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CAPÍTULO 11 Ecuador Rafael Correa y la Revolución Ciudadana CATHERINE M.CONAGHAN (traducción Carlos Haynes) Cuando Ecuad

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CAPÍTULO 11 Ecuador Rafael Correa y la Revolución Ciudadana CATHERINE M.CONAGHAN (traducción Carlos Haynes) Cuando Ecuador se preparaba para la inauguración de la presidencia en Enero de 2006, los signos del giro a la izquierda en Ecuador eran inconfundibles. El día en que Rafael Correa juró como presidente, viajó a la ciudad provincial de Zumbahua. Flanqueado por Hugo Chávez y Evo Morales, Correa portaba un colorido poncho para un ritual de bendición realizado por ancianos indígenas. La festividad era la ocasión para los discursos. Invocando a Simón Bolívar y a Ernesto Che Guevara, Correa celebró su elección a finales del 2006: “Lo que sucedió el 26 de Noviembre no fue sólo otra elección, fue un verdadero cambio histórico, una nueva historia ha comenzado, esa nueva patria ha comenzado”. Las palabras se convirtieron rápidamente en hechos. Pocas horas después de la inauguración, Correa firmó un controvertido decreto legislativo que ordenaba una votación nacional para una Asamblea Constituyente que redactara una nueva constitución. Sin inmutarse frente a la oposición, Correa actuó con rapidez vertiginosa para avanzar en su prometida Revolución Ciudadana. Nuevos gastos sociales fueron de la mano de este ambicioso plan para una completa reestructuración constitucional. Esta combinación de estilo provocativo y contenido real produjo resultados dramáticos. En su primer mandato como presidente, Correa neutralizó a los oponentes políticos, hizo pasar por irrelevantes las instituciones políticas existentes, dio comienzo a un nuevo orden institucional y se atrincheró así mismo como el incuestionado líder de la más importante fuerza política de Ecuador. Así se hizo con un amplio apoyo público, reflejado en las encuestas y en los votos. El giro a la izquierda bajo el liderazgo de Rafael Correa era, en cierto modo,

poco

introducción,

probable. las

Como

condiciones

Levitsky

y

Roberts

estructurales

de

establecen América

en

Latina

su –

especialmente la persistencia de la desigualdad y la pobreza- crearon las

condiciones propicias para la agenda redistributiva de la izquierda. Pero, como

nuestros

editores

también

observan,

las

mismas

condiciones

estructurales pueden ser el campo de cultivo para líderes carismáticos y sus proyectos populistas de “arriba hacia abajo”; los líderes movilizan a los pobres para las elecciones, pero las promesas suelen ser luego olvidadas. En efecto, la historia de Ecuador es un caso de estudio en las decepciones del populismo. Los populismos conservadores frecuentemente eclipsaron a la izquierda organizada gracias a fuertes personalidades que incluyen al cinco veces presidente Jose María Velasco Ibarra, al flamante Abdalá Bucaram, y al hombre de negocios convertido en jefe político León Febres Cordero. Elegido presidente en 2002 e inicialmente identificado como un líder izquierdista, Lucio Gutiérrez siguió esta secuencia típica y se metamorfoseó en un neopopulista conservador. Cuando el político desconocido Rafael Correa presentó su candidatura presidencial en 2006, las perspectivas para un triunfo de la izquierda en Ecuador eran inciertas. El entorno político Latino Americano era complejo. Chávez y Morales tenían contrapartes conservadoras en sus países vecinos. El aliado de Chávez en Perú, Ollanta Humala (ver capítulo 16), fue derrotado por Alan García, que aparecía como un más viejo y sabio estadista. En Colombia, los votantes ratificaron abrumadoramente a la administración conservadora de Álvaro Uribe, otorgándole una fácil reelección en 2006. ¿Cómo se hizo entonces Correa con su camino a la presidencia y cuáles eran los contornos políticos de la Revolución Ciudadana? A diferencia de las elecciones celebradas en Brasil, Chile y Uruguay, la victoria de Correa no fue producto de una lenta y constante marcha hacia el poder desde partidos de izquierda institucionalizados. Tampoco la experiencia de Ecuador podía compararse a las luchas sociales y la organización política boliviana con un movimiento de izquierda que elevó al poder a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS). Correa, como Hugo Chávez, tomó un camino imprevisto a la presidencia, combinando ideas de izquierda y reclamos

populistas

con

un

vehículo

organizativo

creado

expresamente con el objetivo de lanzar a su candidato. Como Chávez, el rápido ascenso de Correo tuvo lugar en el vacío político generado por el desmoronamiento del sistema de partidos.

No obstante, mientras que el colapso del sistema de partidos y los males económicos han abierto ciertamente las oportunidades para un candidato de izquierdas, tales factores por sí solos no ofrecen una adecuada explicación del porqué y cómo un desconocido economista llegó a convertirse en el abanderado del giro a la izquierda en Ecuador. Ninguno de esos factores estructurales subyacentes garantizaba que las promesas de izquierda de Correa pudieran convertirse en sustanciales políticas públicas, como demostró claramente la anterior administración de Lucio Gutiérrez. Al igual que la impresionante carrera de Hugo Chávez sirve como un dramático recordatorio de las cuestiones de liderazgo, el triunfo “desde abajo” de Correa en 2006 y sus siguientes victorias electorales como presidente, demandan que nos tomemos en serio la “agencia” a la hora de reconstruir la historia del giro a la izquierda en América Latina: nuestra narrativa estará lamentablemente

incompleta

sin

una

atención

a

cómo

los

líderes

conceptualizan sus proyectos, calculan las particulares oportunidades abiertas por condiciones estructurales y toman decisiones críticas en el curso de sus gobiernos. Como argumentaremos, la victoria electoral de Correa en las presidenciales de 2006 no fue un hecho predeterminado por variables estructurales. La victoria fue, en gran parte, la manifestación de una simple realidad corroborada por un creciente corpus de estudios en ciencia política con el siguiente objeto: la cuestión de las campañas electorales. Al competir en un concurrido campo de aspirantes presidenciales que incluía a otros líderes populistas o de izquierdas, Correa organizó una efectiva estrategia de comunicación y una hábil organización de la campaña. En su recorrido, Correa parecía canalizar el pasado y el presente de Ecuador en sus duelos personales. De un lado, se presentó con el inflamado y tradicional discurso populista anti-oligarquía que recordaba a Velasco Ibarra y Bucaram. De otro lado, era el indiscutido candidato de la modernidad: el nuevo chico moderno de YouTube y el ultra-tecnócrata de las presentaciones de Power-Point. El análisis de la articulación de la campaña de Correa en 2006, de sus discursos y estrategias subyacentes, no es sólo relevante para comprender por qué venció en la liza electoral sino también para entender cómo gobierna y cómo legitima sus políticas. Correa, como presidente, se

apoyaría con fuerza en las líneas maestras de su campaña de 2006 para vencer en una serie de referéndums y elecciones; estas victorias en las urnas asentaron las bases políticas y jurídicas de su proyecto transformador. Antes de indagar en cómo se configura la gobernanza y las políticas públicas de la Revolución Ciudadana, comenzaremos analizando cómo y porqué Correa pudo imponerse sobre un electorado desmoralizado. La década de la desafección, 1996-2006 Retrospectivamente, las elecciones generales de Ecuador en 2006 estaban claramente inmersas en una coyuntura crítica. Era el punto final de una larga década marcada por la corrupción crónica, los males económicos y las protestas

populares

presidenciales



el

que

habían

síndrome

desencadenado de

las

forzadas

“presidencias

dimisiones

interrumpidas”

(Valenzuela, 2004). La indignación popular no se dirigía únicamente a los presidentes.

Los

ecuatorianos

también

despreciaban

los

mezquinos

enfrentamientos partidistas y la corrupción inserta en el Congreso y la judicatura. El país se desenvolvía, tambaleante, entre un escándalo y otro, y luchaba con una profunda crisis económica desatada en 1999, situación que sumió al gobierno en una profunda crisis de legitimidad. En tres sucesivas encuestas sobre la democracia llevadas a cabo en 2001, 2004 y 2006, los ecuatorianos expresaron niveles extremadamente bajos de confianza en los “núcleos centrales” del sistema político- el gobierno central, el Congreso y los partidos políticos (Seligson 2006, 67-69). La desafección política era comprensible: los ecuatorianos eran espectadores de vertiginosas escenas de incompetencia y criminalidad en todas las ramas del gobierno. El ciclo comenzó con el vuelo del Vicepresidente Alberto Dahik, que escapó del país en 1966 para evitar la imputación por cargos de corrupción. La indignación popular frente a las acusaciones de corrupción alcanzó su punto álgido durante la siguiente presidencia de Abdalá Bucaram (1996-97). Bucaram colocó a miembros de su familia y adláteres en los más altos puestos laborales. El comportamiento personal de Bucaram añadía leña al fuego- sobre todo por el lanzamiento de su estrambótica carrera como cantante y por su manera soez de hablar. La indignación popular hacia Bucaram dio nacimiento a un nuevo modo de hacer política, el pueblazo: manifestaciones masivas en la ciudad de Quito organizadas en torno a la petición de renuncia del presidente (Pallares

2006). Con los militares en sus puestos, miles de manifestantes forzaron a Bucaram a huir del palacio presidencial. El Congreso aportó la justificación legal a este cambio de gobierno bajo el paraguas de la “incapacidad mental”. La salida de Bucaram no acabó con la corrupción. Al acceder al gobierno en 1998, el presidente Jamil Mahuad prometió afrontar el problema. Pero como sus sucesores, Mahuad acabó su presidencia acuciado por cargos de corrupción. Mientras Ecuador sufría la peor crisis económica en su historia, Mahuad fue acusado de rescatar a los banqueros que habían financiado su campaña. Su presidencia tocó a su fin con otro pueblazo en Enero del 2000; los manifestantes pertenecían a la más importante organización Nacionalidades

indígena

ecuatoriana,

Indígenas

del

la

Ecuador),

CONAIE unidos

(Confederación a

oficiales

de

militares

disidentes liderados por el coronel Lucio Gutiérrez. Irrumpieron en el Congreso y el palacio presidencial. Los instigadores del golpe fallaron en su intento de crear un nuevo gobierno, pero Mahuad fue forzado a dimitir. Lucio Gutiérrez, el coronel y antiguo conspirador del golpe, fue elegido como presidente en el 2002, y llegaría a convertirse en el tercer jefe del ejecutivo que caerá víctima de la política de las calles. Para encarar una fuerte oposición en el Congreso y ante un posible impeachment, Gutiérrez estableció un controvertido acuerdo con los legisladores pro-Bucaram para bloquear el Tribunal Supremo con nuevos nombramientos, movimiento que logró que las acusaciones criminales contra Bucaram se paralizaran, permitiendo la vuelta de éste de su exilio en Panamá. De nuevo, los manifestantes prevalecieron. Declarándose orgullosamente

como “los

forajidos”, miles de manifestantes tomaron las calles reclamando la dimisión de Gutiérrez1. Tras la huida del presidente del Palacio, el Congreso declaró “vacante” la presidencia y juró al vice-presidente Alfredo Palacio. La corrupción no era el único problema que indignaba a los ecuatorianos. La gestión de la economía era un mayor dedo en la llaga. Comparado con otros países de la región, Ecuador era un “reformador de poca intensidad” en lo que respectaba a la implementación de las políticas del Consenso de Washington (Corrales, 2003, 90-91). Sin embargo, los intentos periódicos de 1 Los manifestantes tomaron para sí mismos el término forajidos después de que Gutiérrez lo utilizara para calificar despectivamente a sus enemigos.

llevar a cabo reformas neoliberales jugaron un importante rol a la hora de avivar la oposición a los presidentes. El mayor trauma fue causado por la administración de Mahuad. Cuando anunció sus planes para adoptar el dólar americano como moneda de curso nacional en Ecuador en enero de 2000, fue la gota que colmó el vaso, encadenándose las protestas que le llevaron a dejar el gobierno. En menos de un año, Mahuad llevó a cabo medidas altamente impopulares para preservar al sector bancario del colapso, incluyendo la congelación de los depósitos. Desde el punto de vista del ciudadano normal, las medidas de Mahuad aparecían como un generoso rescate a los depredadores financieros. Mientras que el pueblazo de 2005 se produjo principalmente por la indignación frente a las medidas del Tribunal Supremo y a Bucaram, la caída en picado de la popularidad de Guitiérrez fue en cambio posible por su inesperado adhesión al neoliberalismo y las sempiternas acusaciones de corrupción. Después de aliarse con la CONAIE y el partido indígena Pachakutik para ganar las presidenciales del 2002, Gutiérrez se separó de sus soportes de izquierda en política económica, virando hacia una incómoda alianza con el derechista Partido Social Cristiano (PSC). Como Bucaram, el gobierno de Gutiérrez estuvo marcado por acusaciones de nepotismo y denuncias del uso de la administración pública como base para construir una red clientelar para su partido, el Partido Social Patriótico (PSP).

Reunidos en Quito contra Gutiérrez en abril de 2005, los

manifestantes marcharon con rollos de papel higiénico para mostrar su disgusto con la “política sucia” y cantaron “¡Que se vayan todos!” (Ramírez Gallegos, 2005). El vicepresidente Alfredo Palacio, convertido en presidente, se mostró ansioso por aliarse con los indignados forajidos de Quito, y rápidamente encabezó la lucha por la reforma constitucional. Los intentos de sofocar las crisis políticas a través de una reforma constitucional tienen una dilatada historia en Ecuador. Desde 1830 a 2005, Ecuador ha sido regida bajo 19 diferentes constituciones, muchas de ellas redactadas por Asambleas Constituyentes. Tras la caída de Bucaram en el 97, las presiones populares para

renovar

el

campo

gubernamental

generaron

una

asamblea

constituyente y una nueva Constitución en 1998. Sin embargo, la Constitución del 98 demostró ser una decepción, especialmente para

quienes estaban en la izquierda. A pesar de que la CONAIE y Pachakutik tuvieron éxito al conseguir nuevos derechos para la población indígena, que se incluyeron en la nueva Constitución, el nuevo texto mostró corta mira en la inclusión de las demandas de la izquierda en torno a una profunda reforma económica, gracias a la mayoría de centro-derecha que controló la Asamblea (Andolina, 2003). Los forajidos reclamaron una purga a gran escala de todo el sistema político establecido, pero la sucesión constitucional y el balance de poder entre los partidos en el seno del Congreso mantuvieron las estructuras intactas. Los esfuerzos de Alfredo Palacio por llevar a cabo una reforma constitucional no llegaron a ningún lugar en el contexto de unos partidos y líderes políticos que centraron su atención en las inminentes elecciones. El Candidato Correa: el Mensaje. El derrocamiento de Gutiérrez preparó el escenario para el rápido ascenso de Correa en la política del país. Nacido en el seno de una modesta familia guayaquileña, Correa obtuvo becas para estudiar en Bélgica y los Estados Unidos. Después de obtener su doctorado en económicas en la Universidad de Champaign-Urbana en Illinois, Correa volvió a casa. Trabajó como académico y consultor y se puso a la cabeza de su departamento en la Universidad San Francisco de Quito. En los círculos académicos, Correa se dio a conocer como un inflexible crítico con el neoliberalismo, expresando sus puntos de vista en la radio. Sin filiación política a ningún partido, el fuertemente católico-romano Correa identificó su ideología como inclinada hacia un “humanismo cristiano de izquierdas” y un forajido anti-Gutiérrez. A pesar de no poseer experiencia previa de gobierno, Correa fue nombrado por el presidente Palacio como nuevo ministro de economía en abril del 2005. La presencia de Correa como titular del ministerio no duró más de 100 días, pero fue crucial para lanzar su carrera política. El joven ministro, locuaz y fotogénico, captó la atención de los titulares con sus duras posturas frente al FMI y con su oposición al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. En su último día como ministro en Agosto de 2005, sus partidarios se reunieron para recibirle con los gritos de “¡Correa, presidente!”.

¿Cuál era el mensaje principal de Correa en la campaña de 2006? Expresado con una retórica ardiente, el mensaje se focalizó en dos temas generales e interrelacionados: (1) la degeneración de las instituciones del Estado y la bancarrota moral de la clase política y (2) la desintegración de la nación/patria como resultado de las políticas económicas impuestas por la élite que sacrificaban los intereses de la población en favor de las ganancias privadas. En el imaginario de Correa, Ecuador era un país “secuestrado”, una nación convertida en rehén de las élites político-económicas que tenían un comportamiento amoral, cuando no, en muchas ocasiones, criminal. En la interpretación de Correa de la historia reciente, el Estado era un edificio de dominación contralado por los partidos tradicionales, la partidocracia. Estos partidos eran responsables de la degradación de las instituciones de gobierno, viéndose así despojados de cualquier legitimidad. Además arremetía contra las organizaciones “corporativistas” del Estado que cedían influencia a grupos de intereses (empresas, sindicatos y otras organizaciones)

en

las

instituciones

reguladoras

y

las

agencias

gubernamentales. La crítica de Correa aunaba política, economía y sociología de una sociedad sujeta a rápidos cambios. Ninguna de sus ideas era en realidad novedosa, tomaba parte y parcelas del discurso anti-establishment de dilatada experiencia en la izquierda. Como economista, Correa escribió sobre los males del neoliberalismo, argumentando que las políticas que desregulaban el ámbito laboral y financiero dañaban la productividad y fallaban a la hora de producir un sustancioso crecimiento económico (2002). Como candidato, Correa arremetió contra todo aquello que evocara una continuación de la historia de dependencia económica del Ecuador y la subordinación a los extranjeros. Puso en la picota a las élites políticas y los tecnócratas por aceptar la “pseudo-economía” del Consenso de Washington y defendió la idea de mandar al “cubo de basura de la historia” el tratado de libre comercio con EEUU. En la letanía de políticas económicas erróneas denunciada por Correa, las decisiones del presidente Mahuad eran consideradas especialmente destructivas y responsables de forzar al menos a 2 millones de ecuatorianos a buscar empleo fuera del país. La diáspora económica se convirtió en uno de los temas centrales de su campaña. Apoyándose en la experiencia de su familia separada, Correa habló

conmovido sobre la difícil situación de los emigrantes ecuatorianos en tierras extranjeras. La retórica de Correa estaba impregnada recurrentemente de la melancólica cuestión de la pérdida: el país perdió soberanía, símbolos nacionales, dignidad y los millones de ecuatorianos lejos de casa. Correa cargó la responsabilidad de estas humillantes pérdidas directamente sobre los hombros de las élites del país. Acusó al sistema político y económico establecido de mafiosos, pelucones (peces gordos reaccionarios) y lobos. Junto a estas denuncias, Correa ofreció a los votantes alentadoras promesas de regeneración y recuperación. El patriotismo fue un elemento clave en este potente conjunto de ideas. Tomando una frase del intelectual Benjamín Carrión, Correa acuñó un eslogan que apelaba a una mezcla de tristeza y esperanza: La Patria Vuelve. La palabra patria se convirtió en sinónimo de la campaña de Correa. Ella misma figura en el nombre de la organización política de Correa Movimiento PAIS (Patria Altiva y Soberana). Insistiendo en su propia superioridad moral frente a sus contrincantes, Correa frecuentemente se refiere a su movimiento como de “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria”. Proponiendo una radical ruptura con la política al uso, Correa tomó dos importantes decisiones que dieron forma a su campaña y a su presidencia. En primer lugar, se comprometió a hacer todo lo posible, pasando por encima de los obstáculos legales, para convocar una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución. La Constitución sería el trampolín para construir un Estado completamente nuevo. En segundo lugar, después de fracasar en la creación de una alianza con los partidos de la izquierda tradicional, Correa decidió afrontar la carrera presidencial

sin

presentar

una

lista

de

sus

propios

candidatos

presidenciales2. Esta decisión garantizó que pudiera llegar a ser presidente sin una mayoría progubernamental en el Congreso y ello le mostró inmediatamente el riesgo de un enfrentamiento con el Congreso y quizás 2 Sólo un partido de izquierdas, el Partido Socialista-Frente Amplio, se unió a Correa en la primera vuelta; la organización presentó su propia lista de candidatos al congreso y acabó decepcionada por la falta de apoyo de Correa a la hora de promoverlos.

incluso

de

un

impeachment.

Fue

una

jugada

audaz;

identificó

inmediatamente a Correa con el electoral con un estado de ánimo antipolítico y ató el destino de su presidencia con el empuje hacia una asamblea constituyente. Tomando el orden establecido Inexperto en la política electoral, Rafael Correa se rodeó de un ecléctico pero decididamente izquierdista círculo de asesores. El grupo incluyó a Ricardo Patiño, economista guayaquileño y antiguo activista del partido socialista. Fue también fundador de Jubileo 2000, una ONG de inspiración católico-romana que desafió el pensamiento convencional acerca del pago de la deuda externa. Alberto Acosta, un académico y portavoz de izquierda, conocido por sus columnas en el diario Hoy, junto a Gustavo Larrea, un activista por los derechos humanos y antiguo ministro en el gobierno de Abdalá Bucaram. Fander Falconi, un joven economista formado en Europa, sería otra de las figuras clave. La idea de la candidatura de Correa fue tomada, según se ha dicho, durante una reunión de asesores en casa de Acosta. A diferencia de Evo Morales y el MAS, cuya carrera política se inició en la lucha de base frente a la política de erradicación de la coca, el proyecto de Correa eclosionó en las cabezas de un pequeño grupo de intelectuales, tecnócratas y agentes políticos. Los líderes de PAIS pusieron la mirada en tratar de unir a los dispares grupos de la izquierda, incluyendo las fuerzas involucradas en el movimiento de los forajidos de Abril de 2005. A mediados de 2006, PAIS se declaró asimismo como una “alianza”, que contaba con más de 100 afiliados que incluían pequeños movimientos políticos de profesionales “independientes” y organizaciones de la sociedad civil3. Aunque Correa tuvo éxito en atraerse el apoyo de muchos de los pequeños grupos, el horizonte de construir un amplio frente de izquierdas se desvaneció rápidamente cuando los partidos tradicionales de izquierda y los sindicatos dieron marcha atrás. El más reciente y exitoso partidos de izquierda en Ecuador, el partido indígena Pachakutik, declinó unirse al proyecto. Tambaleándose aún tras la desastrosa alianza con Lucio Gutiérrez en 2002, el Pachakutik fue cauteloso a la hora de establecer otra alianza con 3 “una amalgama de movimientos apoya la candidatura presidencial de Correa”, Hoy, 17 mayo, 2006.

otro candidato outsider. Después de varios enfrentamientos internos por la cuestión del apoyo a Correa, el Pachakutik forjó y lanzó su propia y primera candidatura presidencial, en la figura de Luis Macas, uno de los líderes fundadores de la CONAIE. En el momento del lanzamiento oficial de la campaña en agosto de 2006, Correa se enfrentaba a un nutrido grupo de competidores. Trece candidatos presidenciales eran candidatos en la primera vuelta electoral de las presidenciales en Octubre, las elecciones más concurridas en candidatos desde la reinstauración de la democracia en Ecuador en 1979. Como estipulaba la ley electoral ecuatoriana, un candidato podía vencer en la primera vuelta de las elecciones a través de dos vías: (1) ganando el 50% más 1 de los votos válidos o (2) ganando el 40% con un margen del 10 puntos sobre el candidato en segunda plaza. Desde 1979 ningún aspirante a la presidencia había ganado en la primera vuelta. El veterano líder de centro-izquierda León Roldós iba por delante en todas las encuestas, respaldado por su organización RED (Red Ética y Democrática), y el partido social-demócrata ID (Izquierda Democrática). Roldós había competido por la presidencia en 2002 por el Partido Socialista (PS) y era conocido entre los votantes por ser el hermano del fallecido presidente Jaime Roldós. A la derecha, el debilitado y dividido PSC optó por presenta a la carrera electoral a la única candidata femenina, la antigua congresista y personalidad televisiva Cynthia Viteri. Fiel a su estilo, las fuerzas populistas eran el comodín en las elecciones. El una vez poderoso Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) era una sombra de lo que fue antiguamente; Abdalá Bucaram permaneció una vez más en su exilio panameño. El antiguo presidente Lucio Gutiérrez, excluido de las urnas por el tribunal electoral, negoció con el multimillonario Álvaro Noboa la posibilidad de una sorprendente alianza entre su PSP y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Noboa. Pero las negociaciones se derrumbaron, dejando a Gilmar Gutiérrez, el hermano del presidente destituido, como abanderado de la candidatura presidencial del PSP. Mientras, Noboa lanzó su por tercera vez consecutiva candidatura a la presidencia. Con ilimitados fondos a su disposición, Noboa era un serio competidor.

Los ecuatorianos conocían por experiencia que los resultados de la primera ronda estaban lejos de ser predecibles. Dada la dispersión del voto de muchos de los candidatos, un pequeño margen podía marcar la diferencia entre perdedores y ganadores. Sin embargo, los votantes ecuatorianos estaba entre los más volátiles de América Latina, dispuestos a cambiar de preferencias de una elección a la otra (Mainwaring, 2006; Pachano, 2007, 141). Desde finales de los 90, los partidos representantes del centro-derecha y la izquierda habían ido perdiendo en favor de nuevos candidatos populistas como Noboa y Gutiérrez. Con los partidos tradicionales en decadencia y las fuerzas populistas divididas, Correa tuvo razones para creer que todo era posible. Audazmente, propuso que los votantes le tenían que dar la presidencia en la primera vuelta, “una sola vuelta” –una exhortación que fue acompañada de música (con la melodía de la canción “We´re Not Gonna Take It” de los Twisted Sister), tocada constantemente en cada mitin de Correa. Primera vuelta: el marketing de Correa A finales de agosto del 2006 las encuestas de opinión pública reflejaban que la cuestión electoral no estaba decidida. La mayoría de tales encuestan situaban a Roldós como el líder más valorado, con apoyos del 22 o 26%, mientras que el segundo puesto quedaba en disputa. Después de languidecer durante la mayoría del 2006 con unos niveles de intención de voto muy bajos, Correa logró alcanzar, entre los adolescentes, un porcentaje de intención de voto similar e incluso ligeramente superior a los reflejados para Noboa y Viteri. Pero los votantes indecisos complicaban todos los cálculos. Un alto número de encuestas situaba a éstos en la escalofriante cifra del 65%. Al ser la primera vez que Correa se presentaba como candidato presidencial, y a pesar de su pequeño período como Ministro de Economía, Correa continuaba siendo aun relativamente desconocido. A mediados del 2006, las encuestas internas organizadas en la campaña demostraban que al menos la mitad de los entrevistados nunca habían oído hablar de él. La tarea de convertir el nombre Correa en familiar recayó sobre el gurú de los medios de comunicación Vinicio Alvarado, un experimentado publicista que tomó las riendas de la dirección de campaña.

Alvarado orientó su campaña con una agresiva estratégica mediática dirigida a presentar a Correa como el más destacado candidato antiestablishment. Los anuncios de televisión de Correa fueron audaces e ingeniosos.

Uno

de

ellos

parodiaba

el

sistema

político

tradicional,

representando a un par de congresistas como un payaso y un personaje de comic, concluyendo con un simple mensaje que atravesaba la pantalla con el mensaje “Ya basta”. El lema “Ya basta” se convirtió en el tema recurrente de los spots publicitarios junto a una animación que representaba un cinturón que daba un latigazo jugando con el doble sentido de la palabra “correa”. Alvarado vislumbró la potencialidad de la palabra correa/Correa al inicio de la campaña, transformando la idea bajo el eslogan “Dale Correa”. Blandiendo un cinturón en los mítines electorales, Correa prometía azotar a la corrupta élite del país. La efectiva campaña televisiva de Alvarado fue acompañada con un uso sistemático de la radio e internet. Al timón de la estrategia publicitaria radiofónica estuvo Emilio Espinoza, un veterano productor de radio guayaquileño que había trabajado previamente con Abdalá Bucaram. En concordancia con Espinoza, Correa fue agudamente consciente del poderoso impacto de la radio, especialmente en las provincias. Añadido a los anuncios radiofónicos, la campaña organizó una gran red de estaciones de radio locales de apoyo a Correa. Al mismo tiempo, fue pionera en el uso de internet; con una página web, rica en colorido y contenido, ofreciendo descargas de los videos y las campañas más populares. Como candidato, Correa aportó estratégicamente toda una serie de materias primas fundamentales para una campaña orientada a llamar la atención: joven, apuesto e infatigable. Siguiendo una tradición de las elecciones ecuatorianas, atravesó el país en una caravana. Sin el peso de tener que cargar con hacer campaña para candidatos al congreso, Correa se convirtió en la estrella singular de este espectáculo de carretera. En los mítines aparecía como una estrella de rock. Con chaqueta y pantalones vaqueros cuidadosamente seleccionados por su asistente de vestuario, Correa tocaba la guitarra y doblaba canciones de músicos que adoraban los jóvenes que le apoyaban rodeándole en el escenario: había nacido un fenómeno.

Segunda vuelta: populismo revisado Aunque las encuestas mostraban ahora un incremento del 38% en el apoyo a Correa, la primera fase de la campaña arrojó resultados decepcionantes. Después de todo el alboroto organizado en torno a la idea de vencer en la “primera vuelta”, la campaña de Correa se encontraba en una embarazosa posición, pues sólo había conseguido una segunda posición tras Álvaro Noboa. Noboa había acumulado un 26,83% del voto frente al 22,84% de Correa. El primer puesto de Noboa era garantizado por los votantes de las fuertemente pobladas provincias costeras de Guayas, Esmeraldas y Manabí, junto con el norte de la provincia de Carchi. Eran las mismas regiones donde le había ido bien en las elecciones de 2002. Además de esta victoria personal de Noboa, estaba la sólida representación de la lista de candidatos al Congreso de su partido, el PRIAN. Con 28 asientos, el PRIAN podía representar la bancada más numerosa en el nuevo Congreso. Perdida la costa en favor de Noboa, Correa fue derrotado en las otras 12 provincias por Gilmar Gutiérrez, candidato del PSP y hermano del depuesto presidente. Gutiérrez alcanzó el tercer lugar con el 17,42% del voto. Resultó la lista más votada en las 6 provincias menos pobladas del oriente amazónico, y también cosechó victorias en las otras seis provincias. El PSP también funcionó bien en la carrera al Congreso, ganando 23 asientos. Los restantes contendientes presidenciales fueron superados; Roldós ganó sólo 15% del voto mientras que el Pachakutik de Luis Macas cosechó un exiguo 2,2%. Correa se aseguró la segunda plaza ganando ampliamente en sólo 5 provincias de interior y las Islas Galápagos. Los resultados advertían de un reajuste de la estrategia de su campaña. Ganar en la segunda vuelta requería apelar a los votantes que habían respondido positivamente a los llamamientos populistas de los hermanos Gutiérrez y Noboa. Como observó más tarde el director de campaña Vinicio Alvarado, no había más remedio que cambiar el énfasis. Correa tendría que ir puerta a puerta y superar la oferta de Noboa en lo referente a los problemas cotidianos de la gente. Así, de centrar el foco en la cuestión de la reforma constitucional, la campaña de Correa viró rápidamente hacia sus propios reclamos populistas en un programa dividido en tres frentes que ofrecían desarrollo, trabajo y vivienda.

El programa de desarrollo prometió incrementar los ingresos de la asistencia social de las familias pobres de 15 a 30$ al mes. El programa de empleo fue diseñado para extender los microcréditos a más de 5000$ para los pequeños negocios. El programa de vivienda prometía incrementar el crédito asignado a los beneficiarios para la construcción de viviendas desde 1800 a 3600 $. Correa invitó a los votantes a enrolarse en el programa inscribiéndose como miembro del plan en las sedes locales de PAIS. Al final de la campaña se ha estimado que 2 millones de personas habían presentado solicitudes. Los programas de Correa eran un reflejo de las promesas que habían brotado de la campaña de Noboa. Noboa ofreció construir un total de 300.000 nuevas viviendas de bajo costo al año, incrementar los programas asistenciales de bienestar y extender los microcréditos de los pequeños empresarios. Las promesas de Noboa formaban parte de una campaña de marketing que le presentaba como el candidato multimillonario y hombre de acción que “podía hacerlo”. Su campaña siempre incluyó conspicuas demostraciones de generosidad, con dádivas y servicios médicos para los partidarios suministrados por su propia fundación caritativa privada Fundación Nueva Cruzada Humanidad. Noboa regaló sillas de ruedas a los minusválidos y ordenadores a las escuelas locales. En ocasiones el candidato simplemente repartía dólares en billetes a sus encantados seguidores. En un mitin, sobre un escenario, Noboa aparecía como un ministro evangélico. Con la biblia en la mano, caía de rodillas aclamado por sus seguidores como un “Héroe de Dios” con la misión de salvar al país de Correa, el comunista camarada de Hugo Chávez. Esta teatralidad daría buenas armas a Correa, que denunció las limosnas de Noboa como una cínica afrenta a la dignidad de los pobres. En la segunda vuelta electoral Correa recibió el apoyo de los partidos de centro e izquierda que habían perdido en la primera vuelta, incluyendo Pachakutik.

Estos

nuevos

apoyos

no

venían

acompañados

de

grandilocuentes declaraciones ni de conversaciones para formalizar una gran alianza de la izquierda ni tampoco de promesas de reservar un lugar en el gobierno para los nuevos aliados. En general, a la izquierda y el dentro izquierda le había ido mal en la carrera al congreso y sus fuerzas combinadas eran insuficientes para conformar una mayoría que apoyara a

Correa. Noboa encontró nuevos aliados políticos en la segunda vuelta. El PRE de Abdalá Bucaram, con una muy disminuida influencia electoral, respaldó oficialmente a Noboa, pero algunos de sus líderes ya se habían pasado al bando de Correa. El PSP de Gutiérrez se abstuvo de apoyar a ningún candidato, y lo mismo hizo el derechista PSC. Todo ello dejó a muchos líderes locales de izquierda con una amplia autonomía y algunos de los más importantes de ellos optaron por Correa. Al acercarse la segunda vuelta del 26 de noviembre, los resultados aún eran inciertos. Las encuestas diferían significativamente en la cuestión de quien vencería o por cuanto margen. Asegurando el poder presidencial: la Constitución Correa obtuvo una sustancial victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 26 de Noviembre del 2006, con un 57% del voto frente al 41% obtenido por Noboa. Correa arrasó en las provincias ganadas por el PSP de Guitiérrez en la primera vuelta. El apoyo a Noboa quedó confinado a sus bastiones en la costa. Correa tomó posesión del poder en Enero del 2007 con un 73% de aprobación; rápidamente puso en marcha su plan para generar una nueva Constitución, a pesar del hecho del control del Congreso por la oposición, que amenazaba el reto jurídico de su propuesta de referéndum para autorizar una asamblea constituyente. En un país con un historial de presidentes forzados a abandonar el poder, Correa asumió el gobierno con clara consciencia de la confrontación que su proyecto político supondría; “Hemos ganado las elecciones pero no el poder”, declaró. En esta perspectiva, la lucha por una nueva constitución era “la madre de todas las batallas”, una lucha para cambiar “la correlación de fuerzas”. Ello suponía asumir una oposición abierta en todos los frentes: partidos, el poder empresarial, los medios de comunicación, e incluso aliados de la izquierda que rechazaban su visión del cambio. La supervivencia del Correa en el gobierno y la viabilidad de su proyecto político dependían de aumentar y extender paso a paso el poder presidencial. Correa puso la mirada en primer lugar en la oposición en el congreso. Apelando constantemente a la opinión pública y ejerciendo una

extraordinaria presión en el tribunal electoral nacional 4 para aprobar un referéndum sobre la asamblea constituyente, el gobierno de Correa fue capaz de poner en marcha una convulsa confrontación entre la oposición parlamentaria y el tribunal electoral que finalmente colapsó todas las fuentes institucionales de resistencia a la renovación constitucional. La oposición parlamentaria al referéndum se vio a sí misma despojada de sus escaños por el tribunal electoral bajo la acusación de “obstrucción electoral” y reemplazada por diputados suplentes más dóciles. Con la renovada configuración de la mayoría parlamentaria, ahora progubernamental, el tribunal constitucional se convirtió en el próximo

objetivo.

Cuando

el

Tribunal

Constitucional

juzgó

como

improcedente la decisión del tribunal electoral de destituir a los diputados disidentes, la mayoría oficialista del Congreso replicó destituyendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Con todos los obstáculos legales fuera de juego y las instituciones clave bajo control5, Correa se hizo con la victoria en abril de 2007 con un 82% del electorado votando a favor de la convocatoria electoral para una nueva asamblea constituyente. Ganar una sólida mayoría en la asamblea constituyente era absolutamente necesario para Correa. Había insistido en que la asamblea debía ser dotada con “todos los poderes” en paridad con el resto de instituciones, incluyendo la presidencia. Si el PRIAN de Noboa o el PSP de Gutiérrez conseguían el control de esta asamblea, Correa podía fácilmente verse envuelto en un juicio político. Este escenario desapareció con el resultado de las elecciones a la asamblea constituyente de septiembre de 2007. Correa obtuvo de nuevo una decisiva victoria y su movimiento PAÍS consiguió 80 representantes electos de los 180 posibles. 4 N.d.t: Tribunal Supremo Electoral (TSE) 5 N.d.t: El referéndum fue celebrado el 15 de abril. La resolución del Tribunal Constitucional, que restituía a 51 de los 57 diputados separados de sus cargos por el TSE, tuvo lugar el 24 de abril. Los legisladores destituidos celebraron una reunión paralela en un hotel quiteño mientras en el Congreso se decidía la destitución de los miembros del TC. La narración de la autora de este capítulo hace pensar que la destitución del TC fue previa a la convocatoria del referéndum, cosa que no fue así. En el propio TSE había discrepancias sobre la decisión tomada. Por lo tanto, puede ser cierta la afirmación de que Correa controlaba las principales instituciones y había eliminado obstáculos legales, pero no de una forma tan evidente ni sin tensiones y contradicciones internas.

Con la mayoría de PAIS bajo control, la primera acción de la asamblea fue ratificar a Correa como presidente y suspender oficialmente a las sesiones del Congreso de sus funciones. A través del curso de las deliberaciones de la Asamblea desde Noviembre de 2007 a Julio de 2008, Correa y el “politburó” de PAIS, una pequeña camarilla de consejeros en torno al presidente, jugaron un activo rol en dar forma a la nueva constitución. Entre los consultores contratados para la asistencia legal estuvo Roberto Viciano, un profesor español experto en leyes que ayudó a diseñar las nuevas constituciones en Venezuela y Bolivia. De manera nada sorprendente, el diseño de la nueva constitución fortalecía al poder ejecutivo. Esto otorgaría al presidente con vías herramientas para gestionar un problema crónico de estancamiento político en Ecuador como consecuencia de las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo. Por ejemplo, el presidente podrá convocar referéndum en prácticamente cualquier cuestión que considere oportunas, imponiéndose así sobre sus opositores en el legislativo. Otra arma del arsenal presidencial es su poder para, en sólo una ocasión durante su mandato, disolver el parlamento y convocar elecciones. La constitución también enajena poderes al parlamento en lo que se refiere al nombramiento en los brazos ejecutivo y judicial, entregándoselos al recientemente creado “quinto poder” del Estado, la rama llamada Transparencia y Control Social (TCS). Aunque autónomo

en

teoría,

el

TCS

tiene

por

objeto

la

elaboración

de

procedimientos que requieren la participación de representantes de varias entidades gubernamentales; esto otorga al presidente una significativa influencia en el brazo TCS. En el caso de la Fiscalía General del Estado, y las agencias reguladoras (superintendencias), el TCS elige a sus miembros de una corta lista designada por el presidente. La piedra angular del poder del presidente en la nueva Constitución es la provisión que permite al presidente postularse para un mandato consecutivo de 4 años, hecho que revierte la práctica previa ecuatoriana que prohibía una inmediata reelección presidencial. Dada la popularidad de Correa y el estado fragmentado y poco inspirado de la oposición, no había dudas de que conseguiría una sencilla victoria en la siguiente convocatoria electoral bajo la nueva constitución, obteniendo al menos un nuevo mandato de cuatro años tras sus dos años en el gobierno

con perspectivas futuras de acceder a otro mandato más después de éste. En resumen, la nueva constitución abrió la puerta a una presidencia de Correa al menos hasta 2017. En septiembre de 2008, el referéndum para la nueva constitución ofreció una nueva victoria, con un 64% de los votos a favor de la aprobación del texto. Jaime Nebot, el alcalde conservador de Guayaquil y cabeza visible de la crítica al gobierno, logró que la negativa a la constitución venciera con un estrecho margen en su ciudad, pero a nivel nacional la oposición sólo obtuvo un 28%. Con un nuevo diseño institucional en marcha, fueron convocadas elecciones generales para abril de 2009. Pero, en contraste con 2006, había poco suspense. Nebot rehusó participar, así que los principales competidores de Correa eran caras conocidas: Gutiérrez y Noboa. A pesar de que Gutiérrez consiguió mejorar sus resultados de 2006 al cosechar el 28 % de los votos, sus bases de apoyos seguían concentrándose en la población dispersa de la región amazónica y parte de las tierras altas centrales. Noboa consiguió los peores resultados de su carrera, obteniendo sólo el 11% del voto. La victoria de Correa fue generalizada en todo el país, con mayorías en 17 de las 24 provincias, incluyendo las altamente pobladas de Guayas, Pichincha y Azuay. Ganando el 52% de los votos, Correa evitó una segunda vuelta (Bowen 2010, 187). Alianza PAIS consiguió una pequeña mayoría legislativa (59 de 124 escaños) en la asamblea nacional. El dato, sin embargo, era que el gobierno mantenía el control de la agenda legislativa, gracias a la cooperación de los diputados de los partidos menores, incluyendo el PRE. EL PSP de Gutiérrez era el bloque opositor más numeroso, con 19 escaños. El despliegue del poder: reestructurando las relaciones Estadosociedad El mantenimiento de la influencia presidencial sobre la opinión pública con una agresiva “campaña permanente” fue la clave de la estrategia para hacer avanzar la Revolución Ciudadana a través de las sucesivas elecciones (Conaghan y De la Torre, 2008). Como nuevo secretario de administración pública, Vinicio Alvarado, arquitecto de las relaciones públicas de la campaña electoral, dispuso la política comunicativa del palacio presidencial y se convirtió en el supervisor de un ambicioso e integrado conjunto de

políticas mediáticas orientado a mantener la popularidad del presidente. En su mayor parte, Alvarado consiguió sus objetivos. Correa accedió al gobierno con un extraordinario 73% de aprobación popular en 2007, y mantuvo consistentes niveles de aprobación en torno al 50% en la reelección de Abril de 2009 (Cedatos, 2010, 8). Durante su primer mes de gobierno, Correa inició un programa de radio semanal, cada sábado por la mañana (luego extendido a TV) que imitaba el estilo de Chávez en Aló Presidente. Correa usa estas dos horas de programa, emitido a través de más de 100 estaciones de radio, para poner de relevancia sus logros de gobierno y machacar a sus oponentes. Dentro de la multifacética estrategia mediática de Alvarado figuran también los anuncios gubernamentales. Estos anuncios con un mensaje positivo estimulado por el ubicuo slogan “La Patria Ya es de Todos”. Junto a estos incesantes anuncios, el gobierno hace uso de la cuota de pantalla que las estaciones de televisión están legalmente obligadas a ofrecer para los discursos

presidenciales

y

la

presentación

de

los

programas

gubernamentales. Las infraestructuras mediáticas del Estado se han incrementado notablemente gracias al proyecto de Alvarado. En 2008, las operaciones en Internet del gobierno pusieron en marcha el diario digital El Ciudadano. Otro importante añadido a la infraestructura mediática del gobierno lo supondría el lanzamiento de una nueva cadena de televisión de titularidad pública financiada con préstamos venezolanos, TV Ecuador, así como la resurrección de la difunta cadena de radio estatal. La quiebra y las ejecuciones hipotecarias de otros medios endeudados y puestos en venta permitieron al gobierno hacerse con el periódico guayaquileño

El Telégrafo6 y la

supervisión estatal sobre otras dos cadenas de televisión.

6

N.d.t: Mítico periódico ecuatoriano fundado en 1884 en Guayaquil por el periodista Juan Murillo Miro (1864-1900). Su padre fue el primer editor e impresor de la ciudad, fundador de “El Patriota de Guayaquil”. “El Telégrafo” (nombre en homenaje a la instalación del servicio telegráfico que se instaló en Ecuador en el mismo 1884, siendo el primer diario que lo utilizó intensamente) nació como un periódico de orientación radical-liberal, opositor al gobierno de Jose María Plácido Caamaño; la propia redacción del periódico fue centro de la conspiración contra el mismo, motivando su cierre en 1886 (hasta entonces había editado 607 números). J. Murillo hubo de exiliarse en Chile. Regresó a Guayaquil tras la Revolución Liberal de 1895, reanudando un año después la publicación del periódico. El presidente Eloy Alfaro le pondría al cargo de la Escuela de Artes y Oficios de la capital en 1899. Un año antes había vendido las acciones de “El Telégrafo” al ambateño J. Abel Castillo. Bajo su administración se convirtió en el principal diario matutino del país. COMPLETAR

La gestión de estos medios de comunicación controlados por el Estado permitirá a Correa un contacto directo con la población sin pasar por el filtro de los medios tradicionales. Correa había disfrutado de una cobertura amplia y generalmente positiva de su campaña por parte de los medios de comunicación privados en 2006, pero su relación con éstos se deterioró rápidamente cuando los periodistas comenzaron a criticar su estilo autoritario como presidente. Refiriéndose a los periodistas como “bestias salvajes” o “mafiosos”, Correa les acusó de ser parte del engranaje de la oligarquía cada vez que cuestionaban sus políticas. Las diatribas e intermitentes intentos por parte de Correa de regular la prensa han conducido a un deterioro de la libertad de prensa en el país según las mediciones de Freedom House (2009a). La forma de abordar las relaciones Estado-sociedad de Correa no se circunscriben al combate con los medios y a las diatribas ofensivas con sus oponentes. Al contrario que Evo Morales, que forjó su carrera política desde la lucha de base, Correa considera la turbulenta e intrusiva sociedad civil

ecuatoriana

como

un

obstáculo,

no

como

un

elemento

constructivo, para su Revolución Ciudadana. Tiene una visión negativa de todo lo que se refiere a las organizaciones en defensa de intereses particulares, independientemente que sean de clase, identidad o tendencias ideológicas. Empresas, sindicatos, movimientos indígenas o ambientalistas, todos son rechazados como interlocutores defensores de sus propios particulares intereses, mientras que considera a su gobierno electo como el único guardián legítimo del interés “nacional”. La formulación de políticas “descorporativizadoras” es vista como esencial en el proyecto de construir un Estado fuerte y autónomo y un poderoso brazo ejecutivo. Con este objetivo, la administración Correa articula acciones orientadas a eliminar o eclipsar significativamente la influencia de los grupos de interés. En algunos casos, esto supone reafirmar el control central del Estado sobre entidades públicas que habían sido controladas por grupos de interés, o reajustar la composición de sus consejos de administración para asegurarse la preeminencia de los funcionarios del Estado (Ospina Peralta, 2009). Además de alterar la distribución del poder en las instituciones públicas, el gobierno se mantiene firme frente a la movilización de los grupos de interés, rehusando la negociación con huelguistas y las

demostraciones de crítica en las calles. La CONAIE, organización que acoge a las federaciones indígenas y la Unión Nacional de Educadores (UNE), controlada por la izquierda, han perdido mucho terreno frente a las políticas públicas para retener influencia y poder de veto en sus respectivas áreas de interés. Cuando la CONAIE puso en marcha sus protestas contra una nueva Ley de Aguas en 2010, Correa respondió reafirmando la primacía del gobierno, legitimado por las elecciones, sobre las reivindicaciones de los grupos de interés: “El sector indígena no ha comprendido que en el país hay un Gobierno y un Presidente… ¿Qué elección ha ganado la CONAIE que quiere manejar el agua?”7. La férrea resistencia de Correa frente a lo que llama “la izquierda infantil” (que incluiría a organizaciones indígenas, ambientalistas y de género) revela una importante tensión en la Revolución Ciudadana. Correa llevó al país a adoptar una Constitución que consagra la participación ciudadana y múltiples derechos para cada imaginable grupo existente en la sociedad. A pesar de ello, con el desarrollo de los conflictos políticos, el gobierno ha dado marcha atrás cuando los grupos han demandado una activa participación. A través de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, el gobierno ha optado por un enfoque de “arribaabajo” con el objetivo de cooptar a las organizaciones de base u marginalizar a aquellos que se atreven a desafiar la agenda del gobierno. Alberto Acosta, uno de los arquitectos originales de PAIS, rompió abiertamente con Correa por la ausencia de “ciudadanos” en la revolución cuando el presidente insistió en reducir las consultas a los movimientos sociales durante la definición de la nueva constitución. La Revolución desatada: directrices políticas Correa ganó la presidencia prometiendo acabar con la “larga y triste noche del neoliberalismo”. Si bien poética, esta evocadora referencia a la experiencia histórica ecuatoriana era un tanto engañosa. En comparación 7

“Qué elección ganó la CONAIE que quiere manejar el agua”, El Comercio, Mayo, 7, 2010. N.d.t: En el texto de El Comercio que se menciona vienen reflejadas también palabras aún más duras contra la CONAIE como “la mayoría del pueblo está con nosotros, ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras”, “que se vayan a amenazar a su casa, a mí no me van a asustar”, “el agua no es de la CONAIE, es de todos”. La promulgación de la Ley de Recursos Hídricos produjo una abierta confrontación en la Asamblea. Las posiciones del gobierno y del movimiento indígena fueron irreconciliables. El Estado buscaba, desde un punto de vista centralizador, gestionar directamente los recursos hídricos. Lo indígenas reivindicaban no perder el control sobre sus territorios ancestrales. El punto central de la disputa estaba en el agua de riego, el 80% del agua que se consume en el área rural.

COMPLETAR

con otros países de la región, las políticas neoliberales ejecutadas por anteriores presidentes eran desiguales en su aplicación y se solían abandonar ante la oposición de la sociedad. Pero cualquiera que sea el particular neoliberalismo desarrollado en Ecuador, Correa se hizo eco de la extendida percepción de que las políticas económicas llevadas a cabo han fallado estrepitosamente y que el país sufría por la debilidad e ineficacia de un Estado cautivo de los intereses de las élites. Construir un vigoroso y proactivo gobierno central- un estado capaz de sostener un nuevo modelo de desarrollo económico-se convirtió en el objetivo que definía la política de la presidencia de Correa. Como otros autores en esta obra (ver capítulos 2, 3 y 4), y como observan los editores, los países en la región que han sido capaces de poner en marcha un más radical proyecto basado en “traer de vuelta al Estado” para desarrollar a sus países económica y socialmente, son aquellos que han disfrutado de los extraordinarios beneficios de la industria de los recursos naturales. Ecuador no es una excepción en esta regla. Con la exportación de petróleo aportando aproximadamente un 35% de los ingresos estatales, Correa asumió el poder en 2007 cuando el precio del barril del petróleo alcanzaba los 100 $ y los ingresos aumentaban en un 200%. Al menos inicialmente, Correa pudo poner en marcha su Revolución con un amplio margen de libertad fiscal. Para asegurar el control sobre estos recursos, Correa acabó con anteriores prácticas en la administración de los ingresos del petróleo (que iban a para a fondos específicamente diseñados para ello) y estableció una regulación que obliga a las empresas públicas a ingresar los beneficios en el tesoro público. La política social es uno de los ámbitos en los que el compromiso de Correa con un Estado proactivo, colocando los ingresos del petróleo a trabajar,

ha

aportado

resultados

inmediatos

y

palpables.

Se

ha

incrementado el gasto social general, así como el número de programas y beneficiarios. El gasto social como porcentaje del PIB se ha incrementado del 5,5 % en 2006 al 8,3% en 2008; el gasto del gobierno es especialmente pronunciado en el sector de la salud pública, con nuevos programas que extienden los servicios de salud gratuitos a las mujeres embarazadas y los niños, junto con programa de ayuda a la alimentación (Weisbrot y Sandoval, 2009). La ayuda contra la pobreza ha recibido un sustancial impulso. Uno de

los primeros actos de gobierno de Correa fue doblar el monto de la ayuda que reciben los beneficiarios del programa de asistencia social Bono de Desarrollo Humano. Además de esto, se concedieron ayudas para la creación de empresas, y a pequeños empresarios en el área específica de la manufactura y agricultura. Aquellas personas de bajos ingresos que desearan comprar vivienda o reformarlas podrían beneficiarse también de los programas de préstamos del gobierno. Los nuevos gastos en educación incluyeron la entrega de libros e uniformes gratuitos para las familias de ingresos más bajos, junto a la expansión de programas de alimentación en las escuelas. Correa complementó este rápido e inmediato gasto social con su poder para declarar “emergencias”. Por esta vía aprovecharía los fondos del gobierno para atender a otros programas enfocados a la construcción de carreteras o escuelas. De media, el gasto público en % del PIB se ha duplicado con creces desde 2006 a 2009, desde el 5 al 14% (SENPLADES 2010). Elevar el gasto público, especialmente en programas cuyos beneficios disfrutan millones de votantes, tendrá sus réditos políticos. Durante el ciclo electoral de 2007 a 2009, Correa pudo presentarse convincentemente en sus campañas como un presidente que pliega los poderes del Estado al servicio del ciudadano común: esto sería explicitado clara y regularmente en la estrategia de comunicación de Alvarado. Los proyectos de Correa para el Estado central se extendieron mucho más allá de estas acciones correctivas que revitalizaban el poder del gobierno en la prestación de servicios sociales. Aunque la nueva Constitución no eliminaba el mercado, la administración de Correa lo relegaría al extender las atribuciones del Estado como regulador, banquero, asegurador, accionista y empresario. El nuevo impulso regulador del Estado se haría patente en las políticas que afectan a las empresas nacionales y de titularidad extranjera. Los bancos serán uno de los mayores objetivos de la intervención gubernamental, con el brazo ejecutivo del Estado apropiándose del control pleno sobre la emisión de activos dejando a los bancos con la carga… (pág 418?¿). Bajo las nuevas regulaciones, los bancos fueron sujetos a controles en sus reservas de liquidez interna, las tasas de interés sobre los servicios financieros y los cajeros automáticos. Desde la perspectiva de los

banqueros,

el

estricto

régimen

regulador

anunciaba

una

“nacionalización de facto” del sistema bancario 8. El propio Banco Central del Estado, ahora despojado de su autonomía legal y dirigido por una persona de elección presidencial, administrará el nuevo orden en el sistema financiero. Igualmente, el capital extranjero estará en el punto de mira del gobierno. De las compañías petrolíferas Correa tomaría una parte de los ingresos extraordinarios a través de un decreto ejecutivo que imponía tasas sobre los mismos (pag. 427). Las compañías afectadas elevaron peticiones de arbitrio al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones, institución del Banco Mundial. Correa respondió con el anuncio de que Ecuador se retiraría del organismo. Otra disputa contractual me alto perfil con firmas extranjeras concluyeron con la confiscación de campos petrolíferos a la compañía francesa Perenco, el embargo de bienes a la compañía de construcción brasileña Odebrecht y amenazas que forzaron al gigante mexicano de telecomunicaciones

América

Móvil a realizar

concesiones. En 2010 Correa amenazó a las compañías extranjeras de petróleo con la expropiación si rechazaban firmar nuevos contratos que alteraban su status como “proveedores de servicios” y obligaban a incrementar las remesas de ingresos al gobierno central. Correa comparte el compromiso de Chávez con el “Socialismo del Siglo XXI” y habla acerca de la necesidad de “radicalizar” su revolución. A pesar de ello, al menos hasta la fecha, Correa se ha abstenido de imitar el impulso nacionalizador de Chávez. Así, los planes del gobierno se han centrado en mejorar substancialmente la cuota de mercado de las empresas que están ahora bajo control del Estado y formar algunas de nuevo cuño. De las 50 compañías más grandes del Ecuador, 10 son firmas propiedad del Estado, representando el 48% de los todos los activos empresariales del sector y el 44% de las ventas 9. Estos holdings incluyen a PetroEcuador, la compañía estatal responsable del 60% de las exportaciones de petróleo. Otras importantes empresas de propiedad

estatal

se

hallan

en

los

8

Weekly Analysis of Ecuatorian Issues, August 24. 2009

9

Weekly analysis of Ecuadorian Issues, 28 Agosto 2009.

ámbitos

de

la

electricidad,

telecomunicaciones, seguros, y empresas controladas por el ejército basadas en el procesamiento del acero, manufacturas y agricultura. El diseño de los planes de desarrollo a largo plazo está a cargo de una revigorizada

Secretaria

Nacional

de

Planificación

y

Desarrollo

(SENPLADES). Con la vista puesta en alejar a Ecuador de sus estatus de dependencia de la exportación petrolífera, la planificación diseñada por SENPLADES para el período 2009-2013 consiste en una “estrategia endógena”

centrada

en

la

industrialización

por

sustitución

de

importaciones, el ecoturismo y una extracción responsable de minerales y petróleo como prioridades y base del futuro desarrollo. Sin embargo, la combinación de estos elementos ha probado ser más fácil en la teoría que en la práctica. La inversión pública ha sido y sigue siendo la fuerza motriz de la economía, provocando una alta dependencia del modelo centrado en el Estado propugnado por Correa, al menos al corto y medio plazo, de los ingresos corrientes de Ecuador derivados de las industrias prospectivas y extractivas (petróleo y nuevas empresas mineras). Esta dependencia estructural crea dilemas para Correa desde la izquierda y desde la derecha. En la izquierda, Correa se enfrenta a la CONAIE y los grupos ambientalistas al reafirmar los derechos del gobierno a dictar la política sobre recursos naturales y soslayar las preocupaciones de las comunidades en lo concerniente a la minería y similares. En la derecha, Correa se enfrenta con sectores del mundo de los negocios, extranjeros y autóctonos, que son reacios a invertir en un modelo de desarrollo que consideran impredecible y estado-céntrico. Confrontado a la volatilidad de los precios del petróleo, problemas en la producción del mismo, la reducción de las remesas de los migrantes ecuatorianos en el exterior y otros efectos derivados de la crisis económica internacional desatada en 2008-9, Correa y su equipo económico tejieron un mosaico de políticas dirigidas a mantener en marcha la inversión pública y el modelo de desarrollo centrado en el Estado. Con el sistema monetario ecuatoriano constreñido por el uso oficial del dólar norteamericano y ante el temor de la sociedad a una vuelta a la moneda nacional, Correa no podía tocar

el

tipo

de

cambio

como

mecanismo

para

mejorar

las

exportaciones. Para gestionar el creciente déficit comercial en 2009, el gobierno implementó severas tarifas y restricciones a la importación

(World Bank 2010a). Los ingresos procedentes de estas tasas, junto a las nuevas inyecciones de capital procedentes de la reforma tributaria así como el impago selectivo de la deuda externa (3,2 billones de dólares), permitieron al gobierno mantener el gasto. A finales de 2009, el gobierno central repatrió sus propias reservas internacionales, recurrió a las reservas de entidades públicas, como el sistema de seguridad social, y buscó financiación externa para el proyectado déficit público de más de 4 billones de dólares en 2010. Con

una

retórica

anclada

en

un

nacionalismo

defensivo,

panamericano y con una concepción multipolar de la política internacional, Correa diseñó una política internacional focalizada en encontrar nuevos aliados, especialmente socios que puedan apoyarle con ayudas económicas y comercio. Tras 15 años de ausencia, Ecuador reingresó en la OPEC en 2007 y tanteó la vía de construir una relación con Irán. En la búsqueda de ayuda y financiación externa, Correa buscó entablar fuertes relaciones comerciales con la alianza regional de comercio liderada por Venezuela, el ALBA (Alianza Bolivariana), primero como observador y luego como miembro de pleno derecho en 2009. En 2010 acudió Correa a Caracas y firmó un nuevo acuerdo de cooperación con Venezuela que incluyó la creación de compañías binacionales dedicadas a la minería y la agricultura, además de los acuerdos ya en curso de cooperación entre las compañías petrolíferas de ambos países. El interés de Correa en la promoción del multilateralismo regional también se reveló en su apoyo entusiasta a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el lanzamiento del regional Banco del Sur. El activo rol en los asuntos del hemisferio que Correa se labró provocaría que se viera periódicamente en conflicto con los Estados Unidos y su aliado regional, Colombia. El presidente de Ecuador cumplió su promesa electoral de dar término al arrendamiento de la base aérea de Manta a los Estados Unidos en 2009. En consecuencia, el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, selló un controvertido acuerdo con Estados Unidos que le permitía acceso a 7 bases aéreas en Colombia. Esta decisión agravó la enemistad entre ambos países, conduciendo a la larga a un ruptura de las relaciones diplomáticas, tal y como pasó en 2008, cuando las fuerzas militares colombianas atacaron a las guerrillas de las FARC

acampadas en territorio ecuatoriano. A pesar de los conflictos en materia de defensa, Correa fue muy pragmático a la hora de entablar relaciones comerciales con Estados Unidos, un mercado que absorbe el 60% de las exportaciones ecuatorianas. Así, a la vez que rechazaba un acuerdo de libre comercio con los norteamericanos, Correa participó junto a otros presidentes de países vecinos en el cabildeo en el seno de la Comunidad Andina

por

conseguir

una

extensión

en

la

legislación

que

otorga

preferencias comerciales en la región. (Ndt: entiendo que la autora marca aquí una contradicción porque el socio comercial más importante de la CAN es Estados Unidos). Balance de la Revolución Ciudadana En la introducción, Levitsky y Roberts caracterizan acertadamente el enfoque de Correa con respecto a la gobernanza democrática de plebiscitario, similar al practicado por Hugo Chávez y Evo Morales. Los tres líderes alcanzaron el poder con un compromiso explícito de obliterar las existentes estructuras de gobierno a través de la puesta en marcha de un nuevo sistema constitucional: el compromiso de refundar la república fue un componente esencial de la filosofía de gobierno defendida por los tres mandatarios. Este proyecto fundacional es una importante clave que distingue la política de estos tres líderes de aquellos ubicados en la izquierda moderada (Lula, Kirchner, Bachelet). En los procesos andinos de giro a la izquierda, la serie de elecciones y referéndums asientan las bases fundamentales para el nuevo orden político. Las pruebas electorales barrieron a las instituciones (parlamentos y judicatura) controladas por los adversarios políticos, atrincherando a mayorías gubernamentales en las nuevas estructuras gubernamentales constituidas, pavimentando el camino para el fortalecimiento del poder ejecutivo. Además de ello, las sucesivas convocatorias electorales dieron a estos presidentes la oportunidad de revitalizar su carisma a través de las campañas, renovando sus mandatos para el cambio. A pesar de todas estas semejanzas en la retórica política y el estilo de gobierno, los tres presidentes han forjado políticas públicas que reflejan sus propias y distintivas interpretaciones de los problemas nacionales y cómo afrontarlos. Una de las grandes diferencias entre los presidentes de izquierda andinos es el abismo entre el etnopopulismo de Morales (ver

capítulo 10) y aquello que ha sido descrito como el tecnopopulismo de Correa (De la Torre, 2010). En Bolivia, Evo Morales dio forma a la identidad indígena del país, e hizo de la lucha por los derechos indígenas el componente central de la filosofía de gobierno del MAS. En Ecuador, las relaciones de Correa con el multiculturalismo y las demandas concretas de los grupos indígenas es mucho más problemática. Al vestir un poncho y hablar un rudimentario Kichwa, Correa se deleita en la celebración de las raíces indígenas del Ecuador, pero incluso aunque ha aceptado el Estado “intercultural, plurinacional” inscrito en la nueva Constitución, sus políticas reflejan miedo a la potencial fragmentación en las identidades étnicas, cuando no un rechazo frontal a la idea de dotar de poder de veto a los grupos indígenas, especialmente en las cuestiones relativas al futuro de las industrias extractivas. Correa advierte con frecuencia a los grupos ambientalistas e indígenas que no permitirá que conviertan a Ecuador en un “mendigo sentado en un saco de oro”. Su pública y agria polémica con dos antiguos y cercanos asesores y ministros, Alberto Acosta y Fander Falconi, muestras la clara determinación del presidente a expulsar de PAIS a los izquierdistas demasiado cercanos al movimiento indígena y ambientalista, reemplazándolos por más flexibles tecnócratas apolíticos. Levitsky y Roberts han caracterizado la política de Correa hasta la fecha de heterodoxa, opuesta al estatismo del gobierno de Chávez en Venezuela. Aunque esta categorización es aceptable cuando se aplica a las medidas

económicas

tomadas

hasta

el

momento,

la

etiqueta

de

“heterodoxa” no debe disuadirnos de tomar en consideración importantes realizaciones

que

pueden

transformar

la

política

a

largo

plazo:

especialmente aquellos cambios significativos en la Ley y en la Constitución que amplifican el poder económico del Estado. La nueva constitución dota al Estado del derecho a “administrar, controlar, regular, y gestionar” determinados industrias

sectores

energéticas,

estratégicos

de

la

economía,

telecomunicaciones,

agua,

incluyendo

petróleo,

las

minería,

recursos renovables, biogenéticos, transporte y cualquier otra actividad considerada

vital.

Al

mismo

tiempo,

el

Estado

se

encarga

de

la

“democratización” del acceso a los recursos productivos y la creación de un marco jurídico para aplicar, junto a la tradicional propiedad pública o privada, tipos mixtos de propiedad comunitaria.

Es cierto que Correa aún no ha invocado esos artículos para justificar expropiaciones del estilo de Chávez, ni tampoco ha puesto en marcha un esfuerzo concertado para poner fin a la dolarización, uno de los más grandes desafíos que afronta como gestor económico. A pesar de ello, incluso en ausencia de estas medidas, es vital entender que el proyecto de Correa es profundamente estadocéntrico en el horizonte de sus ambiciones: la Constitución, la Ley y la política pública están todas ellas orientadas en la dirección de dotar de mayor poder económico a las empresas del sector público, extendiendo las normativas reguladoras y desplazando cada vez más recursos hacia las manos del gobierno central. Saber si los recursos fiscales del Ecuador resultaran suficientes para mantener un modelo económico tan dependiente del gasto y la inversión pública

es

una

de

las

grandes

cuestiones

que

penden

sobre

la

administración de Correa. Como argumentan varios autores en este libro, las economías que dependen de las rentas extraordinarias de recursos extractivos hacen de las políticas de estilo populista una opción atractiva, pero las crisis sobrevienen cuando colapsa el boom de las commodities. A mediados de 2010, la administración de Correa no parece mostrar aún signos de dar marcha atrás en este modelo. Confiando en una continua recuperación y estabilización de los precios del petróleo, el gobierno ha desplegado una estrategia de lidiar con el déficit a corto plazo, utilizando sus reservas, desplegando el capital del sistema de seguridad social mientras se continúa en la búsqueda de recursos de financiación extranjera. Los críticos ven en estas medidas un símbolo de la insostenibilidad fiscal del modelo económico a largo plazo, pero hasta ahora el gobierno ha salido del paso con éxito en marcadas ocasiones. La incertidumbre sobre el futuro del modelo económico está marcado por el también complejo rompecabezas de si Correa puede sostener el apoyo político para su proyecto. A mediados del 2009 y durante la primera mitad del 2010, el índice de aprobación de Correa se hundió, por primera vez, por debajo del 50%. Aún mantiene un alto índice de aprobación en lo referente a las políticas de salud y educación, pero el índice de aprobación de su política económica está bajando. El desempleo aparece como la principal preocupación de los votantes y el más intratable problema para el gobierno de Correa.

Por ahora, los más desafiantes problemas para Correa no están en cómo afrontar a tradicionales rivales como Noboa, Gutiérrez o Nebot. Ninguno de estos tres líderes ha sido eficaz a la hora de articular una red organizativa nacional de oposición, y el gobierno ha sido hábil calmando los descontentos regionales a través de políticas de inversión específicas. En el futuro inmediato, el descontento en PAIS, los movimientos sociales y sindicatos probablemente plantearán mayores problemáticas, como la creciente preocupación y desacuerdo por el estilo dominante del presidente. Las fisuras han comenzado a emerger en el caucus legislativo de PAIS. Recientes conflictos incluyen desacuerdos con el presidente por supuestas malas conductas de la fiscalía general y la propuesta del gobierno sobre la Ley de Aguas, una iniciativa vigorosamente confrontada por la CONAIE, con el argumento de que no se dotaba a las comunidades locales del suficiente control sobre los recursos. En el caso de conflictos sostenidos con los legisladores de PAIS u otras fuerzas, Correa puede jugar la carta de apelar a nuevas elecciones o refrendos para solventar la cuestión. Como ha mostrado este análisis, el Correa en “modo campaña” es una fuerza formidable; con los recursos del Estado a su disposición y una sofisticada operación mediática en juego, gozará de una clara ventaja en las urnas. No obstante la estrategia no es ajena al riesgo; unas elecciones anticipadas, incluso sin son ganadas por Correa, podrían acortar la duración de su mandato presidencial y no habría garantías de asegurar una sólida mayoría de PAIS en la próxima Asamblea. En un país con una historia de “presidencias interrumpidas”, sostener la Revolución Ciudadana en el tiempo dependerá de la combinación de unas condiciones económicas favorables y una diestra “agencia”. Boyantes precios del petróleo y ágil financiación son vitales, pero de igual relevancia es la propia perspicacia y habilidad de Correa para hacer lo que ha hecho bien hasta ahora: un eficaz despliegue de su carisma y de los poderes de su presidencia así como de considerables recursos del Estado para mantener su cuasi-hegemonía sobre el sistema político.