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Aceras en Santo Domingo, un paso hacia ninguna parte En República Dominicana es común el uso inadecuado de las aceras

ACTUALIDAD|09 SEP 2014, 12:00 AM|10

|POR PATRICIA LEONOR

SANTO DOMINGO. Una ciudad confortable y segura, que garantiza a sus ciudadanos el derecho constitucional al libre tránsito, debe contar con aceras adecuadas, en buen estado y sin obstáculos. El Distrito Nacional y otras ciudades del país aún tienen esta tarea pendiente. Las aceras son superficies pavimentadas que se construyen con el propósito de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanizadas. En la República Dominicana, sin embargo, esta función ha sido limitada y hasta anulada en algunos lugares, debido a los usos inadecuados que se les da a estos espacios. Sin que ninguna autoridad lo impida, con frecuencia las aceras son utilizadas como parqueos improvisados, basureros, zona de carga y descarga, depósitos de construcciones, talleres, paradas del transporte público, comedores ambulantes, escaparates de tiendas, y puntos de venta de una legión de vendedores informales. A esta lista se agregan los imbornales sin tapas y las rupturas y desniveles que muestran las aceras por falta de mantenimiento. Los llamados a resolver los problemas generados por el mal uso de las aceras son los ayuntamientos. Según la ley 176-07, al Distrito Nacional y los Municipios (artículo 19) les corresponde el ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas en las vías urbanas y rurales (literal a), y son responsables de normar y gestionar el espacio público (literal b). También es de su competencia la construcción y conservación de aceras (literal g), aunque por falta de recursos de esta parte se encarga generalmente el Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos es la estructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) encargada de aplicar las normas que regulan los espacios públicos, la cual, según el director de Comunicación de la institución edilicia, Omar Liriano, envía todos los días brigadas a las calles, auxiliadas por militares, "que logran liberar múltiples espacios de la ciudad ocupados por particulares". Liriano asegura que las aceras obstruidas se han convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, pese a que han rescatado una gran cantidad de metros lineales y diariamente se hacen sometimientos por ese motivo en los dos tribunales municipales ubicados en Manganagua y en San Carlos.

Lamenta que el ADN no cuente con el personal represivo necesario para impedir que regresen las personas a esos espacios; pero para este fin, indica, han establecido acuerdos de trabajo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Policía Nacional, "porque aunque la alcaldía tiene una policía municipal, no cuenta con miembros suficientes para que en cada sitio pueda dejar una persona cuidando". A juicio de Liriano, la ocupación irregular de los espacios públicos no es un problema sencillo, porque tiene implicaciones de índoles social y económica "y en un Estado hay que ver todas las variables, y se tienen que ir asumiendo las violaciones poco a poco para ir regulándolas y disminuyéndolas con el tiempo". El director de Comunicación del ADN se refirió en ese sentido a estudios realizados por el cabildo y por otras entidades, que señalan que actualmente de cada diez personas que ocupan espacios públicos con fines de ventas, ocho son de nacionalidad haitiana, lo que consideró genera una situación delicada debido a que el proceso de regularización de extranjeros que se lleva cabo ha puesto el país bajo la mirilla internacional. Puntos críticos en la capital Aceras obstaculizadas se pueden observar en casi todas las calles y avenidas del Distrito Nacional, pero existen puntos específicos en los que la situación se ha tornado verdaderamente crítica.

La intersección de la avenida Duarte con la calle París, y sus alrededores, se ha convertido con el paso de los años en el ejemplo más dramático de desorden y arrabalización de un espacio urbano, provocado principalmente por las actividades de los comercios formales e informales que allí convergen. Por otro lado, Villa Consuelo se ha devenido en un dinámico sector comercial, pero los negocios han crecido de manera desmedida y sin ningún orden, porque los comerciantes aprovechan hasta el más mínimo espacio disponible para la venta de mercancías nuevas y usadas y para la instalación de talleres de reparación de todo tipo, dejando muy poco espacio al tránsito peatonal y vehicular. Barrios como Villa Juana, San Carlos, Villas Agrícolas, Villa María y María Auxiliadora también han crecido en la informalidad, por lo que sus calles y aceras se han visto seriamente afectadas con todo tipo de obstáculos.

El kilómetro 9 de la Autopista Duarte es otro punto crítico, donde las aceras, áreas verdes y calzadas han sido ocupadas por autobuses del transporte interurbanos, carros del concho y buhoneros, haciendo casi imposible transitar por la zona.

Los pasos de peatones debajo de los elevados también suelen concentrar vendedores ambulantes. Ejemplos se observan en la avenida Luperón casi esquina Independencia y en la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, espacios que son utilizados también por choferes del transporte público como zonas de parqueo.

Los lugares que generan flujos constantes de personas, como hospitales, universidades y mercados, también son espacios por excelencia para las ventas informales de todo tipo de mercancías, pero sobre todo proliferan los negocios de comida. Propuestas para la solución Para Omar Liriano, director de Comunicación del ADN, el problema del uso ilegal de la aceras en la capital se podría solucionar si la alcaldía contara con un presupuesto para esos fines, porque según dice, no tienen los recursos necesarios para intervenir los espacios ocupados ni para luego mantenerlos y cuidarlos para que se les dé el uso adecuado. Sostiene que muchas de las intervenciones que se han hecho hasta el momento para rescatar espacios públicos han sido con dinero aportado por el gobierno central; pero "sabemos lo qué tenemos que hacer, se han hecho todos los estudios, el problema es puramente económico", concluyó. Sin embargo, para el arquitecto Leopoldo Franco la planificación de la solución de este fenómeno requiere de mucho cuidado, desde el punto de vista económico, ambiental, social y hasta en el orden público, "dado que de esos aglomerados sin control descienden señales a la población en el sentido de que no hay ley, reglamentos ni autoridad". El arquitecto Franco opina que la solución no se trata de una iniciativa de un síndico efímero que quiere ganar votos con soluciones improvisadas, el asunto requiere un enfoque con

mucha profundidad política, usando criterios científicos de planificación multidisciplinaria, anclados en la realidad socioeconómica del país. A su juicio, los criterios utilizados deben ser pragmáticos, orientados a soluciones permanentes que frenen los nuevos intentos de involución urbana y que reorganicen lo que ya existe sin el usual componente populista de los políticos. Considera que en principio, para que la idea germine y crezca, se debe instituir una comisión multidisciplinar que se vaya integrando a partir de un liderato profesional, y en la medida en que se detecten y configuren las necesidades, agregar a los representantes sociales y del comercio formal e informal. De su lado, el arquitecto urbanista Erick Dorrejo ve la solución de la problemática en el fortalecimiento de las administraciones de los gobiernos locales, las cuales deberán tener equipos suficientes para el monitoreo continuo de los espacios públicos, con la intensión de preservar el orden establecido para el uso colectivo de los mismos. De igual manera, favorece una alianza entre el gobierno local y nacional para iniciar un proyecto de fomento a los "empleos urbanos formales", mediante el cual los vendedores puedan registrarse a través de la Dirección General de Impuestos Internos, y los ayuntamientos creen espacios específicos para localizar sus ofertas bajo una autorización de uso del suelo. Considera que es necesario que el gobierno central y los cabildos inicien una gestión compartida del territorio municipal, y logren identificar la oferta, determinar la demanda y orientar a los pequeños emprendedores por el camino de la formalidad, lo que genera la posibilidad de nuevos empleos, garantiza la salubridad de lo que se vende y transforma un sector con aires de ilegalidad en un atractivo tanto para los residentes del país como para los turistas. El origen Los arquitectos Dorrejo y Franco coinciden en que el problema de ocupación del espacio público en el Distrito Nacional y en las principales ciudades del país se debe fundamentalmente a las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve una gran mayoría de la población dominicana. Para Dorrejo las zonas urbanas son refugios de personas que emigran de los campos en busca de oportunidades, y cuando llegan a las ciudades se dan cuenta de que no hay empleos suficientes y se ven obligados a recurrir a la informalidad para sobrevivir, "solo que el alto porcentaje de informalidad urbana incide en la tasa de ocupación ilegal del espacio público".

El arquitecto urbanista también cree que la ocupación ilegal de las aceras es resultado de una débil gestión institucional, y señala a los ayuntamientos como las entidades responsables de normar y gestionar los espacios, por lo que son los llamados a preservar el orden en las aceras, "y su uso con fines particulares es un acto de ilegalidad que debe ser perseguido, sometido y castigado por las administraciones locales". El arquitecto Franco agrega que la migración incontrolable a las ciudades propicia la creación espontánea de enormes barrios marginados, donde también habitan quienes no se ubican en una sociedad del consumo y recurren al alojamiento precario. "Esta enorme masa de la población en busca de oportunidades debe recurrir a cualquier medio que le provea la subsistencia de su familia, aún sea en términos de sobrevivencia", sostiene. Muchas de estas personas, asegura, al buscar la forma de ganarse la vida en el comercio informal invaden cualquier espacio urbano, creándose en muy breve tiempo verdaderas ciudadelas comerciales sin ninguna organización ni control de parte de los organismos y funcionarios llamados a evitarlo.

IRRESPETO

Descuido en las aceras es irrespeto al ciudadano OBSTRUCCIÓN DE ACERAS PONE EN RIESGO SEGURIDAD Y ARMONÍA Economía & Negocios 17 Junio 2011 Jhonatan Liriano [email protected] Santo Domingo

En la más moderna de las ciudades y en el más humilde de los pueblos los automóviles andan por la calle, y los peatones se mueven sobre la acera, esa “plataforma elevada ligeramente a ambos lados de una calzada de tráfico rápido o peligroso”. Al menos así lo define el arquitecto Marcos Barinas, y especifica que una “acera sola no es absolutamente nada, pues necesita de los otros componentes de la calle: las edificaciones, la calzada de vehículos, los árboles, mobiliario urbano y, sobre todo, los seres humanos. La calle y sus aceras son el componente primario de la existencia urbana”. Pero aquí, en República Dominicana, la realidad golpea todos los días a la teoría urbanística. Negocios formales e informales, basura, materiales de construcción, postes del tendido eléctrico, automóviles oficiales y no oficiales, paredes, tuberías, boquetes, bocinas de equipos musicales y un largo etcétera obstruyen el paso por las aceras, sin despertar la acción mínima de los ayuntamientos, que son los organismos responsables de construir y vigilar estas estructuras. El descuido de las autoridades pone en peligro, dice Barinas, aspectos de la vida en comunidad tan importantes como la seguridad, la salud, el orden ambiental y económico. En Santo Domingo, los ejemplos puntuales de estas afirmaciones abruman a la vista. Los niños, jóvenes y adultos que andan por los alrededores de la avenida Duarte obligatoriamente deben pisar las inmundicias lanzadas a la vía pública por los buhoneros. Más al noroeste, pero en el mismo Distrito, los peatones tienen que tirarse a una de las avenidas de mayor tráfico del país (John F. Kennedy) cuando pasan frente a una tienda, precisamente, de vehículos, porque el área de parqueo de ésta se encuentra donde debe existir un trozo de acera. Para encontrar otras muestras de esta distorsión social usted puede darse un paseo por la ciudad. Y posiblemente se tope con uno de los motoristas que evaden los tapones vehiculares encaramándose por el área peatonal, o con uno de los tantos colmadones que colocan sus sillas y pistas de baile justo encima de las aceras, sin la menor intención de disimulo. No se sorprenda si en algunos de los casos son representantes del Ayuntamiento o del Gobierno central los que mutilan o interrumpen la acera para “darse unos tragos” al aire libre. “Las aceras son el referente de la seguridad ciudadana y la salud urbana. Nuestra ciudad saca muy malas notas en este aspecto”, insiste Marcos Barinas. El urbanista además entiende que la vigilancia de la acera debe formar parte de las políticas públicas, y su continuidad,

accesibilidad, “confort” y seguridad son oportunos indicadores de la correcta gestión de los ayuntamientos. Permisos y defensoría Barinas dice que organismos encargados de regular el alcantarillado, la electricidad y el alumbrado público, la publicidad exterior y los mismos munícipes pueden desarrollar acciones sobre las aceras y sus alrededores, pero siempre bajo la coordinación de los ayuntamientos como organismos rectores del espacio público. El irrespeto al gobierno municipal, tan común en este país, según Barinas, puede poner en riesgo la seguridad ciudadana y el derecho a la libre circulación. Para denunciar la interrupción y la violación de la acera como espacio de uso colectivo, los ciudadanos pueden comunicarse con el Departamento de Defensoría del Espacio Público de su municipio. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Según Marcos Barinas “la construcción de la acera dependerá de factores como la densidad poblacional, uso de suelo, cultura pública… Una acera suburbana es muy diferente a una acera urbana, pues la acera de un pequeño poblado podría tener 1.5 metros de ancho, pero en una gran ciudad podría llegar a tener hasta 30 metros. En el momento en que la calzada necesite de dimensiones muy grandes por ser aceras en grandes centros urbanos comerciales, es necesario que una buena selección de árboles garantice sombra y una escala humana apropiada. La accesibilidad es fundamental a la hora de entender cómo se diseña una acera. Las texturas deben ser lo suficientemente lisas para que un carrito de bebé circule sin mucho esfuerzo, una mujer en tacos no tropiece o a un anciano no se le dificulte su paso. También la altura respecto a la calle no debe exceder los 15 centímetros, de manera que las rampas de discapacitados tengan la pendiente adecuada, que es algo que nuestra ciudad no cumple”.

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Hacer de Santo Domingo una ciudad amigable y un destino turístico competitivo, a nivel de otras muchas capitales latinoamericanas y del mundo, amerita algo más que un esfuerzo de mercadeo y renovación urbana de su centro histórico. La Capital Primada de América, poseedora de una gran riqueza cultural, incluyendo las más importantes primicias arquitectónicas del Nuevo Mundo, demanda un esfuerzo de calidad para mejorar servicios tan elementales como el aseo urbano, la iluminación pública, la seguridad ciudadana, la organización del tránsito y la gestión de los espacios públicos, que no parecen figurar en la agenda de prioridades de las autoridades responsables.

Una metrópolis con vertederos improvisados y desechos de construcción esparcidos por donde quiera, con calles, avenidas y elevados apagados, con un tránsito agresivamente caótico, con zanjas y excavaciones no reguladas que afectan la circulación peatonal y vehicular (ver caso de la Ciudad Colonial), con muchas plazas públicas cerradas o con escaso mantenimiento, y con una percepción de inseguridad que ha obligado a los ciudadanos a modificar sus hábitos y lugares de diversión, no es una buena oferta para el turismo en ninguna parte del mundo. Pero sobre todo, una ciudad donde no se aplican las leyes y las regulaciones que deben garantizar la convivencia armónica de sus habitantes y el ambiente adecuado para que el visitante se sienta bien tratado y con razones para volver. La crisis es de autoridad Aunque algunas autoridades plantean la conveniencia de adoptar nuevas leyes o reformar las existentes, lo cierto es que en materia de ordenamiento y legislación urbana el país está prácticamente sobregirado. El problema fundamental radica en

que los ciudadanos no conocen sus derechos y las autoridades no asumen sus deberes o por lo menos no tienen la formación o la motivación adecuada para ejercer las atribuciones propias de sus competencias.

En el caso de la Capital, veamos algunas normativas que deberían aplicarse para contrarrestar graves violaciones ordinarias que azotan la vida cotidiana de la gente. Se trata de situaciones que ocurren a la vista de todos sin que las autoridades competentes se sientan aludidas. Ley 120-99 que prohíbe y penaliza el lanzamiento de basura y escombros en las vías públicas. Prohíbe además sacar los desperdicios fuera del horario establecido por las autoridades. Esta disposición está complementada con las cláusulas consignadas en los contratos intervenidos entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las empresas recolectoras, que tienen la obligación de recoger la basura domiciliaria y comercial de acuerdo a un programa de rutas y frecuencias. Basta hacer cumplir esta estas disposiciones y el ADN lo hizo muy bien en la gestión de Johnny Ventura. Ley 675 sobre Urbanización y Ornato Público. La ciudad de Santo Domingo está saturada de escombros y desechos de construcción colocados por constructores inescrupulosos en calles y aceras y a cualquier hora del día, a pesar de que el artículo 32 de la ley 675 establece de manera taxativa que “En las calles y aceras no se permitirán fuera de las horas de trabajo materiales de construcción ni escombros procedentes de derribos en lugares que obstaculicen el libre tránsito”.

Ley 241 sobre Tránsito Terrestre. En su artículo 130 prohíbe “colocar, depositar, echar u ordenar que sean colocadas, depositadas o lanzadas a las vías públicas o a sus áreas anexas dentro de la servidumbre de paso, basuras, latas, botellas, papeles, cenizas, despojos de animales muertos, ramas o troncos de árboles o cualquiera materia análoga ofensiva a la salud o a la seguridad pública”. Prohíbe además utilizar las vías públicas y sus áreas anexas dentro de la servidumbre de paso, para el depósito o almacenaje de materiales de construcción, con excepción de aquellos que hubieren de usarse en la reparación o reconstrucción de la vía pública. Igualmente dispone que no se establecerán quioscos, casetas ni puestos de venta en las vías públicas, sus paseos y márgenes, otorgando a la autoridad responsable la facultad para declarar esas instalaciones como estorbo público. (En el 2002, siendo secretario general del ADN, el autor de este artículo dejó en el Consejo de Regidores, discutido y consensuado el Reglamento de Venta Ambulante y Economía Informal, que todavía no ha sido aprobado). Reglamento para la realización de excavaciones en las vías públicas. Basado en el decreto 61-07, este reglamento define una serie de normas técnicas y urbanísticas para racionalizar los trabajos de excavaciones que se realizan en las vías públicas y establece requisitos para la programación y construcción de esas obras.

Por ejemplo, dispone que “No se realizarán trabajos de excavación en dos calles consecutivas, en una misma cuadra, área o sector a la vez”. Establece igualmente que “Los trabajos de apertura de zanjas han de ser continuos y no deberán sobrepasar de 150 metros lineales en una misma vía en los casos de calles y avenidas, y de 300 metros lineales en los casos de carreteras y caminos vecinales. Igualmente ordena que “En la medida que san colocadas las tuberías y el relleno de reposición correspondiente, se podrás continuar los trabajos de excavación en el próximo tramo”. Como es sabido, los trabajos de remodelación que se realizan desde hace más de siete meses en la Ciudad Colonial no cumplen con esta reglamentación, ya que

actualmente se trabaja de manera simultanea en las calles Arzobispo Meriño, Isabel La Católica y Padre Billini, donde se ha reducido al mínimo la actividad comercial y han tenido que cerrar varios negocios el trastorno generado por estas intervenciones. Es probable que los responsables de esta obra hayan recibido la autorización del ADN y del Ministerio de Obras Públicas sin la exigencia de los requisitos de programación, tiempo y condiciones que se deben aplicar de acuerdo al Reglamento.

Ley 6232 sobre Planificación Urbana.Esta disposición juega un papel fundamental en la regulación del uso del suelo urbano, otorgando a los ayuntamientos la facultad determinar y aprobar el tipo de actividades que se pueden desarrollar en las comunidades de acuerdo a las características de cada demarcación. En su articulo 8 establece que para cambiar el uso de la propiedad urbana, desde la construcción de una vivienda, la instalación de un establecimiento comercial o una industria, hasta el cambio de actividad de una residencia, se requiere la aprobación previa de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento correspondiente. Esto quiere decir que ningún propietario o inquilino puede decidir por su cuenta el uso de un local o un inmueble si no cuenta con la autorización correspondiente otorgada por la Dirección de Planeamiento Urbano del cabildo correspondiente. Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta ley promulgada en el año 2000 asigna autoridad a los ayuntamientos para actuar en todos los problemas relacionados con el medio ambiente dentro de sus respectivas jurisdicciones. Faculta a los ayuntamientos a crear un organismo especializado para darle seguimiento a los diversos problemas relacionados con la conservación y regulación del medio ambiente, entre ellos los ruidos ofensivos, la contaminación visual, la contaminación atmosférica, la degradación de los ríos y el manejo adecuado de los desechos sólidos, incluyendo los tóxicos. En el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional este organismo solo aparece en el papel, ya que esta institución está totalmente ausente de los problemas ambientales que sufren cotidianamente los ciudadanos de la Capital.

Ley General de Salud.Promulgada el 8 de marzo del año 2001, la Ley General de Salud representa una herramienta importante para regular y controlar muchos problemas que afectan la calidad de vida de nuestras comunidades.En los artículos 46,47 y 48, la Ley General de Salud traza pautas sobre la problemática de los desechos sólidos, mientras que en el artículo 49 aborda el tema de la contaminación atmosférica.En los artículos 54, 55 y 56 trata sobre la higiene y la salud en materia de urbanización y construcción de edificios. En el artículo 59, la Ley General de Salud declara de especial importancia en el ámbito de la salud pública la prevención y control de los ruidos innecesarios, lo cual pone en mano de los ayuntamientos y la Policía una herramienta útil para tratar este factor de contaminación urbana, que afecta tanto la salud física y mental, como la convivencia comunitaria. Ley No. 287-04 sobre prevención, supresión y limitaciones de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. En su artículo 2 establece lo siguiente: Está prohibida dentro del ámbito de las zonas urbanas de la República Dominicana, y por tanto susceptible de suspensión y de indemnización por daño, la producción de ruidos nocivos o molestos, cualesquiera fueran su origen y el lugar en que se produzcan. Normas ambientales para la protección contra ruido (Ministerio de Medio Ambiente)Estas Normas aprobadas en junio del 3003, establece los niveles máximos de ruido permitidos y los requisitos generales para la protección contra elruido ambiental producido por fuentes fijas y móviles, que han de regir en todo el país , así como los términos y definiciones de referencia.

En las disposiciones generales y finales, numeral 5.1 prohíbe la emisión de ruidos en un nivel que exceda en diez por ciento los valores limites previamente establecidos en la Norma; y el 5.2 dispone que las plantas eléctricas de emergencia cuya operación normal exceda los limites establecidos por la Norma en cuanto a contaminación sonora, por áreas, deberán contar con equipos silenciadores. En el punto 5.3 precisa que la operación de equipos de construcción, demolición y reparación de obras publicas y privadas, deberá cumplir estrictamente con los valores establecidos en esta Norma por zonas, de lunes a sábado durante el horario 7 p.m. a 7 a.m. Para su funcionamiento en horario nocturno, así como los domingos y días feriados deberán solicitar una autorización de esta Secretaria. Sin embargo, son frecuentes las quejas y denuncias por este tipo de violaciones y no se conoce la existencia de ningún mecanismo institucional, ni del Ministerio de Medio Ambiente ni del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que de acuerdo a la ley 64-00 tiene la obligación de actuar en el ámbito de su jurisdicción. La Policía es la única institución que actúa ocasionalmente en estos casos a solicitud de los ciudadanos. Ley Institucional de la Policía Nacional (96-04).El artículo 2 de esta Ley le atribuye a la Policía Nacional la responsabilidad de “proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden público y social y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones con la colaboración y participación interactiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas, a fin de contribuir a la paz social y el desarrollo económico sostenido del país.El artículo 25 consagra la responsabilidad de la Policía de “vigilar y proteger los edificios, instalaciones públicas y parques, así como aquellos centros o establecimientos que por sus interés lo requieran”. También la encarga de “velar

conjuntamente con los organismos expresamente establecidos a esos fines, por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales”. Queda claro, pues, que existen las leyes y normativas específicas que regulan, prohíben o penalizan todas las violaciones que afectan la calidad de nuestros principales centros urbanos, donde el desorden y la anarquía se han convertido en el pan nuestro de cada día. Corresponde a las autoridades asumir el rol que les asigna las leyes, y a los ciudadanos el deber cívico de exigir su efectivo cumplimiento.

La Dirección de Planeamiento Urbano, tiene una de las tareas más delicadas del gobierno de la ciudad: El ordenamiento y control del territorio del Distrito Nacional. La planificación urbana es sin dudas una de las funciones de la Alcaldía, de mayor relevancia y distintivas de todo ayuntamiento, lo que cobra mayor importancia en el Distrito Nacional, actual dada su naturaleza de centro urbano que tiende hacia la densificación del territorio. Por las razones anteriores, la Dirección de Planeamiento Urbano se encuentra establecida por la Ley 675 sobre Urbanizaciones y Ornato, la Ley 6232, que establece el proceso de Planificación Urbana en ciudades con más de 50 mil habitantes y en la propia Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Igualmente, la Resolución del Concejo de Regidores No. 9-A/85, se ratifica el rol de la referida Dirección.

Café Urbano

Las aceras: espacios públicos 21/11/2012 12:00 AM

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Las aceras son los espacios públicos reservados para la movilidad urbana de los ciudadanos, en todos los municipios. Su construcción, mantenimiento y preservación es competencia de los ayuntamientos, según establece el artículo 19, literal g, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los

Municipios, que los manda a construir y conservar aceras, contenes y caminos vecinales. La construcción de esos espacios públicos se rige por normas establecidas por los cabildos. En la mayoría de los casos, las aceras en las calles internas de los sectores deben medir un metro 50; en las calles secundarias dos metros y en avenidas tres metros 50 en adelante. Las medidas toman en cuenta el ancho de la infraestructura, por lo que a mayor ancho de la vía, mayor ancho de la acera. El cumplimiento de esas medidas es responsabilidad del departamento de Planeamiento Urbano. Defensoría del Espacio Público El buen uso de esas áreas establece que no pueden ser obstaculizadas con basura o por vendedores ambulantes, porque imposibilitan la libre movilidad de los ciudadanos. El cuidado de esas reglas está a cargo de la dirección de Defensoría del Espacio Público de los cabildos, que podría aplicar sanciones, de orden administrativo a los violadores de esas normas. Aunque existan las reglas, en muchas calles y avenidas del Gran Santo Domingo y algunos pueblos del interior, como San Cristóbal y Santiago, es muy común ver como vendedores se adueñan de las aceras, obligando al peatón a arriesgar su vida caminando por las calles y avenidas. Violaciones En el caso del Distrito Nacional, esas violaciones están institucionalizadas en zonas donde el cabildo cobra arbitrios diarios a los vendedores apostados en ellas y peor aún, el pasado 18 de octubre el Consejo de Regiones aprobó la resolución 09-2012, que manda a “organizar” a los vendedores en las calles y aceras para cobrarles impuestos. - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2012/11/21/las-aceras-espaciospublicos#sthash.IeNTZEak.dpuf

'No pensaron la ciudad para personas con discapacidad' En la ciudad hay más de 200.000 personas en situación de discapacidad. Adoquines de las aceras en mal estado, falta de continuidad en las rampas y pendientes para discapacitados, edificios públicos y privados con deficiencia en el diseño de escaleras, parqueaderos, rampas y ascensores. Falta de cultura ciudadana en los parqueaderos y buses del metroplús. Esta lista es todavía más amplia. Según Juan Camilo Restrepo, líder social y analista de proyectos para personas con discapacidad, tanto las empresas privadas como las entidades públicas no cumplen con los requisitos que exige la ley para personas con movilidad reducida. Él ha vivido este tipo de problemáticas desde hace 22 años, cuando sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Por eso, aseguró que aunque la Alcaldía de Medellín está tratando de construir de manera accesible, los errores en el diseño y la arquitectura son “garrafales” y van en desacuerdo con las leyes nacionales y las reglas del diseño. “Los constructores están inventando en materia de accesibilidad. Están haciendo aceras con adoquines no apropiados, que provocan accidentes para personas en silla de ruedas.

Las rampas están quedando con un nivel alto al final y al principio de estas y están atropellando las aceras con señales de tránsito y esto causa problemas a los invidentes”, dijo Restrepo. Según Adriana Suárez, directora de la Unidad de Discapacidad, la Alcaldía tiene como objetivo promover que los entes públicos y privados pongan en marcha las políticas de discapacidad y en especial, aquellas relacionadas con la arquitectura y diseño de las edificaciones en la ciudad. “Hemos hecho talleres para sensibilizar a diferentes grupos y secretarías, además lo hacemos con privados. Con la EDU estuvimos trabajando el tema del Parque del Río. Sabemos que falta y los que tienen críticas tienen toda la razón, porque se han hecho construcciones que no guardan la reglamentación correspondiente. Nosotros hacemos el acompañamiento, pero el diseño está a cargo de otros entes”, agregó la funcionaria. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos –aseguró Restrepo– todavía no se tiene en cuenta el tema de accesibilidad. “Por ejemplo, en Patio Bonito, donde hicieron una calzada nueva, la obra quedó mal, las aceras están a 10 centímetros de nivel, lo que no permite que una silla de ruedas baje por ella. Para mi esas son trampas para nosotros”, añadió. Agregó que aunque ha sido invitado a varias universidades para hablar acerca del tema, es consciente de que estas (universidades) tampoco cumplen con las normas. Aseguró que en la Universidad San Buenaventura de Medellín existen escaleras después de los ascensores, lo que es ilógico y muy peligroso para aquellas personas que utilizan sillas de ruedas. “Accesibilidad no es diseño solo para las personas con discapacidad, sino también para los mayores de edad y las embarazadas. Las personas que construyen nuestra ciudad no saben qué tipo de discapacidad hay, ese es uno de los mayores problemas, hace falta una asesoría especializada”, concluyó.