funcionaba el consejo de trece miembros impulsado por la senadora Fernández de Kirchner191 que preparó el terreno para vestir de constitucional lo que no era. En ese escenario, la mayoría de los consejeros oficialistas, jueces y el representante del Poder Ejecutivo iniciaron un proceso de diálogo con el ya presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para alcanzar un “acuerdo político que, al menos, nos compensara algo”, como recuerdan algunos de ellos. Lo cierto fue que el 6 de septiembre de 2007 la decisión de Kirchner le había generado a la Corte un “remanente” de partidas presupuestarias no ejecutadas de $517.881.924,81. Ese mismo día, el Consejo de la Magistratura le transfirió los fondos a la Corte a través del documento contable N° 135.441 avalado por la Nota 277/07. Este fue el primero de una serie de depósitos que se hicieron en la sucursal de tribunales del Banco Ciudad. La suma se multiplicaba a beneficio de la Corte y el 31 de diciembre de ese año el máximo tribunal podía presumir de disponer de un excedente de $1.407.695.353,77, como figura en las transferencias que se hicieron desde Economía a la Corte.192 Ese habría sido “el supuesto acuerdo” que sellaron el difunto Néstor Kirchner y Ricardo Lorenzetti para manejar “la caja” judicial, como sostiene la diputada nacional de la

Coalición Cívica e integrante de Cambiemos, Elisa Carrió. Con el excedente presupuestario, la Corte otorgó a ministros y funcionarios un importante incremento salarial. Lo propio hizo el Consejo de la Magistratura con jueces y funcionarios de los tribunales inferiores, al concederles un 10% de aumento en función de la jerarquía. Sin embargo, tanto los magistrados supremos como los miembros de la Magistratura, desestimaron ese aumento a los empleados rasos que no tenían carrera judicial.

El que parte y reparte El kirchnerismo colocó algunas de sus principales espadas en el Consejo de la Magistratura donde había plazas para: dos diputados y dos senadores del oficialista Frente para la Victoria; un diputado y un senador de la Unión Cívica Radical, tres jueces (dos por Capital Federal y el tercero por las provincias), dos abogados (uno de provincias y otro de Capital Federal), un académico en representación de las universidades y el designado por el jefe del Estado. De este modo, el gobierno designó al entonces senador por Santa Cruz, Nicolás Tito Fernández y a los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) Diana Conti y Carlos Kunkel. Pero, aunque las cuentas le cuadraban a su modo, aún no tenía todo atado y bien atado. Había una polémica abierta que agitaba, con causa, la oposición. Perjudicada sin remedio, al menos ejercía el derecho a la protesta ya que, advertían, al consumarse la reforma que redujo a trece los consejeros de la Magistratura “había quedado anulado el equilibrio” predicado por la Constitución. En la práctica, el cambio implicó que las minorías, esto es, todos los sectores menos el oficialismo, perdieran un representante. Y, en el caso de los abogados, dos, mientras que el oficialismo mantuvo los siete votos, con sus cinco representantes, el académico y el juez afín. Con ello, la función técnica y de control que la Carta Magna había previsto pasó a dormir el sueño de los justos. En la línea del “vamos por todo”, que proclamaban los carteles del Frente para la Victoria que empapelaban Buenos Aires, Kirchner pactaría con los jueces la eliminación de los abogados de la Comisión de Selección y la participación exclusiva de los consejeros políticos en la comisión de Acusación, donde, una

vez más, tendría garantizado el fallo. Las funciones constitucionales del Consejo se debilitaron en manos del oficialismo y se desdibujó tanto el rol en la designación y control de la actuación de los jueces, como el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial. La cifra mágica de nueve votos que se necesitaba para vetar o separar193 a un juez de su cargo no era, en muchas ocasiones, un imposible para el oficialismo. Esos dos votos restantes solían pescarlos en el río revuelto de los propios magistrados y opositores políticos. Néstor Kirchner delegó en Ricardo Lorenzetti el diseño de una ingeniería legal y financiera que les permitiera monopolizar el manejo de los fondos del Poder Judicial.194 “Solo Lorenzetti podía asumir el reto de desconocer la Constitución”, advirtió Abel Cornejo. Para cumplir con los objetivos planteados, se impulsaron una serie de cambios. La línea de largada se fijó apenas Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte en el verano de 2007. Hasta entonces, convivían en el Poder Judicial dos estructuras con competencias administrativas y atribuciones para realizar contrataciones: la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema y la Oficina de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura. Ambas mantenían independencia funcional y financiera. Pero Lorenzetti entendía —y obraría en consecuencia— que había que terminar con esta bicefalía y con el sistema de controles, según denunciaría más tarde Paula Oliveto Lago. Con una serie de resoluciones o acordadas de la Corte, se dio el puntapié para “poner en marcha un virtual proceso de cooptación de las facultades de administración del Consejo de la Magistratura y de la Administración General del Poder Judicial”, aseguraba Oliveto Lago. Con la destreza de un experto relojero, Lorenzetti desarmó una estructura legal para montar un fino, puntual y novedoso mecanismo administrativo y financiero que respondiera a sus deseos. Que fuera, “contrario a la letra constitucional no pareció preocuparle lo más mínimo”, reflexionó Oliveto Lago. “Lorenzetti —añadió— ejecutó un proceso deliberado para diluir el sistema de control de los recursos económicos. Lo desarrolló hasta debilitarlo y obviar, de manera intencional, los controles. Lo hizo con premeditación, pero bajo cierta

apariencia de legalidad”, advirtió la legisladora porteña. El sistema de fiscalización se regulaba por una ley195 que determinaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las facultades de las comisiones, su secretaría general, el proceso de conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, la organización y los procedimientos que debían establecerse. Esta norma colocaba bajo la órbita de la denominada “Comisión de Administración y Financiera de la Magistratura” la competencia para fiscalizar y aprobar la gestión, realizar auditorías y efectuar el obligado control de legalidad que debía ser informado, periódicamente, a los consejeros. “Mediante una serie de resoluciones emitidas por la Magistratura y respaldadas tanto por jueces como por opositores, se nombraron funcionarios afines a Lorenzetti en todas las instancias clave del presupuesto”, agregó la abogada Oliveto Lago. Así, los recursos económicos quedaron en manos de personas de estrecha sintonía con el presidente de la Corte Suprema.

Conmigo o contra mí En el Consejo, Lorenzetti y el gobierno obtuvieron el voto de los jueces para que delegasen la administración del presupuesto en el máximo tribunal. El batallón de fieles soldados se puso, a partir de esa decisión, al servicio del supremo juez. Los consejeros Luis María Cabral, Miguel Gálvez y Luis María Bunge Campos se comprometieron, firmes, en esa causa. Ellos firmaron las resoluciones por las que se designaron a los nuevos administradores, crearon cargos y estructuras nuevas. “Tampoco faltó el apoyo de Mariano Candiotti (representante de los académicos) ni los de la oposición política en manos de la Unión Cívica Radical (UCR), en especial, del entonces senador nacional y consejero, Ernesto Sanz”, puntualizó Oliveto Lago. Sanz, Candioti y Lorenzetti mantienen un férreo vínculo desde la juventud tras compartir años de estudios en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde egresaron en la carrera de Derecho. Allí forjaron una amistad que continúa tan fuerte como entonces, destacan quienes los conocen.

Hernán Ordiales, peronista de pura cepa, llegó al Consejo de la Magistratura en 1998 como asesor del ex consejero y senador formoseño del Partido Justicialista, Ricardo Branda. Luego asesoró al ex diputado nacional y representante del menemismo, Jorge Casanovas y más tarde al diputado nacional del FPV, Carlos Kunkel. El 13 de marzo de 2008, fue nombrado secretario general del Consejo,196 y durante los próximos cinco meses se designó al resto de los funcionarios afines. El nombramiento de Ordiales implicó el desplazamiento sin miramientos del abogado Pablo Hirschmann, de sólida formación académica. El único en reaccionar fue el ministro Carlos Fayt, quien le ofreció liderar su equipo de secretarios letrados. En la comisión de Informática se designaron hombres cercanos al presidente de la Corte y a sus alfiles: Carlos Sena, Alejandro Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Mehlman y Carlos Tate.197 Serían ellos los protagonistas que participarían luego de la supuesta licitación irregular por la que se adquirió un software de gestión para la Justicia Federal y Nacional, conocido como Base 100, que costó más de US$15.000.000. Pese a lo astronómico de la cifra, (quintuplicaba el valor del mercado) el programa nunca funcionó, no respondió a las necesidades del Poder Judicial y generó serios problemas en la labor diaria de abogados y trabajadores judiciales, según denunciaron empleados informáticos, como se analizará en el capítulo 6. Los que formaron aquella comisión informática eran representantes de, prácticamente, todo el arco político y miembros de la Judicatura. En el caso de Sena, respondía a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, liderada por Julio Piumato; Falcone era alfil del consejero y senador por el FpV, Tito Fernández. En tanto, Gallo Tagle era un hombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, mientras que Mehlman, funcionario de planta vinculado a la Corte Suprema, reportaba de manera directa a Lorenzetti. Tate, por su parte, fue el nexo con la Unión Cívica Radical (UCR); hermano de la ex diputada nacional Alicia Tate, cuñado del “Changui” Cáceres, histórico dirigente radical, respondía a los consejeros Sanz y Oscar Aguad, el diputado nacional por Córdoba, de quien Alicia Tate era secretaria letrada del Consejo de la Magistratura. Este grupo de funcionarios continuó abonando el terreno para lograr una buena cosecha financiera del presupuesto, como lo considera la legisladora Oliveto. En mayo de 2008 se creó el cuerpo de auditores bajo el mando del abogado Pedro Jorge Meydac,198 amigo personal del senador Ernesto Sanz. Este no dudó en nominar a su amigo para asumir la presidencia del Cuerpo de

Auditores de la Magistratura. Se conocen de su Mendoza natal, donde aún hoy Meydac mantiene su domicilio. Con 66 años, el auditor llegaba con vastos antecedentes laborales.199 Bajo la órbita de Meydac se encontraban, entre otros, José Luis Pivetta y Luis Molinari Romero, alineados también con Sanz, como lo reconocen allegados al mendocino. Con el cuerpo de auditores en el bolsillo, a Lorenzetti le faltaba en la Magistratura un delegado judicial. Mientras le daba vueltas a la cabeza en busca del más adecuado, se le ocurrió una idea luminosa: Luis Alberto Devoto,200 amigo suyo y ladero de Tito Fernández. Ese era el hombre que, sin duda, le reportaría cada paso, como advirtieron, a micrófono cerrado, sus colegas consejeros. Desde entonces estaría al frente de la flamante Secretaría de Asuntos Jurídicos. La voracidad de Lorenzetti, como arquitecto indiscutible de este laberinto con destino final al botín del presupuesto, pareció saciarse con las oficinas de Mandamientos y Notificaciones, Subastas Judiciales y el Archivo General del Poder Judicial, que quedaron bajo gestión de la Corte.

Una “mina” en el camino Para tener el control absoluto del Consejo de la Magistratura a Lorenzetti solo le faltaba sacudirse de encima a la contadora y abogada, Cristina Akmentins, una profesional de carrera, perfil bajo y excelentes antecedentes académicos.201 Akmentins había llegado al Poder Judicial de la mano de Nicolás Reyes, el secretario general de administración de la Corte nombrado por el menemista Julio “Buby” Nazareno. Reyes —a quien se conocía entonces como el décimo ministro—, contaba con el buen hacer de Akmentins, una mujer de perfil técnico, ideal para administrar los recursos del Poder Judicial. Cuando comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura en 1998, Reyes se hizo cargo de las dos administraciones (Corte y Consejo) y designó a Akmentins como secretaria de la Comisión de Administración y Financiera. Al año siguiente, la contadora asumió la Administración General del Consejo y Reyes regresó a la Corte. Akmentins, que manejaba el millonario presupuesto del Poder Judicial a nivel nacional, tenía experiencia en sortear frentes políticos, pero nunca antes se

había visto envuelta en una tormenta que la tenía a ella a la deriva y como principal víctima. Mientras Lorenzetti, Sanz y Luis María Cabral trataban de separar a la funcionaria del cargo,202 la Corte creó en noviembre de 2008 un fondo anticíclico, reserva de contingencia o como quiera denominarse a ese colchón financiero del máximo tribunal, que, solo para empezar, contó con un capital de $1.420.000.000. Se dividió en tres parcelas gestionadas desde el corazón de la Corte. Los ministros definieron el fondo anticíclico como “una herramienta financiera que permite atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos”. 203 El primero de los fondos, destinado a gastos extraordinarios del Poder Judicial de la Nación, arrancó con $500.000.000 de libre disponibilidad. En teoría deberían utilizarse, según la documentación suscrita por los jueces, “ante la reducción de los recursos previstos y en situaciones excepcionales o no contempladas que impidan el cumplimiento de los objetivos de la jurisdicción”. Ante los “ciclos” que atraviesa la economía “durante los cuales los recursos pueden sufrir variaciones sustanciales, contando con recursos extraordinarios en el auge y con recursos insuficientes en períodos de depresión, que en tal sentido es prudente poder equilibrar los recursos en el tiempo para poder garantizar un nivel adecuado de prestaciones de la jurisdicción”.204 En la práctica, al no tener la obligación de justificarlos, es un enigma su destino final, como se verá en mayor detalle en el capítulo 12. Los jueces de la Corte, en pleno gobierno “nacional y popular” se preocuparon de anticipar que los recursos del fondo podrían “ser invertidos en colocaciones a plazo en las entidades bancarias oficiales designadas por la Corte” e, incluso, realizar esas operaciones “hasta en un cincuenta por ciento, en moneda extranjera”. El segundo fondo anticíclico se lanzó con una base de $850.000.000 destinado a la infraestructura, equipamiento y gestión judicial,205 y al tercero, para estímulo del personal, se le destinó $70.000.000 en el documento de su creación.206 Además, el presupuesto del Poder Judicial depende del Tesoro Nacional, como de recursos específicos relacionados a la evolución de la recaudación

tributaria y no tributaria de la administración central. Por lo que los ministros creyeron que resultaba necesario planificar el destino de los activos financieros de la jurisdicción para lograr la optimización de su uso. Todas las acordadas por las que se plasmaron estos recursos financieros estuvieron suscriptas por todos los ministros, a excepción de Petracchi, y por el entonces ya secretario general de Administración de la Corte, el contador rafaelino, Daniel “el Cabezón” Marchi. Este arribó a la Corte el 18 de diciembre de 2007 con el cargo de director general,207 y nueve días después fue ascendido a subadministrador general,208 aunque más tarde, en marzo de 2008, se quedaría a cargo de la Secretaria General de la Administración de la Corte. A Marchi se lo conoce en los pasillos del Palacio de Justicia y en Tribunales como “el sexto ministro” por su influencia y poder de decisión. Con un pasado futbolero de zaguero central en la primera división del Club Sportivo Norte en el 2001, que abandonó por problemas en la vista, llegó a Lorenzetti a través de su amigo Ricardo Peirone, contador personal del juez y ex intendente de Rafaela por el Partido Justicialista (PJ). Aunque también lo apadrinó el contador y socio de Lorenzetti, Reynaldo Casabella. Marchi había sido secretario de Hacienda durante la segunda gestión de Peirone al frente del municipio. Más tarde, entre 2003 y 2007, ocuparía el mismo cargo pero a nivel provincial, durante el segundo período del gobernador e histórico militante del PJ santafesino, Jorge Obeid. “Papi Peggy” —como se refiere al hombre de confianza y brazo ejecutor de los deseos de Lorenzetti la diputada Elisa Carrió—, desembarcó en la Corte y en el Consejo con dos contadores coterráneos: Carmen María Odasso y Walter Mauricio Eusebio. Con ojo quirúrgico, los consejeros jueces avalaron una serie de resoluciones emitidas por el Consejo a partir del 2007. Así se logró limitar los controles legales que solo se aplicaron a las licitaciones que salían a concurso público. Quedaron excluidas de los controles las contrataciones directas, que se tornarían desde entonces habituales.209 De esta forma, la fiscalización de contratos y adjudicaciones que tenía a su cargo la Comisión de Administración y Financiera, en su totalidad, pasó a ser exclusiva de su presidente. Por entonces, el juez de la Cámara Laboral, Mario Fera, hombre cercano a Juan Carlos Maqueda, quien durante años fue uno de sus secretarios letrados.

Trampolín, quizás, por el que llegó sin escalas a convertirse en camarista del trabajo. Con esos contactos y antecedentes, Fera se ganó la confianza de Lorenzetti y controlaría por sí solo la mayoría de las contrataciones sin intervención del plenario del Consejo, es decir de los trece consejeros que pasaron a ser convidados de piedra de estas operaciones. Fera administraría no solo las licitaciones privadas, sino las contrataciones directas, según los registros del órgano. En este contexto, se elaboró un Manual de Compras210 que, ironías de la justicia, se regía en base al decreto del Poder Ejecutivo 5720/72 que no se encontraba vigente en ese momento. La hiperactividad de la nueva gestión judicial se sentía en todos los rincones de la sede de la Magistratura. En el edificio de Libertad y Viamonte tenían pendiente analizar lo que saltaba a la vista, después de colocar la lupa indiscreta sobre Cristina Akmentis. Cuando estaba en la cima de su desarrollo profesional, con el mismo rango jerárquico y salario, esta histórica y eficaz contadora fue trasladada, en contra de su voluntad, a Córdoba. Su deportación —en sentido figurado— se atribuye a una exigencia del entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral. El 17 de diciembre de 2009, Cristina Akmentis recibió oficialmente la comunicación de su traslado a la Cámara Nacional Electoral de Córdoba donde continúa cumpliendo sus funciones.211 En simultáneo a su virtual despido, el máximo tribunal creó un cargo de secretario de Corte y otro de director general.212 La decisión fue de Ricardo Lorenzetti que habría tomado nota de una sugerencia de Cabral y Ordiales. Ambos, con la coartada del exceso de volumen laboral, habrían planteado en el Consejo la necesidad de dividir las funciones dentro de la Oficina de Administración y Financiera. Cabral y Ordiales propusieron y designaron en su lugar, como administrador general del Poder Judicial de la Nación, al contador público Hugo Borgert, y como subadministrador del Poder Judicial, a Germán Ernesto Krieger. Ambos hombres de extrema confianza de Lorenzetti, como lo señalan aquellos que trabajaron a diario con ellos. Krieger, oriundo de la provincia de Santa Fe, fue

señalado desde el gobierno como un hombre de confianza del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández y del ex secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.213 En 2010, se le asignó a Krieger el manejo de los fondos, en especial, aquellos relacionados con contrataciones de infraestructura y tecnología. Con posterioridad se modificó el reglamento del Consejo y se dispuso que el subadministrador reemplazara al administrador en caso de ausencia o impedimento. Así, se excluyó al secretario general del orden de subrogación, ejercido por Ordiales, quien al poco tiempo pasaría a representar al Poder Ejecutivo durante el período 2011 a 2014. A poco más de once meses de la designación, el contador Borgert renunció a la función de administrador general del Poder Judicial porque, según coincidieron jueces federales, se habría negado a la exposición que significaba la firma de la “millonaria” contratación presuntamente irregular del software de gestión Lex100, llevada a cabo por funcionarios alineados a Lorenzetti a través de consejeros y directores del proyecto.214 Borgert no soportó la idea de tener que asumir la responsabilidad de licitaciones que no eran suyas y estaban “bajo sospecha”, según confió a sus íntimos. Consciente de que aquello era una bomba de relojería, según fuentes de su entorno, se adelantó a los acontecimientos y se trasladó al cuerpo de peritos dependiente de la Corte. Sin embargo, otros funcionarios judiciales ofrecen una versión diferente al apuntar que su nuevo destino fue el resultado de un pedido del presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti, aseguran, quería tenerlo en ese puesto, de alta sensibilidad, para conocer y tener de primera mano las pericias judiciales oficiales. En ese departamento se realizaron, entre otras autopsias, la del fiscal Alberto Nisman. También allí se elaboró el informe patrimonial del matrimonio Kirchner, cuando fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Gracias a esa documentación —según se justificó el juez Norberto Oyarbide— Cristina Fernández y su marido fueron sobreseídos. La ex ministra de la Corte, Carmen Argibay, sospechaba de la transparencia de las pruebas y —según testigos— en varias oportunidades enfrentó a Lorenzetti para reprocharle lo que estaba pasando. Rápidamente, Krieger, sin título universitario habilitante para administrar los recursos del Poder Judicial, ocupó el cargo que dejó vacante Borgert.

El premio gordo es mío, mío… Lo mejor estaba por llegar. El gran hallazgo de Lorenzetti salió de la usina cerebral que lo caracteriza. La creación del Comité Ejecutivo de Inversiones, en abril de 2011, fue la frutilla del postre más lucrativo de su existencia. Con este consolidó la estructura financiera que le permitiría “cooptar el manejo de los fondos”, declaró sin medias tintas Oliveto Lago. El Comité es una especie de órgano superior equivalente al Ministerio de Economía del gobierno que depende directamente de la Corte y cuya cabeza no es otra que la máxima autoridad judicial, Ricardo Lorenzetti. Dicho de otro modo, el Comité sería un triángulo formado en su base por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema y en el vértice sostenido por el presidente de esta. La construcción de este invento del supremo juez no habría sido posible sin la colaboración de los consejeros jueces que, ellos sabrán por qué, no dudaron en despejarle el camino de cualquier obstáculo, según consta en las resoluciones y actas suscriptas por ellos.215 El Comité Ejecutivo de Inversiones surgió de la acordada 6 de 2011 de la Corte y la resolución de la Magistratura 14 del mismo año. La primera fue suscripta por todos los ministros, excepto Eugenio Zaffaroni que, hasta el día de hoy, se reserva las razones de su decisión. El mismo documento reconoce la atribución exclusiva de Lorenzetti en el manejo de los fondos. El texto destaca que, “dependerá de la presidencia de la Corte Suprema, a la que se elevará, para su intervención, todos los informes referidos a la planificación, ejecución y control de las políticas, proyectos y programas referidos a inversiones, en especial en materia de infraestructura y tecnología”. En los hechos, cada decisión monetaria debe tener la bendición de Lorenzetti aunque está presidido por “el sexto ministro”, Héctor Daniel Marchi.216 Por las manos de Marchi pasan las decisiones más sensibles de la economía judicial. El contador no solo protegería las espaldas de su jefe, sino que, además, ejercería las veces de emisario ante funcionarios y políticos por temas sensibles, como ocurrió con Ricardo Echegaray cuando era titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo a testimonios de funcionarios judiciales que comparten su día a día. Como vicepresidente del Comité se nombró a Germán Krieger, solo para que lo reemplazara en caso de ausencia. A principios de 2008, Carmen María Odasso y Walter Mauricio Eusebio —

los contadores en los que se recostaba Marchi— se incorporaron al Poder Judicial y conformaron la estructura del Comité Ejecutivo de Inversiones. Odasso, como directora general de Administración de la Corte, y Eusebio, como director de Administración Financiera del Consejo.217 En este proceso de centralización fue clave la actuación de Mario Fera, como señaló Oliveto Lago. Fue él quien, en 2011, durante su presidencia en el Consejo, obtuvo el aval de los integrantes de la Comisión de Administración y Financiera, presidida por otro magistrado, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes, para efectuar tan crucial transferencia de potestades. En palabras de la legisladora porteña, “todos los nexos y operadores respondían a Lorenzetti”. En febrero de 2011 se nombró como secretaria general de la magistratura, a la ya funcionaria del órgano, Susana Berterreix, esposa de Aldo Alejandro Ghiglione, secretario letrado del ministro Juan Carlos Maqueda. El mismo que en la justicia es señalado por los abogados como “operador” del juez cordobés. Sería ella la encargada de ejercer la función de escribana del Consejo de la Magistratura. Debía controlar la veracidad de los hechos y dar fe de los actos públicos.Hecha la ley, hecha la trampa Por fin, “tras dos arduos años de trabajo, Lorenzetti y sus hombres, se aseguraron el absoluto control de los fondos del Poder Judicial”, declaró sin espacio para la duda Oliveto Lago. Para ella, se trata de “un engranaje ilegal que con la destreza jurídica y los movimientos sincronizados de los funcionarios lograron mantener a la Corte Suprema bajo apariencia de virtuosa, mientras la mayor parte de la desviación de recursos presupuestarios se habrían habilitado a través de la Magistratura”. Por otro lado, sospecha que “haberle dado primacía a la Corte sobre el Consejo, en contra de la letra constitucional, desajustar el mecanismo de control de los recursos e impedir la revisión externa, podría haber sido utilizado por el gobierno kirchnerista como moneda de cambio”. Todo esto, “no podría haberse llevado a cabo sin un pacto entre Lorenzetti y Kirchner”, sentenció la legisladora. En diferentes oportunidades, los voceros de la Corte negaron estas acusaciones e incluso la ministra Highton de Nolasco y el propio Lorenzetti explicaron que ante la “falta de operatividad del Consejo, se había consensuado este mecanismo del Comité hasta tanto la administración de la Magistratura se

optimizara y concretara”. El objetivo de la integración mayoritaria del Consejo —periodo 2006 a 2010— era que “se eliminaran todos los mecanismos de control presupuestarios internos. Así, aquellos consejeros que avalaron estas medidas, le garantizaban las manos libres al administrador Krieger”, sentenció Oliveto Lago.218 El 6 de mayo de 2010 el Consejo vació de contenido la Unidad de Auditoría.219 El escaso control de carácter previo fue reemplazado por un control de planificación anual.220 Se consagró así un “control residual” y es aquí, donde apareció la “inexistente” actuación del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial creado en 2008. El mismo que “aseguraría y garantizaría la absoluta falta de control del manejo de los recursos presupuestarios del Poder Judicial”, detalló la abogada.221 “Por ello le confiaron a Pedro Jorge Meydac,222 jefe de aquel organismo de auditores, la tarea fiscalizadora”, continuó. Nunca hubo una auditoria presupuestaria. El 27 de junio de 2011, por primera vez en seis años, se presentó un único plan pero sobre el funcionamiento administrativo de los tribunales.223 “Esta grave omisión anula la única y última instancia de control interno de los recursos del Poder Judicial”, concluye Oliveto Lago. Para ella, más grave aún fue la “disimulada negativa a permitir la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, pese a tener un convenio, suscripto en 2005, para realizar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Poder Judicial.224 El acuerdo, entre el Consejo y la AGN, exige no solo la aprobación del plan anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración y Financiera, sino también la notificación de ese plan al órgano de contralor. Asimismo, obliga a nombrar representantes para monitorear la ejecución del convenio que nunca se aplicó. Desde la firma del acuerdo, solo en tres ocasiones, —por cada nueva integración del Consejo —,225 la Comisión de Administración y Financiera aprobó el plan de auditoría anual para la AGN que, curiosamente, jamás fue advertida de la decisión. Con posterioridad, durante el período de 2011 al 2014, este compromiso se obvió, pese a los reiterados pedidos de los representantes de la oposición política y del estamento de abogados. “Se buscaba mantener la apariencia de un control externo que, en los hechos, nunca se realizó”, concluyó la legisladora. La denuncia que Paula Oliveto Lago presentó ante la Justicia el 20 de noviembre de 2014 apuntó contra el presidente de la Corte y los funcionarios

presuntamente involucrados.226 La causa recayó en manos del juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Federico Delgado.

184. Entrevista realizada para este libro a la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, el 17 de agosto de 2016. La abogada denunció el 20 de noviembre de 2014 ante la justicia federal las supuestas irregularidades que se analizarán en este capítulo. En adelante, las opiniones respecto al Consejo de la Magistratura y las decisiones tomadas por el ex presidente Néstor Kirchner que involucran al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se le atribuyen a esta fuente. La Nación, Adrián Ventura, 20 de noviembre de 2015 en el sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1847078-losjueces-comienzan-a-borrar-la-pesada- herencia-k. 185. Entrevista realizada para este libro al jurista de la Academia Nacional de Derecho, historiador y juez de la Corte de la provincia de Salta, y ex consejero juez del Consejo de la Magistratura nacional, Abel Cornejo el jueves 21 de julio de 2016. En adelante, todas las opiniones respecto de la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de delegar en Ricardo Lorenzetti el diseño de una ingeniería financiera que le permitiera a la Corte mantener el manejo de los fondos que le correspondían al Consejo de la Magistratura, corresponden a esta fuente. 186. El Consejo de la Magistratura analiza las pruebas que permitan abrir una investigación contra un magistrado por supuesto “mal desempeño”. No remueve ni destituye. Como segunda etapa del proceso solo eleva a consideración del Jurado de Enjuiciamiento la conducta del juez. El Consejo actúa como Fiscal. 187. Esto implicó que, pese a la reforma constitucional de 1994, que delegaba la administración presupuestaria en el Consejo, se mantuviera el esquema que regía desde 1990 con la Ley de Autarquía Judicial, que asignó a la Justicia el 3,5 por ciento de los recursos de la administración central, más los propios, como tasas de justicia, entre otros. 188. Según decreto de necesidad y urgencia 557 del presidente Néstor Kirchner emitido el 1 de junio de 2005, publicado por la Tesorería General de la Nación en el sitio web: http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/decretos/dec55705.pdf. 189. Página , Horacio Verbistsky, ٦ http://www.pagina.com.ar/diario/elpais/٦٣٥-٦--٦-.html.

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febrero

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190. Entrevista de Paula Oliveto Lago con la autora y escrito de denuncia

de la legisladora ante la justicia federal. 191. La ley 26.080 que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros fue sancionada el 22 de febrero de 2006 y promulgada dos días después, según surge del Boletín Oficial: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000114999/114258/norma.htm. 192. Nota 277/07 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, de fecha 17 de agosto de 2007. Las transferencias, según consta en la documentación, se hicieron mediante el SAF/320, entre otros. 193. El Consejo de la Magistratura suspende y aparta a los jueces por supuesto mal desempeño y el proceso de destitución o no del magistrado queda en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento, también incluido en la reforma constitucional de 1994, en el art. 115. De esta manera, separa el proceso del del juicio político reservado para juzgar por el Senado la conducta del presidente, vicepresidente, ministros y miembros de la Corte Suprema. 194. Ídem nota 185. 195. La ley 24.937, sancionada en diciembre de 1997 y promulgada el 30 de diciembre del mismo año, regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 196. Por Resolución n° 43/08 del consejo de la magistratura se designó a hernán ordiales como Secretario General del Consejo. 197. Resolución N° 223/08 del Consejo de la Magistratura, por la que se designó a los representantes de la Comisión de Informática del Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial. 198. Resolución N° 224/08 del Consejo de la Magistratura por la que se creó el Cuerpo de Auditores. Resolución 225/08 del Consejo de la Magistratura por la que se transfirió a la Corte la gestión de las oficinas de Mandamientos y Notificaciones, Subastas Judiciales y el Archivo General del Poder Judicial. Resolución N° 226/08 del Consejo de la Magistratura por la que se designó a Pedro Jorge Meydac. 199. Pedro Jorge Meydac trabajó en diferentes organismos como el Banco

Nación, el Banco Nacional de Desarrollo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Senado de la Nación, durante el 2004 al 2006 y desde 2007 se desempeña como auditor judicial. 200. Resolución N° 227/08 del Consejo de la Magistratura por la que se designó a Luis Alberto Devoto. 201. Cursó estudios de contadora y de licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba; se doctoró en Ciencias de la Administración en la Universidad Católica de La Plata; se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo un máster en Economía en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Economía de Nápoles, en Italia. 202. Ídem nota 185, entrevista a Cornejo. 203. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y el secretario general de Administración, Héctor Marchi, se aprobó la creación del Fondo Anticíclico para el Poder Judicial de la Nación a través de la Acordada N ° 34/2008, de fecha 5 de noviembre de 2008, Expediente N° 4408/2008. 204. Resolución 34/2008 mediante la cual la Corte crea el fondo anticíclico de $500.000.000. 205. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y el secretario general de Administración, Héctor Marchi, se aprobó la creación del Fondo de Infraestructura, Equipamiento y Gestión del Poder Judicial de la Nación el día 5 de noviembre de 2008 a través de la Acordada N°32/2008, Expediente 4408/08. 206. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y el Secretario General de Administración, Héctor Marchi se aprobó la creación del Fondo Estímulo para el Personal del Poder Judicial de la Nación a través de la Acordada N° 33/2008 el día 5 de noviembre de 2008, Expediente N° 4408/2008. 207. Resolución 2791/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 208. Resolución 2862/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

209. La Resolución CM N° 97/07 del 22 de marzo de 2007 limitó el control a las licitaciones públicas. La Resolución CAyF N° 18/07 del 11 de abril de 2007 delegó en la presidente de la Comisión de Administración y Financiera el control de las licitaciones públicas. La Resolución CM N° 513/09 del 5 de noviembre de 2009 aprobó el Reglamento de la Comisión de Administración y Financiera y se omite regular el control de legalidad que ésta tiene asignado por el artículo 16 de la ley 24.937. La Resolución CAyF N° 4/11 del 14 de abril de 2011, delegó en el presidente de la Comisión de Administración y Financiera el control de legalidad de las licitaciones públicas. 210. Por Resolución CM 191/08 del 24 de abril de 2008 se creó el manual de compras, en base al decreto PEN 5720/72, que se encontraba derogado a la fecha de la Resolución 191/08 por el decreto PEN N° 1023/01 del 16 de agosto de 2001, dictado en función de la delegación efectuada por la ley 25.414. 211. Resoluciones de la Corte Suprema N° 4299/2009y N° 1256/10, 812/11 y 751/12 y Resolución del Consejo de la Magistratura N° 683/09 CM. Se suma a la información la Resolución 4300/09 de la Corte Suprema de la Nación. 212. Los cargos se crearon a través de la Resolución 4300/09 de la Corte Suprema de la Nación, con la finalidad de que se prestaran funciones como administrador general del Poder Judicial y subadministrador general del Poder Judicial. 213. Perfil, 20 de septiembre de 2014: http://www.perfil.com/politica/denuncia- judicial-por-el-manejo-de-fondos-dela-magistratura-0920-0011.phtml. 214. Entrevista realizada para este libro al asesor letrado de Consejo de la Magistratura, Adolfo Athos Aguiar, el 22 de julio de 2016. 215. Para la denunciante Paula Oliveto Lago, los jueces que habrían facilitado el camino a Ricardo Lorenzetti fueron: Cabral, Luis María Bunge Campos y Miguel Gálvez, en el período 2006 a 2010 y Ricardo Recondo, Alejandro Sánchez Freytes y Mario Silvio Fera, en el período 2010 a 2014. 216. Resolución 891/11 de la Corte Suprema de la Nación. 217. Todos ellos fueron designados en el nuevo organismo, el 28 de abril de 2011, a través de la Resolución 891/2011 de la Corte Suprema de la Nación,

suscripta solo por Lorenzetti. 218. A través de la Resolución CM N° 167/10, del 6 de mayo 2010, suprimió la intervención de la Unidad de Auditoría Interna. 219. Ídem. 220. Resolución CM N° 167/10. 221. El Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura fue creado por Resolución CM N° 224/08. 222. El jefe del Cuerpo de Auditores de la Magistratura, Pedro Jorge Meydac, fue designado el 8 de mayo de 2008, a través de la Resolución CM N° 226/08, conforme lo establecido en el inc. i del art. 4° e inc. ٥° de la Resolución CM N° 401/09 del 10 de septiembre de 2009. 223. Por Resolución CM N° 133/11 del 27 de junio de 2001 se presentó el único plan de auditoría, fechado el 27 de junio de 2011, sobre el funcionamiento de los tribunales federales y nacionales. 224. Convenio Marco firmado entre el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación por Resolución CM N° 290/05 del 4 de agosto de 2005, para proceder a poner en práctica auditorías externas de la gestión. Este acuerdo se integraba con la Resolución CM N° 366/05 que refiere al sometimiento del plan de auditoría de la AGN para la determinación de su alcance y modalidad de ejecución. 225. En dos ocasiones, una por cada nueva integración del Consejo — períodos 2002-2006 y 2006-2010—, la Comisión de Administración y Financiera aprobó el plan anual para la AGN a través de los dictámenes CAyF N° 39/05 del 7 de junio de 2005 y, la Comisión de Administración y CAyF N° 46/08 del 2 de marzo de 2006. 226. Entrevista a Paula Oliveto, del 17 de agosto de 2016, ya citada. En adelante, toda opinión sobre la desarticulación de los mecanismos de control y el armado de un engranaje financiera para manejar los fondos que por ley le corresponden al Consejo de la Magistratura se adjudican a esta fuente.

Capítulo 5 Del Colón al subte Pactos, impunidad y un jefe. Lorenzetti, el supervisor de todo el presupuesto tribunalicio desde 2007. Obra pública por y para el Poder Judicial, el eterno pozo sin fondo de corrupción y enriquecimiento. Versión judicial del modus operandi de Lázaro Báez. Cartelización. Retornos. De Vido y López, unidos para siempre. Trabajadores fantasmas, sueldo sobre el papel y rebaja en el bolsillo. ¿Quién se lo lleva? El desembarco de La Cámpora. El arrebato de la caja judicial a Lorenzetti. La llegada del PRO. ¿Cambiamos? —¿Qué hacés Barraza? ¿Cuándo te sumas al equipo? —le dijo en tono provocador y desafiante, Gabriel Martín Saliva, prosecretario letrado de la Dirección General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ), al arquitecto Fabio Daniel Barraza.227 —Hace muchos años que trabajo acá haciendo proyectos y dirección de obra. Mi ley es el pliego de las obras —contestó Barraza con cierta molestia. Desconocía qué función exacta tenía Saliva en la DGIJ pero, tal como lo declararía más tarde ante la Justicia, sospechaba que algo oscuro se escondía detrás de su invitación o propuesta a ser uno de los suyos.Otro día volvieron a cruzarse en un pasillo de la DGIJ, sobre la calle Diagonal Norte 1190. El diálogo fue más tenso: —Vos tenés que certificar lo que te decimos nosotros —le ordenó Saliva. —Se certifica lo construido y lo que no está construido, no —respondió Barraza asombrado ante el imperativo. Pese a haber sido rápido en su respuesta, la cara seria y ceño fruncido, expresaba el malestar por la advertencia o amenaza implícita que acababa de escuchar. —Vos ahora estás tocando en el Colón, pero en cualquier momento podés ir a tocar al subte —retrucó el prosecretario. —Yo no sé lo que es tocar en el Colón —argumentó el arquitecto con ironía. Barraza y Saliva descargaron su ira en aquella conversación —más larga y

arisca que el fragmento reproducido— sobre la obra del centro judicial de Posadas, en la provincia de Misiones. Los diálogos revelaron que el patrón nacional para realizar la obra pública era idéntico en la Justicia. Las irregularidades, por utilizar un eufemismo, y el modus operandi eran dos caras de una misma moneda de corrupción. Las ganancias fuera del circuito establecido —bajo la mesa— para los contratistas cartelizados responderían a un esquema administrativo y financiero ideado por Lorenzetti desde que asumió como presidente de la Corte Suprema en enero de 2007. La estructura alcanzó el grado de suprema perfección con la creación, en abril de 2011, del Comité Ejecutivo de Inversiones que presidía Daniel Marchi. Quedó integrado por el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, pero dependía directamente de la Presidencia de la Corte, o sea de Lorenzetti. Con la batuta de toda la orquesta de las obras públicas del fuero judicial en sus manos, Lorenzetti, en contra de la letra constitucional, podía decidir y disponer de los fondos ajenos sin afectar el presupuesto propio de la Corte Suprema. “Este mecanismo refinado permitió desviar sumas importantes del erario público”, denunció ante la justicia la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, como ya se analizó en el capítulo anterior. Desde la Corte negaron, una y otra vez, los vínculos con las contrataciones a cargo del Consejo de la Magistratura, pero las evidencias hacían trizas su defensa. El 5 de mayo de 2011, a los pocos días de la creación del Comité Ejecutivo de Inversiones, Marchi, más conocido como “el sexto ministro”, exigió a todos los directores de la Administración General del Poder Judicial (Consejo) que le informaran, semanalmente, de los avances y el estado de las obras.228 En la Magistratura el engranaje financiero se ajustaba en un doble mecanismo: el contable y el jurídico. “Krieger fue el encargado de digitar cada proceso licitatorio, mientras que Luis Alberto Devoto, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial, permitió que las licitaciones se efectuasen en ese ámbito, con intervención de la DGIJ, pero sin involucrar a la Corte Suprema”, ilustró el abogado Ricardo Monner Sans. “Las decisiones de inversión en infraestructura y tecnología —añadió— las supervisó y aprobó Lorenzetti a través de Marchi y Krieger, sin la intervención formal del plenario del Consejo”. La idea era que la imagen de la Corte fuera inmaculada.

Lorenzetti necesitaría, para lograr sus propósitos, “operadores dispuestos a arriesgarse a direccionar las obras públicas desde la Magistratura y manejar las cuantiosas sumas involucradas”, coinciden profesionales bajo su dependencia y Monner Sans. Todos señalaron al abogado Devoto, al contador Diego Martino (titular de la Comisión de Preadjudicaciones de la Administración General del Poder Judicial), al contador Walter Mauricio Eusebio (titular de la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial), a los arquitectos Hugo Raúl Cayetano Lazzarini (subdirector general a cargo de la DGIJ) y Carlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto a cargo del Departamento de Arquitectura de la DGIJ) como también el abogado Gabriel Martín Saliva (prosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura que actuaba en el ámbito de la DGIJ). El mismo que había increpado al arquitecto Barraza y que, al negarse a emitir un certificado de obra en relación al Centro Judicial de Posadas (Misiones), fue desplazado de sus tareas por Lazzarini. Todos ellos habrían conformado el “grupo retorno”, tal como lo denominaron con ironía los técnicos y profesionales de la Administración. Era “una orquesta afinada para los ingenieros y arquitectos de la Magistratura”, añade Ricardo Monner Sans.229 ¿Cobraban coimas? Solo ellos —y sus parejas de tango— lo sabrían, pero los que estaban a su alrededor lo intuían.

López, De Vido, Marchi y Lorenzetti, juntos y revueltos —Ya hablamos con “Julio”,230 tenemos la gente en el ministerio para hacer esto, te hago el pliego, los fondos salen del Poder Judicial y listo”, le habría dicho el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, mano derecha del ex ministro Julio De Vido a Daniel Marchi. —Debería ser algo grande —contestaría Marchi. —Pero algo que tengamos a mano, y que se pueda justificar como una necesidad de la justicia —replicaría López. —Dejame que hable con Ricardo y te aviso —cerraría el diálogo Marchi.231

Unos días después, el 14 de noviembre de 2012, se firmó un Convenio de Colaboración entre Ricardo Lorenzetti, Julio De Vido y Manuel Urriza (Consejo de la Magistratura), para la realización de una megaobra del Archivo del Poder Judicial y otras dependencias judiciales.232 El 30 de agosto de 2013, el secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, el mismo personaje que se haría famoso, tres años más tarde, en el mundo entero, por lanzar bolsones repletos de dinero al otro lado del muro de un monasterio que sería su guarida, remitió al Consejo el “Pliego de Bases y Condiciones” del proyecto. Aclaraba que el mismo contenía especificaciones de uso habitual en las contrataciones del Poder Judicial, “con adaptaciones e incorporaciones de cláusulas utilizadas por este Ministerio en anteriores contrataciones de especial envergadura y relevancia, similares a la obra objeto de los citados convenios”. Este visto bueno de la “mano derecha” del ministro De Vido, como lo describió en más de una ocasión, fue el que habilitó la prosecución del trámite de la contratación. El presupuesto ascendía a la suma de 757.353.434,41 pesos.

¡Peligro! Zona de derrumbe La construcción de edificios seminteligentes, con la tecnología con la que están equipadas algunas de las torres empresariales de Retiro y Puerto Madero, era una prioridad para la Justicia desde el 2009. La Dirección General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ) había planificado un desarrollo inmobiliario que, de funcionar, se replicaría, con las mismas prestaciones, en el resto del país. La edificación estaba destinada a la construcción de los juzgados civiles, sobre las calles Uruguay 722 y Viamonte 1435 de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una superficie cubierta de alrededor de 9530 metros cuadrados. Serían dos edificios con entradas por ambas calles. Uno de ellos, de ocho pisos, estaba pensado para el funcionamiento de dieciséis juzgados, dos por piso, con entrada por la calle Uruguay 722. En tanto, el otro edificio, de siete pisos, estaba ideado para albergar cuatro juzgados —uno cada dos niveles— con ingreso por Viamonte 1435. RIVA SA ganó el proceso licitatorio233 el 22 de marzo de 2012 y el Consejo le adjudicó la obra por un importe total de $50.043.000. “Los edificios debían construirse en un plazo de 24 meses, pero por diferentes motivos nunca se construyeron”,234 recordaba el abogado Ricardo Monner Sans. La empresa solo dejó un enorme pozo que provocó que el terreno comenzara a ceder por lo que

debió ser “subamurado” (cubierto con arena, vallas de metal y acordonado con un corralito de ladrillos) por la firma Casago SA, para evitar accidentes y daños a los edificios laterales donde funcionan algunos juzgados civiles. Pese a que Riva SA no cumplió, Germán Krieger permitió que tanto esta como otras empresas, pudiesen, antes de iniciar la obra, denunciar la ruptura de la ecuación económica financiera, por variaciones de índices de costos, inflación, dilación en el inicio de ejecución de la obra sin estar previsto en el contrato.235 Esto les permitía a las firmas renegociar las condiciones del contrato. Es decir, duplicar y hasta triplicar el costo original pactado. Por culpa del socavón, las construcciones aledañas corrían riesgo hasta de derrumbe. Fera no tuvo más remedio que declarar la emergencia del edificio de la calle Uruguay 714. En simultáneo, le pidió al administrador general, Germán Krieger, que acordase con la empresa la posibilidad de continuidad o suspensión de la obra. Lo hizo sin permitir que los integrantes de la Comisión analizaran el incumplimiento de Riva SA. De paso, el consejero Fera logró, por razones que ellos saben bien, que se confirieran amplísimas atribuciones a Krieger. En los hechos, esto significó que se reconociera la subordinación del Poder Judicial al contratista incumplidor por el que Krieger y compañía parecían tener debilidad. Con el espaldarazo de Fera, Krieger aplicó el mecanismo de redeterminación de precios a RIVA SA.236 Pero ni aun así, —salía más beneficiada— la empresa cumplió lo pactado. Finalmente, la CAF debió rescindirle el contrato. Las consecuencias eran evidentes. Las excavaciones y aquel gigantesco agujero habían alterado los cimientos de Uruguay 714 (sede de juzgados civiles) y el de Uruguay 738/40 (sede de la Comuna 1 de la CABA). El entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Juan Carlos Dupuis, no dudó en advertirlo. Como consecuencia de la inseguridad de la manzana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se vio obligada a disponer feriado judicial para los juzgados civiles que funcionaban en la calle Uruguay 714.237 Con todas las luces de alarma prendidas, un informe técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la CABA del 19 de marzo de 2012, alertó sobre rajaduras provocadas por la nueva submuración. La situación era grave, pero podía ser peor. El 4 de mayo de 2012, la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la CABA, ordenó la clausura de la obra de Uruguay 722 y Viamonte

1435. La CAF, sin reproches, pese al desastre, autorizó al administrador Krieger, a celebrar una contratación directa por “razones de urgencia”, de los trabajos necesarios para completar la submuración del perímetro del terreno, acorde a lo sugerido por la Dirección General de Infraestructura Judicial.238 La obra se le adjudicó a Casago SA por $1.020.000.239 En rigor, la nueva contratación fue impulsada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, pero el que la gestionó fue Krieger. La continuidad de la fallida construcción del edificio se inició el 28 de diciembre de 2012 —según calendario eclesiástico— el día de los Santos Inocentes. Haciendo honor a la máxima que observa que el ser humano es el único animal capaz de tropezar tres veces con la misma piedra (empresa), el 20 de diciembre de 2013 Riva SA logró la misma obra una vez más. En esta ocasión lo hizo asociada con Caputo Construcciones y Servicios SA en una UTE (Unión Transitoria de Empresas). La licitación fue suya con una oferta de $199.300.000.240 Era la menor, aunque esta vez se la estaba contratando por un monto tres veces superior. Todo, para hacer la misma obra que nunca finalizó y había puesto en riesgo la vida de las personas.241 El abogado de la empresa RIVA SA era Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte Suprema y ex ministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Un hombre de estrecho vínculo con el poder que intervino como jurado en los concursos más sensibles que tramitaron en la Magistratura.242 Desde el 3 de septiembre de 2014, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga la adjudicación de obra de los edificios seminteligentes tras la denuncia impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans. Pero la construcción brilla por su ausencia. No hay un ladrillo a la vista.

Comisiones dentro y fuera de la ley “Resulta difícil de creer, pero alquilaban edificios, bajo pretexto de necesidad económica, que permanecían desocupados, vacíos y solicitaban exorbitantes gastos para su readecuación. Estas eran algunas de las actividades, al menos sospechosas, que desarrollaban los funcionarios que responderían a Lorenzetti”, asegura el abogado Ricardo Monner Sans243. “La coartada para justificar ese proceder —añade— era la aplicación de normas derogadas”. Las peculiaridades de las locaciones de inmuebles realizadas por la Administración General desde el 2009 rozaban lo insólito. Por ejemplo, sin

licitación previa se alquiló uno con destino a ampliar la sede de diferentes juzgados y tribunales del Poder Judicial, sin especificar cuáles serían.244 El origen de este expediente levantó sospechas, al igual que toda su tramitación ante Devoto (Secretaría de Asuntos Jurídicos), y los jueces Fera, Sánchez Freytes y el representante del Ejecutivo, Ordiales (Comisión de Administración y Financiera) y Krieger (Administración General). Todo se inició a través del ofrecimiento de un inmueble que se encontraba en construcción a través de un “memo” dirigido al titular de la DGIJ. La oferta provenía de la firma “M & M” Propiedades. En principio se iniciaron gestiones para la adquisición del inmueble (con intervención del cuerpo de peritos tasadores de la Corte Suprema) por una suma próxima a los $15.000.000 pero posteriormente, sin que mediara explicación, la firma Alto Grande I SA presentó una nota por la que ofreció “en alquiler” las oficinas de ese edificio “Lavalle 1441”, por un plazo de tres años, con una renta mensual de $254.478,21 para el primer año, $300.284, 28 para el segundo y $354.335,45 para el último, total: $10.909.175,28.245 Se firmó un “Acta-Compromiso” y se afectó el dinero para ello. Se redactó el proyecto de contrato de locación —por el que se arrendó todo el edificio con excepción de la planta baja y los pisos 3º y 9º— con intervención de la Secretaría de Asuntos Jurídicos a cargo de Devoto, hombre que respondía a Lorenzetti, que, según él, no encontró impedimentos legales. El abogado aseguró ante todos que el procedimiento se adecuaba al marco jurídico aplicable. El asunto pasó a la Comisión de Administración y Financiera, presidida por uno de los representantes de los jueces, el cordobés Alejandro Sánchez Freytes. En la reunión de la CAF del 27 de junio de 2011, Fera justificó la exorbitante contratación. Tanto su intervención como la de Ordinales y del administrador Krieger, resultaron decisivas para firmar el acuerdo. Ordinales propuso la presencia del Comité de Inversiones en Infraestructura y Alquileres, y Fera enfatizó que la situación se encontraba dentro de los márgenes jurídicos aplicables y que el pago de una comisión al agente inmobiliario en las condiciones actuales del mercado era ineludible, cuando el propio reglamento de locaciones del Poder Judicial prohíbe esa posibilidad.246 Krieger informó que obviar el 3% de la comisión inmobiliaria era muy difícil. Fera cerró el debate. Se decidió girar las actuaciones al Comité de Inversiones en Infraestructura y Alquileres, como lo había propuesto Ordinales. Resultaba evidente el interés que Fera, Ordiales y Krieger tenían en lograr la

aprobación de la Comisión para viabilizar la celebración del contrato. El énfasis en la defensa de la comisión del agente inmobiliario por parte de Fera se debió, tal vez, a que su familia es titular de la inmobiliaria “Fera y Asociados”, con domicilio en la Avda. Las Flores 76, Wilde, provincia de Buenos Aires, tal como él mismo lo reconoció. El edificio que se alquiló a Mariano Majoli, representante de Alto Grande I SA - Administradora Fiduciaria del Fideicomiso de Lavalle 1441/43, se adjudicó a las oficinas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, pero el arquitecto Francisco Javier Toscano advirtió a Krieger a través de una nota247 que el inmueble alquilado resultaba “totalmente inadecuado para la instalación de juzgados del fuero de la seguridad social, en la medida en que solo podía albergar tres juzgados, con serias dificultades de circulación para el personal y el público, en general de avanzada edad y lógicas limitaciones de movilidad”. La inoperancia del edificio resultaba “absoluta” para los arquitectos del Poder Judicial. Habían pasado meses y se habían pagado $2.035.825,60 de alquiler, cuando la DGIJ propuso cambios a la distribución interna del edificio alquilado, a partir de las conclusiones obtenidas en las reuniones celebradas con la Cámara Federal de la Seguridad Social. Esto implicaba realizar un sinnúmero de trabajos (colocar pisos, tabiquería, electricidad —cableado y artefactos—, termomecánica, pintura, mobiliario, etc.) para acondicionar al edificio. En la reunión de CAF del 24 de abril de 2014, presidida por Fera, se trató el tema de la inversión de $6.905.242 para la adecuación. Allí, el administrador Krieger la defendió. En las tratativas de la comisión del 15 de mayo de 2014, Fera forzó la aprobación de la inversión y la renovación del contrato, según consta en la Magistratura. La contratación continuó y el edificio no se habilitó, solo se usó para archivo y depósito de expedientes. Lo mismo ocurrió con los edificios de Montevideo 546 y Lavalle 1501 con presuntos contratos irregulares que fueron denunciados ante el juez Daniel Rafecas sin avances en la causa. Según Monner Sans, se explica porque “los jueces nunca investigan a los jueces”, y los que estaban detrás de ese desastre eran y son los magistrados de las máximas instancias judiciales: la Magistratura y la Corte.

Barrer… para casa El mundo se podía derrumbar a sus pies, que Krieger no se inmutaba. Parecería que nada lo afectaba y todo, por mal que fuera, lo beneficiaba. Gastó o

despilfarró cuanto quiso. Durante su gestión contrató a empresas de limpieza por sumas que duplicaban y hasta triplicaban los valores del mercado. Así llego a pagar $55.305.682,70. Por si fuera poco, el propio Poder Judicial, asumió personal tercerizado y no registrado ante la ley. Dicho para que no haya duda, estaban en negro ante la Afip y no cobraban aguinaldo ni vacaciones. Había 227 empleados contratados que recibían un sueldo promedio de $2839, aunque en mano percibían $1800. Krieger aseguraba que había 560 trabajadores que cobraban acorde a la ley un sueldo de $5096. El gremio de judiciales que lidera Julio Piumato lo desmintió y denunció. Frente a este panorama, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), inició una causa248 para conocer detalles de las licitaciones del servicio de limpieza. El sindicato realizó un censo que confirmaba un plantel de solo 227 trabajadores. Según una nota de Krieger del 9 de octubre de 2013, elaborada por la Dirección General de Administración Financiera, a cargo de Walter Eusebio, los trabajadores ascendían a un número aproximado de 560 operarios y eso explicaba que se abonaran 333 sueldos a personas que no estaban registradas (y que se presumían inexistentes). Lo mismo señaló el sindicato respecto de los contratados para el área de informática. Si bien existía un Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para asistencia técnica, mantenimiento e implementación, Krieger contrató 28 personas que cobraban un sueldo de $4000 a pesar de que en el convenio acordaron que fuera de $11.000. ¿Quién se quedaba la diferencia? Las apuestas apuntaban en la misma dirección. Mónica Pauluk, la representante de los trabajadores, en un plenario del Consejo daba detalles del escándalo mientras Fera y Krieger intentaban mantener la compostura y pese al frío invernal, transpiraban sin cesar. “Cuando nosotros decimos que hay corrupción lo decimos en este sentido, no tenemos el nombre, sino ya lo hubiéramos denunciado, pero el negocio de alguien existe”, concluyó en su intervención del 6 de junio de 2013 ante todos los consejeros.249 Pauluk, era evidente, tenía razón. Los montos de las contrataciones con la UTN eran muy superiores a los que, en realidad, se les pagaban a los trabajadores. Entre febrero de 2009 y septiembre de 2013 la suma ascendió a $27.867.500. Una simple cuenta demostraba que, si de 40 empleados denunciados solo trabajaban 28, por un sueldo de $4000, sin pago de aguinaldo, el importe resultaba inferior al que Krieger entregó a la UTN en ese lapso.250

Ratas, autos y playas para todos en Comodoro Py Las sorpresas, en cuanto se levantaba un poco la alfombra, no cesaban. En diciembre de 2013 el Consejo de la Magistratura había dado señales de cercanía con la Iglesia. Así pues, suscribió un convenio con la Arquidiócesis de Resistencia (Chaco) para explotar una cochera en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo se concretó el 13 del último mes del 2013 entre monseñor Ramón Alfredo Dus y Mario Fera, presidente de la Magistratura y la titular de la Comisión de Administración y Financiera, Ada Iturrez de Capellini. Acordaron entregarle un predio ubicado en la Avenida Antártida Argentina esquina Avenida de los Inmigrantes 1905251 para la comercialización de cocheras en préstamo. Entre los funcionarios estimaban más de 500 automóviles por día, aunque se previó que 140 espacios de estacionamiento fueran de uso gratuito para los integrantes de la Cámara de Casación Penal y el Poder Judicial de la Nación. Zona muy visitada por ex funcionarios públicos y empresarios, a finales del 2016 sufrió una invasión de ratas. Algunas llegaron a colarse hasta el interior del edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales criminales federales donde deben presentarse para declarar o llevar adelante un número no menor de ex ministros y ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Incluida la ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner, investigada, entre otras causas, por la del dólar futuro y corrupción y blanqueo de capitales por medio de las empresas hoteleras que operan en Santa Cruz. El ex vicepresidente Amado Boudou (quizás con récord de asistencias), el ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros políticos de diferentes siglas conocen esas escalinatas y las oficinas. El presidente Mauricio Macri no es una excepción, sin dilación acudió cuando estuvo bajo la lupa de la justicia por supuestas escuchas ilegales. A finales de diciembre de 2015, ya presidente electo, fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello,252 un magistrado sensible a los nuevos vientos que soplaban para la Argentina. El negocio con la Arquidiócesis del Chaco podría haber significado más de $45.360.000 por los tres años de duración del contrato que el Poder Judicial de la Nación, sin justificativo y sin contraprestación alguna, otorgaba. Esto debido al caudal de vehículos que circulan alrededor de los tribunales penales federales de Comodoro Py y De los Inmigrantes. El negocio parecía cerrar por donde se lo mirase.

Y “La Cámpora” fue por todo

Entre acciones “non sanctas” e internas políticas, la estructura administrativa y financiera ideada por Lorenzetti comenzaba a tambalear ante la inminente renovación del Consejo de la Magistratura. La agrupación kirchnerista La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, el 13 de febrero de 2014, llegó a paso firme. Estaba dispuesta a tomar el control de “la caja”. Dicho de un modo más elegante, a hacerse con el manejo presupuestario en infraestructura y tecnología de la Magistratura. La decisión arrinconaba al “grupo retorno”, como denominaron los arquitectos e ingenieros a los funcionarios que estaban al mando de las obras públicas del Poder Judicial y que responderían a Lorenzetti. Ese mismo día juraron los nuevos representantes del Kirchnerismo, el entonces secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo, Julián Álvarez, lo hizo junto al diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro. La ceremonia se llevó a cabo en la sede del plenario del Consejo, en el 2º piso del edificio de la calle Libertad 731, ante los ministros Highton y Lorenzetti, quienes por entonces, ambos con fino olfato, presentían lo que sucedería. La tirantez se respiraba en el aire. Los consejeros estaban expectantes frente a las cartas que los camporistas traían bajo la manga de un puño cerrado para golpear donde más doliera. Estaban decididos a enfrentar al presidente de la Corte para arrebatarle los fondos que formaban el botín más preciado. Además de la injerencia en el presupuesto judicial de la Magistratura, a través del Comité Ejecutivo de Inversiones, la Corte mantuvo su propio presupuesto. La Cámpora tenía como objetivo quedarse con todo y recortarle las facultades de contratación discrecional, de viáticos y licitaciones. El plan era ahogar a la Corte en sus finanzas pese al constante reclamo de los ministros de autonomía financiera. Para concretar cada año su presupuesto Ricardo Lorenzetti debía consensuarlo con el jefe de Gabinete. Y en ese momento de tensiones, su interlocutor era Aníbal Fernández, el hombre con la lapicera en la mano que podía acordar el número final. Mientras los camporistas se acomodaban en sus sillones y se frotaban las manos, se aprobó la licitación para la construcción del Archivo del Poder Judicial, en las reuniones de la CAF del 29 de mayo y 12 de junio de 2014, por entonces presidida por Mario Fera. En ese momento, la suma presupuestada sin actualización, ya ascendía al importe de $1.402.167.966.

Se trataba de una obra importante desde todos los aspectos. En la Magistratura, los esfuerzos del entonces diputado nacional y consejero de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, para aprobar el llamado a licitación fueron llamativos.253 Unos días antes de la primera reunión, el 6 de mayo de 2014, Aguad obtuvo un guiño desde la Corte. Logró liberarse, por prescripción de la acción penal, de un proceso judicial en su contra por el supuesto delito de defraudación pública por U$S60.000.000 en la Municipalidad de la capital correntina, que se le imputaba por su gestión como interventor federal en la comuna.254 Transcurridos unos días, y luego de haber realizado la consulta entre las partes, se puso en marcha el proyecto para construir el Archivo del Poder Judicial por el que habían intermediado José López y Daniel Marchi. Era una obra ambiciosa tanto en lo técnico como en lo financiero. La tramitación del proyecto, que se inició con un simple informe sin que ningún organismo advirtiera la necesidad de esa megaconstrucción, como era costumbre, también presentó sus particularidades. Se trataba de un predio emplazado en la calle Combate de los Pozos entre las avenidas Brasil y Garay, con una superficie de 60.002,24 m2. En él se preveían distintas etapas de construcción sobre una superficie cubierta de 138.400 m2, distribuidos en tres planos. En el primero de ellos, se haría el archivo general, con subsuelos y administración en planta baja, con un total de 45.000 m2 cubiertos. En el segundo, estarían las dependencias judiciales, con distribuidores de entrada, auditorios y plantas libres en ocho niveles, con un total de 58.900 m2 cubiertos. En el tercero, los espacios comunes, con subsuelos para estacionamiento, depósitos, mantenimiento, salas de máquinas y circulación vertical, de un total de 34.500 m2 cubiertos. El plan era pretencioso, pero no se habían considerado algunas dificultades. Entre ellas, los espacios destinados al archivo, ubicados en el subsuelo, no respondían a los parámetros de seguridad ante posibles incendios. En tanto, el desarrollo longitudinal de cada una de las ocho plantas de la edificación superior alcanzaba los 201,30 metros (más de dos cuadras), con sanitarios en los extremos, así se convertiría en el edificio más largo de la ciudad de Buenos Aires.255 El ambicioso proyecto quedó solo plasmado en tres expedientes. La rueda se detuvo en mayo de 2014 porque los arquitectos e ingenieros del sector se

negaron a avalar el procedimiento y lo denunciaron por incumplir las exigencias legales y tener presuntos sobreprecios.

Música en el subte… Los arquitectos e ingenieros de la DGIJ estaban hartos de soportar los malos tratos y continuas amenazas. Diecisiete de ellos no lo dudaron y dieron el portazo. Denunciaron la “impunidad” alrededor de la obra pública el 10 de octubre de 2014.256 No era otra cosa que la cartelización: “Durante el kirchnerismo fue estructural y llegó a niveles insospechados”, definió el periodista José Antonio Díaz en la revista Noticias. “Se convirtió en la herramienta utilizada para amasar fortunas tanto por funcionarios de gobiernos como por empresarios. Los favorecidos siempre fueron un selecto grupo de empresas a las que se les garantizó no solo ganar las licitaciones sino también réditos económicos”, describió Díaz. “De los sobreprecios salió la plata de la coima. Eso sí, no de las ganancias empresarias, sino de las arcas del Estado”, puntualizó.257 Las coincidencias abruman a especialistas e investigadores. La cartelización “es la génesis de la corrupción en la obra pública”, definió el periodista Hugo Alconada Mon en una nota del diario La Nación258 en la que entrevistó a varios empresarios. “Para ciertas licitaciones, el ‘armado’ es a través de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la ‘Camarita’ la que juega”, cuenta un veterano con más de treinta años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional. “La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles”, se justificó uno. El entonces presidente de la “Camarita”, Rodolfo Perales, lo negó, indignado. Lo particular del caso fue que ese esquema se replicó en el Consejo de la Magistratura y en hombres vinculados al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los profesionales de la DGIJ sospechaban de los procesos licitatorios, los presuntos retornos y sobreprecios. Además, habían sido víctimas de abusos, malos tratos, aprietes y amenazas según sus palabras para firmar certificados de obras que no se habían realizado o ni siquiera iniciado. Y así lo denunciaron por escrito ante el Administrador General.259 Estaba en juego sus carreras260 y ellos, no eran empresarios ni tenían nada que ver con Lázaro Báez.

Diversos testimonios relataron lo vivido. “… desde hace muchos meses venimos planteando en forma individual y en distintas y muchas oportunidades a la superioridad, la preocupación que nos genera la forma en que se desarrolla nuestro trabajo en los últimos tiempos, las presiones y devoluciones a las que nos encontramos sometidos y el inquietante resultado que tiene todo esto en la ejecución de las obras que debe llevar a cabo el Consejo de la Magistratura”, iniciaba la denuncia de los profesionales. Otra de las declaraciones fue respecto el dinero entregado por la Administración General a los contratistas en concepto de acopio de materiales, “no se destinaba a la adquisición de bienes para la construcción, en tiempo y forma. En consecuencia, bajo la justificación de problemas financieros, algunas de las obras llevaban más de 24 meses de ejecución lenta”, detalló el arquitecto Javier Núñez en su declaración. “Las presiones que recibimos ya sea en forma telefónica o personal para que los certificados de obras sean aprobados sin tanta rigurosidad o se obviaran algunos requisitos que se observaron, provinieron del arquitecto Lazzarini o del doctor Saliva y no sabemos cuáles serán las derivaciones de omitir la normativa”, agregó Guillermina Lysholm, una de la profesionales denunciantes. También se manifestaron preocupados sobre el rol de las empresas que son las que “indican y dirigen la obra como si fueran ellos nuestros empleadores”, explicó la arquitecta. “Esa situación no es enfrentada por la superioridad, al contrario, en las ocasiones en que se han solicitado reuniones a fin de ponerlas de manifiesto, es el profesional de planta permanente del Poder Judicial el que termina dando explicaciones a la empresa y a la superioridad de porque no acató las presiones de las empresas contratistas. Estas manifiestan insistentemente que van a paralizar la obra, proponen incorporar materiales de menor calidad o pretenden realizar tareas incompletas”, continuó. La arquitecta María Nazareth Lantino se refiere al “clima de incertidumbre con el que trabajan”. Mientras María Ester Cristina Jiménez resalta que “en otras épocas no se firmaban contratos con empresas que tienen tres obras paradas, como es el caso de la firma a la cual se adjudicó la obra de Santa Fe…”. Pero ellos estaban decididos a no ser cómplices. “Muchas de las presiones que recibimos son derivadas de las excusas de las empresas sobre el quebranto de la ecuación económica financiera, pero no presentan ninguna fundamentación probatoria concreta que justifique esta alegación, sino simplemente en la

exposición que es de público y notorio que sale en todos los diarios. Esto es avalado por la superioridad al no tomarse ninguna medida para que las empresas cumplan con sus planes de trabajo. Que en algunas oportunidades les hemos solicitado que justifiquen ese quebranto económico financiero, estos pedidos son elevados a la superioridad para que se dirijan a las empresas, y nos hemos enterado que estos requerimientos nunca salieron de la Dirección”, exaltó Lysholm. No podían creer lo que debían soportar. “Toda mi vida me sometí a la ley de obra pública y leyes vigentes para los trámites que implica la proyección, licitación, contratación y ejecución de una obra para el Poder Judicial. Pero ante divergencias con las autoridades del momento, que hacía inviable mi continuidad en el área, fue que acepté mi traslado”, dijo el maestro mayor de obras, Carlos Almagro. Por su parte, el arquitecto Carlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto a cargo del Departamento de Arquitectura de la DGIJ) presionó a su colega Pablo Fiori para que retirase la firma de la nota en la que denunciaban las irregularidades, caso contrario “debería atenerse a las consecuencias”, con amenazas de ser sometido a sanciones, como surge del texto de la presentación. Para los expertos, era una paradoja que desde la cabeza del Poder Judicial “los obligaran a torcer la ley y avalar documentos ilícitos. Aunque había un nexo. Todas estas irregularidades habrían sido avaladas por la ‘superioridad’”. Para ellos, su responsabilidad estaría en la mira si no denunciaban en grupo y por escrito pese a que ya lo habían hecho en varias oportunidades. Sin dudas, rompieron el silencio. Los técnicos aludieron a un “aceitado mecanismo de ganancias extras y sobreprecios” que permitió a las empresas adjudicatarias recibir importes equivalentes, en algunos casos, al 45% del valor licitado a través de las modalidades de prefinanciación y acopio o acumulación de materiales para la construcción. Así, se entregaba a la empresa, un adelanto del 10% por el crédito (prefinanciación) y hasta un 35% del total para el acopio de equipamiento, maquinaria y elementos para la edificación, sin el debido control de los materiales que debían adquirirse ni del estado de las obras. Además, existían otros dos mecanismos: adicionales de obra y

redeterminación de precios. El último261 permitía actualizar el valor del contrato entre la apertura de la licitación hasta la adjudicación, a través de la aplicación de las variaciones del Índice de Costo de la Construcción (ICC) —nivel general — publicado por el INDEC, siempre que el mismo superara el 10% del total del contrato. La modalidad “adicionales de obra” innecesarios se implementaba para, de alguna manera, generar trabajos y compra de materiales extra. El mecanismo está previsto en la ley de obra pública, pero según declaraciones de los técnicos de la DGIJ, se habría distorsionado como una forma de “compensación”, ya que las empresas argumentaban, incluso antes de iniciar los trabajos, el incremento de costos. Ambas modalidades se habían transformado en algo habitual entre las constructoras que mantenían serios incumplimientos, lo que no evitó que se abonaran millonarios adelantos.262 Sin embargo, un puñado de empresarios de la construcción argumentaron que este modus operandi era muy común en el mercado con el nivel inflacionario del país, y que los procedimientos se llevaron a cabo acorde a la normativa y lo pactado en los contratos. Pronto surgió algo insólito. La mayoría de las contrataciones se habían efectuado con aplicación de la Ley de Obras Públicas, sin embargo, algunas obras menores y suministros se habrían llevado a cabo mediante la aplicación de legislación derogada, según lo advirtió en una de sus tantas denuncias Ricardo Monner Sans. Recién en septiembre de 2014 comenzó a regir el nuevo Reglamento de Contrataciones263 que puso fin a la anomalía de contratar con leyes derogadas y por lo tanto inválidas. La investigación que se abrió por la denuncia de los arquitectos, ingenieros y técnicos de la Dirección General de Infraestructura quedó bajo la órbita del Cuerpo de Auditores, que dirige Jorge Pedro Meydac. El informe fue elevado el 12 de mayo de 2015 a la presidencia del Consejo a cargo de Miguel Piedecasas, ambos hombres de confianza del presidente de la Corte. Fue mediante la resolución N° 845/14 por la que la Corte Suprema, habilitó que en una misma licitación se abonara tanto el anticipo de prefinanciación como el acopio. De esta manera el engranaje pudo consagrarse. Aunque esta normativa se había establecido con miras a dos mega obras. Una, la del Archivo del Poder Judicial y la segunda, la de la morgue. Pero solo se concretó el proceso de la

última. De este modo, y sin tener que depender de los funcionarios del Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal impulsó con su propio presupuesto, la licitación para la construcción de la morgue judicial, Cecilia Grierson, tras años de trámite. El 18 de noviembre de 2014 las firmas Corsan Corvian Construcción SA y Teximco SA integradas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) fueron beneficiadas con la obra pública para la construcción de la morgue en un predio próximo a los edificios federales de Comodoro Py.264 Sin embargo, pese a la inusitada velocidad que se le imprimió al papeleo del proceso licitatorio, la obra nunca se inició. La construcción fue aprobada por la suma de $711.889.719,49 y, en la propia resolución, se autorizó a la Dirección de Administración de la Corte, a cargo de Carmen María Odasso, a liquidar con carácter de anticipo financiero el 10% del monto contratado, es decir, la suma de $71.188.971. Además, en la resolución adjudicataria se estableció la metodología de la redeterminación de precios.265 El proceso licitatorio también resultó llamativo. Fueron varias las empresas que participaron e impugnaron en la etapa de preadjudicación, entre ellas, la primera en orden de precios, Creaurban SA, empresa que Ángelo Calcaterra, compró a su tío, Franco Macri, junto a IECSA en el 2007. La obra se frenó porque la UTE adjudicataria no contaba con los fondos para iniciarla.266 Sin embargo, la dupla societaria explicó, a través de sus representantes, “que el proceso licitatorio tramitó en el departamento de compras de la Corte Suprema. Hubo siete oferentes, el primero que ganó fue descalificado porque no reunía las condiciones técnicas, y esta UTE resultó ganadora”, explicaron. “Si bien existió un desembolso de dinero, todo quedó absolutamente registrado, la obra no pudo iniciarse por dos cuestiones: no tenía permiso municipal y los profesionales encargados se encontraron con un caño de AYSA de 1,40 metro de diámetro. Hasta que esas interferencias no estuvieran resueltas, no se podía empezar con la obra”, concluyó un referente de las firmas consultado para este libro.

El lobo de La Cámpora y el zorro del Supremo

Lorenzetti le había visto las orejas al lobo de La Cámpora, pero no estaba dispuesto a entregar la piel sin dar batalla. Había llegado el día. Era 20 de noviembre de 2014 y estaba convocado el primer plenario con la nueva integración de la Magistratura. Había que elegir al presidente del Consejo e integrar las comisiones. Los pasillos del segundo piso del edificio de la calle Libertad 731 eran trajinados por consejeros, asesores, empleados, funcionarios y ordenanzas que observaban demudados las caras de los nuevos integrantes. La Cámpora consolidó su fuerza y poder al lograr imponer a Gabriela Vázquez en la presidencia del cuerpo. Jorge Daniel Candis, representante de los académicos, fue ungido vicepresidente. Restaba definir las presidencias de las comisiones. La falta de acuerdo hizo que se dispusiera un cuarto intermedio y la mayoría de los consejeros se trasladaron al primer piso, sede de la Presidencia y la Secretaría General. Los consejeros representantes de los jueces Luis María Cabral y Vázquez comenzaron una discusión en la que no faltaron los gritos y las acusaciones cruzadas. La moderación estuvo ausente, recordaron funcionarios presentes. Línea directa con Cabral mantenía Lorenzetti que advertía, minuto a minuto, que el arrebato de “la caja” era inminente. Los “opositores” se vieron sorprendidos (Cabral, Leónidas Moldes, Adriana Donato, Miguel Piedecasas, Ángel Rozas y Gustavo Valdés) cuando con el voto de Vázquez, no solo se integraron y decidieron las presidencias de las comisiones, sino que se convocó a un plenario extraordinario para ese mismo día a las 18, en el cual se desvinculó a Krieger de la Administración General. Para los camporistas esa batalla —al menos de momento— estaba ganada. Habían logrado algo casi imposible. Para resolver la remoción de Krieger invocaron la falta de fondos para el pago de los salarios de los más de 16 mil trabajadores judiciales. Héctor Recalde, diputado nacional y consejero de la magistratura por el FpV, explicó que el “salario de los trabajadores tiene carácter alimentario por lo que no aceptaremos esta situación, además quisiera resaltar el estado de las licitaciones y contrataciones como la demanda permanente de los empleados tercerizados del Poder Judicial”. Cabral caminaba de un lado al otro, respiraba hondo. Se mostraba indignado y desafiante, quizás porque Lorenzetti había sufrido una terrible derrota.

De inmediato, Claudio Cholakian, que esperaba en el pasillo mientras se dilucidaba el asunto, fue nombrado administrador general. Juró en el mismo plenario sin los boatos de la ocasión. Los consejeros jueces Moldes y Cabral; los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato; los representantes del radicalismo, el senador Ángel Rozas y el diputado Gustavo Valdés, manifestaron por escrito que Vázquez —alineada al kirchnerismo—, había realizado “una maniobra destinada a soslayar y burlar el régimen de mayorías previsto en el reglamento general”. Sus reclamos no fueron atendidos. Tras el escándalo, Krieger, alterado y desconcertado, se resistía a abandonar el despacho del noveno piso de la calle Sarmiento Nº 877, estaba abrazado a un paquete de documentos como si fueran su segunda piel. El propio Cholakian y Eduardo “Wado” de Pedro debieron intimarlo —bajo amenaza de denuncia penal— hasta que, tras gritos y amenazas, lograron que recuperase el eje y abandonara su trinchera. La nueva administración no tardó en advertir el descontrol de la gestión Krieger, quien para amortiguar el golpe se tomó licencia con goce de sueldo por enfermedad de largo tratamiento (estrés), hasta que recaló en la vocalía del juez Cabral, donde poco se lo ve por las oficinas de la calle Paraná 386. Cholakian respondía a la vieja guardia kirchnerista liderada por los ex consejeros y diputados nacionales Diana Conti y Carlos Kunkel. Posteriormente, y luego de dos semanas de arduas negociaciones, con fecha 3 de diciembre de 2014, conjuntamente con la designación de otros secretarios del cuerpo (Comisión de Selección y de Acusación) se le asignaron nuevas funciones a Luis Devoto —hasta entonces a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos—, y se designó en su lugar a Alexis Tinnirello. La Cámpora y los consejeros afines al oficialismo impulsaron una serie de reformas reglamentarias destinadas a regularizar el sistema de contrataciones y ajustarlo a la legislación vigente. Desde septiembre de 2014, se terminó con el uso de normas derogadas tras la implementación del nuevo Reglamento de Contrataciones,267 que puso fin a una anomalía “inaceptable” del Poder Judicial, como había señalado Monner Sans, y que fue aprobado por unanimidad. En tanto, la flamante presidenta de la Magistratura, la jueza laboral

Gabriela Vázquez, reflotó una vieja disputa que mantenía con Ricardo Lorenzetti. El viejo zorro, finalmente —aunque no estuviera claro por cuánto tiempo—, era presa de La Cámpora. Ella se iba a encargar ahora de ajustarle las cuentas. Una de sus primeras medidas fue rescindir el convenio con la Arquidiócesis de Resistencia (Chaco) para explotar la cochera en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. La decisión se la comunicó en persona al supremo juez en una reunión entre ambos en la que se sacaron chispas, como lo recordó la magistrada.268 Lorenzetti y los suyos no pudieron concretarlo.

La ruta del dinero de la justicia Con papeles en mano, una vez que se adentró en la documentación y el desenvolvimiento del Consejo, la nueva administración liderada por Cholakian detectó una serie de irregularidades que evidenciaron lo que hasta ese momento había podido encubrirse: la ruta del dinero judicial impulsada con las obras públicas y los operadores que respondían directamente a Lorenzetti, a través del contador del máximo tribunal, “el Cabezón” Marchi. De inmediato Cholakian —el sucesor de Germán Krieger, hombre de Lorenzetti— frenó la obra del Archivo del Poder judicial. Pero también les hizo sentir el costo por las amenazas y hostigamiento que sufrieron los arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Saliva, el prosecretario letrado que se jactaba de “tocar en el Colón”, fue despedido por Claudio Cholakian. En el ocaso kirchnerista, cuando el domingo 25 de octubre María Eugenia Vidal dio la gran sorpresa de Cambiemos y le ganó al candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, el ambiente también cambió en la Justicia. Vidal había logrado quebrar una hegemonía de veintiocho años de peronismo en territorio bonaerense y se convirtió en la primera mujer en gobernar la provincia mayor y más importante de Argentina. Este hecho allanó el camino para la derrota kirchnerista. Mauricio Macri obtuvo el 51,34% de los votos frente al 48,66% que alcanzó el binomio Daniel Scioli- Carlos Zannini. De inmediato, se puso en marcha desde la Corte, el proyecto para recuperar el manejo de los fondos, reconocieron funcionarios allegados a Lorenzetti. Eso llevó a que, pese a la interna encarnizada que mantuvieron por la “caja”, Álvarez y Lorenzetti se reunieran en varias oportunidades para acordar el traspaso de poder ante el nuevo gobierno. Los encuentros fueron en buenos términos, pero en un ambiente no precisamente de cordialidad, aseguraron desde La Cámpora. Entre

los consensos, estaba la entrega del cargo de administrador del Poder Judicial que ocupaba Claudio Cholakian, de quien dependía el presupuesto de la justicia nacional y federal. El hombre ligado al kirchnerismo se había percatado de las irregularidades en las licitaciones de obras públicas. El enroque se efectivizó y Cholakian logró un cargo de secretario letrado, en la vocalía del académico Daniel Candis. Con el cargo vacante, el Consejo designó el 3 de diciembre de 2015 como administrador general, al abogado e ingeniero Juan Carlos Cubría, secretario de la Comisión de Administración y Financiera, pero solo de manera temporaria. “No había otro en condiciones de asumir el cargo”, se lamentaban algunos de los consejeros. Hijo de la jueza federal María Romilda Servini, no era un hombre de la confianza de Lorenzetti, pero sí el único capaz de ejercer ese rol. De esta manera, se creyó dar el primer paso para intentar retomar la administración del presupuesto del Poder Judicial. La segunda etapa para “recuperar la caja” era nombrar en ese cargo a un funcionario del riñón de Lorenzetti dispuesto a recepcionar las directivas de Marchi. Estaba en la mira Guillermo Martino, pero ante el nuevo contexto político debía guardarse prudencia, coincidieron jueces consultados. La preocupación emergía a la par de la documentación que sorprendía al administrador suplente que se había empapado de las supuestas inconsistencias. Lorenzetti habría estado al tanto de que Cubría elaboraba un informe sobre las evidencias del supuesto manejo irregular de los fondos y las licitaciones de obras públicas realizadas. Por ello, en otra de las reuniones con Álvarez, el juez supremo habría solicitado los desplazamientos de Juan Carlos Cubría, Alexis Tinnirello, secretario de Asuntos Jurídicos y Federico Vincent, director de Recursos Humanos. A los presuntos desmanejos detectados se sumaba la exhaustiva y detallada denuncia que hicieron los arquitectos e ingenieros de la DGIJ, en octubre de 2014, pero que hasta ese momento estaba archivada. Cubría estaba obligado a darla a conocer o sería cómplice o encubridor. Firme en su postura, el 11 de diciembre de 2015, denunció todo ante el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, amigo y socio de Lorenzetti en la empresa editorial Lan & Research desde su conformación en octubre de 1998, con sede en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. La denuncia del funcionario señalaba a los hombres de Lorenzetti que

habían pasado por la Administración General como presuntos responsables de los desmanejos económicos y financieros en materia de obra pública. Cubría produjo un exhaustivo informe sobre el estado de las obras en ejecución, los montos abonados y la paralización de 14 de las 15 obras licitadas y solicitó la formación de un sumario para indagar la actuación de los “hombres del Presidente de la Corte”. Propuso, además, que se investigue a los funcionarios intervinientes en las adjudicaciones y en el control de las obras ante las pruebas concretas que se incorporaron al expediente interno del Consejo de la Magistratura.269 Las empresas involucradas en sobreprecios fueron siempre las mismas, según la documentación que aportó Cubría. La denuncia de los arquitectos motivó la renuncia de los directores Hugo Raúl Cayetano Lazzarini (subdirector general a cargo de la DGIJ) y Carlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto). Mientras tanto, la obra de la Morgue Judicial, seguía su curso solo en los papeles, aunque estaba prevista que los trabajos se lanzaran a partir del mes de agosto de 2016.270 “No existen irregularidades en la tramitación, es una barbaridad”, declaró el vocero de la empresa consultado al respecto para esta investigación. “Está todo computado, ante la exigencia de la auditoría del poder judicial”, continuó el profesional. Resaltó además que los materiales habían sido adquiridos a muy bajo precio —antes que estallara el pico inflacionario—, por lo cual cualquier indicio de irregularidad con esta obra, “roza con el delirio”, concluyó el representante de la UTE ganadora. Para continuar con los trabajos necesarios para sacar unos caños de AYSA y con la única firma de Lorenzetti, el 26 de abril de 2016, se le otorgó a Corsan Corvian Construcción SA y Teximco SA UTE, la suma total de $37.084.550. La misma se distinguió en $18.618.771,1 para desviar los caños de AYSA y por trabajos adicionales se le otorgaron $18.465.778,9.271 El 12 de diciembre de 2016, la Corte autorizó una nueva readecuación de precios a la empresa por la obra del conducto por un total de $8.604.761,76.272 El proyecto de construcción de la Morgue Judicial se tramitó ante la Secretaría General de Administración de la Corte a cargo de Marchi. Aunque los trabajos de construcción aún no empezaron, no hay nada construido, sí se plasmó en los papeles. Fue el único de las dos obras planteadas que se efectivizó solo a través de autorizaciones de pagos de adelantos de obra y redeterminaciones de precios con los fondos de la Corte. Eso sí la obra del archivo general, mantuvo

una activa participación junto al ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el inolvidable amigo de las monjas cuyo nombre permanece impreso en la placa del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, otra de sus obritas. Pese a que se aprobó la licitación, no pudo ejecutarse. El accionar develaría el proceso del “sistemático desvíos de fondos que desde la obra pública incentivó el kirchnerismo”.273Letra y música para las empresas Mientras la situación para los profesionales de la DGIJ era dramática, varias empresas fueron beneficiadas con contratos que les permitieron obtener grandes sumas en concepto de prefinanciación y acopio. Había sintonía entre algunas firmas como lo analizó en detalle y denunció el administrador del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría ante el plenario del Consejo.274 Casago SA, tuvo a su cargo la edificación del juzgado federal de San Nicolás,275 la instalación eléctrica del edificio de Avda. De Los Inmigrantes,276 la construcción y remodelación del edificio del Tribunal Oral Federal de la provincia de Santa Fe277 y la construcción del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela. Por esta última adjudicación, que terminó por rescindirse, la firma recibió $2.292.615,52 en concepto de acopio.278 A la sociedad Adanti Solazzi y Cía se le adjudicaron las obras para la construcción de los juzgados federales de Tres de Febrero y Morón en provincia de Buenos Aires, y la remodelación del edificio alquilado para el fuero comercial de la Capital Federal de Montevideo 546. En tanto, con Ecim SA se acordó la construcción del Centro Judicial de la ciudad de Posadas (Misiones).279 Fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE), constituida por Bonaldi Construcciones SRL-Estudio Ingeniero Villa SRL, a la que se le encargó la construcción del Juzgado Federal de Campana280 y percibió $10.357.309,19 en concepto de adelanto. Pese a que la fecha de entrega de la obra venció el 31 de mayo de 2015, solo se edificó un 25,35%. La contratista, ante un requerimiento, informó que la obra no avanzó porque no tenía material acopiado. En tanto, la edificación del juzgado federal de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, se adjudicó a la empresa Martínez SRL,281 que se la vinculó con el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Milton Capitanich. Sin embargo, su propietaria Liliana Spoljarich, titular de la Secretaría de Empleo y Trabajo de la provincia del Chaco, ha sido investigada por el juez Sebastián Casanello en “la ruta del dinero K”. En el ámbito judicial

recibió en concepto de acopio la suma de $ 13.409.338,02 y la obra no se realizó. La empresa tenía antecedentes de no haber finalizado trabajos en su provincia.282 Ante las presuntas irregularidades, en enero de 2016, el abogado Ricardo Monner Sans impulsó una investigación penal relacionada a las irregularidades denunciadas por los arquitectos de la DIGJ, que recayó en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. De las declaraciones prestadas por los profesionales y técnicos de la DGIJ ante el juez, este podría inferir que los importes abonados bajo los conceptos de adelantos o prefinanciación, acopio de materiales, redeterminación de precios y adicionales de obras, se destinaban, en parte, al pago de “retornos” ya que en la mayoría de las obras inspeccionadas el acopio no existía. He aquí la cuestión que analizó Cubría. El período entre el 22 de diciembre de 2009 y finales de 2014 fue el más cuestionado por los profesionales. El mismo en el que Krieger, hombre de estrecha vinculación con Lorenzetti, estuvo al mando de la Administración General del Poder Judicial, primero como Subadministrador y, a partir de febrero de 2014,283 como administrador. En ese lapso se alcanzó el pico máximo de afectación a las arcas del Consejo de la Magistratura, presupuesto destinado a construcciones, mantenimiento y reparación de edificios. Se llegó a gastar la sideral cifra de $284.416.556. Por cierto, las sumas en cuestión eran considerables. Si se compara entre 2010 y 2016 el Poder Judicial de la Nación gastó un total de $382.844.750 en construcción de obras públicas, mantenimiento y reparación de edificios. Aunque los picos máximos estuvieron entre 2010-2014. En mantenimiento y reparación de edificios y locales se gastó $108.891.950. En construcciones se erogó $175.372.436.284 El 2 de junio de 2016, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, solicitó al Consejo de la Magistratura un informe completo sobre la actuación del Comité Ejecutivo de Inversiones y las contrataciones de obra pública. Nadie se esperaba que la realidad superase la ficción, pero en la madrugada del 14 de junio de 2016285, José López fue detenido in fraganti cuando intentaba esconder bolsos con más de nueve millones de dólares en un convento. Unos días después, Cubría le contestó a Carrió: “El Comité Ejecutivo de Inversiones, estuvo bajo la responsabilidad de Daniel Marchi, Carmen María

Odasso, Germán Krieger y Walter Eusebio, y funcionó solo mientras Krieger fue el Administrador General. La última actividad del comité se registró en noviembre de 2014, a través de la nota 1342/15, no suscripta por mi persona”, señaló.286 El informe era demoledor. Cubría dejaba en claro que el Comité Ejecutivo de Inversiones operó junto a Marchi solo, mientras Krieger estuvo a cargo de la Administración General del Poder Judicial, entre 2011 y 2014. Período en que se produjeron los desmanejos presupuestarios y los sobreprecios en la obra pública denunciados por el abogado Monner Sans. Para muchos, esta es la información que Carrió buscaba para impulsar el juicio político al presidente de la Corte. Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien desde enero de 2016 tenía en sus manos una serie de denuncias impulsadas sobre la supuesta cartelización de la obra pública en el Poder Judicial, desestimó la investigación el 27 de diciembre de 2016 por “inexistencia de delito”.287 Canicoba Corral — aquel al que Lorenzetti le pidió la renuncia en diciembre de 2015 y febrero de 2016, al menos— se basó en un informe del cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura que preside Meydac, el hombre de la estrecha confianza de Lorenzetti a través de Sanz. “De esta manera los auditores asumen las facultades de los jueces y las investigaciones pasan a ser una farsa”, explicó tajante el abogado denunciante, Ricardo Monner Sans, quien desde 2014 apuntó contra las presuntas irregularidades de la cartelización en la obra pública judicial. 227. El diálogo surge de declaraciones del arquitecto Fabio Daniel Barraza en el Expediente CAU 60/2014 caratulado Remisión Presidencia Consejo Magistratura Nacional sobre Informe Sumarial (Resolución Plenario 295/2014). 228. Documento que suscribe Daniel Marchi, de fecha 5 de mayo de 2011, en el que solicita al presidente de la Comisión de Preadjudicaciones del Poder Judicial un informe semanal sobre el estado de situación de los expedientes por los que tramitan procedimientos relacionados con inversiones a efectuar por parte del Poder Judicial de la Nación. 229. El abogado Ricardo Monner Sans realizó la denuncia penal ante la justicia federal el día 26 de enero de 2016 y la causa recayó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. 230. >Hablen con Julio. Julio De Vido y las historias ocultas del poder kirchnerista, Diego Cabot y Francisco Olivera, Sudamericana, 2007.

231. Ídem. 232. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada N° 22/12 de fecha 14 de noviembre de 2012, (Expediente N° 7754/12), autorizó a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a suscribir un Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que se firmó al día siguiente, con la intervención de Lorenzetti, Manuel Urriza (presidente del Consejo) y Julio De Vido (titular de esa cartera ministerial). El mismo día se suscribió el Convenio. En adelante, todas las menciones a este tema pertenecen a la documentación respaldatoria detallada. 233. La gestión de la administradora general Cristina Akmentins aprobó la licitación pública 23/09 y adjudicó la obra a la constructora Riva SA el 28 de septiembre de 2009. 234. El art. 50 de la ley 13.064. 235. Licitación Pública N° 23/09. 236. Por Resolución CM N° 664/08 y Resolución CSJN N° 3179/11 Krieger, el 29 de marzo de 2012, autorizó el mecanismo de redeterminación de precios a la empresa RIVA SA. 237. A partir del día 15 de marzo de 2012, hasta nueva disposición del Tribunal, se decretó la feria judicial. Resolución CSJN N° 364/12. 238. Esta contratación se realizó por Expediente N° 14-12619/12. 239. Expediente N° 14-27240/12. 240. En la licitación pública 314/13, a la que se presentaron y cotizaron: A.M.G. Obras Civiles SA con una oferta de $214.650.000; Hel Port SA – Esuco SA (UTE) con una oferta de $ 212.865.390,15; Adanti Solazzi y CIA SACI y F Casago SA, con una oferta de $223.333.000 y Caputo Construcciones y Servicios SA- Riva SA (UTE) con una oferta de $199.300.000. 241. Resolución AG N° 1546/09 y Resolución CSJN N° 3179/11 (o su equivalente en el Consejo).

242. Perfil, 7 de octubre del 2014: http://www.perfil.com/politica/allananla- magistratura-por-una-obra-millonaria-que-nunca-se-realizo-1006-0038.phtml. 243. Hasta la aprobación del nuevo reglamento de contrataciones, vigente a partir de septiembre de 2015, las locaciones de inmuebles en el ámbito del Consejo se regían por una resolución basada en la Ley de Contabilidad, derogada desde el 29 de octubre de 1992. La norma, establecía que los contratos de locación se celebrarían “previo proceso de selección del locador efectuado con arreglo a lo establecido por la Ley de Contabilidad —capítulo VI—, a fin de obtener la oferta más conveniente, según las previsiones del presente reglamento y las necesidades del caso”. 244. En el Expediente N° 10-26888/10 tramitó la Contratación Directa. 245. El contrato de locación fue rescindido a partir de febrero de 2016. 246. El art. ٦º, inc. “d” del Reglamento de Locaciones del Poder Judicial de la Nación Resolución CM N° 75/04 prohíbe el pago de comisiones. 247. Nota DGIJ N° 2086/11, 30 de septiembre de 2011. 248. Expediente N° 13-17812/12, caratulado “Solicitud: Piumato Julio J. (Sec. Gral.) s/ Informe licitaciones de servicios de limpieza en el PJN. 249. Mónica Pauluk, referente del gremio de judiciales enfrentó a los consejeros en la Sala de Audiencias de la Magistratura el 6 de junio de 2013. 250. Las inconsistencias continuaron y en la reunión de la CAF del 4 de septiembre de 2014, se renovaron contratos por $9.416.000, según se constató en la documentación. A partir de noviembre de 2015, los contratos con la UTN no se renovaron y el personal fue directamente contratado por el Consejo de la Magistratura para evitar intermediaciones sospechosas. 251. El predio cuyo comodato o préstamo en uso se realizaba estaba registrado con la nomenclatura catastral en Circunscripción 20-Sección 3Manzana 100 A-Parcela 1b y 1c-Partidas 0453637 y 0453638. 252. La Nación, 29 de diciembre 2015: http://www.lanacion.com.ar/1857936- sobreseyeron-a-macri-en-el-caso-de-lasescuchas-ilegales.

253. Se advierte de las lecturas de las transcripciones de las Actas N° 6 y 7 de las reuniones de la CAF. 254. Página 12, 12 de mayo de http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-246073-2014-05-12.html.

2014:

255. Toda la documentación analizada surge de los siguientes expedientes: el primero de ellos, del Consejo de la Magistratura 13-21991/11, los dos siguientes, de la Corte Suprema: 5072/11 y 471/13. 256. Los arquitectos y profesionales denunciantes fueron María Ester Cristina Jiménez, Juan Alfredo Paseyro, Guillermina Inés Lysholm, Miguel Ángel Torales, María Cristina Sosa Kasten, Verónica Mercedes Esther Zagare, María Carolina Menem, Javier Martín Núñez, María Elena Josefina Matt, Andrés Sebastián Lernoud, Marcela Laura Clot, Andrea Alejandra Lorenzo, María Nazareth Lantino, Pablo Enrique Fiori, Carlos Jorge Almagro, María Beatriz Ferrerti y el maestro mayor de obras Alfredo Ángel Espósito, entre otros. 257. Revista Noticias, José Antonio Díaz, 27 de junio de 2016: http://noticias.perfil.com/2016/06/27/mas-que-amigos-complices-elestablishment-y- la-obra-publica/ 258. La Nación, Hugo Alconada Mon, 14 de agosto de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcionen- la-obra-publica. 259. La denuncia de los arquitectos, ingenieros y maestros mayor de obra del Consejo de la Magistratura se plasmó por escrito el 14 de octubre de 2014 y se registró bajo el expediente CAU 60/2014 caratulado “Remisión Presidencia Consejo de la Magistratura Nacional Sobre Informe Sumarial (Resolución del Plenario 295/2014). 260. Consultas y entrevistas realizadas a empresarios vinculados al negocio de la construcción en Argentina y países limítrofes para este libro entre los meses de agosto y octubre de 2016. 261. El mecanismo de redeterminación de precios fue aprobado por la Resolución CM 664/08. 262. Según denunciaron los profesionales en el Expediente 60/2014 CM

caratulado “Remisión presidencia Consejo Magistratura Nacional s/ Informe Sumarial (Resolución Plenario 295/2014-Informe art. 26 RCA). Expediente del Consejo de la Magistratura N°10-25191/2015 iniciado el 11 de diciembre de 2015 por el administrador general, Juan Carlos Cubría. 263. Resolución CM N° 254/2015. 264. Mediante la Resolución de la Corte Suprema N° 3198/2014, Expediente N° 4090/13, se adjudicó la construcción de la Morgue judicial a Corsan Corvian Construcción SA y Teximco SA UTE. 265. La metodología de redeterminación de precios fue establecida por el dec. N° 1295/2002. 266. Entrevistas realizadas a profesionales de la construcción del Poder Judicial para este libro. 267. Resolución CM N° 254/2015. 268. La Política Online, 24 http://www.lapoliticaonline.com/nota/85906/

de

diciembre

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2014:

269. Expediente CM N° 10-25191/15. 270. Resoluciones CS N° 2868/15 y 2892/15, Expediente N° 4139/15. 271. Por Resolución CSJN N° 995/16, Expediente N° 4.193/2015, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti aprobó el gasto para la UTE Corsan Corvian Construcción SA-Teximco S.A II. 272. Se aprobó mediante Resolución 3841/16 del 12 de diciembre de 2016 (Expediente 6791/2016) con la firma de los cinco ministros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz. 273. Declaraciones del abogado Ricardo Monner Sans para este libro, realizadas el 12 de septiembre de 2016. 274. El Administrador General, Juan Carlos Cubría, elevó el Informe y denuncia sobre el Estado de situación de las Obras Públicas a través del Expediente Administrativo 10-25191/2015 el día 11 de diciembre de 2015.

275. Expediente N° 10-251777/02. 276. Expediente N° 14-31297/06. Licitación Pública N° 98/2010. 277. Expediente N° 14-06200/12 por el que se tramitó la Licitación Pública N° 173/13. 278. Expediente N° 14-13553/12 por el que tramitó el proceso licitatorio N ° 311/12. 279. Expediente N° 14-25473/08. Licitación pública N° 17/12. 280. Expediente N° 14-28021/08. 281. Expediente N° 14-16325/06, Licitación Pública N° 133/11. 282. Corzuela en la web, 28 de abril de 2016: http://corzuelaenlawebdigital.blogspot.com.ar/2016/04/casanello-investiga-porruta- del-dinero.html. 283. Mediante la Resolución CM N° 683/09 del 22 de diciembre del 2009 se designó a Germán Krieger subadministrador general, con el cargo de director general. Por Resolución CM N° 410/10 del 11 de noviembre de 2010 el Consejo de la Magistratura asignó a Krieger las funciones de administrador general del Poder Judicial de la Nación ante la renuncia de Hugo Borgert. Por Resolución CM N° 5/14 del 20 de febrero de 2014 el Consejo de la Magistratura designó a Krieger como administrador general del Poder Judicial tras requerir a la Corte Suprema la transformación del cargo de director general en secretario de Corte. 284. Las cifras son oficiales y surgen de las partidas de ejecución presupuestaria registradas como 331, 336, 421 y 436 de la Administración General del Poder Judicial. 285. La Nación, 28 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1913512-asi- encontraron-los-policias-a-jose-lopezen-el-monasterio. 286. Juan Carlos Cubría remitió a Elisa Carrio un estudio de situación a través del Oficio N° 303/16 – Expediente N° 10-10410/16 fechado el 24 de junio de 2016.

287. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resuelve desestimar las denuncias sobre la cartelización de la obra pública en el Poder judicial en la resolución de fecha 27 de diciembre de 2016, Expediente N° CPF 8586/2014.Capítulo 6El que parte y reparte se lleva la mejor parte El panóptico judicial. El mayor plan de informatización de la historia. El software comprado a precios astronómicos pero manipulable e inseguro. Entretelones de una licitación bajo sospecha de corrupción. Fútbol y política. Colapso del sistema en toda Argentina. Verdades verdaderas. Justicia a ciegas. Denuncias penales. “Decile no al Lex 100”. “Y llegó la Policía con dos carros y un tranvía, para toda la familia judicial. Yo no sé por qué, sargento, nos lleva al destacamento, si somos una familia muy normal… muy normal… muy normal”, entre risas e ironías la canción de Sui Generis, “Mr. Jones”, se transformó, con su letra original adaptada, en el himno de los empleados de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial (DGT). Ni Charly García ni Nito Mestre se hubieran imaginado la escena que estaba a punto de producirse. “Mr Jones” sonaba, una y otra vez, el día que se hizo público lo que era un secreto a voces. —Somos sospechosos —le habría dicho el director general de Tecnología, Gabriel Mehlman a su colega Jorge Nasisi. —Inocentes hasta que se demuestre lo contrario —le habría contestado Nasisi apurado, mientras recolectaba papeles y buscaba su saco. Como todos los viernes, tenía que partir de Buenos Aires a Mendoza.288 Se le hacía tarde y no quería perder el avión. Nadie hablaba de ello, pero todo el mundo lo sabía. El software del Poder Judicial era, en palabras del abogado y ex secretario letrado de la Magistratura, Adolfo Athos Aguiar, “endeble”, “manipulable” e “inseguro”. Podía ser pirateado con claves genéricas que, de boca en boca, pasaban a lo largo y ancho del país entre los miembros de la judicatura. Por si esto fuera poco, al ingresar al sistema este no identificaba al usuario. Por lo tanto, podría intervenirse para manipular todo: sorteos, altas, bajas, fechas, datos, documentación e incluso eliminar información sensible. Puestos a meter mano, se podía hacer desaparecer, apretando un simple botón, expedientes no gratos para los amigos del poder.

Algunos de los empleados cruzaron miradas con disimulo. Nunca olvidarían la palidez del rostro del director Mehlman. Acababa de descubrir que, en ese mismo instante, allanaban el data center ubicado en Lavalle 1240, corazón del insólito sistema informático del que dependía la justicia de Argentina. Temblaba, le sudaban las manos, tenía los ojos vidriosos y le costaba coordinar las palabras. “Me quiero ir, me quiero ir”, se le escuchó repetir en su despacho, un titubeo similar al del ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, durante la entrevista que le hizo la televisión griega en abril del 2013. Desde hacía tiempo a Mehlman, o “Trapito”, como lo apodaron los empleados por el andar cansino y melancólico, se lo veía agotado y estresado. De hecho, buscaba que lo trasladaran a un área más tranquila, aunque “desde arriba —en referencia al presidente de la Corte— no lo habrían autorizado”, aseguraron funcionarios que lo acompañaban en su gestión. El allanamiento al data center que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, más conocida entre sus colegas y amigos como “la Chuchi”, ordenó aquella mañana del viernes 19 de agosto de 2016, estaba sincronizado hasta el último detalle. Tomó de imprevisto a todos. Mehlman, sorprendido por lo intempestivo de la medida, se negó a colaborar con la justicia y prohibió a sus subordinados que acudieran al lugar del procedimiento pese a la orden de la jueza. Paula González, la secretaria del juzgado que trabajaba codo a codo con Servini, se presentó en Lavalle 1240 con peritos informáticos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Metropolitana. Pidieron la documentación del sistema, el código fuente original entregado por la empresa contratada, el actual y todas sus versiones. También requirieron la base de datos judicial, toda la información útil que estuviera a su alcance e incautaron un servidor. Los peritos informáticos buscaban no solo reconstruir la manera en que funcionaba el software, sino comprobar cómo podía ser manipulado. Necesitaban averiguar qué niveles de seguridad tenía el sistema y si se había perdido información sensible. En síntesis, detectar los flancos débiles y localizar las ventanas por las que podía penetrar una mano negra capaz de poner patas arriba todo el poder judicial y, por lo tanto, complicar hasta extremos insospechados la vida de millones de argentinos.

La mecha que había hecho estallar la bomba de la Chuchi, fue la denuncia penal que realizó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, un mes antes, el 15 de julio. Lilita quería saber si el sorteo de los expedientes que ingresaban al fuero federal era limpio y transparente o se podía adulterar. Es decir, si podía direccionarse no solo la designación de los jueces que quedaban a cargo de las causas, sino también la de los peritos. Dicho de otro modo, hacer fraude. A la jueza no la tomó de nuevas el asunto. Ella misma sospechaba desde hacía tiempo que las cosas no estaban como debían. Lo había denunciado un mes antes, en julio de 2016 tras advertir, según sus palabras, la “manipulación del sorteo” de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Hay momentos que uno ve que a un juzgado le caen diez causas, y a otro una”, cuestionó la magistrada poco dada a creer en tanta casualidad. Servini de Cubría no podía ocultar su preocupación. Durante el allanamiento al data center, ni Mehlman, ni los contadores Juan Carlos Cavo y Jorge Nasisi, ni el licenciado Alejandro Falcone —nombrados por la Corte y Consejo de la Magistratura, en mayo de 2008 a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI)— se presentaron. El nerviosismo y la angustia de los empleados eran visibles a la espera de la ansiedad que les generaba conocer, cuanto antes, los resultados que arrojaría la investigación. Ninguno de ellos pronunció palabra, aunque se sabía del enfrentamiento de dos bandos: el que esperaba que se conociera la verdad y el que prefería que el allanamiento fracasase.289 Los días posteriores la jueza tomó testimonios a algunos funcionarios de la DGT y de la Dirección de Sistemas de la Corte. José Masdeu, David Conte, Pablo Calvete, Patricia Borrás, Oscar Perrone y Diego Crespi fueron llamados a declarar. Pronto el juzgado logró detectar una serie de irregularidades de “gravedad mayúscula”, tal como lo definieron. La pesquisa avanzó rápido y logró descubrir con celeridad una colección de fallas y situaciones peligrosas. Entre estas, una insólita hasta para un estudiante de secundaria: el uso de contraseñas de manera indiscriminada para modificar datos. Es decir que había claves genéricas o códigos de usuarios —que pasaban de mano en mano— con las que cualquier empleado podía ingresar al sistema y realizar cambios sin que quedara registrado el autor de ello. En su investigación advirtieron que los administradores del sistema (dependientes en la actualidad de

jefe del Departamento de Ingeniería, José Masdeu) hurgaban en las tripas del software sin respetar los parámetros de seguridad informática requeridos. No había normativa ni seguimiento de control en el otorgamiento de accesos remotos ni nada que justificase que ese sistema estuviera operativo. Había quedado demostrado que, la gran compra para poner la justicia argentina en el cielo de la computación era un enorme agujero negro en el ciberespacio. “Fue un fracaso total” recordó el ex funcionario de la Magistratura, Adolfo Athos Aguiar.290 “Aquel sistema —zanjó— implicaba un grado de inseguridad informática muy grave”. Para los peritos era difícil rescatar aspectos positivos del sistema. Buscaban y lo que encontraban les producía auténticos quebraderos de cabeza. Las claves de acceso, conocidas como root, no estaban personalizadas. El ingreso en el sistema era similar al funcionamiento de un almacén de barrio. Varios tenían acceso a la caja, con lo cual nadie era responsable al final del día de la recaudación. La llave,291 contraseña, clave de seguridad o código de acceso la tenían muchos y la compartían. Lo que estaba en juego era, ni más ni menos, que los datos de las causas del Poder Judicial de la Nación. Estas claves debieron ser resguardadas por las máximas autoridades del Poder Judicial como en otra época hizo la presidencia de la Corte Suprema, con intervención de la secretaria letrada de informática, Elena Campanella. Otra cuestión que afectaba el día a día de los abogados estaba bajo la lupa. Todo acceso a una página de internet debía ser mediante conexión segura —el https, protocolo utilizado por los bancos para las transacciones—. Sin embargo, las conexiones al Portal de Abogados,292 donde los profesionales ingresaban copias y consultaban las notificaciones electrónicas, no tenían ese protocolo. Esto obligó a preguntarse si era posible que un hacker pudiera colarse en el sistema. La respuesta fue afirmativa. Tal fue el descontento, que muchos de los funcionarios más antiguos relacionaron al software bautizado Lex100 con el panóptico293 que Michel Foucault describió como el “sentimiento de omnisciencia invisible”. A sabiendas de las fallas, los jóvenes informáticos coincidieron en que había algo bueno: ofrecía una posibilidad para la captura masiva de datos y vigilancia o Cryptomicon.294

Antes del Lex 100 El presidente de la Corte estuvo siempre interesado en todo aquello que implicara innovación. Estaba obsesionado con marcar tendencia y hacer historia donde su nombre apareciera en letras enormes de molde. Pasar del expediente papel al digital sería un cambio radical en Argentina que lo tendría a él, el juez supremo, como el artífice del milagro. Con ese entusiasmo encaró el desafío. Sus parámetros se basaron en el sistema norteamericano que admiraba hasta el infinito. Era un defensor incondicional de la jurisprudencia, doctrina, técnica y desarrollo informático de los tribunales estadounidenses. El juez miró siempre al norte; tan así es que se reunió siete veces con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne. “Los cables no mienten, según se desprende de los más de dos mil despachos diplomáticos elaborados por la embajada estadounidense en Buenos Aires entre mediados de 2006, y principios de 2010, el período que abarca la filtración de WikiLeaks, de todas las figuras públicas argentinas que se reunieron con el embajador estadounidense durante ese tiempo, difícilmente alguno supere en cantidad de encuentros al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”, detalló el periodista Santiago O’Donnell en el libro PolitiLeaks (Sudamericana), tras entrevistar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador. “Un cable dice que la embajada le pagó un viaje; otro despacho, que la embajada se comprometió a buscar recursos para financiar un Congreso que Lorenzetti estaba organizando, y otro cable, que especialistas contratados por la embajada modernizaron el sistema informático de la Corte Suprema, una cuestión preocupante ahora que se ha descubierto el alcance de la red de espionaje masivo de los Estados Unidos más aún si la contratación de los técnicos estadounidenses no fue debidamente informada”, puntualizó O’Donnell.295 Ya por entonces la informatización del Poder Judicial de la Nación era una prioridad para Lorenzetti, aun cuando habría habilitado el acceso a datos sensibles a los informáticos norteamericanos, según el libro de O’Donnell. Un hecho llamativo, ya que el nivel de intromisión de la mayor potencia del planeta no tuvo límite hasta que quedó al descubierto, tras las filtraciones del ex espía estadounidense Edward Snowden y del australiano Julian Assange.

Con el objetivo de informatizar y mejorar el servicio de justicia, a partir de 2006, desde el máximo tribunal se convocaron y celebraron foros de debate denominados “Conferencias Nacionales de Jueces” en los cuales magistrados de todo el país reflexionaron y consensuaron iniciativas que bautizaron “políticas de Estado” de mediano y largo plazo. La primera se celebró en la ciudad de Santa Fe en 2006. Como resultado de la misma, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ)296 y la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial. También, bajo el argumento de mejorar el servicio de justicia, la Corte creó el 3 de julio de 2007, la Oficina de Fortalecimiento Institucional,297 dependiente del presidente Ricardo Lorenzetti. El magistrado contaba con estructura administrativa propia para nombrar a sus colaboradores de confianza. Fue en el segundo encuentro de jueces en la ciudad de Salta, allá por septiembre de 2007, donde se plasmó el objetivo de la informatización del Poder Judicial. A partir de ese momento se instrumentó el proyecto de “Gestión Judicial” con dos comisiones de trabajo. Una de Gestión y otra de Informatización.298 Este grupo elaboró el “Informe Específico para el Uso y Aplicación de Tecnologías de Informatización y Comunicaciones”, a partir del cual la Corte creó el 17 de diciembre de 2007299 las comisiones nacionales de Gestión Judicial, presidida por Lorenzetti, y de Acceso a Justicia a cargo de Highton de Nolasco. El equipo de trabajo de la Comisión de Informatización se trasladó al ámbito de la Comisión de Gestión presidida por Lorenzetti y en febrero de 2008 presentó el “Proyecto Informático”, dentro del ámbito del “Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina”.300 Hasta aquí las formalidades estaban cumplidas, pero para implementar el proyecto elaborado se requería acceder a los fondos. Con ese objetivo se consolidó un andamiaje administrativo ad hoc en el Consejo de la Magistratura. Allí, Lorenzetti contaría, otra vez, con el aval de los senadores Ernesto Sanz y Tito Fernández; el presidente del Consejo durante 2008, Mariano Candiotti y del juez Luis María Cabral, los cuatro que habían facilitado la ingeniería financiera alejada de la letra constitucional, descrita en el capítulo 4. El 8 de mayo de 2008301 la magistratura nombró a Carlos A. Sena, Alejandro César Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Mehlman y Carlos Tate

como los funcionarios que representarían al cuerpo en la “Comisión de Informática”. Estaban ante un nuevo emprendimiento de digitalización que requería, naturalmente, “control de calidad” por lo que nombraron a hombres de diversos sectores políticos. Mehlman respondía a la Corte y, de manera directa, a Lorenzetti. Fue el funcionario de planta elegido como nexo entre el máximo tribunal y el Consejo. Tate respondía a los referentes de la UCR en el Consejo, a Sanz y al diputado nacional Oscar Aguad. Falcone, por su parte, reportaba a Tito Fernández, mientras que por la Asociación de Magistrados y Funcionarios se designó al juez Gallo Tagle. Pero no podía funcionar esta estructura sin la intervención del gremio judicial, así que Sena fue el elegido —por ese entonces — como alfil de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, liderada por Julio Piumato, de estrecho vínculo con el líder de camioneros, Hugo Moyano. Como representantes de la Corte Suprema en la comisión de Gestión se designó a Alfredo Catoira; director de Informática del máximo tribunal; a Eduardo Parody (ex secretario de la justicia civil y coordinador de la Comisión Nacional); y a Julio Quiñones,302 secretario del Juzgado de Instrucción N° 25. Todos ellos, integraron el equipo de trabajo como funcionarios judiciales externos a la Magistratura. Pese al impulso inicial, el proyecto de la Comisión Informática quedó limitado a una herramienta de apoyo al trabajo de los jueces (notificación electrónica, expediente y firma digital). Y allí sería cuando empezaron los cuestionamientos al software, sobre todo respecto de la definición del proyecto que fue sometido a dos rondas de consulta pública, en marzo y julio de 2008. Las objeciones más serias fueron las formuladas por el Banco Mundial; el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES); el Banco Interamericano de Desarrollo; las empresas SAP y Equity Group, el consejero Pablo Mosca (representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), su sucesor Daniel Ostropolsky, y el entonces secretario letrado que participó de todo el proceso, Adolfo Athos Aguiar. Estas observaciones, como analizó Athos Aguiar, indicaron la ausencia de un plan de “función y misión” concreta bajo una mirada panorámica que contemplara las exigencias tribunalicias. Por otro lado, se destacó que no se había previsto mecanismos de controles, evaluación y corrección. El proyecto se limitaba a metas genéricas, sin precisiones sobre su estado, diagnósticos, implementación, variables, ni previsiones para su ejecución. Era un mero sistema de gestión de expedientes. Resultaba inconsistente tal como fue puesto de

manifiesto por FORES, que lo comparó con la mala experiencia de otro intento fallido en la justicia como lo fue el denominado PROJUM. “Dicho plan fue diseñado y elaborado por asesores tecnológicos propios del Poder Judicial, sin la participación de ningún experto ajeno a la estructura judicial; algo que era absolutamente necesario dada la complejidad del sistema informático de ese poder del Estado. Recuerdo —añade— que las observaciones realizadas por algunos entendidos señalaban que el plan elaborado era de muy baja performance tecnológica, de escaso impacto transformador, de alto costo económico y de muy rápida desactualización”, explicó Aguiar. “En términos de validez tecnológica, esta recopilación no tenía más coherencia que la vidriera de una ferretería de barrio: estaba llena de herramientas, pero no ofrecía una visión de conjunto, no tenía significado para un operario, y la mera compilación no la transformaba —por caso— en un taller. Era una mera colección, una exhibición sin sentido propio y sin función”, continuó el ex asesor. Mientras el control de calidad del software se desvanecía ante las críticas, desde el Consejo de la Magistratura se imprimió a la contratación una inusitada celeridad. Los consejeros Cabral, Sanz, Fernández y Candiotti decidieron avanzar en el mismo con el aval de Lorenzetti, tal como se desprende de la documentación analizada. El 19 de febrero de 2009 se creó la “Unidad Ejecutora del Proyecto Informático” (UEPI), para ejecutarlo “conforme los pliegos aprobados por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.303 En la resolución de creación de la UEPI se reconocieron tres niveles de decisión en materia de cuestiones informáticas: el plenario del Consejo, la Comisión de Administración y Financiera del Consejo y la Unidad Ejecutora del Plan Informático. Aunque se aclaró que la ejecución de ese proyecto requería “de un organismo que se ocupe de las decisiones técnicas que se debían tomar diariamente y evitar la demora que significaría recurrir al aval del Plenario del Consejo o de sus comisiones”. De esta manera, el Consejo cercenó sus propias facultades (y las de sus comisiones) y las puso en manos de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI) que pasó a depender, directamente, de la Comisión de Administración y Financiera )CAF).304 Además excluía a muchos consejeros de las decisiones en materia informática, como el caso de los abogados, y concentraba el poder en la UEPI y en la CAF, presidida o vicepresidida por jueces.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2009, se designó a cinco directores de la UEPI: Gabriel Mehlman, con el cargo de director General de Tecnología del PJN; Carlos Tate (Director de Seguridad Informática), los contadores Juan Carlos Cavo, Jorge Nasisi y el licenciado Alejandro Falcone, como los otros directores generales de la Unidad. Eran los protagonistas de siempre. Falcone esperó solo cuatro meses desde la conformación de la Comisión Informática para crear, junto a Cavo, la empresa Tabular SA dedicada a los servicios de consultoría en equipos de informática, programación y actividades conexas. Ambos conformaron el directorio de la firma hasta que en mayo de 2013 renunciaron a los cargos —de director y director suplente respectivamente— aunque seguirían como accionistas. Esto en flagrante violación al reglamento para la Justicia Nacional que prohíbe a los agentes (funcionarios judiciales) mantener actividades comerciales en paralelo.305

Reglas de compromiso El 1 de junio de 2009 se inició la puesta en marcha del proyecto306 que, desde su origen y hasta noviembre de 2010, tramitó solo en la Administración General del Consejo —a cargo de Germán Krieger— sin la intervención de la Comisión de Administración y Financiera y del Plenario del Consejo, según registros oficiales. Krieger, señalado como el hombre de confianza de Lorenzetti en el manejo de los recursos del Consejo, administró los fondos del Poder Judicial junto a Daniel Marchi a través del Comité de Inversiones creado al efecto. No había tiempo que perder. El 3 de noviembre de 2010 el proyecto de informatización ingresó a la Comisión de Administración y Financiera que, ocho días después, se pronunció a favor de la convocatoria a la licitación pública.307 Doce días más tarde, Krieger lo concretó, aprobó el “Pliego de Bases y Condiciones” y afectó al gasto previsto la suma de $70.000.000 o su equivalente de US$20.000.000.308 Pero algo inesperado sucedería. Avanzado el proceso, el 18 de noviembre de 2010, el Consejo de la Magistratura cambió de integrantes como lo hace cada cuatro años y los nuevos consejeros se toparon con esta realidad y un cúmulo de evasivas. Ningún funcionario judicial, asesor de planta o alguno de los consejeros con experiencia les daban respuestas concretas a sus inquietudes y requerimientos de información. Por el contrario, se la retaceaban. En el acta de la reunión plenaria de esa fecha,

el representante de los abogados del interior, Daniel Ostropolsky, solicitó la suspensión del proceso licitatorio, con efecto retroactivo al 12 de noviembre. La propuesta se aprobó por unanimidad. Un silencio ensordecedor colmó la sala “Lino Palacio”. La desesperación se evidenció en las caras de los funcionarios alineados a Lorenzetti. El ambiente estaba caldeado y, ante este inesperado traspié, la exasperación fue total. No habían previsto algo así, ni mensurado los alcances de la decisión: la licitación del software quedaba momentáneamente suspendida. Tras bambalinas quedarán los supuestos acuerdos. Días después, sin reunión plenaria, la mayoría de los nuevos consejeros impulsó el trámite y se continuó con el proceso licitatorio a mediados de diciembre de ese año.309 A paso firme y presuroso, como si alguien les pisara los talones, Krieger manifestó por escrito la “urgencia e importancia institucional” de la contratación y que “la suspensión” dispuesta el 18 de noviembre “no debía restringir el normal funcionamiento” de la Administración General ni obstruir la marcha del Poder Judicial. En la misma línea de pensamiento, Luis Alberto Devoto, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó que la suspensión no alcanzaba al proceso en marcha. Así, diez consejeros aprobaron la prosecución de la licitación mediante una resolución firmada por Mario Fera, presidente del Consejo.310 Los encargados de recolectar las firmas de los consejeros fueron el entonces secretario general del Consejo, Hernán Ordiales, la secretaria de la Escuela Judicial, Claudia Levín y María Inés Brenna, alfil de Ordiales, explicaron funcionarios que participaron del proceso al que describieron como “irregular”. El trámite fue una carrera contra reloj. De pronto la urgencia del proceso llamaba la atención. En pocas horas, el Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera fijó como fecha de apertura el 21 de febrero de 2011, aunque luego se prorrogó para el 28 de marzo de 2011.311 Por primera vez en la historia una empresa le solicitó acceso a información pública al propio Poder Judicial. Se trataba de Equity Group; Luis María Santos, su gerente, presentó un recurso jerárquico312 ante las reiteradas negativas del Consejo de la Magistratura de brindarle información del proceso licitatorio “público y abierto” del que participaba, tal como surge del acta de la reunión de la Comisión de Administración y Financiera (CAF) del 3 de marzo de 2011. Pero

primó el silencio. El Poder Judicial, el mismo que debía garantizarla, se negaba a entregar información. Santos desafiaba a la Justicia a dar explicaciones, pero la CAF decidió, en mayo de 2011, en base al dictamen del representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, desestimar el recurso de Equity Group.313 En sentido contrario, Ostropolsky presentó un dictamen en el que detallaba anomalías en el trámite en relación con la transparencia y el acceso a la información pública. También cuestionó la resolución314 por la que se llamó a licitación y definió “al trámite como opaco, no solo para las empresas interesadas, sino también para los consejeros”, expresó Ostropolsky en el plenario.315 Pero no había tiempo que perder y puesto el tema a votación, la mayoría de los integrantes del Consejo (Stella Maris Córdoba, Alejandro Fargosi, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez de Cappellini, Carlos “Cuto” Moreno, Hernán Ordiales, Manuel Urriza y los tres jueces Ricardo Recondo, Alejandro Sánchez Freytes y Mario Fera) votaron favorablemente la propuesta del kirchnerismo que desestimó el recurso de Equity Group. Estaba en juego el proyecto de informatización que impulsaba Lorenzetti. No había chances, recordaron tiempo después algunos de los consejeros casi arrepentidos. Los únicos que votaron en contra fueron Daniel Ostropolsky y el senador radical, Mario Cimadevilla.316 Para ellos, el Poder Judicial estaba “obligado a brindar información pública”, no cabía otra posibilidad.

Y el ganador es… Había llegado, como en todo proceso licitatorio, el momento de abrir los sobres con las propuestas técnicas de las empresas interesadas y la documentación exigida. De esta manera, el 28 de marzo de 2011,317 se procedió a revisar las cinco ofertas que estaban sobre la mesa. Unitech SA-Indra Si SA Unión Transitoria de Empresas (UTE), fue la primera, Octomind SA-Sistemas Jurídicos SRL UTE, la segunda. Mientras que La Ley-West Services Inc. UTE, se constituyó como la tercera opción. La Ley SAE e I era la cuarta propuesta. La quinta participante se conformó con una firma argentina — Atos Origin Argentina SA— y una española —Base 100 SA— que se acopló a la primera para poder participar del proceso, asociadas en una UTE. A esta última se le permitió participar de la licitación pese a no cumplir con los requisitos exigidos. En el colmo del favoritismo Base 100 SA entró pese a carecer de inscripción ante la

Inspección General de Justicia (IGJ) y del contrato constitutivo de la Unión Transitoria de Empresas, documentos obligatorios para que una empresa extranjera fuera admitida en el proceso. Atos Origin, por su parte, es una empresa de origen francés reconocida por los informáticos —a nivel mundial— por vender y suministrar productos a las agencias de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. No había que ser muy brillante para adivinar quién se metería en el bolsillo la licitación. Los funcionarios judiciales lo veían venir de lejos pero el descaro era tan obvio que les costaba asimilar que estaba por pasar lo que se temían. Antes de la presentación de la oferta, el 24 de enero de 2011 Atos Origin y Base 100 habían presentado una consulta a la Comisión de Informática del Consejo de la Magistratura respecto de la viabilidad de acompañar un compromiso de constitución de UTE irrevocable sujeto a la efectiva adjudicación de la licitación, en sustitución del acuerdo constitutivo de unión de empresas al que obligaba el pliego de bases y condiciones.318 Es decir, pulseaban y negociaban sin tapujos. De ganar la licitación se inscribirían, si no, si algo fallaba, se podían dar el lujo de, a diferencia de otras que estuvieran en su condición, evitar engorrosos y costosos trámites administrativos previos. La Comisión le permitió presentarse con un compromiso de constitución de UTE en contra de lo exigido por el pliego, la ley misma para las empresas. El proceso siguió su curso con los rituales del caso. Abierto el Sobre I, la Comisión de Preadjudicaciones requirió de la empresa oferente que acompañara el contrato de UTE y exigió que la firma española, Base 100 SA, cumpliera con la Ley de Sociedades Comerciales.319 Lejos de ello, la UTE Atos Origin-Base 100 insistía en su postura “irregular” y respondió que en el Sobre A asumían el compromiso de asociarse en caso de resultar, definitivamente, adjudicatarias. La realidad era que a Base 100 no le daban los tiempos de constituir la UTE ante las exigencias de la ley argentina a las firmas foráneas, algo que la empresa recién logró ante la IGJ el 23 de junio de 2011, casi tres meses después de iniciado el proceso de selección, es decir la apertura del Sobre 1. El incumplimiento determinaba la nulidad de todo lo actuado por Atos Origin-Base 100, desde el inicio mismo de la licitación. Sin embargo, Krieger validó todo el accionar sin considerar las omisiones e irregularidades. Además, la falta de inscripción de Base 100 en la AFIP impidió que la Compañía de Créditos y Garantías SA la incluyera en la póliza de caución, como se les exigía a

todas las sociedades. Las ofertas quedaron sometidas a una Comisión Evaluadora integrada por Nasisi; Falcone; Mehlman; Tate; Cavo; Sena y Gallo Tagle, en representación de la Magistratura. Mientras que Alfredo Catoira y Eduardo Parody eran los representantes de la Corte. El primero, como director de Informática y el segundo, como coordinador de la Comisión Nacional de Gestión. Se llevaron a cabo “Jornadas de exposición de funcionalidades de los sistemas ofertados” que se desarrollaron en el data center de Lavalle 1240, ante jueces y funcionarios de las Cámaras Nacionales y Federales, de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país. Durante las pruebas y comprobaciones que obran en las actas, se había observado, como recuerda Athos Aguiar una “marcada desigualdad” de trato entre los oferentes, permitiendo a la firma Atos Origin-Base 100, disponer de mayor soporte tecnológico para la demostración de su producto. “Como si todo el proceso hubiera estado direccionado desde el principio”, explicó Aguiar, quien participó de esas reuniones. Más de una decena de actas dejaron constancia de las pruebas y comprobaciones de los sistemas ofrecidos. Algunos asistentes recordaron que varios integrantes de la Comisión Evaluadora habrían realizado “gestos desaprobatorios ostensibles” contra las otras competidoras.320 “A los técnicos informáticos del Poder Judicial no se les permitió preguntar ni repreguntar”, agregó el ex secretario letrado. Los funcionarios debían definir y ahora se mostrarían “las cartas de truco y retruco”, continuó Aguiar. El 6 de julio de 2011 la Comisión Evaluadora otorgó 91 puntos a la Oferta 5 de Atos Origine-Base 100, lo que la convirtió en la empresa ganadora de la precalificación.321 Ya estaba seleccionada la UTE que implementaría el software conocido como Lex 100 y, según señalaron funcionarios judiciales, garantizaría millonarias ganancias a la dupla societaria. El “Informe de Evaluación” presentado por la Comisión Evaluadora —sin la intervención de jueces— fue el sustento para que Devoto, y los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones recomendaran a la firma ganadora. Ese dictamen fue impugnado por las restantes compañías oferentes pero las

observaciones fueron desestimadas. Entre ellas, la UTE Unitech-Indra Si SA agregó a la impugnación una pericia caligráfica que advertía sobre anomalías en las firmas atribuidas a Parody y Catoira estampadas en la foja 8414 de dicho informe. “La cuestión revestía cierta gravedad ya que los firmantes representaban a los ministros de la Corte en ese proyecto, pero una vez más, se silenciaron los cuestionamientos”, señala Aguiar. El papel que jugó Devoto, secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo, fue determinante ya que, recuerda, “aceptó la validez de la oferta que resultó ganadora, aunque por la falta de documentación, debió haber sido excluida”. Además, dejó pasar la irregularidad de Atos Origin-Base 100 de “incluir en el Sobre 1 de oferta técnica, la oferta económica que debía ser acompañada en el Sobre 2”, como constó en el expediente licitatorio. A pesar de todas las anomalías plasmadas, el 17 de octubre de 2011 Krieger adjudicó a la firma Atos Origin-Base 100 la contratación del software por la suma de $63.996.574, o su equivalente en US$15.165.064,322 según la cotización de ese día del Banco Central de la República Argentina.La pelota

no dobla Las razones por las que se habría favorecido a esta empresa sobre las otras, estaban a punto de ser develadas. El protocolo propio del proceso obligaba a los responsables de las empresas adjudicatarias a firmar, con nombre y apellido, la documentación. Aunque en la mayor parte del proceso intervinieron Juan Luis Dabusti y Carlos Vitale, como representantes de Atos Origin Argentina SA. En tanto, Fermín Fernández Fernández era apoderado y portavoz de Base 100 SA (Vitale incluso representó a las dos firmas), la etapa final sorprendería sobremanera. Dicho en términos futbolísticos, fue un golazo para los beneficiados. Como director del proyecto de la UTE ganadora figuró Andrés Matías Meiszner, pero para cerrar el trato y firmar el acuerdo este actuó como representante legal de Atos Origin Argentina SA, mientras que Eloy “el Gallego” Gómez Gutiérrez lo hizo por Base 100 SA. Ninguno de ellos era desconocido en los despachos de la justicia y del poder. Ambos eran hombres de absoluta confianza de Aníbal Fernández, quien entre 2007 y 2011 (etapa del último proceso de informatización del Poder

Judicial) ocupó sucesivamente el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos y jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Andrés Matías es hijo de José Luis Meiszner, un histórico dirigente peronista y ex presidente del club Quilmes, que tan bien conoce Aníbal Fernández. Ladero del fallecido Julio Grondona en la AFA y ex secretario general de la Conmebol, estuvo detenido por haber sido uno de los argentinos involucrados en una causa de corrupción internacional que salpicaba al ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Meiszner fue, además, uno de los mentores del programa “Fútbol para Todos”, la herramienta de difusión masiva (nacional y popular) del kirchnerismo desde su creación en 2009.323 Una vez más, la política, el fútbol y los negocios se colocaban la misma camiseta en una competición donde el resto de los cuadros eran papel pintado. Andrés Matías trabajó para el Estado durante el kirchnerismo. En 2008, cuando Fernández estaba al mando de la cartera de Justicia, fue designado director del Registro Nacional de Armas (Renar). En ese cargo se mantuvo hasta diciembre de 2011, cuando tuvo que renunciar, tras quedar en el ojo de la tormenta por la adjudicación de un millonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado”, licitación anulada por las denuncias de presuntos sobreprecios. En 2010, Martín Lanatta, principal sospechoso de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez —vinculado a la venta ilegal de efedrina y la mafia de los medicamentos— confirmó ante el fiscal de la ciudad bonaerense de Mercedes, Juan Bidone, que tenía vínculos con Alejandro Giancristófaro, ex hombre de confianza del titular del Renar, Meiszner. Giancristófaro había sido desvinculado del organismo cuando el caso del Triple Crimen estalló a un palmo de su rostro. Se trataba de una pieza clave en la investigación que el kirchnerismo había negado hasta ese momento.324 En 2011, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fomentaba la candidatura de Meiszner (hijo), como intendente de Quilmes. ¿Por qué Fernández aparecería vinculado a la licitación del software del Poder Judicial? La respuesta la intuía la mayoría, pero la sabrían, de primera mano, únicamente los elegidos. Eloy Gallego Gómez Gutiérrez tampoco era un desconocido en los pasillos tribunalicios ni los círculos del poder. Desde 1994 la compañía española Transtools coleccionaba cuestionamientos y objeciones en la administración

pública. Es que ese mismo año abrió una delegación en Buenos Aires denominada Sercobe y vendió centenares de computadoras fuera de uso y con sobreprecios que quintuplicaban su valor real al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El intendente era Carlos Grosso, pero su sucesor, Jorge Domínguez, descubrió la operación tras encargar una auditoría a un grupo de peritos calificados. La segunda experiencia del Gallego Gómez Gutiérrez fue con la Corte menemista. El tribunal convocó a licitación pública325 internacional para contratar la informatización del fuero civil en 110 juzgados y 13 salas de cámara. Se adjudicó el 31 de mayo de 1995326 a la firma Sercobe. El contrato fue aprobado por el ex presidente Carlos Saúl Menem327 el 28 de diciembre de 1995, por un importe de US$7.644.006, coincidencia o no, una vez más, en el día de los Santos Inocentes. Pero… la informatización terminó en un escándalo: el juez Mario Costa realizó la denuncia penal por supuestos sobreprecios pagados por la Corte que superaban los US$6.000.000, por un equipamiento que la misma empresa cotizaba a US$926.116,20.328 Ese fue el primer intento de informatizar la justicia, pero había fracasado. Tres años después, la Corte volvió a probar, sin éxito, una vez más. El contrato fue adjudicado a Unisys Sudamericana SA, por el precio total de US$35.592.469.329 La firma ganadora subcontrató a Transtools, cuyo director no era otro que Eloy Gómez Gutiérrez pero como la contratación también tenía inconsistencias legales, Transtools se retiró y Unisys Sudamericana debió hacerse cargo del proyecto.330 Gómez Gutiérrez lograba cerrar los contratos, pero no cumplía lo pactado. La informatización judicial fracasaba una y otra vez enmarañada en un círculo vicioso. Estos antecedentes, aunque parezca surrealista, no fueron impedimento para que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en un tercer intento de informatización de la justicia, volvieran a confiar la tarea al Gallego Gómez Gutiérrez quien, en 2010, actuaba en representación de Base 100. Había corrido agua bajo el puente y no todos los jugadores estaban ya en el mismo equipo. Los cuadros habían cambiado y cada cual pateaba la pelota en la dirección que más le convenía. Algunos cambiaron de bando y eso le vino al Gallego como Messi al Barcelona. Uno de los principales detractores de la contratación de SercobeTranstools para la informatización del fuero civil, allá por 1994, había sido el secretario del Juzgado Nacional en lo Civil N° 94,331 Eduardo Parody, el mismo

que 17 años después formaba parte de la Comisión Evaluadora del Consejo de la Magistratura, en representación de la Corte. Parody firmaría el informe técnico que permitió a Base 100 —representada por Eloy Gómez Gutiérrez— alzarse con una licitación de más de US$15.000.000.Ya con dos intentos fallidos sobre sus espaldas, dieciséis años después, el Gallego había vuelto y logrado, por fin, hacerse con el software de la gestión judicial impulsado en 2010 por Lorenzetti entre la Corte y el Consejo. Otra cosa es que funcionara. La contratación que ganó la UTE Atos Origin-Base 100, representada por Meiszner y el Gallego, incluía la provisión de un Sistema de Gestión integral para todos los fueros, instancias y dependencias del Poder Judicial de la Nación.332 El objetivo que se habían planteado era facilitar las herramientas tecnológicas para el trabajo de las distintas áreas de la Justicia Nacional, como también a los profesionales del derecho y a los ciudadanos para simplificar el proceso y transparentarlo.

Papel mojado El software debía contemplar la arquitectura del sistema que permitiera implementar la mesa de entradas virtual, el expediente y la firma analógica más el “documento digital judicial” (DDJ), que dejaría constancia del proceso de trabajo. Se aspiraba a un formato electrónico informatizado en todos los tribunales del país que permitiera que los sistemas se comunicaran entre sí, sin incompatibilidades tecnológicas. Pero nada de eso se concretó por la “ineficiencia del software adquirido”.333Unos meses antes de esta licitación se llevó a cabo otra para adquirir licencias de bases de datos cuya marca comercial era Oracle. Estas resultaban indispensables para que el software funcionara. Adquirirlas condicionó la licitación del programa ya que el Poder Judicial podía optar entre menos opciones en el mercado. Con esta contratación se acotó la licitación del software a empresas con soluciones compatibles a Oracle. La base de datos que se compró tenía la misma capacidad que la utilizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero el software era otra cosa. “Para entendernos, era como tener una Ferrari solo para ir al supermercado, un despilfarro de recursos que se podía haber evitado” explicó Aguiar. Dicho esto, “el programa no respondió a las necesidades del sistema y llevó más de tres años sin superar las etapas de ajustes y corrección de errores sin soluciones para los técnicos judiciales”.

Una vez adjudicada la licitación en octubre de 2011, comenzó un cronograma de reuniones entre los funcionarios de las cámaras nacionales y los de informática para realizar un relevamiento de las necesidades de cada fuero por parte de la empresa. En los hechos, esto significó que el sistema que “vendieron” comenzó a desarrollarse después de las definiciones de los usuarios de las cámaras. Se trataba de un esquema, una propuesta a realizar. En rigor, “se vendió un programa inexistente, una promesa. Se vendió humo”, rezongaba el ex secretario letrado que había observado cada paso de la licitación. El proceso de implementación se realizó con muchas desprolijidades. Durante el período de pruebas del software y migración de datos hubo errores que no se consideraron “importantes”, pero lo eran y mucho. Cada vez que se subía una nueva versión del programa se perdían actualizaciones anteriores y en algunos casos información de años de trabajo, desliza el ex funcionario. Eran constantes retrocesos, las fallas algunas veces se solucionaban y otras quedaban en el olvido. Es más, al comienzo del proyecto los programadores de la empresa residían en España y se comunicaban con el personal del Poder Judicial vía Skype, para implementar el software que vendieron. “Los errores se escondían bajo la alfombra a conveniencia de Mehlman de la Magistratura y de Parodi, de la Corte”, proclamaron cuatro jueces indignados. El malestar sobrevolaba entre los judiciales por las “deficiencias” que presentaba el Lex100. El software de gestión judicial no contemplaba muchos de los requisitos del pliego licitatorio. No se entregaron los manuales técnicos exigidos por el pliego para entender la lógica usada en la programación y en todo el conjunto técnico que requiere la puesta en marcha de un sistema de esta envergadura. Ante la omisión de la empresa, los empleados y funcionarios judiciales del área informática debieron asumir tareas como desarrollar la consulta de las causas vía web, el sorteo de peritos y los manuales del usuario, entre otros ítems. Muchos requisitos del pliego quedaron plasmados solo en él. Nunca se cumplieron y nunca nadie exigió su cumplimiento. Pruebas de ello fueron el módulo documental que debía realizar búsquedas en texto en cualquiera de las actuaciones del expediente judicial, como el manejo de la jurisprudencia mediante esquemas clasificatorios; la administración de los detenidos a nivel nacional y un sinfín de funcionalidades que nunca se cumplieron en palabras de los jueces de todos los fueros consultados.

“Decile no al Lex 100” A nivel nacional, el software “Lex 100” comenzó a implementarse en abril de 2013 en la Cámara Federal de Tucumán y, progresivamente, en el resto del país entre Dirección General de Tecnología, que realizaba las pruebas del sistema con la intervención de quienes serían los usuarios, es decir jueces, funcionarios, empleados y los técnicos de las respectivas cámaras, cabeza de las distintas especialidades. “Los funcionarios responsables del proyecto priorizaron cumplir los plazos a expensas de la eficiencia”, recalcó Aguiar. Esta situación generó un clima de desconcierto ya que a medida que el Lex 100 se implementaba en todo el país, los errores eran de tal magnitud que los técnicos de la DGT insumían la mayor cantidad de horas de su jornada laboral en atender los reclamos telefónicos en una especie de “call center”. Nadie se animaba a hablar libremente del caos que estaba provocando el sistema por temor a represalias, comentaban por lo bajo algunos de los jueces que luego denunciarían todo ante la Corte. Los empleados judiciales e informáticos estuvieron sometidos a exigencias desmedidas. Estrés, ansiedad, aislamiento, depresión, problemas de salud e incremento de riesgos de lesiones y/o accidentes, se convirtieron en moneda corriente entre unos técnicos al borde de la desesperación de forma permanente. Merece la pena echar un vistazo a los registros y antecedentes laborales del personal para tomar conciencia de la dimensión del desastre. La tensión resultó insoportable para muchos y el aumento de ausentismos y licencias fue notable. La mayor presión la ejercía el Director General de Tecnología, Mehlman y “el Gruñón” Parody, con carta blanca para hacer, deshacer y poner el grito en el cielo mientras los informáticos sentían que vivían un verdadero infierno. Los funcionarios de las cámaras federales del interior del país, rememoraron la violencia de Parody en las videoconferencias. No permitía intercambios ni opiniones y, frente a cualquier cuestionamiento invocaba el nombre del presidente de la Corte: Ricardo Lorenzetti. Algunos memoriosos trajeron a cuenta que en una reunión en la Cámara Nacional del Trabajo, dos juezas integrantes de la Comisión Informática, Liliana Rodríguez y Ana Barilaro, “fueron maltratadas por Parody e invitadas a retirarse, ya que el representante cortesano consideró que estaban muy nerviosas”, porque

reclamaban por la ineficiencia del software. “El sistema, en lugar de agilizar el trabajo, producía demoras, lo que bajó la productividad en un 50% y el colapso fue inevitable. Lejos de haber sido una solución para jueces y trabajadores, fue un retroceso en el funcionamiento diario”, reprochaban las magistradas. A tal punto llegó el enojo entre los empleados del Poder Judicial de todo el país, que bajo el slogan Decile NO al Lex 100, pusieron en marcha reclamos con carteles en los pasillos de los tribunales. Pero para continuar con los rituales informáticos, las protestas se trasladaron a las redes sociales. Mientras en Twitter algunos expresaban sus emociones y contaban pormenores de la familia judicial, otros armaron un perfil en Facebook. Sin respuestas, era una válvula de escape. Entre los empleados la broma que corría era que “la base había sido 100”, en alusión a que US$100.000 habría sido el supuesto importe o “cometa” (soborno) percibido por cada uno de los funcionarios que adjudicaron la licitación a una empresa que vendió un software “ineficiente 100 x 100”. La gota rebasó el vaso y los referentes de los fueros más afectados se plantaron ante la Corte. Los primeros en protestar fueron los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que hicieron saber su enojo al propio Lorenzetti. Después la “bronca” se extendió a la justicia del Trabajo. Este fuero, como tantos otros, estaba desde hace años colapsado. El personal de estos juzgados y salas trabajaba en condiciones poco recomendables por la cantidad de expedientes en trámite y las nuevas causas ingresadas que no podían despachar normalmente. El descalabro se produjo porque el Lex 100 se implementó por orden de la Corte con la oposición manifiesta de la Cámara, que cuestionaba que en el diseño no se consideraron las necesidades del procedimiento laboral. Lo propio ocurrió con la Cámara Federal de la Seguridad Social, que también lo plasmó por escrito ante el máximo tribunal. Las deficiencias denunciadas por los camaristas obligaron a los ministros a ordenar “feria informática”, es decir que durante ese período los empleados no atendieron al público. Pero la situación llegó a un límite tal, que las tres cámaras suspendieron la implementación del sistema y el máximo tribunal debió intervenir para resolver los inconvenientes.334 En la justicia laboral las fallas fueron tan graves que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debió intermediar a pedido de los laboralistas. La Corte no pudo hacerse la distraída e intervino el fuero. Si bien solicitó el

nombramiento de personal, delegó la responsabilidad en la Magistratura.335 Ante el temporal que se avecinaba, la Corte Suprema, en marzo de 2016,336 asumió la responsabilidad informática de las bases de datos del Poder Judicial de la Nación. Es decir, se la quitó al Consejo de la Magistratura para preservar la integridad, infraestructura y control del data center, como se adelantó en el capítulo 1. Sobre el escándalo, el silencio fue de radio. El contrato por el software de gestión con la UTE finalizó en marzo de 2016 y “nada de lo prometido se cumplió”. La factura por la insólita y desastrosa contratación la pagaron las arcas públicas, los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. La contracara o el rostro más descarado de la impunidad se plasmó en los premios que obtuvieron los funcionarios que defendieron, como si fuera propia, la UTE inservible pero ganadora. Las cosas para los afortunados se dieron así: la esposa de Germán Krieger, administrador del presupuesto judicial por entonces, María Esther Mareque, ingresó a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura en septiembre de 2011 con el cargo de subsecretaria administrativa.337 Cavo y Falcone laderos de Tito Fernández y Nasisi, ligados a Sanz, fueron efectivizados en sus cargos el 16 de junio de 2016 por una resolución suscripta por los ministros Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. En el Consejo de la Magistratura, donde prosiguió el trámite, fue el presidente del cuerpo y amigo de Lorenzetti, Miguel Piedecasas, el que suscribió la decisión el 11 de julio del mismo año.338 Por su parte, Lorenzetti le prorrogó el contrato a Eduardo Parody como secretario letrado, con categoría presupuestaria equivalente a la de un juez de primera instancia.339 En tanto, Hernán Ordiales, aquel leal funcionario que colaboró con el andamiaje financiero que ideó Lorenzetti para impulsar licitaciones y contrataciones desde la Magistratura, logró que nombraran a tres de sus hijos en dicho organismo. Agustín Ordiales se desempeña en la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo desde 2009 en el cargo de escribiente auxiliar, Hernán (hijo) desde noviembre de 2011 trabaja en la Dirección General de Tecnología como jefe de despacho, al igual Nicolás, el último en ingresar a la misma área como escribiente, en marzo de 2016.340 Los empleados judiciales debieron hacerse cargo de los errores del sistema, no solo mientras estuvo operativo con la UTE hispano argentina, sino

también cuando, después de haber cobrado hasta el último centavo (difícil imaginar que renunciarán a algo), se retiró para que otros hicieran bien el trabajo que ellos dejaron mal. “El malestar no se podía disimular. La gente echaba humo por la cabeza, había una calentura…”, rezongan aún.

288. Entrevistas realizadas a los empleados informáticos del Poder Judicial entre los meses de septiembre y diciembre de 2016, en estricto off the record por temor a perder su fuente laboral. 289. Entrevistas realizadas para este libro a funcionarios informáticos de la DGT del Consejo de la Magistratura, entre los meses de agosto y diciembre de 2016. 290. Entrevista realizada para este libro, el 5 de septiembre de 2016, al ex secretario letrado del Consejo de la Magistratura, Athos Aguiar, quien examinó todo el proceso licitatorio del software de gestión para el Poder Judicial. En adelante, todas las menciones referidas al software de gestión pertenecen a esta fuente. 291. Desde el aspecto técnico-informático, los servidores como las bases de datos cuentan con “llaves de seguridad” o contraseñas tanto para acceder como para custodiar la información que resguardan. 292. El Portal de Abogados es una opción de la página web http://www.pjn.gov.ar dependiente de la Dirección General de Tecnología. Los abogados matriculados pueden registrarse a través de su CUIT (Código Único de Identificación Tributaria), generar un usuario a través del cual pueden subir escritos judiciales en las causas que tramitan, consultar expedientes y recibir notificaciones electrónicas. 293. Se trató del diseño de una estructura arquitectónica carcelaria donde los reclusos eran vigilados sin saberlo. El concepto, que dio cuenta de la asimetría visual entre los observados y aquel que tenía el poder de observar, fue ideado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII (sistema utilizado en fábricas, cárceles y escuelas, etc.) y analizado en 1975 por Michel Foucault en su obra >Vigilar y castigar. 294. “Cryptomicon” fue el término con el que bautizó Siva Vaidhyanathan a la vigilancia masiva, en su libro >The Googlization of Everything (and we should worry) (Universidad de California, 2011), donde describió cómo los vigilantes podían espiar sin que nadie se diese cuenta de que lo hacían, al mismo tiempo que los espiados se comportaban del modo más natural y espontáneo posible. 295. O’Donnell, Santiago, >PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina

quiso esconder. Sus secretos en WikiLeaks de la A a la Z, Sudamericana, 2014. 296. Tras la primera Conferencia Nacional de jueces llevada a cabo los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2006, a través de la Acordada N° /٦, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ) y de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial. 297. Por la Acordada CSJN N° /٧, la Corte Suprema creó la Oficina de Fortalecimiento Institucional. 298. Las comisiones de “gestión Judicial” fueron integradas por el ingeniero Carlos Tate (Seguridad Informática); el licenciado Gabriel Mehlman (Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura); el ingeniero Diego De La Serna (representante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba); la doctora Marcela Fortuny (referente del Poder Judicial Salta); el doctor Guillermo Cosentino (Poder Judicial del Chubut) y la doctora Rita Sapino de Parma (Proyecto Integral de Informatización del Poder Judicial de Santa Fe). 299. La Corte Suprema el 17 de diciembre de 2007 por Acordada N° ٣٧/٧, creó la “Comisión Nacional de Gestión Judicial” presidida por Ricardo Luis Lorenzetti y la “Comisión Nacional de Acceso a Justicia” presidida por Elena Highton de Nolasco. 300. El documento se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial de la Nación (pestaña del Consejo de la Magistratura) y en el buscador Google. 301. Por Resolución del Consejo de la Magistratura N° ٣/, del de mayo de , se destacó: “… Que resulta necesario designar para integrar la Comisión de Informática a representantes de este cuerpo que cumplan con la idoneidad específica de la materia y que puedan transmitir las inquietudes de este cuerpo en la labor de ese grupo …”, y se designaron a los representantes del Consejo de la Magistratura para integrar la misma: Carlos A. Sena; Alejandro César Falcone; Marcelo Gallo Tagle; Gabriel Mehlman y Carlos Tate. 302. Consejo de la Magistratura, 30 de noviembre de 2011: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/content-joomladefault/noticias/64- administracion-general/1914-lanzamiento-del-proyecto-derenovacion-del-software- de-gestion-judicial.

303. Resolución CM N° ٥/ del de febrero de, por la que se creó la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático. 304. Resolución CM N° ٣, ٦/ de agosto de . 305. Según art. 8° del Reglamento para la Justicia Nacional (RJN), los funcionarios judiciales no pueden ejercer el comercio. 306. Expediente del Consejo de la Magistratura. 307. Acta de la reunión del 11 de noviembre de 2010, punto 9º del orden del día, publicada en la página web del Consejo de la Magistratura. 308. Resolución AG N° ٧/. 309. Los nuevos consejeros suscribieron un proveído el 16 de diciembre de 2010 en referencia al trámite licitatorio que tramitaba en el expediente N° 1015572/09, y avanzaron en las tratativas. 310. Por Resolución de Presidencia CM N° 33/11, del 5 de mayo de 2011, firmada por Mario Fera en su carácter de presidente del Consejo, se continuó con la licitación del software pese a las inconsistencias del proceso denunciadas. 311. Resolución AG N°/. 312. A través del expediente ADD 3/2011, la empresa Equity Group pide acceso a la Información al Poder Judicial ante la reiterada negativa de suministrarla y Expediente N° ٥.٥٦/ del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. 313. El acta de la reunión de la Comisión de Administración y Financiera del 5 de mayo de 2011 (visible en la página web del Consejo), permite saber que, el punto 10º del orden del día, fue el tratamiento de este recurso con la puesta a consideración del dictamen N° 7/11 que proponía desestimarlo. El dictamen N° 7/11 tuvo origen en un proyecto del entonces Consejero Hernán Ordiales, por entonces representante del Ejecutivo Nacional, que exhibe numerosas singularidades (entre ellas, referir a “esta Administraciónn” —en primera persona—), generando sospechas en punto a quién lo redactó. 314. La Resolución de la Administración General del Consejo de la

Magistratura N° 2497/10, por la que se llamó a licitación pública para la adquisición del software. 315. Advertía el Consejero de los abogados del interior del país, Daniel Ostropolsky que el Expediente N° 10-15572/09 no contenía ningún antecedente de “Proyecto Informático”, los que se encontraban en el Expediente N° 10-13919/06. 316. La decisión se cristalizó en la Resolución Presidencia CM N° ٣٣/. 317. Resolución AG N° /. 318. Esta consulta se encuentra agregada a fs. 752 del Expediente N° ٥٥٧/-. 319. Ley de Sociedades Comerciales (19.550). 320. Las empresas competidoras eran La Ley SAE e I; La Ley SAE e I-West Services Inc. UTE y Sistemas Jurídicos SRL-Octomind SA UTE (Lex Doctor). 321. La comisión evaluadora otorgó 91 puntos a la Oferta 5 de Atos Origine Argentina SA-Base 100 SA UTE, lo que la convirtió en la empresa ganadora de la precalificación respecto de la Oferta N° “Unitech SA -Indra Si SA UTE” la que obtuvo ٦, puntos. Sobre puntos medibles la diferencia entre ambas ofertas resultó de , puntos y se verificó en tres rubros: garantía y soporte general; proyecto y funcionalidad. 322. Por Resolución AG N° / del Consejo de la Magistratura se adjudicó la licitación del software a la Unión Transitoria de Empresas, Atos Origin Argentina SA- Base SA. 323. Clarín, 19 de septiembre de 2014: http://www.clarin.com/politica/Anibal_Fernandez-senado-Andres_MeisznerQuilmes_0_1214878965.html. 324. Clarín, Daniel Santoro, 17 de enero de 2010: http://edant.clarin.com/diario/2010/01/17/elpais/p-02121528.htm. Martín Lanatta es el principal sospechoso de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, del que fueron víctimas Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculados, según el fiscal Bidone, a la venta ilegal de efedrina, a mesas de

dinero y a una deuda por la mafia de los medicamentos. La Nación, Sola Amaya, 30 de diciembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1858048-triple-crimencronologia-del-caso-que-derivo- en-la-escandalosa-fuga. El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón asistieron a una reunión en el hipermercado Walmart de la localidad bonaerense de Sarandí y no volvieron a ser vistos con vida. El 13 de agosto del mismo año los cuerpos de estos tres hombres fueron hallados en un zanjón, a unos 650 metros de la ruta 24, en General Rodríguez. 325. En el marco del Tratado de Cooperación y Amistad HispanoArgentino, la Corte Suprema llamó a licitación, el 16 de junio de 1994, a través de la Resolución CSJN N ° ٦٥, por la que se llamó a licitación pública internacional para contratar la informatización del fuero civil ( juzgados y ٣ salas de cámaras), registrada bajo la nomenclatura /. 326. Resolución CSJN N° ٥٧٣/٥. 327. Decreto N° ٦/٥ suscripto por el ex presidente Carlos Saúl Menem. 328. La causa penal por supuestos sobreprecios tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° a cargo, por entonces, de Jorge Paty Ballestero. Una pericia realizada por la División Computación de la Policía Federal Argentina y documentación secuestrada en la sede de la empresa confirmo los “excesivos” costos que superaban los precios del mercado. 329. La Corte convoca la Licitación Pública N° 1/1997 a través de la Resolución CSJN N° 3396/1997, pagaderos en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de US$ 988.679,69 cada una. 330. La relación entre Unysis y el Poder Judicial terminó con denuncias penales, multas y reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. 331. Eduardo Parody era el secretario letrado del Juzgado Nacional en lo Civil N° , a cargo de la jueza Cecilia Yolanda Federico. 332. El acuerdo incluyó las licencias de uso, la documentación técnica y elaboración de manuales de usuario; servicio de adecuación e implementación, servicio de transferencia tecnológica; soporte y mantenimiento; migración o transferencia de datos; servicio de capacitación, garantía y seguridad informática.

Para luego poner en marcha el expediente judicial, la mesa de entradas virtual, correo electrónico seguro, la firma digital electrónica a través de la constitución del Poder Judicial como “autoridad de certificación”. 333. Ídem nota 289. 334. La Corte interviene ante las falencias del software en el fuero de la Seguridad Social a través de la Resolución CSJN N° ٧/ del de octubre de . 335. La Corte intervino el fuero laboral en función de la Acordada CSJN N° /٦ de junio de ٦. 336. La Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió la responsabilidad de la base de datos del Poder Judicial como la Seguridad Informática que, desde la fecha de su emisión, el 2 de marzo de 2016, dejó de ser facultad del Consejo de la Magistratura y pasó a depender de la Dirección de Sistema, dependiente de la Secretaría General de Administración a cargo del contador Héctor Daniel Marchi. La Acordada N° 6/16 fue suscripta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. 337. Mariana Esther Mareque ingresó a la Dirección General de Administración Financiera el 1 de noviembre de 2011 con el cargo de subsecretario administrativo, según legajo N° 22.673 del Consejo de la Magistratura. 338. Por Resolución CSJN N° ٥/٦ del ٦ de junio y Resolución CM del de julio, fueron efectivizados en sus cargos Juan Carlos Cavo, Alejandro César Falcone y Jorge Alberto Nasisi. 339. Por las resoluciones CSJN N° ٣٧٣; /٣٥/y ٥/٦ fue contratado Eduardo Parody. 340. La información surge de los legajos del Consejo de la Magistratura. Hernán Ordiales(h) legajo N° 23.713, Nicolás Ordiales legajo laboral N° 19.139 y Agustín Ordiales, Legajo N° 71.692. Capítulo 7

Ley de Medios, en medio de la leyLa batalla por la Ley de Medios, la gran guerra de Lorenzetti. La libertad de expresión como botín de guerra. Correlación de fuerzas Gobierno, Corte y Clarín. Promesas falsas y verídicas. El

doble juego. ¿Un voto por la caja? La inaplicabilidad de la norma. Al límite de la legalidad. Equilibrium. Rebelión en las ondas. Vencedores y vencidos. ¿Traiciones o acuerdos? ¿Quién ganó? Ricardo Lorenzetti intentó lo imposible: mantener la templanza entre sus colegas durante el 2003. La crispación entre los ministros de la Corte no podía disimularse. Estaban pasando demasiadas cosas y con consecuencias previsiblemente graves. Ese tiempo, el que insumió la resolución final de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios —que enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el Grupo Clarín— fue el de mayor tensión para una Corte donde sus miembros comenzaron a mirar a su presidente con desconfianza. La tensión surgió luego de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en marzo de 2009. El argumento que puso sobre la mesa fue que con la sanción de la Ley de Medios341 —el 10 de octubre de ese año—, se desterraba un legado de la dictadura militar (como si fuera el único). “Hemos visto que en determinados medios de comunicación solamente se escuchaban las voces contrarias a la ley, y es por eso que este instrumento va a servir precisamente para que todas las voces —las que nos gusta escuchar y las que no nos gustan también— tengan la posibilidad de expresarse libremente”, proclamó la ex presidenta.342 La nueva norma obligaba, al menos en teoría, a todos los multimedios — Grupo Indalo de Cristóbal López, Telefónica y Canal 9, Telecentro, Grupo VilaManzano, Moneta y Szpolski-Garfunkel— a cumplir al pie de la letra sus disposiciones. Pero el gobierno, con los artículos 161 (adecuación), 41 (transferencia de licencias), 45 (multiplicidad de licencias a nivel nacional, local y señales) y 48, (prácticas de concentración indebida) parecía haberla diseñado y apuntar, directamente, a la línea de flotación del Grupo Clarín.343 Beatriz Sarlo lo diría de otro modo, “es una ley que tiene nombre y apellido: Clarín-Magnetto”. Para el gobierno estaba en juego su capacidad de permanencia —o fecha de caducidad— en el poder. Para Clarín, su supervivencia. El objetivo confesable de Cristina, bajo el lema “democratización de la palabra”, era, además del discurso oficial, poner coto a la influencia del medio como generador de opinión pública. Lo inconfesable sería liquidar al multimedios con el que su marido y ella

misma habían sido uña y carne hasta que estalló la crisis del campo con la que, prácticamente, inauguró su gobierno. Clarín apostó por el sector agropecuario y ninguno de los Kirchner lo olvidaría. Los opositores veían en la ley la intención clara de atomizar el grupo, hacerlo saltar por los aires y convertirlo en esquirlas de la bomba mediática que conformaba. Dentro del oficialismo, en petit comité, se reconocía sin tapujos. La reacción de Clarín no se hizo esperar. A los dos días impugnó la validez de la norma y solicitó medidas cautelares para impedir que el gobierno avanzara. Buscaba protegerse hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo. Es decir, si la ley se adecuaba a los parámetros constitucionales o no. El multimedios puso en primera línea de fuego a su imponente equipo de abogados que impulsó una causa madre en Buenos Aires y otras en el interior del país. La empresa no objetaba la totalidad de la ley que estaba dispuesta a cumplir, cuestionaba los artículos que consideraba inconstitucionales y significaban su virtual descuartizamiento: la restricción a la acumulación de licencias de aire y de cable, el desconocimiento al derecho de propiedad —derechos adquiridos— y la obligación de desprenderse de licencias, antes del vencimiento del plazo original con el que habían sido otorgadas. Ironías de la historia, muchas de estas habían sido concedidas por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005 por diez años más, pero el efecto retroactivo para la ley era inamovible.

Día D, 7D Clarín tenía un problemón, pero Lorenzetti también. El presidente de la Corte debía andar con pies de plomo, ser prudente ante el gobierno que lo designó y le cedió el control de los cuantiosos fondos del Poder Judicial en 2008 (ver capítulo 4). Al mismo tiempo, como titular de la máxima instancia judicial, tenía que buscar el consenso entre sus colegas para resolver el conflicto con diplomacia. Tenía dos frentes: el político, entre el gobierno y Clarín; y el interno, donde tenía que conseguir, como mínimo, cuatro de los siete votos para obtener la mayoría que decidiría si la ley era válida o no. Hasta entonces, las medidas cautelares —ordenadas por las diferentes instancias judiciales— eximían a Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión. Esta situación no solo extendió el pleito, sino que lo limitó al plano procesal durante cuatro años y, en consecuencia, el gobierno no le pudo aplicar la norma. En ese contexto, los ministros de la Corte decidieron

poner un límite a la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios y retirarle el balón de oxígeno con el que el grupo había podido respirar, si no tranquilo, con garantías de vida. El 27 de noviembre de 2012 resolvieron, por unanimidad, fijar como tope el 7 de diciembre de ese año (pasaría a la historia como “El 7D”). La cautelar no podía extenderse por más tiempo. En simultáneo, la causa seguía su accidentado curso. El juzgado de primera instancia que tenía el expediente quedaba acéfalo tras la jubilación de Edmundo Carbone, el primero en objetar la ley y otorgar la medida cautelar a Clarín en 2009. Como era previsible, se desató una disputa en torno a quién lo reemplazaría. La Cámara Nacional Civil y Comercial sorteó, entre jueces jubilados, la vacante. Raúl Tettamanti fue el elegido. Sin embargo, renunció ante los cuestionamientos del gobierno. Los camaristas optaron por designar a Horacio Alfonso —titular del Juzgado No. 2 — para que cubriera la vacancia del 1 —hasta tanto se resolviera el concurso de jueces en trámite— y asumiera la causa Clarín, el 18 de octubre de 2012.344 Este magistrado nunca había sido recusado por el gobierno y mantenía muy buena relación con la ministra Highton de Nolasco, con la que había compartido años de docencia en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Clarín tampoco lo recusó, pero desde el comienzo apreció indicios de que Alfonso favorecería la posición del gobierno. El primero, cuando resolvió incorporar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) como querellante o damnificado en la causa. Esto le permitió al organismo intervenir como presunta parte afectada, acceder a información sensible, impulsar y dar continuo movimiento al expediente. Hasta acá la Corte había intervenido solo para resolver las prórrogas de las medidas cautelares. Aún no había una resolución sobre el fondo del asunto que habilitara las etapas de apelación hasta llegar al máximo tribunal. Tenían tiempo. Con la designación del nuevo juez el gobierno pretendía dinamizar el proceso. Por si hubiera dudas de la urgencia que tenía, el ex titular de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini, se encargó de despejarlas. Llamó a Lorenzetti y a Highton de Nolasco: Tenían que agilizar la causa.345 Los ministros, cumplidores, se reunieron con Alfonso en el cuarto piso del Palacio de Justicia y le transmitieron el mensaje.346 Además, le ofrecieron logística,

personal y material de trabajo para que los tiempos se aceleraran. El Congreso fue el otro campo de batalla que el gobierno intentó —en este caso con éxito— conquistar. El 14 de noviembre de 2012, por impulso del oficialismo, la Cámara Baja sancionó el mecanismo procesal del per saltum o salto de instancia. Esto fue un logro para el kirchnerismo, ya que le permitiría elevar cualquier causa directamente a la Corte bajo el fundamento de “gravedad institucional”. En tanto, el 29 de noviembre de 2012, a pocos días de cumplirse la fecha límite del “7D”, Clarín pidió una nueva extensión de la medida cautelar, pero la Corte la rechazó. Los ministros se negaron a que una medida transitoria y circunstancial se convirtiera en sentencia anticipada y derivara en, según su expresión, “denegación de justicia”. La agonía de la Ley de Medios parecía eterna. La Corte le metió prisa al juez Alfonso y lo instó a dictar el fallo definitivo sobre la cuestión de fondo. Es decir, la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Sin embargo, una sorpresa los tomaría con la guardia baja. Un día antes del 7D los camaristas del fuero civil y comercial, Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, extendieron otra medida cautelar a favor de Clarín y mantuvieron suspendido el artículo 161 (adecuación) de la Ley de Medios “hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa”.347 El gobierno estaba empezando a agotar su paciencia o, dicho de otro modo, Cristina estaba con los tapones de punta. La presión sobre Lorenzetti era cada vez mayor, como recuerdan los secretarios letrados de las diferentes vocalías supremas. El Ejecutivo estaba decidido a que la causa llegara a la Corte cuanto antes. El 10 de diciembre de 2012, le pidió al máximo tribunal el per saltum pero fue rechazado por “improcedente”. El error procesal era de estudiante, no habían tramitado la petición, como corresponde, ante el juez de primera instancia. En el ínterin, los dos jueces que mejor se entienden entre ellos, Lorenzetti y Highton de Nolasco, mantendrían contactos con el juez Alfonso —a través de sus asesores—, para detallar los fundamentos de la resolución que marcaría un quiebre en la batalla entre el gobierno y Clarín.348 Había un tercer frente que hasta el momento Lorenzetti no había considerado: el interés que el tema había generado en la opinión pública y en los medios de comunicación. Le irritaba estar en el centro de una polémica de la que,

sospechaba, no iba a salir bien parado. Se reunió con periodistas destacados y directivos de diferentes medios. Buscaba mantener buen diálogo con la prensa e informarla, de acuerdo a sus cálculos. Para ello, se valió también de la página web del Poder Judicial (CIJ). La disputa por la libertad de expresión convirtió a esos actores en interesados en la contienda. La trascendencia del tema cruzó fronteras. La prensa internacional se hacía eco del enfrentamiento entre Clarín y el gobierno. La libertad de prensa —y la propiedad privada— parecían estar en riesgo por el presunto atropello del kirchnerismo. Así lo entendieron organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que cuestionó a la Argentina por su “feroz ofensiva” para silenciar al periodismo.349 Los esfuerzos de Lorenzetti por mantener su imagen a salvo en esa guerra sin cuartel, de golpes bajos y ganchos directos al hígado, no le funcionaron como esperaba. La nota de tapa de la revista Veintitrés, del 13 de diciembre de 2012, tituló “Lorenzetti. Manipulación, Noticias y Censura”. El mensaje se entendió de inmediato, el gobierno apretaba al magistrado a través de uno de sus múltiples medios afines. La respuesta de Lorenzetti fue, posiblemente, la peor que podía tener: la censura a periodistas no solo de ese grupo mediático —sino de otros— entre ellos, a la autora de este libro.350 Pocos días después, a finales de diciembre, Lorenzetti y la ex presidenta mantuvieron una reunión en la quinta de Olivos. El ministro —según se encargó su círculo íntimo de filtrar— le aclaró que estaba en contra de “torcer” la letra constitucional. La presión de la mandataria llegó, según las mismas fuentes, a límites insospechados. Lorenzetti, en cierto modo, sabía que estaba en deuda con ella y, además, conocía los efectos de su ira. El hombre trataba de mantener la compostura mientras su interlocutora, la jefa del Estado, ajustaba cuentas y lo ponía entre la espada de sus deseos y la pared de la justicia. La reunión fue negada por el supremo juez, pero la mentira tiene patas cortas. La Corte terminó admitiéndola a través de un comunicado. El kirchnerismo estaba furioso. La supuesta lealtad de Lorenzetti había empezado a estar en tela de juicio a partir del 2012. “Empezó a jugarnos en contra. No siempre sino con fallos esporádicos en asuntos sensibles. Actuaba en cuentagotas”, reconoce una fuente que se mantiene incondicional al proyecto “nacional y popular” que proclamaba Cristina. La progresiva debilidad del Gobierno fue proporcional a los actos de rebeldía —judicial— del calculador presidente de la Corte Suprema. El oficialismo tomó la decisión final: apuntó contra Lorenzetti con todas sus armas. La batalla era a todo o nada.

Fue la investigación encubierta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra Ricardo Lorenzetti la que hizo sonar, a todo volumen, las alarmas. La Corte emitió un comunicado, el 27 de junio de 2013, donde los ministros informaron “haberse reunido para analizar la situación expuesta por su presidente”. Asimismo, agregaron que “se encomendó, a funcionarios del tribunal, que se reunieran con representantes del ente recaudador para aclarar la situación”.351 El 1 de julio de 2013, en una conferencia de prensa prevista para difundir el resultado de la recaudación fiscal de junio, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, arremetió contra el máximo tribunal: “La Corte no está dando garantías ni de calidad institucional ni de división de poderes”. Luego, confirmó que se investigaba a Héctor Marchi, mano derecha de Lorenzetti. “Su situación es compleja”, dijo el funcionario. “Nunca vi que una institución de la República se ocupe de la función de sus particulares. Hay un comunicado de la Corte, es algo inaudito”,352 señaló Echegaray. Lorenzetti no se quedó parado. Corredor de fondo, con reflejos, hizo correr la voz a través de dos medios digitales para que Argentina supiera que Echegaray lo estaba acosando.353 Voceros de la AFIP salieron a justificar las apariencias. Aclararon que se le había enviado una intimación, como a cualquier otro contribuyente, para que informara sobre el personal doméstico a su cargo. Pero el asunto tenía una dimensión mucho mayor. Lorenzetti tuvo conocimiento de que había una investigación impositiva contra él, sus hijos y Marchi. Tocado en lo personal, llegó a analizar la posibilidad de denunciar a Echegaray, según comunicó a sus colegas en el próximo acuerdo. Mientras los cañones del gobierno apuntaban, ahora, en dirección a la Corte, el caso Clarín seguía su rumbo incierto sobre un campo minado. La resolución del juez Alfonso ya había sido apelada por el multimedios ante la Cámara. El ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina y el ex titular del Afsca, Martín Sabbatella, con el argumento de la urgencia que tenía el caso, solicitaron el 2 de enero de 2013, en pleno receso de verano, la habilitación de la feria judicial. Dos días después del pedido, y al cabo de una extensa jornada de debate, los camaristas accedieron ante el temor de que el gobierno intentara alguna estrategia para apartarlos de la causa. Lorenzetti se adelantó y conversó con los camaristas para “tantear el terreno”.354 Quería saber por dónde iban los

tiros de su voto, pero los magistrados permanecieron mudos. A dos bandas La desconfianza y el rencor del gobierno con Lorenzetti iban in crescendo. En el marco del proyecto de las seis leyes que denominaron “Democratización de la Justicia”, había un diseño normativo que sería un arma letal contra el magistrado y que, naturalmente, estaban dispuestos a utilizar. Apuntaba a arrebatarle uno de los bienes más preciados: la administración de los fondos de la Corte. Una de las seis iniciativas estipulaba que el Consejo de la Magistratura recuperase la gestión del presupuesto judicial, como lo establece la Constitución. Con esta decisión, el oficialismo pretendía derribar la estructura financiera que Lorenzetti organizó entre Corte y Magistratura para disponer de los fondos sin ningún tipo de control, como lo denunció la legisladora Oliveto Lago. En este escenario algo quizás peor podía suceder. Se pretendía que los representantes del estamento judicial, abogados y académicos del Consejo de la Magistratura, fuesen elegidos por el voto popular. De paso, se modificaría la integración del Consejo que pasaría de 13 a 19 miembros. Para la oposición, los cambios eran una amenaza directa a la Judicatura y en especial a la Corte Suprema, que debía resolver la Ley de Medios. “El estado de derecho estaba en riesgo si aquel engendro salía adelante. Era inadmisible que los jueces participaran de las boletas sábanas de los partidos políticos”, recuerdan hoy. El 8 de abril de 2013, la ex presidenta presentó la mencionada reforma judicial. Eran varias las iniciativas. Una de ellas limitaba las medidas cautelares —que también favorecían al gobierno en otros casos— a solo seis meses de duración por haber servido para frenar la aplicación de la Ley de Medios. Otra se refería al ingreso de consejeros jueces —por el voto popular— a la Magistratura. Pero había más: habilitar la modalidad de sorteo, mediante la Lotería Nacional, para la entrada de empleados al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal a través de un examen meritocrático. La publicidad y el acceso directo a las declaraciones juradas de carácter público a través de internet; la publicación de resoluciones judiciales y la creación de nuevas Cámaras de Casación en los fueros civil, comercial, laboral y de seguridad social, fueron las otras modificaciones. Con esta serie se cerraba el paquete completo.355

Las críticas más severas recayeron sobre la limitación a las medidas cautelares y la posible modificación del Consejo de la Magistratura. En la primera se cuestionaban la violación de derechos y garantías de ciudadanos frente al poder del Estado. En la segunda, parte de la oposición y especialistas advirtieron la supuesta “vulneración a la independencia judicial, eje de una democracia sólida”. Aunque el proyecto también recogió halagos. El entonces ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, desconcertó a sus pares al inclinarse a favor del debate o paquete de medidas con el argumento del “acceso igualitario a la justicia de la gente carenciada”. En relación a la Magistratura, disparó: “es un órgano de administración que maneja un presupuesto muy grande y nunca llegó a tener espíritu de cuerpo. No es algo que se pueda manejar tomando el té dos veces por semana”.356 La dinámica que había tomado la guerra abierta —desatada a raíz del caso Clarín — hizo que los tres poderes del Estado tuvieran jornadas intensivas. En el Congreso se trataban las leyes impulsadas por el Ejecutivo, mientras en la Cámara Civil y Comercial Federal, segunda instancia judicial, previa a la Corte, se dirimía la Ley de Medios. La cuestión se enredaba cada vez más. Ante las reformas impulsadas desde el gobierno, los jueces de todas las instancias estaban preocupados, tanto por la posible afectación a la estabilidad de sus cargos como a la independencia del Poder Judicial y se lo habían manifestado a Lorenzetti. Les inquietaba que el kirchnerismo, con una mayoría simple en el Consejo, pudiera decidir sobre el destino de cualquier juez. De ahí que los presidentes de las veinticinco cámaras federales, todos de acuerdo, se reunieran con Lorenzetti el lunes 15 de abril y le solicitaran que interviniera ante el gobierno. En ese encuentro le entregaron una carta firmada por ellos en la que se plasmaban dos temas: el malestar de los jueces y el aval para que la Corte mantuviera el manejo presupuestario del Poder Judicial. Gustavo Hornos, en su doble rol de presidente de la Cámara de Casación y de la Junta de Cámaras, debía actuar como nexo entre sus pares y Lorenzetti para mantenerlos al tanto de la suerte que correría la misiva. Sin embargo, ante el silencio que mantuvo Hornos, fue Héctor Guisado, presidente de la Cámara Laboral, quien advirtió “algunas maniobras sospechosas” como lo expresó a sus pares. Había intentado comunicarse con Hornos, pero este no le respondía. Lo más sorprendente estaba por llegar. Guisado se enteró por los diarios de

que la Corte, representada por Lorenzetti y Highton, había enviado al Congreso la nota que los camaristas le habían entregado a Lorenzetti. De manera inmediata envió un mail a sus colegas tras advertir que la nota original había sido modificada en su contenido. Presumiblemente, Lorenzetti y Hornos lo habían hecho sin consultar ni informar al resto de los jueces. La nota publicada en el CIJ contaba con la única firma de Hornos y omitía, deliberadamente, la preocupación colectiva. Del texto se había suprimido el párrafo sobre el sistema de elección y remoción de jueces y se dejó el referido al respaldo por el manejo presupuestario.357 Los presidentes de las cámaras federales y nacionales de todo el país quedaron pasmados ante la “maniobra”. Habría sido el propio Lorenzetti quien le solicitó a Hornos que modificara el texto original de la carta, según confesión de este, ante el malestar y la interpelación de sus pares que montaron en cólera. Los magistrados no sospechaban lo que se avecinaba. Antes del debate de las seis leyes en el Congreso, los cambios introducidos en los dictámenes de comisión de la reforma judicial quedaron definidos a partir de un nuevo diálogo entre Lorenzetti y Cristina Fernández. El ministro tampoco quiso confirmar esos contactos, pero en esa charla consiguió que fuera el máximo tribunal, y no el Consejo de la Magistratura, tal como lo estipulaba el proyecto original, el que conservara la gestión del poder judicial y tuviera la disponibilidad de los fondos. Es decir, de nuevo el poder de “la caja”. El escándalo alcanzó una dimensión tal que los ministros de la Corte Suprema debieron emitir un comunicado el 24 de abril de 2013 en el que respaldaron la negociación que Lorenzetti mantuvo con el gobierno para conservar el monopolio de la administración de todo el Poder Judicial.358 Las seis leyes fueron debatidas y aprobadas el 25 de abril, luego de una acalorada sesión, en la que la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció un “pacto” entre CFK y Lorenzetti por el manejo de la “caja del Poder Judicial”. Se basó en las dos versiones de la carta que los camaristas le habían enviado al presidente de la Corte. Al día siguiente denunció este “acuerdo” ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral donde pidió que “se investiguen los posibles delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, extorsión y amenazas”.359 Si eso no era una traición de Lorenzetti a los suyos, se le parecía mucho.

La diputada nacional kirchnerista Diana Conti ofrece una versión diametralmente opuesta: “No hubo pacto alguno entre Lorenzetti y Zannini. Con las leyes de democratización de la Justicia, nosotros intentamos hacer respetar el artículo 114 de la Constitución y devolverle al Consejo de la Magistratura las facultades presupuestarias del Poder Judicial, pero la presión de Lorenzetti, en representación del resto de los ministros fue directa”, acotó. “Ricardo Lorenzetti presionó institucionalmente y el Congreso no pudo sostener la ley. Debimos dar marcha atrás para que esas facultades continuaran bajo la órbita de la Corte”, explicó. “Deberíamos preguntarnos si eso está bien. No, no está bien porque la Constitución dice otra cosa, pero la presión directa de Lorenzetti lo impidió”, ratificó. Dicho esto, le echó una mano al supremo juez al considerar que “no son presiones indebidas sino tensiones propias de los poderes del Estado (…) La ley de autarquía financiera es previa a la reforma constitucional de 1994 —continúa — y debería ser modificada para adecuarse, pero el Congreso nunca logró modificarla. Además, los jueces son indisciplinables, es el poder menos democrático y el más aristocrático”, concluyó la diputada nacional. Un “K” del riñón de Cristina que prefiere preservar su nombre ofrece una versión más jugosa para explicar el triunfo del titular de la Corte. Como Néstor Kirchner, “Lorenzetti —recuerda— conservaba una libreta de almacenero donde tenía anotados todos los gastos del gobierno. Los que se podían contar y los inconfesables. Cuando se sentía amenazado en serio o veía peligrar el control de la caja de la Justicia, nos recordaba que sabía demasiado. La extorsión siempre le funcionó. Aníbal (Fernández) y Zannini (Carlos) saben bien lo que te cuento”. La justicia impondría su ley en tres de los proyectos de “democratización judicial”. El que implicaba la selección de consejeros, jueces, abogados y el académico a través del voto popular fue declarado “inconstitucional” por la Corte. La causa la había impulsado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a través de su presidente, Jorge Rizzo. Con este fallo el alto tribunal defendió la independencia del Poder Judicial, aunque el foco de tensión estaba centrado en “la caja”, como lo advirtió Carrió. Los intereses en pugna en la pulseada Gobierno versus Clarín se iban develando en diferentes actores, formas y ámbitos. Los insistentes llamados de Lorenzetti para sondear a los camaristas no lograron evitar que Clarín obtuviera un triunfo en la segunda instancia judicial.360 Los jueces Ricardo Guarinoni, Susana Najurieta y Francisco de las Carreras defendieron “el derecho a la libertad de expresión e información en su doble faceta: no solamente como

derecho inalienable de toda persona, sino como derecho indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Resolvieron que varios de los puntos centrales del artículo 45 de la ley eran inconstitucionales, como también parte del 48, aunque rechazaron el mismo planteo para los artículos 41 y 161. “Si la Corte nos da la razón, tendrán que reformar la Ley de Medios”, pronosticó Guarinoni.361 “Cristina puso el grito en el cielo cuando se enteró de la resolución”, recordaron funcionarios. Veía en riesgo la continuidad de su proyecto. Estaba claro que el gobierno apelaría la medida ante la Corte. La hora de la verdad estaba cerca y el máximo tribunal, por primera vez, tenía que pronunciarse y zanjar de una vez por todas el asunto. La balanza de la justicia debía inclinarse a un lado u otro. Clarín, por su parte, apeló los artículos 41 y 161, que no habían sido anulados por los camaristas. Y la causa arribó a la Corte. Era el escenario anhelado por el Gobierno. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya se había inclinado a favor de la norma. Los ministros de la Corte se volcaron de lleno a analizar el texto de la ley. Consideraron de interés público la cuestión y el 14 de agosto de 2013 convocaron a una audiencia pública. Se celebró los días 28 y 29 del mismo mes. Las partes expusieron sus argumentos como también lo hicieron “Amigos del Tribunal” a favor del gobierno y de Clarín. En el primer día de audiencias, el saludo frío entre Martín Sabbatella, titular de la Afsca, y Damián Cassino, abogado de Clarín, haría historia. Nunca se había visto tanta cantidad de periodistas nacionales e internacionales para cubrir un asunto del fuero civil. La voz cantante del Estado la tuvo la abogada Graciana Peñafort, quien de manera “vehemente e impecable”, según algunos juristas, defendió los argumentos oficiales. Estuvo acompañada por letrados y funcionarios de la Afsca y amigos del tribunal que expusieron. Entre ellos, Horacio Verbitsky, el oído al que recurría la presidenta en busca de consejo y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También estuvo presente uno de los autores de la norma, Damián Loreti. Clarín, por su parte, se presentó con un escuadrón de abogados: María Angélica Gelli, Alejandro Carrió, Damián Cassino y Alberto Garay.

En un gesto difícil de no interpretar como de favoritismo, únicamente los representantes del gobierno tuvieron acceso, con anterioridad, a las preguntas que harían los jueces de la Corte y que, en principio, eran secretas para las partes.362 A los abogados que representaban los intereses del Estado, los jueces de la Corte les permitieron también presentar filminas. Clarín, al percatarse de la maniobra, solicitó que se suspendiera la audiencia por “parcialidad o subjetividad manifiesta” pero Lorenzetti hizo oídos sordos. En la misma línea de movimientos inesperados o de agracio comparativo, se invirtió el orden de presentaciones establecido de antemano. Lo hizo en primer lugar el Grupo Clarín y en último el gobierno, cuando debió ser a la inversa. “A mitad del juego se cambiaron las reglas”, protestaron en el multimedios. Fue un trato discriminatorio y parcial.363 Durante el segundo día de la audiencia pública las partes no ahorraron municiones. La defensa de Clarín denunció “hostigamiento” por el gobierno, que en esa etapa “aplicaba un cepo publicitario privado y la quita de la publicidad oficial”, para “desguazar” la empresa y “silenciar la voz crítica”. Los letrados alertaron que, de perder el caso, desaparecería “la línea crítica” que representa el Grupo Clarín, que este era “el único medio” en condiciones de “hacer periodismo de investigación”. En definitiva, en condiciones de fiscalizar al poder. La réplica fue instantánea. “Si uno quiere tener una empresa para sacar y poner presidentes hay que hacer un partido, y presentarse a elecciones”, dijo Sabbatella. Voto a voto Mientras todo esto sucedía, pero ya con los fondos del Poder Judicial a salvo, el presidente de la Corte trabajaba intensamente para lograr los cuatro votos que necesitaba para que Cristina se quedara tranquila. Tenía que dar satisfacción al gobierno, recordaron, sin medias tintas, dos de los jueces supremos.364 Durante el proceso judicial Lorenzetti hizo lo que Tomás Eloy Martínez le atribuía a Juan Domingo Perón durante su exilio en Madrid: decirle a cada visita lo que quería escuchar. A Clarín le garantizaba el resultado anhelado a través de dos altos directivos con los que se reunió, Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, gerente de Relaciones Institucionales y sobrino del CEO de Clarín, Héctor Magnetto. En paralelo, hacía lo propio con los miembros del Gobierno. Sobre todo con Carlos Zannini, secretario de legal y técnico.365 “La presidenta estaba al corriente del doble discurso, de sus vacilaciones y

de sus pequeñas traiciones”, confía una de las espadas más filosas del firmamento “K”. Para evitar más sorpresas, “lo llamó por teléfono y le dijo con tono irónico y estirando el final de su nombre: ‘Ricardoooooo, me dijeron que estás indeciso por la ley. Me imagino que son solo rumores’. La conversación se prolongó por los cauces y en los términos planteados por Cristina, la única persona a la que Lorenzetti tenía terror”, zanja la misma fuente. La ley del silencio De puertas adentro del Palacio de Justicia el presidente de la Corte Suprema actuó de una forma sin precedente. “Sobrepasó los límites”, recalcaron tres secretarios letrados indignados. Por primera vez en la historia de la máxima instancia judicial su titular había impuesto —al menos de palabra— la “mordaza” a sus pares. “Se dirigió a ellos como si estuvieran a su servicio. Como lo haría un gerente con sus empleados”, protestó un hombre del círculo, si no rojo, colorado de la Corte. Les comunicó a los ministros que sería él quien concentraría las discusiones y desarrollaría la circulación de los fundamentos, les prohibió que intercambiaran impresiones sobre sus votos o consultaran las respectivas opiniones a través de sus secretarios, como era costumbre. Pese al imperativo, los ministros Carmen Argibay, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda hicieron caso omiso. “Había ido muy lejos”, sentenciaron dos de los magistrados. La tensión aumentaba. Desde agosto y hasta la primera semana de octubre, Zannini se reunió con diversos miembros de la Corte Suprema. El 4 de octubre, la ministra Highton de Nolasco recibió un llamado de la presidenta a Ushuaia, donde dictaba una charla en la Escuela Judicial de Tierra del Fuego. El gobierno les había pedido a Lorenzetti y Highton de Nolasco, en su calidad de presidente —encargado de buscar consenso— y de vicepresidenta en relación a la jueza, que el fallo del máximo tribunal saliera antes de las elecciones legislativas del domingo 27 de octubre. Y, naturalmente, que la balanza judicial se inclinara a favor de la constitucionalidad de todos los artículos impugnados por Clarín. Eugenio Zaffaroni, desconocido para sus antiguos colegas, se había convertido en el interlocutor del gobierno en la Corte. El magistrado al que Fayt solía advertir, en tono jocoso pero de reproche, lo mucho que viajaba —por sus ausencias de la Corte— se ocupaba de sondear y vigilar cómo se manejaba Lorenzetti, a quien, como todo el oficialismo, miraba, con causa justificada, con recelo.

Los artículos de la discordia se debatían a punta de lanza. El primero consistía en la obligación de desprenderse de las licencias que superasen el cupo establecido sin tener siquiera en cuenta la fecha de vencimiento (artículo 161). En segundo término, que no se contemplaran los derechos adquiridos que invocaba el multimedios y se avalara el tope de licencias determinadas (artículos 45 y 48). Para ser claros, los puntos que afectaban al holding.366 Pese a las tratativas, Zannini y la ex presidenta estaban intranquilos. Sabían que Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt se inclinarían por la inconstitucionalidad de la norma, este último en su totalidad. Mientras que los otros dos lo harían de manera parcial para “no vulnerar derechos adquiridos” y apostarían a esperar el vencimiento de las licencias. Lorenzetti le había asegurado a la presidenta que fallaría a su favor. La diferencia entre ganar o perder era solo un voto. En paralelo prometía lo mismo a Clarín y acordaba con Maqueda que compartirían la misma postura. A tal punto que, pese a la ley del silencio dispuesta por él mismo entre los magistrados, lo estudiaron y analizaron juntos. Era un hecho que ambos votarían por la inconstitucionalidad parcial de la norma mientras al resto de sus colegas les decía “que no tenía opinión formada”.367 Maqueda jugaba a dos puntas, a sus colegas les decía que no hablaba con Lorenzetti, pero ocurría todo lo contrario. Lo que desconocía Maqueda era que Lorenzetti lo estaba engañando y solo quería información de primera mano, como se lo oyó decir a sus cercanos más tarde. También indagaba sobre los votos del resto de los ministros para no asumir el costo político él solo, recordaron dos de sus pares. Así fue que merodeaba a Fayt y Argibay para sondear sus fundamentos. Pero no hubo caso, los ministros no se dejaron influenciar. Cada uno con su carácter fuerte y sus posturas jurídicas en juego, votaron lo que pensaban. “Huesos duros de roer”, se jactaban ambos. “Conociendo a Fayt, nadie se atrevería a condicionarlo en sus votos. Con la Ley de Medios se mantuvo en su postura desde el primer momento. Trabajamos con él según sus lineamientos”, explicó el ex secretario letrado del ministro, Pablo Hirschmann,368 quien además confirmó que el fallo se trabajó con intensidad después de la feria judicial, a partir de agosto, junto a su colega, Marcos Morán. “Fue un esfuerzo intelectual interesante —agrega—. Lo cierto es que el voto que nosotros trabajamos no lo compartimos con nadie y tampoco lo pidieron. Nuestro contacto era con la Secretaría General, a cargo de Cristian Abritta, donde llevé de manera personal el fallo, firmado diez días antes de que

saliera. Es decir que en el acuerdo del 22 de octubre ya tenían el voto de Fayt”. Lorenzetti tenía como objetivo lograr la mayoría de votos contra Clarín sin su intervención, para congraciarse tanto con el gobierno como con el holding, pero el tiro le salió por la culata. No lo logró y debió desempatar. Mantuvo la indefinición hasta el instante anterior a la firma de la sentencia. Para Enrique Petracchi, quien sabía leer bajo el agua, las conductas de Lorenzetti resultaban “escurridizas”. Lo apreciaba en las visitas asiduas que le hacía a su despacho para asegurarse cómo enfocaba su voto. En varias oportunidades el ministro se negó al pedido de Lorenzetti para que se sumara a los obiter dictum, o aclaraciones finales (serían claves). Para él excedían a la causa y no correspondían. Lo analizaba como un guiño a Clarín. “Quería quedar bien con los dos rivales, a uno le debía el cargo y la caja, y con el otro ponía en juego su futuro”, aseguró Petracchi en ese momento a un referente del multimedios que lo increpó:369 —Mire, el hombre anda diciendo que usted votará por la constitucionalidad. Petracchi, con su elegante porte, le contestó: —Bueno, puede ser que ese sea mi voto, aún no lo firmé. Pero el que está extremadamente interesado en que así sea es él —en referencia a Lorenzetti. —¿Cuál será su interés? —El señor sabrá. Pero quiere que me sume a su proyecto de los obiter dictum o aclaratorias en la parte resolutiva, porque esa es su negociación con Clarín. Y eso es un mamarracho, no es parte de una resolución judicial. De ninguna manera lo aceptaré —dijo el ministro que había integrado la polémica Corte menemista. —A Clarín le vende humo... —murmuró el interlocutor. —Eso que me pide Lorenzetti no lo voy a firmar, y creo que la ley es constitucional —reconoció Petracchi. Sus amigos recuerdan a Enrique Santiago Petracchi como un operador político de excelencia, hacedor de destacados fallos, entre ellos sobre la libertad de expresión. De histórica militancia y afiliación al Partido Justicialista, no podía traicionar sus propias convicciones.

Petracchi, a pesar de mantener una relación cordial con Carlos Zannini, no pudo evitar las presiones. En septiembre de ese año, el gobierno —sin la virulencia que ejercería con Fayt— lo habría invitado a que se jubilara. Petracchi contaba con sentencia firme a su favor en el juzgado 12 del fuero Contencioso Administrativo, ante la jueza subrogante María Cristina Carrión De Lorenzo, para seguir en el cargo de manera vitalicia tal como lo consiguió Fayt. Ambos tenían el blindaje legal por haber asumido el cargo antes de la reforma constitucional de 1994, que fijó el límite jubilatorio a los 75 años. No obstante, algo muy extraño sucedió en el expediente del reclamo sobre su cargo vitalicio que había cursado el gobierno. El Estado desistió de continuar el pleito ante la resolución favorable de la Cámara Contencioso Administrativa. Petracchi logró su propósito: seguir en su cargo pese a superar los 75 años. Pero, en plena bronca por la Ley de Medios, el 6 de febrero de 2013, el abogado Marcelo Eduardo Laborda se presentó en el expediente, sin ser parte interesada, y solicitó la nulidad de la resolución que favorecía a Petracchi. Presentó un escrito digno de ser leído dada la desproporcionada jurisprudencia nacional e internacional que incorporó. La jueza, también raro, admitió el trámite primero y luego lo rechazó. Esperó hasta el 10 de septiembre de 2013, cuando, curiosamente, Petracchi ya había emitido su voto a favor del gobierno.370 La causa Clarín no era una más. Los ministros trabajaban cada uno en su voto. Mientras Fayt y Petracchi recibían presiones del gobierno, Lorenzetti mantenía línea directa con Jorge Rendo —presidente del Grupo Clarín— y más de una vez se reunieron en el departamento de un tercero, como lo sostuvo un colaborador del presidente de la Corte. Le aseguraba que la balanza se inclinaría hacia Clarín, comentaron desde el Grupo, aunque cada vez que podía les recriminaba, “la manera en la que se referían a él en el diario”. Les hablaba con tanto aplomo que, en un principio, los directivos estaban convencidos de que “ganaban la pulseada” pese a que sus abogados —curiosamente como el gobierno — desconfiaban de la “palabra” del juez supremo. En otra de las reuniones con directivos de Clarín, Lorenzetti volvió a garantizarles resultados a los directivos. La pulseada final A dos semanas del fallo, el hermetismo era total. El multimedios no recibía

más señales ni mensajes de Lorenzetti. Empezaron a surgir fuertes rumores desde el Palacio de Justicia acerca de que la balanza se había inclinado hacia el gobierno. Al arribar a la reunión del martes 22 de octubre de 2013, los ministros se saludaron con respeto, hicieron chistes y pidieron té con galletas de agua. Algunos optaron por café, algo que solían hacer de manera tan habitual como ceremoniosa. Cuando se aprestaban a tratar los temas previstos en el orden del día, Petracchi se adelantó y dijo que había que resolver la Ley de Medios ya, en ese mismo momento, y planteó su completa adhesión a la constitucionalidad de la norma. De esta manera, como si lo pusiera a prueba de parte del gobierno, acorraló a Lorenzetti quien, en su rol de presidente del cuerpo, era el encargado de buscar consenso. Petracchi, el antecesor de Lorenzetti en la presidencia de la Corte, no dudaba en enfrentarlo las veces que podía. No lo consideraba digno de ser supremo, recuerdan sus más cercanos colaboradores. Lorenzetti ya contaba con cuatro votos para aprobar toda la ley, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Petracchi y el suyo, pero sus colegas no lo sabían. Maqueda, Argibay y Fayt se negaron a sacarlo antes de las elecciones legislativas del 27 de octubre, para no influir en los resultados electorales. Además, ellos no estaban de acuerdo con “no reconocer los derechos adquiridos”, como cuestionaron. Hasta entonces, estos creían que Petracchi y Lorenzetti también convalidarían el plazo original de vigencia de las licencias. Sin embargo, con destreza y oficio de juez, Petracchi señaló que “no se cercenarían derechos al multimedios porque ante un daño patrimonial podía accionar judicialmente”. En su postura lo acompañó Raúl Zaffaroni. Maqueda intervino, confundido, y dijo: “Pero no tenemos la mayoría...”, que de siete jueces sería de cuatro. “Podríamos tenerla”, le aclaró Lorenzetti casi sin gestos en la cara. Ante el asombro de sus pares, parecía haberse alineado junto a los que aprobarían toda la ley: Zaffaroni, Highton de Nolasco y Petracchi. Ya se percibía que serían cuatro contra tres: Fayt la rechazaba de plano. Maqueda y Argibay aprobaban el artículo 45, pero invalidaban el 161. Zannini se enteró de manera inmediata de lo sucedido.371 El ambiente de convulsión entre los magistrados disidentes fue total. Estaban asombrados de los recursos de Lorenzetti, recordaron los ministros consultados. “Te vas a sorprender”, le advirtió Zaffaroni a un juez amigo que le juraba que Lorenzetti votaría por la inconstitucionalidad y defendería la libertad

de expresión. La actitud del presidente demostró lo que sospechaba Cristina Kirchner, que dejaría un canal abierto a Clarín para iniciar todos los planteos judiciales que consideraran y así entorpecer cada una de las decisiones del gobierno y del titular de la Afsca. Esa semana fue crucial, la vigilancia en el Palacio de Tribunales se triplicó y los funcionarios y jueces se blindaron. El viernes anterior a las elecciones legislativas del domingo 27 de octubre, Zannini se comunicó con Lorenzetti porque ya avizoraba la derrota kirchnerista y le pidió “lealtad”, confiaron desde el kirchnerismo. En consecuencia, Lorenzetti ordenó al secretario general de la Corte, Cristian Abritta, que dispusiera la resolución para resolverla en el acuerdo del día martes 29 de octubre. Abritta trabajó a toda velocidad durante ese fin de semana y el lunes terminaron de pulir los detalles.372 Ante la rotunda victoria del intendente de Tigre, Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires, la Corte debía cambiar la agenda política y darle a la ex presidenta un “espaldarazo”. Se pretendía “frivolizar” el proceso electoral ante la derrota kirchnerista en los principales distritos.373 Había llegado la hora. Aquel 29 de octubre de 2013, Lorenzetti debía cumplir con su palabra. Fue así que tan solo minutos antes de ingresar a la Sala de Acuerdos, mandó el mensaje al Grupo Clarín: “No les puedo dar la inconstitucionalidad pero lean los obiter (aclaraciones finales)” y cortó la comunicación con el alto directivo.374 Sin más opciones, Lorenzetti, definió su voto por la constitucionalidad de la Ley de Medios. Highton de Nolasco, Zaffaroni y Petracchi también se inclinaron por la legalidad de la norma. Argibay y Maqueda lo hicieron por la inconstitucionalidad parcial y avalaron los derechos adquiridos de Clarín. Fayt optó por la inconstitucionalidad total de la norma. “Se puede notar en el voto de Fayt, en relación al de los otros ministros, que no hay un diálogo ni objeciones entre ellos, se manejaron solos. Fayt estaba interesado en que se tratara de una sentencia clara, que no dejara dudas, ni habilitara interpretaciones. Se expresó por la inconstitucionalidad en cuanto a la manera de reglamentar, mantener las licencias, y dijo que no había forma de desnaturalizar un derecho otorgado, en claro aval al derecho de propiedad. Su preocupación se centró en la libertad de expresión y en el derecho de los consumidores, en esto último también lo acompañó Argibay”, destacó Hirschmann.

La mayoría de los ministros no compartían la necesidad de incluir aclaratorias en el texto por considerar que excedían la resolución. La idea propuesta por Lorenzetti sugería “la inaplicabilidad de la ley”. Le dio la razón política al gobierno, aunque quería congraciarse con la empresa, insistieron desde el alto tribunal. “Mirándola ahora de lejos, me pareció que la sentencia dejó muchas dudas”, de hecho “no hubieran sido necesarios los obiter o aclaratorias si se votaba como lo hizo Fayt”, concluyó Hirschmann. Tras el acuerdo histórico en el que por mayoría de votos los ministros resolvieron la constitucionalidad de la Ley de Medios, Maqueda increpó a Lorenzetti con enojo mayúsculo ya que habían acordado otra cosa. Le había ocultado que la mayoría de los votos estaba constituida desde mucho antes. La pelea, en duros términos, los mantuvo distanciados durante un tiempo.375 Lorenzetti no solo había asestado un duro revés a su compañero de la Corte sino también al holding que tanto odiaba el kirchnerismo. La decisión, que en principio se esperaba para finales de noviembre, sorprendió. Fue un “golpe inmenso, un cimbronazo”, aseguraron desde el Grupo Clarín. Pese al hermetismo con que se manejaron en la Corte durante las últimas semanas, dos días antes de que saliera el fallo les había llegado cuál sería. Siempre les aseguró que a su favor, pero Clarín, dudaba, nunca confió del todo. Mientras el editor responsable del diario, Ricardo Kirschbaum, se refería a Lorenzetti como “mesiánico”, el gobierno festejaba el triunfo. Sin micrófono en Clarín Lorenzetti intentó justificarse ante Clarín pero no le respondieron los teléfonos. La guerra no había terminado, empezaba una nueva batalla. Ese mismo día que salió el fallo, la directora del CIJ, María Bourdin, llamó a Carlos de Elía —gerente de noticias de Artear, Canal 13 y Todo Noticias—, quien había sido su maestro en el master de la Universidad de San Andrés, e intentó explicarle que ni ella sabía el resultado. Se mostró angustiada. Inmediatamente Bourdin se comunicó con la producción del periodista Jorge Lanata para ofrecerle una entrevista de Lorenzetti, en exclusiva, pero se la rechazaron. Lo propio hizo desde radio Mitre Marcelo Longobardi. Bourdin lloraba, no podía creer que el multimedios más influyente de la Argentina le

dijera que no, aseguró a sus colaboradores. Todos los medios querían la palabra de Lorenzetti, menos Clarín. Pero más aún, su enojo se proyectaba hacia Lorenzetti, quien también le había asegurado que la resolución sería “favorable a Clarín” y había bajado esa línea a los periodistas que la consultaban a cada instante. Estaba desconcertada, pero al mismo tiempo confió que quería que esto terminara de una vez. De cualquier manera, la primicia sobre la constitucionalidad de Ley de Medios la tuvo el Grupo Veintitrés del empresario Sergio Szpolski, alineado al kirchnerismo, e Infobae, de Daniel Hadad, como la misma Bourdin reconoció en una entrevista a la revista Noticias.376 El presidente de la Corte quería explicar el fallo. Aceptó que se encontró con Cristina Fernández de Kirchner, pero dijo que nunca hablaron sobre la Ley de Medios y que Clarín lo había censurado. “Hasta hace una semana, esta era la Corte que le ponía límites al gobierno, ahora parece que no”, declaró Lorenzetti en una entrevista al diario Perfil y la revista Noticias. “Y sí. Si yo quiero explicar esta sentencia en Clarín, ahora no podemos. Ya se les va a pasar, supongo. Cuando sacamos el 7D, nos dijeron que recibimos sobres de Magnetto, ahora hablan del pacto. Son los sectores extremos, nosotros no les prestamos atención”, explicó. Respecto a la supuesta inaplicabilidad de la ley y los cuestionamientos en la sentencia sobre la actuación de la Afsca, dio a entender que la Corte dejaba la puerta abierta a impugnaciones. “Eso está claro en el fallo, pero no fue planteado en el expediente, y no podemos resolver cosas que no están”, retrucó en alusión a la defensa de Clarín. “Llegué aquí porque creo que los argentinos tenemos que participar, pero durante estos diez años he pagado altos costos personales. Altísimos. Acá hay gente que no tiene ningún límite, atacan a la familia, los hijos, cualquier cosa. La verdad es que uno se cansa”, se desahogó el ministro. Tiempo después, cuando las aguas se calmaron, Maqueda habría sido quien intermedió para que se reunieran Rendo y Lorenzetti en un cóctel. Pero la distancia con el Grupo aún persistía. Por ello, Lorenzetti insistió en explicarles que para él la ley era “absolutamente inaplicable y que por lo tanto no iba a tener efectos”. Además, les resaltó a los directivos de Clarín que en las aclaraciones impuso la “igualdad en la disponibilidad del tratamiento”, respecto de las otras empresas de medios y la “imparcialidad de la autoridad de aplicación”. Dicho de otro modo, que la ley debía aplicarse a todos por igual y no solo al Grupo Clarín, como en cierta manera parecía intentar el gobierno al suspender su aplicación a otras empresas. Lo de la “imparcialidad” significaba que Sabbatella estaba fuera

de juego. Para intentar recomponer relaciones, Lorenzetti resolvió a favor de Clarín una serie de causas relacionadas a la fusión de Cablevisión y Fibertel. Aunque muchas de ellas, en el interior del país, corrieron otra suerte. Vamos por todo Dos días después del fallo de la Corte, Sabbatella —que no se había dado por aludido con los fundamentos añadidos de la sentencia—, se presentó como un elefante en un bazar —como solía decir Carmen Argibay en relación a Aníbal Fernández—377 en el edificio de Clarín, sobre la calle Piedras al 1800, e inició la transferencia forzosa de las licencias. Le otorgó 15 días a la empresa para responder la notificación. Esta lo consideró “un avance de facto del gobierno sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de la ley y de lo establecido en el propio fallo de la Corte”, como lo expresó en un comunicado. Clarín presentó su plan de adecuación voluntaria a principios de noviembre de 2014, en base a una nueva ingeniería societaria. Pero por la supuesta vinculación de las sociedades a accionistas y otras firmas del Grupo, la Afsca — que había sido benevolente con otros grupos— lo rechazó e impulsó el proceso de oficio. Ante un amparo presentado por Clarín, el juez Alfonso otorgó la medida cautelar por la que, una vez más, se frenó el avance del gobierno por seis meses. La Afsca apeló, pero los camaristas mantuvieron la suspensión de la adecuación de oficio. El pronóstico de Lorenzetti empezaba a develarse, la ley resultaba “inaplicable”. Dicho en criollo, pese a ser constitucional, no se podría implementar por una serie de falencias técnicas según su apreciación, las que incluso reconocería más tarde. Sabía esto desde un principio, y ese era su razonamiento, pero jugó con ambos bandos, se lamentan desde el kirchnerismo y la empresa. En el ocaso kirchnerista, el desgaste no solo había afectado a los rivales. Los coletazos de una larga batalla se sintieron en el seno de la Corte y en sus ministros. Peor aún, la naturaleza se cobró factura, el máximo tribunal perdió a tres de sus integrantes: Carmen Argibay falleció el 10 de mayo de 2014, Enrique Petracchi el 12 de octubre de 2014 y en enero de 2015 Eugenio Zaffaroni se jubiló al cumplir 75 años. El “maestro de jueces” como le decían a Fayt sus

amigos y alumnos resistió con hidalguía los agravios del gobierno por su edad. Por conversaciones que quedarán puertas adentro del Palacio de Justicia, Fayt firmó la renuncia el 15 de septiembre de 2015, pero aclaró que sería efectiva a partir del 11 de diciembre y dejó la renovación del alto tribunal al próximo gobierno, el de Macri. Por segunda vez, la Corte debía dirimir la contienda de la Ley de Medios a solicitud del gobierno y la Afsca. Es decir, si habilitaba o no al Estado a que obligara a Clarín a desinvertir de oficio o por el poder de la fuerza. La disputa original estaba otra vez sobre la mesa sin resolución de fondo, porque para Lorenzetti la ley era inaplicable. La cuestión salía a la luz para las partes. En esta etapa, cuando ya había pasado la tormenta política y el kirchnerismo perdía poder, la balanza se inclinó hacia Clarín. En el último acuerdo del año, el 10 de diciembre de 2015, un día antes del retiro de Fayt, con su firma, la de Lorenzetti y Maqueda, rechazaron el tratamiento del caso al carecer de una sentencia firme. Única vía que habilitaba la intervención de la Corte. De esta manera, tres de los cuatro los ministros dejaron vigente la cautelar que luego fue extendida hasta el 16 de enero de 2016 por Alfonso. Para el kirchnerismo, los ministros le permitieron al Grupo Clarín seguir “al margen de la ley”. Les resultaba “preocupante que una parte del Poder Judicial se inclinaba por defender el poderío” del grupo mediático. La llegada de Macri a la presidencia, en diciembre de 2015, le dio respiro378 al Grupo Clarín. Modificó la Ley de Medios a través de un decreto que liberó al holding de la disputa. El gobierno de Macri eliminó la Afsca y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Eracom) e impulsó una nueva norma con debate e intervención de especialistas, organizaciones nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras para los críticos esta decisión avaló la concentración mediática, los directivos de Clarín se adjudicaron “haber cambiado la historia de la Argentina”, con los informes de investigación y la línea editorial del medio “crítico e independiente”. La guerra por la Ley de Medios entre el kirchnerismo y Clarín llevó años, implicó un desgaste descomunal para ambas partes, pero Lorenzetti, el hombre que siempre sale a flote, salió fortalecido. Manejó los tiempos a su antojo, conspiró con unos y otros, jugo con tantas barajas como quiso, y conservó su tesoro: “la caja” del Poder Judicial. 341. La Ley de de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios se registró con el número 26.522, y

fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 2009. 342. www.cfkargentina.com, 21 de octubre de 2009:http://www.cfkargentina.com/cfk- anuncia-la-implementacion-de-la-nuevaley-de-medios/ 343. Clarín, Alejandro Alfie, 18 de noviembre de http://www.clarin.com/politica/Gobierno-medios-beneficio-gruposadictos_0_812918811.html.

2012:

344. El juez federal Raúl Tettamanti acusó al entonces ministro de Justicia, Julio Alak, y a miembros kirchneristas en el Consejo de la Magistratura de haberle generado “violencia moral y un grado de intranquilidad personal y familiar” que le impedían continuar como magistrado a cargo de la causa Clarín y presentó la renuncia ante el presidente de la Cámara Federal, Martín Farrell. La Nación, 11 de octubre de 2012: http://www.lanacion.com.ar/1516184-el-jueztettamanti-renuncio-por-violencia- moral. Se sumó a ello una serie de denuncias del gobierno en el Consejo de la Magistratura contra los camaristas en lo civil y comercial, entre ellos, Francisco de las Carreras, luego de que reconociera haber viajado ese año a un congreso en Miami invitado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal) —una ONG integrada y financiada por el Grupo Clarín—. Página 12, 3 de noviembre de 2012. En tanto, las recusaciones a otros camaristas también fueron parte de la puja como en el caso de Guillermo Antelo y Ricardo Guarinoni, aunque luego fueron confirmados. Página 12, 3 de diciembre de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-209107-2012-12-03.html. 345. Fuentes consultadas y del análisis de Diarios sobre Diarios de fecha 4 de noviembre de 2013 en el sitio web: http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/1/13575-ricardo-lorenzetti-leda-un- giro-a-la-polemica-por-las-supuestas-presiones-previas-al-fallojudicial.php#.V9WS75PhC8U. 346. Resolución de la Corte a finales de octubre de 2012. 347. Télam, 25 de agosto de 2013: http://www.telam.com.ar/notas/201308/ 30026-la- ley-de-medios-lleva-cuatro-anos-de-disputas-judiciales-que-impidensu-aplicacion- plena.html. 348. Fuentes judiciales y del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

consultadas para este libro. 349. Infobae, 16 de octubre de 2012: http://www.infobae.com/2012 /10/16/676258- la-sip-cuestiono-la-argentina-su-ofensiva-contra-los-mediosprensa/ 350. A mediados de diciembre de 2012, la revista >Veintitrés, del empresario Sergio Szpolski, cercano al gobierno publicó el “intento de coartar la libertad de expresión por parte del titular de la Corte, a dos periodistas de medios escritos que habitualmente cubrían temas judiciales”. A partir del “desagrado por los comentarios vertidos en sus notas, la invitación a los periodistas a no asistir más a las reuniones que cada martes mantenía Lorenzetti con profesionales de La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12 y Perfil entre otros, como así también agencias de noticias llegó en un caso por parte de un secretario privado de la Corte y en el otro por la propia directora del CIJ, la periodista y abogada Bourdin. Ambos periodistas prefirieron no hacer pública la situación en el ámbito judicial, pero recibieron el fuerte respaldo de sus compañeros y de las autoridades de los medios donde trabajaban. Según surge de nota publicada en la tapa de la revista >Veintitrés el día 13 de diciembre de 2012, Capital Federal, Buenos Aires. 351. Comunicado de la Corte Suprema publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), 27 de junio de 2013: http://www.cij.gov.ar/nota11737-Comunicado-de-la- Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html. 352. La Nación, 2 de julio de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1597239ricardo- echegaray-sobre-ricardo-lorenzetti-es-impropio-que-la-corte-supremapida-tratar- cues. 353. Tres periodistas consultados y dos funcionarios judiciales que participaron de la situación. Los entrevistados para este libro prefirieron el anonimato. 354. Fuentes consultadas de la Corte y de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Nación para este libro. 355. La Nación el día 8 de abril de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1570815-las- seis-leyes-que-propone-el-gobiernopara-democratizar-la-justicia. Página oficial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 9 de abril de 2013: http://www.cfkargentina.com/los-

seis-puntos-fundamentales-sobre-la- democratizacion-de-la-justicia-queenviamos-al-parlamento/. La ley 26.853 creó las Cámaras de Casación, La ley 26.856 estableció un régimen obligatorio de publicidad en Internet de las resoluciones judiciales, la ley 26.857 estableció el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, la ley 26.861 instituyó un sistema de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, la ley 26.854 instauró un régimen de medidas cautelares en las causas en la que es parte o interviene el Estado, la ley 26.855 tuvo por objeto modificar la integración y selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, como así también el régimen de mayorías para la adopción de las resoluciones pertinentes en el ámbito de su competencia. La información surge del libro >Derechos, racionalidad y última palabra, del constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, Ediar, 2014. 356. Radio Nacional Rock, entrevista que Eugenio Zaffaroni otorgó al programa Territorio Comanche el 14 de abril de 2013. 357. “… Entré al portal del Centro de Información Judicial y cliqueé el link que decía: Nota de la Junta de Presidentes de Cámaras. Encontré entonces que, en lugar de la nota que nosotros habíamos firmado el lunes 15, había otra, fechada supuestamente el día 18 y firmada exclusivamente por el Dr. Gustavo Hornos, de cuya existencia no tenía conocimiento”. Pero su sorpresa no terminó allí. “Al leer la nota veo que el contenido era muy distinto al que habíamos suscripto los presidentes. Asimismo, pude advertir que en el primer párrafo el Dr. Hornos invocaba su calidad de presidente de la Cámara de Casación Penal y de presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras de manera singular. Pero en los demás párrafos empleaba el modo plural (le agradecemos, vemos, queremos — tres veces—, consideramos —dos veces— y no podemos), con lo que se sugería estaría hablando en representación de todos nosotros. Pero yo, al menos, no fui consultado ni informado acerca de esta nueva nota. Cordialmente Héctor Guisado”. Surge textual del mail que el presidente de la Cámara Laboral, Héctor Guisado les envió a sus colegas el martes 23 de abril de 2013, sumado a documentación adquirida para este libro. Desde ese antecedente la Junta de Presidentes de Cámaras, mantuvo al margen de sus decisiones a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, e incluso no sería considerado para presidir el ente que agrupa a las cámaras de todo el país. 358. Centro de Información Judicial, 24 de abril de 2013: http://www.cij.gov.ar/nota-11238-Comunicado-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-

de-la-Nacion.html. 359. La Nación, 25 de abril de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1576122carrio- llevo-a-la-justicia-sus-pruebas-sobre-un-pacto-entre-cristina-kirchner-ylorenzetti . Clarín, 25 de abril de 2013: http://www.clarin.com/politica/Carriodenuncia-Cristina- Lorenzetti-Justicia_0_907709397.html. 360. Surge de entrevista realizada a funcionarios judiciales y camaristas de esa instancia para este libro. 361. Surge de entrevista que el camarista Ricardo Guarinoni otorgó al diario Perfil el 20 de abril de 2013, tal como surge del portal Diarios sobre diarios, sitio web: http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/hemeroteca.php? p_fecha=2013-04-20. 362. Entrevistas realizadas a secretarios letrados de la Corte Suprema que participaron de la causa en la que se disputaba la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 363. Surge de diversas entrevistas a secretarios letrados de la Corte Suprema y funcionarios del alto tribunal. 364. Al cubrir la causa de la Ley de Medios durante el 2012 y 2013 tuve la oportunidad de realizar entrevistas a los ministros respecto la Ley de Medios entre otros temas que se dirimían en la Corte Suprema, en estricto off the record. 365. Surge de entrevistas realizadas a referentes tanto del Grupo Clarín como del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que participaron en la puja por la Ley de Medios. 366. La Nación, Mariano Obarrio, 4 de noviembre de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1635221-detras-de-la-sentencia-contra-clarin-unalarga- trama-de-negociaciones-reservadas. En adelante lo relacionado a las internas de la Ley de Medios en los acuerdos de ministros se refieren a esta fuente. 367. Entrevistas realizadas en estricto off the record a ministros de la Corte Suprema. 368. Entrevista realizada para este libro a Pablo Hirschmann, ex secretario

letrado del ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, el 19 de julio de 2016. 369. Entrevistas realizadas a funcionarios judiciales, abogados y secretarios letrados en estricto off the record. 370. Laborda estaba relacionado con su colega, Germán González Campaña, un joven profesional que trabajaba en el estudio del ex ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanián y estaba contratado en el Ministerio Público, según confirmaron altas fuentes judiciales. 371. Entrevistas realizadas a tres ministros de la Corte durante la resolución de la Ley de Medios, en estricto off the record. 372. Surge de entrevista realizada a secretarios letrados de la Corte y ex ministros del máximo tribunal que participaron de las circunstancias relatadas. 373. Revista >Noticias, “Los dos monstruos”, 24 de agosto de 2013. 374. Entrevistas realizadas el 11 de Julio de 2016 a los abogados del Grupo Clarín y a sus directivos para este libro. 375. Consultas realizadas a allegados al ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, para este libro en estricto off the record. 376. Revista >Noticias, Francisco Zoroza, 19 de noviembre de 2013: ttp://noticias.perfil.com/2013/11/19/maria-bourdin-la-guerrera-de-la-corte/ 377. Perfil, entrevista a Carmen Argibay, 26 de diciembre de 2009. (http://www.mdzol.com/nota/180480-la-jueza-carmen-argibaycomparo-a-anibalfernandez-con-unelefante-en-un-bazar/). 378. El presidente Mauricio Macri emitió el dec. Nº 267 del 29 de diciembre de 2015 por el que se modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Capítulo 8 El relato LEl discurso del rey Ricardo (sin vacilar). La oratoria perfecta. El cuidado de cada palabra para contentar a cada sector de la audiencia. Libertad de expresión versus censura. Sentencias, medios de comunicación e intercambio de favores. La dudosa lucha contra la corrupción y el narcotráfico. El Código Civil de Lorenzetti o cómo hacer historia y negocio en la misma jugada. ¿El fin de su relato? La apertura del año judicial se convirtió, a partir de Lorenzetti, en el acontecimiento de la temporada. El Poder Judicial aguardaba ese día con la misma expectación con que el Congreso espera la apertura de sesiones. Aunque estas inauguraciones del calendario judicial remiten a una tradición con especial raigambre en tribunales europeos y la Corte estadounidense, Lorenzetti logró darle en Argentina una dimensión desconocida a partir de 2007, el año del debut en la presidencia del máximo tribunal. La ceremonia lo tenía como único protagonista. Las miradas, gestos de admiración y aplausos no eran para compartir. “La vanidad es algo íntimo, personal y a ser posible, digna de enmascarar, pero alimentarla lo hace al ser humano sentir que es grande y a Lorenzetti gigante”, deslizó un juez habitué de estos actos. Por lo general, sus discursos se extendían algo más de cuarenta minutos ante un público repleto de magistrados, funcionarios judiciales, representantes del Poder Ejecutivo, empresarios y directivos de medios de comunicación. En el caso particular de los jueces, recibían un llamado previo de personal del Centro de Información Judicial a través del cual los “invitaban” a confirmar la asistencia para garantizarse una convocatoria masiva. La misma operación se repetía con la prensa, imprescindible para darle publicidad a un acto tan solemne. Ese Lorenzetti no era el mismo que conocieron sus colegas cuando llegó a la Corte en 2004. Entonces, los ministros percibieron a un hombre tímido, de bajo perfil, con un lenguaje campechano y alejado de tecnicismos jurídicos. Hasta podía dar la impresión —nada más lejos de la realidad— de tener cierta inseguridad personal. Lorenzetti pasó a liderar la Corte y a partir de allí fue otro. Richard —al

decir de su vocera María Bourdin—, cambió hasta el modo de mirar. La postura corporal, con los hombros para atrás, era la de un hombre firme, con pisada segura. Sacaba pecho en sentido real y figurado. No dejaba nada al azar, ni el movimiento —escaso— de las manos ni los gestos y miradas de atención a cada rincón del auditorio. El tono, factor determinante sobre el resto, era pausado y con mesura. Didáctico, lejos estaba de poder ser acusado de pedantería, soberbia o, como le sucedió a Cristina Fernández, de “maestro ciruela”. Lorenzetti era y es, sin lugar a duda, el rey de la oratoria. Escribía sus discursos con la misma maestría con la que los pronunciaba (sin mirar al papel). Por naturaleza —o aprendizaje posterior— los embellecía con pinceladas de experto en liderazgo y marketing. En el centro de ese despliegue de habilidades estaba lo más importante, el contenido, la selección de los temas. No leía y no vacilaba. Sus ojos peinaban la platea, la recorrían de un extremo a otro. Nadie podía quedar fuera de su ángulo de visión. Buscaba halagar a todos y principalmente, reconfortar a los jueces, convencerlos de que la independencia judicial existe (a su modo), que la autarquía presupuestaria estaba garantizada y que la división de poderes —eternamente en la cuerda floja— era un hecho a su medida.379 El presidente de la Corte Suprema ejercía y se asumía como tal. Dedicaba frases a la familia judicial, a la ciudadanía y a la dirigencia política.380 A lo largo de estos años, los rasgos y ejes de sus discursos rondaron siempre por esos terrenos en los que se mueve con soltura y flexibilidad de contorsionista. Democracia, seguridad, independencia y celeridad judicial son algunos de los términos y conceptos favoritos. “Porque la justicia lenta no reconforta”, decía como, por cierto, demandó el presidente Mauricio Macri al llegar a la Presidencia. Lorenzetti siempre tuvo los pies en la tierra. Sabía de la desconfianza de los argentinos en la justicia y consideraba que había que cambiar esa percepción. “Tenemos que acercar la Justicia a la población”, solía repetir en casi todos sus discursos de apertura de año judicial. Buscaba que los jueces se preocuparan por las problemáticas ciudadanas y mostrasen sensibilidad social. “El juez debe mirar a la sociedad, el juez pasivo debe dejar paso al juez activo”, insistía. El tema del dinero no brillaba en sus discursos sino, para alegría de los magistrados, entre las paredes del Palacio, salvo los insistentes pedidos de “autarquía financiera” al Poder Ejecutivo. Durante el decanato al mando de la Corte evitó que los magistrados pagaran impuesto a las ganancias. Paradojas de la vida, antes de ocupar ese puesto —parecido a acariciar el cielo con las manos

para él y para cualquier juez —, pensaba que los jueces debían tributar igual que cualquier ciudadano. Entre sus logros figura uno que no era fácil: mostrar un Poder Judicial unido, por lo menos en las formas. Atento a las demandas sociales, posteriormente incorporó la inseguridad y el narcotráfico, entre otros temas, a su agenda pública. La puesta en escena de sus discursos, pese a recordar las de Cristina Fernández — con quien compartió los doce años del kirchnerismo y a quien le debe su nombramiento—, no tenían nada que ver. Lo único que ambos tenían en común en sus intervenciones públicas era que los dos eran las figuras centrales, hablaban y actuaban —como los directores de orquesta— desde un atril. Quizás, también, las menciones de los excluidos y marginados, de aquellos sin las mismas posibilidades que el resto. Zigzagueaba entre el rol de juez y justiciero.381 “A los ciudadanos les decimos que no tengan temores, que la Corte está para proteger. Tenemos que brindar protección, seguridad jurídica y previsibilidad. Necesitamos un poco de docencia constitucional entre todos. Esto no impide la acción del gobierno”,382 proclamaba. En clara alusión a la Casa Rosada, se animaba a advertir: “nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que es contrario a la Constitución. En el fútbol, nadie cambia el reglamento o el árbitro para ganar el partido”,383 lanzó cuando el ambiente y los zarpazos del Ejecutivo a la Justicia rasgaban las relaciones entre ellos. Lorenzetti se había colocado en el pedestal de garante de la democracia. Los tópicos le encantaban. La razón era simple y la conoce cualquier político con nociones básicas de seducción: si se saben explotar, siempre son rentables. El del derecho a la libertad, en todos sus sentidos y significados, fue otro de los que ensayó. “Desde su fundación, este tribunal defendió la libertad de expresión (…) la posibilidad de ejercer la crítica y también el control de la publicidad oficial, en tanto pudiera funcionar como censura encubierta”. Con sus palabras se sumaba a la platea y apostaba a la unidad. “La Corte debe proteger la libertad. Los argentinos tenemos el derecho a vivir conforme a nuestras decisiones personales sin que exista nadie con el poder de dirigirnos. No hay que tener miedo a la libertad, ni miedo a quienes quieran restringirla”.384 Otra de las banderas que le entusiasmaba enarbolar era la de la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Si el dinero público va a otro lado, indigna. Terminar con la impunidad tiene que ser una política de Estado. Debemos dar tranquilidad a todos de que esto no es un proceso político sino judicial” (sic). El éxtasis debió ser total cuando se le ocurrió la gran frase del guión escrito y

dirigido por su puño y letra: “Digámosle Nunca Más a la Corrupción. Nunca más y nunca menos”.385 “Causa indignación que haya actos de corrupción cuando hay pobreza”, reiteró en abril de 2016 en el homenaje a Julio César Strassera, el fiscal que en su famoso alegato final en el juicio a las juntas militares dijo que había que decirle “Nunca más” a las violaciones a los derechos humanos. “Nunca más para la impunidad y la corrupción”,386 parafraseó Lorenzetti. El mensajero, un enviado especial Con el objetivo de avanzar en acciones para transparentar la información, el 30 de mayo de 2006, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias del Poder Judicial de la Nación Argentina.387 Se trata de un portal que concentra toda la actividad relevante de la justicia. Surgió con la idea de actuar como puente con la sociedad. Además, buscó interactuar con los medios de comunicación. La idea no era nueva. Tenía como antecedente el sitio web que había sido impulsado por el ex ministro Enrique Petracchi. Lo cierto fue que el CIJ se puso en marcha recién en 2008, bajo la presidencia de Lorenzetti, quien lo mantuvo bajo su órbita. Le dio un perfil más ágil y moderno, con alcance nacional y parámetros federales. La nueva estructura anhelaba unir las diferentes instancias judiciales del país, garantizar el acceso a fallos completos y al derecho comparado y replicar el CIJ en los principales centros judiciales de la Argentina. Muchos de estos fines no se cumplieron. El presidente de la Corte designó sin concurso público, es decir de manera directa, como directora del CIJ a María Bourdin, una formoseña nacida en enero de 1974, abogada por la UCA de Santa Fe y con varias especializaciones en medios. Ambos se habían conocido cuando ella lo entrevistó para Infobae, un portal de noticias de Daniel Hadad. La designación significó el apartamiento y posterior jubilación del hasta entonces histórico vocero de la Corte, Ricardo Arcucci. Lorenzetti confió en Bourdin para que asumiera el doble comando del CIJ y de la Oficina de Prensa, con la función de dialogar con periodistas, informar, confeccionar resúmenes de prensa, organizar presentaciones del año judicial y ante un eventual problema, comunicarse con los directivos de los medios para amortiguar el tono de la información.

Rubia, ojos celestes, hija única de padres docentes de Formosa, Bourdin fue muchas veces el hombro en el que apoyarse para Lorenzetti, en especial en tiempos de adversidad política. Además, fue la encargada de cambiarle la imagen. Un nuevo corte de pelo y el despojo del bigote, le dieron a “Richard” el estilo de yuppie neoyorquino que ella tenía en mente (de ahí el Richard), como la misma Bourdin lo reconoció. Trajes oscuros de diseño, camisas blancas con gemelos, y relojes de colección acompañaron la nueva estampa del magistrado. Dietas, gimnasio y running fueron parte de la rutina diaria. Motivado por las sugerencias de Bourdin, el presidente de la Corte empezó a prestarle más atención al aspecto personal. Quería lucir bien, como un galán. Así fue como comenzó un tratamiento estético con la misma dermatóloga que atendía al ex juez federal Norberto Oyarbide, quien dejó de concurrir ante el repudio de los pacientes. Cada visita de Lorenzetti al consultorio —ubicado a menos de trescientos metros del Palacio de Justicia, en Uruguay y Córdoba— implicaba la puesta en marcha de un operativo a cargo de los hombres de seguridad y del secretario privado. Bastaba una llamada para que la médica desalojara el lugar y recibiera, única y exclusivamente, al juez. No quería testigos. Uno de los hombres de seguridad revisaba antes el consultorio y recién entonces el ministro subía para ser atendido por la profesional que integraba el padrón de la obra social de los judiciales. Entre los jueces lo consideran un fashionista o metrosexual, y saben de su gusto por la estética; como también entre los que lo conocen en su ciudad natal Rafaela, aunque allí comenten risueños “aunque al mono lo vistan de seda…”, en alusión al apodo juvenil que se granjeó por inquieto y ambicioso. El vínculo que Lorenzetti entabló con Bourdin fue de estrecha confianza. A punto tal que algunos periodistas y empleados se asombraban cuando ella lo intimidaba o ponía en evidencia con miradas y comentarios, como lo recuerdan funcionarios judiciales. “Hasta gritos se escucharon desde el despacho de Lorenzetti, porque ella le arrojó una silla por la cabeza y muchas veces se la vio a la señora Bourdin llorando”, recuerda un mayordomo de la Corte. En la práctica, Bourdin se convirtió en la vocera personal de Richard, pese a que eran siete los ministros de la Corte a los que presuntamente debía atender. Así, por ejemplo, si un periodista quería entrevistar a los otros magistrados, debía hablar con sus secretarios privados.

Bourdin se había convertido en la voz —y los oídos— de Lorenzetti. El ministro veía en el CIJ una herramienta perfecta para resaltar la gestión en la Corte. Esto le valió la crítica de muchos de sus pares que entendieron en esa actitud, como reconocían en privado, una forma de “afianzar su jefatura de poder personalista”. Para estos, el sitio web le sirvió no solo para montar un sistema de publicidad y autopropaganda para cultivar su figura, sino también para mantener “una política de elogios y exaltación de su personalidad”. Las continuas “alusiones al ministro en el CIJ fueron un intento de destacarlo por encima de la institución. Esto perjudicó el sentido de justicia durante los diez años de la presidencia de Lorenzetti, que sobre todas las cosas debió ser despersonalizada”, según el jurista Abel Cornejo. “La Corte es un órgano colegiado y por lo tanto no debe tener nombre y apellido o estar identificado con una sola persona, porque no solo desdibuja al resto de los jueces, sino que además la concentración de poder que logró Lorenzetti durante estos años ha sido mayúscula al límite de rozar el autoritarismo”, continuó. En el kirchnerismo van más lejos: “Lorenzetti ha construido un futuro político desde la Corte y muy destacadamente desde que aceptó presidir la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación”, opinó el constitucionalista y ex asesor del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Barcesat:388 “Dijo cosas erróneas como que los jueces no gobiernan. Eso es un disparate jurídico porque el Estado se compone de los tres poderes, pero además estamos ante un descontrol de los jueces, un poder aristocrático, vitalicio, no consensuado con el pueblo que se atribuye ser legislador en última instancia. Este desborde se lo adjudico a la segunda etapa del gobierno de la Corte de Lorenzetti”, concluyó Barcesat. El presidente de la Corte Suprema diseñó una estrategia de comunicación particular. Cada martes, día previsto para los acuerdos de ministros, solía reunirse con un reducido grupo de periodistas judiciales a los que les explicaba en detalle los fallos resonantes del día. Respondía preguntas, en estricto off the record, e intercambiaba impresiones con los invitados. Los encuentros los organizaba Bourdin, quien los convocaba a primera hora de la mañana y esperaba a los periodistas a las 12:30 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Lorenzetti los recibía en el despacho. Era una manera de abrir las puertas a la intimidad del trabajo. Con música clásica de fondo, saludaba con afecto, uno por uno, a cada profesional. Sabía nombres, historias y lo que cada uno escribía. Entre humoradas e ironías, cada tanto, el juez deslizaba el malestar por alguna nota u opinión publicada.

Los encuentros, en un principio, fueron novedosos para la dinámica de la Corte. Un modo de mantener un vínculo directo entre los medios y tribunal. En cada reunión se repetía la misma rutina: los periodistas se ubicaban en una mesa redonda; Bourdin repartía copias de los fallos del día que luego serían analizados por el ministro y, una vez leídos y estudiados punto por punto, los cronistas formulaban preguntas que serían respondidas de inmediato. La reunión terminaba con el saludo de Lorenzetti. Parte del hábito era que Bourdin monitoreaba de reojo lo que los presentes hacían con los teléfonos celulares. Buscaba evitar que se filtraran las novedades por las redes sociales y de este modo reservar las primicias para el CIJ. El control llegó a su máxima expresión la mañana del 29 de octubre de 2013, cuando se comunicó el fallo sobre la Ley de Medios. En aquella ocasión, Bourdin, a pedido de Lorenzetti, obligó a los periodistas a dejar los celulares afuera de la habitación por la “sensibilidad” del tema. La “paranoia” sobre la información había tomado rumbos impensados. Fue la misma vocera quien implementó una política de premios y castigos con los comunicadores. A algunos les facilitaba información interna. A otros, los más díscolos, se las retaceaba y los llamaba, sin importar día ni horario, para increparlos si algo de lo publicado había disgustado a su jefe. Solía escuchársele decir, con cierto tono amenazante: “No escribas eso que salgo a desmentirte”. Que fuera verdad parecía no tener importancia, destacan varios de los periodistas que cubren temas judiciales. En su origen, tanto jueces como periodistas vieron con visto bueno la creación del CIJ. Sin embargo, aproximadamente cuatro años después, algunos medios de comunicación entendieron que el sitio web competía por la primicia judicial de manera “desleal”, ya que contaba con toda la estructura judicial y un acceso irrestricto a la información. Eso motivó que en uno de los encuentros de los martes algunos periodistas, muy molestos, le plantearan la existencia de dicha competencia, a lo que el ministro no supo qué contestar. En el portal el lugar que ocupaba una noticia era decidido en persona por Lorenzetti y Bourdin. El dato no era irrelevante, porque todo lo que allí salía era reproducido en otros medios. Por eso muchos jueces le temían a lo publicado.389 Más allá de las críticas, Lorenzetti creyó que el CIJ era una manera de dejar atrás la “vieja idea de que el juez hablaba solo por sus sentencias”.390 Con ese criterio, también apostó al lanzamiento del CIJ TV con múltiples plataformas para

todo el país.391 Lorenzetti adoptó el modelo de la Corte de Brasil. De hecho, viajó a interiorizarse sobre el funcionamiento y luego lo hizo Bourdin. Chile es otro de los países latinoamericanos que tiene un modelo similar, pero no compite con los medios de comunicación tradicionales, como en un principio pretendía Lorenzetti. Era una cuestión de tiempo que Bourdin quedara en el ojo de la tormenta. Sucedió el jueves 17 de marzo de 2011 que el CIJ publicó la noticia titulada “Lavado de dinero: piden información sobre causas abiertas en el país contra Hugo Moyano”. Allí el CIJ difundió un cable informativo392 que relacionaba, de manera directa, a Hugo Moyano y su hijo Pablo con la investigación que la justicia suiza realizaba. Se desató una controversia, no solo por el posible entorpecimiento a la justicia que podría haber significado esa divulgación, sino en especial por el funcionamiento del CIJ. El portal había sido el primero en dar a conocer una información que luego fue desmentida por la fiscalía general de Suiza. Desde Ginebra aclararon que la investigación no apuntaba a Moyano, sino a Covelia (empresa que prestaba servicios a diversas comunas del conurbano).393 El escándalo que se desató fue mayúsculo. La todopoderosa vocera, protegida de Lorenzetti, se vio en la obligación de presentar la renuncia a los ministros. Pese al enojo, y sin olvidar el vínculo que mantenía con el presidente de la Corte, se la rechazaron los primeros días de abril de 2011. Ella misma lo reconocería en una entrevista otorgada al diario Perfil. Ese episodio evidenció lo que ya se sospechaba en algunas redacciones de noticias: el CIJ tenía la misma voracidad por la primicia que el resto de las empresas periodísticas de capital privado. No fue el único: el 29 de diciembre de 2014 se publicó —nunca se dijo por decisión de quién— en el sitio web del CIJ una Carta Abierta del juez Claudio Bonadio a la presidenta del Consejo de la Magistratura (Gabriela Vázquez), donde le respondía los fundamentos de la resolución por la que había sido sancionado. La publicación fue muy criticada por el kirchnerismo. En especial por la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, quien cuestionó al CIJ por considerar que la carta de descargo del juez (de índole personal) representaba información relevante del Poder Judicial. La diputada señaló que el accionar del CIJ constituía “un verdadero escándalo y un descrédito para el Poder Judicial”.394

La información judicial que se ponía a disposición del CIJ fue en aumento con la Acordada 15 del 21 de mayo de 2013. A través de esta, la Corte resolvió que todos los tribunales federales, nacionales y orales del país tenían la obligación de publicar todos los fallos en el sitio web judicial. Si bien en la acordada se hablaba de “exclusividad”, fuentes del alto tribunal salieron del paso con la siguiente explicación: “los jueces podían informar sobre el fallo a quienes quisieran, pero no podrían dejar de publicarlo en el CIJ”.395 La decisión de la Corte recolectó críticas por la supuesta restricción al acceso a la información y por ende a la libertad de expresión. Estaba mal visto que obligara a los jueces a informar sus sentencias con prioridad al CIJ y no a otros medios, como hasta ese momento era tradición. El portal supremo una vez más se garantizaba la primicia. Para caldear más el ambiente, la medida se conoció antes de que entrara en vigencia la ley que estableció como obligatoria la publicación de todos los fallos judiciales (en el marco del proyecto de “democratización de la Justicia”). En paralelo también se produjo el lanzamiento de la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: INFOJUS. Esta impronta levantó polémica porque ahora el CIJ —que representa a los jueces— tendría una competencia directa, la voz de los fiscales. A Lorenzetti le obsesionaba la relación con los medios. Le irritaba y malhumoraba que lo criticaran o publicaran alguna presunta irregularidad suya. La sola idea de que lo investigaran o le pasaran el escáner del periodismo lo sacaba de quicio. El contacto con los periodistas, las supuestas facilidades para entregarles información y sus esfuerzos en ser cordial apuntaban a tenerlos de su lado. Hace unos diez años comenzó a organizar en el salón de té del cuarto piso del Palacio de Justicia un brindis con los acreditados en el tribunal, o como se dice en la jerga, los periodistas de trinchera. Los primeros encuentros fueron más austeros, con pocos invitados y catering modesto. Sin embargo, de manera llamativa, durante 2013 cuando el tribunal dirimía la Ley de Medios, amplió las invitaciones a empresarios del rubro, secretarios de redacción, directores de diarios y revistas, columnistas y conductores de televisión. Los ágapes de la Corte eran todo un acontecimiento. Las imágenes se reproducían en el CIJ como un evento social de relevancia similar a lo que hacen las revistas europeas cuando muestran a personajes de la alta sociedad. Algo así como una versión criollo judicial de la revista Hola. Desde entonces, la conmemoración por el día del periodista y los brindis de fin de año se convirtieron en cita obligada para quien quisiera ser alguien en ese mundo. El aluvión de invitados, en creciente aumento, obligó a trasladar el festejo al hall central del cuarto piso.

Perfil, La Nación y otros guiños a las finanzas de la libertad de expresión La Corte presidida por Lorenzetti tuvo un desempeño destacado en la defensa de la libertad de expresión. De hecho, le valió en marzo de 2008 un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)396 donde se reconoce su desempeño en el caso “Diario Río Negro contra la provincia de Neuquén”.397 Allí los ministros pusieron límites al manejo discrecional de la publicidad del Estado como herramienta de presión a la prensa. Para la Corte “no es lícito privar de avisos a un diario que difunde noticia contraria al gobierno”. El máximo tribunal resaltó en diversas oportunidades el lugar predominante que la libertad de expresión ha tenido en un régimen republicano. Así, por ejemplo, en el caso “Patitó”398 en el que integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, promovieron demanda contra el diario La Nación y contra el periodista Jorge Urien Berri, por considerar que la información que proporcionaron en varias notas —entre 1998 y 1999— era equivocada, la Corte aplicó la doctrina de la real malicia. Esta postura jurídica protege a periodistas ante informaciones que son erróneas o inexactas si se demuestra que el profesional o el medio no tuvieron mala intención. Plantea un estándar de tolerancia cuando en su opinión o información el periodista desconoce la veracidad, pero lo publica de buena fe (sin maldad o intención de daño). En el fallo “Di Salvo”399 (2010) “se da un diálogo entre la libertad de expresión y la doctrina de la real malicia muy interesante”, explica Lorenzetti.400 En el caso un ex senador de la provincia de Buenos Aires demandó al Diario La Mañana por una información errónea que había publicado sobre la extensión de unos terrenos de su propiedad, la opinión de los magistrados fue clara: “Tratándose de informaciones sobre figuras públicas, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación acerca de tal circunstancia”. Una sentencia se destaca entre las demás que afectan a empresas periodísticas. La de “Editorial Perfil c/ Estado Nacional”, que en mayo de 2006, y por sugerencia de la SIP, inició la editorial ante la discriminación del gobierno a sus publicaciones y las excluía de la pauta publicitaria oficial. El pleito perduró

casi por seis años. Cuando la causa llegó a la Corte,401 esta falló a favor de la libertad de expresión. En la sentencia, del 3 de marzo de 2011, el máximo tribunal se pronunció, de forma unánime, sobre la existencia y alcance de la obligación que tenía el Estado en materia de distribución de la publicidad oficial y del derecho que asistía a los medios de participar de ella. Se condenó al Estado nacional a otorgar publicidad oficial a la editorial Perfil,402 que había quedado expresamente fuera de la distribución de la pauta desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, en 2003. Recordaron los criterios abordados en la causa “Río Negro”.403 Lo cierto fue que el Estado nacional nunca cumplió la decisión de la Corte, y eso motivó que Perfil continuase con el reclamo en la arena judicial.404 La resolución de la Corte, favorable a Perfil, tenía trascendencia institucional ya que estableció que el Estado no podía hacer diferencias arbitrarias a la hora de distribuir publicidad, porque eso violaba el principio de igualdad. Era relevante para la libertad de prensa debido a que convalidaba el derecho a la información y el pluralismo. La medida serviría de antecedente para otros medios críticos del oficialismo, discriminados a través de la pauta publicitaria. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) calificó a la decisión de “excelente” y lo consideró “un nuevo y positivo paso”.405 Casi cuatro años después, el 22 de octubre de 2014, la Editorial Perfil le otorgó el premio a la Libertad de Expresión a Ricardo Lorenzetti, en la Facultad de Derecho.406 Jorge Fontevecchia, CEO de la editorial, en una entrevista que le realizó Infobae, elogió a la Corte por su accionar en los fallos vinculados a los medios de comunicación: “Es la mejor que hemos tenido a lo largo de toda la democracia”. Además, explicó las razones del premio a Lorenzetti: “La libertad de expresión sigue complicada (…) y es necesario un apoyo de la Justicia al periodismo independiente porque solos no pueden. (…) El periodismo es un auxiliar de la justicia, así que nos parece lógico unir justicia y periodismo en el tema de libertad de expresión”. Los halagos eran mutuos. “Recibo este premio en nombre de la Corte, no lo hago personalmente. Quiero decirles que, pase lo que pase, cualquiera sea su composición, siempre el tribunal va a defender la libertad de expresión”,407 dijo Lorenzetti al recibir el galardón.

Sin embargo, las sonrisas por el premio recibido se transformaron en gestos de desagrado cuando el sitio web Perfil.com publicó, un año después, el lunes 23 de noviembre de 2015, una nota titulada: “Los desafíos de Macri en la Justicia, cambios entre los kirchneristas y acuerdos con la Corte”. El artículo tocó la fibra sensible —o el punto débil— de Lorenzetti. La nota informaba sobre los supuestos “retornos” en la cartelización de la obra pública del Poder Judicial, entre otras presuntas irregularidades graves. A los pocos minutos de haberse publicado la noticia en el portal sonó el teléfono en la redacción de Perfil. La vocera Bourdin exigió explicaciones y el levantamiento inmediato de la nota. Sorprendentemente, los deseos fueron órdenes cumplidas. La periodista que había escrito la nota —la misma que firma este libro— llamó esa misma tarde a la redacción para averiguar las razones por las que su trabajo, una primicia, había sido eliminado del portal. La respuesta la encontró al día siguiente. Uno de los editores le comentó que habían llamado de la Presidencia de la Corte y que era preferible que pasara el tiempo, que se calmaran las cosas que, por el momento, no iban a publicar nada más del tema. “La orden vino de Fontevecchia”, terminaron reconociendo. El llamado también lo había recibido el CEO de la editorial. No era la primera vez que llamaban de la Corte por una nota firmada por la cronista. En una oportunidad, y a pedido de Bourdin, se llevó a cabo una reunión en la sede del diario cuando este aún estaba sobre Chacabuco. En el encuentro estaban presentes los directores de los diferentes medios de la editorial y la vocera de Lorenzetti. En la charla, Bourdin manifestó que no le gustaba, para nada, lo que la periodista publicaba. Acto seguido les hizo ver lo conveniente que sería su despido porque “esa periodista es indomable”, adujo Bourdin vestida de rojo fuego. La respuesta del secretario de redacción de Perfil, Javier Calvo y del director de la revista Noticias, Edi Zunino, fue contundente: “¡No!”. Defendieron la libertad de expresión y avalaron a la colega. “La información no puede ser una copia de lo que publica el CIJ”, argumentó Calvo a Bourdin. “Eso no es periodismo”, le dijo mirándola a los ojos. El triunfo de la libertad de expresión, frente al poder de la toga, tendría corta vida. Aquella nota publicada en Perfil.com cambiaría el destino de la cronista. Antes, pese a la intermediación del director periodístico de Perfil, Gustavo González, y de Zunino, los editores del portal web decidieron —por su cuenta o por orden de alguien— asegurar que había un “error” en la información y le solicitaron a la autora una serie de descargos de manera verbal —como si se

tratara de un examen— y vía mail. Pero la cronista no solo contestó cada pregunta, sino que además presentó un informe detallado de la información respaldatoria con las pruebas y documentación que sostenían la nota levantada. La prueba aportada hacía imposible desdecirse. Hacerlo habría sido una falacia. A partir de entonces, esta periodista, especializada en judiciales y acreditada por la empresa en la Corte, no volvió a publicar en ninguno de los medios de la editorial en los que solía hacerlo. Atrás quedaron ocho años ininterrumpidos de trabajo. En Perfil se impuso la ley del silencio. En la Corte, pletóricos, la hicieron desaparecer de los emails que solía recibir con información judicial. Nunca más volvió a la reunión de los martes con Lorenzetti ni a ningún otro acto de la Corte Suprema de la Nación. Seis meses más tarde, de manera inesperada (en relación a los fallos anteriores y tras el largo proceso judicial iniciado en el 2006), la Corte rechazó, el 20 de mayo de 2016, un reclamo de Perfil contra el Estado Nacional. La editorial denunciaba la forma en que el gobierno acató —o simuló acatar— el cumplimiento del fallo que le ordenaba distribuir pauta publicitaria oficial a las publicaciones periodísticas de esa empresa. Algunos colegas recordaron la frase de Escipión: “Roma no paga traidores”. Tiempo después, Perfil volvió a publicar sobre el mismo tema “tabú”. Fue cuando el abogado Ricardo Monner Sans realizó la denuncia en la justicia federal y el juez Rodolfo Canicoba Corral impulsó la causa por el presunto delito de cartelización de la obra pública a través de funcionarios afines a Lorenzetti, como ya se vio en el capítulo 5. En esta ocasión, la Corte volvió a intervenir, pero esta vez a través del CIJ que Perfil replicó en la web. “En relación con una noticia publicada en el diario Perfil del 31 de enero de 2016 titulada Denuncian a ex funcionarios que dependían de la Corte Suprema, desmentimos totalmente la misma en el sentido de que dichos funcionarios no dependen de la Corte Suprema”.408 Perfil continuaba la batalla judicial. La empresa peleaba por algo que le correspondía: la pauta publicitaria millonaria que le adeudaban. Desde el alto tribunal, con la sartén de los tiempos de la resolución por el mango y el mango también, se hacían los distraídos con el fallo. Dicho por varios abogados litigantes ante la Corte y cuatro secretarios letrados consultados para este libro, lo retrasaban deliberadamente, “estaban condicionándolo” ya sabemos a qué, decían la mayoría de ellos en clara referencia a la línea editorial del medio. Para el medio gráfico significaba, quizás, la subsistencia.

Mass media Desde que Lorenzetti llegó a la presidencia del máximo tribunal, se mostró hábil en el manejo de los tiempos de causas sensibles. Un buen ejemplo es la de “Asociación Editores de Diarios de Bs. As. (AEDBA) y otros contra el Estado Nacional-Afip”. El pleito, tan interesante como complejo, se remitía a 2003 cuando algunos diarios y revistas, representados por diversas asociaciones, presentaron una medida cautelar por un decreto que modificó una disposición del 2001409 que les permitía utilizar o computar contribuciones patronales y aportes previsionales como crédito fiscal. Es decir, descontar estos (los aportes) de lo que se abonaba por el IVA. Durante más de diez años y mientras estuvo vigente la cautelar, muchos medios —apelando a esa lógica— no pagaron la deuda con la Afip. Desde entonces, exigieron la creación de un régimen diferencial de impuestos al Valor Agregado para sus empresas. Ese era el fondo de la cuestión. La causa arribó a la Corte recién en 2009, luego de que la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo ordenara el levantamiento de la cautelar (contraria a los intereses de los medios). Casi al mismo tiempo, el gobierno de Kirchner tomó medidas alternativas para que las empresas saldaran deudas como la ley 26.476 mediante la cual podían lograr exenciones y multas. Aunque no muchas fueron por ese camino. Posteriormente, el decreto 1145 (del 31 de agosto de 2009) permitió el canje de deuda por publicidad oficial y planes de pagos en cuotas. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y renegociaron su deuda.410 Luego de esos acuerdos solo quedaron en litigio La Nación (280 millones de pesos), El Litoral de Santa Fe (26 millones de pesos), la Editorial Perfil y Radiodifusora del Centro-Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno), y el Cronista Comercial (15 millones de pesos).411 Otra medida del 2014 modificó el IVA412 con una alícuota diferencial aplicable a las ventas, locaciones y las importaciones de diarios, revistas, publicaciones y espacios de publicidad. Tiempo después, el 28 de octubre del 2014, el máximo tribunal revocó esa sentencia y repuso la cautelar a favor de los medios. De ese modo, las empresas periodísticas litigantes continuaron eximidas del pago del tributo e intereses, además de no haber sido consideradas en falta o mora.

Lo particular del fallo fue que la Corte, que preside Lorenzetti, al resolver la medida cautelar y al permitir su continuidad por tantos años, se contradijo a sí misma. El criterio tradicional había sido que una cautelar no podía mantenerse in eternum, dado que esto la asemejaba a una sentencia anticipada. De hecho, ese criterio fue aplicado en la Ley de Medios, por ejemplo, para agilizar la resolución del pleito. Sin embargo, en esta sentencia, los jueces se fundaron en la “gravedad institucional” para sostener la medida. Para ellos “se encontraba amenazada la libertad de expresión”. De esta manera si la Afip cobraba la deuda, se ponía “en serio riesgo de quiebra o desaparición a las empresas del sector”. Además, sostuvieron que las políticas fiscales del gobierno “no podían ser utilizadas como instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”.413 Con los votos de Fayt —a días de su partida del tribunal— y Maqueda, Lorenzetti logró la mayoría (de cinco integrantes se requerían tres votos) para respaldar a los medios que acumularon deudas impositivas siderales durante los últimos años. Zaffaroni no firmó la sentencia. Solo él sabrá si esa era una manera de congraciarse con el gobierno. En tanto, Highton de Nolasco decidió plasmar su opinión y votó en disidencia, porque no estaba de acuerdo con el otorgamiento de un régimen de impuestos diferenciados. Tras esta sentencia, la Afip hizo algo más que patalear y recordar a los antepasados de Lorenzetti y los jueces que lo secundaron. Presentó un recurso extraordinario para insistir en la postura. En esta etapa del pleito se registró un episodio donde los reflejos del máximo tribunal merecían salir en el libro Guinness de los récords. El Tribunal, con los mismos fundamentos de la resolución anterior y en solo tres párrafos, rechazó el 3 de diciembre de 2015 la protesta de la Afip. Se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial (que permitía rechazar planteos sin fundamentos). La Corte volvió a respaldar la medida cautelar a favor de los medios. Además, avaló a la Cámara que ordenó crear un régimen diferencial del IVA, aunque aclaró que, mientras tanto, iba a continuar vigente el sistema (implementado en 2001) que permitía usar contribuciones patronales como crédito fiscal.

Entre los argumentos se señalaba que los sistemas impositivos que se habían utilizado durante el gobierno de Cristina Fernández podrían afectar “la rentabilidad” de los medios de mayor envergadura así como la “continuidad” de los mismos. La sentencia era clave para las empresas periodísticas porque evitaría que se les cobrara la deuda que mantenían con la Afip. Sin esta “ayudita” a sus finanzas, algunos podrían haber quebrado. Para el kirchnerismo, se trató de un gran espaldarazo de Lorenzetti, en especial, al diario La Nación, con quien mantenía —sin tanto exhibicionismo como con Clarín pero con similar intensidad —, un duro embate. Tampoco faltaron los desconfiados que vieron con malos ojos la visita que Fernán Saguier, subdirector de La Nación y uno de los propietarios del diario, habría hecho a Ricardo Lorenzetti.414 Desde la Corte admitieron intermediaciones con Julio Saguier, presidente del directorio de la empresa y accionista, ante la consulta por esta causa. Sospechas e internas entre los ministros rodearon esta última decisión. El trámite fue exprés. Bastaron solo once días para resolverlo. Los motivos del extraordinario ritmo lo sabrían los únicos que accedieron al expediente: Lorenzetti y Highton de Nolasco. En esos once días hubo tensiones y un escenario sin precedente. Un amago de divorcio judicial entre Lorenzetti y Highton de Nolasco. Para el hombre, la rebeldía de la señora, con la que tan bien se entendía en general, era un problema. La postura dilataba el trámite de la resolución y él tenía prisa. Las discrepancias terminaron en un duro cruce de palabras que resquebrajó la relación. Cortaron el diálogo y evitaron cruzar miradas. Unos días después, el caballero, galante y respetuoso, fue a visitar a su compañera de Corte a su despacho. Bastó un saludo cordial y un breve diálogo para retomar las buenas costumbres y volver a hablar el mismo idioma. La conversación derivó en un viejo proyecto de Highton sobre los derechos del consumidor. Hacía tiempo que la ministra pretendía crear una estructura que se abocara a la temática, similar a la que Lorenzetti había impulsado en materia de medio ambiente en la Secretaría de Justicia Ambiental. El proyecto no era nuevo, aunque estaba demorado. Quizás, Lorenzetti vio el momento justo para darle un empujoncito y congraciarse con la ministra. Y aunque no consiguió su voto para rechazar el recurso extraordinario de la Afip —detonante de todo lo que sucedió

— logró que no votara en disidencia. Favor por favor, habría acordado la creación de la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, que estaría a cargo de Elenita Nolasco (hija de la ministra), quien, por cierto, ya trabajaba como secretaria letrado de Lorenzetti. El 3 de diciembre se firmaron dos acordadas. La 36/15 creó la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, firmada por Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Lorenzetti y el contador del alto tribunal, Héctor Marchi. La segunda por la que se designa a Elenita Nolasco a cargo de la nueva estructura fue la 37/15. En los hechos, se habría formalizado el mismo día (3 de diciembre) pero los documentos tenían fecha posterior (9 de diciembre)415. Tal vez para evitar susceptibilidades. Lorenzetti, Maqueda, Fayt y Marchi no objetaron la designación pese a la supuesta incompatibilidad de designar familiares bajo dependencia directa de aquellos. El nombramiento fue cuestionado en la justicia federal por el abogado Patricio Kingston. El juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Rívolo416 tienen la causa en sus manos. Pero había más. De eso sí se habla Los últimos años Lorenzetti al mando de su presidencia en el alto tribunal se mostró más sensible a escuchar las demandas sociales. Incluyó en su discurso un tema con el que supo deleitar a sus oyentes: la corrupción. En cada oportunidad que pudo reiteró su compromiso para combatirla. También remarcó la importancia de que las investigaciones por ese tipo de delito llegasen a buen puerto. Estaba convencido de que iba a generar confianza en las instituciones. En especial, si se consideraba el hartazgo de la sociedad ante los casos de funcionarios y de sus allegados que amasaron fortunas de un día para el otro. Ante la demanda generalizada de justicia, el discurso del presidente de la Corte logró mayor cantidad de adeptos entre los jueces. Aunque no corrió la misma suerte en el Ejecutivo. De hecho, Lorenzetti siempre tuvo una relación “turbulenta” con CFK, siglas que para el magistrado significaban peligro a la vista. Ella lo desafió públicamente cada vez que quiso, en especial, en tiempos de reforma judicial. La ex presidenta no se privó de enviarle críticas solapadas por las demoras en las investigaciones de los jueces en las que ella tenía interés. En honor a la justicia, también buscaba que los procesos judiciales fueran ágiles. Con ese objetivo, entre muchos otros, la ex presidenta anunció en cadena nacional, el 8 de octubre de 2014, su intención de reformar el Código Procesal

Penal. La redacción de la nueva norma iba a estar a cargo de una comisión de juristas liderada por el ex ministro Zaffaroni. El proyecto pretendía implementar un sistema acusatorio penal en el que los fiscales mantendrían bajo su órbita las investigaciones criminales. Esto les otorgaría mayores facultades y poder. Como era de esperar, el anuncio no había caído bien entre los jueces, en especial entre los del fuero federal (los más sensibles para el poder). Estaban reticentes, desconfiaban de los intereses políticos que encubría la iniciativa.417 Sin embargo, y en medio de la interna que se había despertado, entre jueces y fiscales, por la propuesta del kirchnerismo, la Corte se adelantó y tomó una decisión: crear el cuerpo de peritos anticorrupción.418 El anuncio se dio a conocer, el 21 de octubre de 2014, justo un día antes que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal ingresara al Congreso. La idea del tribunal era que los peritos actuaran como auxiliares en delitos de corrupción y contra la administración pública419. Para los ministros era “tarea de todos los poderes del Estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combatía la corrupción”. A buen entendedor pocas palabras. El oficialismo comprendió a dónde apuntaba un anuncio de la Corte que consideraba, además de inoportuno, un desafío al gobierno. Justo cuando faltaba poco para que Cristina Fernández y se especulaba que una derrota de Daniel Scioli reactivara o generara causas de corrupción que involucrasen a funcionarios K. De hecho, más tarde esto se vería plasmado en las decisiones de los jueces federales que tras doce años de “estancamiento, corrieron a la velocidad de la luz”, según recordó el jurista Cornejo. Los ministros de la Corte, y en especial Lorenzetti, optaron por mantenerse al margen de las interpretaciones políticas y justificaron la creación del cuerpo pericial en los pedidos que los jueces de primera instancia le habían transmitido. Paradojas de la vida, mientras la Corte impulsaba la puesta en práctica del nuevo organismo que iba a colaborar en la lucha contra la corrupción, en la justicia federal se analizaba la denuncia que la legisladora porteña Oliveto Lago le había iniciado a Lorenzetti y a funcionarios afines. Lo señalaba como el ideólogo de una estructura financiera para desviar fondos del Poder Judicial y desarticular los mecanismos de control internos en contra de la letra constitucional. Al mes de la presentación de Oliveto Lago el fiscal federal Federico

Delgado presentó, el 19 de diciembre de 2014, un dictamen en el que consideró que las pruebas ofrecidas eran suficientes para investigar a Lorenzetti y funcionarios judiciales. “A través de todos estos procedimientos denunciados, el sistema de control interno y externo de la gestión de recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación, se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Consejeros con los que mantiene una misma sintonía política”, dejó por escrito. En base a esos argumentos, Delgado solicitó al juez Rodríguez, que se reconstruyera la “Memoria Institucional”, es decir a los que apuntaba Oliveto Lago entre ellos: “Ricardo Lorenzetti, Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos, Miguel Gálvez, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo con las siguientes personas: Hernán Ordiales, Carlos A. Sena, Alejandro C. Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Melhman, Carlos Tate, Pedro Jorge Fernando Meydac, Luis Alberto Devoto, Hugo Edgardo Borgert, Germán Ernesto Krieger, Héctor Daniel Marchi, Carmen María Odasso y Walter Mauricio Eusebio”. Además, Delgado pidió la unificación de las causas diseminadas en la justicia federal, solicitó la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro para que analizaran la “verosimilitud de la genealogía” que alojaba la dinámica mediante la cual el Sr. Lorenzetti habría orquestado la desarticulación del sistema de control externo e interno de la gestión de los recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación”. Lo llamativo fue que, pese a los argumentos del fiscal, y como si se tratara de una bomba, la denuncia fue desactivada por el juez Rodríguez, el 3 de marzo de 2015, por “ausencia de delito”. Delgado apeló y calificó ese accionar como “prematuro” ya que no se habían llevado a cabo la totalidad de las pruebas. “Lógicamente, como ya adelantamos, este proceso estuvo guiado por normas de diferentes niveles, aunque todas ellas habrían permitido llevar a cabo la ingeniería ilícita denunciada”, escribió el fiscal en el escrito de apelación, fiel al estilo “provocador” que le adjudican algunos juristas. Aquello significaba que para Delgado había indicios delictuales que debían investigarse, pero nada de eso ocurrió. Tampoco hubo oportunidad de darle intervención al flamante cuerpo de peritos anticorrupción. Lorenzetti y los suyos respiraban, de momento, tranquilos. De nuevo las casualidades asomaron por la puerta de las contrataciones y ascensos. Luego de ese desenlace judicial, el 6 de marzo de ese año la ministra Highton de Nolasco firmaría una resolución420 mediante la cual se trasladaba a

la esposa del juez Rodríguez, la abogada Silvia Elisa Arcos Valcarcel, de la Magistratura a la Corte “con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de prosecretario letrado, para desempeñarse en la Oficina de Subastas Judiciales del Tribunal, hasta el mes de mayo”. El contrato era —por entonces— temporal. Pese al impulso de Delgado, los camaristas federales Jorge Pati Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, por unanimidad, acompañaron a su colega de primera instancia al considerar que la denuncia de Oliveto Lago resultaba “incapaz de servir de fundamento a una investigación criminal”, tal como lo describieron en el fallo del 9 de junio de 2015. La causa quedó archivada. Una vez que Rodríguez desestimó por completo la denuncia contra Lorenzetti y los funcionarios de su círculo estrecho, la fortuna —¿qué otra cosa si no?— sonrió a Arcos Valcarcel: fue ascendida definitivamente a secretaria letrada de la Corte.421 El ascenso significó más del 50% de su anterior sueldo, le garantizaba seguridad laboral y una promisoria jubilación. Dicho esto, también es cierto que la funcionaria llevaba varios años en el Poder Judicial y había iniciado su carrera en la Corte, en el área de Subastas, de la mano del ex ministro Petracchi. Inevitables las suspicacias que despertó el ascenso de la abogada, los íntimos, entre ellos el marido, se ocuparon de defender el nombramiento que justificaban “por méritos estrictamente profesionales”. La frontera caliente El narcotráfico fue otro de los grandes temas recurrentes de Ricardo Lorenzetti. Desde 2006, en representación de la Corte, pidió en cada apertura del año judicial, por el diseño de políticas públicas para erradicar el narcotráfico, la inseguridad y corrupción. Aunque en 2009 su discurso se tornó más confrontativo. Puso al narcotráfico como tema prioritario de la agenda judicial. Se refirió a él como una “amenaza al estado de derecho” y en consecuencia exhortó a los jueces, en especial los que estaban en zonas donde el tema era apremiante, a que colaboraran para encontrar soluciones. Para él este tipo de delitos estaban relacionados a la utilidad económica. Por ello recalcó la necesidad de un mayor control aéreo y en las fronteras.422 Sin embargo, tiempo después, el 25 de mayo de 2009 el tribunal distinguió entre narcotráfico y consumo personal de estupefacientes. Fue en el fallo Arriola en el que declaró inconstitucional el castigo al consumidor siempre que no involucre ni afecte a otros. En mayo de 2014, jueces federales de todo el país, con competencia en la

materia, se reunieron en la ciudad de Orán, provincia de Salta, para intercambiar experiencias y lograr consensos ante el avance del delito. Este fue el antecedente para conformar un equipo de trabajo o comisión que traería consecuencias difíciles de imaginar para un guionista de cine. El martes 27 de octubre de 2015 (dos días después de la primera vuelta entre Scioli y Macri) Lorenzetti logró consensuar con sus pares la creación de una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico. Por delante tendrían una política de estado para combatir la problemática y coordinar entre las distintas instancias judiciales de todo el país la forma de implementarlo. “El presidente de la Corte había instalado la cuestión del comercio ilegal de drogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina”.423 Para algunos, “con la nueva comisión, la Corte avanzaba en forma temeraria sobre la división de poderes”, analizó Verbitsky. Para Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, el problema se había agravado en los últimos tiempos: sostuvieron que estaba en juego la seguridad de la población y que era necesaria una política de Estado urgente, efectiva y coordinada.424 Por aquel entonces, el presidente de la Corte había escuchado la preocupación de varios jueces federales. Entre ellos, Raúl Reynoso, titular del juzgado federal de Orán, que junto a Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza, formaban parte de la frontera caliente del contrabando. En la zona límite con Bolivia, no solo se traficaba cocaína y mercaderías, que iban a parar a las “saladitas” de todo el país; sino también divisas (pesos, dólares y euros) y personas.425 El juez salteño era uno de los preferidos del presidente de la Corte por ser un referente en la lucha antinarcotráfico. De hecho, lo “apadrinó” en diferentes congresos judiciales y empresariales.426 Lorenzetti confiaba en Reynoso. Era el asesor del tribunal para el establecimiento de aquella comisión.427 Pero mientras la iniciativa tomaba forma, sucedió lo imprevisto. Varios camiones con cargamento de éter, acetona y más de 500 kilos de cocaína, que cruzaban desde Orán a Chile, por el Paso de Jama, con el supuesto aval de Reynoso, habrían alertado a las fuerzas de seguridad del país trasandino. Fue mediante la embajada que Chile habría notificado a la Argentina. Este hecho habría sido el verdadero desencadenante de la suerte del magistrado norteño. Así lo confirmaron, en estricto off de record, fuentes de la justicia federal salteña. Para evitar el escándalo internacional, se habría impulsado la denuncia contra el magistrado en Orán, por su modus operandi que ya habían trascendido en la zona. En un abrir y

cerrar de ojos el juez que se suponía que era el azote del narcotráfico, el hombre en el que confiaba Lorenzetti, pasó a ser uno más en la red de narcotráfico que parece extender sus tentáculos en todos los estamentos de Argentina. Mientras la Corte tenía firmada la resolución en la que designaba a los integrantes de la Comisión, de la que Reynoso era parte, el juez Cabral le advirtió a Lorenzetti sobre el allanamiento que se llevaría a cabo en el juzgado de Orán.428 La designación fue frenada. Horas después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraba expedientes y documentación que comprobarían la supuesta asociación ilícita que lideraba el magistrado al “tarifar la protección de narcotraficantes”.429 Tras la denuncia de un abogado de Orán, la investigación quedó a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, y el fiscal salteño Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.430 La denuncia apuntaba a las “dádivas” que Reynoso cobraba a los imputados. “Una tarifa de $500.000” se consideraba estándar, aunque “en otros casos las sumas habrían sido sideralmente mayores”, detalló Bavio. Se analizó que, para beneficiarlo y permitirle evitar quedar preso en Salta, le habría cobrado US$350.000 al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, jefe de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina.431 Otro sospechoso le habría entregado un campo de unas 700 hectáreas conocida como finca “Mollinedo”, según la acusación. Los terrenos bajo la lupa judicial estaban a nombre del ordenanza del juzgado César Julio Aparicio, su hermana Rosalía y un prestanombre -José Eduardo Benítez- reconocido por el empleado que le habría cobrado los sobornos al juez en la camioneta del mismísimo Reynoso432. Además, se investigaba a otro narcotraficante que se encontraba prófugo, Miguel Farfán, quien habría pagado coima al ex juez federal de Salta, José Antonio Solá Torino.433 Para los investigadores Farfán sería el nexo con las fuerzas de seguridad. El caso conmocionó a la opinión pública nacional. Aunque las críticas más severas provinieron del seno de la justicia. “Resultaba imposible que Lorenzetti desconociera lo que sucedía en el juzgado de Reynoso, y esto lo hacía responsable de la circunstancia, por una vieja acordada de la década del 90, por la cual los ministros de la Corte se repartieron el país, por zonas y el área norte, —¿otra coincidencia?— le correspondía al presidente de la Corte”,434 consideró Cornejo.

No menos llamativo resultó, entre los judiciales, que quien defendió a Reynoso ante el Consejo de la Magistratura, por supuesto mal desempeño, fuera el abogado Oscar Luis Vignale,435 quien se ganó la fama de defender jueces ante este tipo de acusaciones. Entre sus pares, lo vinculaban a Lorenzetti a través de Claudia Levín y Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados y luego representante de magistrados en el Consejo. Por otro lado, en la frontera caliente, entre gendarmes, vecinos e incluso miembros de la Iglesia, el nombre de Lorenzetti y el de Reynoso solían pronunciarse al mismo tiempo. El 15 de abril de 2016, ya procesado, Reynoso renunció al juzgado federal de Orán. Estuvo once años al mando del juzgado multifuncional donde se investigaban los delitos cometidos en esa frontera, más que caliente en permanente estado de ebullición. El magistrado perdió los fueros y quedó detenido en la justicia federal salteña. “Desde 2005, apenas asumió el cargo, hubo problemas serios en varios casos resonantes que hubieran ameritado la intervención del cuerpo de auditores de la Corte que fue, casualmente, desarticulado desde la llegada de Lorenzetti”, recordó el juez Cornejo. Para el magistrado esto hubiera significado un órgano de control extraordinario para analizar los procederes éticos y legales de algunos de los jueces cuestionados. “Por acción u omisión, Lorenzetti fue el responsable de lo que sucedía en el juzgado de Reynoso”, resaltó Cornejo. Tampoco dudó en profundizar la crítica. “No quedó muy claro el cometido de la creación de la comisión antinarcotráfico, ya que ese tipo de organizaciones no fueron buenas en la justicia. Lo único que podían hacer los jueces era informarle al presidente de la Corte lo que acontecía. Pero no serían las comisiones las respuestas para omitir responsabilidades propias”, concluyó. El Código Civil, el suyo, el mío y el de todos Casi un año antes de que entrara en vigencia el nuevo Código Civil, fecha prevista para el 1 de enero de 2016, abogados, escribanos, funcionarios del Poder Judicial y contadores recibieron por correo electrónico y por teléfono las publicidades y promociones de la editorial Rubinzal Culzoni. No era otro que el cuerpo normativo comentado por Lorenzetti, uno de los redactores del proyecto. Se trataba de un compendio de 11 tomos cuyo valor en las librerías jurídicas ascendía a $31.310 en formato de lujo, es decir tapa dura y $26.800 en encuadernado rústico. Los tomos no se vendían por separado, pero la editorial ofrecía promociones en 18 cuotas con tarjetas de crédito. Las ganancias para la

empresa y para el autor y director del proyecto, Lorenzetti, en el que además participaba su hijo Pablo como coordinador, serían millonarias. El negocio cerraba por donde se lo analizara. La editorial había destinado un edificio entero en la ciudad de Santa Fe, donde tenía la casa central, para resguardar los compendios. Sin embargo, el contexto político no era el mejor para el presidente de la Corte. La relación con quien había impulsado la iniciativa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasaba por un mal momento, aunque se habían incorporado al texto los cambios realizados por el Ejecutivo. Estaban ya los once tomos impresos en grandes cantidades y guardados en cajas. Pero la ley empezaría a aplicarse recién en 2016, en pleno traspaso hacia un nuevo gobierno o ante la continuidad del kirchnerismo por medio de Scioli. Existía un riesgo: que se cambiara la letra de la ley si, por esas jugadas imprevistas del destino, ganaba Macri. El presidente de la Corte estaba preocupado. “El Ruso está nervioso. Tiene todos los libros y piensa que si cambian el texto debería imprimirse todo de nuevo”, se oyó decir al ministro en una conversación telefónica, según revelaron varios autores de la editorial. El Ruso no era otro que el dueño de la empresa, Isaac Rubinzal. El editor estaba horrorizado ante la idea de tener que tragarse semejante cantidad de libros si las cosas se torcían. Atento a todas las hipótesis, Lorenzetti recurrió a su operador, Nicolás Tito Fernández para adelantar la entrada en vigencia de la reforma. El kirchnerismo parecía aceptar, pero el obstáculo ahora era otro: el radicalismo. Al aprobarse la reforma en el Senado, el bloque radical no acompañó la iniciativa. Los senadores se habían opuesto a una serie de modificaciones que el Ejecutivo le había hecho al texto. Entre ellas, la exclusión de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. En este escenario, había que recurrir a Ernesto Sanz. La intervención del por entonces presidente de la Unión Cívica Radical, fue decisiva. Lorenzetti logró el apoyo de la Unión Cívica radical para adelantar la puesta en marcha del Código. En una sesión maratónica, el 16 de diciembre de 2014, se logró a través de una ley, apresurar la implementación del Código al 1 de agosto de 2015, en vez del 1 de enero de 2016, como estaba previsto desde un inicio. El proyecto se aprobó por 130 votos positivos, contra 93 negativos. Las especulaciones por la urgencia repentina fueron de todo tipo. El proyecto del nuevo Código Civil resultaba trascendental para Lorenzetti. Era la oportunidad para pasar a la historia más allá de contratiempos, reproches, acusaciones o denuncias futuras que pudiera tener por otros motivos. Era un

civilista que sería recordado por décadas como lo fue Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil de Argentina de 1869 que estuvo vigente hasta ese 1 de agosto de 2015. Aunque “Richard” no era el único redactor, los laureles serían suyos. Se convirtió en el vértice de un triángulo de juristas formado por la ministra Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. Pero la ex presidenta Fernández de Kirchner quiso que la geometría tuviera más ángulos y firmó el decreto 191/11 el 23 de febrero de 2011 por el cual al equipo de trabajo se sumaron otros especialistas. Tras una ardua tarea entre el 2 y el 27 de marzo, se entregó el anteproyecto del Código Civil al Poder Ejecutivo, que le hizo algunas modificaciones muy cuestionadas y el 7 de octubre de 2014, la mandataria promulgó la norma.436 Se alzaron voces críticas en un contexto de cepo cambiario en el que la letra del Código estipula que las deudas asumidas en moneda extranjera deben pagarse en esa moneda, tal como lo establecía el Código de Vélez Sarsfield, salvo otro pacto entre las partes.437 Para otros juristas la norma quedo desbaratada en el contrato de arbitraje, del que se desvincula al Estado Nacional en contraposición con norma de derecho internacional privado. En tanto advirtieron que se define a la posesión como una relación directa del dueño sobre la cosa, que permite repeler a terceros y es perpetua. “La división del mundo entre derechos reales y derechos personales hace pensar que tenemos relaciones con las cosas y esto es un atraso de 2500 años”, sentenció Barcesat. Otros de los derechos no establecidos fue el de la propiedad de las tierras a los pueblos indígenas. En tanto, el acceso al agua potable, como un derecho humano esencial para la supervivencia humana, tampoco quedó plasmado. En cuanto al derecho a la vida se reconoce, en concordancia con la Iglesia, que surge desde la concepción. Esta postura abrió un abanico de discusiones respecto a los tratamientos de fertilización asistida. El debate apuntó a los embriones congelados ¿Son personas o no lo son? La ciencia, la ley y la Iglesia disienten. Pero, quizás, lo más polémico fue la exclusión de la responsabilidad civil de los funcionarios. La oposición protestó y denunció la medida como una vulgar convalidación de la impunidad. Lorenzetti salió a poner paños fríos. “Los funcionarios públicos no deben dejar de responder ni desde lo civil ni desde lo penal”, aseguró en contra de la letra impresa. “En el código anterior de Vélez Sarsfield —continuó—, no había muchas normas al respecto y siempre hubo una discusión, y bueno el Congreso optó por hacer una ley especial. Nosotros habíamos dicho lo contrario. Los funcionarios públicos somos responsables de nuestro accionar porque estamos transitoriamente, no se trata de un cargo monárquico, uno está para servir a la población”.

En torno al negocio que significaba el Código Civil, se relacionó a la empresa Lan & Research,438 creada por Lorenzetti el 20 de octubre de 1998 junto a su amigo y socio, Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura durante 2016. Estaba instalado que esta empresa había trabajado de manera conjunta con Rubinzal Culzoni, entre otros proyectos, el del Código Civil. Piedecasas había sido abogado de la firma durante más de 20 años, como aseguraron varios autores de la editorial. Pero además, la Corte contrató con Rubinzal Culzoni SA para realizar publicaciones.439 Para algunos juristas Lorenzetti sería accionista de la editorial, desde donde niegan esta versión. Un imprevisto hirió el negocio del Código. En paralelo a la obra de Lorenzetti, Infojus, la página del Ministerio Público, alineada con el kirchnerismo, lanzó una edición gratuita del Código (en papel y en formato eBook). Causalidad o consecuencia Lorenzetti rescindió el contrato de Vanesa Risetti, la esposa del juez Gustavo Caramelo, uno de los directores de la publicación gratuita, identificado con la agrupación K Justicia Legítima. La abogada, que trabajaba en el área de informatización del Poder Judicial, perdió su trabajo, según Verbitsky, solo porque su marido había osado desafiar al “supremo”.440 Entre los constitucionalistas las críticas apuntaban al corazón del Código. Ante cualquier planteo de inconstitucionalidad los “cortesanos” que lo habían redactado estarían obligados a excusarse de intervenir. Al margen de esto, cualquier abogado podría recusarlos ya, en este instante, por haber intervenido en la elaboración de la norma. ¿Deberían excusarse de intervenir o no? ¿Se habían arrogado facultades legislativas? Esas preguntas se hacían en las facultades de derecho y entre los más eruditos juristas. Las respuestas eran imaginables. Online El CIJ debía proveer jurisprudencia y doctrina a todos los agentes judiciales a lo largo y ancho del país. Ese era uno de los objetivos por el que fue creado: “Facilitar el derecho comparado”. Sin embargo, una cosa son las intenciones y otras los hechos. Lo que parece concreto es la formación de un circuito cerrado de presuntos negocios en torno a los fallos producidos por la justicia, según las reflexiones de jueces y funcionarios judiciales. El asunto no era nuevo, se remontaba a una vieja discusión entre magistrados. Desde que

Lorenzetti asumió la presidencia del tribunal y el CIJ se colocó bajo su dependencia, nada habría cambiado. ¿En qué consistía el negocio denunciado por jueces? El Consejo de la Magistratura le compraba a la firma La Ley441 SAE e I o Thomson y Reuters, el servicio que les posibilitaba a los funcionarios judiciales consultar online las publicaciones tanto de doctrina como de jurisprudencia. El conflicto se centraba en que los fallos que en general publicaba la firma los producían los jueces. Es decir, la empresa obtenía la jurisprudencia de las cámaras de los distintos fueros, instancias y Corte. Luego las publicaba y se las vendía al proveedor de la materia prima intelectual, es decir al Poder Judicial. El rédito estaba en la posibilidad de que un usuario en cualquier juzgado del país, pudiera acceder a la última jurisprudencia. Pero no solo allí quedaba la trama. El servicio de la suscripción on line a través de la plataforma intranet-con acceso restringido-era vendido por la firma a todos los tribunales del país. El costo en 2016 ascendía a $738.910,46 mensuales, es decir $ 8.866.925,52 anuales. Su conversión a dólares sería de U$S 46.181,91 por mes y U$S 554.182,845 (conversor de moneda a$ 16 el valor de 1 U$S) en doce meses. Pero había otras cuestiones. Las publicaciones de los magistrados les daban, a su vez, puntaje para concursar en la Magistratura y prestigio académico para escalar en los escalafones de las diferentes universidades del país. Había un capítulo más: se pagaron altos montos para prestar este servicio online a juzgados que aún no funcionaban como los de las ciudades de Victoria (Entre Ríos) y Tartagal (Salta).442 La pregunta que se hacen los judiciales es: ¿quién se quedaba con la plata? Cuando el Papa dijo NO “Los males de América Latina están relacionados a la alianza entre la Iglesia con el derecho”, era la frase que Ricardo Lorenzetti lanzaba para empezar los debates sobre el tema. Se definía ateo y cuando lo hacía los suyos lo miraban con gesto burlón. El Mono fue el primero en consensuar con su amigo y por entonces intendente de su ciudad, Ricardo Peirone, para inaugurar una sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero en Rafaela.443 Fue importante ese proyecto y qué mejor momento que aquel, en el que Peirone, estaba al mando de la ciudad. En 1997, la delegación de la universidad en Rafaela fue un hecho y

logró contar con diez carreras de grado. El director de la sede universitaria o extensión de la institución académica es Edgardo Allochis, ex empleado en el estudio jurídico que lideraba la dupla Lorenzetti-Trivelli. Desde entonces, pese a sus más profundas no creencias, no desconoció el poderío planetario de la Iglesia Católica. En marzo de 2013, acompañó a la ex presidenta Fernández de Kirchner en la comitiva oficial para asistir a la entronización del Pontífice en el Vaticano. Sin embargo, en mayo de 2015, cuando la relación con el kirchnerismo no era la misma, Lorenzetti le solicitó una entrevista al Papa. Tenía previsto dar una charla en Italia sobre el nuevo Código Civil y la ocasión era la oportuna para visitar a Su Santidad y retratarse con él en una foto que todos los políticos quieren. La respuesta de la Santa Sede fue negativa. El presidente de la Corte esperaba un gesto de Francisco ya que el nuevo Código consideraba el derecho a la vida, como deseaba también la presidenta, desde el momento de la concepción. El supremo juez estaba desconcertado y triste. Había cumplido con su palabra pero le daban con la puerta en las narices.444 Incansable al desaliento, no bajaría los brazos. A principios de junio de 2016, por fin, Lorenzetti se reunió a solas con el Papa. Francisco lo recibió durante una hora en la residencia de Santa Marta. El encuentro se dio poco antes de que el ex arzobispo de Buenos Aires pronunciara un fuerte discurso de respaldo a la independencia del Poder Judicial en la Cumbre de Jueces sobre el crimen organizado y la trata de personas, que se llevaba a cabo en esos días en la sede de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.445 Lorenzetti viajó con una comitiva de magistrados argentinos. Entre ellos, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Romilda Servini, Sergio Torres, Julián Ercolini y el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato. Francisco también los recibió en la sede de Santa Marta, encuentro del que participó, no se sabe bien por qué razón, el legislador porteño y referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. Amigo de Bergoglio desde tiempo atrás, Vera, al que se considera el vocero extraoficial del Papa, intercedió para que Lorenzetti tuviera ahora línea directa con el Vaticano. De hecho, habría sido el mismo Vera en persona quien llamó a los jueces para organizar la travesía, como se le escapó a más de uno.

Lorenzetti no pararía hasta lograr la foto con el Sumo Pontífice. Sería el nuevo amuleto de su suerte política. En ese encuentro se produjo una escena importante. El juez que investigaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por presunto lavado de activos entre otros supuestos delitos, mantuvo una reunión a solas con el Papa Francisco. La segunda vez que el ateo presidente de la Corte Suprema fue recibido por Su Santidad Francisco fue el 5 de septiembre de 2016.446 Entonces tuvieron su vis à vis. El motivo que habría logrado acercarlos fue la mutua preocupación por el cuidado del medio ambiente. Macri llevaba ocho meses de gestión y el encuentro se daba en plena discusión judicial por las tarifas de luz y gas que amenazaba con reactivarse. Mientras el enojo de la diputada Elisa Carrió era mayúsculo contra Lorenzetti quien se había negado a entregarle las declaraciones juradas.447 “Hoy el Papa influye mucho por sus ideales. Tiene un liderazgo global que los argentinos tenemos que valorar”, declaró Lorenzetti, al elogiar al pontífice argentino.

379. Coberturas realizadas en la Corte Suprema de la Nación por la autora desde 2007 a 2015. 380. Página 12, Irina Hauser, 3 de marzo de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267270-2015-03-03.html y se completó con varios trabajos de la profesional, como la nota publicada en el mismo medio el viernes 3 de octubre de 2014 en el sitio web: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256728-2014-10-03.html. En adelante cualquier referencia al análisis del discurso del presidente de la Corte se remiten a la labor de Hauser. 381. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de mayo de 2016: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html. 382. La Nación, Adrián Ventura, 3 de marzo de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limitesrespondio-lorenzetti. El texto se completó con notas de El Cronista, 3 de marzo de 2015: http://www.cronista.com/economiapolitica/El-discurso-de-Lorenzetti-en12- frases-20150303-0098.html y La Nación, Adrián Ventura, 4 de marzo 2015: http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limitesrespondio-lorenzetti. 383. Clarín, 26 de febrero de 2013: http://www.clarin.com/politica/frasesprincipales-discurso-lorenzetti_0_ryPWwo5owQe.html. 384. Clarín, 26 de marzo de 2013: http://www.clarin.com/politica/frasesprincipales- discurso-lorenzetti_0_ryPWwo5owQe.html. 385. Ídem. 386. La Nación, Adrián Ventura, 8 de abril 2016: http://www.lanacion.com.ar/1887304-lorenzetti-reclamo-un-nunca-mas-para-laimpunidad-y-la-corrupcioara-la-impunidad-y-la-corrupcion. 387. Por Acordada 17/06 de la Corte se creó el Centro de Información Judicial con la firma de los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. El CIJ surgió como materialización de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó en la provincia de Santa Fe. Así,

fue como la Corte dispuso la creación del portal web del CIJ y de un área de prensa destinada a coordinar políticas comunicacionales y asistir a los tribunales que así lo requieran en el ámbito del Poder Judicial de todo el país. 388. Entrevista realizada para este libro al constitucionalista y especialista en derechos humanos, el jurista Eduardo Barcesat, el 21 de noviembre de 2016. 389. Revista Veintitrés, 13 de diciembre de 2012. 390. La Nación, agosto de 2011. 391. Agencias de Medios, 30 de agosto de 2011: http://www.agenciasdemedios.com.ar/novedades/actualidad/la-corte-supremalanzara-su-canal-de-tv-por-internet/ 392. CIJ, 17 de marzo de 2011: http://www.cij.gov.ar/nota-6434-Lavadode-dinero-- piden-informacion-sobre-causas-abiertas-en-el- pais-contra-HugoMoyano.html. 393. Página 12, 20 de marzo de 2011: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-52612-2011-03-20.html, LPO, 5 de abril de 2011: http://www.la politicaonline.com/nota/51384/ 394. Página 12, 4 de enero de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/el pais/1263214-2015-01-04.html. 395. La Nación, 22 de mayo de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1584425-la-corte- suprema-ordeno-publicar-todoslos-fallos-judiciales-en-internet. 396. La Nación, 29 de marzo de 2008: http://www.lanacion.com.ar/999608la-sip- premio-a-la-corte-suprema-por-un-fallo-ejemplar. 397. “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo”. Río Negro Online, 5 de septiembre de 2007: http://www1.rionegro.com.ar/diario/2007/09/05/1189021635.php. 398. Patitó, José Ángel y otros contra diario La Nación del 24 de junio de

2008. Integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial iniciaron una demanda contra el diario La Nación y contra el periodista Jorge Urien Berri, con el objeto de que se los condenara a resarcir los daños que les habrían provocado una serie de notas entre 1998 y 1999. 399. Di Salvo, Miguel Ángel contra Diario La Mañana sobre daños y perjuicios. Año 2010. 400. Lorenzetti, Ricardo. >El arte de hacer Justicia, Sudamericana, 2014 (p. 112). 401. Cabe recordar que la causa llegó al Alto Tribunal luego del recurso extraordinario que presentó el Estado nacional contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había admitido, tiempo atrás, el amparo promovido por PERFIL y que, en consecuencia, había ordenado al Estado nacional “que en el término de quince días disponga la distribución de publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial amparista, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características”. 402. Los argumentos de la sentencia, en defensa de la libertad de expresión, merecían ser recapitulados. Allí, los jueces (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Fayt), señalaron que en el caso bajo análisis estaba en juego el alcance de las cláusulas contenidas en los artículos 14 (derechos civiles), 16 (igualdad ante la ley) y 32 (libertad de expresión) de la Constitución Nacional, y en los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de los artículos 19 (libertad de expresión) y 26 (igualdad ante la ley) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 403. En la causa “Editorial Río Negro S.A c/Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo, la Corte Suprema se había manifestado sobre el alcance de la protección constitucional que asistía a las empresas periodísticas. Allí, sostuvo que, si bien no existía un derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oficial, para los casos que el Estado decidiese otorgarla sí existía una protección contra la asignación arbitraria por parte del Estado. En la resolución los ministros habían establecido pautas de interpretación para este tipo de casos. Cabe recordar que en aquella oportunidad el máximo tribunal manifestó que los gobiernos “debían evitar las acciones que, intencional o exclusivamente,

estuviesen orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que llegasen indirectamente a ese resultado” y que, para acreditar ese hecho, no era necesario probar “la asfixia económica o el quiebre del diario”. 404. La editorial Perfil, contaba con el fallo favorable (de fecha 29 de febrero de 2012) del juez contencioso federal Ernesto Luis Marinelli. Además, la Cámara Nacional había ordenado, el 14 de agosto de 2012, que se acatara el fallo del máximo tribunal. En ese sentido, la resolución exhortaba al Estado a que, en caso de quedar firme la sentencia, tenía un plazo de 15 días para presentar un plan de pauta oficial que incluyese a tres publicaciones de Editorial Perfil: Noticias, Fortuna y el diario Perfil. Asimismo, los ministros establecieron una sanción (multa de 1000 pesos) en caso de no acatar el fallo. 405. La Nación 15 de febrero de 2009: http://www.lanacion.com.ar/1099965-destaca- adepa-un-fallo-a-favor-de-perfil. 406. CIJ, 21 de octubre de 2014: http://www.cij.gov.ar/nota-14275Lorenzetti-recibi- el-premio-a-la-Libertad-de-Expresi-n-de-la-EditorialPerfil.html. 407. Infobae, 21 de octubre de 2014: http://www.infobae.com/2014 /10/21/1603354- lorenzetti-estamos-viviendo-un-primitivismo-cultural/ 408. Perfil.com, 1 de febrero de 2016: http://www.perfil.com/politica/lacorte- suprema-hizo-una-aclaracion-sobre-una-nota-del-diario-perfil-02010050.phtml. 409. Los antecedentes se remontaban a los acuerdos de competitividad de 2001 que buscaron paliar los efectos de la crisis económica. En junio de ese año, el decreto 730 benefició a los medios de comunicación con la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, a condición de que estos compensaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal al liquidar el IVA. En otras palabras, se trataba de una medida excepcional que buscaba preservar el empleo y el congelamiento del precio de los diarios. Muchos de los medios no cumplieron y adujeron el aumento de costos. La persistencia de la emergencia económica provocó que el ex presidente Fernando de la Rúa, extendiera los beneficios a todos los contribuyentes hasta abril de 2003. Su sucesor, Eduardo Duhalde, en marzo del mismo año, restringió el beneficio solo a los medios de comunicación y al transporte de carga. La medida,

implementada por el decreto 746/03, era de carácter excepcional por un “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses hasta que el nuevo gobierno encontrara una solución alternativa. Al asumir Néstor Kirchner se comprometió a crear un régimen sustitutivo de aquel decreto, pero no lo hizo. A partir de ese momento comenzó la batalla legal. 410. Entre las empresas que optaron por estas modalidades estaban La Gaceta, Telefe, América TV, Canal 10 de Mar del Plata, La Nueva Provincia, el Grupo Clarín, Canal 9 y Telecentro, el Gr upo Vila-Manzano, entre otras. 411. Página 12, 6 de enero de 2013: http://www.pagina12.com.ar/diario/el pais/1211307-2013-01-06.html. 412. A través de la ley 26.982. 413. Nación, 29 de octubre de 2014: una-cautelar-para-los-diarios” http://www.lanacion.com.ar/1739566-repuso-la-corte-una-cautelar-para-losdiarios. Surge de resolución del 28 de octubre de 2014, caratulada Asociación Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA) y otros contra Estado Nacional decreto 746/03 Afip sobre medida cautelar (autónoma). 414. Página 12, 13 de diciembre de 2015: pais/1-288159-2015-12-13.html» http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-288159-2015-12-13.html. Consulta a secretarios letrados de la Corte y a funcionarios del alto tribunal. 415. Pero había más. El mismo 9 de diciembre por la Acordada 38/15 los cuatros ministros reales y el “sexto”, Daniel Marchi, autorizaron la contratación privados a diversos puntos del país, donde no llegan las líneas comerciales o no resultan adecuadas las frecuencias. 416. La denuncia se registró en el expediente se registró como Expediente CFP Numero 5698/2016 caratulado “Lorenzetti Ricardo Luis, Maqueda Juan Carlos, Fayt Carlos Santiago, Nolasco Highton Elena Cristina sobre nombramientos ilegales”. Delito previsto en el artículo 253 del Código Penal. 417.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/e lpais/1-258050-2014-10-22.html. 418. Fue a través de la acordada 34/2014, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. 419. CIJ, 21 de octubre de 2014: http://www.cij.gov.ar/nota-14268-LaCorte-cre--un- cuerpo-de-peritos-especializados-en-casos-de-corrupci-n.html. El nuevo organismo se creó a través de la acordada 34/2014, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. 420. Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 294/2015, de fecha 6 de marzo de 2015, suscripta por la ministra Elena Highton de Nolasco. 421. A Silvia Arcos Valcarcel se le otorgó el cargo de secretaria letrada de la Corte, con rango presupuestario similar al de un juez de primera instancia. 422. La Nación, 10 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1907436-lorenzetti- afirmo-que-el-narcotraficoaumento-en-los-ultimos-diez-anos. Además notas publicadas los días 3 de marzo de 2015 y 16 de marzo de 2016 por el diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294682-2016-03- y http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267 270-2015-03-03.html16.html. 423. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de noviembre de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285682-2015-11-08.html. 424. CIJ, 27 de octubre de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-19131-LaCorte-cre-- una-Comisi-n-judicial-para-la-lucha-contra-el-narcotr-fico.html.La comisión se creó a través de la Acordada 28 del año 2015. 425. La Nación, 2 de noviembre de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1841854-en-la- caliente-frontera-norte-la-droga-secruza-por-mil-dolares. 426. Entrevista realizada para este libro al jurista, historiador y juez de la Corte de la provincia de Salta, Abel Cornejo, el 21 de julio de 2016. En adelante todas las opiniones en relación a Ricardo Luis Lorenzetti y su supuesta responsabilidad en el narcotráfico se adjudican a esta fuente.

427. Página 12, 8 de mayo de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de noviembre, cit.

2016: 428.

429. Ídem. 430. Reynoso tenía un aceitado mecanismo para negociar con los narcotraficantes y las coimas, a través de empleados de su juzgado y abogados y operadores externos que investiga la justicia salteña con el respaldo del fiscal Iglesias. Las presuntas dádivas las cobraba la ordenanza del juzgado, César Julio Aparicio, en una de las camionetas del juez. Además, la hermana soltera del empleado, Rosalía Candelaria Aparicio, poseía varios inmuebles rurales que resultaron llamativos para la justicia. Entre ellos, la Finca Mollinedo de 690 hectáreas, en una de las zonas sojeras más importantes de la provincia, que le habría comprado a Pablo Raúl Vera en 2014, investigado por supuestos delitos vinculados al narcotráfico por el juez Reynoso. Todo ello surge de fuentes con acceso al expediente en el que se investigó al juez federal Raúl Reynoso. Asimismo, de la declaración indagatoria de César Julio Aparicio, de fecha 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de Salta y de los registros de la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta. 431. La Nación, Gabriel Di Nicola, 2 de mayo de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1894584-el-ex-juez-reynoso-fue-detenido-porcobrar- coimas-a-los-narcos. 432. Surge de la causa a cargo del Juez salteño Julio Leonardo Bavio, y el fiscal salteño Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias Procunar y de las declaraciones testimoniales de César Julio Aparicio. 433. Página 12, 9 de http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

marzo

de

2016:

294135-2016-03-09.html. 434. Ídem nota 418. 435. Según surge del expediente 133/15 del Consejo de la Magistratura que tramitó ante la Comisión de Disciplina y Acusación.

436. Sitio oficial de la Casa Rosada, 7 de octubre de 2014: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/27983-la-presidentapromulgo-el- nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion. 437. El problema por entonces radicaba en la imposibilidad de acceder a la compra de moneda extranjera ante el cepo cambiario impuesto por el kirchnerismo lo que obstaculizaba que se pagara no con moneda de curso legal argentina, sino con su equivalente en dólares u otra moneda considerada como cantidad de cosas. En uno de los tantos acuerdos, el trabajo editorial estaba destinado a la Biblioteca Central “Dr. Roberto Repetto” para el año 2016, pero hubo varias contrataciones anteriores. 438. La empresa fijó sede en el ex estudio jurídico del juez que pasó a dirigir su hijo Pablo, en la calle Sarmiento 439 de la ciudad de Rafaela. se constituyó el 20 de octubre de 1998 bajo la escritura pública 243, Folio: 681, Registro 1415, ante la escribana Clara Glagovsky. El objeto social se centró en difundir las ciencias jurídicas y sociales, promocionar obras, realizar cursos, seminarios, servicios y asesoramiento. Se constituyó por 99 años con el inicio de ejercicio el 31 de 2012 con un capital de $10.000. Ese monto es representado por cien cuotas de $100 como valor nominal con derecho a un voto cada una. Boletín Oficial No 29017, Secc: 2da a través del estudio jurídico Chouhy (LP - 21/12/98 - 342598 BRE), según reza el acta constitutiva. Por otra parte, Rubinzal Culzoni SRL de la ciudad de Buenos Aires, fue absorbida en 1999 por la empresa Rubinzal Culzoni S.A de la provincia de Santa Fe, ligada a la Universidad Nacional del Litoral donde estudiaron Lorenzetti y Piedecasas. 439. En uno de los tantos acuerdos, el trabajo editorial estaba destinado a la Biblioteca Central “Dr. Roberto Repetto” para el año 2016, pero hubo varias contrataciones anteriores Surge de la Resolución de la Corte Suprema SGA 643/16, Expediente 7199/2015, de fecha 4 de abril de 2016. El monto de la contratación era por la suma de $24.326,64 con pago anticipado de acuerdo a lo presupuestado. De la resolución mediante la cual se imputó el gasto, se desprendía que ese monto sería mensual al señalar solo la cuenta de la que se pagaría, del ejercicio financiero 2016. El documento fue suscripto por el contador Daniel Marchi. 440. Página 12, Horacio Verbitsky, 2 de agosto de 2015: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-73769-2015-08-02.html.

441. LA LEY SAE e I es el nombre jurídico con el que se registró la firma. 442. Surge de facturas B y C, a nombre de la empresa Thomson Reuters, La Ley SAE e I con domicilio en la calle Tucumán 1471 (CP 1050), y Abeledo Perrot SA con sede en Avenida Callao 410, piso 3 (C1022 ACW) Buenos Aires que emitió el Consejo de la Magistratura en el marco del Expediente Número 1320503/2014, Ordenes de Compra Número 62/2016 y 61/2016 Resolución de la Administración General 812/2016. 443. Los que impulsaron la idea fueron Carmelo Greco, presbítero italiano representante del Obispado de la ciudad desde 1996 y responsable del área pastoral del Colegio de los Hermanos Maristas, San José donde cursó la secundaria Lorenzetti, como Alejandro Bonet, su representante legal. 444. La política online, 6 de mayo de 2015: http://www.la politicaonline.com/nota/88875/ 445. La Nación, Elisabetta Piqué, 3 de junio de 2016: ces-y-fiscales-en-elvaticano” http://www.lanacion.com.ar/1905342-el-papa-francisco-recibe-hoy-ajueces-y- fiscales-en-el-vaticano. Se complementa con nota del mismo diario de fecha viernes 9 de septiembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1936072lorenzetti-saludo-al- papa-francisco-y-elogio-su-liderazgo. 446. Télam, 8 de septiembre de 2016: http://www.telam.com.ar/notas/2016 09/162149-lorenzetti-papa-francisco-dialogo-interreligioso.html. 447. Ámbito Financiero, 8 de septiembre de 2016: http://www.ambito.com/854150- lorenzetti-visita-al-papa-y-desata-furia-decarrio.

Capítulo 9La causa Nisman: una amenaza en la redLorenzetti y esa extraña sombra sobre la causa Nisman. Cómo aprovechar y convertir la debilidad del gobierno en virtud de juez supremo. El expediente de la muerte del fiscal, otro botín de guerra. Juez, arte y parte. El Lex 100 y el sorteo trucho de la causa. Que casi todo cambie para que nada cambie. ¿Gatopardismo? La imagen de los fiscales que marcharon bajo la lluvia aquel 18 de febrero de 2015 (18F) quedará en la retina de los argentinos. Las miradas, los gestos, el respeto en un marco de reclamo de justicia se transformaron en un silencio ensordecedor. No importaba el clima, ni las gotas de aguas sobre las caras: miles de personas y funcionarios judiciales marcharon entre el Congreso de la Nación y la Plaza de Mayo, dos símbolos de la historia del país. Ese día se escribiría otro capítulo. Quizás de esperanza. Seguro de tristeza, de infinita tristeza. Se cumplía un mes de la muerte del fiscal federal, Natalio Alberto Nisman, a cargo de la unidad especial para investigar el atentado a AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Unos días antes de que apareciera muerto en su departamento, Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista. “Solo Dios sabrá si fue un accidente, homicidio o suicidio”, se escuchaba en la marcha. El descreimiento había tomado las calles. Ese mismo 18F, bien temprano, Lorenzetti hizo su aporte. Previo a la manifestación se reunió en su despacho con la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Intercambiaron impresiones. Ella le planteó las dudas sobre la investigación judicial,448 por entonces a cargo de la jueza criminal del fuero ordinario Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein. Lorenzetti, como titular del cuerpo, le dijo que “la Corte estaba a disposición para ayudar a que se esclarezca un hecho que ha trascendido a todos los argentinos”. Demostraba estar decidido a colaborar para reforzar ciertos equipos de trabajo vinculados al caso caratulado como “muerte dudosa”. Arroyo Salgado buscaba demostrar el presunto asesinato del padre de sus hijas. Lorenzetti y ella habían intercambiado opiniones sobre dónde debería tramitarse la causa. El presidente de la Corte, según allegados a la magistrada, se habría manifestado a favor del fuero federal. María Bourdin, “la vocera experta en desmentidos” —como se la conoce entre periodistas de judiciales—, recurrió a Twitter para negar la conversación que, menos en su oficina, confirmaban en

todas partes. Esa reunión no se vio con buenos ojos en el gobierno ni entre magistrados, al considerar que Lorenzetti anticipaba posición cuando todo hacía pensar que, en algún momento, debería intervenir el máximo tribunal. Para ellos, en ese caso, el presidente de la Corte debería excusarse de intervenir en las resoluciones del caso Nisman. Lorenzetti hizo caso omiso tanto a las advertencias como a las críticas y respaldó a Arroyo Salgado desde el primer momento. La reunión negada por Bourdin no había sido la primera. El martes 27 de enero se habrían encontrado en la Corte, donde la jueza le transmitió el pedido de la familia para poder despedir al fiscal en el cementerio judío de La Tablada. Hasta entonces, Arroyo Salgado no había definido si solicitaría o no repetir la autopsia y estaba en desacuerdo con la decisión de la fiscal Fein de no esperar la designación de los peritos de parte, como ella había pedido — con el tiempo en contra— para realizar el procedimiento. En ese preciso momento Lorenzetti intervino ante el Cuerpo Médico Forense, bajo dependencia de la Corte, para que entregara el cuerpo de Nisman a la familia. Allí, su amigo Hugo Borgert,449 director general pericial de la Corte Suprema de la Nación, intercedió de inmediato, como lo confirmaron profesionales del cuerpo. Lorenzetti estuvo interesado en colaborar desde que se descubrió el cuerpo de Nisman con la cabeza perforada de un balazo. El máximo responsable del Poder Judicial tomó conciencia de la dimensión del caso que había conmocionado a la Argentina y al mundo. Recibió a la jueza Palmaghini, y le brindó colaboración.450 El Ministerio Público, alineado al kirchnerismo, también prestó soporte. De inmediato, Arroyo Salgado, contó con la defensa técnica conformada por un equipo de defensores públicos liderados por Germán Carlevaro. Ese sería el abogado de la Defensoría Pública que llevaría adelante la representación de la querella o damnificados. Se habían traspasado algunos límites legales. Este tipo de defensorías está previsto en la Constitución Nacional solo para personas de escasos recursos. Y este no era el caso. Ya fuera como una especie de privilegio o colaboración desinteresada le habían prestado a Arroyo Salgado todas las herramientas que había a su alcance y las que no, también. “Solo encuentro garantías en el Programa de Asistencia y Patrocinio jurídico de ese Ministerio Público de la Defensa al que tuve el honor de pertenecer”, dijo la ex mujer de

Nisman en una conferencia de prensa, ante el descontento con el curso de la investigación.451 Los soportes legales empezaron a tambalear. Existían diferencias entre la postura de Arroyo Salgado (querella) y los 12 peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte. Estos situaron la data de la muerte el domingo 18 de enero, en una franja horaria que va del mediodía a la primera tarde. Por otro lado, concluyeron que los golpes que tenía Nisman en el cuerpo no habían sido en el fragor de un acto de defensa propia sino producto de la caída tras el disparo. Eso demostraría —a su juicio— que Nisman sufrió una caída a plomo o con el peso de su propio cuerpo, sin nada que lo amortiguara. Se golpeó la cabeza y una pierna, y quedo agonizando. Todas esas conclusiones correspondían a los peritos oficiales de la Corte.452 Trabajaron bajo la dirección del decano del Cuerpo Forense, Roberto Godoy, aunque quien realizó la autopsia de Nisman fue el perito ad hoc Héctor Di Salvo y el médico legista Fernando Trezza. Los profesionales fueron reconocidos por sus pares como competentes, aunque en el caso de Godoy las opiniones no fueron unánimes por su calidad de médico psiquiatra con pocas autopsias en su haber. “Otro colega destacó los vínculos con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y afirmó que fue quien pidió su intervención en el caso. El ataque de Arroyo Salgado contra Godoy y su equipo abrió una grieta entre la jueza y el presidente de la Corte, que hasta ahora habían mostrado coincidencias de criterio”.453 Así, dos equipos de profesionales se enfrentaban: el del alto tribunal versus el equipo de Arroyo Salgado. La jueza tenía un batallón de técnicos. La secundaban el forense Osvaldo Raffo, el médico legista Julio Ravioli y el criminalista Daniel Salcedo. Por su parte Diego Lagomarsino, el técnico informático, único imputado en la causa por prestarle la pistola calibre 22 a Nisman con la que terminó o terminaron con su vida, presentó al perito de parte Mariano Castex. En la Junta Médica realizada el20 de mayo de 2015, Castex coincidió con los diez especialistas del Cuerpo Médico Forense y los dos de la Policía Federal en que “no se encontraron indicios que permitan sostener con rigor médico que la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio”.454 Los trece forenses firmaron el informe final de la Junta Médica. En cambio, los peritos designados por la familia de Nisman abandonaron la junta antes de la redacción final del informe y presentaron por separado —en sobre cerrado— sus propias conclusiones. Había solo un punto en común entre todos ellos: la escena del crimen “estaba contaminada, lo que impediría saber a ciencia cierta lo que realmente había sucedido”. Algunos lo decían a viva voz y otros por lo bajo.

Había otras discrepancias. Mientras para Fein y los forenses de la Corte, no “hubo una tercera persona” en la escena del crimen, la querella disentía. Para la jueza Arroyo Salgado y sus peritos el cuerpo fue “arrastrado y Nisman agonizó durante varios minutos”. El Cuerpo Pericial de la Corte ha estado bajo la mira desde hace tiempo tanto por las designaciones “con criterios políticos” como por la asignación irregular de causas a determinados profesionales en detrimento de otros, que debería ser investigado en detalle por la Justicia, explicó la legisladora porteña Paula Oliveto Lago.455 “Hay irregularidades que se encuentran bajo estudio”, concluyó. Pero desde el órgano procuraron rebatir estos argumentos, al destacar que las “designaciones son por concurso y en base a criterios profesionales”. Sin embargo, muchos se preguntan cómo hubiera sido el resultado de la autopsia oficial si no hubiera estado la viuda de Kirchner en la presidencia. ¿Podría haber sido otra? ¿Puede direccionarse un tema de tamaña gravedad? Silencio de los peritos oficiales. La jueza Sandra Arroyo Salgado seguía firme en su postura. Para ella se había tratado de un “magnicidio”. De hecho, ese argumento la mantuvo enfrentada a la fiscal Fein durante toda la pesquisa hasta que se esta se jubiló456 cuando la causa aún se tironeaba entre el fuero federal y el ordinario. Un tropezón no es caída Pero hubo más avatares políticos en la causa por la muerte de Nisman. En la apertura del año judicial de marzo de 2015, Arroyo Salgado presenció por primera vez el discurso de Lorenzetti. Un mensaje —o no— al gobierno estuvo allí. La imagen del presidente de la Corte con la ex mujer del fiscal resultó fuerte. Tal vez, porque la escena se daba en medio de las duras críticas que la administración kirchnerista había realizado a la Corte al acusarla de liderar un “Partido Judicial”. El presidente del cuerpo redobló la apuesta en la inauguración del año judicial y en su discurso criticó a la mandataria.457 En el arranque de su disertación, el titular de la Corte Suprema habló de las víctimas de distintas tragedias que sucedieron en el país: “Tenemos que verlas con rostro humano, no son expedientes, ni objeto de disputas políticas”, exclamó.

Defendió la atribución de los jueces de declarar inconstitucionales las leyes: “El Poder Judicial debe poner límites. Eso no significa ni puede significar que sustituyan la acción de gobierno. Simplemente significa que no hay poderes ilimitados”,458 expresó. El mensaje tenía un emisor y destinatario: se refería a las declaraciones que el domingo anterior había hecho la entonces presidenta Cristina Fernández al criticar al Poder Judicial. Habló nuevamente sobre la existencia de un “Partido Judicial” y señaló a la Corte Suprema como responsable de que no haya avances en la causa por el atentado a la Embajada de Israel en Argentina, sucedido en 1992 y cuya instrucción quedó en manos del máximo tribunal”. Lorenzetti redoblaba la apuesta y le contestaba: “No hagamos disputas de poderes. Las víctimas no esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros. Esperan una actitud más madura (…) Cuando hay personas clamando justicia, ¿qué tipo de diferencias son las que nos separan? Pidió “ser más adultos, dejar las cuestiones menores y ponernos a trabajar”. “Es tiempo de terminar con la impunidad, con investigaciones oscuras que se traban y no se sabe dónde terminan”,459 exaltó. “De nada sirve que digamos esto es un problema de uno o de otro”, manifestó el juez. “La Corte no tolerará ninguna acción extrema que ponga en riesgo el estado de derecho”,460 continuó.Y sumó: “No está mal que hablen los poderes. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde se censura el diálogo entre poderes”.461 Luego habló de la independencia judicial y afirmó que “los jueces no deben ceder a las presiones. Debemos respetar tanto al ámbito judicial como al Congreso y a la institución presidencial como ocurre en todos los países estables, que es lo que pretendemos ser”, insistió. “Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmo, y del miedo”, señaló el ministro. No era una apertura más. El ritual comenzó con un video elaborado por el CIJ en la que se mostraban los rostros de víctimas y tragedias con el himno nacional de fondo y un análisis sobre la impunidad. Se entrecruzaron imágenes de víctimas de casos resonantes como Ángeles Rawson, Marita Verón, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, con las de centros clandestinos, la voladura de la AMIA y el cierre con un primerísimo plano de Nisman. Tan impactante como inesperado fue el video que ninguno de los jueces federales, fiscales, autoridades del gobierno nacional, abogados, invitados, familiares de víctimas del atentado a la mutual judía AMIA y periodistas aplaudió. El silencio colmó la sala de audiencias, Lorenzetti tironeaba entre el rol de “héroe y juez”,462 decían por lo bajo algunos de los asistentes. “Había sido tan audaz

como desafortunado. Tal vez, una provocación”, coincidieron varios de los jueces asistentes en off the record. Lo cierto era que muchas de esas causas aún se encontraban bajo investigación judicial y sin sentencia firme. La justicia había dejado de ser “imparcial”. ¿Se había politizado? Pero el reto continuaba. Aunque la memoria le jugaría una mala pasada: Lorenzetti se equivocó al empezar la alocución y al rebatir un cuestionamiento de la ex presidenta, expresó que el atentado a la Embajada de Israel era “cosa juzgada”. El titubeo fue definido por los presentes como “un error mayúsculo” tratándose de una de las principales causas para la historia de Argentina. Evidenció que no estaba al tanto del expediente. La reacción del supremo fue inmediata. Le solicitó a Esteban Canevari, secretario penal a cargo de la investigación, que le armara un informe sobre el estado de la causa. La cara de Lorenzetti se transformaba mientras leía que la investigación aún se encontraba en trámite. Es decir, en pleno proceso. Luego el CIJ publicó ese texto en su página web,463 para retractar las palabras del ministro que habían levantado polvareda. Más tarde, en marzo de 2015, mientras Cristina Fernández seguía al frente del Ejecutivo, la causa Nisman arribó a la Corte entre recusaciones y planteos. Los ministros debían resolver sobre la continuidad o no de la fiscal Fein y decidieron desestimar el recurso de queja que había planteado Arroyo Salgado. Fein continuó a cargo de la causa.464 Tic, tac… La explosión final En el primer cuatrimestre del gobierno de Macri, en abril de 2016, por decisión de la Cámara del Crimen, la causa Nisman pasó al fuero federal. Pese a los esfuerzos de Lorenzetti por colaborar con la investigación, allí se desataría algo inesperado. Como si se hubiera tratado de un maleficio, el software del Poder Judicial “Lex 100” explotó como una bomba —justo cuando no debía hacerlo— en la causa de la muerte del fiscal Nisman. Fue el 11 de abril del 2016, a las 11.40, cuando se presentó ante la Cámara Federal, en los tribunales de Comodoro Py, Sebastián Marasco, secretario letrado de la jueza Palmaghini, acompañado de los prosecretarios Ignacio Perzán y Federico Simonetto, para cumplir con el sorteo del juzgado que recepcionaría la investigación en el fuero federal.

Los funcionarios entregaron a la Cámara los 61 cuerpos de la investigación.465 Quizás no pasó un minuto cuando ocurrió lo que, de ninguna manera, podía suceder. Justo a las 11:57 cuando se inició el sorteo de la causa Nisman, el sistema eclosionó. Reventó. Por más de tres horas se paralizó. Entró en coma. El sistema arrojaba de forma permanente “error”, repetían una y otra vez los empleados. A las 12.23 se canceló el sorteo por “fallos de transacción” según la expresión insólita que señalaba el sistema en la pantalla de la computadora. El sorteo parecía maldecido. “El diablo había metido la cola”, se reían los judiciales. La secretaria general de la Cámara Federal, Susana Echeverría, transpiraba y su temperatura corporal oscilaba entre el frío gélido y el calor tropical. Le temblaban las piernas y su cara empalideció, le bajó el azúcar. Era la responsable de lo que pasaba ante sus ojos, pero aun así no podía creer que sucediera con la causa Nisman mientras funcionarios y periodistas esperaban, del otro lado del mostrador, conocer quién sería el juez que asumiría la investigación. Hasta ese momento, Marasco desconocía lo que acontecía. Nadie le daba explicaciones. Lo único claro era que aún no se había sorteado la causa. Fue entonces cuando Marasco cuestionó la excesiva demora ante los empleados, quienes le informaron que “era un error recurrente, pero que llegado el caso el sorteo sería manual”. A Marasco se lo notaba ofuscado. Desconfiaba de alguna “maniobra” en el sorteo. Pero, ¿qué era lo que sucedía? He aquí la sorpresa. Se había sorteado el expediente por la muerte de Nisman registrado bajo el N° 3559/2015 y el juez asignado había sido Sebastián Casanello. El CIJ —ni lerdo ni perezoso— publicó la información. Esa sería la prueba letal que demostraba que todo era un fraude porque, en verdad, el sistema había fallado y en rigor, el sorteo nunca se había producido. Las dificultades prosiguieron. Echeverría seguía pálida, al borde del colapso. Para evitar futuras responsabilidades, el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, ordenó que se volviera a sortear la causa. Recién a las 14.39, “Trapito” Mehlman, director general de Tecnología de la Magistratura, se comunicó con Echeverría para informarle que el sistema se había restablecido. Mientras todo esto ocurría, Marasco, encolerizado, esperaba buenas nuevas de brazos cruzados.

Tras ese largo peregrinar y después de borrar todos los registros, la Cámara hizo un nuevo sorteo recién a las 14.50 ante la presencia de Marasco, quien luego labró un acta detallada de todo lo ocurrido. Julián Ercolini, de aceitado vínculo con Lorenzetti, asumiría la causa. En paralelo, Irurzun —máximo responsable de los sorteos del fuero federal — impulsó una denuncia al igual que lo hizo el abogado Ricardo Monner Sans. La causa quedó primero en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo,466 aunque luego pasó a manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Patricio Evers.467 No era la primera, Monner Sans ya había cuestionado la implementación del Lex 100 ante el juez Ariel Lijo.468 Con posterioridad, el presidente de la Magistratura, Miguel Piedecasas, ordenó un sumario administrativo ante lo acaecido. Esto motivó que Juan Carlos Cubría, administrador general del Poder Judicial, apartara a Mehlman de su cargo. Lo reemplazó el subadministrador del Consejo y ex director contable de la Unidad Informática, Jorge Nasisi, aunque al poco tiempo, Mehlman fue reincorporado a sus funciones.469 El sistema hacía agua y el último naufragio había sido ese caso, de extrema sensibilidad. El efecto colateral impactaba en la línea de flotación del resto de los juzgados federales donde el reparto de causas recordaba a la figura en espejo de un croupier arrojando las cartas sobre la mesa del casino. Entre los técnicos de la Magistratura no hubo unidad de criterio para explicar las razones del caos. Lo cierto fue que las irregularidades que rodearon al sorteo informático de la causa Nisman generaron cambios. Obligó al máximo tribunal a tomar las riendas de la administración de la base de datos del Poder Judicial que ya había asumido el 2 de marzo de 2016 a través de la Acordada 6/16. Pero fue el expediente Nisman el que aceleró los pasos para implementar un protocolo de actuación desde el 5 de mayo de 2016. En suma, la Corte pasó a ser la máxima responsable del sistema informático del Poder Judicial de la Nación. Entre idas y vueltas de un sorteo teñido de desconfianza, la causa Nisman continuaba en medio de un debate. Era un botín de guerra. El 16 de junio de 2016, la Cámara de Casación porteña ordenó que la causa volviera a la órbita ordinaria de la jueza Palmaghini.470 Así fue que, mediante un recurso de queja, el fiscal Ricardo Sáenz cuestionó la medida y el 20 de septiembre de 2016, con la firma de todos los integrantes, la Corte decidió que la causa volviese a manos del juez Ercolini.471

Los tres mosqueteros El sistema Lex 100 estallaba por los aires y las esquirlas de la explosión sobrevolaban en la Justicia. Era momento de dar respuestas. Fue entonces que el 27 de septiembre de 2016 el presidente de la Magistratura, Miguel Piedecasas — amigo y socio de Lorenzetti— habría seguido las directivas del supremo juez: reestructurar las áreas de tecnología y de seguridad informática. Así lo informó a los consejeros en la reunión ese mismo día. El anuncio detonó una riña entre Piedecasas y Luis María Cabral, dos actores de un mismo bando. El primero se inclinaba por apartar a Mehlman, y el segundo por mantenerlo. El presidente del cuerpo le recordó a “Bachicha” Cabral que ya habían nombrado a su “pollo” Mariano Pérez Roller en el cargo de secretario general de la Magistratura, para certificar —en el rol de escribano — cada disposición del órgano colegiado. La pulseada la ganó Piedecasas.472 El sistema Lex 100 estaba bajo la lupa por su presunta permeabilidad a la manipulación de datos sensibles y despertó fuertes cuestionamientos del kirchnerismo en el Consejo. Casi como si facciones de los servicios de inteligencia hubieran desatado una guerra. Es tan así que en ese plenario el diputado nacional del FpV Rodolfo Tailhade, más conocido como el “dipuespía”473 pidió la palabra e incriminó: “la verdad que escuchar proyectos especiales y Melhman me da miedo, así nomás se los digo. Ya me estoy imaginando allanamientos reiterados en donde coloquen a Melhman. Estas modificaciones son para disfrazar las responsabilidades”, expresó el camporista Tailhade. No había forma de frenar su alocución y remató: “los operadores judiciales como los medios solo se ponen a correr cuando Carrió denuncia”. Melhman fue apartado de su cargo, pero no sancionado sino nombrado director de la nueva Unidad de Modernización, Innovaciones Tecnológicas y Proyectos Especiales. Por otro lado, se creó la Dirección General de Seguridad Informática, a cargo del ingeniero Sebastián Gómez del Junco. Mientras que la Dirección General de Tecnología que comandaba Mehlman, quedó al mando de la ingeniera civil Adriana Marisa Waintal. Estas dos últimas direcciones bajo la superintendencia del contador, Jorge Nasisi, subadministrador general del Consejo,474 hombre del riñón del radical Ernesto Sanz y de Lorenzetti, como él mismo solía presentarse. Waintal fue la misma que en 2012 se encargó de realizar los cronogramas de las implementaciones del polémico Lex 100. En tanto Alberto Chareca, quien

hace años ejerce el cargo de subdirector de Tecnología se sumó a ella en un frente común. Lo propio hizo José Masdeu, alias “el Chaqueño clonador”, jefe del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones. El apodo se lo ganó entre sus compañeros por la habilidad de clonar teléfonos celulares y hackear aquello que se propusiera, como aseguraron los informáticos. Señalados como “alfiles” de Melhman, en la Justicia los llaman “los tres mosqueteros”. Ganaron fama por duplicar sus sueldos a través del cobro de horas electorales, un porcentaje adicional extra que se justifica tan solo con ingresar a las computadoras desde sus domicilios con una contraseña, fuera del horario laboral y sobre todo los fines de semana,475 como lo denunció ante la justicia federal el abogado Ricardo Monner Sans. La causa quedó bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Tras la reforma implementada por Piedecasas, Juan Carlos Cubría suspendió las horas electorales a estos funcionarios. Había fuego cruzado. A los “tres mosqueteros” los secundaban los históricos informáticos Juan Carlos Cavo, Alejandro Falcone, Jorge Nasisi, Gabriel Mehlman y Alfredo Catoira. También se creó una Unidad de Auditoría Informática dependiente de la presidencia de la Corte, es decir de Lorenzetti.476 ¿Gatopardismo? Todos estos cambios generaron la ira de la jefa de Departamento de Organización y Sistemas, Patricia Borrás, quien trabajó durante veintiocho años en la Dirección General de Tecnología. La situación era insostenible para ella, coinciden los técnicos. Su negativa a la implementación del Lex 100 ya le había costado ser separada de sus funciones durante la puesta en marcha del programa. Ella advirtió sobre las irregularidades del software y ahí empezó el tormento. Pese a ser una experta en la temática y reconocida por su trayectoria, fue trasladada a un escritorio arrinconado donde le negaban tareas pero la obligaban a cumplir el horario, tal como recuerdan allegados a la funcionaria. “Estaba prisionera, era jefa pero no la dejaban actuar”, recapitulan mientras la comparan con el hostigamiento que vivió durante el kirchnerismo Graciela Bevacqua, ex directora del Indec. De inmediato Borrás gestionó el pase y en veinticuatro horas estuvo solucionado. Mientras la funcionara informaba su decisión a Waintal, su superiora, lloraba frente a sus narices porque no podía creer que la única persona con el oficio y técnicas requeridas decidiera dar un paso al costado. Para Borrás eran claras las irregularidades que implementaban, como señaló a sus íntimos. Waintal no podía contener las lágrimas, ya se sentía a la deriva.

Los informáticos estaban preocupados ante los cambios mientras “los tres mosqueteros” se abroquelaron “uno para todos y todos para uno”, en un frente común de resistencia ante los ataques externos hacia la DGT. El 21 de octubre de 2016 ocurrió el mayor ataque cibernético mundial en los últimos diez años. El Poder Judicial argentino no estuvo exento, seis días después fue hackeado.477 Durante cuatro días los servidores estuvieron inactivos. A tal punto que la Corte debió declarar días inhábiles para que no se contabilizaran los plazos procesales en las causas.478 Al día siguiente la jueza federal Servini —que ya no firma con el apellido Cubría— sorprendió al data center (sede donde se resguardan las computadoras maestras y las bases de datos del Lex 100) con un segundo allanamiento. ¿El hackeo habrá surgido desde el mismo Poder Judicial? Todas las opiniones por lo bajo eran afirmativas. ¿Querían librarse de información? ¿Qué escondía ese ciberataque al sistema informático judicial? Hasta las internas de los servicios de inteligencia cayeron en la búsqueda de respuestas. El Lex 100 solo desataba internas. Pero la cruzada que ya daba qué hablar era la que impulsaba la jueza federal Servini contra Lorenzetti sobre la supuesta responsabilidad en la implementación y funcionamiento del software. La magistrada promovía la denuncia de la diputada Carrió que había cuestionado la presunta manipulación de los sorteos judiciales como de datos. Así también, quería averiguar si era factible direccionar los casos a determinados jueces y peritos.479 En tanto, el hijo de la Chuchi y administrador general del Poder Judicial de la Nación se negó480 a dar luz verde a la reingeniería del sistema electoral argentino a mediados de 2016. El proyecto pretendía “monopolizar bajo el ala de Lorenzetti el sistema electoral argentino y descabezar a los veinticuatro jueces electorales”, entre ellos su madre, como el mismo Cubría lo definió en el capítulo 1. Del otro lado del round judicial y preparada para defender a su hijo, Servini mantiene bajo su órbita no solo la denuncia por las supuestas irregularidades del Lex 100 que lo tiene a Lorenzetti con los pies sobre brasas — como trascendió desde la Corte—, sino también la investigación por el manejo de los fondos de Fútbol para Todos. En esta última, en junio de 2016, procesó a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan

Manuel Abal Medina y al presidente de la AFA, Luis Segura, entre otros.481 Aunque dos nombres barajaba la jueza en ambas causas: Andrés Meiszner y Aníbal Fernández (ver capítulo 6). La Chuchi dispuesta a dar batalla. Pero una decisión judicial repercutiría en el escenario político los últimos días de diciembre del 2016, seis meses antes de elecciones legislativas. La justicia penal resolvió reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.482 Tras la intermediación de Lorenzetti —en palabras de camaristas federales— la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir la investigación. El fallo se dio después de dos meses de una intensa suerte de guerra en Casación entre los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky —ambos alineados al presidente de la Corte y la jueza Ana María Figueroa, ultra kirchnerista de aceitado vínculo con el ex secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini— decidió reabrir la investigación. El escrito de Nisman, que tras su muerte pasó diferentes estadios judiciales sin avance alguno —como consta en el expediente— acusa al dirigente iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, al ex juez Héctor Luis Yrimia y a Ramón Allan Bogado, supuesto espía de la ex Side. La denuncia activada por los camaristas también apunta contra el ex canciller Héctor Timerman, el diputado de La Cámpora, Andrés Larroque, y los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche. El máximo tribunal penal del país daba un gran paso con esta decisión, como lo analizaron en el seno de la comunidad judía. Los camaristas apartaron del caso al juez federal Daniel Rafecas (que rechazó dos veces investigar la acusación) y tras ser sorteada de nuevo, Ariel Lijo, amigo personal de Lorenzetti quedó a cargo de la causa. El 14 de enero de 2017, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que investigara el robo de una llave de acceso a la declaración cifrada del ex espía Stiuso y del sistema informático del Poder Judicial.483 La denuncia que realizó el ex subdirector de Seguridad Informática del Poder Judicial, Luis David Conte, apuntó contra uno de los informáticos del equipo que lideran “los tres mosqueteros”: Sebastián Gómez del Junco. Tras volver de sus vacaciones el 2 de enero, Conte no solo notó que le habían cambiado el cerrojo de su despacho sino que le faltaban de su caja fuerte —guardada en su oficina de la calle Lavalle 1240 que compartía con Gómez del Junco— un pendrive que contenía una de las dos claves de acceso al testimonio

cifrado, por tener información de inteligencia. Era el del ex espía Stiuso en la causa por la muerte del ex fiscal Nisman y que la jueza Fabiana Palmaghini había solicitado resguardar allí. Gómez del Junco le explicó a Conte que durante su licencia, junto al subadministrador Jorge Nasisi, le habían asignado una nueva oficina y que, por lo tanto, le cambiaron la cerradura. También advirtió la sustracción de un CD que contenía el código fuente o contraseña del Lex 100, el polémico software del Poder Judicial. Así, Conte lo dejó sentado en su denuncia como también la manipulación de su computadora laboral. Para algunos judiciales se trataba de una interna de informáticos, para otros, entre los supuestos robos, ciberdelitos, hackers y piratas en la red no salían de su asombro. Parecía una película de ciencia ficción, pero no era Matrix —decían—, era Justrix. 448. Clarín, 20 de febrero 2015, María http://www.clarin.com/politica/Nisman-llevo-dudas-CorteSuprema_0_1307269465.html.

Eugenia

Duffard:

449. Borgert fue el contador que suplió a Cristina Akmentis en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2009, aunque once meses después fue trasladado como cabeza del organismo, como se analizó en el capítulo 4. 450. Clarín, 20 de http://www.clarin.com/politica/Nisman-llevo- Suprema_0_1307269465.html.

febrero

de 2015: dudas-Corte-

451. Según surge de nota publicada en el diario Página 12, el miércoles 11 de febrero de 2015 en el sitio Web: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-2659312015-02-11.html. El sitio web Infojus, informó que la Defensoría General de la Nación nombró al defensor público Germán Carlevaro como representante de la familia de Alberto Nisman y el abogado particular Jorge Breiman, que había sido nombrado para tal fin, quedó desplazado del expediente. Así, en la resolución 109/15 del Ministerio Público de la Defensa se resuelve el patrocinio tanto de Arroyo Salgado como de Sara Garfunkel, madre de Nisman. La exmujer del fallecido fiscal especial de la causa AMIA argumentó el pedido diciendo que “la trascendencia e intereses de magnitud aún desconocidos que subyacen a la instrucción a cargo de la fiscal Viviana Fein, convencen a la suscripta de que el valor ‘justicia’ y el anhelo por el descubrimiento de la verdad solo habrán de

alcanzarse a partir del desenvolvimiento profesional, idóneo y ético de las partes que intervienen en el proceso”. 452. Infonews, Néstor Espósito, 20 de mayo de 2015: http://www.infonews.com/nota/201028/para-13-peritos-nisman-se-suicido-eldomingo 453. Perfil de 2016: Francisco Jueguen, 15 de febrero tras irregularidades del software del Poder Judicial Lex 100 el 15 de julio de 2016 y la causa Aurelio Tomás, de marzo de 2015: http://www.perfil.com/politica/dosequipos-forenses-se-enfrentan- en-la-investigacion-del-caso-nisman-03070006.phtml. 454. La Nación, Paz Rodríguez Neill,21 de mayo 2015: http://www.lanacion.com.ar/1794590-nisman-la-junta-medica-concluyo-que-nohay- pruebas-de-un-homicidio. 455. Entrevista para este libro a la legisladora porteña del Frente Unen, Paula Oliveto Lago. 456. La fiscal Viviana Fein presentó su jubilación el viernes 15 de abril de 2016, según surge de nota publicada tres días después en el diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1890494-la-fiscal-viviana-fein-presento-surenuncia. 457. Clarín, 3 de marzo de 2015: http://www.clarin.com/politica/ArroyoSalgado- Nisman-Lorenzetti-apertura_0_1313868792.html. 458. Clarín, 3 de marzo de 2015: http://www.clarin.com/politica/luegocristina- lorenzetti-apertura-judicial_0_rJEGYX5P7g.html. 459. El Cronista, 3 de marzo de 2015: http://www.cronista.com/economiapolitica/El- discurso-de-Lorenzetti-en-12frases-20150303-0098. 460. La Nación, Adrián Ventura, 4 de marzo 2015: http://www.lanacion.com.ar/1773227-el-poder-judicial-debe-poner-limitesrespondio-lorenzetti. 461. Clarín, 3 de marzo de 2015: http://www.clarin.com/politica/LuegoCristina- Lorenzetti-apertura-judicial_0_1313868802.html.

462. Página 12, Horacio Verbitsky, 8 de mayo de 2016: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html. 463. CIJ, 4 de marzo de 2015: http://www.cij.gov.ar/nota-15040-Informesobre-el- estado-de-la-causa-relativa-al-atentado-a-la-Embajada-de-Israel.Informe-de-la- Secretar-a-Judicial-N--3.-Dr-Canevari.html. 464. La Nación 4 de marzo de 2015: http://www.lanacion.com.ar/1828135la-corte- rechazo-un-recurso-de-arroyo-salgado-y-viviana-fein-seguira-al-frentedel-caso- nisman. 465. Surge de acta labrada por Sebastián Marasco el 11 de abril de 2016, a fojas 6 y 7 del Expediente S.G.N N° 2434/2016. 466. Tiempo Judicial, 19 de mayo de 2016: http://www.tiempojudicial.com/la- denuncia-por-el-forum-shopping-en-la-causanisman/ 467. El 15 de julio de 2016 la diputada Elisa Carrió denunció las supuestas irregularidades del software de gestión judicial Lex 100 (sorteos de causas, peritos, etc.). La investigación quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Patricio Evers. A partir de entonces por conexidad, es decir el mismo objeto de investigación el juez Bonadío delegó la causa por el sorteo de la muerte del fiscal Alberto Nisman a la magistrada. El juez Ariel Lijo mantiene bajo su órbita la denuncia (causa 1960/16) por las supuestas irregularidades en la adquisición del Lex 100 en una licitación sospechada de haber estado “direccionada” (ver capítulo 6). 468. Tiempo Judicial, 19 de mayo de 2016: http://www.tiempojudicial.com/la- denuncia-por-el-forum-shopping-en-la-causanisman/ y el 10 de mayo de 2016 en el link: http://www.tiempojudicial.com/forum-shopping-en-el-pase-a-federal-de-lacausa-nisman/ 469. Expediente del Consejo de la Magistratura SGN 2434/2016 y acta labrada por Sebastián Marasco a fojas 6 y 7 del expediente mencionado. Se complementa con Acta de Reunión de Evaluación de Incidente en la Causa CCC N° 3559/2015 sobre el sorteo de la causa “Nisman”. Por la Resolución del Consejo de la Magistratura, N° 59/16 del 25 de febrero de 2016, se designó al contador Jorge Nasisi como subadministrador General dentro de la estructura de

la Oficina de Administración y Financiera, con la suscripción de Miguel Piedecasas y Susana Berterreix. Por la Resolución CM N° 144/16 del 7 de abril de 2016 ratificó en sus cargos a Nasisi y Juan Carlos Cubría. Por la Resolución N ° 1058/2016 de fecha 26 de abril de 2016 Nasisi asumió las funciones de superintendencia de Gabriel Mehlman y este mantuvo la dirección técnica. 470. Dyn y Télam, 16 de junio de 2016. 471. Télam, 20 de septiembre de 2016: http://www.telam.com.ar/notas /201609/163818-corte-suprema-de-justicia-fallo-justicia-federal-causa-albertonisman.html. La causa se abrió el 18 de enero del 2015 tras el hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal de la causa Amia y se tramitó desde un primer momento en ese fuero criminal ordinario como “NN y otros s/averiguación de delito. Damnificado: Nisman, Alberto y otros”. 472. Sitio web del Consejo de la Magistratura el día 12 de septiembre de 2016: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/44-autoridades/autor/3476-drmariano-perez-roller-secretario-general. La designación fue impugnada el 8 de septiembre de 2016 por la Asociación civil Usina de Justicia ante el nombramiento de Pérez Roller, el nuevo secretario general del órgano político del Poder Judicial sin llamado a “concurso público de antecedentes y oposición”.:o premios.os, sirregularidades a los que premiregularidades, los mismo que lo habrntes lugares del parmita modificar el sistema 473. Noticias, Rodis Recalt, 13 de noviembre de 2015: http://noticias.perfil.com/2015/11/13/rodolfo-tailhade-el-dipuespia/ 474. Sitio web del Consejo de la Magistratura el martes 27 de septiembre de 2016: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informaciongeneral/3500- sesionoplenario27-09-16. 475. Los funcionarios del Consejo de la Magistratura que cobran horas electorales entre otros son: Adriana Marisa Waintal, según surge de sus recibos de sueldos y legajo N° 16.766, Alberto Oscar Chareca (legajo N° 40.318), Juan Carlos Gagliano (legajo N° 40.987), Carlos Alberto Sena (legajo N° 36.885), Claudio Martín Alcalde (legajo N° 28.867), Sebastián Coya (legajo N° 11.413). El abogado Ricardo Monner Sans ratificó su denuncia, ante el juzgado federal 10 secretaría 20 a cargo del juez Julián Ercolini, el 10 de noviembre de 2016.

476. El plenario de la Magistratura resolvió además que la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba realizaran auditorías en todas las oficinas y tribunales de la Nación. 477. Todo Noticias, 27 de octubre de 2016: http://tn.com.ar/politica/hackearonla-red- del-poder-judicial-de-la-nacion_749312. 478. Por Resolución N° 3019/16, la Corte Suprema declaró inhábiles los días 24 y 25 de octubre de 2016 ante el supuesto hackeo informático del que habría sido victima el Poder Judicial. al de la Coalición Cívica. 479. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió denunció ante la justicia federal las supuestas irregularidades del software del Poder Judicial Lex 100 el 15 de julio de 2016 y la causa se asignó a la jueza Romilda María Servini. 480. Por Resolución N° 1176/16 del 3 de mayo de 2016 (Expediente N° 106934/10) el Administrador General del Poder Judicial suspendió la migración de datos de los padrones electorales. 481. La Nación, 23 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/ 1911697anibal- fernandez-jorge-capitanich-y-juan-abal-medina-procesados-por-la-causadel-futbol- para-todos. Se complementa con nota del diario Clarín, 4 de septiembre de 2016: http://www.clarin.com/politica/Avanza-investigacionargentina-escandalo- FIFA_0_1644435546.html. 482. Clarín, 29 de diciembre 2016: http://www.clarin.com/politica/amiaordenaran- investigar-denuncia-nisman-cristina-kirchner_0_rJHXtsfre.html. 483. Noticias Argentinas, Sergio Farella, 14 de enero de 2017.

Capítulo 10 La tierra prometidaLorenzetti y la versión del vamos por todo: tierras, gas, petróleo, ganadería, agricultura, minería, químicos y otras inversiones. Las avionetas de Salta. La fachada ecologista y el negocio del desmonte a costa de los pueblos originarios. El triángulo Cristina Fernández, Juan Manuel Urtubey y el juez supremo. Las dos caras de Lorenzetti. Su tesoro: la Fundación Expoterra. Mecenas, millones y transferencias millonarias al extranjero. (…) No te burles de un colla, que si vas pa´l cerro, te abrirá las puertas de su triste casa. Tomarás su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas, comerás un tulpo… y a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de lajas, cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada… ¡así sobrevive con su Pachamama! Fortunato Ramos Los montes del norte salteño están en peligro. La paleta de colores de los bosques nativos se transforma. Los verdes y marrones se han tornado ocres y amarillos ceniza. La furia de inmensas topadoras arrasa en caravana con lo que se atraviesa a su paso. No hay salida para la fauna. Tampoco para familias enteras de comunidades indígenas y criollas. Nada queda en pie. Ni la imagen de sus recuerdos. El paisaje se lo tragó la tierra a golpe de máquinas, atropello, corrupción y falta de respeto. Vivir sin vida, desde hace más de veinte años. En una hora se desmontan cinco hectáreas y en un día 120, porque trabajan día y noche sin parar. El “Chaco salteño” agoniza en un lento exterminio. Hay nuevos colonizadores en el norte del país. La tierra con sus bosques es el terreno de batalla. La conquista cruza provincias y se hace nacional. El 28 de noviembre de 2007 el Congreso aprobó la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos 26.331.484 El objetivo era proteger los bosques y reconocer los derechos ancestrales de las comunidades indígenas de la región. La norma exigió a las

provincias distinguir las zonas de los nativos485 en un mapa de acuerdo al cual podrían autorizarse o no los desmontes, luego de un estudio de impacto ambiental. La disposición obligaba, además, a que la cartografía fuera aprobada por una ley provincial. Ya por entonces, Cristina Fernández de Kirchner tenía en mente extender la zona agropecuaria a más de seis millones de hectáreas. Lo lograría tres años más tarde mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA). El proceso no sería un camino de rosas. Los bosques nativos de las regiones que integran los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, de la provincia de Salta, estaban incluidos en el exterminio. Los habitantes lo advirtieron y tratarían de evitarlo. Seguían creyendo y queriendo conservar sus raíces y sus árboles. La presidenta no tendría el apoyo de ellos. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija El Gran Chaco contiene el bosque nativo más grande de Sudamérica después del Amazonas. Más de un 60% del Gran Chaco se ubica en la Argentina aunque cubre parte de Brasil, Bolivia y Paraguay”,486 describe el especialista Andrew Leake, referente de Global Forest Watch487 (el sitio que brinda datos de superficies deforestadas alrededor del mundo). El PEA “pese al discurso oficial de defensa del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, no podía concretarse sin desmontar la zona del Chaco salteño”, señaló Lucas Seghezzo, investigador del Conicet y referente de Land Matrix (Observatorio Global sobre adquisiciones de tierra a gran escala).488 “Para seguir con el proyecto se requerían tratativas entre la provincia de Salta y el gobierno nacional”, continuó el científico.489 En Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey asumió el mando el 10 de diciembre de 2007. Sucesor de Juan Carlos Romero, había prometido en la campaña electoral terminar con la política de desmontes del gobierno anterior. “En una jugada calculada, Romero, pocos días antes de abandonar el cargo autorizó desmontar 435.000 hectáreas de montes. La cifra era exorbitante, triplicaba lo autorizado entre 2004 y 2006 y duplicaba lo desmontado hasta entonces”,490 apuntó un especialista consultado. Para Urtubey, el escenario no era fácil. Se encontraba en plena encrucijada. Por un lado, debía cumplir con Cristina Fernández de Kirchner y por otro, con los

votantes. Ambos compromisos eran excluyentes. Tenía que elegir entre ser fiel a la promesa electoral o a la mujer más poderosa de Argentina. En ese contexto, además, estaba obligado a desarrollar un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos. Era imperativo y de obligado cumplimiento por la ley 26.331. Para ello, creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS) y una Unidad Ejecutiva491 que sería la responsable de confeccionar los mapas de zonificación requeridos por la ley nacional. Los funcionarios del gobierno de Salta los realizaron con sumo detalle. Urtubey los miró de arriba abajo, al derecho y al revés. No tuvo dudas, los desechó: restringían las zonas de desmonte y eso no era lo que él quería. El peronista, que sueña con ocupar un día el sillón de Rivadavia, puso en marcha el plan B. Recurrió a la fundación y consultora ProYungas492 para que confeccionara una cartografía que ampliara la zona de desmontes y fuera permeable a los intereses económicos en juego. Los de la presidenta, los suyos y, posiblemente de Lorenzetti.493 Urtubey y el presidente de la Corte Suprema se reunieron en Buenos Aires a mediados de noviembre de 2008. Ambos eran conscientes de que sería inevitable que la causa se judicializara. Indígenas y ecologistas iban a dar batalla con denuncias y apelaciones. Más tarde o más temprano, la Corte tendría que intervenir de manera directa ya que en cuestiones de medio ambiente es el tribunal originario. Dicho de otro modo, el único competente o, al menos así había sido hasta entonces. En aquella reunión, gobernador y supremo juez habrían acordado que la provincia elaboraría un estudio de impacto ambiental acumulativo (EIAAc)494 o, lo que es lo mismo, un análisis pormenorizado para determinar los efectos sociales y ambientales de los desmontes pasados, como medida previa indispensable para la autorización de nuevos barridos. Novedoso para el país, Urtubey se comprometió a hacerlo y entregárselo en mano. Lorenzetti, por su parte, le dio su palabra de que cuando la causa llegase a la Corte cumpliría con colaborar con los intereses de la provincia. “En Buenos Aires se haría un circo”, explicó el ingeniero en Medio Ambiente, Luis Caro. “Como en una obra de teatro, se montaría una puesta en escena para quedar bien con las comunidades, pero finalmente se torcería la letra de la ley para favorecer a Urtubey. De esta manera podría lograr sus negocios inmobiliarios y terratenientes: desmontar las zonas prohibidas a costa de la vida de la gente”, puntualizó Caro. La reunión potenció las suspicacias. La idea de que existía un supuesto

“acuerdo conjunto” entre Nación y provincia para pasar la topadora en los montes parecía instalarse. Más aún cuando Néstor Cafferatta, por entonces director de Normativa Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, aterrizó en Salta. La misión que llevaba consistía en colaborar en la redacción de la norma que el gobernador presentaría ante la legislatura provincial. En el documento estaba previsto incluir un mapa de zonificación flexible —a la medida de lo que quería el gobernador— que desvirtuaba la finalidad con la que Ley Nacional de Bosques había sido creada.495 Con ese mapa en el bolsillo, Urtubey podía —y así lo hizo— desechar el trabajo realizado, con todo rigor, por los funcionarios provinciales. El gobernador presentó la cartografía elaborada y encargada, a dedo, a la Fundación ProYungas. Los legisladores provinciales aprobaron todo, incluido el mapa de zonificación, el 16 de diciembre de 2008 mediante la ley 7.543. La presión tanto de los grandes productores sojeros (ganarían enormes extensiones de cultivo para el “oro verde”) y madereros (podrían talar sin miramientos para vender madera y producir muebles), como la de los empresarios inmobiliarios (comprarían grandes extensiones de tierras prósperas para cultivo y ganado a precio vil), había surtido efecto.496 Los funcionarios locales del Ministerio de Ambiente estaban desconcertados, pero reaccionaron enseguida. Cuestionaron la medida y pusieron el foco en el mapa forestal y de ubicación de los enclaves de los pueblos originarios, elaborado por la consultora privada. No se dejaron engañar por la hojarasca y supieron ver lo que había detrás. Descalificaron el informe porque “no garantizaba el piso de sustentabilidad exigido e incrementaba el porcentaje de 5 al 15% susceptible de ser desmontado”. Detrás de esa jugada de simulación y artimañas el mayor beneficiado era el propio Urtubey cuyas tierras, en el departamento San Martín y Rivadavia Banda Norte, quedaban en condición de ser desmontadas y explotadas comercialmente. Es decir, el mismo funcionario que debía velar por la integridad de los indígenas y criollos que habitan la zona, corregía los proyectos en los que estaba implicado su patrimonio. Ante “tamaña adversidad”, según expresión de Seghezzo, los representantes de los pueblos originarios y pequeños productores criollos de Salta, Orán, San Martín, Rivadavia y Tartagal, pasando por el Chaco salteño, se organizaron en una “Mesa de Tierra”497 y denunciaron las maniobras de Urtubey con su ley y el programa de desmonte masivo. Sin pelos en la lengua, lo acusaron de

“genocida”:498 Yo te digo patria mía, que el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón, toda la provincianía, esperando la vida, la vida, y no inundación,499 cantaban los indígenas. El mismo día que se aprobó la ley salteña, la “Mesa de Tierra”, presentó un amparo ante la Corte Suprema de la Nación. La denuncia planteaba la “arbitrariedad e ilegalidad de los desmontes indiscriminados en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria así como la inconstitucionalidad de la ley”.500 El pleito ya estaba en la Corte y el gobernador Urtubey —pese a lo que habría acordado con Lorenzetti— no podía disimular la preocupación. Frente a aquel escenario, los pueblos originarios y los nativos de las zonas afectadas temían lo peor. No confiaban en que la Justicia fallara a su favor. Sin embargo, la Corte había sorprendió a los pueblos originarios con un fallo considerado ejemplar por los ambientalistas, al coincidir con los parámetros de los tribunales internacionales en defensa del medio ambiente. Así, el 28 de diciembre de 2008, el alto tribunal resolvió en contra del gobierno provincial y ordenó el cese provisional de las actividades de tala y desmonte en los cuatro departamentos involucrados. Pese a las apariencias, el pacto Lorenzetti-Urtubey, no había fracasado. Estaba en pleno proceso de ejecución. Por lo pronto se cumplía con la ley y se buscaba, con esta resolución, estirar los tiempos judiciales hasta tanto llegara el momento oportuno para dar el batacazo final. “Era solo un show para la popular”, dice enojado el ingeniero Luis Caro. “Esto no avanza para ningún lado”, le dijo el gobernador a su hermano Rodolfo, una cálida tarde de 2009, mientras conversaban en su despacho en la Casa de Gobierno de la capital norteña. Estaba irritado por las críticas que recibía en relación a los desmontes ilegales que su administración permitía en tierras de pueblos originarios. Buscaba darle un cierre al conflicto judicial que había puesto a Salta en primera plana. —Bueno, Juan Manuel, paciencia… Hay que esperar y darle tiempo a la Justicia. Tampoco pueden hacer magia —respondió Rodolfo Urtubey, ex senador nacional y ex juez criminal. —Esto se arregla de general a general. Fijate las agendas de ambos y coordiname una reunión —propuso el mandatario, según relataron los

funcionarios provinciales que recibieron órdenes. Los teléfonos sonaban sin parar. Por esos días, finalmente, se habrían concretado nuevas conversaciones y reuniones entre Lorenzetti, Urtubey y Cristina Fernández de Kirchner.501 El tema central habría sido analizar la polémica de los desmontes en Argentina desde un ángulo técnico y judicial. Aunque el gobernador pretendía respuestas inmediatas de la Corte a su favor, Lorenzetti lo habría convencido de dilatar el proceso en el máximo tribunal. En otras palabras, le propuso estirar los tiempos de la Justicia para dejar conformes a las comunidades indígenas —denunciantes— solo por un tiempo prudente hasta calmar los ánimos. El presidente de la Corte no podía ser emocional, debía poner paños fríos a la ansiedad de Urtubey. Aunque “solo sería por un tiempo”, insistía el juez ante el nerviosismo del gobernador, como lo describieron secretarios letrados. Lorenzetti le habría hecho una propuesta técnica: diferenciar en la letra de la ley provincial los desmontes ilegales (sin autorización o aquellos destinados a zonas prohibidas por la grave afectación al medio ambiente que acarreaban) de los legales (permitidos para aprovechamiento maderero). En la práctica, el Ministerio de Medio Ambiente de Salta debía dar el primer impulso inicial, es decir tomar las medidas necesarias para elaborar la cartografía de las zonas de bosques nativos y su correspondiente clasificación — de acuerdo a los intereses del gobierno provincial—, y presentarlo en el expediente ante la Corte. A partir de allí, el máximo tribunal aceptaría declarar sustentable la tala de árboles para la actividad maderera en las ciudades salteñas de Orán y San Martín.502 Así, separaban la paja del trigo. Pactos y secretos del supremo juez En el caso de los desmontes, el operador ante la Corte, el hombre encargado de ablandar el corazón de los ministros para que la ley aprobada en Salta se quedara como estaba, no era otro: Rodolfo, el primogénito de nueve hijos. Los intentos de los hermanos para que el asunto pasara desapercibido, o de forma discreta, fracasaron. La causa y la polémica estallaron a nivel nacional. Una investigación del periodista Jorge Lanata, del 15 de febrero de 2009, describía el escenario con ironía: “En Salta muchos políticos jugaban en el bosque:503 los hermanos Urtubey, líderes del desmonte”. Los protagonistas principales eran Facundo Norberto (por entonces, en forma simultánea, director de la Agencia de Promoción de Salta y titular del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial —Cofeplan— encargada de velar por la

ley de bosques)504 y José Antonio. Ambos crearon la firma JOFA SA, (una sigla con las primeras letras de los nombres de ambos) para “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”. Facundo, apenas asumió su hermano en la gobernación, se inventó la firma agropecuaria Unapala SRL con otros socios. Pese a las tratativas tras bambalinas y los acuerdos secretos, la naturaleza, en combinación con los desmontes, le jugó una mala pasada a Urtubey. Nueve días antes de aquella audiencia ocurrió algo inesperado. El 9 de febrero de 2009, un alud de barro sin precedentes arrasó con un tercio de las casas de la ciudad salteña de Tartagal. El río que lleva el mismo nombre de la ciudad se había desbordado. Los pobladores debieron ser evacuados, aunque a tres les costó la vida. Ante la mirada atónita de los vecinos pasaban toneladas de troncos, barro y miles de metros cúbicos de agua. La corriente se llevó casas, máquinas, autos y negocios linderos al río. El nivel fluvial llegó hasta los dos metros de altura. Los desmontes influyeron en la dimensión de la tragedia. La noticia invadía los portales y tapas de los diarios nacionales.505 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a la zona semidevastada.506 La situación era terrible. El gobernador tenía que lidiar con el drama y, al mismo tiempo, con su impaciencia. La ley debía esperar aún más. Mientras, ante sus ojos, que parecían mirar sin querer ver, se hacían evidentes las consecuencias de los desmontes indiscriminados. Posteriormente, el 18 de febrero de 2009,507 los supremos jueces convocaron a una audiencia pública. Allí, las partes tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas. En ese contexto, el 26 de marzo de 2009 la Corte Suprema —en una segunda oportunidad— falló en contra del gobierno de la provincia de Salta y una vez más frenó los desmontes ilegales y la tala indiscriminada a través de una medida cautelar. Fueron considerados fallos “históricos” para los especialistas. El máximo tribunal solicitó al gobierno provincial y nacional la realización de un estudio del impacto ambiental acumulativo (EIAAc) que determinara las consecuencias ambientales y sociales de los desmontes a corto, medio y largo plazo. En Argentina no había antecedentes de ese tipo de pericias, pero sí en países europeos. La iniciativa se ajustaba a lo conversado en el supuesto pacto

Lorenzetti-Urtubey. El pedido del informe por parte del tribunal molestó sobremanera al funcionario nacional Néstor Cafferatta, confiaron quienes lo acompañaron en la gestión. No lo habían consultado ni antes, ni durante, ni ahora. Para ellos era como si no existiera. El hombre se sentía engañado, era el especialista en medio ambiente, con voz autorizada en representación del gobierno nacional y se lo saltaban como si fuera un charco en plena lluvia. De inmediato dedujo que “estaría todo arreglado” para confeccionar una versión del mapa de clasificación de bosques contraria a la ley nacional. Se resignó. Más tarde, Lorenzetti lo recompensaría por su silencio pese al mal trago de la ley y del informe. Las intenciones de Urtubey eran claras. Buscaba, con esta cartografía de bosques nativos “improvisada y relativamente ambientalista”, anular el recurso de amparo planteado por las comunidades afectadas. Con ese objetivo en mente, el gobernador, una vez más, se reunió con Lorenzetti el 20 de julio de 2009, como lo anticipó el entonces ministro salteño de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, quien además detalló que el mandatario tenía como objetivo destrabar la situación que tanto afecta al sector forestal.508 Urtubey tenía un desafío inmediato por delante: revertir el freno que había ordenado la Corte a los desmontes ilegales. Aunque lo había acordado con Lorenzetti, se rehusaba a realizar el informe de impacto ambiental. Estaba ansioso. “Su autoritarismo, su modelo de gobierno feudal y la impotencia de no poder solucionarlo todo con un llamado telefónico, como suele hacerlo en sus tierras, lo ponía de mal humor. No podía ver más allá. Estaba enceguecido. Parecía encaprichado, no entraba en razones”, deslizaron funcionarios de su gestión ante la consulta para este libro. El sentido común y la reflexión lo hicieron cambiar de opinión y cedió ante los jueces. Ordenó, por segunda vez, que la Fundación ProYungas elaborara el dichoso informe medio ambiental. Ese modus operandi ponía a Urtubey bajo la lupa de la sospecha porque el gobierno salteño, de nuevo, marginaba a sus técnicos. De hecho, ni siquiera la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SADS), máxima autoridad en la materia, participó del estudio, lo que implicó que el gobernador desaprovechara los nueve meses de trabajo que le había llevado la elaboración del mapeo a los especialistas oficiales.

Dicho y hecho, ProYungas elaboró el segundo EIAAc que nunca se dio a conocer de manera oficial. El documento se terminó, contra reloj, por el escaso tiempo de que disponían. Eso sí, se incluyeron 1,6 millón de hectáreas en la categoría “aptas para deforestación inmediata”.509 Sin cuestionamientos, la legislatura provincial aprobó el nuevo mapa de zonificación presentado por el gobernador. Era el paso necesario para continuar el proceso. Así fue que un mes después que Urtubey se reuniera con Lorenzetti y hablaran “de general a general”, cómo lo expresó el gobernador en referencia al presidente de la Corte; elevó el estudio ambiental a la Corte, confirmaron funcionarios provinciales. Ante un cúmulo de irregularidades y a pedido de las comunidades indígenas, un equipo independiente de científicos y docentes universitarios de Salta y Buenos Aires cuestionó ante la Corte en duros términos el EIAAc elaborado por ProYungas. Resultaba increíble que los fundamentos del mismo no se hicieran públicos pero muchos de ellos trascendieron una vez presentado el informe en el expediente.510 Consideraban que el mapa era incompleto, tenía errores y —aún más sorprendente— estaba desconectado de los datos y los análisis conceptuales suministrados en el cuerpo del documento. También observaron la falta de consideración de las costumbres e idiosincrasia de las comunidades indígenas. En igual sentido lo hicieron los funcionarios provinciales de la Secretaría de Medio Ambiente. Ante los reproches técnicos recibidos, la Corte ordenó a Urtubey que revisara el EIAAc. A pesar de la indicación de los ministros, la versión reconsiderada por el gobernador fue idéntica a la primera, pero esta vez los jueces la admitieron. Para descifrar el enigma que los llevó a hacerlo haría falta algo más que una varita de madera mágica salteña. La comunidad científica no lo podía creer. En los momentos más tormentosos de esta causa, el presidente de la Corte, atento a la ola de concientización del cambio climático y a la importancia global del medio ambiente, concretó un nuevo sueño personal en 2010: la Fundación Expoterra. Para algunos, en ese contexto de puja judicial, el proyecto de Lorenzetti era casi una ironía. Las dos caras de Lorenzetti y su frente opositor con Michetti

Lorenzetti estaba alineado en la cuestión de los desmontes con Cristina Fernández de Kirchner y con Urtubey en el proyecto nacional de extender la frontera agropecuaria que redundaría en millonarias ganancias. Pero el juez supremo jugaba a dos puntas. Mientras en materia forestal se alineaba con la presidenta, en lo político participaba de un opositor “grupo confidencial”, según develó la referente del Pro y luego vicepresidenta de Macri, Gabriela Michetti, a la entonces embajadora estadounidense Vilma Socorro Martínez. Ámbito Financiero divulgó un cable de WikiLeaks que reportaba no solo el encuentro sino la confesión de Michetti sobre la integración de un frente opositor que integraba junto al entonces diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay; el “rebelde” gobernador Urtubey —en palabras de ambientalistas—; el presidente de la UCR, Ernesto Sanz; empresarios y ejecutivos de bancos y Lorenzetti”.511 Sin lugar a dudas, a Urtubey y a Lorenzetti los unía mucho más que la problemática de los desmontes. Después de tantas idas y vueltas, informes, audiencia pública, y alegatos de las partes en la Corte, una decisión dejaría a indígenas y criollos “desamparados”. El 13 de diciembre de 2011, y luego de haber tenido durante tres años una activa intervención, el máximo tribunal se declaró incompetente para resolver el conflicto de los desmontes e informó que la causa debía ser tratada por la justicia salteña. La decisión implicaba un retroceso o, lo que es lo mismo, volver a fojas cero. “Los jueces de la Corte giraron el timón en contra de su propia jurisprudencia y la mismísima Constitución”, renegó Seghezzo. Lo cierto fue que, sin resolver la cuestión de fondo, desconocieron la competencia originaria que habían admitido al inicio del pleito cuando frenaron los desmontes. De este modo dieron un paso al costado y derivaron la causa a la Corte salteña. “Más grave aún, levantaron la medida cautelar que frenaba los desmontes”, recuerda el especialista. Solo los ministros sabrán a conciencia las razones de tan abrupto viraje. Como respuesta a lo sucedido y motivada por un sentimiento de impotencia, la comunidad científica, de manera inédita, estalló en ira y en una Carta Abierta del 20 de diciembre de 2011, responsabilizó directa o indirectamente a la Corte … de las consecuencias que este fallo pueda tener sobre el ambiente de la provincia de Salta y las provincias vecinas, y sobre la vida o la seguridad de las poblaciones indígenas y las familias criollas que habitan en la región.512 Desde entonces, la causa está “planchada” en palabras de un juez. No es oro todo lo que reluce

A mediados de agosto de 2013, Lorenzetti encabezó en Salta un Congreso sobre cuidado del medio ambiente. “Ante los desastres naturales la civilización está ante una fragilidad impotente”, aseguró. Aunque evitó responder sobre temas claves ambientales que afectaban a la provincia: la problemática de los desmontes y la instalación de la planta Nitratos Austin que ese mismo año se estableció en la localidad de El Galpón, Salta.513 La multinacional Austin Powder con sede en Cleveland (EE.UU.) es la empresa matriz dedicada a la elaboración de material explosivo de seguridad para la industria minera. Hace más de 20 años desembarcó en Rafaela, desde entonces la compañía tuvo un progresivo crecimiento.514 Tanto es así que los mismos accionistas en 1997 crearon Nitratos Austin SA, ambas con sede en la ciudad rafaelina, más conocida como la perla del oeste,515 y presididas por Pablo Eduardo Manfredi. En tanto, el director titular de las mismas es Juan Ignacio Rigou. “Este último tiene línea directa con el gobierno salteño”, explica el ingeniero y ambientalista Fernando San Román.516 Es el tío político de José Urtubey, el otro hermano del gobernador de Salta y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA).517 Quizás el parentesco explicaría dos cuestiones: por un lado, las razones “por las que el gobierno salteño, que en junio de 2008 se jactó de echar a la minera Alexander Gold de Metán, luego defendió a capa y espada la instalación de la empresa Nitratos Austin que las poblaciones piden detener”, desliza San Román. Por otro lado, ayudaría a comprender por qué la provincia firmó un contrato con cláusulas confidenciales entre la empresa pública Recursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa) y Nitratos Austin SA en agosto de 2010, justo cuando Rigou —el tío de Urtubey— quedó al frente de la firma. El acuerdo implicaba que el gobierno le garantizaría materia prima (gas natural) suficiente para producir amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio con exorbitantes márgenes de ganancias que se calculaban serían cerca de $1700 millones en gas subsidiado durante los diez años que contempla el acuerdo.518 “Algo a lo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se había negado, razón por la que la multinacional Austin —bajo el nombre de Petroquímica Boliviana SA en el país vecino— desembarcó en Argentina”, explicó el contador Hugo Solorza.519 Nitratos Austin SA se instaló en Salta pese a un amparo de ambientalistas que los jueces de la Corte provincial rechazaron en agosto de 2015 por estar mal presentado.520 Ellos reclaman que es ecológicamente riesgosa la extracción de

nitrato de amonio, utilizado en mega minería y fertilizantes, “altamente peligroso y con antecedentes de explosiones en diferentes lugares del mundo,521 explicó el ambientalista Fernando San Román. El dirigente informó que él y otros defensores del medio ambiente —avalados por un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF)— presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la iniciativa. “La firma Nitratos Austin se constituyó con un capital de solo $12.000 pesos sin exponer ningún plan financiero que permita sustentar la factibilidad de la explotación y la capacidad de mitigación en caso de accidentes o contaminaciones como lo exige la ley”, resaltó Solorza.522 “Se da una serie de irregularidades mayúsculas que afectan a la gente de manera directa no solo porque se le regala el gas —materia prima esencial para la elaboración de nitrato amonio—, pero además, la empresa MEGA SRL —subcontratista de Nitratos Austin— a cargo de la construcción de la planta de nitratos está vinculada al gobernador Juan Manuel Urtubey y la explotación de fertilizantes se delegó a su hermano, Facundo; son socios y hay negocios ocultos, sin lugar a dudas”, reniega San Román. “La situación es muy grave y la Corte Suprema de la Nación nos desestimó los dos recursos presentados durante el 2016”, concluyó el ambientalista. “El negocio es vender los explosivos a las empresas mineras de Argentina y alrededor del mundo a costa de la salud de los pueblerinos, pero el impacto ambiental extenderá fronteras”, se indigna Solorza. “Nuestra lucha es desigual”, se emociona y recuerda a los luchadores incansables sin recursos ni poder que caminan más de cinco kilómetros para reunirse con ellos. Pero la empresa Nitratos Austin salió al cruce. “El proyecto demanda una inversión de 170 millones de dólares, la contratación de 500 personas y cuenta con las autorizaciones ambientales a nivel nacional, provincial y municipal correspondientes para iniciar sus actividades”, explicó Rigou en declaraciones a la prensa.523 En 2015 el crecimiento del capital social de Nitratos Austin SA —a través de instrumentos privados— puso en alerta al periodista y diputado provincial Carlos Del Frade. Tras indagar en la cuestión aumentaron sus sospechas de que, de modo solapado, Lorenzetti intervendría en este emprendimiento junto a su ya socio consolidado Carlos Tita. La conformación de sociedades no es novedosa ni para el presidente de la Corte ni para Tita. Ambos tenían experiencia en el armado societario en el sistema de salud, (como se explica en los capítulos 2 y 11). “Las operaciones se realizarían a través de adquisiciones de acciones por documentación privada ante escribanos públicos, mediante representantes o

compra en comisión con la intermediación de terceros, es decir que otra persona o sociedad adquiere por ellos (en relación a Lorenzetti y Tita) y luego de unos años, contra documento mediante, se transfieren a una segunda sociedad”, según pudo investigar Del Frade. Consultado Lorenzetti y allegados a él lo niegan de manera rotunda. No obstante, el ingeniero salteño en medio ambiente Luis Caro, se manifestó en la misma sintonía que Del Frade. Desconfiado de la intermediación de Lorenzetti no solo en la empresa sino en la justicia nacional, aventuró: “la garantía de seguridad jurídica cuando el caso llegue a la Corte podría estar tarifada”.524 Iba por todo Lorenzetti no gana para disgustos. Como si fuera poco, funcionarios de la provincia de Salta no solo lo relacionaron con la petroquímica Nitratos Austin SA sino que también destacaron —y no precisamente en términos elogiosos— la relación política y personal que mantiene con Urtubey. Desde la polémica causa de los desmontes, en noviembre de 2008, ambos supieron cultivar una estrecha y provechosa relación. A tal punto se consolidaron los vínculos que el señalado operador del presidente de la Corte, Hernán Ordiales, mantiene línea directa con el gobernador y su hermano José Urtubey, quien ya trabaja para la candidatura presidencial del actual mandatario provincial.525 En tanto, Pablo Lorenzetti (hijo del ministro) es viajero frecuente a Salta. Una vez por mes suele llegar en aviones privados “para controlar cómo marchan los negocios”,526 confirmaron empresarios consultados que se contactan con él. Es sabido que para que las amistades se solidifiquen, esto es que pasen de líquido a sólido, muchas veces es necesario atravesar situaciones en las que se ponen a prueba la lealtad y la confianza. La camaradería entre Lorenzetti y Urtubey debía sortear el escollo legal que ponía en juego las aspiraciones políticas del gobernador. Un mes antes de las elecciones provinciales, la Corte Suprema de la Nación le dio un “espaldarazo” a Urtubey, al permitirle la re reelección. Gracias a esa decisión, logró imponerse por tercera vez consecutiva como gobernador de Salta el 17 de mayo de 2015.527 Diego Saravia, titular del Frente Grande, había planteado la inconstitucionalidad de la re reelección del mandatario ante la Corte, pero no prosperó.528 Los ministros Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda, sin resolver la cuestión de fondo del planteo, consideraron que la temática de la causa era ajena a la Corte.529 Lorenzetti no

firmó la resolución, pero habría sido el intermediario y artífice de la misma, como advirtieron fuentes del seno del Palacio de Justicia. Distinta fue la reacción de Lorenzetti un par de años antes, en 2013. Categórico impidió junto a sus pares la re reelección del entonces gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.530 La re reelección de Urtubey tenía una lectura jurídica y otra política. Salta marcaba el comienzo del año electoral en todo el país.531 La sombra de Lorenzetti comenzó a proyectarse en los rincones donde se acumula poder y dinero. La figura asomaba en actividades de todo tipo, incluidas aquellas de las que la provincia no está precisamente orgullosa. Entre las confesables —y no todos— figuran los negocios inmobiliarios. Los primeros los emprendió el rafaelino cuando aún se dedicaba al ejercicio de la abogacía pero no serían, ni mucho menos, los últimos. Referentes de la Iglesia y la Justicia salteña aseguraron —en estricto off the record — que el presidente de la Corte Suprema tendría interés personal en las zonas de desmontes ilegales. Otros consultados aseguran que ya tendría tierras en la provincia. Difícil de comprobar, el ingeniero Caro dijo que los funcionarios del Gobierno salteño explicaban el supuesto acuerdo Lorenzetti-Urtubey con un enroque: la entrega de tierras a cambio de que se solucionara la causa “Dino Salas” (a favor del gobernador) en la que se cuestionaban los desmontes ilegales. “El presidente de la Corte puede tener fincas y tierras donde quiera, lo grave sería que las hubiera adquirido en el marco de una transacción política después de su intervención en la causa de las comunidades indígenas”, concluyó Caro. Sin tregua mediante, al juez supremo también lo asocian al Frigorífico Bermejo cuyo dueño mayoritario sería el banquero Jorge Brito, a través de su abogado Máximo Lanusse, investigado en la causa por la ex imprenta Ciccone Calcográfica en la que fue procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros.532 La firma habría contado con varios trámites de deforestación a los que el gobierno provincial habría accedido. Allí los operadores ante el gobierno provincial, habrían sido Facundo Urtubey y Horacio Brito,533 según confirmaron fuentes gubernamentales y judiciales. El frigorífico Bermejo merece un párrafo aparte. Se dedica a la cría de ganado y comercialización de carne nacional e internacional. La firma figuró entre aquellas que transfirieron $6.606.000 al exterior entre 2008 y 2009, según los

datos del Banco Central. La empresa tendría su matriz en Orán534 (Salta) pero sus vacunos pastarían en tierras de la localidad salteña de Anta desde donde son trasladados a Pichanal. Acá el frigorífico tiene otra sede. Los ambientalistas que estudian la zona advirtieron que la empresa contamina la costa del Río San Francisco, donde arroja los desechos en un basural abierto. El frigorífico Bermejo tendría una firma satélite, la Compañía Agrícola Industrial Salteña, con más de 51 inmuebles urbanos y tres catastros rurales de los cuales uno de ellos es la finca Urundel.535 Pese a la gran cantidad de inmuebles a su nombre, resulta llamativo que la sociedad no se encuentre registrada en la Inspección General de Personas Jurídicas de la ciudad. Esto implicaría que podría evitar dar explicaciones ante la justicia local llegado el caso, como señalaron especialistas. La empresa —en diciembre de 2016— tiene cheques rechazados y aportes de seguridad social impagos desde hace más de un año. Además, la Compañía Agrícola Industrial Salteña tramita la deforestación sobre la finca Urundel de algo menos de 1000 hectáreas, asociado a un proyecto con fines de agricultura y ganadería ante la Secretaría de Ambiente de Salta.536 Los supuestos negocios inmobiliarios que le atribuyen a Lorenzetti y empresarios afines a él continúan. La finca Mollinedo,537 ubicada en el departamento salteño de Rivadavia, está rodeada de mitos que corren de boca en boca entre los lugareños y baqueanos. Aunque también entre fuentes eclesiásticas y judiciales que la vinculan a Lorenzetti. Ironías de la historia, el puesto Mollinedo, como le dicen los campesino al lugar, está registrada a nombre de Rosalía Aparicio, hermana de César Julio, el ordenanza del juzgado de Raúl Reynoso, ex juez federal de Orán (procesado por su vinculación al narcotráfico)538 y uno de los magistrados predilectos de Lorenzetti. Reynoso habría adquirido esa finca a cambio de un presunto soborno para excarcelar a Pablo Raúl Vera, investigado en una causa de tráfico de drogas, según surge de la pesquisa que lleva adelante el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como se desarrolló en el capítulo 8. Pero la preocupación principal entre los clérigos del lugar gira en torno a la cantidad de avionetas que sobrevuelan los campos y fincas de la zona. Consultado Lorenzetti sobre este tema lo negó categóricamente y remató que hace mucho tiempo que no visita la ciudad de Salta. La misma respuesta se recibió de las empresas y personas consultadas. Lo atribuyen a rumores.

Expoterra, de Pablo Echarri a Alberto Lisdero Lorenzetti, al margen de presuntos negocios de desmontes al borde de la ley, quería ser identificado como el gran defensor del Medio Ambiente. Con la tenacidad que lo caracteriza puso manos a la obra. Está al frente de la especialización de Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires, donde lo acompaña su hijo mayor, Pablo, al igual que Néstor Cafferatta, quien estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de la Nación de 2012 a 2013.539 Los tres lideran el comité académico de la Fundación Expoterra, su proyecto más mimado. La institución surgió con la excusa de crear un espacio libre y democrático para debatir la cuestión ambiental. Para poner en marcha la fundación, Lorenzetti convocó a diversos sectores sociales, entre los que incluyó a pensadores, empresarios, políticos, jueces y docentes universitarios para que lo acompañaran. Tampoco se privó de invitar a actores y deportistas, como Pablo Echarri, Martín Palermo, Nacha Guevara y Dalma Maradona. Los medios tenían material de sobra para difundir. El dream team técnico tenía otro perfil. Lorenzetti convocó a sus amigos, entre ellos Antonio Benjamín, Aída Kemelmajer de Carlucci y a Enrique “el tronquito” Peretti (juez del Tribunal Superior de Santa Cruz que lo acercó a Tito Fernández, nexo para que conociera a Cristina Fernández de Kirchner).540 Lo secundaron en la iniciativa la radical Claudia “la colorada” Levín; Mariana Catalano, camarista federal de Salta y señalada como una de sus “pupilas” en materia ambiental; y Claudia Sbdar, jueza de la Corte de Tucumán, tan cercana al juez supremo como al ex gobernador kirchnerista José Alperovich. La tucumana era una de las candidatas de Lorenzetti para asumir la Corte Suprema de la Nación durante la última etapa del kirchnerismo.541 A la hora de lanzarse a la aventura de Expoterra, Lorenzetti había preferido gente de su confianza. Por eso incorporó del gobierno a Cafferatta quien fue designado secretario letrado de la Corte en 2014. Lorenzetti seguía, firme y seguro, su camino como abanderado en la defensa del planeta. Con ese anhelo dio otro paso importante. El 8 de abril de 2015 junto a sus colegas de la Corte creó la Oficina de Justicia Ambiental. No había nada que adivinar, el director no sería otro que Cafferatta. Así la Corte se aggiornaba a los tribunales más avanzados del mundo. Allí, el juez supremo nombró a Magali Vanina Mazzuca como prosecretaria letrada, la esposa de uno de los jueces de su confianza, Ariel Lijo 542 (ver capítulo 3).

En torno al financiamiento y la dirección de Expoterra, destacan dos aspectos sugerentes o polémicos, según se mire. El primero es que muchas de las empresas patrocinantes están vinculadas a Lorenzetti. Tal es el caso de La LeyThomson Reuters y la editorial Rubinzal Culzoni Editores que mantienen contratos con la Corte. Ésta última es la que publicó la obra maestra, el Código Civil comentado por él mismo como ya se comentó en el capítulo 8. Entre las otras empresas que patrocinaban a Expoterra destacaban: Fundaciones Grupo Petersen, DPI Cuántico, IDEA, Arcillex SA, Capiaba, Ledesma, Oficina de Justicia Ambiental, ProPymes-Grupo Techint, EvasaIngeniería vial y ambiental, Foro de Abogados de San Juan, y el Instituto Derecho por un Planeta Verde. Dos de las que actúan como “mecenas” de la fundación estaban en el centro de la polémica. Bertolaccini —Gerenciamiento de Riesgos— está señalada por el diputado y periodista santafesino Del Frade como una de las intermediarias a través de la cual Lorenzetti transferiría dinero al exterior. El titular de la firma, Mario Bertolaccini, figuró entre los empresarios argentinos que giraron dinero al exterior por un monto de $1.677.450 entre 2008 y 2009, según los datos del Banco Central de la República Argentina. La otra empresa auspiciante que despertaba suspicacias en relación a la historia laboral de Lorenzetti es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. El negocio de la salud fue uno de los nichos exitosos en lo económico que encontró el abogado rafaelino junto al médico y empresario Carlos Tita. “El presidente de la Corte continuaría en el sector de la salud a través de su socio encubierto, Carlos Tita”, tal como lo sostiene Del Frade y se analizará en el próximo capítulo. Otro de los mecenas de Expoterra es la Unión de Industriales para saneamiento cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que también puso en alerta a los ambientalistas. Estos, no descartan la intervención directa de Lorenzetti en las aseguradoras contratadas por las empresas relacionadas en la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. El mecanismo sería a través de un sistema de seguros al medio ambiente que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo-Acumar exige a las firmas involucradas en esa tarea. El hilo conductor de la operación sería un personaje conocido para el juez supremo: Alfredo “Freddy” Lijo, titular de la firma Fernando Dapero y Alfredo Lijo, Servicios de Asociaciones,543 creada en septiembre de 2015 con sede en Puerto Madero

donde, casualmente, vive el presidente de la Corte y tiene sede la empresa RATIO SA que maneja su hijo Pablo, quien también estaría en sintonía con Freddy. El nexo con la aseguradora sería Fernando Dapero, presidente de Caledonia Argentina Compañía de Seguros SA. Lorenzetti eligió como presidente de Expoterra a uno de los fundadores, Alberto Lisdero. La decisión también sorprendió al tratarse de un abogado sin experticia en materia ambiental. La especialidad apunta hacia otro lado: asesoramiento integral y planificación de inversiones nacionales y extranjeras.544 Las empresas de Lisdero resultaron un éxito asombroso en rubros, prácticamente, incompatibles entre sí. Tiene firmas financieras, inmobiliarias, de exportación e importación, consultorías, transporte marítimo, telecomunicaciones, griferías, electrodomésticos, equipos de calefacción, agropecuarias, rurales y ganaderas, frigorífico e industria cárnica, bebidas alcohólicas, comercio exterior, gas y del petróleo. Quizás lo correcto sería preguntarse en qué sector no está. Una vez lograda la respuesta lo siguiente sería descifrar por qué los empresarios Alberto Lisdero y Carlos Tita (más que amigos de Lorenzetti) comparten el rubro al que se dedican sus empresas (sector metalúrgico, farmacéutico, producción de químicos y mobiliario quirúrgico). Lisdero —en palabras de sus colegas— está siempre atento a las buenas oportunidades, hasta se animó a apostar a nuevos mercados. Así fue como se dio el gusto de montar una juguetería y una santería con velas aromáticas y exóticos sahumerios. Con 70 años, el abogado Lisdero no solo peina canas, sino que acapara contactos con banqueros y empresarios en el exterior. En varias de las firmas que constituyó el presidente de Expoterra, figura como socia una empleada de su estudio jurídico, la abogada María Agustina Pezzi y su hermano Alfredo Ricardo Lisdero. La mayoría de las firmas sentaron domicilio en avenida Corrientes 545, 8vo piso, sede de la firma de abogados la que constituyó como sociedad anónima en 2012. Lisdero es un hombre de estrecha confianza de Lorenzetti, según lo definen abogados y empresarios. Su red de contactos le habría facilitado el rumbo para que el supremo juez se vinculara con el mundo de los negocios. En tanto, para los funcionarios judiciales que rodean a Lorenzetti y para el diputado Del Frade, el presidente de Expoterra sería otro “socio oculto o testaferro” del presidente de la Corte Suprema.

Las firmas de Lisdero serían alrededor de 54,545 algunas de ellas fueron creadas en Italia, Suiza, Portugal y Panamá, con socios extranjeros y otras pocas trasladadas a la Argentina donde inauguraron sucursales. Sobre varias vale la pena detenerse. En 2013 la metalmecánica, consultora de empresas y financiera Arag Argentina SA, cuyos accionistas mayoritarios sería Arag SRL (firma italiana con sede en Rubiera) se trasladó de Buenos Aires a Rosario, Santa Fe. La empresa en 2014 puso en marcha la consultoría integral de empresas Solving Argentina SA, la que también organiza seminarios nacionales e internacionales en muchos de los cuales disertó Lorenzetti. Desde el mismo año, Lisdero ejerció la vicepresidencia de Fratelli Branca Destilerías SA, una empresa dedicada a la exportación de fernet y licores. También se volcó al negocio del petróleo a través de la petrolera peruana Petrex SA cuyos socios son Saipem International BV y Snamprogetti Netherland BV, ambas firmas holandesas con sede en Ámsterdam. Petrex SA inauguró una sucursal en Argentina en avenida Alem 1110, piso 13, de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, Saipem International BV mantiene su domicilio en Avenida Corrientes 545, piso 8 frente, sede del Estudio Lisdero SA. En los pasillos de tribunales asocian a Lisdero con el puente que uniría a Lorenzetti con la actividad petrolera, de hidrocarburos y biodiesel a través del ex senador kirchnerista Nicolás Tito Fernández. El mismo que en agosto de 2016 fue detenido en la Aduana de Ezeiza con 28 mil dólares, cuando se apostaba a viajar a Miami junto a su esposa Sandra Miguel. Una fuente que apostó al proyecto kirchnerista desde un primer momento e insiste en que se mantendrá junto a Cristina Fernández “pase lo que pase”, ratifica esa información y alza la voz: “en 2011, cuando se armaban las listas en La Pampa, Cristina le solicitó a Tito Fernández que incluyera referentes de La Cámpora, pero él no cumplió con su parte y jugó con Carlos Verna”, actual gobernador de La Pampa. Por entonces, Verna se bajó de la candidatura y Tito Fernández fue eyectado del kirchnerismo. Para esta fuente, que sueña que Cristina recupere el poder, desde aquel episodio, “Verna y Tito están vinculados a los negocios petroleros con Lorenzetti”. La historia parece darle la razón. Los primeros meses del 2012, cuando Tito fue expulsado del FpV se cobijó en Lorenzetti y el empresario petrolero de Caleta Olivia, Mario Cifuentes, vinculado al kirchnerismo por los negocios y amigo de la infancia de Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador de la fortuna de los Kirchner.546

Lo cierto es que el rubro energético ha sido importante para Lisdero desde siempre. De hecho, habría sido el vehículo para incorporar al presidente de la Corte en estos negocios a través de sociedades y de terceros, confirman una y otra vez desde el kirchnerismo y ratifican los judiciales consultados. En 2015, Lisdero dejó el cargo de director titular de las empresas Inversora Gas Cuyana SA y Distribuidora de Gas del Centro SA, después de 23 años, aunque continuó como accionista según los registros societarios. En esas dos firmas resalta la figura del ingeniero mendocino Gerardo Frigerio quien en 2002 fue designado director suplente de la firma Inversora de Gas Cuyana y cuya carrera empresaria podría definirse como meteórica. Frigerio, de 63 años, es actualmente presidente de Gasnor SA, Gasmarket SA, Empresa jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos SA (EJDESA), Líneas de transmisión del Litoral SA, director titular de Gascart SA y Norolec SA, accionista de Empresa Jujeña de Energía SA (EJE SA), director titular de José Cartellone Construcciones Civiles SA, y director suplente de CEMPPSA vinculado a Compañía Eléctrica de Inversiones SA (CEISA) y al Fideicomiso de Garantía CEMPPSA Banco de la Ciudad, una de las entidades con la que opera en Poder Judicial de la Nación (Corte y Consejo de la Magistratura). Pese a todos esos cargos directivos, no olvida que inició su carrera como trabajador de la Distribuidora de Gas Cuyana SA desde noviembre de 1993 a octubre del 2006. Y aunque es accionista de Cartellone Energía y Concesiones SA, también figura en la nómina de sus empleados. 484. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-13999 9/136125/norma.htm. 485. Categoría I (alto valor de conservación), intangibilidad de los bosques. Categoría II (valor medio de conservación), aptas para actividades turísticas y sustentables. Categoría III (bajo valor de conservación) disponible para la extracción de madera, la agricultura y la ganadería bajo las limitaciones impuestas por las leyes ambientales vigentes. Además, la norma obligaba a que la cartografía o mapa de zonificación indicara con colores las diferentes categorías: la categoría I en rojo, la II en amarillo y la III en verde. A su vez exigía la intervención de las legislaturas provinciales. 486. Entrevista realizada para este libro a Andrew Leake, referente de Global Forest Watch: http://www.globalforestwatch.org/. el 12 de julio de 2016. Se completa con el trabajo de investigación La deforestación del Chaco salteño 2004-2015, realizado por Andrew Leake, Omar Enrique López, María Cecilia

Leake. 487. Ídem. 488. Land Matrix es la base de datos pública online que tiene la finalidad de monitorear y transparentar la rendición de cuentas en las decisiones sobre la tierra y la inversión en todo el mundo: http://www.landmatrix.org/en/ y en el sitio web: http://us9.campaign-archive2.com/? u=dadb27b63c6014c75dc940333&id=208953ef0c&e=84d0fc0e8b#mctoc2. 489. Entrevista realizada para este libro al científico y especialista en medio ambiente Lucas Seghezzo el 14 de julio de 2016. En adelante todas las opiniones respecto los desmontes en la provincia de Salta desde el aspecto técnico se adjudican a esta fuente. 490. Entrevista realizada para este libro a Cristian Venencia, referente de Land Matrix e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNAS), el 14 de julio de 2016. 491. El gobernador Juan Manuel Urtubey nombró a Julio Nasser como titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y la Unidad Ejecutiva estaba integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Administración de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 492. ProYungas es una fundación sin fines de lucro dedicada a la conservación y desarrollo sustentable en la ecorregión de las Yungas o selvas subtropicales, de montaña y otras áreas del subtrópico argentino. www.proyungas.org.ar. 493. >Visiones, discursos y prácticas durante el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos en Salta. Autores: Lucas Seghezzo, José N. Volante, José Paruelo, Daniel J. Somma, E. Catalina Buliubasich, Héctor Rodríguez, Sandra Gagnon y Marc Hufty. Año 2011. En adelante toda la información referida al tema de los desmontes en la provincia de Salta como cualquier opinión técnica y política al respecto se adjudica a esta fuente. 494. El estudio de impacto ambiental acumulativo solicitado era inédito en Argentina pero no en Europa. A través de él se buscaba analizar la relación entre las acciones que se proyectan y el efecto o las consecuencias que los desmontes

pueden tener sobre el ecosistema y el medio ambiente regional, nacional y global, así como también sobre la proyección de vida de las comunidades originarias. Muchas de las cuales aún viven de la caza, pesca y agricultura. 495. Entrevista realizada para este libro al ingeniero en medio ambiente, Luis Caro, el 3 de noviembre de 2016. 496. Ídem 492. 497. La organización Mesa de Tierra se fundó el 3 de agosto de 2008, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, poco antes de la aprobación de la ley 7543, con el objeto expreso de “hacer posible la materialización a nuestro derecho sobre la tierra en áreas fiscales y privadas. 498. Clarín, 2008, 25 de noviembre e Informe >Visiones, discursos y prácticas durante el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos en Salta. 499. Canción “Chaco también”. Letra y música: Zitto Segovia. 500. La causa se registró como: S. 1144. XLIV. ORIGINARIO. Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo. 501. Entrevistas realizadas para este libro entre el 13 y 16 de julio de 2016 a funcionarios del gobierno de Salta, a jueces federales y a referentes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, en estricto off the record. 502. Ídem 494. 503. Crítica de la Argentina, Jorge Lanata, 15 de febrero de 2009. 504. Cba24n, 26 de mayo de 2016: http://www.cba24n.com.ar/content/ladenuncia- martino-por-desmontes-que-salpica-urtubey. 505. La Nación, Carlos Pastrana, 10 de febrero de 2009: http://www.lanacion.com.ar/1098346-desastre-en-tartagal-por-un-alud-de-lodo. 506. El Tribuno, 9 de febrero de 2012: http://www.eltribuno.info/tartagaltres-anos- del-terrible-alud-n126478.

507. CIJ, 18 de febrero de 2009://cij.gov.ar/nota-562-Se-realiz--audienciap-blica-en- caso-por-bosques-salte-os.html. 508. El Intransigente, 20 de julio 2009:http://web.elintransigente.com/salta/2009/7/20/regionales-23267.html.

de

509. Este mapa fue aprobado por la Legislatura provincial e incorporado como soporte cartográfico oficial de la Ley Provincial 7543 mediante el Decreto Reglamentario 2785. 510. El Informe elaborado por la consultora se puede descargar del sitio de Greenpeace o del sitio de la asociación de productores ProGrano . 511. Ámbito Financiero, Sebastián Lacunza, 5 de septiembre de 2011: http://www.ambito.com/600625-wikileaks-i--un-grupo-confidencial-entremichetti- sanz-urtubey-prat-gay-y-lorenzetti. 512. Ídem 492 y “Tierra sin mal”. Aspectos jurídicos e institucionales del acceso a la tierra en Salta. Autores: Mioni, Walter; Godoy Garraza, Gastón; Alcoba, Laura. Ediciones INTA. Marzo 2013. Entrevista realizada para este libro a la ambientalista Ana Laura Álvarez de la Fundación Asociana. 513. El Tribuno, Antonio Gaspar, 16 de agosto de 2013: http://www.eltribuno.info/ricardo-lorenzetti-diserto-salta-hablar-desmonteslocales- n313284. 514. La Opinión, 13 de agosto de 2015: http://diariolaopinion.com.ar/noticia/3478/austin-powder-realiza-una-millonariainversion. 515. Austin Powder Nitratos Austin SA tienen su domicilio en Luis Maggi 770, de la ciudad de Rafaela y un domicilio alternativo en Maipú 1210, piso 5, Capital Federal. El 27 de junio de 2016 Juan Ignacio Rigou por Asamblea General Ordinaria 46, del 20 de mayo de 2006 fue designado director titular de Nitratos Austin y como presidente Pablo Eduardo Manfredi. 516. Entrevista realizada para este libro al ambientalista e ingeniero,

presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán, Fernando San Román, el 27 de diciembre de 2016. 517. El Tribuno, 22 de julio de 2013: http://www.eltribuno.info/detrasnitratos-austin- asoma-un-negocio-familia-n305069. 518. El Tribuno, 27 de julio de 2013: http://www.eltribuno.info/losautoconvocados- repudian-al-gobierno-y-el-subsidio-austin-n306553. La empresa aparece asociada a empresarios a los que les aseguró la provisión de hasta 250 mil metros cúbicos diarios de gas salteño, a valor subsidiado, durante diez años prorrogables por tiempo indefinido. Todo esto fundamentaría las cláusulas de confidencialidad en ese contrato que la empresa pública Recursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa) selló con Rigou en agosto de 2010 para la provisión de gas a 2,60 dólares el millón de BTU, mientras que las industrias del NOA pagan 13,29 dólares u 11 dólares si importan el recurso desde Bolivia. Con un precio más bajo, la provincia le regalará a Nitratos Austin cerca de $1700 millones en gas subsidiado durante los 10 años que contempla el acuerdo. 519. Entrevista realizada para este libro al ingeniero Hugo Solorza integrante de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca Río Juramento-El Galpón, Salta, V.A.P.U.M.A.S el 27 de diciembre de 2016. 520. La Gaceta, 15 de agosto de 2015: http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/28886/medio-ambiente/ante-nuevo-revesjudicial-nitratos-austin-ambientalistas-apuntaron-contra-cortehtml. 521. El nitrato de amonio (sustancia utilizada para fabricar explosivos que se usan en mega minería y de fertilizantes) es altamente riesgoso. El ambientalista se refiere a accidentes ocurridos en Texas (Estados Unidos), Toulouse (Francia) y China de fábricas muy similares a la que hay en la localidad salteña de El Galpón. 522. Entrevista realizada para este libro al contador Hugo Solorza, cit. 523. El Tribuno, 27 de junio de 2013: http://www.eltribuno.info/no-vamoscontaminar-apostamos-al-progreso-n296499. La compañía internacional emplea a 270 personas en Santa Cruz, Tandil, Olavarría, Santa Fe, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El nitrato que se utiliza en Argentina es importado. Ingresan 155 mil toneladas de Chile, Rusia y Brasil.

524. Ídem 494 y entrevista realizada al periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, el 14 de agosto de 2016. 525. La Gaceta, Salta, 6 de septiembre de 2016: http://www.elintransigente.com/salta/politica/2016/9/6/jose-urtubey-juanmanuel- puede-candidato-presidente-2019-400853.html. 526. Ídem 494. 527. El Tribuno, 17 de mayo de 2015 en el sitio web: http://www.eltribuno.info/urtubey-se-impuso-y-gobernara-salta-2019-n549796. 528. El Tribuno, 6 de enero de 2015: http://www.eltribuno.info/unatropello-la- constitucion-n490959 y entrevista realizada para este libro al titular del partido Frente Grande de la provincia de Salta, Diego Saravia para este libro el día lunes 24 de octubre de 2015. 529. Resolución de la Corte de fecha 8 de abril de 2015 suscripta por los tres ministros Highton de Nolasco, Maqueda y Fayt aunque Lorenzetti se abstuvo de suscribirla. Expediente N°1433/2015, Originario, caratulado “Voss, Amadeo Gerardo y otro contra Provincia< de Salta sobre acción declarativa de inconstitucionalidad”. 530. Gerardo Zamora debió renunciar a su candidatura, aunque encontraron una salida para mantenerse en el poder, su mujer Claudia Ledesma Abdala ocupó el cargo y ganó las elecciones. 531. El Tribuno, Daniel Chocobar, 4 de enero de 2015: http://www.eltribuno.info/otra-incertidumbre-los-planes-del-gobernador-urtubeyn490185. 532. Máximo Lanusse fue apoderado desde 2006 y habría continuado como accionista según datos del Boletín Oficial de la Nación. El presidente del directorio del Frigorífico Bermejo SA es Francisco Müller Nieto, el vicepresidente Raúl Gustavo Racioppi, los directores Luis Alberto Trogliero y Flavia Gabriela Royón, como director suplente se encuentra Rosana Beatriz Torres Verdún según surge de la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta. 533. Ídem 494.

534. La empresa tiene un predio registrado bajo la matrícula número 21.370 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Salta. 535. Los datos surgen de la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta. La firma fijó su domicilio en la ciudad de Orán, en la calle Urundel N °4542, del barrio del mismo nombre. 536. La finca Urundel de la firma Compañía Agrícola Industrial Salteña figura registrada con la matrícula 20061 del Registro de la Propiedad Inmueble de Salta. A través del expediente 119-9253/04 se tramitan los desmontes en la Secretaría de Ambiente de la Provincia. El responsable del trámite es Fernando Nocetti. 537. La finca Mollinedo está registrada bajo la matrícula 296, se trata de un lote de 690 hectáreas en Rivadavia que habría adquirido la hermana del ordenanza César Julio Aparicio, quien trabajaba con el ex juez Raúl Reynoso de la ciudad de Orán en Salta. 538. La Gaceta, 3 de septiembre de 2016: http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/62349/policiales/lagacetasalta.com.ar. Elevaron a juicio oral la causa contra el ex juez federal Raúl Reynoso, procesado por su vinculación con el narcotráfico. 539. Néstor Cafferatta antes fue director de Normativa Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 540. Otros de los integrantes de la Fundación Expoterra son: Sheila Abed, Andrea Brusco, Aníbal Falbo, Jorge Galdós, Nancy Tognola, Enrique Muller, Lorena González Rodríguez, Edgardo Saux, Federico Zonis, Guillermo Marchesi, Silvana Terzi, Ana Salerno, Facundo Barria, Andrea González, Gustavo Rinaldi, Martín Romano, Gonzalo Sozzo, Valeria Berros, Eladio Lecey, Aidee Vázquez Villar y Silvia Capelli. 541. Surge de consulta a fuentes judiciales de la provincia de Tucumán. 542. La Corte Suprema de la Nación a través de la Acordada 8/2015 creó bajo su dependencia, la Oficina de Justicia Ambiental, el 8 de abril de 2015. 543. La empresa de servicios de asociaciones, Fernando Dapero y Alfredo Lijo fijó su sede en el Boulevard Azucena Villaflor 489, piso 15, dpto. 2 del

Barrio de Puerto Madero. 544. De reconocida trayectoria académica, Alberto Lisdero, es miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina (desde 1981 a la fecha), abogado de las Embajadas de Italia y Suiza en la República Argentina , Fundador y presidente de AssoArgentina-Associaziones Imprenditori Italiani in Argentina-Gruppo Italia (1991 a la fecha). Es miembro del directorio de la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina, miembro del Club de Abogados del Seguro, presidente de Efesol S.A, miembro del Comité de Asuntos Europeos del CARI, miembro del Directorio de la Cámara de Comercio SuizoArgentina, Vicepresidente de Saladero La Capital S.A, Director Titular de Argencard S.A. Fuente:Estudio Lisdero: http://www.lisdero.com.ar/albertolisdero/ 545. En 2003 Albero Lisdero lanzó, Arag SRL, Giacomini Latinoamericana SA, En el 2004 incursionó Med Reefer Sudamerica SA y Costamar Agencia Marítima, Industrias Diversas SA. En 2005 formó Omarge S.A, Raf L Sudamérica SRL, Stinbex SA que tenía sede en Coreglia, Lugano, Suiza, la inscribió en Morón, provincia de Buenos Aires, bombas criogénicas alternativas y centrífugas como de vaporizadores atmosféricos. Es decir que incursionó en el área de gases medicinales e industriales con miras a exportar e importar a través de Vanzetti America SRL. El 2006 Orsola SRL Semartec SA, y trasladó Conzorzio CTM Atro mercato de Italia a provincia de Buenos Aires. Lo mismo hizo con Nuova Azienda Bresciana Alimentari Carni La Firenze SA, Sidermes SA, Andromeda Shipping SA., Artsana Argentina SA (ex Chicco SA), Arve Barnices Italianos SA. En 2011 conformó Valtellina Sud America SA y Fuente Aretusa SA. 546. Revista Noticias, Rodis Recalt, 2 de agosto http://noticias.perfil.com/2016/08/02/de-ex-mano-derecha-de-cristina-acontrabandista-de-dolares/

2016:

Capítulo 11 Salud, dinero y desamorEl gran negocio de la salud de Lorenzetti y Carlos Tita. Enrique Coti Nosiglia, el hombre entre bambalinas. Carrió, la mujer que le quita el sueño. El terror a un juicio político. Cómo enriquecerse sin que te descubran. Negocios ocultos, testaferros, socios y Pablo, el hijo del presidente (de la Corte). El proyecto nacional y popular para ser presidente (de la Argentina). Solo una mujer logra desvelar a Lorenzetti. Cuando habla, lo desestabiliza, pierde el eje y el sueño. Ella no es otra que Elisa Lilita Carrió, diputada nacional del Frente Unen, líder de la Coalición Cívica y artífice imprescindible de Cambiemos. Lo enfrentó durante todo el kirchnerismo a su estilo, sin miedo y de frente. Fiel a sí misma, no iba a cambiar con Macri en la Casa Rosada. Lilita sabía que en el gobierno de Mauricio —ella y el presidente se tutean — la consideran un huracán porque decide por sí sola. Ella era y es una pesadilla para el presidente de la Corte. —Si ustedes siguen con estas denuncias no nos dejarán gobernar el país (en alusión a las aspiraciones presidenciales de Lorenzetti) —le dijo el administrador de la Corte, Daniel Marchi, a uno de los abogados del equipo de Carrió por teléfono. El contador había intentado por varios medios hablar con la diputada, pero ella en ninguna de las iniciativas accedió. El abogado escuchaba. Marchi, el “sexto ministro”, no daba tregua. —Ustedes no saben cómo administro yo la Corte. Tiene superávit. Disponemos de un sistema de gestión que es la envidia de todos… Me preparé para administrar este país mucho mejor de los que vienen gobernando —repetía a los gritos, una y otra vez, la mano derecha de Lorenzetti, Daniel Marchi. —La diputada está muy ocupada, no creo que pueda verlo —le contestó el interlocutor. —Nos arruinan el plan de gobierno nacional si continúan con estas denuncias.

¿Ustedes saben lo que esto significa? Están violando el secreto tributario — continuaba Marchi exaltado y muy nervioso, sin dejar de hablar del “plan de gobierno nacional”, que habían pergeñado con Lorenzetti. —¿En qué puedo ayudarlo? —le decía con parsimonia el asesor de Carrió, pero Marchi no lo escuchaba y continuaba el relato ensordecedor. —Tuve grandes responsabilidades a mi cargo, fui administrador de la municipalidad de Rafaela y de la provincia de Santa Fe, y me llamaron para llevar adelante la Corte por mi capacidad. —¿Pero todos esos cargos no fueron políticos? —le preguntó, con el mismo tono de voz, el letrado. —Ustedes me acusan de ser testaferro de Lorenzetti pero soy un técnico no un político. Él me llamó por ser buen administrador. ¡Ustedes van a tener que hablar con mi abogado, Pablo Jacoby! —(el mismo que representó a Memoria Activa, una de las cuatro agrupaciones de familiares de víctimas del atentado a la mutual judía AMIA). —Mire, contador, usted no sabe la cantidad de información que la doctora Carrió recibe todos los días y en su rol de diputada nacional está obligada a denunciar. Ni ella, ni su equipo reciben nada de manera ilegal. No se violó ninguna ley. —¡Los vamos a denunciar en la Justicia! —contestó Marchi a los gritos. —La doctora estaría muy contenta si usted la denunciara en la Justicia porque podría reabrir la causa que se cerró, en un abrir y cerrar de ojos, contra usted y Lorenzetti, por presunto enriquecimiento ilícito. —Ustedes serán los responsables de que no podamos administrar el país, nosotros tenemos un plan de gobierno, continuaba Marchi. ¡Me siento agraviado por todo lo que ustedes dicen en la justicia y en los medios! La conversación —que no había sido la primera ni tampoco sería la última —547 se produjo a renglón seguido del sobreseimiento y cierre de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Lorenzetti y Marchi, ordenada por el juez Sebastián Ramos y acompañado en esa decisión por el fiscal Gerardo Pollicita, el 11 de marzo de 2016.

La denuncia había sido presentada por Carrió el miércoles 13 de enero de 2016, en plena feria judicial de verano. Macri llevaba solo treinta y cuatro días de gestión. La acusación de Carrió apuntaba tanto a Lorenzetti como a Marchi y, aunque los tomó por sorpresa, de inmediato la causa sucumbió. El expediente, una bomba, quedó desactivado. Tanto el juez como el fiscal entendieron que no había irregularidades en la compra de un departamento realizada por el presidente de la Corte Suprema ni en una cuenta que le habían descubierto en el exterior.548 Para Carrió, su denuncia iba más lejos y era mucho más amplia de lo que ahondó la justicia federal. La diputada apuntó, disparó y dio en el blanco de Lorenzetti, al destacar un “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema”. Aquello significaba que el juez supremo había ocultado rentas provenientes de un plazo fijo depositado en la filial estadounidense de un banco suizo, el Credit Suisse. La información surgió del entrecruzamiento de datos de la Afip a contribuyentes con bienes en el exterior. Lorenzetti —según Carrió— estaba obligado a regularizar y denunciar esos ingresos de acuerdo a la ley 26.476 de exteriorización de capitales. La diputada, azote de la corrupción desde la etapa de Carlos Saúl Menem, sabía dónde hurgar. Se centró en la firma Ratio SA, de la que eran titulares los hijos del magistrado. Registrada como una inmobiliaria, la sede está fijada en Sarmiento 439 de la ciudad de Rafaela, donde también funcionaba el estudio de Ricardo Lorenzetti y donde, ahora, el hijo Pablo está al frente de la firma. Ratio SA tenía también como sede alternativa un lujoso departamento en Olga Cossettini 1190, piso 5°, departamento 505, Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos donde no solo viven empresarios y ex funcionarios kirchneristas, sino que también firmas y financieras sentaron sede allí. En ese mismo inmueble residía Lorenzetti durante la semana. La firma lo adquirió a una sociedad inglesa offshore registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos, como Delaware Business Incorporators Inc.549 La vendedora era la filial americana de una sociedad inscripta en Londres. Delaware es uno de los lugares considerado paraíso fiscal, junto al reinado de Mónaco, Panamá o las Islas Vírgenes, entre otros. Para Carrió no se había especificado el origen de los fondos destinados a la compra del departamento. De hecho, la Dirección de Informatización Estratégica para Fiscalización había solicitado información a la empresa de los Lorenzetti, en plena campaña de la ley de blanqueo de capitales.550

El latigazo que había dado Carrió involucraba al contador Marchi, el “sexto ministro”, una pieza indispensable para la gestión de Lorenzetti en la Corte. La documentación presentada por Carrió reflejaba presuntas irregularidades, que resultaban pasibles de ser consideradas “delitos agravados” por haber sido efectuadas por dos funcionarios públicos de la más alta jerarquía judicial, Lorenzetti y Marchi. Algo “muy comprometido” según la diputada. El contador “olvidadizo”, como se refiere Carrió a Marchi, habría omitido declarar, nada más y nada menos, que 3502 inmuebles rurales como estancias, campos y chacras. La Afip lo detectó el 5 de abril de 2013 en el llamado “Operativo Granos 2013”, donde aplicó los parámetros de trabajo de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. Pero habría más: Marchi tampoco presentó las declaraciones juradas de bienes personales entre 2005 y 2011. La del 2012 tuvo más suerte. Aunque tarde, la presentó el 27 de junio de 2013, cuando el plazo ya estaba vencido. A Lorenzetti, en esta ocasión, la fortuna no le había sonreído. En realidad, lo suyo se destapó de casualidad, porque la Afip, lo que buscaba, a nivel nacional y entre todos los contribuyentes sin distinción de ninguna clase, era realizar un relevamiento de empleadores de personal doméstico, pero después saltó lo que saltó y Carrió lo atrapó al vuelo. El momento no pudo ser más inoportuno, cuando el juez recibió la correspondiente notificación, la batalla por la Ley de Medios estaba al rojo vivo, como se analizó en el capítulo 7. Desde que Lorenzetti recibió la notificación sobre regularización de personal doméstico, corrió frío por sus venas con sangre piamontesa y dio una serie de órdenes a Daniel Marchi para que frenara lo que para él era una “embestida del gobierno kirchnerista”. Marchi se puso a tono de inmediato y fue el encargado de iniciar una serie de llamadas telefónicas al director general de la Dirección General Impositiva (DGI), el contador Ángel Rubén Toninelli, a quien luego, casi “desesperado” lo hostigaba con que se “evaluaba denunciar penalmente al Administrador Federal”. El “sexto ministro” lo intimó a cesar en lo que consideraba una “persecución abusiva”, según detalló Toninelli en un memorándum interno del ente recaudador donde plasmó cada detalle de lo sucedido, que suscribió el 25 de junio de 2013. Allí dejó constancia de la experiencia, y no precisamente grata, vivida con Marchi. El primer contacto que tuvo con este fue un llamado telefónico de 30 minutos a través del cual le hizo saber el desagrado que a él y a Lorenzetti les producía la supuesta investigación que la Afip llevaba a cabo sobre ellos y los hijos del magistrado. En otra llamada posterior, por espacio de 15 minutos, el contador de la Corte le advirtió al

director de la DGI que detrás de esa operación había una “clara intencionalidad política”. Toninelli le contestó que no era cierto que Lorenzetti y sus hijos estuvieran bajo fiscalización o verificación. Le aclaró que el mecanismo que detectó la ausencia de las declaraciones de bienes y finanzas de Lorenzetti era automático. Trató de convencerlo de que no había ninguna mano negra detrás, como tampoco con el caso Ratio SA. Le advirtió que la información había saltado a la luz como consecuencia de otro cruce de datos donde se detectó que esa sociedad había comprado un inmueble que estaba a nombre de una compañía del exterior, circunstancias que eran indicios suficientes para tratar de averiguar más. La confirmación de sus dichos quedó por escrito, en varias ocasiones, con el sello de la Afip, como observó Carrió en su denuncia. Entre Marchi y Toninelli hubo varias reuniones. Como resultado de estas, el último dejó por escrito que había recibido una serie de “amenazas” del contador del Poder Judicial. Marchi llegó a advertirle que los ministros de la Corte analizaban en un acuerdo, la posibilidad de denunciar al titular de la Afip Ricardo Echegaray por “extorsión y abuso de autoridad” si continuaba con esa presunta campaña de “hostigamiento y persecución política”. Toninelli dejó constancia de todo lo sucedido. Ese mismo 25 de junio, alrededor de las 13, Marchi volvió a llamar a Toninelli. Le informó que Lorenzetti se reuniría con la entonces presidenta Cristina Fernández y le propuso tomar un café en su oficina para que le confirmara los argumentos que le daba vía telefónica. El directivo de la Afip le dijo que no tenía ninguna novedad para transmitirle y que tomara en cuenta que solo habían pasado algunas horas. Ante la insistencia, y al intuir que alguien más quería tener la corroboración de lo dicho, aceptó la invitación y se reunieron a las 16. Al encuentro, Marchi fue con una contadora de confianza, Carmen Odasso, a cargo de la Dirección de Administración de la Corte. Toninelli ratificó todo, pero les anticipó que no podía asegurarles que en el curso de las actuaciones no pudiera surgir otro tipo de información que revistiera interés fiscal y habilitara la ampliación del objeto de la investigación. Marchi exigía certezas. Todos los caminos de las sospechas apuntaban a la ciudad de Rafaela, donde comenzó la historia. Carrió y el diputado Fernando Sánchez presentaron un segundo anexo en el que Silvana Patricia Quinteros, titular de la Subdirección General Impositivas del interior del país, adjuntaba el origen de los casos. Los antecedentes de los

contribuyentes Lorenzetti y Marchi, como la descripción de las tareas llevadas a cabo por la Dirección. Es decir, del trabajo cotidiano de entrecruzamiento de datos a la que el órgano fiscal está obligado a realizar con todos los contribuyentes, sin excepción. Seis meses más tarde, la ciudad de Rafaela se conmocionó ante el anuncio del traslado del jefe de Afip de la ciudad Omar Pedro Fenoglio a Santiago del Estero, en febrero de 2015. Lo relacionaron al supuesto pedido de Lorenzetti al ente, aunque se trató de una resolución del organismo para rotar a los directores de agencias en todo el país. En su lugar asumió Jorge Centeno.551 También hizo ruido la desvinculación de la Afip del hijo de Roberto “Robertito” Actis, el director del diario La Opinión, competencia del diario Castellanos, de Guillermo Remonda, hombre de confianza del presidente de la Corte. En la Afip creen que Lorenzetti fue advertido por el titular de la regional Santa Fe del organismo, Carlos Vaudagna, con jurisdicción sobre la ciudad de Rafaela.552 Desde entonces, Lorenzetti y Vaudagna armaron un frente común en la región, junto a otros funcionarios claves, designaron en la sucursal de Afip de Rafaela, Rosario y Santa Fe gente leal y se blindaron de posibles injerencias externas, como coincidieron varios de los profesionales desvinculados. No querían dejar nada librado al azar. Había que evitar sorpresas inesperadas como la vivida, según confirmaron funcionarios de la Afip a nivel nacional y regional. En paralelo, el juez federal Sergio Torres asumió una de las tantas investigaciones por presunto abuso de autoridad contra el titular de la Afip Echegaray. En este caso, en relación a la investigación contra Lorenzetti y Marchi. El magistrado que se hizo famoso en la prensa internacional por la reapertura de la denominada mega causa de la ESMA (el diario ABC de España le dedicó un reportaje de dos páginas completa) esperaba informes de oficios girados a diversos registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país, para realizar pericias contables. Los resultados serían contundentes y como un boomerang podrían repercutir sobre la situación patrimonial de Lorenzetti ya que en la investigación se registraron inmuebles urbanos y rurales en diferentes lugares del país, aseguraron desde la justicia federal.553 Hay una circunstancia no menor. Torres sabe de los tiempos judiciales y espera la bendición de Lorenzetti, como trasciende en los tribunales de Comodoro Py. Echegaray acompañó toda la documentación, para demostrar

que no se trataba de una acción “abusiva” sino, parte del proceso normal del organismo y en el marco de un programa impulsado para registrar empleadores y trabajadoras del servicio doméstico. Cómo barrer para el doctor Lorenzetti Con estos antecedentes, los argumentos de los sobreseimientos de Lorenzetti y Marchi merecen ser recapitulados. El fiscal Gerardo Pollicita, tras la denuncia de Carrió, analizó tres documentos. El expediente original de la Afip (realizado tras entrecruzar datos de contribuyentes); la causa que se tramitó en el juzgado federal de Torres y las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias desde 2004 a la fecha, tanto del supremo juez como de Ratio SA. Con estos elementos de juicio determinó que Lorenzetti había declarado la cuenta corriente en el exterior y los fondos antes de asumir, ya que la declaración de los intereses que dio esa cuenta no había sido en el marco de blanqueo de capitales — prohibido en ese momento para los funcionarios— sino en uno similar de regularización. Para Pollicita, la sociedad Ratio SA no se formó para comprar el departamento de Puerto Madero, sino que existía desde 1997 y en un 90% era propiedad de Lorenzetti. La mencionó en la declaración jurada de 2004 pero al asumir como ministro, la donó a sus hijos. Asimismo, consideró que los fondos para adquirir el inmueble podrían provenir de la cuenta en el exterior que al momento de la operación tenía un saldo de 600.000 dólares. La dupla del juez Ramos y el fiscal Pollicita coincidió en que no había razones para abrir una investigación patrimonial y desestimaron la denuncia.554 “No se molestaron en investigar el origen de los más de 3502 inmuebles rurales a nombre de Marchi ni el circuito financiero que podía haber detrás de la cuenta en el exterior de Lorenzetti”, analizan desde el seno íntimo de Lilita. Los funcionarios judiciales tampoco rastrearon las sociedades del extranjero ni solicitaron informes a los bancos de Suiza y Estados Unidos. De cualquier manera, Pollicita estaba inquieto, quizás preocupado porque sus argumentos resultaban “poco sólidos al haberse basado en el informe de la Afip que, paradójicamente, explicaba lo contrario, que Lorenzetti se había abocado al blanqueo de capitales”, detallaron allegados a Carrió y lo ratificó el mismísimo Lorenzetti. “A Carrió se le explicó las razones del sobreseimiento ante la ausencia de delitos”, le dijo a la autora de este libro.555 En busca de comprensión, Pollicita se comunicó con el equipo técnico de Carrió y le explicó que se había visto impedido de bucear en la pesquisa porque

hubiera hecho lo que en la jerga judicial se conoce como “salir a pescar”, tal como confirmaron abogados de la diputada a la que no solo Lorenzetti parece temerle. El informe de la Afip irritó a Lorenzetti. El juez con diez años en la presidencia de la Corte, el de mayor poder en décadas de democracia, difícilmente podía disimular su malestar. En otros ámbitos se lo atribuían al contexto político y al caso Clarín. En ese momento la Corte dirimía la Ley de Medios y resultaba natural encontrar explicación a su mal humor a una interna entre él y el gobierno, que a problemas de transparencia fiscal. Pero, bien pensado, parecía desmesurado que el juez estuviera tan enojado por una notificación que le solicitaba información sobre el personal doméstico a su cargo. Quizás, su inquietud estaba justificada porque, como bien sabe el supremo juez, los médicos y el fisco, si buscan, encuentran. Y el hallazgo, como sucedería después, no suele ser bueno. La denuncia de Carrió fue, sin lugar a dudas, un momento tormentoso para Lorenzetti. En Rafaela lo resumieron con otro nombre de mujer: Angelita. Se trataba de una empleada doméstica que vivió con la familia durante muchos años, cuando los hijos del ministro aún eran pequeños. El matrimonio y los chicos la querían mucho. La escena hogareña no era muy diferente a la de otras casas. Por eso, nadie hubiera imaginado que ella era el secreto mejor guardado, la elegida para figurar como socia fundadora, junto a Carlos Fernández, el novio, en la primera sociedad que Lorenzetti conformó el 1 de septiembre de 1997 cuyo presidente era Gabriel Ángel Lorenzetti,556 primo de Ricardo Luis. Desde entonces no se registraron movimientos, ni renovación o cambios de autoridades, ni la firma presentó balances en la sede de Personas Jurídicas de Santa Fe. La bautizó Ratio SA, se trataba de una empresa vinculada a negocios inmobiliarios, inversiones y operaciones del mercado, como coincidieron varias fuentes consultadas de la ciudad de Rafaela. Con los años, una vez consolidada y por razones fáciles de entender, las acciones de Angelita y de su pareja, fueron transferidas a la nueva empresa que se consolidaba,557 pero en Buenos Aires. Nadie se fijaría en Angelita.

Un divorcio a la argentina Lorenzetti nunca dejó su ciudad natal. Volvía y, salvo contadas excepciones, vuelve cada fin de semana. Los vecinos suelen verlo en las filas de los bancos ya desde el viernes por la mañana. Es normal encontrarlo en el supermercado mientras selecciona los mejores productos o caprichos —pastas, quesos, frutas secas, dátiles, naranjas, vinos orgánicos y yerba mate (que no le falte)—, siempre sin custodia. Cada sábado almuerza con los hijos Pablo, Lucía y Franco en el bar Tres56, sobre el boulevard Santa Fe, en pleno centro de la ciudad. Por la tarde hace running y visita a la madre Porota, a quien cuida de manera personal. El lazo es tan cercano que, como saben en el entorno, Porota lo llama hasta quince veces por día. Los miércoles la señora ya está preocupada por el horario en el que llegará su hijo al día siguiente. A Lorenzetti es frecuente verlo los domingos a la mañana acudir de visita a la antigua casona de la calle Chacabuco donde pasó la niñez y vivió varios años, incluso después de haberse divorciado de su primera esposa, Analía Cortassa a quien conoció en 1980. Aquel año se descubrieron el uno al otro, él era un joven abogado y ella una devota profesora de literatura. La pareja se terminó cuatro años después de que él ascendiera a la Presidencia de la Corte. Ahora mantienen una relación difícil de definir. La cuestión patrimonial para el presidente de la Corte parece haber sido conflictiva incluso desde antes de ingresar a la función pública. El divorcio se desplegó en medio de una fuerte disputa por el patrimonio que había consolidado mientras duró la pareja Lorenzetti-Cortassa. El juez había cosechado merecida fama por no perder —salvo alguna excepción— ningún juicio. Por lo tanto, las ganancias económicas como litigante debían ser voluminosas. A esto había que sumar la asesoría a los empresarios de la salud local un rubro donde lo conocen bien. Si las fuentes consultadas están en lo cierto, Lorenzetti sería no solo accionista sino ideólogo de las sociedades que se conformaron alrededor del sistema de salud de Rafaela, y los departamentos aledaños. Al suma y sigue de su patrimonio habría que añadir los negocios financieros que acometió con el padre y, al parecer, le reportaron una jugosa suma de bonos en dólares. Por entonces, el sagaz rafaelino habría tenido una cuenta bancaria en Estados Unidos. Se sumaban a ello los negocios inmobiliarios en la región.

Por todo ello, la jueza a cargo del divorcio, Liliana Maina de Beldoménico, estaba asombrada de lo que se analizaba en el expediente a través de una serie de incidentes. Cortassa pedía lo que le correspondía en la sociedad conyugal y parte del conflicto se centraba en el dinero que Lorenzetti tenía en el exterior desde mucho antes de asumir en la Corte. La cuestión era monetaria. El resto del trámite se tramitó en muy malos términos. El supremo juez no debía querer convertirse en la comidilla de la ciudad de Rafaela. En pueblo chico todos se conocen, el trato es muy familiar, pero nadie olvida quién manda y quién tiene el poder. Lorenzetti pertenece, en cierto modo, a ambos grupos. Divorciados desde septiembre de 2008,558 la relación entre Cortassa y “Ricardito”, como lo llaman los pocos amigos o socios que tiene el titular de la Corte, volvió a cauces civilizados y de cordialidad. El amor por los tres hijos era una buena razón para mantener las formas y evitar escándalos. Pablo, el mayor, aunque tiene una hermosa casa propia detrás de la de su padre, vive la mayor cantidad de los días de la semana con la madre, sobre Estanislao Zeballos. A pesar de la ruptura, Lorenzetti aún conserva y hace buen uso de la llave, para revisar ocasionalmente lo que sucede en el interior de lo que por más de treinta años fue su hogar. Entre esas paredes que tanto tiempo pasó permanece impoluta parte de su importante biblioteca. Con frecuencia consulta a su ex mujer sobre las nuevas tendencias literarias. Ambos compartían —y comparten— largas horas de lectura y tertulia literaria. Cortassa conoce al ministro como nadie, su origen, historia, amigos o conocidos (según se mire), fortalezas, debilidades y también sus finanzas. Sangre de mi sangre Más de diez años de presidente de la Corte dan para mucho. De ser un abogado más, Lorenzetti pasó a ocupar un pedestal desde el que acaricia el cielo del poder absoluto. La sombra de su figura se alargaba hasta la ciudad de Rafaela donde “el mito y el miedo a Lorenzetti”559 coexistieron como un matrimonio mal avenido. Hay un contraste profundo entre el Lorenzetti como un vecino más y el juez supremo de poder “omnímodo que logró construir desde la Justicia”, resumía el diputado Del Frade en el libro Salud, valores y esperanza. Aunque intente pasar inadvertido no es un rafaelino más, “supo usar su poder para nombrar jueces,

funcionarios, apartar a otros de sus cargos, hostigarlos y hacer negocios a través del tráfico de influencias”, describe Del Frade. Hombre “temido en su ciudad, cercano a la política, al poder, a la Iglesia y a la Justicia, Lorenzetti levanta un teléfono y designa en un puesto a un familiar, a un amigo y, a su manera, pulía causas judiciales”, remata. El nepotismo es innegable. En septiembre del 2013 logró que nombraran al hijo Pablo en el Banco Nación de Rafaela y en la Asociación Civil Universidad Católica Santiago del Estero. La leyenda pueblerina cuenta que llamaba a los directivos de las empresas más importantes de la zona para, en definitiva, comunicarles que todo seguiría igual. Les decía que Pablo sería su representante legal en el estudio jurídico que le legó. De este modo, la clientela de siempre tenía “garantía de resultados” además, detalla el autor del libro mencionado, “ningún empresario se animaría a contrariar al presidente del alto tribunal”. Con 32 años, Pablo Lorenzetti podía decir sin temor a equivocarse que había empezado a escribir su propia historia. Otro asunto es que al hacerlo los renglones estuvieran más torcidos que derechos. Su modus operandi era el siguiente: cuando necesitaba que un juez de su ciudad resolviera de acuerdo a sus intereses, solía pasar a visitarlo. Sobre el escritorio, para que entendiera con quién estaba hablando, le dejaba un fallo del máximo tribunal sobre cualquier otro caso del mismo asunto. “Esto es lo que piensa la Corte”, solía decirles —y aún lo hace— a los magistrados. Con esa soltura maneja los negocios de la familia el mayor de los Lorenzetti. Especializado en derecho ambiental, dicta clases en la UBA y en la Universidad Católica de Santa Fe con sede en Posadas, Misiones y en la facultad de abogacía dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Fue profesor de la Universidad de la Mancha y Toledo, de España e integrante de la Fundación Expoterra impulsada por su padre,560 como se detalló en el capítulo anterior. Desde pequeños, los tres hermanos están muy unidos, comparten amigos, se acompañan y suelen divertirse juntos. Los otros dos hijos de “Richard” son sencillos, tímidos y de perfil más bajo que el hermano mayor. Lucía se recibió de licenciada en Psicología en 2013 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (privada) y empezó a atender pacientes por su cuenta y riesgo. En tanto, Franco estudia la licenciatura en administración de empresas. Colaboró con su hermano Pablo y desde 2013 561 trabaja en la Asociación Mutual Pyme, cuya titularidad es de su padre, Ricardo Lorenzetti, como lo aseguró un socio del juez. La relación con su padre es muy cercana y afectuosa. De la misma manera que

cuando eran niños, el juez los protege y cuida. Son su debilidad. Varios empleados del estudio Lorenzetti, ingresaron a través de la supuesta intermediación del juez supremo a trabajar en el Banco Nación, sucursal Rafaela. No solo su hijo Pablo, sino también Belén, la hija de Marchi, como confirmaron desde la entidad y familiares de ambos. El ministro Lorenzetti, considerado y comprometido con los suyos, ayudó a toda la familia. En octubre del 2005 Romina María Chianalino, abogada y escribana, hija de su hermana Susana (Bioquímica), recibió la mitad del paquete accionario de la firma Paideia SRL, y pasó a ser propietaria de la librería que hasta ese momento era suya. La sobrina favorita, con fama de sagaz, es la que goza por parte del tío de una confianza incondicional. Ella conoce y forma parte de los secretos mejor guardados del supremo juez. La librería está ubicada sobre la calle San Martín y la había fundado junto a su amigo de la adolescencia José Luis “Bachi” Inwinkelried.562 Chianalino también fue premiada con un registro automotor, gestionado por Reynaldo Casabella como lo confirmaron socios de Lorenzetti ante la consulta para este libro. La adjudicación provocó conmoción en la ciudad así que, para evitar más alborotos, la sobrina cedió la gestión a miembros de su círculo más cercano. Ella sí se ocupa, desde septiembre de 2016, de ejercer el cargo de defensora general del juzgado federal de Rafaela. Ese puesto, que obtuvo por concurso, también levantó polvareda en la ciudad. Pocos dudan qué tuvo más peso en los exámenes, el conocimiento de la joven o su apellido. En este contexto, resulta menor el favor que Lorenzetti le hizo a su sobrino Martín Chianalino, para que entrase a trabajar en el ANSES de Rafaela. Aunque a Juan lo ayudó para que ingresara a la Empresa Provincial de Energía (EPE) y a Ignacio Miguel Chianalino, el ingeniero de la familia, lo designó en la Dirección de Sistemas del máximo tribunal con el cargo de prosecretario jefe, un lugar clave para el manejo de información judicial.563 Aunque este trabaja en la ciudad de Rafaela y no en Buenos Aires, según confirmaron compañeros de trabajo. Todos contentos. La familia es la familia, como en todo seno de raíz italiana piamontesa, fiel a los genes. Otro de los beneficiados por la relación con Lorenzetti fue Lucas Marín, ex socio suyo que logró ascender a juez laboral. El núcleo personal de Lorenzetti es muy pequeño y está compuesto en su mayoría por conocidos y amigos de la adolescencia. Todos de Rafaela. Ricardo Peirone, dos veces intendente de la ciudad que ama con locura, es funcionario

municipal y legislador provincial.564 Además de su amigo es el contador personal de Lorenzetti y de su familia. Su otro compinche de la infancia, Orlando Mario “el Indio” Long disfruta del cargo de delegado zonal de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), donde el juez supremo tiene buena mano, o influencia como dicen en Rafaela. Cómodo en el puesto, atrás dejó la Dirección de Control Público de la municipalidad y reemplazó a Roberto Teso. Las razones del apartamiento de este siguen siendo un misterio. La nueva actividad de Long le proporciona jugosos beneficios dada la cantidad de festejos que se realizan en la zona bajo su dependencia565. “Siempre que haya un 30% mediante”, en palabras de Del Frade. El pasado y futuro de Lorenzetti remite una y otra vez a Rafaela, el punto de partida, su cable a tierra, el eje sobre el que gira su existencia. En definitiva, sus raíces. Los pocos amigos que tiene (la mayoría se consideran socios) son de la infancia y la adolescencia. Hay excepciones que tienen que ver con sus primeros pasos como abogado y empresario. Ellos gozan de buena salud El vínculo más importante lo entabló con el médico Carlos Tita como se analizó en el capítulo 2. Lo buscó para que lo asesorara en el sistema de salud y desde entonces, parecería que no pueden vivir el uno sin el otro. El médico empezó como accionista de la clínica familiar Tita Hermanos SA, fundada por el padre y el tío, Plácido y Rosario Tita. Más tarde, ese mismo grupo societario conformó el sanatorio Nosti SA, que luego se agrupó —junto a otras tres clínicas— a la gerenciadora Apreme SRL de la que Lorenzetti fue socio fundador y asesor legal. Buscaban monopolizar el sistema de salud de Rafaela y licitar de manera conjunta ante las obras sociales. El negocio se centraba en tener gran cantidad de socios para prestarles servicios unipersonales. “Bajo precio en la cuota mensual y calidad media”, como el mismo Lorenzetti solía definirlo. En 2001, cuando el abogado renunció a Apreme tras su enfrentamiento con la Asociación Médica del Departamento de Castellanos,566 en paralelo se desataba una interna en el seno familiar de los herederos de la firma Tita SA. El enfrentamiento adquirió mayor virulencia cuando Carlos compró, en 2004, las acciones de dos de sus primos. A partir de entonces, pasó a tomar las decisiones de la empresa. Si bien Lorenzetti se apartó —al menos en lo formal— de Apreme, habría continuado como asesor legal de Carlos Tita de manera solapada. Tita y

Lorenzetti son carne y uña. Tanto, que habrían realizado otros negocios conjuntos.567 No es casual que el crecimiento patrimonial de Tita se desarrolle en paralelo al desempeño de Lorenzetti en la Corte. En Rafaela, donde dejaron de utilizar eufemismos y ahora no dudan en proclamar a micrófono abierto lo que piensan y lo que saben, se refieren a él como “el testaferro” del presidente de la Corte. Del Frade añade que, posteriormente a que Lorenzetti fuera nombrado ministro de la Corte, su hijo Pablo “fue designado representante legal de Carlos Tita. Aunque también lo sería de la firma Tita SA, como del resto de las empresas que desde entonces emprendió el médico”.568 En la misma sintonía lo definió también uno de los socios de Apreme y de Tita SA; el cirujano plástico Gustavo Tita, primo de Carlos Tita. La acusación apuntaba contra Lorenzetti, ya que el cirujano considera que perdió sus acciones por culpa de la intervención del abogado. Lo denunció innumerables veces en los diarios de la región y a nivel nacional pero los lamentos no fueron atendidos. “Hace veinte años que conozco a Lorenzetti y hace años que lucra con el negocio de la salud. Lo hace por medio de su hijo, Pablo Lorenzetti”, explicó Gustavo Tita en una entrevista con el periodista Jorge Lanata.569 “Llegaba el PAMI a Rafaela y ellos se quedaban con los afiliados porque manejaban los sanatorios. Se quedaron con el monopolio de la salud. Lorenzetti, en los 90, fue asesor legal de una de las prestadoras. Él tenía conexión con Víctor Alderete (último titular del PAMI de la presidencia de Carlos Menem, de enero de 1997 a diciembre de 1999). Lorenzetti armaba una sociedad y tras mis denuncias armaba otra. Ellos se quedaban con el dinero de las obras sindicales. Lorenzetti fue el asesor legal y diseñador de estas gerenciadoras que convenían con Alderete. Cuando descubro este tipo de maniobras renuncio y hago las denuncias pertinentes”, detalló Tita en radio Mitre. La respuesta del ministro de la Corte no tardó en llegar: “Ante expresiones públicas en medios de comunicación del Sr. Gustavo Tita, que implican agravios e imputaciones de hechos falsos, me veo en la obligación de desmentirlas totalmente. Asimismo, y luego de años de tolerancia, hago saber que promoveré las acciones legales que correspondan”, enfatizó en declaraciones al diario Castellanos de Rafaela.570 Según Gustavo Tita todavía espera que le notifiquen de alguna demanda. La controversia tuvo otro capítulo. “Tengo una disputa y una batalla moral

contra él. El único enemigo que tengo en la vida se llama Ricardo Lorenzetti, me hizo daño moral, económico y familiar”, retrucó Gustavo Tita.571 El crecimiento patrimonial del empresario de la salud y médico, Carlos Tita, en paralelo al desempeño de Lorenzetti en la Justicia resultaba llamativo en Rafaela. También sorprendía la figura de Guillermo Remonda, un hombre que no pasa inadvertido. El periodista rafaelino, Francisco Marzioni, lo considera muy útil para Lorenzetti por “su red de contactos. Se conocen desde mucho antes de su nominación a la Corte en 2004, y como, “presunto propietario del diario Castellanos —observa—, le ha hecho más de un favor” al juez supremo. Marzioni se refiere a que en el registro de la propiedad no figura Remonda, sino Pablo Exequiel Ranzani y Marcelo Fabián, como accionistas de Editora Del Centro SA (capítulo 2), aunque el rafaelino Guillermo Remonda se reconoce propietario del diario. También apuntaba Marzioni a las “operaciones mediáticas que el propio Remonda reconoce encabezar, a favor de Lorenzetti, a sus amigos y periodistas del diario”.572 Un episodio no demasiado lejano en el tiempo ilustra lo relatado. Era ya el ocaso de una tarde de noviembre de 2009, cuando Remonda, un hombre campechano y de palabra fácil, llegó a la redacción del Castellanos y se dirigió al subdirector, Fernando Garello. “Fijate qué podemos hacer con esto”. Remonda le entregó las copias de un expediente en contra de la Asociación Médica de Castellanos (ASMEDICA), con la que estaba enfrentado Lorenzetti, donde se acusaba a la entidad de supuestas irregularidades financieras. —Me fijo. ¿Pero, esto qué es? —le respondió el subdirector del diario. —Me lo dio un amigo que no sabe lo que es publicable y lo que no — respondió el dueño de Castellanos. “Al otro día —detalla el periodista Marzioni— el diario publicó en tapa una nota sobre la presunta deuda de aportes previsionales que la Asociación Médica de Castellanos, habría mantenido con los trabajadores del Policlínico. A cuadro seguido, publicaba la noticia de una condecoración recibida por Lorenzetti desde Italia. Los que tenían que recibir el mensaje —observa— lo captaron de inmediato”.

Al día siguiente ASMEDICA envió siete cartas documento de protesta. Años más tarde Marzioni habló con Fernando Garello y Guillermo Remonda, “ambos —asegura Marzioni— coincidieron en que el proveedor de esa información había sido Lorenzetti, la más alta fuente judicial, como solíamos bromear”.573 Dicho esto, añade, “cinco años después, los denunciantes eran los denunciados y el abogado cuestionado, incuestionable”.574 Aquel episodio significó un duro golpe para la Asociación que, más tarde, sería cooptada por Lorenzetti a través de una nueva comisión directiva que habría aceptado hacer lo que los médicos privatistas y el ministro de la Corte les ordenaban. Entre las instrucciones figuraba retener los libros que había escrito el periodista Del Frade sobre la “estafa” (ver capítulo 2) que había ideado Lorenzetti al sistema de salud de la ciudad de Rafaela y las localidades aledañas. Con Remonda al frente, “el diario Castellanos cambió su línea editorial de manera rotunda y pasó a ser un vocero de Lorenzetti en la zona, la voz de lo que el presidente de la Corte quiere decir a la ciudad, de donde nunca, en verdad, se fue”, asegura Marzioni. Gracias por todo Las reflexiones y conclusiones a las que llegó Del Frade tras su investigación inquietaban a Lorenzetti. Llevó a cabo un relevamiento exhaustivo y consultas a diversas fuentes de la zona —que conoce como la palma de su mano — en estricto off de record. El comunicador y luego diputado provincial de Santa Fe llegó a la conclusión de que estaba en condiciones de elaborar una lista de los “socios encubiertos”, —o abiertamente declarados, como Guillermo Remonda— y los “testaferros” de Lorenzetti. Aunque los escenarios fueron distintos, los personajes eran los mismos. Según él, “los socios en los negocios y prestanombres de Lorenzetti, serían el médico Carlos Tita, el contador Reynaldo “Nall” Casabella; Marchi; Lisdero (ver capítulo 10); “la Chocha” Armando, entre otros tantos nombres que se repetían en las sociedades y serían parte de este círculo financiero”,575 insiste el diputado. A través de ellos habría armado una megaestructura de empresas relacionadas a los negocios de la salud, financieras, inmobiliarias, constructoras, metalúrgicas, fábricas de máquinas para el tratamiento del agua, hotelería, ganadería, aeronáutica y muchas más. Además, se vinculó con escribanos como Guillermo Eguiazu con quien compartiría una serie de emprendimientos inmobiliarios.

Para los vecinos de la ciudad, Rafaela es el “centro de operaciones” de Lorenzetti, su feudo privado. Como Néstor Kirchner hizo, al trasladar el modelo de Santa Cruz a la Nación, el juez supremo se llevó el mismo modus operandi, a gran escala, de la ciudad santafesina a la Corte Suprema.576 “En Rafaela nadie se animaba a desafiar a Lorenzetti o a su familia. La búsqueda de información en oficinas públicas —detalla el diputado— se convertía en un desafío para cualquiera que quisiera emprender la tarea”. Del Frade fue el periodista que en 2010 denunció que Lorenzetti intentó taparle la boca a cambio de dinero. Ya como presidente de la Corte, lo citó a su despacho en febrero de ese año y, de acuerdo a su testimonio, insinuó que le pagaría 40 mil dólares para que no publicara Salud, valores y esperanza. Crónicas de lucha de la Asociación Médica del Departamento de Castellanos que vería la luz ese mismo año. El trabajo se centraba en la manera en la que el entonces abogado Lorenzetti y sus socios habían “cooptado” el sistema de salud en base a un accionar que rozaba lo antiético e ilegal. Lorenzetti se había molestado. La reunión duró 45 minutos y al periodista le llamó la atención que al ministro le preocupara lo que él mismo definió, durante todo el encuentro, como una cuestión de “pago chico”.577 Lo cierto es que “los dos mil ejemplares de su libro quedaron retenidos en un depósito por disposición de la nueva comisión de médicos que pasó a administrar ASMEDICA tras ganar las elecciones con el presunto aval de Lorenzetti. “Desde entonces están ahí sin poder ser leídos”, lamenta el actual diputado por el Frente Social y Popular (FSP). Ayer, hoy y mañana. Los de siempre Los nexos entre justicia, salud y negocios no serían tan disparatados. “Los empresarios —detalla Del Frade— explican que el sistema de salud en la Argentina está manejado por tres grupos capitalistas: el que dirige el empresario radical Enrique Coti Nosiglia; Luis Barrionuevo y el Grupo Olmos”.578 En el área de salud, Lorenzetti y Tita, tendrían de padrino, nada más ni nada menos, que a Nosiglia.579 Al Coti, como se lo conoce en todo el país, ya lo habían identificado, durante el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, como dueño de gerenciadoras que trabajaban con el Pami junto a Barrionuevo. Fue la por entonces interventora del PAMI en representación del Frepaso, Graciela Rosso, la primera en seguir la liebre.

El grupo de socios que hasta hoy acompañan a Lorenzetti empezó a conformarse, café mediante, entre el entonces abogado rafaelino y Carlos Tita (ver capítulo 2) en su pueblito. Desde entonces Lorenzetti, asesor de Tita, pasó a ser fundador y socio de la gerenciadora de salud Apreme SRL. Ese fue su desembarco en el sistema de salud allá por 1994, explica Del Frade. Una vez que Lorenzetti se apartó en 2001, al menos en lo formal de Apreme SRL, desde entonces y hasta el 2004 —escudado en Carlos Tita— encontró en el sistema de salud un mercado rentable del que nunca más se alejaría. Lorenzetti y Tita encabezaban la cuadrilla integrada por Rafael Barreiro, Reynaldo Casabella, Leonardo Parra y Norberto Pairola, entre otros. Todos ellos, de la mano, impulsaron la prepaga médica Preinsa SRL en octubre de 1996. Aunque en paralelo Tita, con olfato para los negocios y sin dejar nada al azar, junto a su familia fundó ese mismo año dos financieras e inmobiliarias: Establecimiento Los Hermanos SA y Alicar SA. Carlos Tita tenía tradición familiar en el negocio de la salud. Consciente de que su mayor rédito económico provenía de ese ámbito, en enero de 1999 apostó a tres nuevas firmas médicas Siglo XXI, Emergencias Sunchales SA y Clínica Sunchales SA. Hasta aquí Carlos Tita era un exitoso empresario santafecino. Tanto en Rafaela, como en Sunchales y Rosario había demostrado capacidad para dirigir y controlar empresas. El liderazgo no estaba en duda, aunque detrás del secreto de sus logros estuviese Lorenzetti. Lo cierto es que los negocios de la salud para Tita y el supuesto socio encubierto Lorenzetti iban in crescendo. Cinco años antes, Lorenzetti, Kraut y Mosset Iturraspe ya habían hecho base en Buenos Aires con un estudio jurídico especialista en la materia. Esto le dio impulso a Tita para que, en 2002, junto a Claudio “la Chocha” Armando, constituyeran la empresa Unidad Médica Laboral SRL en la Capital no solo para brindar atención médico asistencial, sino también para administrar otras entidades. Habrá que reconocerle a Tita que la llegada a Buenos Aires lo incluía en las grandes ligas. Por supuesto que Tita nunca se marchó de Santa Fe. De hecho, ese mismo año lanzó el Centro Logístico de Medicina Integral SA en Sunchales que monitoreaba desde Rafaela. Al mismo tiempo las inversiones del exitoso empresario aumentaban al igual que sus responsabilidades. Es sabido que los cambios son frecuentes y saludables para un

triunfador. Esos empresarios, incluso, se anticipan y logran convertir una amenaza en una oportunidad. Por ello resultan habituales las modificaciones en las sociedades o el capital social y la constitución de nuevas firmas, para evadir riesgos y responsabilidades. El grupo de amigos no se quedó fuera de esa tendencia y optó por esa modalidad, no solo de cambiar los nombres de las sociedades sino de sus accionistas. Cada tanto modificaban los tipos societarios, quizás para sumar accionistas o incrementar el capital. En marzo de 2003, la firma Preinsa SRL cambió por Preinsa SA.580 En la práctica el cambio implicaba pasar de una empresa donde la responsabilidad ya era limitada a una aún más restringida al desconocerse sus verdaderos accionistas. En tanto ese mismo año, Carlos Tita optó por modificar las autoridades de GM SA y asumió la vicepresidencia. El 2004 sería un año de buenas nuevas para el empresario. En marzo conformó ASS Administradora de servicios de Salud SA en Santa Fe y en agosto impulsó Rosario Sistemas de Salud SA. Fue en este periodo cuando adquirió el 70% de las acciones de la empresa familiar TITA SA, hecho que lo enfrentaría con su primo Gustavo Tita, para quien Lorenzetti fue el ideólogo y asesor legal de las “maniobras” societarias. Para Lorenzetti, el 2004 tampoco pasó inadvertido. Festejó las primeras navidades como juez supremo, momento a partir del cual su crecimiento patrimonial y el de Carlos Tita resultaría por lo menos llamativo. Tita y Oscar Alberto Ruffinengo conformaron el 10 de agosto de 2005 la droguería Alfarma SRL. La empresa tenía dos sedes: una en Sunchales y la otra en Rosario, ambas de Santa Fe.581 Esta sociedad fue habilitada ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para licitar y comercializar remedios (en especial oncológicos) en las diferentes provincias del país582 donde ya habría ganado varias licitaciones y contratado en otras bajo razones de urgencia. Dentro del equipo de socios cada integrante sabía en qué lugar de la cancha debía jugar. El contador Reynaldo Nall Casabella representaría a Lorenzetti. En tanto, la Chocha Armando recorrería el país para diligenciar y monitorear el estado de las licitaciones hasta lograr ganarlas. “La Chocha responde no solo a Lorenzetti sino a Remonda”, asegura Del Frade. Ante la consulta Armando negó ese tipo de vinculación y advirtió que se dedica al rubro de los lácteos.

Aceitado el mecanismo del negocio de la salud, las ambiciones del grupo crecían. Ya no se conformarían con el mercado interno, apostaban ahora al plano internacional. Revelar SA sería la empresa con la que importarían y exportarían medicamentos desde 2007. Dos años más tarde e impulsados por el éxito de la primera iniciativa tentaron suerte con Salusan SA. Una vez más y gozoso de la adrenalina que genera el riesgo empresario, Tita y el contador Leandro Enrique Abatidaga formalizaron el 15 de abril de 2009 la financiera e inmobiliaria Tiaba SA en la ciudad de Buenos Aires.583 Aunque en el ámbito de la salud se asocia a Tita y Lorenzetti con operaciones realizadas mediante la financiera Prestaciones Integrales de Salud Presal SA surgida en 2010, de la cual Juan Francisco Nosiglia, hijo del Coti, era uno de los socios mayoritarios. Carlos Tita, con probada capacidad para conducir empresas e inspirar a sus colaboradores y socios a sumarse a ellas, mostró un lado más osado. En 2011 su financiera Tiaba SA se unió al ingeniero electromecánico santafesino Rubén González en la firma Sky Blue Air SA. La finalidad era exportar, importar, alquilar, comprar, vender y administrar aeronaves. También inspeccionar y vigilar oleoductos y gasoductos, entre otras actividades agrícolas y ganaderas. Pese a las innovaciones societarias Tita y compañía continuaron a paso firme con los proyectos en salud. Se mantuvieron con un pie en Santa Fe y el otro en Buenos Aires. De hecho, en 2012, establecieron la cobertura en salud para obras sociales Medicina Integral Laboral SA en Santa Fe584 cuya sede en Buenos Aires compartía el mismo domicilio con la firma del mismo grupo, Centro Logístico de Medicina Integral SA,585 compartían el mismo domicilio sobre Reconquista 1071, segundo piso, departamento “C” de la Capital Federal. El 2015 fue también próspero para Tita y sus socios. Con Nall Casabella, señalado como el intermediario de Lorenzetti en varios emprendimientos, constituyeron Acciones de Salud Santa Fe SA con la idea de concretar operaciones a gran escala dentro y fuera del país. Una coincidencia concurrente y de manera alternada con los negocios de salud, era que Tita y su mujer Alicia Raquel González insistían en conformar financieras e inmobiliarias. Fue el caso de CT Inversiones SA y Carali SA durante 2013. En el ámbito jurídico y contable las financieras e inmobiliarias en algunos casos — sobre todo cuando los montos que comercializan son excesivos o

llamativos— son señaladas por los profesionales del sector como sospechosas y vinculadas al supuesto blanqueo de capitales. A esta altura, Tita era tan exitoso como envidiado por sus colegas, ya que había edificado un imperio alrededor de la salud. Además de las sociedades ya detalladas era titular del Centro Médico Los Alerces, ubicado en Sarmiento 1825 y del Sanatorios Los Alerces, con sede en San Juan 3034, ambos en Rosario. Aunque estos serían nombres de fantasía pese a que las instituciones están registradas como propiedad de Tita y administradas a través de sus sociedades. Además de la gran cantidad de sociedades, Tita adquirió los sanatorios Julio Corzo y El Italiano en Rosario. Esto le valió acaparar el 20 % del negocio en la ciudad y además ser considerado el tercer jugador de peso en el ámbito de la salud en Rosario. Allí compite con el Grupo Oroño (perteneciente a la familia Villavicencio) que lidera el podio y con el Grupo Gamma, del médico Mari Tourn (quien se asoció en 2015 a Swiss Medical grupo Belocopitt) que ocupa el segundo lugar. Otro de sus socios en este emprendimiento es su coterráneo Leandro Abatidaga. Antes de avanzar y para comprender “el esquema societario del grupete que lidera Tita respaldado por Ricardo Luis Lorenzetti”, como insiste Del Frade, resulta oportuno resaltar los personajes relacionados directa o indirectamente al dúo Tita- Lorenzetti en las diferentes sociedades. Entre estos, se destacan los contadores Abatidaga y Nall Casabella. Claudio la Chocha Armando, comerciante de lácteos — viajante y señalado como intermediario en los negocios, en muchos de los cuales sería socio—, el abogado Gómez Galissier, el médico Víctor Hugo Zunino y el ingeniero electromecánico Rubén González, entre otros. Lo que resulta sorpresivo de las personas —cuyos nombres se repetían una y otra vez en las sociedades— era que admitieran como socios de las empresas Alfarma SRL y de Sistema de Salud SA a dos comerciantes sin ningún tipo de experiencia en el rubro. Este es el caso de Oscar Alberto Ruffinengo y Esteban Daniel Pérez. Aunque no era la primera vez que acudían a personas inexpertas y con capital insuficiente como para iniciar un emprendimiento de tal magnitud. El mecanismo u operatoria se repetía. Lo que no levantó desconfianza en la perla del oeste fue la participación del contador Abatidaga como accionista en los negocios vinculados a Tita y Lorenzetti. Era nada más ni nada menos que el hijo de Néstor Abatidaga (ex

gerente general de Sancor Seguros desde hace más de 15 años y ahora directivo de la empresa pero a nivel internacional). El “Gordo” Abatidaga, como le dicen sus amigos, era el mismo que estuvo presente y aplaudió de pie cuando su amigo Lorenzetti asumió en la Corte Suprema. Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. fue otra de las firmas que transfirió dinero afuera por las sumas de $51.316.500 en 2008 y $60.249.200 en 2009, según datos del Banco Central. Los directivos de esta compañía mantienen una estrecha relación con Ricardo Lorenzetti (ex abogado de la firma) y con su hijo Pablo (actual asesor legal).586 Es más, en junio de 2010 la empresa Sancor Cooperativas Unidas Limitadas cuestionó ante el Tribunal Fiscal de Aduanas, la normativa mediante la cual le reclamaban el pago de ciertos impuestos de exportación, por unos embarques de leche en polvo a Brasil y Paraguay. Con un fallo favorable a Sancor en la Cámara Contencioso (segunda instancia), la Aduana pataleó y por recurso extraordinario llegó a la Corte. Los ministros, antes de tomar postura, consideraron —con la disidencia de Highton de Nolasco— por primera vez la intervención del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Antes de que se evacuara la consulta internacional, Sancor desistió de continuar con la puja. Entonces, sucedió algo inédito para los parámetros de la Corte. A través de un escrito, tanto Sancor como la Aduana consentían la distribución de los gastos (costas) de la tercera instancia por su orden, como lo explica en constitucionalista Alberto Garay en un artículo de Abeledo Perrot587 y consideró además, que la causa tiene “aristas atractivas”. La Corte resolvió el caso como “inoficioso”. Fin de la actuación, aunque Lorenzetti, ex abogado de la firma y con su hijo como asesor actual de la misma, “no se excusó y habría intermediado entre ambas partes. “Algo inaceptable”, critican varios constitucionalistas. Abatidaga (padre) es tan exitoso como Tita, aunque de perfil más extrovertido. Quizás eso motivó el giro que dio a su vida laboral y personal. Se mudó de Rafaela a Buenos Aires y adquirió un departamento en Puerto Madero. Su vecino es Lorenzetti, a quien visita con frecuencia. El dueto Tita–Abatidaga, estaba dispuesto a arriesgar en una nueva empresa. Bajo esa motivación compraron el Hotel Toscano SRL ubicado sobre el Boulevard Santa Fe 442, de la ciudad de Rafaela. Lo peculiar de esta operación fue que la transferencia del fondo de comercio en 2010 se hizo a Indosan SA, surgida el mismo año con la finalidad de dedicarse a la actividad hotelera, con varios socios vinculados a Tita y Abatidaga. Entre ellos Juan Carlos Yost (presidente), Alfredo Buffa (vice) y Eduardo Pedro José Grosso (director suplente). Tita suele citar a personajes de la política y del mundo empresario al

Hotel Toscano y lo presenta como suyo. El espíritu aventurero de Tita y compañía buscaba nuevos desafíos. Adquirieron varios restaurantes según confirmaron empresarios afines. Y hasta se animaron a incursionar en el área metalúrgica y automotriz mediante Clorindo Appo SRL. Había varios rubros disímiles en el croquis societario. El nexo para esta última adquisición fue el ingeniero Rubén González y la empresa Tracker SRL,588 una financiera con sede en Buenos Aires surgida en febrero del 2000 y que se asoció a Clorindo Appo SRL en 2003. El ingeniero Rubén González y gente allegada a él habrían sido esenciales para asumir la dirección de la metalúrgica Clorindo Appo SRL, Sky Blue Air SA y un megaemprendimiento relacionado a las obras públicas. Se trata de Aguas y Procesos SRL, la empresa más grande de América Latina y una de las cuatro firmas proveedoras de máquinas de ósmosis inversa para el tratamiento del agua. González es señalado como un hombre tan cercano a Tita como a Lorenzetti.589 El ingeniero y accionista asumió el gerenciamiento de la firma y en junio de 2005, los directivos de la empresa transformaron el tipo societario y pasó a denominarse Aguas & Procesos SA.590 Nuevamente los socios optaron por una firma donde tendrían menos responsabilidad ante un eventual pleito legal. La compañía tiene su sede en Sunchales, pero tanto la adquisición de acciones como el cambio de tipo societario se hicieron ante escribanías del departamento de Castellanos, donde se ubica Rafaela, provincia de Santa Fe. La firma ganó en febrero de 2011 la licitación para ampliar la planta de osmosis inversa de la ciudad de Rafaela.591 En enero de 2012 los responsables de la firma abrieron una sucursal en Santiago del Estero por los supuestos nexos con el ex gobernador Gerardo Zamora. Allí ganaron varias licitaciones para obras públicas, tanto Aguas & Procesos SA sola como asociada a otra empresa en Uniones Transitorias de Empresas en 2013, 2015 y 2016. La última de las inmobiliarias vinculadas a Lorenzetti es Renik SA creada en junio de 2015 con sede en Santa Fe 2142 de Rafaela. A través de esa firma Lorenzetti llevaría a cabo una serie de operaciones vinculadas al rubro de la construcción. Aunque como accionistas de la misma figuran Mónica Leonor Alberto, (54 años, empleada dedicada a gestiones empresariales) y Gabriel Solaro (36 años, docente y administrativo en asesoramiento de empresas).

La plataforma que logró Tita en la salud, lo llevó a apostar a la ciudad de Buenos Aires, donde con el respaldo de su socio encubierto Lorenzetti, representado en sus intereses por el contador Nall Casabella y el padrinazgo del Coti Nosiglia se prepara para pelear en el mercado nacional e internacional con la exportación e importación de medicamentos e insumos, pero sobre todo medicamentos oncológicos. Los tres caudillos, Tita, Lorenzetti y Nosiglia parecen no tener descanso y desde hace más de un año, estarían preparándose para lanzar negocios vinculados a la Salud a niveles enormes del mercado en busca de trascender las fronteras. En este tiempo, Nall Casabella ha sido el encargado de agilizar la puesta en marcha del proyecto por el que viaja, de lunes a jueves, a Buenos Aires y luego vuelve a Rafaela. Todo va sobre ruedas. De hecho, adquirieron un edificio donde tienen previsto montar las oficinas administrativas, sobre la calle Sarmiento a metros de avenida 9 de Julio, como aseguraron desde el seno empresario. Ordeñar la vaca En Rafaela todos se conocen, tienen amigos y hasta familiares en común. Es una ciudad tan pujante como pequeña. Alrededor de ella se tejen historias, dichos y mitos. Como dicen en los bares y piringundines a los que acostumbran visitar los rafaelinos: “pueblo chico, infierno grande”. Uno de los personajes más conocidos de la perla del oeste es Guillermo Remonda, un hombre simpático, aunque no para todos. Remonda tenía y tiene buen pasar económico. Se casó con una señora de la alta sociedad de Rafaela, Magdalena María Williener, una de las herederas del Grupo Williner dedicado a la actividad láctea a través de la marca Ilolay. El matrimonio tuvo tres hijos, Laura, Gina y Guillermo Ricardo. Lorenzetti tiene una excelente relación con los dos. En Rafaela van más lejos y aseguran que está en deuda con ellos. “Sin Remonda —garantizan— Lorenzetti nunca habría podido subir la escalinata del Palacio de Justicia” y estar hoy sentado, a sus anchas, en el magnífico despacho que ocupó Fayt. “Era muy amigo del cuñado de Lorenzetti, Miguel Chianalino (esposo de Susana, la hermana de Lorenzetti). Esto devino en una relación casi familiar que con el tiempo se fortaleció. Guillermo es de las poquísimas personas que conforman el círculo íntimo de Ricardo y el único que se atreve a decirle, cara a cara, las verdades más crueles.

Él lo escucha”, confía alguien que lo valora. El diputado Del Frade recuerda que, “Remonda llegó a definirse como socio de Lorenzetti”. Empresario exitoso, y amigo de sus amigos, Remonda administró la finca La Laura del Grupo Williner. También fue presidente del Jockey Club de Rafaela, donde supo cultivar lazos con colegas y terratenientes de la zona. Estando en Rafaela puso el ojo de los negocios en Salta. El 24 de octubre de 2008 —según consta en el registro de la propiedad— adquirió 42 hectáreas de tierras en Cafayate, una de las zonas más codiciadas de la provincia y el país.592 En paralelo a esas tierras de Remonda, la inmobiliaria y financiera Roma Inversiones SA. También compró (en comisión, es decir para un tercero u otra persona o sociedad) 136 hectáreas en Cafayate.593 Los accionistas de la empresa Roma Inversiones SA, desde noviembre de 2008, no eran otros que el contador Reynaldo Casabella, ex socio de Lorenzetti en Apreme SRL y su hermano, el médico, Fernando Casabella. Ambos de Rafaela, donde constituyeron la sociedad en la calle Las Rosas 147 y desde donde compraron las tierras con escribanos rafaelinos en dos etapas. La adquisición se completó ante una profesional de Salta donde se aceptó la adquisición y se dividieron las tierras. En el círculo íntimo de Remonda aseguran que las compró a “Jorge Nanni, un amigo de la infancia”. Los Nanni son una reconocida familia de Salta dedicada a la actividad vitivinícola de generaciones. Entre ese terreno y el de Roma Inversiones SA, está ubicada la empresa Bodegas y Viñedos Finca Chimpa SA, que se dedica a la hotelería y producción vitivinícola. También allí se encuentra la Bodega Tierra Colorada que aunque es ligada por empresarios también a Lorenzetti, desde hace poco tiempo se encuentra a nombre solo de Jorge Nanni, como explicó un socio del bodeguero. El lugar es paradisíaco. Se encuentra rodeado de montañas anaranjadas y rojizas, viñedos, lagunas y médanos en un paisaje de una belleza inigualable. Dispone de caballos que disfrutan, en su mayoría, turistas extranjeros. Está considerado uno de los mejores hoteles de Salta por calidad, atención y estética colonial.594 Dicho esto, el emprendimiento, desde el 16 de diciembre de 2009595 está conformado por dos socias: La primera, que vive en la zona, es María Teresita Nanni, ex empleada de comercios del mismo rubro e hija de Jorge Nanni, el amigo de la infancia de Remonda. La otra socia es la esposa de Remonda, Magdalena María Williner, que vive en Rafaela. Ambas ocupan la presidencia y vicepresidencia del directorio que administra la firma. Como directores suplentes se encuentran Enrique Pedro Colombo y la

abogada María Susana Nanni que ejerce la vicepresidenta suplente. Colombo es un jubilado de 66 años que solía dedicarse a la actividad inmobiliaria y que afronta dos graves problemas: uno de salud en relación a su visión y el otro de índole habitacional. De hecho, la casa donde vive no se encuentra en las mejores condiciones edilicias. Sus vecinos, preocupados, aseguran que “se cae a pedazos”. Sin embargo, el 13 de mayo de 2016 Colombo —a quien nadie le conoce actividad actual— impulsó la firma Agencia de Publicidad SA junto a Paola Alejandra Pasquero, empleada de comercio. Pero, ironías del destino, fijaron sede de la agencia en Sarmiento 439 de Rafaela, el mismo domicilio donde funciona el estudio jurídico de Pablo Lorenzetti. Difícil creer en las casualidades, parecería que el juez supremo podría tener aficiones hoteleras similares a las de la ex presidenta Fernández de Kirchner, pero en la punta contraria de la Argentina. En este caso en Calafate, provincia de Santa Cruz donde se construyeron Los Sauces, La Aldea, Alto Calafate y la Hostería Las Dunas, todos ellos investigados en la justicia federal. Salta parecería haberse convertido en una debilidad para Lorenzetti. Además de la finca Chimpa y el hotel boutique emplazado allí, lo vinculan a otro emprendimiento. Se trata del Hotel Boutique Altalaluna, también ubicado en el incomparable paisaje de la ciudad de Cafayate, en la localidad de Tolombón, entre los valles Calchaquíes. “No es Calafate, es Ca-fa-ya-te”, se enojan los baqueanos ante la reiterada confusión de turistas europeos que circulan por la zona de enero a enero. Altalaluna es un mega emprendimiento hotelero rodeado de tantos misterios como buen gusto y confort. Una antigua casona colonial, color amarillo oro, es el centro de atracción. Rodeada de cerros verdes y frondosa vegetación está ubicado sobre la ruta 40 en el kilómetro 4326. Los visitantes son recibidos con asado a la criolla, empanadas al horno de barro y los mejores vinos de altura de la zona. Los dueños son los socios —la mayoría desconocidos— que conforman la empresa Futuro Zona Franca General Güemes SA. Esta firma adquirió las tierras en comisión. Es decir, a través del gestor de negocios Héctor Herrero. La empresa asumió en 2004 un crédito hipotecario del Banco Macro Bansud SA para financiar el proyecto Hotel Tolombón (el que luego sería Altalaluna SA) por la suma de $800.000. Una vez más el banquero Jorge Brito se cruzaba en los negocios en los que señalan a Lorenzetti.

En 2009, la firma inversora Futuro Zona Franca General Güemes SA suscribió con el gobierno de Salta un contrato por el que se otorga a esa empresa exenciones impositivas como medidas de estímulo y fomento. El objetivo de las mismas giraba en torno a la ampliación del proyecto de inversión turístico denominado Altalauna Hotel, que se ubicó sobre 12.100 metros cuadrados en la localidad de Tolombón. El asunto es complicado de explicar pero el hotel, a su vez, está administrado por Altalaluna SA596 una empresa publicitaria con sede en Buenos Aires que registró la marca hotelera y la explota comercialmente. La empresa Futuro Zona Franca General Güemes SA registró, únicamente en 1998, el directorio de su contrato de constitución (el 23 de diciembre de 1998). No hubo más actualizaciones desde entonces, al menos hasta la consulta realizada para este libro en la Dirección General de Personas Jurídicas de Provincia de Salta.597 Las especulaciones en torno a estos negocios en los que supuestamente intervendría Lorenzetti, a través de intermediarios, gestores de negocios o sociedades, resultan inevitables. En su mayoría apuntan a que la empresa publicitaria Agencia de Publicidad SA, a nombre de Enrique Pedro Colombo, con sede en el estudio jurídico de Pablo Lorenzetti, se creó para asociarse con Altalaluna SA entre otras. “Estoy convencido de ello”, insiste el diputado Del Frade tras un exhaustivo estudio y consultas de fuentes. La provincia de Salta —sobre todo la ciudad de Güemes— tiene otro valor difícil de calcular a futuro. Será uno de los lugares claves del proyecto de Corredor Bioceánico que impulsan Argentina, Brasil, Chile y Paraguay para unir las salidas al mar, entre puertos del norte de Chile y sur de Brasil.598 “Un lugar clave para las exenciones impositivas y el tráfico de mercadería de toda índole, que será importante para la economía local e internacional”, señalan economistas, jueces y fiscales federales consultados. ¿Dónde está el dinero? En el marco de la investigación que realizó Del Frade pudo entrecruzar datos y realizar entrevistas que lo llevaron a analizar que Lorenzetti habría sacado parte de su dinero al exterior a través de Uruguay. Es muy común que los rafaelinos viajen a Punta del Este, ya que muchos de ellos tienen casas en esa lujosa zona balnearia. Desde allí, el segundo destino del dinero de Lorenzetti habría sido Estados Unidos. Sin embargo, fuentes empresariales, se inclinaron por otras opciones. Habría estado vinculado en este tipo de transacciones con los financistas de la región, Mario Bertolaccini, titular de la firma Bertolaccini,

Gerenciamiento de Riesgos. La firma, con sede en Rafaela, tiene sucursales en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Brasil y Paraguay. Su dueño, Mario Bertolaccini figuró entre los empresarios argentinos que giraron dinero al exterior por un monto de $1.677.450, entre 2008 y 2009, según datos del Banco Central de la República Argentina como se analizó en el capítulo anterior. El otro de los financistas a los que habría acudido Lorenzetti sería Alberto Valsagna. Ambos habrían intermediado para que el presidente de la Corte Suprema comprara acciones en Argentina y las vendiera en Estados Unidos. A través de ellos, habría logrado un paquete de acciones que le habría permitido tener gran parte de su dinero afuera del país. De hecho, antes de ingresar a la Corte, Lorenzetti presentó en su declaración jurada una cuenta en Estados Unidos. “A través de un esquema societario podrían ocultarse activos y los verdaderos titulares de ellos”, coincidieron varios hombres de negocios consultados. Explicaron también que es común que algunos empresarios o funcionarios públicos tengan una sociedad para asociarse a otra y lograr hacer negocios sin exponerse. En las sociedades se puede participar individualmente o a través de una firma. En la jerga judicial se llama “escalonar para esconder”. También se consideran “sociedades cabalgadas”, en la que una de las firmas controla a la otra. Dicho de otra manera, una sociedad deriva en otra, en una cadena casi interminable. “El recorrido fue fructífero y apuesta a más. Siempre más. La inconmensurable vocación de poder de Lorenzetti es ilimitada”, concluye Del Frade.599

547. Reconstruida a partir de fuentes directas que pidieron confidencialidad. 548. Diario La Nación, 12 de marzo de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1879143- archivan-una-causa-contra-lorenzetti. 549. Delaware Business Incorporators Inc 3422 Old Capitol Trail Suite 700, Wilmington, DE 19808, Qualifying State: Delaware. 550. Se trata de la Ley 26.860 de Blanqueo de Capitales, que entraba en vigencia el 27 de junio de 2013. 551. La Opinión, 9 de febrero de 2015: http://diariolaopinion.com.ar/noticia/65749/fenoglio-dejara-de-ser-el-jefe-de-laafip- rafaela. 552. Clarín, 3 de julio de 2013: http://www.clarin.com/politica/Gobiernoinvestiga- filtro-titular-Corte_0_949105101.html. 553. Información que surgió de fuentes de la justicia federal con acceso al expediente Número 6109/13 de trámite ante el juzgado federal 12, Secretaría 24. 554. La Nación, Hernán Cappiello, 13 de marzo de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1879143-archivan-una-causa-contra-lorenzetti. 555. Entrevista realizada al presidente de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti el 8 de noviembre de 2016, publicada como el último capítulo de este libro. 556. Datos del Registro de Personas Jurídicas de Santa Fe, respecto la firma Ratio SA. 557. Entrevistas que se hicieron para este libro a vecinos de la ciudad de Rafaela el 3 de octubre de 2016. Los nombres y apellidos verdaderos de los socios originarios se mantendrán en reserva para preservarlos, ya que también fueron entrevistados en estricto off the record. 558. Según surge del expediente 978/208 del divorcio cuya fecha de resolución judicial fue el 22 de septiembre de 2008, a cargo de la jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Rafaela, Liliana Maina

de Baldoménico. 559. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputado provincial Carlos Del Frade por el Frente Social y Popular, el 14 de agosto de 2016, autor del libro >Salud, valores y esperanza. Año 2010. En adelante toda opinión en relación al supuesto accionar de Lorenzetti, como las personas señaladas como sus socios y/o prestanombres en sociedades corresponden a esta fuente. 560. Clarín, 27 de junio de 2013 en http://www.clarin.com/politica/hijos-Lorenzetti-Rafaelaperfil_0_945505454.html.

el

sitio

web:

561. Pablo Lorenzetti nació en noviembre de 1983, Franco Lorenzetti nació en noviembre de 1986 y Lucía Lorenzetti nació en febrero de 1989. 562. Fuente: Boletín Oficial Pcia. Santa Fe - N°: 22992 del 3 de octubre de 2005. 563. Ignacio Miguel Chianalino fue nombrado en la Corte Suprema, con el cargo de prosecretario jefe en la Dirección de Sistemas, según consta en el listado de personal del máximo tribunal, aunque presta servicios en el juzgado federal de Rafaela. Juan, Miguel, Romina y Martín son hijos de la hermana del presidente de la Corte, Susana Lorenzetti y Miguel Chianalino. 564. La Opinión, 25 de junio de 2016: http://diariolaopinion.com.ar/noticia/152899/habilitaron-muestra-de-ricardopeirone. 565. La Opinión, 13 de abril 2009: http://www.laopinionrafaela.com.ar/opinion/2009/04/13/c941310.php. Se completa con opinión de Carlos Del Frade, tras entrevistarlo para este libro el 14 de julio de 2016. 566. Ver capítulo 2. 567. Ídem 562. 568. Entrevista realizada para este libro al periodista y diputado provincial Carlos Del Frade por el Frente Social y Popular, el 14 de agosto de 2016, autor del libro >Salud, valores y esperanza. Año 2010.

569. Radio Mitre, Jorge Lanata, 2 de diciembre de 2013: http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-Lanata-PAMI_0_1040296257.html. 570. Castellanos, 4 de diciembre del http://www.diariocastellanos.net/noticia/el-dr-lorenzetti-rechaza-falsasacusaciones.

2013:

571. Entrevista realizada para este libro al médico y cirujano plástico Gustavo Tita para este libro el día 2 de agosto de 2016. 572. Entrevista realizada para este libro al periodista rafaelino Francisco Marzioni, el 2 de agosto de 2016. En adelante todas las referencias al diario >Castellanos y a su presunto titular, Guillermo Remonda corresponden a esta fuente. 573. Ídem 568. 574. Ídem 564. 575. Entrevista realizada para este libro a Del Frade. 576. Entrevista realizada para este libro al periodista Sergio Zenklusen, director de la revista >Palpitar el 2 de agosto de 2016. 577. Ídem 571. 578. Página 12, Paula Vales: http://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/0009-06/pag08.htm. Luis Barrionuevo, líder sindical de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronómicos (Uthgra). Mientras que el Grupo empresario Olmos, de la ciudad de Mendoza, gerenciaba la obra social de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y poseía también la prepaga BASA Salud e incursionó en el rubro mediático. (Adquirió el diario Ámbito Financiero, administran el canal Crónica TV, los diarios Crónica, BAE, El Atlántico de Mar del Plata, la revista Democracia y son accionistas de un tercio de la productora de televisión Underground). 579. Enrique Coti Nosiglia nació en Misiones. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1968 fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional de la Unión Cívica Radical y luego . Nosiglia se convirtió en uno de los principales operadores políticos de

Raúl Alfonsín, quien resultara electo presidente en 1983. Fue ministro del Interior en 1987.Tiene en sociedad familiar una empresa constructora (Carlos Nosiglia), producción de yerba mate y té, acciones en el Hotel Elevage de la Capital y acciones en sanatorios y una empresa de salud. 580. Preinsa SA fue presidida por Rafael Barreiro y Gustavo Tita era su vicepresidente. Mientras Miguel Ángel Eiriz era tesorero. Como directores titulares estaban José Abdullatif, Miguel Oscar Lisi y Leonardo Parra. 581. La primera sede estaba en la calle Primero de Mayo N°. 32 (Sunchales) y la segunda en la calle Garay 538 (Rosario). 582. La droguería Alfarma SRL se encuentra ubicada en el puesto 396 del listado de firmas habilitadas para comercializar medicamentos de manera interjurisdiccional. Fue habilitada a través de las Disposiciones 5201/14 y 0318/16 de ANMAT y registrada bajo la matrícula 3759 y el legajo 277. Su fecha de caducidad está fijada en el 15 de enero del año 2021. Según surge de la página web de ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/ 583. Tiaba SA fijó su sede social en la calle Palestina 1163, piso 8vo, dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires. 584. Medicina Integral Laboral SA fijó su sede en la calle Urquiza 361 de Sunchales, provincia de Santa Fe. 585. Medicina Integral Laboral SA con sede en Santa Fe tenía una sucursal en Buenos Aires cuyo domicilio en la calle Reconquista 1071 segundo piso, departamento C de la Capital Federal compartía con la firma, también de Carlos Tita, Centro Logístico de Medicina Integral SA. 586. Ídem 571. 587. Garay, Alberto. “Recurso extraordinario, resolución contraria, desistimiento de la acción y gravamen”, Abeledo Perrot, 2010: http://www.carriogarayabogados.com.ar/wpcontent/uploads/2016/pdf/alberto_garay/Rec-Extraord-Resol-Contraria-Desistde-la- Acc.pdf. 588. A mediados de mayo de 2013 Tracker SRL transfirió su fondo de comercio a la empresa médica Tracker Medical SRL con sede en la provincia de

Buenos Aires partido de San Martín, aunque también mantuvo el mismo domicilio que Tracker SRL en Alem 822, 1 piso. 589. González, junto a otros inversores, intervinieron en la compra de acciones en abril del año 2000. Aunque la empresa surgió en 1983 pero González intervino cuando adquirió grandes porcentajes de la misma. 590. La sociedad Aguas y Procesos SA se dedica a la fabricación y elaboración de productos químicos, fabricación de maquinaria y equipo de uso especial. También a la construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos. Además, concedía créditos y financiaba la compra o venta de los bienes que la sociedad comercializaba. 591. Ingeniería Química.com, 10 http://www.iquimica.com/nota.asp?Id=998.

de

febrero

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2011:

592. Según surge de cédula parcelaria del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Salta, plano 762, catastro 5555, cuyo 100% se encuentra a nombre de Guillermo Remonda. El trámite se realizó mediante dos escrituras. La primera fue la de la compra de terrenos mediante escritura pública 284 del 24 de octubre de 2008 adquirió 21, 07 hectáreas. Más tarde el 27 de agosto de 2012 adquirió 21 hectáreas más, en el marco de una división de condominios, a través de la Escritura Pública 91. En ambos casos ante una profesional de la ciudad de Salta. Las tierras corresponden a la Finca Chimpa. 593. Surge de Cédula Parcelaria del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Salta, plano 762, catastro 5554, cuya titularidad corresponde en un 100% a Roma Inversiones SA. El trámite, se realizó a través de varias escrituras públicas. La primera registrada como 44 de fecha 23 de Julio de 2009. La segunda por la escritura No. 54 de fecha 7 de septiembre de 2009. Estas dos primeras ante escribanos de la ciudad de Rafaela, Santa Fe. La tercera registrada bajo el número 190 del 16 de noviembre de 2011, ante una escribanía de la provincia de Salta. Luego a través de la escritura pública registrada con el número 90, el 27 de agosto de 2012, ante la misma profesional salteña, la firma acepta la compra venta. La cuarta escritura pública número 91 del 27 de agosto de 2012, se suscribió también en la provincia de Salta. En total, la firma adquirió 136 hectáreas de la Finca Chimpa. Las tierras no serían fiscales.

594. El domicilio de la empresa está en la calle Colón 397 de Cafayate, pero los viñedos y el hotel están ubicados en el Kilómetro 10 de la ruta nacional 68, Cafayate. http://www.rumbofamiliar.com/articulos/estancia-chimpa/ 595. Según surge de la publicación del Boletín Oficial de la provincia de Salta No. 18.077 del 27 de marzo de 2009. La fecha de constitución de la empresa Bodegas y Viñedos Finca Chimpa SA se oficializó a través de la Escritura Nº 247 del 16 de diciembre de 2009 en la ciudad de Salta. 596. Altalaluna SA se constituyó el 19 de febrero de 2013. Escritura de constitución Nº 92 del 19/02/13, pasada al folio 224, Registro 13 CABA. 2) Accionistas: Raúl María Noceti, Fernando Wenceslao Maurette y Luis María Maurtte. La empresa fijó domicilio social en Tucumán 2067. Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina- No. 32.593 del 05/03/13. 597. El 27 de octubre de 2016 a través del Informe 4110 la autora de este libro solicitó el último directorio registrado de la sociedad y se informó que fue registrada en la Escritura Número 19 del escribano Marcelo Roberto Perotti el 23 de marzo de 1999 en la cual hace mención a los señores Miguel Segura López y Salvador Hugo Aguirre como presidente y vicepresidente respectivamente de la sociedad. 598. Americaeconomia, 6 de mayo de 2016: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/argentina-brasil-chile-yparaguay-buscan-consolidar-corredor-bioceanico-0. 599. Ídem 571.

Capítulo 12 El FaraónLos últimos en la Corte quieren ser los primeros. Rosatti y Rosenkrantz, el poder de los leones. Arte y parte, enseñar a leer la ley para no publicar las declaraciones juradas. Una nueva historia de amor. Nepotismo judicial. Cuando perder la Presidencia significa explicar el origen y destino de 11 mil millones “extraviados” de la Corte. Toc, toc, el juicio político golpea su puerta. Lorenzetti nunca olvidará 2016. Ese año llegó con sorpresa en el calendario. El corazón recuperó un palpitar juvenil que creyó olvidado. Apareció una mujer en su vida y dos hombres en el Palacio de Justicia. El arribo a la Corte Suprema de dos “leones”, como definen en el seno del macrismo a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo sintió el presidente de la Corte como una dentellada en la yugular. El indiscutible jefe de la manada de la Justicia, antes de ver desangrar su poder, renovó la estrategia de defensa de un liderazgo en declive. Sabía que los nuevos ejemplares, pura raza de la judicatura, tenían cuerpo y dinastía en las espaldas. Precisamente lo que a él le faltaba cuando ingresó al Poder Judicial. Para complicar más su posición, eran los elegidos del presidente Mauricio Macri. Apenas asumió la presidencia, Macri delegó en Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la selección de los dos ministros que faltaban para completar la Corte. Pepín, amigo y abogado del presidente, lo acompañó durante las dos gestiones como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Pepín es Macri”600 es la expresión recurrente en los círculos judiciales. No son pocos los jueces que intentan arrimarse a él y lo bombardean a llamadas de teléfono pidiendo instrucciones. La respuesta siempre es la misma: “No tengo nada que decir”. Rodríguez Simón, incondicional del presidente, primero llamó por teléfono a Rosatti y a Rosenkrantz. Luego se reunió con ellos y les hizo la propuesta. Para el abogado e ideólogo del decreto que los nombró por comisión y generó polémica,601 eran los mejores candidatos del planeta judicial argentino. Ambos poseían la combinación adecuada de trayectoria y formación. El flamante oficialismo buscaba oxigenar una Corte donde, pese a las apariencias, no era aire puro todo lo que se respiraba.

Los postulantes reaccionaron tan alagados como conscientes de la responsabilidad que la propuesta acarreaba. Antes de continuar con el proceso de designación, Pepín consultó a Lilita Carrió. La socia de Cambiemos no puso objeciones. Conocía a Rosatti y estaba dispuesta a ser la madrina política. De Rosenkrantz tenía las mejores referencias por su lucha contra la corrupción.602 El siguiente filtro le correspondía a la vicepresidenta Gabriela Michetti. La número dos del gobierno, después de una entrevista a fondo, dio luz verde a sus postulaciones. El decreto haría ruido, pero la sangre no llegaría al río. Los elegidos se terminarían sentando en la Corte, aseguraban en la Rosada. El gobierno no quería a cualquiera, necesitaba candidatos sólidos, sin fisuras y con personalidad. “Rosatti es un peronista católico de derecha, de la doctrina social de la Iglesia y del interior del país. Es honesto, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y no dudó en dejar el gobierno anterior ante los hechos de corrupción que saltaban a la vista. De los peronistas, es el más cercano al estado de derecho”, describen en el oficialismo. El macrismo quería evitar a toda costa que la oposición le impusiera un candidato justicialista bajo sospecha. En tanto Rosenkrantz603 “es un judío cosmopolita formado en el exterior. De origen radical, incluso asesoró al ex presidente Ricardo Alfonsín hasta que en el 85 se ganó la beca Fullbright, de la cual fue miembro entre 2013 y 2015. Hizo un magíster en Derecho en la Universidad de Yale (Estados Unidos). Dos años después se doctoró en la misma universidad con la tesis El igualitarianismo liberal: un ensayo en ética social, comentaban, con admiración, los macristas. Para Rodríguez Simón, “eran complementos perfectos”. El objetivo era despolitizar la Corte. Sin tiempo que perder, Pepín comenzó a diseñar el tablero de herramientas legales para designar a Rosatti y Rosenkrantz en comisión (sistema de nombramiento habilitado al presidente por la Constitución hasta tanto los pliegos de los postulantes son aprobados por el senado) e instalar los nombres, caso contrario “aún estaríamos analizando postulantes”, señalan a su alrededor. Querían evitar lo que le ocurrió a la ex presidenta Fernández de Kirchner, quien durante los dos últimos años de gobierno no pudo completar el máximo tribunal pese a disponer de mayoría en el Senado, uno de los mayores obstáculos del macrismo. En ese contexto volvió a aparecer en escena, Tito Fernández, operador de Lorenzetti. Analizó el terreno que amenazaba el feudo de Ricardito y buscó el

modo de impedir que las intenciones del presidente Macri se hicieran realidad. Trabajó, con especial intensidad, para que el nombramiento de Rosatti fuera descartado. Ese “león” no debía poner una pata en el Palacio de Justicia. Presionó hasta donde pudo e incluso ofreció algún intercambio pero el macrismo —firme en su postura— cerró las puertas a cualquier negociación. El caso de Rosenkrantz fue distinto. No hubo operaciones de Lorenzetti contra la postulación. El rafaelino le debía muchos favores al ex becario de Yale. Este lo contactó en varias oportunidades para que fuera a dar charlas en la universidad estadounidense. El titular de la Corte estaba interesado en ingresar al círculo de la elite de juristas conocidos como los Nino’s boys, en alusión a los discípulos del filósofo argentino Carlos Nino y Rosenkrantz podía ser una buena puerta de entrada. Dicho esto, las malas lenguas judiciales, que las hay y muy filosas, recuerdan que hubo alguna exigencia o exhibicionismo de Lorenzetti que molestó a Rosenkrantz y la relación se resquebrajó. El gobierno lo tenía decidido, los nuevos ministros debían asumir cuanto antes. Puso toda la carne en la parrilla de sus nombramientos y se preparó para aguantar las reacciones. Los chispazos no tardarían en llegar. Aquel 29 de junio de 2016, fecha de la asunción del primer “león” (Rosatti), estuvo opacado el contratiempo. La responsable de ese posible amago de boicot fue Bourdin. Minutos antes de que se iniciara la jura, la vocera de Lorenzetti le negó la entrada al acto a Silvio Robles, el hombre de confianza de Rosatti, el mismo que tiempo después se convertiría en secretario letrado suyo. La cuenta atrás para la ceremonia estaba en marcha. El Salón de Audiencias, colmado de jueces, funcionarios, invitados, periodistas de todos los medios que encandilaban con los flashes y familiares del ministro que debía jurar ante el presidente de la Corte para completar el ritual de designación. Rosatti no tuvo necesidad de ponerse como una fiera. Le bastó con enseñar los dientes: “Si no ingresa Robles, yo no juro”, le dijo directamente a Lorenzetti. En el salón se hizo un silencio sepulcral. La relación entre el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y Lorenzetti había comenzado mal. El presidente de la Corte, con Robles de testigo, le tomó juramento a Rosatti. El flamante supremo no ocultaba la satisfacción mientras Lorenzetti, como de piedra, no movía un músculo. Posiblemente pensaba que frente a él estaba el único magistrado dispuesto a pelear por la presidencia de la Corte.

Otro asunto preocupaba sobremanera esos días al gobierno: las trabas que jueces provinciales le habían puesto al Ejecutivo por impulsar el aumento de las tarifas de gas y luz. Se había desatado una crisis y los funcionarios buscaban una salida. El 12 de julio por la tarde, Lorenzetti visitó a Macri en la Casa de Gobierno.604 Cada uno tenía su prioridad. Macri, el tarifazo pendiente en la Corte y Lorenzetti, al huracán Carrió soplándole en la nuca, como se refieren a ella sus colaboradores.605 La diputada lo amenazaba con iniciarle juicio político. Temas de conversación sobraban, por lo menos para romper el hielo. A las 16.55, el presidente de la Corte entró al despacho de Macri en la Rosada. Horas antes había firmado en la Corte, junto a sus pares, una acordada en la que solicitaba al Poder Ejecutivo información sobre los cuadros tarifarios para poder resolver si habilitaba o no las subas de los servicios. El gobierno estaba contra las cuerdas. El presidente y sus hombres analizaban todos los escenarios posibles ante la inminente resolución del máximo tribunal. El ministro de Justicia Garavano se mostraba confiado en que el fallo sería favorable al Gobierno o por lo menos eso le habían hecho creer. Entre los desconfiados, figuraba Pepín Rodríguez Simón, que estudiaba las posturas de cada ministro en particular. La visión de cuatro de ellos le generaba incertidumbre y preocupación. Rosatti había sido convencional constituyente de la última reforma constitucional, en 1994, por Santa Fe; Juan Carlos Maqueda, también constituyente del 94, fue uno de los redactores del artículo 42 de defensa del consumidor y Lorenzetti, además de especialista en el tema, era autor del libro Defensa del consumidor.606 El voto desfavorable de estos tres más el de Rosenkrantz estaba cantado para Rodríguez Simón. Blanco y radiante, la boda india y la de Rafaela En un abrir y cerrar de ojos Lorenzetti pasó de estar presente en las noticias de actualidad política a ser protagonista de las revistas del corazón. Tres días después de reunirse con Macri por el tema tarifario, se casó, en segundas

nupcias,607 con Mara Perren, 26 años menor que él. En una ceremonia íntima y con muy pocos invitados, el segundo sábado de julio Lorenzetti dio el: “Sí, quiero”. A los 60 años se lanzaba a una nueva aventura del amor junto a la atractiva y voluptuosa mujer. A la fiesta —organizada por el wedding planner local Oscar Lamagni— asistieron los familiares más cercanos. La madre de Lorenzetti, doña Porota Baldoménico, estaba de punta en blanco; su hermana Susana, extrovertida y llamativa, fue la que más bailó aquella noche y no se privó de sacarse selfies con todos los invitados. También lo acompañaron, en ese día que cambió su destino, sus sobrinos Juan, Romina, Martín y Miguel y el médico y empresario Carlos Tita y Guillermo Remonda. Pero este era el segundo casamiento de la pareja. El primero había sido en 2014 en la India. Ambos recuerdan aquel como el verdadero lazo de unión. Estaban solos bajo la mística exótica de las ceremonias ancestrales hindúes. Cumplieron con los tres rituales requeridos. Cantaron himnos, mantras y ofrecieron ghee o mantequilla en el homa, el primero. Luego fue el turno del panigrahena, ambos de rodillas frente al altar tomados de las manos se comprometieron y el tercero, el satapadi, completó la ceremonia con las siete vueltas alrededor del fuego sagrado. Ella vistió un sari rojo- fucsia y enriqueció el vestido con múltiples adornos y bordados en hilos de oro. Las manos de Perren estaban cubiertas por un tatuaje de henna, cuya imagen subió como foto de perfil en Facebook. El presidente de la Corte Suprema prefirió lucir algo más discreto, una túnica blanca de algodón con bordados. Al final de la ceremonia los novios se intercambiaron amuletos y collares de flores como símbolo de fidelidad y felicidad. Lorenzetti roció sobre la cabeza de la novia un polvo rojo, símbolo de que la mujer ya estaba casada. Comprometidos, recibieron la lluvia de arroz como alegoría de prosperidad. Fue como vivir un cuento de hadas, comentó Perren a las amigas. Estaba enamorada de aquel hombre mayor y él de ella. Más allá de Argentina y de los chismes, los sentimientos cruzaban fronteras y se expresaban en la India. Qué más se puede pedir, les decía. La segunda celebración, la de Rafaela, tenía otra dimensión. Significaba dar un paso más ante la familia, la sociedad y la ley. La novia se lo había pedido insistentemente, como detallan los que conocen la intimidad de la pareja. Algunos atribuyen el deseo cumplido de la esposa a una visión calculada de tener

seguridad a futuro. “Mara es mucho más joven que Ricardo, pero la tiene clara”, comenta una persona de su círculo. “Mara no quiso firmar un contrato prenupcial como pretendía Ricardo”, añade la misma fuente, camarada de la juventud. Al supremo juez todo lo que hace o dice su esposa, aseguran sus allegados, le provoca una sonrisa. Ella lo rejuvenece y el tema del dinero, al ser el secreto mejor guardado, tampoco parece que le importe mucho, insisten. La relación con Perren empezó en 2010: se conocieron en la ciclovía de la ciudad de Rafaela donde el juez corre todos los sábados por la mañana. El amorío se desató como un torbellino entre ellos. “Se lo ve feliz, muy feliz, estoy muy contento por Ricardo. Ella es una buena mujer”, asegura Horacio Calciati, el mismo que lo salvó de los militares en sus años de “montonero” y el que en 1980 le presentara a la primera esposa, Analía Cortassa.608 Mientras la pareja se convertía en inseparable, los rumores volaban por las calles de Rafaela. El cuchicheo se transformó en hecho cuando un conocido empresario de la construcción rafaelino los vio juntos, como dos tortolitos, en el hotel Llao Llao de Bariloche. Había sido una de las primeras escapadas. Ya no podrían silenciar su amor. Además, Perren, muy coqueta, compartía manicura, peluquera y esteticistas con varias mujeres de la ciudad. Era inevitable que la noticia corriera como reguero de pólvora. Los que conocen a Perren la definen como una mujer simple, con los pies sobre la tierra, sin grandes aspiraciones, pueblerina y abocada a la vida familiar. Otros la miran con recelo porque su belleza, desde siempre, produjo un efecto imán en hombres adinerados y mucho mayores que ella. Al salir del secundario, se casó con Oscar “Cachi” Canela, 27 años mayor que ella. Piloto, ex corredor de turismo carretera y empresario, juntos tuvieron dos hijos varones. Algunas voces observan que Perren atravesaba una crisis con su ex marido cuando conoció a Lorenzetti. Fue un flechazo, insisten. La ahora esposa de Lorenzetti nació en Ambrosetti, a 200 kilómetros de Rafaela. Helio Perren, su padre, es el gomero del pueblo y su madre, Juana Goyenechea, se dedicó casi toda su vida a la costura. Además de belleza y juventud, la naturalidad de la joven parece haber cautivado al presidente de la Corte, al que candidatas no le faltaban, como recordaron sus colegas. Desde que Lorenzetti se separó de su ex esposa, se refugió en la casa de su madre, doña Porota (pese a tener una casa quinta en el barrio los Álamos). Ahí se

sentía cómodo y contenido. Necesitaba volver a los orígenes de su cuna para retomar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, fue Perren la mujer que logró dar un giro de 180 grados a su vida. Ella le cambió el día a día de su existencia. Los jueves y viernes, apenas llegaba a Rafaela, se los dedicaba a su madre, pero los fines de semana los compartía con su enamorada. El estilo de Perren no se corresponde con el que se puede esperar de una primera dama de la justicia. Osada, extremadamente sexy y hasta provocadora, toda ella es un desafío a la seriedad y rigidez de la Corte. Consciente del terremoto que provocaba en el fuero y en el Palacio de Justicia la mujer del supremo juez, un compinche de la juventud —testigo de su primer matrimonio—, le aconsejó a Lorenzetti que pusiera a la señora a tomar cursos de ceremonial y protocolo en la ciudad de Buenos Aires. El comedido socio se ocupó de todo. Mara, buena alumna, aprendió los modales de las damas más sofisticadas. El bautismo de fuego fue la gala de la fiesta patria del 25 de mayo de 2016 —antes de la boda— en el Teatro Colón. La pareja acudió y compartió palco junto al presidente Macri y la primera dama Juliana Awada. Lorenzetti supo en ese momento que su mujer no había desentonado. “Hicimos un buen trabajo”, le remató a su amigo cuando el supremo juez le dio la noticia casi emocionado. Los esfuerzos por llevar a buen puerto las diferentes versiones de Pigmalion, Educando a Rita o My fair lady surtirían efecto, pero antes pasó lo que suele pasar en tiempos de selfies, redes sociales y smartphones. En mayo de 2016 se filtraron fotos del ministro con la mujer y sus cuñadas vestidas con ropas transparentes, muy sexys, en poses insinuantes y sensuales en un boliche de Rafaela. Las imágenes, más propias de “un calendario de gomería” que de abogados y jueces —como lo analizaron en la Corte—, se convirtieron en un escándalo. Para colmo de males, aunque aquellas se habían tomado en la ciudad y no en las playas de México, se las comparó con las que trascendieron del fiscal Alberto Nisman rodeado de jóvenes, bellas y sugerentes señoritas. Lorenzetti, un obsesivo del cuidado de su imagen, no lo podía asimilar. Richard se quedó de piedra cuando sus colegas de la Corte, los otros supremos jueces le hicieron saber el descontento que habían generado las fotografías en el Poder Judicial. Las críticas fueron duras y sin compasión, sobre todo de sus colegas del alto tribunal que se lo hicieron saber sin filtros. Para algunos esta fue la razón por la que el juez supremo dio un paso más en el amor, pero ahora ante la ley. Perren sería su escudo emocional, la que le permitiría enfrentar los desafíos judiciales y políticos con la templanza de un

buda. “Ella lo energiza, lo rejuveneció”, observan funcionarios del gobierno. Lorenzetti, a su lado, dejó de ser un hombre solo que se resiste al paso del tiempo. Un rostro fresco y una compañía joven suelen ser buenos compañeros para alguien que imaginó un viaje al futuro superlativo en la política. Quizás se acordó del ex presidente Carlos Menem, cuando se casó con la periodista y ex miss mundo chilena Cecilia Bolocco, con la que después tuvo un hijo. Entonces aspiró, una vez más, a la presidencia de la Nación. Quizás también, la memoria de Lorenzetti, le recortó la imagen del histórico ballotage y la asunción del 25 de mayo del 2003 de Néstor Kirchner. Entre los amigos políticos de Lorenzetti, uno de los primeros en enterarse de que el amorío tomaba seriedad, fue el radical Ernesto Sanz, a quien se la presentó un fin de semana en Mendoza.609 En julio de 2011, la pareja eligió Miami como destino para compartir las vacaciones de julio610 y desde allí no pararon de viajar. En agosto del mismo año visitaron Italia. Luego Uruguay, viaje que repitieron en enero. Punta del Este es uno de los destinos preferidos del presidente de la Corte, donde tendría varias propiedades como aseguraron empresarios y supuestos socios del ministro. A fines de 2012 el destino escogido fueron las calles de Madrid y dos meses después Brasil. Pero Perren lo que adora es Miami y hacer compras en los megashoppings de la gran ciudad. Lorenzetti, como hombre enamorado, no duda en darle los gustos. Especialmente si incluye subirse a un avión. En agosto de ese mismo año la pareja se escapó una semana al sureste de la Florida, Estados Unidos. En 2013 viajaron a Dubái e India. En julio de ese año volvieron a Madrid y en octubre regresaron a Uruguay, el segundo hogar del ministro como aseguran quienes lo conocen de cerca. Sumaban millas de viajeros sin cesar. Así fue que, en noviembre, como los dos años anteriores, se acomodaron en Brasil y organizaron lo que un mes después serían las primeras vacaciones de la pareja en el exterior con los dos hijos de ella. En Argentina ya habían visitado playas, sobre todo en Cariló, en una propiedad que le adjudican al juez. Las vacaciones salieron mejor de lo planeado y el love tour siguió en 2014, primero en Qatar e India donde se casaron por primera vez, aunque no tenía validez en Argentina. Y luego disfrutaron del Mundial de Fútbol en Brasil. Puestos para todas

Deslumbrado por su pareja, como lo describían sus históricos confidentes, Lorenzetti tomó los recaudos del caso y puso a prueba a la mujer que había elegido. Parecería haber medido cada paso que dio para no caer en falso. Pese a que el juez se esmera en negar cualquier tipo de relación comercial o empresarial con el médico Carlos Tita y los negocios relacionados a la salud, Mara Perren, gracias a su intermediación, consiguió el primer trabajo formal en la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellano desde agosto de 2013 a julio de 2014. Como la pareja se consolidaba cada vez más, Perren logró que su hermana Ana Marcela fuera la primera en ingresar a la Justicia, más precisamente a la Cámara de Apelaciones de Rosario. El 12 de marzo de 2013 fue contratada con el cargo de escribiente auxiliar. Otra hermana, María, ingresó a la inmobiliaria que en Rafaela los políticos adjudican a Lorenzetti. Se trata de ODN+ Oficina de Negocios Inmobiliarios611 la que trabajaría en conjunto con Ratio SA y Renik SA. Más tarde, oficializado el noviazgo entre amigos y familiares más cercanos, Perren se animaba a pisar fuerte. Tras la inauguración del juzgado federal de Rafaela, en marzo de 2014, a cargo del juez Miguel Abasolo, ingresó a trabajar allí el 4 de agosto de 2014. Ese mismo día fue ascendida, al mayor cargo que puede acceder una persona sin título universitario en la Justicia (prosecretaria administrativa), como empleado de planta permanente del Poder Judicial. Tendrá por tanto una futura jubilación de privilegio.612 Era un logro para Perren gozar de estabilidad laboral, tener buen sueldo, aguinaldo, vacaciones, y un retiro sin problemas económicos. La primera vez que Lorenzetti llevó al Palacio de Justicia a Perren, aún como novia, fue en el funeral de la “reina de los hoyuelos”, como solía decirle Carlos Fayt a la ex ministra Carmen Argibay. Lorenzetti se mostró muy afectado. Perren no se despegó de él ni un instante. A lo lejos, Bourdin monitoreaba cada detalle. A finales de 2014 un indiscreto fotógrafo que viajaba en el mismo avión que la pareja, los sorprendió con una foto “casual” por las calles de Nueva York. Allí, el presidente de la Corte creyó que se trataba de una operación de la ex Side o del Gobierno, pero no. Entre la nómina de pasajeros viajaba un político de quien el ministro desconfía. Sospecha que él distribuyó las imágenes. Se armó tal revuelo que

Lorenzetti utilizó el Centro de Información Judicial para aclarar que se trataba de su “señora esposa”. Ya estaban casados.613 El texto debió ser elaborado por María Bourdin. Tener que hacer ese trabajo debió ser un trago difícil de digerir para ella. Al comienzo de su gestión, cuando lo llamaba Richard, le adjudicaron un romance con el presidente de la Corte y hasta una hija. Ella lo desmintió en una entrevista a la revista Noticias en 2013, en la que realizó una producción de fotos en las que aparecía posando en el suelo entre diarios y en un caño de pole dance. “María Bourdin: polémica cortesana”,614 era el título de la nota . Al poco tiempo del casamiento de Lorenzetti en la India, el 10 de noviembre de 2014, Bourdin presentó el libro Justicia y medios: La revolución comunicacional de la Corte Suprema Argentina,615 en la Biblioteca Nacional. El presidente de la Corte la acompañó junto a Lauro Laíño, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodismo, un puñado de jueces federales entre los que se encontraban Ariel Lijo, María Romilda Servini, Martín Irurzún, Julián Ercolini, Luis Rodríguez y Sebastián Casanello, entre otros y periodistas,616 pero entre ellos no hubo un cruce de miradas y mucho menos gestos cómplices como en otra época. La tensión en el aire se cortaba con un hilo. El casamiento con Perren no le cayó bien, pese a que el tiempo parecería todo lo sana, y para Bourdin —que había sido mamá por segunda vez— Richard pasó a ser “Papi”. Ante cualquier juez o funcionario que esté presente, se dirige a él con esa naturalidad que roza lo folclórico. Lo curioso es que no es ella la que se ruboriza, son los otros los que pasan vergüenza ajena. El personal privado de seguridad del ministro recurre al tono burlón en el cuarto piso del Palacio de Justicia los viernes cuando los dos están ausentes: “Si papi no está, mami tampoco”, comentan jocosos. Pase lo que pase, “la sociedad Bourdin-Lorenzetti es indestructible”, reconocen desde el minúsculo círculo del presidente de la Corte. El zarpazo de los leones Cuando Lorenzetti le tomó la jura al flamante ministro Rosenkrantz, el 22 de agosto de 2016, Macri había logrado lo que Cristina Fernández —con mayoría legislativa— no había podido: coronar la Corte con cinco integrantes, la cantidad ideada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, cuando modificó la ley y la redujo de nueve a cinco.617 Macri apuesta a que los dos leones hagan frente común. Poco importa si se

llevan bien o mal con Lorenzetti. En el gobierno entienden que competirán, cabeza a cabeza, con el presidente de la Corte hasta dejarlo relegado a un triste y discreto segundo plano. Eso si antes no hay novedades que auspicien un futuro más oscuro para Lorenzetti ya que Carrió le pisa los talones con el juicio político. Al ágape privado que realizó el ministro Rosenkrantz tras jurar, la única que fue a saludarlo fue Highton de Nolasco. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti fueron los grandes ausentes. Para algunos un desaire, para otros una anécdota. Más tarde la visita de Rosenkrantz a todas las secretarias de la Corte para saludar al personal, acompañado de su secretario Sebastián Elías, sería interpretada por Lorenzetti como una puñalada por la espalda. El nuevo magistrado conquistó a los empleados con sencillez y cercanía. Se interesó personalmente y uno por uno, por su estado. Les preguntó cómo se sentían, las condiciones en las que estaban trabajando y advirtió, con desagrado, que no hubiera un comedor comunitario en la Corte para compartir el día a día de la casa de la Justicia. Lo que más asombró a Rosenkrantz fue el comentario recurrente de los empleados, en diferentes áreas, que coincidían en que trabajaban bajo “extrema observación y con temor por el autoritarismo de Lorenzetti”, como lo dejó trascender a sus íntimos el flamante ministro. El presidente de la Corte mantiene una gran distancia con los empleados y secretarios del máximo tribunal, intenta tener la menor relación posible con ellos y se ocupa de que no olviden que son subordinados suyos, coinciden varios de ellos. “A Lorenzetti lo desequilibra emocionalmente pensar que su poder está en riesgo. Sabe que la amenaza está ahí, en su propia casa y eso, lo saca de eje”, confió un colaborador cercano del juez. En la mesa chica de Macri apostaron. Un grupo se inclinaba a que Lorenzetti y Rosatti harían frente común contra Rosenkrantz. Sostenían el desafío en que ambos se conocían de la Universidad del Litoral y habían trabajado junto a Kirchner. El otro grupo argumentaba: “dos astillas del mismo palo es imposible que se lleven bien”. Para ser justos, se llevaron peor de lo previsible y mucho antes de lo que se esperaba, tal como confirmaron desde el seno del macrismo. La relación entre Lorenzetti y Rosatti es a todo o nada. Está en juego la presidencia de la Corte y detrás de ello, la administración de los millonarios fondos de la más alta institución judicial.

Lorenzetti estaba dispuesto a sacrificar al contador y titular de la Secretaría General de Administración de la Corte, Héctor Marchi, para contentar a Macri y seguir tranquilo en la presidencia. El nombre que sonaba era el de Reynaldo Casabella, pero el “sexto ministro” sabe mucho como para irse por la puerta de atrás. Lorenzetti defendería su territorio y era el momento de que quedara claro. Apenas llegaron los “dos leones” los trató como si fueran gatitos de la calle. Les retaceó los contratos de los secretarios letrados e intentó imponerles el personal a designar. Rosenkrantz le puso límites y le aclaró que no aceptaría que le impusieran sus secretarios y que traería su propia gente de confianza. Así fue. Lorenzetti les dijo que podría darles cuatro contratos a cada uno a diferencia del resto de los ministros que tienen siete secretarios letrados cada uno y entre cuatro y cinco colaboradores más. Parecía una provocación que, además, a los flamantes ministros les entregara una única computadora para cada vocalía entre los secretarios. Debían turnarse para trabajar. Tuvo que intervenir Mariano Riviello, director general de Gestión Interna y Habilitación de la Corte, para calmar a las fieras antes de que el enfrentamiento fuera demasiado lejos. Antiguo funcionario del área administrativa, se adelantó por su cuenta, y se puso a disposición de los nuevos ministros para facilitarles las herramientas de trabajo que precisaran. Lorenzetti debía pensar que sus gestos de poder lo iban a ayudar a cimentar su posición, pero estaba equivocado. Un nuevo frente lo sorprendió: la vieja guardia de la Corte, Highton de Nolasco y Maqueda le mostraron que también ellos, todavía, tenían colmillos, explican voces cercanas a los ministros. Marcaron distancia con él y apostaron a los nuevos compañeros, confiaron en la Corte y en Casa Rosada. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! “Lorenzetti está perdiendo poder”, aseguraban desde la Justicia a fines de 2016. La actitud de los ministros, según fuentes del Palacio, tendría como objetivo deslindarse de responsabilidades en los supuestos actos ilícitos que mantienen a Lorenzetti bajo la lupa judicial. El gobierno sigue atento la evolución de Highton de Nolasco y Maqueda. Ambos intuyen que, ante esta nueva etapa de la Corte, Lorenzetti debería dar un

paso al costado de la presidencia. Y hacerlo antes de que lo obliguen. Los juristas colocan el foco en Rosatti y Rosenkrantz. Consideran que les corresponde la tarea de “democratizar” la Corte, haciendo uso de la jerga kirchnerista. Pero, de momento, prima la desilusión entre los académicos. “No vemos que Rosatti y Rosenkrantz le hayan puesto límites”, se despachan en privado. Sin embargo, los nuevos ministros ya lograron bajar el nivel de exposición de la Corte y consensuaron que Lorenzetti deje de explicar a los periodistas acreditados cada fallo que salga en los acuerdos. También advirtieron que deben evitarse los ostentosos festejos con empresarios, directivos de medios y conductores como había impulsado Lorenzetti. Los nuevos jueces apuestan a un perfil bajo, más “neutral” para unos y “hermético” para otros. Memoria y justicia. Macri no olvida El gobierno de Macri tiene buena memoria y no olvida el fallo de la coparticipación, justo antes de asumir, ni otras jugadas de Lorenzetti. El ministro Garavano —o “Garabato” como le dicen con desprecio los jueces federales— y el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, son los interlocutores oficiales del gobierno con Lorenzetti. Los macristas de la primera hora se lamentan de que Sanz, amigo del juez y en principio interlocutor de Cambiemos, diera señales confusas al gobierno al intentar demostrar influencia y garantizar resultados por su llegada a Lorenzetti en causas de implicancia financiera para el Ejecutivo. Macri parece no tenerlo en cuenta, pero lo sigue escuchando. “Es buen político, pero mal operador”, sonríe un asesor con mesa en la Casa Rosada. “El cambio de reglas dentro de la Corte es bueno y hasta lo beneficia a Lorenzetti, que deberá salir de su zona de confort, concentrarse y elevar el nivel. Tiene dos leones que le muerden los talones”, explica un amigo del presidente Macri. “La competencia será terrible, antes era monopólico ahora deberá empezar a correr si quiere mantener su liderazgo y que no lo devoren”, continúa. Lorenzetti “pasa de la seducción a la extorsión y eso Macri no lo tolera”, advierte un guardaespaldas político del presidente al cumplirse un año de su gestión. Durante este periodo el presidente de la Corte revalidó con actos el apodo de “Faraón”,618 tal como lo llaman en el macrismo. Lo explican porque no son pocas las ocasiones en la que se comportó como un ser supremo e intentó acorralar al gobierno de Macri. Sobran ejemplos como la coparticipación (capítulo 1), las decisiones que frenaron los aumentos de las tarifas eléctricas y

de gas y hasta el envío de mensajes confusos a través de los interlocutores oficiales y extraoficiales. Para Lorenzetti era el momento de cumplir con un lema que lo acompaña desde su juventud, como recordaron en su Rafaela natal: “El primer paso de la guerra es la paz”, frase del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria que hizo propia. La resolución de la Corte que puso freno al tarifazo del gas del gobierno de Macri desató la furia del equipo económico —una vez más— contra Lorenzetti. Todos los integrantes del máximo tribunal, por unanimidad, dispusieron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de los aumentos establecidos por el Ministerio de Energía, hasta que se realizaran las audiencias públicas obligatorias establecidas por ley. Macri se molestó con el fallo adverso sobre el tarifazo, tanto como con el de la coparticipación. La sentencia que puso límite al aumento de gas generó un cortocircuito entre Macri y Lorenzetti. “Al gobierno le preocupaba que prosperaran los reclamos (en especial de las pymes y comercios excluidos del beneficio que tuvieron los usuarios residenciales) y sobre todo que la discusión de las tarifas eléctricas siguiera el mismo camino. Ese es era el mensaje de la Corte a la Casa Rosada. La decisión representó un recorte de 20.000 de los 80.000 millones de pesos que pretendía el gobierno que ingresaran por subas de gas”, como explicó el periodista Fernando González.619 Revisado con lupa el fallo, sus ministros se preocuparon en aclarar que, finalmente, no ha sido tan doloroso como podría haberlo sido para las arcas estatales. ¿Un error de cálculos, incredulidad o cambio de opinión en la Corte? El equipo que lidera el ministro de Energía Juan José Aranguren esperaba otro resultado. Para empezar, nunca pensaron que la cuestión llegaría a la Corte. Primero, porque a los funcionarios de Energía, les parecía razonable no llamar a audiencias públicas para lo que se denomina energía de boca de pozo, (que es el componente más importante de las facturas (casi 60% de las boletas). En el gobierno refunfuñaban. El argumento oficial se basó en que el tarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa (…) por lo que para la cartera de Energía, no tenía ningún sustento

lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública”.620 Los funcionarios no niegan que en el gobierno se generaron turbulencias pero todos apuntaron en la misma dirección del revés sufrido: contra Lorenzetti. En un primer momento, Marcos Peña y los especialistas de Energía entendieron que el fallo le puso un corsé al gobierno. Cuando las aguas se calmaron, otros funcionarios más pragmáticos se mostraron relativamente satisfechos. Creen que tuvo algunos efectos institucionales que fueron beneficiosos y reconocieron que este tipo de escenarios se da tanto en el Congreso como en la Corte. Algo que veían con buenos ojos los que defienden la interrelación y control entre poderes. Hasta Carrió estaba conforme con el fallo. Si bien la medida implicaba la pérdida del 30 % del aumento tarifario y el gobierno hubiera preferido un 100%, lograron un 70% de aumentos graduales. Pero la lectura de Mauricio Macri era otra: se trataba de una muestra más del poder de Lorenzetti. Otro desafío. Flojitos de papeles Casi al mediodía del 24 de junio de 2016 Fernando Sánchez, diputado por la Coalición Cívica-Cambiemos, y Juan Manuel López, abogado de la diputada Elisa Carrió, se presentaron en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Iban dispuestos a retirar las declaraciones juradas de los ministros de la Corte que habían solicitado el 13 de mayo de 2016. Poco tuvieron que esperar hasta que los recibió el director de recursos humanos, Juan Francisco Ramos, y un secretario letrado. Les entregaron un sobre finito con las declaraciones juradas y les aclararon que estaban en formato Afip. Es decir, que solo contenían datos generales. No se mencionaban cuentas, ni montos ni mucho menos bienes de familiares. Más aún solo detallaban el valor fiscal de los inmuebles de los jueces, lo que implica un 10 % del valor total —sin detalles de metros cuadrados, barrio o provincia y demás— con lo cual era imposible determinar el valor real de mercado de esos inmuebles y por ende el patrimonio real de los ministros. Acto seguido, el director —con cara de pocos amigos— le dijo a Sánchez que la Corte le entregaba esa información de modo excepcional, ya que el procedimiento habitual era vía formulario de la página web del máximo tribunal. Le recordó que ante el supuesto mal uso de las declaraciones juradas o incumplimiento de la ley de ética pública existían sanciones que le podrían ser aplicadas y le solicitó al diputado que firmara un acta. ¿Una amenaza encubierta?

Solo Ramos lo sabrá. —Pero, espere un momentito… El acta no especifica lo que me están entregando — expresó Sánchez—. ¿Acá están las declaraciones de los diez años de cada uno de los ministros como lo solicitamos? —preguntó. —No, es la última de cada uno —le contestó el director de recursos humanos sin vacilar en la respuesta mientras le entregaba solo las de 2014. —Mire, cuando uno pide las declaraciones juradas es para hacer control de la evolución patrimonial, no para divertirse. La idea es saber si los magistrados tienen más o menos plata que cuando ingresaron. Esa es la razón por la cual necesito las últimas diez declaraciones de los ministros. Con una sola no se hace nada. —Es lo que los jueces ordenaron entregar —le respondió el responsable del personal, sin ningún tipo de expresión en su cara. —¿Se imagina que vamos a insistir en el pedido, no? —Usted sabrá lo que debe hacer —interrumpió Ramos como si hubiera estado adoctrinado. —¿Ustedes saben que el sistema de pedido de declaraciones juradas (vía web) que implementaron no funciona como debería? Nunca le responden a nadie por eso nos vimos obligados a hacer el pedido por escrito. De hecho, después de cumplir con todos los requisitos exigidos es necesario presentarse personalmente para completar el trámite. Si eso no es denegación de información pública se le parece bastante. Me pregunto: ¿cómo tiene que hacer un ciudadano, un diputado o un periodista que vive en Jujuy o en Tierra del Fuego para obtener la documentación si debe venir personalmente? —Usted puede pedir las últimas declaraciones juradas —le respondió con tono casi desafiante. —Sí, pero si yo quisiera la declaración jurada de Ricardo Lorenzetti de 2008, tengo que llenar otro formulario, y así, uno por cada año que pida —atinó a reprocharle Sánchez. A lo que agregó—: ¿Ustedes tienen registro de la cantidad de gente que pide las declaraciones juradas?

—No —respondió el director con tono monocorde. —Y si lo tuvieran, tampoco la entregarían así que bueno… No lo molesto más. Las voy a pedir por escrito —remató Sánchez, antes de irse.621 La Corte que preside Lorenzetti redactó sus propias leyes e interpretó las existentes a piacere, coinciden el diputado Sánchez y el referente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bracaccini.622 Cuando se hizo pública la declaración jurada que Rosatti había presentado en el proceso de selección, ante el Senado que lo llevaría a la Corte, Lorenzetti enfureció. Quedaba en evidencia la fisura al blindaje del acceso a las declaraciones juradas que había logrado consolidar. La nota del diario La Nación fue considerada por el juez supremo como una operación política. Rosatti había dado el primer golpe y había pegado fuerte. La respuesta de Lorenzetti, que estaba descolocado por no haber podido controlar la situación, fue abroquelarse nuevamente. Logró que todos los ministros, tanto la tríada que conformaba él con Highton de Nolasco y Maqueda, como los recién incorporados Rosatti y Rosenkrantz, rechazaran el pedido solicitado por los diputados Carrió y Sánchez, mediante la Resolución 2449/16 del 6 de septiembre de 2016.623 Además, emitieron un comunicado en el que explicaron las razones de las medidas sustentadas en preservar la seguridad de los cinco miembros de la Corte ante el temor de que al darse a conocer información personal (domicilio, números de cuentas bancarias, entre otros) pudiera ser víctimas de un hecho de inseguridad. En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto de la iniciativa que llamó “Democratización de Justicia”, modificó la Ley de Ética Pública 26.857, sancionó la regulación sobre el carácter público de las declaraciones juradas y estableció como órgano de control la Oficina Anticorrupción (OA). Es decir, que todos los funcionarios públicos sin excepción deben presentar sus declaraciones juradas, tanto en formato reservado (donde se brinda un informe detallado de los bienes y patrimonio) como el formato público (de información restringida, pero con datos que permitan identificar el valor real de los inmuebles como ocurre con los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, no así con los jueces de la Corte).

A partir de esa modificación, la Corte, a través de la Acordada 25/13 del 21 de agosto de ese año, estableció que no le era aplicable el artículo 6 de la ley 26.857 que designaba a la OA como autoridad de aplicación de la norma y obligaba a publicar dicha documentación vía online.624 No cuestionó la ley, pero consideró que por tratarse de un Poder independiente del Estado no podía presentar sus declaraciones al Ejecutivo, del que dependía la OA. En consecuencia, estableció como medio de publicidad la página web de la Corte y como autoridad responsable a la Secretaría General de Administración de la Corte, a cargo de Marchi, el eterno ladero de Lorenzetti. Al año siguiente, el 29 de abril, el máximo tribunal emitió la Acordada 9/14. Allí reafirmó a la Secretaría General de Administración como órgano de control. Determinó además su propio reglamento para la presentación y consulta de las declaraciones juradas de los magistrados de la Corte. En otras palabras, estableció cuál debía ser el contenido de la información tanto del anexo público (con una copia de la documentación presentada ante la Afip sobre bienes personales y ganancias) como del anexo reservado (con un detalle de los bienes del juez, cónyuge, origen de los fondos, sociedades y cuentas bancarias nacionales y extranjeras). Ese pronunciamiento de la Corte lo que buscaba era mostrar una imagen de unidad puertas afuera. Los cuestionamientos y pedidos de acceso a la información de Carrió y Sánchez trastornaban a Lorenzetti. “Con esta decisión la Corte se arroga facultades legislativas que no le corresponden, e incumple la Ley Nacional de Ética Pública. No las publicitan, aunque se las entregan a Marchi, mano derecha de Lorenzetti en todas las cuestiones ilegales. Que es lo mismo que meter al lobo en el gallinero”, remató el diputado. Para Sánchez, la Corte niega el acceso a la información pública de manera caprichosa con la coartada de proteger la seguridad de los magistrados. “Que el doctor Lorenzetti se quede tranquilo que nadie lo secuestrará”, comentó con media sonrisa. Para Bracaccini, “más grave todavía es que la Corte tiene fallos ejemplares en materia de acceso a la información y en los últimos seis años le ha marcado la cancha al Ejecutivo, pero cuando les toca a ellos, hacen oídos sordos”. “Lorenzetti —añadió Sánchez— es indigno de ser presidente de la Corte. Las leyes del Congreso deben cumplirse por todos los ciudadanos sin excepción. No hay privilegios para nadie”.

“Las declaraciones juradas son importantes para poder hacer un control de la evolución patrimonial de los jueces y analizar si cometen o no prevaricato (es decir si a cambio de dictar fallos o resoluciones que garanticen resultados a una de las partes- incluso a sabiendas de que son injustas o contrarias a le ley- los jueces reciben sobornos), pero para ello resulta indispensable contar con las diez últimas”, coinciden los entrevistados. “Ahora, si el control depende de Marchi — bajo el ala de Lorenzetti — ningún funcionario se animará a cuestionar a su jefe. Esto afecta la legitimidad de la Corte”, continuó el referente de ACIJ Bracaccini. “Que la Corte vulnera la ley, no tengo dudas”, concluyó. El revuelo mediático era inevitable. Por fin ACIJ junto al diario La Nación (LN Data) y los periodistas Romina Colman e Iván Ruiz accedieron a las declaraciones juradas de los ministros. Entre los jueces supremos el podio de adinerados lo ocupa Rosenkrantz que tiene un patrimonio de $11,3 millones de pesos dentro y fuera del país. El segundo puesto lo ocupa Lorenzetti al declarar $9,3 millones. El presidente de la Corte Suprema, aunque resulte sorprendente, no declara ningún título, ni bienes inmuebles. Solo dinero por el monto de 5 millones en Argentina y 4 millones en el exterior. Por su parte, Highton de Nolasco declaró $3 millones. En tanto el cordobés Maqueda, parece haberse quedado lejos del resto y asumió $1,9 millones de pesos. El último de la fila, es Rosatti con un patrimonio de $ 1.1 millones.625 El 25 de agosto de 2016 los diputados Carrió y Sánchez le pidieron al presidente de la Corte las diez últimas declaraciones juradas de los ministros, e información adicional detallada si no estuvieran considerados esos ítems en la reglamentación de la Corte y cuestionaron, una vez más, la postura y normativa adoptada por los cinco ministros del alto tribunal que “obstaculiza el acceso a la información pública y viola la ley como la letra constitucional”. Primó el silencio judicial. A los frentes abiertos se le sumó a Lorenzetti el de la vanidad. Tan solo seis meses más tarde de su designación, Rosenkrantz y Rosatti fueron incluidos entre las 100 figuras más destacadas de la década (2006-2015). Pasarán a la historia, entre otras razones, por esta distinción al ser galardonados con el premio Konex. Para mayor dolor narcisista del presidente de la Corte, el periodo premiado coincidía con su etapa al frente de la máxima institución judicial. Rosenkrantz fue reconocido en el área de la Teoría y Filosofía del Derecho y Horacio Rosatti en derecho constitucional.626 “La autoestima de Lorenzetti

estaba por el piso”, recordó un secretario letrado que se animó a aconsejarlo que debía acercarse más a la gente y dar un giro en su imagen. “Ellos —le explicó— están conquistando al personal puertas adentro y a la gente puertas afuera”. Sería cuestión de tiempo que Lorenzetti pasara ese mal trago y el gobierno digiriera el fallo del tarifazo. Macri ahora pensaba en su gran apuesta: el mini Davos. Lorenzetti se sumó a la mega conferencia, organizada por el gobierno, con empresarios de multinacionales de medio mundo y garantizó “seguridad jurídica”627 a los inversionistas extranjeros. El foro se realizó el 14 de septiembre de 2016. Al gobierno le venía bien la intervención del presidente de la Corte, no era imprescindible pero podía sumar para generar confianza en el exterior. Él no se podía negar y, además, tomar la palabra frente a un auditorio tan calificado era una inyección de ánimo en momentos de infinita tristeza. Algunos empresarios argentinos, al verlo y escucharlo, murmuraron: “Si aclaras, oscurece”. Otros, acotaron: “Cumplió con su parte”. Mantén cerca a los amigos, pero mucho más a los enemigos Los excedentes presupuestarios —o superávit— de la Corte no eran un dato nuevo, pero Lorenzetti decidió difundirlo como un estreno de película de Hollywood. Organizó una ceremonia, el 22 de septiembre de 2016, donde pretendía mostrar a la Corte como un modelo ejemplar de economía bien administrada. El héroe de la historia, naturalmente, era él. El plan era demostrar cómo su Corte se había convertido en un caso testigo de responsabilidad fiscal al ahorrar más de $11.000 millones de pesos. El mensaje de Lorenzetti, vía Marchi, era directo a las autoridades de gobierno. Entre los que estuvieron presentes se destacan Alfonso Prat-Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas; Garavano, de Justicia y Derechos Humanos; Alberto Abad, titular de la Afip; Oscar Lamberto, de la Auditoría General de la Nación; Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación; Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad y la senadora María Graciela de la Rosa, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. Era la gran celebración de Lorenzetti. No era un Konex pero sí una fiesta exclusiva para él. El único de los jueces supremos que lo acompañó fue Maqueda.628 Marchi, el mismo que cobra “extraordinarios viáticos por desarraigo al

mantener aún su domicilio en Rafaela”,629 fue el principal orador. El contador, entusiasta, explicó que durante 104 meses el balance financiero de la Corte mostró un creciente excedente, que ascendían a $10.500 millones de pesos. Los fondos, según él, estaban depositados en bancos públicos oficiales. Aunque no aclaró cuáles eran se infiere que se trataría del Ciudad y el Nación. Asimismo declaró la existencia de créditos pendientes de cobro, es decir la deuda que el Consejo de la Magistratura mantiene con la Corte por casi $3500 millones.630 “La CSJN ocupa solo el personal que necesita, representa el 63% autorizado por el presupuesto”, resaltó Daniel Marchi a la audiencia. Y en un mensaje bien claro explicó que “la acumulación de caja es clave para asegurar la autarquía financiera, es decir la independencia del Poder Ejecutivo”. Es que los ahorros de la Corte le permitirían mantener al Poder Judicial durante varios gobiernos y prescindir del aval del Ejecutivo para la habilitación de las partidas presupuestarias. A buen entendedor, pocas palabras. Si se hace repaso a la historia, lo cierto es que, tras la decisión de Néstor Kirchner de ceder los excedentes presupuestarios del Consejo de la Magistratura a la Corte en el 2005 —a través del decreto 557— los ministros lograron ahorrar ese dinero. O lo que es lo mismo, tener un colchón de respaldo económico, como dicen las abuelas. El administrador de ese capital no es otro que Ricardo Lorenzetti en calidad de presidente de la Corte y del Comité de Inversiones. Con el espaldarazo de Kirchner, desde 2005 al 2008, el máximo tribunal logró acaparar $1.420.000.000 que fueron distribuidos en tres fondos anticíclicos, es decir una herramienta financiera de respaldo económico para las situaciones de crisis (ver el capítulo 4).631 De esta manera, el 11 de abril de 2013, la Corte amplió sus ahorros a $300.000.000, mientras que para estímulo del personal destinó $10.000.000.632 El 26 de mayo del mismo año amplió los fondos para infraestructura, equipamiento y gestión de la Corte a $200.000.000 y destinó $1.300.000.000633 al fondo anticíclico del Poder Judicial de la Nación. Pero además, el mismo año con una base de $1.335.225.288,50 los ministros crearon el fondo anticíclico para garantizar el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial. La administración y custodia de este fondo quedó a cargo del contador Marchi, secretario general de Administración de la Corte.634 Pero la historia, en verdad, no sería como la contaban. Lo que para Lorenzetti era un logro, para Juan Carlos Cubría, el administrador general del Poder Judicial desde el 3 de diciembre de 2015, era un “agujero negro en las finanzas de la Corte porque ese dinero —que por la letra constitucional le

corresponde al Consejo de la Magistratura— en realidad no se encuentra disponible”,635 explica el funcionario. Esto implicaría que “están invertidos, en plazos fijos, ya sea en pesos, en dólares u otra moneda extranjera —como lo establecieron los ministros en una de las Acordadas de creación de los fondos anticíclicos— o están trabajando en el circuito bancario o en sociedades offshore. Lo cierto es, insiste una y otra vez, que esos fondos no se encuentran disponibles”, relató. No se sabe dónde están. La historia empezaba a recordar a la de los fondos de Santa Cruz y Néstor Kirchner, un misterio jamás esclarecido en su totalidad. Si bien la Corte trabaja con dos bancos oficiales que son el Ciudad y el Nación, fuentes del circuito financiero sospechan que ese dinero podría estar en el banco Macro, cuyo dueño es Jorge Brito y en el Galicia, aunque desde las entidades, negaron la versión. Lorenzetti, pese a presumir de los ahorros de la Corte, tampoco informó sobre el estado y destino de esos fondos. Las hipótesis que barajan algunas fuentes es que Lorenzetti le habría entregado al ex presidente Kirchner el 30 % o más del total de esos activos. Es decir, el “peaje” (soborno) para la transacción que llevaban adelante de manera supuestamente conjunta.636 Dicho en criollo: había un faltante que se había filtrado por las rendijas de la corrupción, y era necesario recuperarlo. Esas — aseguran— habrían sido las razones que habrían impulsado a la Corte a redituar ganancias con los plazos fijos bancarios en dólares, o a invertir en bonos y acciones. Había que cubrir ese “agujero negro”. La Corte tiene como cifra oficial de los excedentes $10.500 millones de pesos a los que deberían sumarse los $3500 que la Magistratura le adeuda. Pero el mismísimo Marchi —según socios de Lorenzetti— presume entre los suyos que el monto de excedentes real, alcanzaría los 12 mil millones de dólares. “El máximo responsable de esos fondos no es otro que Ricardo Luis Lorenzetti”, insiste Cubría. Las críticas a la gestión le valieron al hijo de la jueza Servini que el presidente de la Corte le solicitara —mediante intermediarios— que se apartara de su cargo — como el mismo Cubría lo explicó— entrevistado para este libro.637 “Desde principio de año que Lorenzetti me cita a su despacho, me manda operadores de todo tipo y color político y me ofrece cargos más altos… Incluso

me hizo llegar el mensaje de que pida lo que quiera”, se desahoga Cubría. “A lo que contesté, no tengo nada para pedirle, yo estoy muy bien aquí”. Pero el juez supremo insiste. “Quiere mi cargo”. Ahora bien. Cubría se esmeró en explicar las razones por las que Lorenzetti quiere su puesto pese a que, en teoría, el Consejo de la Magistratura es un órgano independiente de la Corte que, para su infortunio, tiene déficit fiscal y no excedentes. “Lorenzetti necesita un administrador dispuesto a blanquear parte de esos fondos que no están disponibles. Si están colocados en bonos, en acciones, afuera o dentro del país, no lo sé, pero de lo que estoy seguro es de que no pueden utilizarse, son indisponibles”, explica sereno el ingeniero y abogado. “Lorenzetti —continuó— necesita un administrador en el Consejo que simule que la Corte le manda dinero y ellos a su vez presenten gastos excesivos como lo fueron las obras públicas”, arremetió. “La operatoria en las obras públicas consistía en proyectar construcciones grandilocuentes que nunca se harían, pero el objeto era primero inflar los costos y luego pagar un monto alto conocido como adelanto financiero para empezar la construcción. Con eso licuaban 200, 300, 500 millones que es muchísimo dinero para una persona o sociedad ya sea en Argentina o en el exterior”, explicó Cubría. “Lorenzetti no puede dejar la presidencia de la Corte porque si fuese sucedido por otro juez, debería dar explicaciones de esos fondos y cederle la administración de millones cuyo destino es desconocido. Esa es la razón de la persecución hacia mi persona”, detalló el funcionario. Con buena memoria, agregó: “Cada vez que me hace llamar Lorenzetti recuerdo cuál fue el destino del anterior administrador de la Corte, Nicolás Reyes, sustituido por Marchi. Lorenzetti lo citó a su despacho, llamó al fotógrafo oficial, se sacó una foto y mandó a Bourdin a informar en el Centro de Información Judicial que Reyes había renunciado. Pero nunca lo había hecho. Al poco tiempo, ya muy enfermo, Reyes falleció”. El huracán Lilita Durante el primer año de gestión de Macri, la Justicia fue un tema central y eje de tensiones incluso en el seno de Cambiemos donde la diputada Carrió —por

fin— ya no se siente sola en la lucha contra la supuesta “corrupción” de Lorenzetti. El “huracán Lilita” no le da un segundo de respiro al presidente de la Corte. “Hay dos cuestiones innegociables: Ricardo Lorenzetti y Daniel Angelici (presidente del club de fútbol Boca Juniors). Son innegociables para mí y… son innegociables para él (Macri)”, advirtió la diputada en el aniversario de los 15 años de la fundación de su partido ARI. Lo hizo el sábado 19 de noviembre de 2016 al cerrar el cónclave celebrado en la ciudad santafesina de Villa Constitución donde la acompañó, entre otros, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Aunque Angelici es amigo del presidente de los argentinos, Carrió se ocupó de aclararle que su postura es tajante. “No sé cómo va a terminar”,638 expresó la diputada. Unos días antes circuló por las redes sociales un video en el que Pepín Rodríguez Simón, Mariana Zuvic, ambos diputados del Parlasur, y Carrió le solicitaban a Lorenzetti que presentara las declaraciones juradas. Brindaron por ello. El ánimo del gobierno con Lorenzetti había cambiado. El presidente Macri estaría convencido de que el mismísimo Lorenzetti, a sus espaldas, fogonea las denuncias contra sus funcionarios en la justicia federal. Uno de esos casos sería el de la vicepresidenta Michetti, pese a que en reiteradas oportunidades el mismo juez supremo admitió juntarse a “tomar mate” en la casa de la referente del Pro. Michetti es investigada por el juez Ariel Lijo en torno al dinero robado de la casa de la funcionaria que pertenecería a la fundación SUMA. La justicia investiga por qué no presentó balances ante la Inspección General de Justicia, ni registró empleados, ni sueldos, ni movimientos económicos hasta el día que fue denunciada, a mediados de julio de 2016. En ese momento la vicepresidenta intentó ordenar los papeles, se anotó como empleadora y empezó a presentar balances. Lijo investiga el origen del dinero sustraído. Al pedir conocer los legajos de otras tres fundaciones ligadas a funcionarios del Pro se encontró con la misma situación: ninguna presentó balances de su actividad. Se trata de “Fundar Seguridad y Justicia”, del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La sospecha es que esas organizaciones podrían ser pantallas de financiamiento ilegal de la política.639 El juez teme lo peor: que no hay órgano

del Estado que haya controlado el manejo de sus fondos ni de dónde proviene ese dinero que sustentan las finanzas de las fundaciones. Lijo es amigo de Lorenzetti y junto a su hermano Freddy tendrían negocios conjuntos relacionados a financieras y al rubro de seguros, sobre todo aquellos destinados a la preservación del medio ambiente (ver capítulo 10). Otro investigado del gobierno es el ministro Aranguren. En este caso el juez federal Luis Rodríguez —el mismo que no encontró indicios delictuales en el andamiaje financiero impulsado por Lorenzetti (ver capítulo 4)— indaga a Aranguren por el supuesto delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. La denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria640 apuntó contra la declaración jurada patrimonial de Aranguren, quien manifestó poseer “más de 13 millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Las mismas fueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de Shell Compañía Argentina de Petróleos SA, firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado. Aranguren se desempeñó como CEO de Shell Argentina entre 2003 y 2015, y la causa se lleva adelante por su doble calidad de accionista en esa empresa y funcionario del Gobierno nacional. La noticia la dio a conocer el CIJ. Doñate y Tailhade también alertaron en marzo de 2016 sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, pero el silencio fue de radio. Quien mantiene línea directa con Alonso es el propio Lorenzetti que cada vez que la situación de las declaraciones juradas sale a la luz, se encarga de explicarle personalmente cuál es la normativa que ellos plantearon para la Corte, tal como el mismo presidente lo asegura a los suyos. Dicho de otro modo, le dice a Alonso que por mucho que pida no le piensa enseñar ni una hoja de su declaración. El segundo semestre de 2016 no fue fácil para Lorenzetti. El 13 de noviembre, en Rafaela, protagonizó un accidente de tránsito en el que dos jóvenes resultaron con heridas de gravedad. A Marcelo Sanabria —el joven que manejaba la moto— los médicos lograron salvarle la pierna que estaba muy comprometida y pareció salir adelante; mientras que el acompañante, Alejandro Buffet, perdió gran parte de su masa encefálica sobre el asfalto, como advirtieron familiares y fuentes con acceso a la investigación judicial. La versión oficial es que el auto

del juez supremo fue embestido por los dos muchachos que transitaban en moto, sin casco y a gran velocidad. Aunque se hizo trascender que las víctimas tenían antecedentes penales y ciertos arreglos extrajudiciales, la historia no cerraría ahí. Para mayor desgracia, la racha de accidentes para la familia Lorenzetti seguiría el 4 de diciembre, cuando su hijo Pablo perdió el control del vehículo que conducía y volcó, pero resultó sin heridas. En cuanto a la Corte, se cerró el ciclo de aquella que tuvo entre sus miembros a Fayt. El juez de jueces falleció en su casa y fue enterrado, con el aplauso general, en el cementerio de la Recoleta. “El mismo juez que Lorenzetti entregó al gobierno kirchnerista a finales de 2015”, advirtió entonces la diputada Carrió en alusión a que Lorenzetti lo habría “obligado a firmar su renuncia”, como sostiene también la familia del magistrado que hizo historia. En el entierro de Fayt, el encuentro entre Lorenzetti y Carrió fue desde la distancia. El malestar y enojo de la familia con el presidente de la Corte era notorio. Todos lo sabían o lo percibían, incluido el ministro que tuvo que pedir permiso a la viuda, Margarita Escribano, para poder pronunciar unas palabras. Antes de despedir al 2016, como anticipo de regalo navideño, Macri recibió un presente del fiscal Guillermo Marijuán: lo imputó junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, por incluir a familiares en la Ley del Blanqueo de Capitales (una virtual amnistía fiscal). La mala noticia le llegó el 14 de diciembre, una hora antes de tomar la jura a la nueva camada de diplomáticos junto a la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra. Se lo veía apesumbrado, casi sin voz. El presidente reconoció que más de un tercio de los argentinos se encuentra en situación de exclusión y pobreza.641 La economía era su gran preocupación mientras la Justicia le daba un revés por sorpresa. La denuncia de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, apuntó contra Macri por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El nudo judicial se centraba en el decreto del gobierno 1206 que habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de funcionarios a entrar al blanqueo.642 El juez a quien Marijuán le entregó el pedido no era otro que el amigo de Lorenzetti, Ariel Lijo.

Como si faltara algo más en sus preocupaciones, el martes 20 de diciembre de 2016, el presidente de la Nación fue sometido a una microcirugía láser por una afección a la cuerda vocal izquierda de la que con éxito le extrajeron un pólipo.643 Su cuerpo parecía gritar lo que su boca callaba a poco más de un año de gestión. La despedida del año de Mauricio Macri era agridulce pero la que tendría Lorenzetti fue directamente amarga. La relación entre ellos, “atraviesa una crisis insalvable. Mauricio está enojado y… agarrate cuando eso pasa”, susurran los asesores del presidente. Esta vez, con todo lo que sabía de él, había llegado al límite de su paciencia. Macri, sin perder más tiempo, ordenó al ministro de Justicia Garavano recolectar toda la documentación e información que exista respecto el supuesto accionar ilegal de Lorenzetti durante sus diez años al mando de la Corte. “Macri no tolera la extorsión y se lo va a hacer pagar”, insiste un amigo personal del presidente. Pero una nueva denuncia penal de Lilita patearía el tablero político a días de festejar Año Nuevo y “desestabilizaría” al presidente de la Corte. Es que tocaba lo que más quería, a sus hijos y familia, como lo reconocieron desde el entorno de Lorenzetti. El 27 de diciembre de 2016, Carrió mostró lo que hasta ahora era un lado oculto del presidente de la Corte, el tráfico de “dinero negro con cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA)”644 a través de Pyme Rural. La operatoria, presuntamente “ilegal”, consistía en que las entidades cobraban cheques diferidos y los cambiaban anticipadamente en mutuales “amigas” dejando porcentajes altísimos en el camino y sentenciando a los clubes a la situación en la que están ahora, la gran mayoría con respirador artificial.645 En Pyme Rural además de su tercer hijo, Franco Lorenzetti, estaría involucrada su hermana Susana Graciela Lorenzetti; su segunda hija, Lucía y Cortassa, su ex esposa, según Carrió. Aunque no faltaban los nombres de siempre asociados al presidente de la Corte desde su Rafae a natal: Parra, “el Flaco” Operto, Nall Casabella y Zenklusen. “La mutual operó con los clubes Sportivo Ben Hur, Atlético 9 de Julio, y Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur. Según he podido saber, el 54% del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asoció el mismo día: 15 de mayo del 2015, algo inusual”, explicó en su escrito la diputada nacional. Desde el seno íntimo y familiar de Lorenzetti admitieron los hechos ante la consulta para este libro y aseguraron que el juez lo veía como, “un negocio al que aporta grandes sumas de dinero”. También advirtieron que, pese a que un aliado

incondicional ya le había aconsejado sobre la supuesta irregularidad —y el peligro de tener a sus hijos vinculados a este negocio— el ministro se sentía amparado entre las calles de Rafaela. Pyme Rural fue un éxito en la ciudad, ya que facilita tarjetas de crédito, préstamos o créditos, y facilidades para los socios. Casi como si se tratara de una entidad bancaria pero “paralela”, una financiera, algo que Lorenzetti conoce al dedillo desde años antes de ingresar a la Corte, como se detalla en estas páginas. Al día siguiente de la denuncia de Carrió, “Cabezón” Marchi anunció que le iniciaba una denuncia penal en la justicia federal de Rafaela. Marchi ya había amenazado con medidas similares en otras oportunidades, pero ahora no tenía más remedio que llegar hasta las últimas consecuencias en el fuero judicial. El presidente de la Corte estaba preocupado por la actitud de Carrió y sus colegas ya se lo habían hecho saber. Había que callar al huracán Lilita. Mientras en Buenos Aires el ambiente para los Lorenzetti y compañía era sofocante, en Rafaela se veían circular ambulancias de Aprisa-Emas Salud SA ploteadas con la firma Pyme Rural y el slogan ¡Siempre junto a vos! Para colmo de sus males, ese día murió el joven Sanabria, el herido de mayor gravedad en el choque que protagonizó Lorenzetti. “Es deber de la justicia investigar en qué estado conducía (Lorenzetti). Lo sabe todo Rafaela pero le tienen terror”, expresó al otro día Carrió por Twitter.646 La guerra, a esta altura, será a todo o nada. Lorenzetti dio la orden de desempolvar todas las causas que se encuentren en la Corte Suprema vinculadas a las empresas de Macri y su familia. “Detrás de esos papelitos, está el poder de Lorenzetti, él decide qué causa sale y cuál se archiva o desactiva”, murmura un socio del ministro que reconoce la preocupación del presidente de la Corte. “Tiene armas para pelear”, rezonga y apuesta a ayudarlo a cómo de lugar. El objetivo de Lorenzetti si, como parece, no está dispuesto a resignarse, será Macri. ¿Habrá un nuevo mapa de poder? El presidente de Argentina optó, durante sus vacaciones de verano, por Villa La Angostura, en el sur del país. Desde allí dio un giro de 180 grados en la política económica del país y le enseñó a Prat Gay la puerta de salida del Ministerio de Hacienda. El juez supremo —con templanza de un buda— optó por la brasileña Praia do Forte para meditar. Gimnasia, playa, spa, all inclusive y reflexión junto a sus

afectos más cercanos. El futuro es imposible de predecir. Para los más negativos, el de Lorenzetti, salvo sorpresa planetaria, podría leerse en lo que algunos llaman, la tumba del Faraón, un sarcófago entre los escombros de la pirámide de poder que él mismo construyó. Por el contrario, quienes lo conocen, aseguran que el Mono, una vez más, renacerá de las cenizas. El tiempo y la justicia decidirán el lugar en la historia. 600. Fabián Rodríguez Simón es parlamentario del Mercosur por el Frente Cambiemos, Director de YPF en representación de accionistas (clase D). Entre 2008 y 2009 fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 601. Ver capítulo 1. 602. Fundó el observatorio anticorrupción en la Universidad de San Andrés. 603. Carlos Rosenkrantz se recibió de abogado en 1983 de la Universidad de Buenos Aires. En 1990 fundó junto a Gabriel Bouzat el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Zbar, que reconoce entre sus clientes a corporaciones tales como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural SA, McDonald’s e YPF, además de la Entidad Binacional Yacyretá, la provincia de Santa Fe y la provincia de Corrientes, entre otros. El estudio en 2001 pasó a llamarse //es.wikipedia.org/w/index.php? title=Bouzat,_Rosenkrantz_%26_Asociados&action=edit&redlink=1">Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. En 2011 se asoció junto a Bouzat en la fundación de, el 21 de noviembre de 2000, él como presidente y su socio como tesorero. Desde la ONG Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) presentó un amparo en protección de Cablevisión SA y Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. También defendió a Ernestina Herrera de Noble y fue abogado del grupo Clarín y Cablevisión. En 1994, Rosenkrantz fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente. 604. Clarín, Santiago Fioriti, 12 de julio http://www.clarin.com/politica/Lorenzetti-reunio-secreto-RosadaMacri_0_1612038960.html.

de

2016:

605. Clarín, Santiago Fioriti, 29 de octubre http://www.clarin.com/politica/Carrio-demonio-desafio-Macri-

de

2016:

Gabinete_0_1677432358.html. 606. Lorenzetti Ricardo, “La economía del derecho: la culpa y el riesgo”, en >Derecho de daños, en Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Abeledo Perrot, 1990, “Responsabilidad objetiva en materia de contratación”, en Daños, Depalma, 1991, “La ley monetaria y la doctrina: el precipitado de la interpretación”, en Convertibilidad del Austral-Tercera serie, Zavalía, 1991 y “Defensa del consumidor” —LEY 24.240—, Santa Fe, Editorial Rubinzal y Culzoni, 1993, 535 p. En colaboración con Jorge Mosset Iturraspe. 607. El sábado 15 de julio de 2016, Ricardo Lorenzetti se casó con Mara Perren en la ciudad de Rafaela junto a unos pocos invitados. Noticias, Rodis Recalt, 15 de julio de 2016: http://noticias.perfil.com/2016/07/15/quien-es-lanueva-esposa-de-lorenzetti/ 608. Ver capítulo 2. 609. Clarín, Santiago Fioriti, 4 de septiembre http://www.clarin.com/politica/pases-factura-amenazas-retoquesgobierno_0_H1Uq8Jtj.html.

2016:

610. Noticias, Rodis Recalt, 15 de julio de 2016: http://noticias.perfil.com/2016/07/15/quien-es-la-nueva-esposa-de-lorenzetti/ 611. ODN+ Oficina de Negocios Inmobiliarios, ubicada en Víctor Manuel III 279, Rafaela. http://www.findrealestatebroker.com/broker/48427 9538416151/ODN%2B%20Oficina%20de%20Negocios%20Inmobiliarios; https://www.facebook.com/odnpositivo/ 612. Según surge de recibo de sueldo de la señora Mara Beatriz Perren, emitido por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su sueldo en el momento de la consulta ascendía a $ 36.772,26 y el de su pariente era de $23.683,23. 613. Comunicado del CIJ sobre el viaje de la señora de Lorenzetti, ambos en New York. 614. >Noticias, Francisco Zoroza,19 de noviembre de 2013: http://noticias.perfil.com/2013/11/19/maria-bourdin-la-guerrera-de-la-corte/

615. Bourdin, María, >Justicia y medios, la revolución comunicacional de la Corte Suprema Argentina, Sudamericana 2014. 616. Infobae, 10 de noviembre de 2014: http://www.infobae.com/2014 /11/10/1607928-con-la-presencia-jueces-abogados-y-periodistas-presentaron-ellibro-justicia-y-medios/ 617. El ex presidente Néstor Kirchner impulsó la ley 26.183 sancionada el 29 de noviembre de 2006 y promulgada el 15 de diciembre de 2006 por la que se redujo el número de integrantes de la Corte Suprema de 9 a 5 miembros. Infoleg: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000124999/123154/norma.htm. 618. Clarín, Fernando González, 22 de agosto de 2016: http://www.clarin.com/politica/Faraon-Lorenzetti-temor-Macriinversiones_0_1636036543.html. 619. Clarín, Fernando González, 22 de agosto de 2016,: http://www.clarin.com/politica/Faraon-Lorenzetti-temor-Macriinversiones_0_1636036543.html. 620. Página 12, Fernando Krakowiak, 16 de julio 2016: https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-304423-2016-07-16.html. 621. Diálogo reproducido por uno de los testigos en estricto off the record. 622. Entrevistas realizadas para este libro al diputado nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos, Fernando Sánchez, el 26 de septiembre de 2016 y al Coordinador de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bracaccini, el 29 de noviembre de 2016. 623. La Resolución N 2449/2016 del 6 de septiembre de 2016 fue suscripta por los cinco ministros y se tramitó por el Expediente N 2953/16. 624. La ley 26.857, que obliga a publicar online las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y establece a la Oficina Anticorrupción como órgano de contralor es posterior y complementa a la Ley de Ética Pública 25.188.

625. La Nación, Iván Ruiz y Romina Colman, 11 de septiembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1936711-disparidad-patrimonial-entre-los-juecesde-la- corte-suprema. 626. Fundación Konex: http://www.fundacionkonex.org/n1186-premios-konex2016- humanidades--ya-se-conocen-los-100-premiados; >La Nación, 11 de mayo de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1896830-premio-konex-para-las-100personalidades-en- humanidades. 627. Big Bang News, 14 de septiembre de 2016: http://www.bigbangnews.com/politica/Lorenzetti-prometio-seguridad-juridicaen-el- Mini-Davos-de-Macri-20160914-0024.html. 628. R24N Noticias, 24 de septiembre de 2016: http://r24n.com.ar/noticia/127776/la- millonaria-corte-de-lorenzetti-y-hectordaniel-marchi. Clarín, Jorge Velázquez, 22 de septiembre de 2016: http://www.clarin.com/politica/Corte-Suprema-millonesreservas_0_1654634649.html. Infobae, Daniel Sticco, 22 de septiembre de 2016: http://www.infobae.com/economia/2016/09/22/la-corte-suprema-un-caso-testigode- responsabilidad-fiscal/. 629. Los viáticos que cobra el contador Héctor Daniel Marchi constan en los registros de personal de la Corte Suprema y abarcarían toda la etapa de su gestión. 630. El informe de gestión de administración de la Corte señala que el máximo tribunal no registra deudas vencidas ni tampoco solicitó aportes al Tesoro Nacional durante el periodo que presidio Ricardo Luis Lorenzetti la Corte. Además, se registró en el mismo periodo una política de generación de recursos a través de los rendimientos de las reservas y de recuperación de los recursos principalmente a través del spread bancario. También se hizo hincapié en que desde el 2008 hasta hoy, la estructura básica de planta de personal disminuyó. En la actualidad, la Corte ocupa el 63% de los cargos disponibles, mientras que en el 2008 lo hacía en un 77%. Por último, se incluyó todas las obras de infraestructura realizadas en ese período por la Corte, con imágenes comparativas. 631. La Corte creó el primer fondo anticíclico a través de la Acordada N 34/2008, de fecha 5 de noviembre de 2008. El fondo de Infraestructura, Equipamiento y Gestión del Poder Judicial de la Nación se creó el día 5 de

noviembre de 2008 a través de la Acordada N 32/2008. Mientras que la creación del Fondo Estímulo para el Personal del Poder Judicial de la Nación se hizo a través de la Acordada N 33/200 el día 5 de noviembre de 2008. Todos ellos se tramitaron por el Expediente N 4408/2008. 632. Por Acordada N4/13 del 26 de mayo de 2013 se incrementaron los montos del Fondo Anticíclico de la Corte Suprema. 633. Por Acordada N 6/ 13 del día 11 de abril de 2013, Expediente N 1689-13 se incrementó el monto del fondo anticíclico. 634. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y el Secretario General de Administración, Daniel Marchi se creó el 24 de septiembre de 2013 el Fondo Anticíclico de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Se efectivizó a través de la Acordada N 34/13, Expediente N 5611/2013. 635. Entrevista realizada para este libro al administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, el 6 de diciembre de 2016. 636. Entrevistas realizadas para este libro a referentes de la oposición, del radicalismo, del kirchnerismo y del Gobierno de Mauricio Macri, e incluso socios y amigos del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, muchas de las cuales figuran en las páginas de este trabajo editorial. 637. Entrevista a Juan Carlos Cubría, cit. 638. Dyn, La Nación, 19 de septiembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1957793-elisa-carrio-hay-dos-cuestionesinnegociables- lorenzetti-y-angelici-. 639. Página 12, Irina Hauser, 31 de agosto de 2016: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308180-2016-08-31.html. 640. Télam, 29 de agosto de 2016: http://www.telam.com.ar/notas/201608 /160935- shell-aranguren-citacion-justicia-federal.html. 641. SudAmericaHoy, 13 de diciembre de 2016: http://sudamericahoy.com/paisargentina/todos-sabemos-mas-tercio-los-argentinos-se-encuentra-situacion-

exclusion/ 642. La Nación, Hernán Cappiello, 14 de diciembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1966682-macri-imputado-por-la-ampliacion-delblanqueo. 643. El médico otorrinolaringólogo que operó al presidente Mauricio Macri fue Rafael Perrone, según confirmó a la agencia oficial Télam, el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Simón Salzberg y el vocero presidencial Iván Pavlovsky. La Nación, 20 de diciembre de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1968805-operana- mauricio-macri-por-una-afeccion-en-las-cuerdas-vocales. 644. La Nación, Carlos Pagni, 2 de enero de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1972206-un-conflicto-que-puede-alterar-el-mapadel- poder. 645. Clarín, Eduardo Paladini, 28 de diciembre de 2016: http://www.clarin.com/politica/nueva-embestida-elisa-carrio-lorenzetti-ahoravincula-maniobras-cheques-futbol_0_Bk1b5mZrg.html. 646. @elisacarrio, 28 de diciembre de 2016.

Capítulo 13La voz del hombre más poderoso y más temidoTodo llega. Incluso la palabra del presidente de la Corte, protagonista de este libro que él no quería que se escribiera. Las biografías no autorizadas, en ocasiones, se encuentran con ese tipo de obstáculo. Sucede con más frecuencia cuando el personaje es poderoso, y Ricardo Luis Lorenzetti lo es. El pedido formal de entrevista se realizó el 20 de octubre de 2016 por dos vías y formatos: ante el despacho del titular del máximo tribunal y ante la vocera María Bourdin; en papel y por correo electrónico. Antes de la presentación de la solicitud, por mesa de entradas de la Corte, se dieron una serie de hechos, en torno a la producción de este libro, que me tuvieron en primera línea de fuego. Recibí mensajes amables —y no tanto— para desistir de este proyecto hoy terminado. Nunca por boca del juez supremo escuché una mala palabra ni vi un mal gesto. Otros se ocuparon de hacer el trabajo sucio en forma de amenazas anónimas. Presiones o intervenciones, de diferente tono, también tuvieron nombre y apellido. El secretario letrado de la Corte Miguel Nathan Licht,647 que me llamaba y escribía en nombre del presidente de la Corte, sabe lo que digo. Los “operadores” fueron varios y diversos, en sus formas y en los contenidos de los mensajes que, a su manera, me hacían llegar. Los intentos de hackeos a mi computadora y a mi celular personal fueron incesantes. Dejé constancia de algunos de estos episodios en sede judicial. Cuando acordé con Ediciones B escribir este libro me comprometí, como es natural, a intentar ofrecer la versión de Lorenzetti. Dediqué grandes esfuerzos para lograrlo. Durante meses —después de cubrir judiciales por más de una década—, me encontré con las puertas del Palacio de Justicia cerradas y el NO por respuesta. Desanimada, confieso, había renunciado a lograrlo pero, ironías del destino —o casualidades forzadas—, permitieron que, por fin, el martes 8 de noviembre, cuando el libro estaba prácticamente terminado, el magistrado me recibiera en su despacho. Antes tuve que cruzar diferentes controles de seguridad. En el cuarto piso del Palacio de Justicia aguardé en un salón donde grandes e imponentes pinturas de ex ministros de la Corte, decoran las paredes. Minutos más tarde me invitaron a ingresar a otro cuarto. Era una sala muy iluminada, decorada con sillones de cuero y un antiguo perchero con espejo de bordes biselados. Allí se exhibían

premios y honores recibidos, exclusivamente, por Lorenzetti. No pasaría mucho tiempo hasta que me condujeron, a través de la oficina de los secretarios del magistrado, a su despacho, aquel que fuera del difunto Carlos Fayt. Allí fue Lorenzetti el encargado de recibirme. Vestido de traje gris oscuro me esperaba de pie en la flamante oficina. Me saludó afectuoso y ofreció un café. Únicamente estaba presente el personal de seguridad, dos secretarios administrativos y un mozo muy amable que se presentó apenas ingresé al despacho. La gran ausente fue su vocera, María Bourdin. Quizás faltó a la cita porque estaba fijada a las 18, fuera del horario laboral. O, como señalan quienes conocen al juez, su ausencia se explicaba porque “el hombre”, como algunos se refieren a “Richard”, como solía llamarlo Bourdin, había elegido deliberadamente ese espacio en su agenda para estar a solas conmigo. El ocaso del atardecer era el preferido de Lorenzetti para recibir a personajes que lo incomodan o con quien debe hablar en privadísimo, según la trascendencia que tenga para él, para su futuro o para su inmediato presente. Al acercarme a su mesa, redonda, escuché una exigencia recurrente. La misma que me hicieron a lo largo de mi recorrida por el Palacio de Justicia: “Debe entregar su celular”. Me negué hasta que estuve sentada frente a frente con él. “Es por un acuerdo con el resto de los magistrados”, me explicó. Accedí y grabé la conversación únicamente con mi grabador. Mientras me servían el café observaba el escritorio. Sobre él había un termo recubierto en cuero y un mate a tono que, hasta hacía unos instantes había estado en uso. Yo ojeaba todo y él echaba un vistazo a un libro que estaba bajo la tenue luz de una lámpara de estilo. Al fondo, detrás de los sillones de cuero, sobresalía una biblioteca repleta de libros que me intrigaban, pero no era momento de acercarme a ella. Lorenzetti solo empezó la conversación que nos convocaba cuando los empleados abandonaron su despacho privado y el café estaba servido. La máxima autoridad de la Corte, inicialmente, no deseaba hablar a micrófono abierto. Se lo notaba intranquilo. Fue él quien comenzó a interrogarme. Me preguntó las razones del proyecto, quería conocer todos los detalles, lo que sabía y lo que no. Manifestó que un operador del presidente Mauricio Macri le había anticipado que el libro era demoledor. Llegó a pronunciar la palabra “injurioso” y me advirtió que, “ante cualquier acusación en su contra tomaría las medidas necesarias”. Como para romper el hielo, en tono pausado —es su estilo— ya me

advertía sus intenciones. “No me molesta que escriban un libro porque las críticas forman parte de la vida pública, pero sí las falsas imputaciones”, dijo el juez sin haber leído una sola palabra de estas páginas. A renglón seguido, visiblemente nervioso, advirtió: “Te haré juicio”. Firme en mi postura, le manifesté que no veía motivos por los que yo debiera, como él pretendía, claudicar a publicar esta historia de su vida y de sus obras. El primer intercambio de impresiones —aparte de sus comentarios sobre el juicio que me anticipaba— lo mantuvimos en estricto off the record. No voy a reproducir por tanto detalles de esa conversación, pero sí puedo contar que le expliqué que se trataba de un trabajo periodístico de investigación. Le dije que él es un personaje que, tras diez años al frente del Poder Judicial y doce como ministro de la Corte, es imposible que no resulte atractivo para un periodista. Lorenzetti se negó, una y otra vez, a comenzar la entrevista hasta que, al final, aceptó responder las preguntas que siguen. No he intervenido el texto salvo cuando alguna frase, al trasladarla por escrito, necesitaba de aclaración. Tampoco voy a comentar sus reflexiones o alguna de sus respuestas. Las mías están en las páginas precedentes del libro y en los capítulos que identificaré a pie de página. La entrevista comenzó a desplegarse tras un comentario del ministro acerca de su relación con la prensa. Solo él sabrá a conciencia si ese tema le preocupaba, en los términos que se manifestaba, tanto como aparentaba. “Desde que llegué a la Corte mi política ha sido abrir las puertas del periodismo, no censurar. Todo lo contrario… Pero, cuando estoy en Rafaela, me junto a tomar un café con alguien y ya soy socio de esa persona, lo mismo si me ven caminando con alguien, ya es mi socio”, se lamentó Lorenzetti. En diferentes círculos [legislativos, empresariales y judiciales] señalan al médico Gustavo Tita, a los contadores Reynaldo Casabella y Leonardo Abatidaga, [hijo del CEO Néstor Abatidaga, director de Sancor Seguros Internacional], al abogado Alberto Lisdero, [presidente de la fundación Expoterra] y a Daniel Marchi [secretario general de la Administración de la Corte], como algunos de sus supuestos testaferros, entre tantos otros. A usted lo ligan [es incompatible con el cargo] a negocios de la salud, inmobiliarios, financieras, construcción, agropecuario, ganadero, metalúrgicas y petroquímicas, entre otros rubros de los que participaría. Esa es la misma historia de siempre. Si hubiera sido cierto hubiera tenido consecuencias legales, pero no las hubo. Tita y Casabella son parte de una vieja

época en la que yo fui abogado de ellos. Todo eso motivó la única impugnación que tuve en el proceso de nombramiento ante el Senado de la Nación. [En referencia a la Asociación Médica del Departamento Castellanos]. Al poco tiempo asumí en la Corte. Todas esas personas [mencionadas] tienen empresas familiares chicas. Obviamente voy a Rafaela y los sigo viendo, son amigos… Pero siguen siempre con la misma historia una y otra vez. ¿Pero mantuvo negocios con ellos? ¿Son sus testaferros? Una cosa son los chismes y otra es la realidad. Yo he sido investigado por todo el mundo. Por ejemplo, Apreme, y demás son sociedades familiares. Tita [en referencia a Gustavo Tita] desde la época que yo era abogado ya estaba peleado con su primo [por Carlos Tita]. Son empresas familiares de médicos. Un médico hace una empresa, y es lógico. Siempre dijeron éste es socio, el otro es socio y bueh….648 [Mirando fijo] Yo te haré juicio porque no pueden escribir barbaridades y si las publicás como injuriosas, te haré juicio, como al que denuncie o diga algo sin pruebas lo demandaré. Si ponen algo que me acuse de un hecho delictivo lo demandaré”. ¿Hubo causas judiciales en su contra en Rafaela por la supuesta cooptación del sistema sanitario a través de las gerenciadoras intermediarias con el PAMI? Apreme649 era una sociedad que se tramitó en el Congreso y en el Senado. Se aprobó porque no había nada raro. Todavía siguen con lo mismo y ya pasaron 15 años. ¿No tiene ningún tipo de vínculo empresarial con ellos? Yo voy a Rafaela y los veo. Con Casabella, vamos a tomar un café y dicen: son socios. No puedo salir a desmentir todo el tiempo, son chismes. Ellos ya tienen hijos, nietos y siguen con lo mismo. Mis hijos trabajan en Rafaela. ¿Por qué cree que los identifican como sus testaferros? Son chismes sin sustento. Fui investigado por la Afip, por Ricardo Echegaray, la Side y el kirchnerismo durante los doce años de gobierno y no encontraron nada ilegal en mi patrimonio. Toda una estructura estatal investigándome y no encontraron nada. Cuando denuncié a Echegaray…. [Frena e inmediatamente se retracta al darse cuenta del equívoco… como si se hubiera tratado de un acto fallido]. Cuando Federico Pinedo denunció a Echegaray por supuesto abuso de

autoridad al perseguirme, me presenté en la causa con toda la documentación y se aclaró todo. No hay nada fuera de la ley. ¿Tiene vinculación con algunas de estas empresas: Alfarma SRL [Autorizada por ANMAT para licitar y comercializar de manera inter jurisdiccional en las diferentes provincias del país, remedios de todo tipo y especialidades medicinales]; metalúrgica Clorindo Appo SRL; Aguas y Procesos SRL [la compañía más grande de América Latina, proveedora de máquinas de ósmosis inversas y tratamiento del agua]? ¿Posee inversiones en constructoras, hoteles o en otros rubros? No, nada que ver. Yo no estoy vinculado a esas empresas. El que lo sostenga que presente las pruebas. ¿Tiene hoteles de su propiedad? ¿Algunos en Salta? ¿Quién dice eso? [Se ríe y se levanta de la silla para volver a acomodarse, visiblemente nervioso. con la cabeza agachada… sin mirarme a los ojos…]. Hace mil años que no voy a Salta…650 ¿Es dueño de tierras en zonas de desmontes ilegales en la provincia de Salta? ¿Qué tierras de desmontes? [se mostró descolocado con la pregunta]. Científicos, ONG, organizaciones internacionales, entre otros, aseguran que hubo reuniones y acuerdos entre usted y Urtubey por la causa Dino Salas, litigio que se tramitó en la Corte por los desmontes ilegales avalados por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Pero nosotros fallamos en contra de Urtubey en esa causa. Sí, la primera vez, pero no la segunda. En esta —casi tres años más tarde—, se declaran incompetentes y la devolvieron a la Corte de Salta donde está durmiendo el sueño de los justos…, olvidada. Pero tomamos esa medida porque nosotros no somos competentes, y le fallamos en contra a Urtubey. Es absurdo lo que me dice. Le devolvimos la causa porque son asuntos de jurisdicción provincial. ONG, grupos ambientalistas y organizaciones de pueblos originarios denunciaron

un supuesto acuerdo con Urtubey para favorecerlo. Cada sentencia pasa por todos los ministros. Yo no soy el único que firmó. Aquí había que haber hablado con todos los ministros. Es absurdo lo que están diciendo. Yo no soy el dueño de la Corte completa. ¿Cómo van a decir que la Corte completa hizo un acuerdo con Urtubey? Estaban todos los ministros, Fayt, Petracchi… ¿Van a hacer un acuerdo con Urtubey? Es absurdo. Que firmen lo que digan. ¿Tiene algo que ver con la empresa petroquímica, Nitratos Austin? Tiene sede en Rafaela desde 1993 y se instaló en la ciudad de El Galpón, en la provincia de Salta en 2013. Es una petroquímica que fabrica pólvora y que los ambientalistas denunciaron por contaminación ambiental. No tengo ni idea de lo que es Nitratos Austin. Me imagino que el que denuncia tendrá pruebas. ¿Por qué no harán la denuncia? ¿Tiene propiedades y cuentas en el exterior no declaradas? En su primera declaración jurada usted detalló que antes de asumir en la Corte, cuando aún era abogado litigante, tenía cuentas en Estados Unidos y empresas en Argentina. Sí. ¿Respecto del nombramiento de su esposa, Mara Perren, en el juzgado federal de Rafaela [prosecretario administrativa],651 qué puede decir? Sí [rostro inmóvil, pero evidenciando sorpresa]. ¿También nombró a una cuñada suya, Ana Marcela Perren? Sí… [Titubeó]. ¿Su hijo Pablo trabaja en el Banco Nación sucursal Rafaela? Sí. No saldré a desmentir nada de esto, porque siempre escriben lo mismo. Mis hijos trabajan en Rafaela. Pablo es abogado de los sanatorios. Tampoco hay tantos clientes en Rafaela, es una ciudad muy chica. ¿De quién sería abogado? Es absurdo eso. Se refiere —según su relato— a la Asociación de Clínicas y Sanatorios del

Departamento Castellanos, ACE, en alusión al empresario Carlos Tita y a los socios de las gerenciadoras que asesoró, entre ellas Apreme SRL. Lorenzetti estaba exaltado. Se lo notaba molesto ante las preguntas, pero continuó en el mismo tono fastidioso. Hasta ese momento no le había preguntado sobre la vinculación de su hijo Pablo como asesor letrado de los médicos, sobre todo Carlos Tita y la Asociación de Clínicas y Sanatorios del departamento Castellanos. Pero él se adelantó a la pregunta y respondió solo, como si adivinara lo que pensaba. Hay preocupación y malestar en diversos sectores políticos porque la Corte no presenta las declaraciones juradas… Están presentadas. [La contestación fue rotunda y se lo notaba disgustado ante la entrevista]. Los críticos y la Coalición Cívica dicen que el sistema implementado por la Corte para acceder a las declaraciones juradas no solo no funciona, sino que es contrario a la Ley de Ética Pública y omite la obligación de publicarlas online. En otras palabras, ustedes obstaculizarían el acceso a la información. Mire, a mí me denunciaron por enriquecimiento ilícito este año (en referencia a la denuncia que impulsó la diputada Carrió a principios de 2016). Yo pedí todas las pruebas. Presenté las mías al juez, el fiscal hizo toda la investigación y me sobreseyó. Lo mismo el juez. La citaron a Carrió y le explicaron que no había razones para imputarme. La sentencia de sobreseimiento está firme. No hubo delito. Cómo van a salir a decir otra cosa… Hay que tener un poco de seriedad... Hay que respetar a la gente. No se puede decir cualquier cosa. No queda claro por qué los ministros de la Corte evitan presentar las declaraciones juradas como hace el resto de los funcionarios públicos. Hoy que vengan a decir que hay cosas ocultas cuando me investigó el aparato más grande que hubo en la Argentina, me persiguieron, y encima se fueron ellos [en referencia a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández]. Vino Carrió e hizo de todo. Fue a Estados Unidos a buscar si tengo departamentos y demás. La verdad, que vuelvan ahora a decir que tengo algo ilegal, me parece una barbaridad. No es bueno, no puede ser fundado en cosas irreales. No puede ser que cualquiera diga cualquier cosa.

¿Está todo su patrimonio justificado? Si, está la sentencia de enriquecimiento ilícito. La Justicia determinó que estaba justificado el dinero. No hay nada ilegal allí… Yo lo que no entiendo es esto de querer embarrar la imagen cuando no hay nada. No es serio. No puede ser que se digan barbaridades de mí. Me hicieron de todo, agraviaron a mis hijos, a mi padre, a mi madre. Me hicieron denuncias de todo tipo. ¿Por qué cree que lo denuncian? Lo que quisiera es que, si hay una imputación respecto a un hecho delictivo, tiene que tener una base. Me ha denunciado todo el mundo. Y es por las presiones. Este [en alusión a la Corte] es un lugar de presiones. Las presiones que recibimos acá fueron tremendas. Hicieron de todo. Que venga alguno a decir sin fundamento. Yo tengo que hacer respetar a mi familia porque la verdad estoy cansado ya. Hace doce años que todos los años es lo mismo. Hay denuncias por supuestas irregularidades que apuntan contra usted en estos doce años en la Corte y sobre todo, durante sus cuatro presidencias consecutivas. Si hubo una denuncia de enriquecimiento ilícito yo me presenté voluntariamente, facilité todas las declaraciones juradas desde que ingresé a la Corte. Desde el Senado hasta ahora. Las revisaron todas, pidieron informes… ¡Qué sé yo! Hicieron el dictamen y resulta que ahora no sirve para nada y cualquiera que se cruce por ahí dice cualquier cosa. Políticos de diferentes partidos coinciden en que tendría que ser la Oficina Anticorrupción la que fiscalizara a los jueces de la Corte. Sin embargo, ustedes se habrían arrogado facultades legislativas y determinaron ser el órgano de control de sus propias declaraciones juradas. Eso es política. Cuando Cristina Kirchner hizo esa ley, y determinó que pasemos todo a la Oficina Anticorrupción, lo hizo porque la manejaban ellos y querían presionarnos con eso. La Corte lo enfrentó y dijo no. Nosotros respetamos la independencia del Poder Judicial. En ese momento Laura Alonso [ahora titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri] dijo que sí y ahora dice lo contrario. ¿Qué opina el resto de sus colegas?

Cuando Carrió presentó la nota en la que pedía las declaraciones juradas de todos los ministros, lo discutimos entre los ministros y contestaron todos ellos, menos yo. El tema es que todos hablan de mí y aquí somos varios, firmaron todos. Los nuevos jueces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, también lo hicieron y dijeron: miren, legalmente no es así. Pareciera que firmaron para avalarlo a usted. O sea, que firmaron, pero que no están de acuerdo. La versión es que están todos cubriéndolo a usted que es el único que no quiere presentar la declaración jurada. Yo soy el más investigado de todos, mis declaraciones juradas las tienen, desde hace años, Carrió y compañía. Y están en el expediente. ¿Cómo van a decir eso? ¿Además usted cree que Rosenkrantz o Rosatti me van a cubrir a mí? No son chicos, es absurdo. No puede ser todo versión y escribir cualquier cosa. Tenemos que vivir en una sociedad más civilizada, con códigos de conducta y valores. Esto de que todos los ministros de la Corte me obedecen a mí o me cubren a mí es absurdo. Pero usted preside la Corte desde hace diez años. ¿No es parte de sus funciones dar explicaciones y aguantar presiones? Sí, claro. ¿Por qué cree que Rosatti presentó su declaración jurada y el resto no lo hizo? ¿Qué quisieron plantear en esa Resolución 2449 del 6 de septiembre de 2016?652 No, es que no es cierto. Él mismo lo desmintió, porque no presentó una nueva declaración jurada, se trataba de la que había presentado para la postulación. En mayo tienen que presentar otra. Sí, como todos. ¿Qué le contestaron a Carrió? No es cierto lo de Rosatti, que quede claro. Incluso la redacción de la nota en respuesta a Carrió no la hice yo. Mis declaraciones juradas están, las tiene todo el mundo. Mis declaraciones juradas son las más conocidas del país. ¡Si

acabamos de cerrar un juicio de enriquecimiento ilícito hace cuatro meses! Ellos dicen que ustedes las presentan, pero al secretario general de Administración de la Corte, Daniel Marchi, que sería su ladero… No, no es mi ladero. [Interrumpe]. Es secretario de la Corte. Me refiero al administrador Marchi. En mi caso, todas mis declaraciones juradas están presentadas en el tribunal y Carrió, y toda su gente, tuvo acceso a todas. Están allí, en el expediente. Insisto, ellos sostienen que ustedes no cumplen con la ley, no las publicitan online y que la Corte se convirtió en el órgano de control de sí mismo cuando debería haber sido la Oficina Anticorrupción. Bueno, ese es un tema de discusión. No es una opinión mía, es una opinión de todo el Poder Judicial, que no puede depender del Ejecutivo. Y lo mismo piensa el Ministerio de Justicia, y lo mismo piensa el presidente Macri [Mauricio]. ¿Pero no deberían ser controlados por un órgano externo, como lo dice la ley? Esto de Carrió es una cosa más de política, pero nosotros, y todo el mundo conoce mis declaraciones, cómo me va a decir que no las conocen. No conocerán la de Rosenkrantz. La mía sí. El mismo Echegaray me hizo una denuncia pública, después la tuvo que desmentir. Yo debo ser el tipo más investigado del país. Cómo van a decir que tengo cosas ocultas. Es absurdo. Los hechos deben ser objetivos. No puede ser que se guíen por chismes. He sido el hombre más investigado del país. Entre los cuestionamientos figura el de su intermediación ante medios de comunicación como el diario La Nación, Perfil,653 Clarín654 y otros que tuvieron o tienen causas en la Corte. ¿Usted condicionó la línea editorial de los medios, los censuró? ¿Es decir, usted influyó directa o indirectamente para que no se publicara alguna nota, o bien pidió que “resguarden su figura” como lo hizo saber su vocera en varias oportunidades, a cambio de resultados en el tribunal e incluso de información? En cuanto a la libertad de expresión tuve siempre una política abierta a la prensa. Me han criticado muchísimos periodistas y nunca hablé o intermedié por nadie, al

contrario. Hay una conducta de diez o doce años que no se puede ignorar. ¿Respecto del Comité Federal de Inversiones, estructura financiera por la que se lo cuestiona por contradecir la letra constitucional, incluso hubo una denuncia de la diputada Paula Oliveto Lago? Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver, no lo entienden. Nosotros no somos el Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones lo integran los consejeros del Consejo de la Magistratura. No tenemos nada que ver en eso.655 Dicen cosas que no son, y qué vamos a hacer, ¿Vamos a salir a desmentir? Hasta el Consejo de la Magistratura, fíjese que está publicado, contestó que el Consejo de Inversión no es la Corte. Es una administración separada de ellos. No tengo nada que ver. Ni una sola licitación hacemos nosotros que no sean de acá. ¿Cómo puede ser que sigan con operaciones de desgaste, como si quisieran deteriorar una institución? Porque además dicen “la Corte de Lorenzetti”. ¿A usted se le ocurre que yo lo iba a convencer de algo a Fayt, por ejemplo? El señalamiento es en su condición de presidente de la Corte, el encargado de buscar consenso entre los ministros, entre otras facultades y prerrogativas como cabeza del Poder Judicial. El otro día me preguntaron si yo lo había hecho renunciar a Fayt. ¿A usted le parece que yo podría haberlo hecho renunciar a Fayt con la personalidad que tiene? [al momento de la entrevista estaba vivo]. Eso sostiene la familia de él.656 La decisión de Fayt la tomó su médico. ¿Entonces fue el médico el que dijo basta? Nosotros lo protegimos y respaldamos lo más que pudimos y presentó su renuncia. Lo que quería es que terminara el mandato Kirchner. Y la presentó al día siguiente. ¿Cómo le vamos a decir a Fayt una cosa así? ¿Cómo íbamos a convencerlo de nada, un tipo de una personalidad fuerte? No se lo puede convencer de nada. Me parece todo tan poco serio.

¿Usted fue militante peronista, desde la época universitaria, de la JP ligada a Montoneros? ¿En noviembre del 76 los militares lo buscaron en su casa en Santa Fe, donde vivía con otros amigos y lo salvó su amigo Horacio Calciati? Me hace preguntas de hace tantos años atrás… [Se toma la cabeza, la inclina hacia atrás, se acomoda en el sillón y puedo percibir que se emociona… hay unos minutos de silencio y continúa]. Fueron tantos, tantos años atrás…, pero sí, así fue. Siempre fui perseguido. Respecto de la causa de la coparticipación, Macri ganó las elecciones presidenciales el domingo 22 de noviembre de 2015 y dos días después, la Corte resolvió el caso de coparticipación que llevaba diez años bajo estudio. ¿Fue su intención y/o la de la Corte marcarle el terreno a Macri y mandarle el mensaje al Ejecutivo: mire el poder lo tiene la Corte? No fue así. No, no. Bueno… yo me tengo que ir, seguimos otro día, pero me parece injusto que se haga un libro con chismes cuando en realidad está todo documentado. Instantáneamente Lorenzetti se levantó como un resorte de su silla y empezó la despedida. Al salir de su despacho recuperé mi celular de manos de Sofía, su secretaria y cuando creí que ya no volvería a verlo al juez, abrió la puerta de su despacho y me preguntó dónde estaba viviendo… si en Buenos Aires o en otro lugar. “Aquí en Buenos Aires, le contesté… luchándola…”. Se quedó absorto con la contestación, pero me sonrió y quedamos en volver a vernos y mantener línea directa. Quedé a su disposición por si quería ampliar o contestar otras preguntas. 647. Miguel Nathan Licht, secretario letrado de máximo tribunal en la Secretaría 7, se presentaba como representante de la Dirección de Relaciones Institucionales. Su intervención fue para desanimarme del proyecto. En uno de los llamados me preguntó cuánto dinero cobraría por el libro. En otros mensajes vía WhatsApp me dijo “el número uno quiere verte”. “Lorenzetti es un hombre poderoso, tené cuidado …”. “Deberías comerte el sapo. A veces en la vida hay que comerse los sapos. Además, sos un simple peón”. Prueba de todo ello en mi poder como de la intervención de otros operadores. 648. Capítulo 2 y Capítulo 11.

649. Capítulo 2. 650. Capítulo 10. 651. Mara Beatriz Perren, prosecretario administrativo, Legajo Número 27.120. 652. Resolución 2449/16 de fecha 6 de septiembre de 2016 – Expediente 2953/16 por la que los ministros de la Corte, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti ratifican el reglamento “constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente” y que, por ende, toda petición deberá adecuarse al procedimiento aprobado por el tribunal en relación a la Acordada 9/ 2014. 653. Capítulo 8. 654. Capítulo 7. 655. Capítulo 4. 656. Capítulo 1. La esposa del ex ministro de la Corte Carlos Fayt aclaró que “Carlos Fayt nunca presentó su renuncia”, en alusión a que habría sido obligado a suscribirla por el presidente de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti. En la misma línea informó el ex secretario letrado del doctor Fayt, Pablo Hirschman.

Agradecimientos A la valentía y confianza de Silvia Itkin; al profesionalismo y contención del editor Diego Igal, quien me acompañó en este proyecto. A todos los funcionarios judiciales que colaboraron con documentación y sus testimonios. A Carmen De Carlos, por su infinita generosidad y cariño. A la amistad y afecto que me brindó el doctor Carlos Fayt y su esposa Margarita Escribano. A la memoria de Carmen Argibay y su familia. A Mariano Confalonieri, a Adrián Yoris por el “siga, siga” y a Julián Miraglia Lago. A Milton Merlo, por su respaldo y amistad, A Hernán Giardini, a Lucas Seghezzo, a Andrew Leake, a Ana Laura Álvarez. Al doctor Armando Policella y la licenciada Noelina Abad quienes fueron indispensables para concretar éste propósito. A los que me abrieron las puertas de sus casas y se animaron a hablar en la ciudad de Rafaela: médicos, periodistas, vecinos, maestras, y a aquellas personas a las que vi llorar ante la impunidad. Al periodista Carlos Del Frade. A mis entrañables amigas, que entre “bombones y bombones” hacen y trabajan por una justicia mejor y un país sin desigualdades sociales. A todos ellos, mi eterno agradecimiento.

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